Desde el Tercer Piso

Ayer estuve en una conferencia sobre periodismo de investigación, escuchando a Ricardo Uceda, Pablo O’Brien y Edmundo Cruz hablar sobre los casos emblemáticos del periodismo peruano y sobre los límites conceptuales y prácticos del trabajo de los hombres de prensa, sobre todo, cuando realizan investigaciones destinadas a desentrañar el lado oscuro de los poderes.

Justamente Edmundo nos recordó ayer que el conflicto armado interno fue un acontecimiento que permitió una evolución del periodismo de investigación. Camino que, sin embargo, no estuvo exento de sangre y lágrimas. Los casos de Uchuraccay y Jaime Ayala nos recordaron las dificultades para informar con la verdad, cuestión que se pagaba hasta con la vida.

Ayer se hacía justicia con otro caso: el asesinato del periodista Hugo Bustíos. La Sala Penal Nacional condenó a 17 y 15 años de prisión, respectivamente, al comandante EP Víctor La Vera Hernández y al capitán Amador García Sanbento, por el crímen de este periodista, ocurrido el 24 de noviembre de 1988.

Cabe resaltar el valor de esta sentencia, pues constituye el tercer fallo condenatorio a agentes del Estado en casos de violaciones de los derechos humanos judicializados a partir del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Bustíos y su colega Eduardo Rojas Arce eran periodistas de la ciudad de Huanta. Ambos fueron amenazados por miembros del Ejército Peruano, al informar sobre hechos vulneratorios de los derechos humanos, El 24 de noviembre de 1988, ambos hombres de prensa investigaban el asesinato de dos personas en la localidad de Erapata, cuando fueron emboscados por miembros de las fuerzas del orden acantonados en el cuartel de Castropampa. Rojas sobrevivió al ataque, pero Bustíos fue asesinado y su cuerpo destrozado con un aparato explosivo. El comandante La Vera (a) “Javier Landa Dupont” era de quien dependían los atacantes de los periodistas, mientras que García Sanbento (a) “Ojos de Gato” fue uno de los autores materiales del hecho.

Aunque la sentencia ha sido apelada, constituye un fallo en contra de la impunidad. Y, también, un recordatorio de que los riesgos por decir la verdad son muchos pero, a la larga, se corren en pos de que el público se entere de aquello que algunos no quieren que se sepa.

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