Archivo de la Categoría “José Humberto Abanto Verástegui”


Cada día que abro los diarios y veo noticias sobre narcotráfico, recuerdo una frase que le escuché a Santiago Pedraglio hace algunos meses en una conferencia sobre Independencia Judicial y Lucha Anticorrupción: Si hay un filón de investigación que los periodistas deben seguir es el tema del narcotráfico, pues será la principal amenaza de los próximos años. A todos nos sorprendió la observación de Pedraglio, pero, a la luz de los acontecimientos recientes, tiene una lucidez que hoy es digna de admiración.

El periodismo le hizo caso a Pedraglio. Si bien ya el caso de Fernando Zevallos venía siendo objeto de seguimiento por la prensa, el rango de medios que tocaban el tema se fue ampliando y se fueron encontrando otras pistas de sus vinculaciones con políticos y otras bandas de narcotraficantes. Ello permitió conocer a más personajes implicados en la trama de esta organización criminal y, además, que el caso, a pesar que judicialmente se encuentra encaminado – con una sentencia de 20 años de prisión mediante – tenga más sorpresas que ofrecernos.

Un segundo caso que hoy ocupa al periodismo nacional ha sido el de la familia Sánchez Paredes. Esta semana, en una inusual conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el mismo Presidente de la República anunció el inicio de investigaciones preliminares al patrimonio de este clan familiar, lo que implica que más de un centenar de empresas se encuentren bajo la lupa del Ministerio Público. Los Sánchez Paredes respondieron con un comunicado a toda página en El Comercio, en el que señalaban su disposición de colaborar con la justicia.

Todos los indicios apuntan a que la fortuna de esta familia tiene vínculos con el narcotráfico. Pero el abanico de investigaciones no se debiera limitar a las cuestiones meramente crematísticas, sino también a los vínculos con nuestra política. Como bien lo señala hoy Caretas:

El temor por las juntas de algún sector del aprismo puede volver a influenciar los cálculos de García un cuarto de siglo más tarde.

Para muestra un botón. Esta revista dio a conocer en marzo del 2007 que el abogado aprista José Abanto Verástegui era un cercano asesor de Luis Alva Castro, apenas designado como ministro de Interior, quien también se desempeñaba como abogado y director gerente general de Exploraciones Algamarca S.A., de propiedad de los Sánchez Paredes.

La ex jefa de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Pilar Freitas, fue despedida del cargo en febrero del 2007 y atribuyó su salida a las presiones de apristas vinculados con los Sánchez Paredes. Señaló a quien fue su propio superintendente nacional adjunto, Manuel García Torres, por intentar favorecer a los Sánchez Paredes en el complejo litigio que sostienen con la minera canadiense Sulliden Shauindo. Como consecuencia diarios trujillanos asociados con el ala dura aprista comenzaron a atacarla sin tregua. Freitas también relató supuestas presiones de Abanto Verástegui y del propio Orlando Sánchez Paredes, quien se habría atribuido “contactos e influencias” (CARETAS 1966).

En ediciones posteriores se reveló que Belisario Esteves, ex ministro de Comercio durante el primer gobierno aprista, aparece como socio de Orlando Sánchez y se documentó también la relación de esta familia con viejos apristas trujillanos y jueces vinculados al partido de la estrella.

Y claro, no olvidemos dos revelaciones recientes: Abanto Verástegui está vinculado a la familia Wolfenson y el nuevo abogado del clan sea nada menos que César Nagasaki, el patrocinante de Alberto Fujimori.

Desentrañar una red de narcotráfico no es tarea fácil. Y para ello se requiere que se tenga una buena red de jueces y fiscales lo suficientemente independientes y un sistema de protección a testigos que pueda impedir presiones, amenazas y asesinatos. Este es un punto que los Ministerios de Economía y Justicia deberían concertar con el Poder Judicial y el Ministerio Público, a fin de contar con la voluntad política y recursos suficientes para proceder con este tipo de esfuerzos.

Si el gobierno quiere emprender en serio esa tarea, por allí es el camino que deba iniciar. Y allí no hay dudas que valgan.

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Ayer, la Sala Penal de Huacho dejó sin efecto la resolución que beneficiaba a Moisés Wolfenson con la contabilización de cada uno de los días que pasó en arresto domiciliario como días de cárcel, lo que le hubiera permitido salir libre de manera inmediata.

Sin embargo, el debate jurídico sobre los beneficios que potencialmente puede acarrear el arresto domiciliario – y que ya mereció un pronunciamiento del Tribunal Constitucional – se vio enturbiado el último domingo con la “opinión como abogado” del Presidente de la República, dada en una entrevista exclusiva a La Razón, el diario de Wolfenson.

No es la primera vez que miembros del actual partido de gobierno tienen cercanías con un medio que, como dijera acertadamente Gustavo Gorriti, es más un problema sanitario que un mecanismo de expresión ciudadana. En momentos en que La Razón propugnaba abiertamente la vacancia de Alejandro Toledo, la ex Presidenta del Congreso Mercedes Cabanillas tenía columna en dicho diario y no tenía ningún problema en reconocerlo. Otros parlamentarios apristas han tenido también columnas en un diario que tiene como línea editorial la defensa de una dictadura corrupta y violatoria de los derechos humanos y que, valga recordárselos, persiguió también al APRA.

Pero hay un “compañero” que guarda estrechas cercanías con los Wolfenson y, a la vez, un pasado y un presente bastante sombrío.

José Humberto Abanto Verástegui es miembro del Partido Aprista Peruano y, además, el abogado de Moisés Wolfenson, el hombre que incluso en pleno juicio recibía instrucciones de Vladimiro Montesinos. Digamos, que ello ocurra en el mismo partido donde participa Javier Valle Riestra, defensor de los golpistas Alberto Fujimori y Antauro Humala, no es precisamente una sorpresa.

Pero no es el único trabajo polémico de Abanto Verástegui. Como lo ha informado Caretas durante varios meses, este abogado está bastante ligada a la familia Sánchez Paredes, varios de cuyos miembros son investigados por sus vínculos con el narcotráfico. Abanto es el gerente general de Alta Tecnología e Inversiones Minera (Atimsa), principal accionista de Algamarca, una empresa minera que viene disputando el control de las operaciones mineras en Shahuindo, Cajamarca. Atimsa tiene como principal accionista a una off shore panameña - Ohana Overseas S.A. - cuyos directores son los Sánchez Paredes junto a Elmer Vásquez Pelaez, quien, según sale hoy en la revista de los Zileri, confesó que ayudó a un miembro asesinado del clan en el negocio del narcotráfico, allá por 1987.

Lo peor del caso es que Abanto se vino desempeñando en este cargo “empresarial” a la par que realizaba sus labores como asesor del actual Ministro del Interior Luis Alva Castro, cuando éste estaba a cargo de la Comisión de Economía. De hecho, Abanto fue asesor de Alva Castro desde 2000. La alerta de la prensa evitó que el abogado de Wolfenson pasara a ocupar un cargo en el edificio de Corpac.

No es la única cosa rara que Abanto tendría que explicarnos. Por ejemplo, sería bueno que aclare porque es que cuando el partido al que pertenece ocupa el poder, recién se acuerdan que está en el Registro de Contratistas del Estado.

En lo que va de 2007, el abogado ha ganado S/. 59,766.00, producto de cuatro trabajos hechos a favor de FONAFE, la entidad que se encarga del manejo y administración de las entidades del Estado. Cabe indicar que en los cuatro procesos de menor cuantía ganados por el letrado, éste se presentó como el único postor.

Cabe mencionar que como Director Ejecutivo de FONAFE, se encuentra otro viejo conocido de este blog: Martín Sifuentes Palacios, otro militante aprista, a quien, en junio de 2006, Agencia Perú descubrió como un personaje bastante cercano a Agustín Mantilla Campos. Una vez que fue nombrado, se sospechó, legítimamente, que habría favoritismos a favor de la gente de Alfonso Ugarte. Este es el primer caso documentado en el que tendríamos serios indicios de ello.

En las elecciones presidenciales pasadas, casi al borde de la segunda vuelta, Alan García se comprometió a luchar contra la corrupción. Hoy sale a favor de un sentenciado por esta materia y un miembro del CEN de su partido es el abogado de este personaje. Y ante las denuncias de candidatos apristas vinculados con el narcotráfico en las últimas elecciones municipales, Mauricio Mulder dijo que estaba prohibido que los abogados apristas defendieran a narcotraficantes. El abogado de los Wolfenson está estrechamente vinculado a la que parece ser una de las bandas de narcos más importante del país. Se dijo que no se favorecerían a los apristas y una entidad estatal manejada por un aprista le da contratos a un compañero que funge de abogado.

Conclusión: la devaluación de la palabra sigue siendo el gran legado de los dos gobiernos apristas.

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