Desde el Tercer Piso

Si una táctica mediática fue desplegada en los años noventa fue la campaña sistemática en contra de los opositores al fujimorato. A través de titulares que tocaban el mismo tema en varios diarios - todos comprados al mejor postor por Vladimiro Montesinos -, todo aquel que se opusiera a Alberto Fujimori era pasado por una moledora de carne sistemática, con contenido dictado desde la salita del SIN.

Y si bien Fujimori y Montesinos ya están en prisión, su espíritu está presente en algunos medios de comunicación.

A estas alturas del partido, queda claro que los diarios Expreso y La Razón están enfocados en una campaña sistemática en contra de las organizaciones de derechos humanos, la CVR y todo aquel que defienda estas causas o plantee reformas institucionales de fondo. Los ataques son sistemáticos y parten desde dos miradas distintas: en el caso de Expreso, un macarthismo a prueba de balas, mientras que en el de La Razón es su fujimorismo el que los delata. En ambos casos, tienen enemigos comunes a los que les dan con palo.

Uno de estos enemigos es Gustavo Gorriti, una de las personas que encarna lo que debe ser un buen periodista: una buena pluma, uso de los métodos de investigación y corroboración, principios democráticos sólidos e investigaciones que lo respaldan.

El 7 de mayo de 2008, Gorriti sacó un artículo sobre la lucha que viene emprendiendo la Policía Nacional contra “Artemio”, uno de los líderes de lo que queda de Sendero Luminoso. La historia que cuenta el periodista nos da una idea de como se va estrechando el cerco sobre este personaje, a pesar de las limitaciones logísticas a las que el despacho que “encabeza” Luis Alva Castro. Debo decir que del relato de Gorriti puedo admirar a los policías que, con inteligencia y sin violar derechos humanos, vienen aplicando una estrategia inteligente y que, estoy seguros, dará resultados en el futuro cercano.

Sin embargo, días más tarde, el domingo 11 de mayo, Expreso y La Razón pasaron a Gorriti por sus respectivas moledoras de carne: sus secciones de trascendidos - Polidatos y Carnecitas, respectivamente - sacaron sendas notas en contra del reportaje, específicamente por hacer alusión a la palabra “guerrillero”, a la que estos diarios atribuyeron como condescendencia con Sendero Luminoso, la cual, cualquiera que conoce la trayectoria de Gorriti, sería bastante idiota en creer en la misma.

Dos cuestiones me llamaron la atención de este asunto.

La primera, es el párrafo de marras al que ambos medios aluden y que, como verán, es claro en su afán descriptivo de un fenómeno militar:

Con más de 25 años de experiencia militar en el terreno, “Artemio” es uno de los más veteranos guerrilleros en América Latina. (A diferencia de quienes utilizan el término “terrorista” o “guerrillero” con una connotación esencialmente valorativa, IDL-SC los usa solo como una descripción de metodología militar). Su conocimiento del terreno y su red de información rápida, ambos muy eficientes, le han permitido eludir varias veces capturas que parecieron inminentes.

Los dos diarios no solo se olvidan de todo el contenido del artículo, que reconoce de modo amplio los esfuerzos que viene haciendo la Policía por acabar con los remanentes de Sendero en el Alto Huallaga. Asimismo, se olvidan del segundo párrafo del artículo, que aclara las cosas aún más:

Así, frente a una insurrección guerrillera (que suele incluir acciones terroristas, de sabotaje, políticas y de propaganda junto con las propiamente guerrilleras), no es fácil saber quién está ganando y quién perdiendo. El número de bajas y de arrestos, por ejemplo, puede ser un indicador engañoso, que demuestre el resultado de golpes eficaces contra los insurrectos o, por lo contrario, mayor actividad de éstos.

En otras palabras, Gorriti no propagandiza a favor de SL, tal como ambos medios pretendieron presentarlo, sino hacer lo que hace un analista militar serio: presentar los hechos y las estrategias describiendo los hechos y tomando partido, de manera indiscutible, por el bando democrático, que es el del Estado que hoy gobierna Alan García.

Pero más sorprendente es aquello que ambos diarios hicieron y que el propio Gorriti denunció el miércoles pasado en su acostumbrada columna semanal en Caretas: Palabras más, palabras menos, Expreso y La Razón colocaron en sus secciones de trascendidos el mismo texto. Vean los recortes de ambos diarios y hagan la comparación:

En jerga periodística, a esto se le conoce como un “bajado”. Es decir, alguien redacta una nota para que otros medios la reboten tal cual, o cambiando solo unas palabras. En el caso de La Razón y de Expreso, se trata del mismo trascendido en dos partes, al que le cambian los títulos y algunas cuestiones ligeras de redacción, pero el contenido esencial y hasta el final son exactamente iguales.

Esto hace suponer dos cosas: O ambos diarios están coordinando campañas de este tipo - a las cuales también se suma en varias ocasiones Correo - o alguien les dicta a ambos diarios el contenido de sus notas, trascendidos y supuestas investigaciones.

Señores Luis García Miró y Uri Ben Schmuel, por un mínimo de respeto a sus lectores y a la verdad, ¿podrían explicarnos cual es realmente su cau - cau?

Hoy, tanto Alberto de Belaúnde como Perú.21 alertan sobre una de las consecuencias de la inconstitucional norma sobre las ONGs.

La institución afectada es el Instituto de Defensa Legal, una de las entidades que tiene mayor posicionamiento en el tema de derechos humanos, justicia, defensa y seguridad ciudadana, con una línea crítica hacia muchas de las acciones del actual gobierno. De Belaúnde resume el problema:

El pasado 27 de agosto, el IDL recibió una carta - fechada 24 de agosto - de la APCI (agencia gubernamental que ve el tema de la cooperación técnica internacional) en la cual se les informaba que habían sido seleccionados para ser fiscalizados, y que enviaran toda la documentación requerida para dicho propósito (que no es poca). ¿Cuál era la fecha límite para dicho envío? El 23 de agosto (cuatro días antes de haber recibido la carta).

Como nada es casual, esto se produce en las vìsperas del fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de las ONGs. Se conoce que esta semana se dará a conocer la sentencia - que, según mis fuentes, provocaría una pataleta de Aldo Mariátegui -, por lo que los impulsores de la norma vienen haciendo presión abierta en los medios sobre el tema. Expreso y La Razón son los medios favoritos para este tipo de ataques.

¿Mi pronóstico? Esperemos ver más de esto hasta que salga la sentencia y, si se confirma lo que me han señalado, pues veremos a por lo menos tres diarios - incluyendo a Correo - en una campaña feroz.

Si bien hay ong’s que no hacen un buen trabajo, la mayoría si lo hace. Los mecanismos de fiscalización que ya existían eran buenos y la norma invade derechos fundamentales claves. El objetivo, como lo he anotado antes, es controlar contenidos de organizaciones vinculadas a temas de fortalecimiento institucional, medio ambiente y derechos humanos, pues la incomodidad que producen en varios sectores, inclyendo a varios del gobierno, es clamorosa. Estamos advertidos.

El día de ayer, los televidentes de La Ventana Indiscreta fueron espectadores de una de las rabietas más antológicas de su conductora, Cecilia Valenzuela.

¿Cuál es la historia detrás de la rabieta y cuáles son las mentiras que se dijeron ayer? Aquí va el relato.

Hace dos semanas, el reportero Jerónimo Centurión presentó en LVI un reportaje que reveló una adquisicion de patrulleros en el Ministerio del Interior. Si bien el proceso parece haberse llevado con normalidad legal, llamó la atención que nos encontráramos ante un único postor y que el monto ganador tuviera una importante sobrevaloración. Lo que en realidad ocurrió fue que la empresa ganadora ofertó la compra de los autos al valor referencial puesto por el Ministerio y es allí donde se encuentra el punto a investigar: una falta de pericia en la estimación de precios que debió ser menor a la puesta por los encargados de la licitación.

El reportaje reveló la falta de pericia del equipo de la Oficina General de Administración del Ministerio del Interior, grupo al que Pilar Mazzetti dio, por casi dos semanas, su absoluto respaldo, hasta que el Presidente de la República le exigiera que despidiera a estos funcionarios, cosa que Mazzetti hizo el fin de semana.

Por ello, a nuestro criterio, la investigación hecha por el programa dirigido por Valenzuela tenía un interés público indudable.

El último domingo, apareció en Perú.21 el artículo La Odisea de Pilar Mazzetti, firmado por el Area de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL). Dado el estilo del artículo, su reciente nombramiento como jefe de esta área y lo que he podido averiguar, fue el periodista Gustavo Gorriti quien elaboró esta nota, que contaba los entretelones de la salida de Gloria Vargas, jefa de la Oficina General de Administración, del Ministerio cuya titular la había defendido durante más tiempo del que la prudencia aconsejaría.

El texto de Gorriti no emitía un juicio de valor sobre la salida de la funcionaria, por lo que extraña que ayer Cecilia Valenzuela haya dicho lo siguiente:

“Ayer domingo, el Instituto de Defensa Legal (IDL) publicó un artículo a página entera en un importante diario de circulación nacional. En la nota, que por cierto no consigna la firma de su autor, investigador o periodista, el IDL dedica todos sus esfuerzos a defender a la saliente jefa de la Oficina General de Administración (OGA) del Ministerio del Interior, Gloria Vargas, quien fue desde sus días en el Ministerio de Salud, en tiempos de Toledo, la mano derecha de la ministra Pilar Mazzetti, y quien fue la encargada de revisar y aprobar la convocatoria y la licitación de los 469 patrulleros del escándalo.

Según el inexplicable texto del IDL, que no se pregunta en ningún momento por qué Vargas firmó un contrato pagando precio unitario cuando se iban a comprar 469; la señora Vargas es una funcionaria leal y modesta que no ganaba más de 3 mil soles al mes, y que finalmente resultó siendo traicionada por “Pilar”, quien al despedirla le dijo “perdóname, perdóname””.

Del texto, repetimos, no se desprende defensa alguna de Gloria Vargas ni de Pilar Mazzetti. Por el contrario, en entrevista que tuvo Gustavo Gorriti con Hans Landolt en el programa Sin Rodeos (coproducción del IDL y Canal N), el periodista señaló que el equipo era sumamente inexperto y que la Ministra había quedado en posición tan débil que no le quedaba otra salida que la renuncia.

Pero otra cosa que Gorriti y el artículo dijeron el domingo fue la razón de fondo por la cual esta licitación se hizo a tontas y a locas:

“Cuando Mazzetti recibió el ministerio a comienzos de agosto, el presupuesto del sector solo se había ejecutado en un 25%. Entre agosto y diciembre hubo que ejecutar, dicen los funcionarios actuales, el 75% restante. Pero, además, surgió la inédita tarea de gastar los ciento once millones de soles del “shock de inversiones” entre octubre y diciembre del año pasado (fueron 121 millones, pero 10 de éstos se dedicaron a solventar traslados de policías)”.

Ya lo hemos mencionado antes en este espacio: el shock de inversiones impulsado por el gobierno de Alan García ha servido para desnudar la poca capacidad que tiene el Estado de saber administrar de manera adecuada sus recursos y de gastar los ingresos que tiene. Ahí tenemos una explicación a los delirios económicos que tiene el Presidente, como bajarle la llanta al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Pero volvamos al punto de la disputa, el climax de la rabieta de la periodista Valenzuela llegó al paroxismo con lo siguiente:

“Para coronar, el mismo día de ayer, en Canal N, en el programa “Sin Rodeos” del IDL, dos de sus empleados salieron a reforzaban las ideas de su patético artículo. Ellos especulaban sobre la posibilidad que detrás de la denuncia que hizo agenciaperu.com hace dos semanas, estuviera el interés del dueño de Frecuencia Latina de vender colchones al Estado.

Insinuar que la denuncia sobre la sobrevaloración de los patrulleros obedece a una venta o al rechazo de una oferta de la fábrica de colchones “Paraíso”, de propiedad del dueño de Canal 2, es una cobardía. Una sucia y tartaja bajeza.”

Y de allí Chichi se arrancó con una rabieta digna de los redactores de Expreso y La Razón:

“No hay caso: si el IDL estaba detrás de que la expectorada mano derecha de Mazzetti, la leal y modesta Gloria Vargas, les contratara una consultoría carísima, pagada con nuestros impuestos sobre temas de “seguridad ciudadana”, y la denuncia de este programa le arruinó el negocio. Pena. Pena, penita, pena”.

Comencemos por lo primero. En ningún momento se desacreditó la investigación. Incluso personas cercanas al IDL, como Carlos Basombrío - fundador de dicha institución - han elogiado la investigación hecha por LVI.

Pero en ningún momento se dijo que se haya rechazado alguna oferta sobre colchones elaborada en la fábrica Productos Paraíso del Perú, aquella que Baruch Ivcher conoce tan bien.

Quizás Ivcher deba recordar una licitación reciente, del año pasado, en la que obtuvo la buena pro. ¿El contratante? El Instituto Nacional de Defensa Civil. ¿De quién depende esta entidad? Adivinen, del Ministerio del Interior.

Si revisamos el Portal de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, elaborado por la Contraloría General de la República, encontraremos un buscador. Si escribimos “Productos Paraíso del Perú” encontraremos 3 concursos ganados por esta empresa. De ellos, dos nos parecieron significativamente importantes:

LICITACION PUBLICA Nº 001-2006-INDECI/DNL/12.0

1RA. CONVOCATORIA

Objeto de Convocatoria ADQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA
Clase BIENES
Subclase BIENES-ALIMENTOS E INSUMOS
Valor Referencial 4,134,644.79 SOLES
Costo de las Bases 10 SOLES
Departamento LIMA
Fecha de Publicación 22/08/2006
Fecha de Publ. Resultados 22/09/2006 PARCIALMENTE ADJUDICADO
Fecha de Venta de Bases 23/08/2006 al 20/09/2006
Fecha Present. Propuestas 21/09/2006
Funcionario Responsable JUAN JOSE ALVA OBESO, DIRECTOR DE LOGISTICA 225-9898 5201

En el ítem 0002 - COLCHON DE ESPUMA DE 3/4 DE PLAZA(cantidad: 15,476), el ganador fue Productos Paraíso del Perú, pero, miren de que es lo que aparece también:

Valor Referencial: S/. 921,441.04
Monto Ofertado: S/. 921,441.04

Y en el ítem 0003 - COLCHON DE ESPUMA DE 1 PLAZA (cantidad: 3500), también ganó Paraíso y aparece lo siguiente:

Valor Referencial: S/. 275,030.00
Monto Ofertado: S/. 275,030.00

Es decir, esto parece poderosamente parecido a lo que ocurrió en el caso de los patrulleros del Ministerio del Interior. Tal vez sea interesante saber si también en este caso hubo o no una sobrevaloración en los bienes, tal como en la licitación de las camionetas.

Y ello nos permite confirmar, lamentablemente, que Cecilia Valenzuela se ha convertido en la boca de Baruch Ivcher y sus intereses. El desfase entre su agenda y las investigaciones de sus reporteros es claro y lo hemos anotado hace unos días.

¿Terminará de romperse con esto la Ventana?

ACTUALIZACIÒN: Esta es la carta que el IDL le ha enviado al programa La Ventana Indiscreta:

Lima, 20 de febrero de 2007.

Señora:
Cecilia Valenzuela.
Programa “La Ventana Indiscreta”.
Frecuencia Latina.

Estimada Cecilia:

Nos sorprende la intolerancia y la falta de argumentos con las que has reaccionado ayer, en “La Ventana Indiscreta”, frente a naturales diferencias de análisis, diagnóstico y opinión de la crisis en el Ministerio del Interior. Especialmente porque, hasta ayer, como tu misma lo has reconocido, el IDL era para ti una institución que tenías “como obligada referencia”.

Tu reacción frente a nuestra institución, que en más de una ocasión te ha defendido judicialmente en casos derivados del ejercicio de tu profesión como periodista, puede causarnos sorpresa; pero con indignación rechazamos tajantemente tu opción por la mentira y la calumnia.

Es absolutamente falso que el IDL haya tenido o pretendido contratar “una consultoría carísima” pagada con dineros del Estado. Es igualmente falsa tu calumniosa afirmación de que el IDL “haya sucumbido así a los devaneos que producen las jugosas consultorías para el poder”. Y sabes que es igualmente un invento malintencionado de tu parte el afirmar que tu programa nos haya arruinado algún negocio.

En tu condición de periodista de investigación, te desafiamos a presentar alguna prueba de tan graves acusaciones.

Es política institucional del IDL mantener su independencia. Ni con ésta ni con cualquier otra gestión anterior en el Ministerio del Interior, hemos tenido ningún tipo de consultoría rentada. Tampoco con otras dependencias del Ejecutivo.

También es falso que hayamos insinuado “que la denuncia sobre la sobrevaloración de los patrulleros obedece a una venta o rechazo de una oferta de la fábrica de colchones “Paraíso” de propiedad del dueño de Canal 2″, para el que trabajas. Si prestas atención a la entrevista de “Sin Rodeos” el último domingo y al artículo que te desvela, no establecemos ningún tipo de relación deshonesta entre la licitación para adquirir los patrulleros y las varias otras compras hechas por el Estado en el marco del shock de inversiones; entre las que, según el SIAF, existen contratos de Productos Paraíso y Frecuencia Latina por más de 5.5 millones de soles.

Por último: decir que el domingo, el IDL “publicó un artículo a página entera en un importante diario de circulación nacional”, sugiere que nuestra institución pagó por ello. Sabes que no es así. El artículo, difundido en nuestro ideele-mail No 525, fue reproducido por Peru.21 por los elementos de juicio y de información inéditos que aportaba. Gratuitamente y sin coordinación previa. Si ese diario ha llegado a ser importante, es porque en él prevalece el criterio periodístico y no los intereses subalternos.

Esperamos que leas esta carta en “La Ventana Indiscreta” y la cuelgues en la página web de “agenciaperú”. Y que te rectifiques en honor a la verdad.

Atentamente.

Hans Landolt
Director

El Frontón: Alan declara y el gobierno ataca

Los acontecimientos y declaraciones dados entre ayer y hoy sobre el caso El Frontón me hacen dejar el descanso veraniego, para comentar algunas cosas.

La primera, ha sido bueno que el Presidente de la República acuda a dar su declaración en este caso. A contrario de la grita de ayayeros que desde la prensa y su partido le recomendaron no ir, fue adecuado que respondiera a las preguntas del juez.

Lo segundo, recordar, como lo ha hecho Enrique Bernales, que las investigaciones de la Comisiòn de la Verdad y Reconciliaciòn no apuntaron responsabilidad penal de García en este caso. Se llegó, como lo anoté hace algunos días, a establecer que eran miembros de la Marina los responsables de las ejecuciones extrajudiciales que incluso ha reconocido el hermano del principal sindicado como autor de las mismas.

Ahora bien, dado que la CVR no tenía facultades jurisdiccionales ni los poderes que un Poder Judicial tenía, sumado a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Durand y Ugarte y Neira Alegría, el caso debe llegar a esclarecerse en el Poder Judicial. Y, debo decirlo, más allá de las suspicacias que todos tenemos sobre AGP - y que acrecientan los ataques que comentaremos líneas más adelante, así como la presencia de Agustín Mantilla en El Frontón el día de los hechos -, no hay mayores elementos de juicio que permitan sindicarlo como autor intelectual de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en esos años.

Recuerdo algo que dijo la CVR sobre la responsabilidad de jefes de Estado sobre violaciones a los derechos humanos, en lo que se refiere a lo ocurrido en el Perú:

“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado ocurrieron, por lo general, durante regímenes democráticos, con elecciones periódicas, libertad de expresión y derechos constitucionales vigentes. La aplicación de la teoría (de dominio del hecho, teoría penal para violaciones a los derechos humanos en aparatos de poder como el Estado) no puede ser, entonces, mecánica ni puede justificar por sí sola la responsabilidad del poder político sobre los actos que implican graves violaciones de los derechos huanos. En concreto, si fue sencillo jurìdicamente vincular a Videla con todas las desapariciones ocurridas en Argentina, no procede acusar automáicamente como autor mediario o coautor de una violación a los derechos humanos como autor mediato o coautor de una violaciòn a los derchos humanos al Presidente Constitucional de la República, ni tampoco a las autoridades políticas militares y civiles. En el caso peruano, por consiguiente, es necesaria una elaboración ulterior“.
(Informe Final, Tomo I, p. 236).

Pero, si hay una excepción, que señala claramente la Comisión en el párrafo siguiente:

“Debe, sin embargo, señalarse una excepción a esta regla. A partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, se estableció una régimen de facto que suspendió la institucionalidad democrática del país a través de la abierta intervención en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en el Ministerio Público y en otros órganos constitucionales. Se gobernó por decreto a través del denominado “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, que concentró durante el breve lapso las funciones ejecutivas y legislativas del Estado, neutralizando en la práctica el control político y judicial sobre sus actos. A la luz de las más recientes investigaciones judiciales, se puede concluir, además, que durante ese tiempo se hizo uso de los recursos del Estado con la finalidad de organizar, adiestrar y emplear grupos operativos encubiertos que tuvieron como finalidad el asesinato, la desaprición y la tortura de personas, todo ello alrededor de la estrucura del Servicio de Inteligencia Nacional”.

Dicho esto, no puedo dejar de expresar mi indignación (compartida por otros bloggers como Roberto Bustamante) por declaraciones vertidas por el Presidente de la República y del congresista Mauricio Mulder con relación al abogado Carlos Rivera y al Instituto de Defensa Legal.

García dijo de Rivera: “Es natural que el abogado de esa facción política tenga que decir algo para ganar un titular en los medios informativos“, mientras que Mulder calificó de “tontos útiles del senderismo” al Instituto de Defensa Legal pues considera que tienen el objetivo de hacerle daño al gobierno e incluso pediría a la APCI que investiguen su financiamiento.

Si bien mi convicción es que, si bien hasta ahora no hay elementos para involucrar penalmente a AGP en el hecho, de allí a derivar que esté metido en este embrollo judicial por un afán político es falso. Los hechos ocurrieron y son condenables por donde se le miren y García tuvo un papel central en no tomar las medidas necesarias para que aquellos develamientos de motines no se convirtieran en la carnicería que finalmente fueron.

Como lo he mencionado a raíz del caso Castro Castro, el Estado tiene el deber de garantizar la vida de quienes se encuentran presos en las cárceles, dado que se encontraban bajo su custodia, independientemente de su culpabilidad o inocencia. Esto es lo que no parece entender un personaje como Mulder, convertido en el “tonto útil” de los autoritarios y de los que creen que a la barbarie se le tiene que combatir con la barbarie.

Como se nota que algunos políticos peruanos aún no aprenden de las lecciones del pasado.

PD: Sigan mandando sus preguntas, el Tercer Piso contesta el lunes