Desde el Tercer Piso

Aunque el programa Cuarto Poder presentó mucha de la información que detallaremos a continuación, consideramos que el público que no vió el programa o que quiere acceder a los documentos que también hemos podido, pueda tener una vía adicional de conocer una historia que le puede costar más que una interpelación al Ministro de Salud Carlos Vallejos. Esta historia tal vez sea la mejor demostración de como, más que la corrupción, buena parte del Gabinete está asaltada por la ignorancia sobre lo que pasa en su sector, y ello termina siendo peor para su futuro.

Ya hemos hablado in extenso de los inconvenientes previos al Censo que se desarrollo el último domingo. Muchas sombras de duda han quedado luego de su realización, debido a dichas sombras y otros problemas ocurridos el mismo día.

Pero lo que ha terminado de empañar lo poco bueno que puede rescatarse de dicha jornada es el extraño convenio entre el Seguro Integral de Salud y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, cuyo contenido fuera denunciado la semana pasada y que puede traer más cola de la que se esperaba.

El Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el SIS y el INEI data de mayo de 2007, es decir, hace 5 meses. Lo más curioso es que la nota de prensa del INEI sobre el tema resalta sólo dos aspectos del Convenio: el acceso al SIS para los empadronadores y la difusión del SIS en los productos censales. De allí que todos los stickers del Censo hayan tenido el logo del Seguro Integral de Salud en la parte inferior.

Pero el modelo de Convenios de Cooperación Interinstitucional entre el INEI y otras entidades revela más de lo que esa nota de prensa señala. La cláusula cuarta indica:

“LA ENTIDAD” se obliga a: (…)
b. Apoyar, con ambientes u oficinas adecuadas para el desarrollo de las actividades censales, así como con mobiliario, equipos, transporte, comunicaciones y otros, que de acuerdo a la disponibilidad de “LA ENTIDAD” sean necesarios para la preparación y ejecución del empadronamiento.

Esta cláusula tan abierta es lo que permitió que el SIS pudiera comprometerse a emplear fondos para contratar la elaboración de las carpetas para los empadronadores.

Sin embargo, aquí viene el gran inconveniente. La finalidad del SIS es prestar servicios de salud a la población más pobre del país, que ni siquiera tiene los medios de pagar mensualmente el Seguro Social. Y, como bien sabemos, los fondos que se destinan para un fin en el Estado no pueden ser destinados para otros, caso contrario se cometería una malversación de fondos que es penada con cárcel.

Pero en el SIS no hicieron caso. Veamos las pruebas.

Para comenzar, chequeen en el portal del SEACE el Concurso Público Nº 1-2007/SIS, para servicio de confeccion de material censal. El ganador fue el Consorcio Provedora La Solución - Gráfica Técnica y Schroth Corporación Papelera. La buena pro fue otorgada el 9 de agosto de 2007. El monto total a pagar: S/. 326,002.95

Para confirmar la irregularidad, el modelo de Contrato que aparece en las Bases Integradas señala lo siguiente:

1.1 La ENTIDAD es un Organismo Público Descentralizado creado por Ley N° 27657 “Ley del Ministerio de Salud” y constituye un Pliego Presupuestal financiado con recursos provenientes del Tesoro Público. Con fecha 25 de mayo de 2007, la ENTIDAD suscribió con el Instituto Nacional de Informática y Estadística – INEI, un Convenio de Cooperación y Apoyo a los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Convenio mencionado, la ENTIDAD requiere contar con los servicios de una empresa que realice la confección de material censal, de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio Fiscal 2007 del Seguro Integral de Salud y su modificatoria.

Quien suscribiría el contrato por el SIS sería nada menos que el hoy detenido José Vega Díaz, ex Jefe de la Oficina de Administración.

Pero hay otros documentos que sustentan la operación y que son igualmente reveladores de la dimensión del despropósito.

Por un lado, tenemos una carta dirigida el 13 de septiembre de 2007 por el actual Sub Gerente de Logística del SIS, Jorge Torres Paredes, al Consorcio Ganador encargado de elaborar las carpetas del empadronador. En dicha carta se menciona la remisión en CD de las modificaciones de las especificaciones para la elaboración de dichas carpetas, que fueron utilizadas en el Censo de hace 2 días.

Ayer, el actual jefe del SIS, Esteban Chiotti, señaló que no existían ordenes de servicios que respalden la operación de elaboración de las carpetas, por lo que no pagará a Gráfica Técnica - el proveedor - nada de lo que se le tenía comprometido.

Sin embargo, el señor Chiotti ignora las 6 Guías de Remisión que Gráfica Técnica SRL hizo para el Seguro Integral de Salud de cada uno de los lotes de carpetas para el Censo y que respaldan la existencia de un pedido de este tipo hecho por la institución que dirige. En cada una de las Guías aparece claramente que se trata de una venta.

(Estas Guías de Remisión pueden ser vistas en toda su extensión en La Azotea del Tercer Piso, flamante anexo de este blog).

Y para completar el cuadro, Gráfica Técnica emitió una factura al SIS en la que se señala la cantidad total de Carpetas del Empadronador elaboradas para el Censo. Y alli se menciona el monto que iba a ser desviado del SIS para semejante operación, alejada totalmente de sus intereses.

Ante la denuncia, el Ministro de Salud tuvo que suspender el convenio SIS - INEI, señalando que no hubo desembolso de dinero. Sin embargo, al haberse efectuado el trabajo y emitido una factura, el SIS se ve en un serio aprieto que seguramente algún asesor jurídico buscará arreglar, encontrando alguna argucia para no hacer el pago, tal como en la compra de los patrulleros chinos. De hecho, ya declararon la nulidad de oficio del contrato dos días antes del Censo, es decir, el viernes 19 de octubre, señalando un resquicio legal sobre los items de la adquisición. No se indica que la transferencia de fondos del SIS para este fin fuera la causal de la nulidad.

Peor aún, Vallejos ha pretendido eximirse de responsabilidad de este caso y de las demás irregularidades cometidas en el SIS - sobrevaloración de compras de alimentos para los damnificados del terremoto y contratos con la encuestadora favorita del gobierno - diciendo que esta entidad es totalmente autónoma y no depende de su despacho. Sin embargo, Rosa María Palacios, que algo sabe de entidades del Estado, señala elegantemente que “el caso del ministro de Salud es manifiesto y él falta a la verdad cuando sostiene que no tiene responsabilidad de supervisión sobre las OPD que están bajo su tutela”.

Sin duda, más de una pregunta que el Ministro y los funcionarios del SIS y del INEI deberán aclararnos. Porque, a pesar del civismo de ayer y del triunfalismo presidencial, este censo adolece de un serio problema: credibilidad.

MAS SOBRE EL CENSO:
El Comercio: Ex jefe del SIS se entregó a la justicia y jura ser inocente
Augusto Alvarez Rodrich: El censo sentido
Perú.21: Improvisación y errores reinaron en último censo
La República: Vega Díaz declara que dio coima a ex jefe del SIS
Utero de Marita: ocraM me designa notario del concurso Arresto Domiciliario 2007
Menos Canas: Censada
Susana Villarán: El censo de Alan

Nuevamente se hace contratación para oficina que no existe

Hace algunos meses, para ser más exactos, en abril de este año, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde señaló que el Primer Vicepresidente de la República había contratado a varias personas como sus asesores e implementado una oficina, a pesar que el cargo no lo requiere.

A los pocos días, este blog denunció que también la Segunda Vicepresidenta de la República tuvo asesores pagados por la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta denuncia provocó las reacciones de la propia Lourdes Mendoza y del Presidente del Consejo de Ministros, quienes trataron de negar lo que era evidente: contrataciones irregulares, para un cargo que solo tiene la función de ver si el Presidente de la República está bien de salud y de reemplazarlo cuando está fuera del país. Tan es así que los dos vicepresidentes no están contemplados en el organigrama de Palacio de Gobierno o del Poder Ejecutivo.

Estos casos fueron tan groseros que dos medios con líneas periodísticas tan distintas como Perú.21 y La Ventana Indiscreta se ocuparon - y editorializaron - sobre el particular.

Sin embargo, no aprenden.

El 27 de septiembre de 2007 fue otorgada la buena pro del Procedimiento de Menor Cuantía Nº 175-2007/PCM, destinado a contratar por tres meses a una persona que brinde servicios de prensa para la Primera Vicepresidencia de la Republica.

El pago total por los 3 meses de trabajo: S/. 3,000.00, proveniente de recursos ordinarios. Es decir, de una partida expresamente destinada para este fin. Y el favorecido se llama Henry Christian Cotos Campean.

La cantidad no es alta, pero el modus operandi es el mismo. La Presidencia del Consejo de Ministros - cuyo responsable principal es un respetado dirigente del APRA - sigue otorgando dinero para que los Vicepresidentes - en este caso, el señor Luis Giampietri Rojas - dispongan a su antojo para la contratación de asesores, a pesar que su cargo no lo requiere y que ya cuentan con la dotación de personal a su cargo que tienen por ser congresistas de la República.

Tratándose de quien se trata y siendo un caso reiterativo, urge que se inicie una investigación exhaustiva en la Contraloría General de la República sobre estas contrataciones irregulares. Y el señor Del Castillo deberá dejar de seguir justificando cosas como estas.

Asi quieren que sigamos creyendo en la austeridad o en lo que decía ser un cambio responsable.

Cuando el Ministro de Energía y Minas cambia de discurso.

Hace poco más de un mes, comenté sobre uno de los más importantes escándalos de corrupción en América Latina: la empresa sueca Skanska pagó coimas en Argentina por ganar las concesiones de gaseoductos.

Como lo señalé en dicha oportunidad, el caso tenía tres particulares repercusiones para nuestro país:
a) Un audio que señalaba el pago de coimas en el Perú, de manera similar a como se había hecho en Argentina. Esto viene siendo investigado por la Segunda Fiscalía Anticorrupción.
b) Las conexiones con JJC, la empresa constructora del ex ministro fujimorista Jorge Camet Dickman, compañía que se benefició de sus buenas relaciones con el fujimorato.
c) Los cuestionamientos a las obras sobre el Gas de Camisea, en la que Skanska fue subcontratista. Como lo mencionamos, existía un informe del actual Ministro de Energía y Minas y ex parlamentario Juan Valdivia Romero, señalando dichos cuestionamientos.

La semana pasada, en varios reportajes, Perú.21 reveló la extraña conducta del Ministro Valdivia, quien de acusador ha pasado a ser defensor de la cuestionada empresa sueca.

En su informe del año 2004, Valdivía denunció que Skanska había incumplido con una norma de seguridad en la planta de separación de líquidos de gas natural de Las Malvinas - obra también construida en consorcio con JJC -: no colocar dos capas de pintura - una de zinc inorgánico y otra de silicona - a las tuberías de la planta. Los suecos y la empresa de Camet solo colocaron la capa de zinc, lo que ponía en riesgo la seguridad de la planta. Sin embargo, OSINERG (hoy OSINERGMIN) señaló que no existía problema alguno. Esa posición fue cuestionada por Valdivia en su momento, pero hoy, que ya es Ministro del sector, defiende lo dicho por la reguladora.

Es más, como queriéndose limpiar las manos, Valdivia ha tenido el desparpajo de decir que el informe lo elaboraron sus asesores de su despacho y que solo cumplió con trasladarlo a la Comisión de Fiscalización. Cualquiera que conoce del trabajo parlamentario sabe que un asesor no se va a mandar por la libre a hacer un informe con una imputación grave sobre una empresa y un regulador, en lo que representa el proyecto energético más importante del país. Solo con la anuencia de Valdivia pudieron elaborar un documento que tiene su firma.

Sin embargo, las cosas se le complican a Valdivia por las investigaciones de la prensa. Según se reveló en otro reportaje de Perú.21, OSINERG basó su informe en una mala lectura de un estudio elaborado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Según el reporte:

Para elaborar ese informe, Osinerg solicitó una opinión técnica a la Pontificia Universidad Católica, la cual decía que, si bien se puede utilizar una sola capa de zinc inorgánico para proteger diversas estructuras de acero, en el caso en cuestión (ducto de acero a alta temperatura, con aislamiento y ambiente tropical lluvioso) no ofrecerá la misma protección anticorrosiva que cuando se le coloca una segunda capa de silicona.

Esta opinión es tergiversada en las conclusiones del informe de Osinerg, donde se lee que el informe de la Universidad Católica manifiesta que las tuberías a altas temperaturas pueden ser protegidas utilizando una sola capa de zinc. Además, se acepta que Skanska incumplió la especificación técnica, pero aclaran que ello no es un “ilícito administrativo” porque no se ha violado ningún código internacional.

Lo ocurrido es sumamente grave, toda vez que, además de la corrupción que envuelve a Skanska, hace 3 semanas Gustavo Gorriti reveló que la empresa Germanischer Lloyd entregó su informe de auditoría de seguridad sobre el proyecto Camisea, encargada por el Gobierno peruano firente a los repetidos accidentes ocurridos en el gaseoducto. El informe es claro: los accidentes tienen una frecuencia comparable a los que ocurrirían si se utilizara tecnología de 1982, no hubo oportunidad de corroborar si los tubos eran todos nuevos, hubo defectos en la selección del material de tubería y otras dificultades derivadas del calendario acelerado del proyecto. En suma, hubo presión por acabar rápido el proyecto, pero, a cambio, se tuvo fallas groseras.

Sin duda alguna, explicaciones que el Ministro de Energía y Minas deberá darnos a todos. Camisea es uno de los proyectos más importantes para nuestro país, por la cantidad de empleos que genera y, sobre todo, por la posibilidad de tener energía barata y limpia durante muchos años. Pero parece que las cosas no han sido del todo transparentes y el Ministro, convertido en defensor de la empresa y el regulador cuestionados, no se atreve a tener la misma energía que tenía cuando era parlamentario opositor.

Como dicen, de pequeño incendiario, de grande, bombero.

El miércoles último, este blog reveló la existencia de indicios que nos llevarían a concluir que el Ministro de Vivienda y Construcción Hernán Garrido Lecca sigue siendo director de una empresa constructora de Genaro Delgado Parker.

Para ello, nos basamos en la partida registral de Desarrollos Siglo XXI, empresa que tiene un proyecto inmobiliario en Lurín, así como en los datos que esta compañía registra ante CONASEV. Por ningun lado aparece la renuncia de Garrido Lecca inscrita en ambas entidades.

Claro, puede caber la posibilidad de que Garrido Lecca si haya renunciado, pero sin inscribir el documento respectivo en Registros Públicos o comunicarlo a CONASEV. Según las consultas legales que he hecho sobre la materia, en caso existiera, dicha renuncia sería válida y tendría efecto dentro de la empresa, la cual podrá celebrar sucesivos directorios sin requerir su presencia. Sobre la inscripción de su renuncia, si bien es posible que el propio director lo haga, la costumbre extendida es que la inscripción de acuerdos sea de responsabilidad de la empresa.

El tema es que, frente a terceros, Garrido Lecca sigue apareciendo como director de una empresa vinculada con su sector, compañía que pertenece a una persona que tiene innumerables deudas, tanto con sus trabajadores como con el Estado.

Esto puede acarrear implicancias legales bastante serias:

Constitución Politica del Peru - articulo 126:

Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, y consta en acta.

Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.

Ley General de Sociedades.

Artículo 161.- Impedimentos
No pueden ser directores: (…)
4. Los Funcionarios y Servidores Públicos, que presten servicios en entidades públicas cuyas funciones estuvieran directamente vinculadas al sector económico en el que la sociedad desarrolla su actividad empresarial, salvo que representen la participación del Estado en dichas sociedades.

Finalmente, el Ministro no puede alegar desconocimiento de la norma, dado que sí inscribió su renuncia a otra empresa constructora. Como pueden apreciar a continuación, durante la campaña electoral de 2006, Garrido Lecca renunció a la Gerencia General de Huaytapallana Sociedad Anónima Cerrada, empresa que también se dedica al rubro inmobiliario:

Nuevamente, señor Ministro, es hora de que nos brinde una explicación sobre este tema.

Irregularidades en otorgamiento de beneficio tributario a empresa minera importante le cuestan puesto a Viceministra de Minas.

El tema del que hablaré hoy es un poco técnico, pero quizás pueda tener repercusiones políticas a futuro.

Volcan es una de las principales compañías mineras del país. Produce plata y zinc en grandes cantidades. Dado el precio alto de los minerales, sus utilidades durante los últimos años han sido bastante grandes.

Las empresas mineras que tienen contratos de estabilidad jurídica vigentes tienen derecho a un beneficio tributario que supone la exoneración del pago del Impuesto a la Renta hasta en un 30%, sobre la base de la reinversión de las utilidades que han obtenido. Volcan, al tener un contrato de estabilidad vigente hasta este año, podía acogerse a esta disposición.

Según lo que informó el diario El Comercio, la congresista Gloria Ramos denunció en una carta dirigida al Ministerio de Energía y Minas la existencia de irregularidades en el proceso de otorgamiento de la exoneración a Volcan.

Volcan solicitó acogerse a este beneficio en 2006, que le representaría un beneficio de 51 millones de dólares menos en pago de impuestos. La Dirección de Promoción y Desarrollo Minero, encargada de ver este tema, sólo le aprobó una exoneración de 11 millones de dólares. Esta decisión fue confirmada por la Dirección General de Minería y el expediente fue enviado al Ministerio de Economía y Finanzas. al no haber un pronunciamiento del MEF, se aplicaba la aprobación tácita del expediente.

Sin embargo, la hasta ayer Viceministra de Minas, Rosario Padilla, solicitó en enero de 2007 la devolución del expediente al MEF, para corregir “errores materiales”, es decir, cuestiones que no tenían que ver con el fondo del asunto. A pesar de ello, se revisó el fondo del asunto y la empresa se vio favorecida con un aumento de los montos involucrados en su programa de inversiones. El nuevo beneficio hizo que el Estado exonerara a Volcan de 32 millones de dólares en impuestos. Finalmente, la resolución fue declarada nula.

Si bien Padilla quiso exonerarse de responsablidad de este tema, el Ministro de Energía y Minas Juan Valdivia, con una interpelación en ciernes por este tema, decidió renunciar a la Viceministra. Hoy aparece la Resolución que acepta su renuncia en el Diario Oficial El Peruano. Sin embargo, de acuerdo al diario La República, Padilla habría sido reubicada como asesora en el MINEM.

El caso es preocupante, no sólo porque involucra a una de las principales empresas mineras del país, que tiene una posición expectante en la Bolsa de Valores de Lima, sino porque compromete a uno de los Ministerios más técnicos del país. Este tema merece una investigación bastante seria. El Congreso tiene la palabra.

El último jueves, Jorge del Castillo se presentó en La Ventana Indiscreta, para conversar sobre varios temas, entre ellos, el referido a la denuncia que hiciera desde este espacio sobre las contrataciones irregulares de asesores de la Segunda Vicepresidenta de la República Lourdes Mendoza del Solar.

Lamentablemente, el Primer Ministro, un experimentado político al que, personalmente, tenía en alta consideración, no ha sabido responder a los elementos de juicio puestos en consideración sobre este tema en este blog.

La excusa dada por el señor Del Castillo ha sido señalar que la contratación de personal para las Vicepresidencias es una práctica generada en anteriores administraciones presidenciales y que, por tanto, eso convierte a este comportamiento en válido.

Es cierto que durante el gobierno del Presidente Alejandro Toledo se contrataron asesores para el vicepresidente David Waissman. En una primera respuesta a Del Castillo, señalé que, en efecto, durante el primer semestre del año 2006, se contrataron a 6 personas para ejercer labores de asesoría para el señor Waissman, actual Congresista de la República.

Pero ello no convierte a esta práctica en una costumbre jurídica. Cualquier estudiante de Derecho sabe, desde que ingresa a la Facultad, que una costumbre jurídica tiene dos elementos indispensables para su formación. El primero, la repetición de la conducta en el tiempo; el segundo, el carácter de obligatoriedad jurídica. Sin embargo, este último elemento implica también que la costumbre no infrinja una norma legal, cuestión que ha ocurrido en este caso, dado que la Constitución señala, de manera clara, que las funciones de los Vicepresidentes de la República son dos: Reemplazar al Presidente en caso de vacancia y encargarse del Despacho Presidencial cuando el Presidente sale de viaje fuera del país. Esto es repetido por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Al no establecerse otras funciones para los Vicepresidentes y contratarse personal para funciones que no se encuentran dentro del organigrama del Estado, estas contrataciones devienen en irregulares, por ser contrarias a las normas que he señalado y que, en el esquema legal peruano, son superiores a una supuesta costumbre jurídica alegada por el Primer Ministro, quien, por su condición de abogado y político experto, conoce perfectamente estas precisiones legales.

En Derecho Administrativo, el principio fundamental es el de legalidad, que consiste en que la autoridad debe sujetar su actuación a lo que dice la Constitución y la Ley. Dado que la Constitución y las normas señalan claramente las funciones de los Vicepresidentes, ellos no pueden excederse de las mismas y la PCM no puede contratar personal para que les ayuden en tareas que no corresponden propiamente a su función.

Asimismo, el Primer Ministro falta a la verdad al señalar que estos contratos fueron producto del Presupuesto del año 2006, aprobado por el Congreso pasado. En el caso de la señora Irma Rosas Durand, la contratación se hizo en un proceso hecho durante el presente año y se encuentra vigente hasta junio de 2007. Es decir, se hizo con la Ley de Presupuesto aprobada por el actual Congreso y cuyo proyecto original fue presentado por este gobierno.

Además, como se le señaló al señor Del Castillo en la entrevista con Cecilia Valenzuela, algunas de las personas contratadas por la PCM también se desempeñan como asesores parlamentarios de la Vicepresidenta de la República. Es el caso de Omar López Cusi, quien funge de asesor de prensa de la parlamentaria Mendoza del Solar.

Debo hacer además otra precisión, esta vez, con relación a los contratos firmados por la PCM para contratar asesores a favor del señor Luis Giampietri Rojas, Primer Vicepresidente de la República. Si bien el señor Giampietri no tiene procesos pendientes ante la justicia, sí mantiene al señor Jorge Figueroa Guzmán como abogado personal. Tal como lo consigna el diario La Razón, medio de comunicación que responde a la agenda propia del Vicealmirante en retiro, el señor Figueroa Guzmán fue el encargado de interponer ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) una queja contra la Primera Sala Penal Anticorrupción, por la citación que se le hizo, en calidad de testigo, para que el congresista y vicepresidente declare en el proceso seguido a los integrantes del Grupo Colina.

Asimismo, resulta poco feliz la frase con la que el Primer Ministro se expresa con relación a la responsabilidad sobre la contratación de tal o cual asesor para la Primera Vicepresidencia de la República, otorgándosela sólo al almirante Giampietri. Me refiero al caso particular del abogado Sergio Tapia Tapia, conocido abogado de violadores a los derechos humanos y que se encuentra vinculado, en Argentina, a organizaciones ultraconservadoras católicas que defienden a los militares que cometieron desapariciones, torturas y otras violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que padeció dicho país entre 1976 y 1983. Tapia es el representante de FASTA - organización cuyo fundador ha sido cuestionado por homenajear a nazis refugiados en Argentina. El gobierno del Presidente Alan García termina pagando un sueldo a una persona que abroga de los valores democráticos y los derechos que el Presidente juró defender el 28 de julio de 2006, por segunda vez.

Lamento mucho que el Presidente del Consejo de Ministros haya sido incapaz de responder adecuadamente a los cuestionamientos hechos en el programa que dirige. Esperaba que el Primer Ministro aceptara que, nuevamente, cometió un error y diera las explicaciones del caso. Sin embargo, compruebo, con poca satisfacción de mi parte, que se faltó a la verdad de manera flagrante, frente a la teleaudiencia.

No se lamente después, si es que le viene otra interpelación.

Primer Ministro minimiza denuncia de DTP. Aquí nuestra respuesta.

Me entero de que Jorge del Castillo minimizó la denuncia hecha desde este espacio sobre las contrataciones irregulares hechas por la Presidencia del Consejo de Ministros para la Segunda Vicepresidencia de la República:

El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, consideró que no hay nada ilegal ni irregular en la contratación de personal por parte de la Segunda Vicepresidencia de la República, que según la denuncia hecha por un blogger comprendería un gasto superior a los 31 mil soles.

Agregó, sin embargo, que este tema habría que analizarlo, pero remarcó que no se trata de una situación fuera de lugar y que “a nadie se está sorprendiendo” con eso.

El Primer Ministro sigue mintiendo, como lo ha hecho en el caso Pandolfi, por lo que será de todas maneras interpelado por el Congreso.

En principio, Del Castillo no aclara las cuestiones legales precisadas en la denuncia que formulé el día martes, es decir, los artículos constitucionales que precisan las funciones y limitaciones de los Vicepresidentes y Congresistas, así como la inexistencia de una oficina o dependencia pública para los Vicepresidentes en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y del Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial. Y, además, tampoco considera la naturaleza de la función de Luis Giampietri y Lourdes Mendoza del Solar: reeemplazar definitivamente a Alan García si vaca en la Presidencia u ocupar el Despacho Presidencial cuando AGP estuviera de viaje.

Luego, el Premier alude a que la misma situación se presentó durante el gobierno anterior, con lo que pretende justificar la infracción legal que su despacho ha cometido - y que le puede costar otra interpelación - con este tema.

En efecto, como también me lo hizo notar un comentarista, el entonces Primer Ministro Pedro Pablo Kuczsyski autorizó la contratación de una persona para apoyo administrativo para el entonces Vicepresidente David Waismann: Zully Regis Ciudad fue contratada como Secretaria Ejecutiva de la Vicepresidencia de la República por dos meses (febrero - abril de 2006), por lo que recibió la suma de S/. 10,500.00.

PPK también contrató a las siguientes personas para Waismann, quien es actualmente Congresista de la República:
- Eladio Melitón Fuentes Ramírez: para desempeñarse como apoyo administrativo y archivador de notas de prensa, pagándole la suma de S/. 12,000.00 por 5 meses de trabajo.
- Fabiola Shiell Bustos, para trabajar 2 meses como coordinadora de actividades y reuniones de la Vicepresidencia, recibiendo S/. 9,000.00. Y luego volvió a ser contratada, esta vez por S/. 10,500.00.
- Pablo Rivero Bonifaz, quien se desempeño como Asesor Administrador de la Vicepresidencia, recibiendo la friolera de S/. 12,000.00.
- Julio Alberto Hennings Otoya, como Asistente Analista, por la suma de S/. 7,500.00

Pero como bien lo señala, cada vez que puede, Rosa María Palacios, los pecados de los otros no hacen santo a uno. Es decir, Waismann y PPK deberían dar una explicación sobre este asunto, por los mismos argumentos legales que hemos sostenido anteriormente para los casos presentados durante este gobierno. Así que, más que ayudarse, el Primer Ministro termina complicándose más citando precedentes, dado que no aclara la cuestión legal del tema y, por el contrario, termina hundiendo a más involucrados en una conducta similar a la suya. Waismann y PPK terminarán diciendo, no me defiendas compadre, luego de estas declaraciones.

En suma, el Primer Ministro no ha respondido a estas acusaciones serias. Solo se ha dedicado a recontar los pecados de los otros, pero no ha asimilado los suyos propios. Ni siquiera ha dicho que es “un error” o “una patinadita” como en otros supuestos bastante graves.

Tal parece que el cinismo se apodera hasta de los cuadros más competentes del gobierno.

MAS SOBRE TEMA:
Correo: Vicepresidenta reconoce contratos pero da misma excusa que Del Castillo.
Perú.21: Comisión de Fiscalización pedirá informe a PCM por este caso.

También la Segunda Vicepresidenta contrata personal indebidamente.

Como registramos ayer, el Primer Vicepresidente de la República, Luis Giampetri Rojas, ha tenido a su disposición una partida de S/. 100,000.00, suministrada por la Presidencia del Consejo de Ministros, con la que ha pagado asesores y equipos.

Según he podido verificar, esta cuestión es totalmente irregular, por los siguientes motivos:

1. Los Vicepresidentes, de acuerdo a la Constitución, sólo tienen como función reemplazar al Presidente de la República en caso de Vacancia del cargo, o de encargarse de su Despacho durante el tiempo que se encuentre el Presidente fuera del país. (artículo 115° de la Constitución)

2. En el caso particular del actual Gobierno, los dos Vicepresidentes son, además, Congresistas. Y, de acuerdo a la Constitución, el mandato de Congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional (artículo 92° de la Constitución).

3. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo no contempla a los Vicepresidentes dentro de su estructura.

4. Tampoco contempla el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial una oficina especial para los Vicepresidentes o personal a su cargo.

Pero no sólo el Almirante Frontón ha incurrido en este caso. También la Segunda Vicepresidenta, Lourdes Mendoza del Solar, ha tenido asesores pagados por la Presidencia del Consejo de Ministros.

El señor Omar Lopez Cusi fue contratado para que preste apoyo profesional a la Segunda Vicepresidencia de la República. El valor de sus servicios: S/. 7,535.00. Labores ejercidas entre agosto y octubre de 2006. Se requirió una persona que hiciera análisis de proyectos de inversión.

El señor Luis Felipe Ramírez Guerrero fue contratado, por el lapso de un mes (agosto - septiembre) para que preste apoyo profesional a la Segunda Vicepresidencia de la República en materia de gestión regional, organización de eventos y archivo de noticias relacionadas a la Vicepresidencia de la República. El monto a pagar: S/. 7,180.00.

Eleonora Sofía León y León también fue contratada por la Segunda Vicepresidencia, a través de la PCM, para cuestiones vinculadas a desarrollo social y desarrollo humano. Por su trabajo entre septiembre y octubre de 2006, recibió S/. 8,473.00. La señora León y León aparece como expositora de la Expoferia Arequipa, organizada por la entidad Perú 2021 - para la cual ha trabajado anteriormente - , como Asesora Principal de la Segunda Vicepresidencia de la República. El evento se llevará a cabo esta semana. Aquí no está en duda su calidad profesional, sino su forma de contratación.

Cecilia Ramírez Pequeño también fue contratada para la Segunda Vicepresidencia, como Secretaria Ejecutiva durante el mes de diciembre, misma función que desempeñó, anteriormente, para la Unidad de Comunicación Institucional del Ministerio de Vivienda, durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Carmen Cano de Ortiz de Zevallos fue contratada para brindar servicios de prensa e imagen comunicacional para la Segunda Vicepresidencia de la República. En diciembre, se le pagó la suma de S/. 1,710.00.

Irma Rosas Durand ha sido contratada para que, entre marzo y junio de 2007 (es decir, contrato vigente), realice labores sobre temas de inversión pública e infraestructura. El pago por el servicio: S/. 8,387.00.

Sin duda, el Presidente del Consejo de Ministros nos debe una seria explicación por este caso. Recuerde, el próximo se va, dijo Alan. ¿Lo hará?

Y POR LA NOCHE:
La Ventana Indiscreta hace suya nuestra denuncia.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Blog revela que segunda vicepresidenta contrató personal por S/. 31 mil.
Utero de Marita: Austeridad Vicepresidencial y Destape Blogger.
Roberto Bustamante: Blog descubre gastos de la segunda vicepresidenta.
Christian Manrique: Vicepresidenta gasta como rica.