Desde el Tercer Piso

Dicen que la libertad de prensa es el mayor valor de la democracia. Es cierto, si no fuera por ella, no se podría controlar al poder. Por ello, cuando surge una amenaza a la misma, hay que alertarla con todas nuestras fuerzas.

Pues bien, uno de los diarios más antiguos del país, La Industría de Trujillo, ha sido querellado por Luis Alva Castro por una supuesta difamación. La historia, sin duda, merecería libreto de Risas y Salsa si es que no tuviera como destino silenciar a un medio de comunicación.

Vayamos por el inicio. En su edición del jueves 28 de febrero de 2008, Caretas relató lo siguiente:

El domingo 24 (de febrero), el diario La Industria de Trujillo publicó una serie de documentos, atribuidos a la familia Sánchez Paredes, y que llegaron en forma anónima a las instalaciones de ese matutino. Entre los papeles aparece un presunto documento interno de Minera Santa Marina que refiere acciones a tomar en el cerro de oro El Toro de Huamachuco. Dicha empresa, por cierto, está enfrentada a la comunidad liberteña de Huamachuco por el control de los terrenos aledaños a la mina de oro. Los pobladores denunciaron a CARETAS 2014 haber recibido amenazas de muerte y agresiones por parte de supuestos emisarios de Fidel Sánchez Alayo, tal como consta en denuncias policiales de la comisaría del sector.

El documento revelado por La Industria menciona un supuesto nexo entre Sánchez Alayo y el abogado Marco Peralta Castañeda, quien es asesor principal del congresista Rodríguez. Testimonios recogidos en Trujillo indican que Peralta asesora legalmente a Santa Marina, pero éste lo negó categóricamente en una entrevista telefónica con CARETAS.

El congresista Rodríguez es Elías Rodríguez Zavaleta, a quien se ha vinculado al clan Sánchez Paredes, en medio de una serie de acusaciones cruzadas entre varios miembros del APRA en La Libertad sobre vínculos con el narcotráfico.

Pues bien, a los pocos días, uno de los acusados por La Industria, Greco Quiroz Díaz, ex asesor del gobierno regional y también miembro del partido de la estrella, acusó a Alva Castro de ser quien proporcionó los documentos que llegaron al diario trujillano en forma anónima. Todo esto, en una entrevista que le dio a La Industria.

Esto ha sido lo que ha motivado la denuncia del Ministro del Interior. Sin duda, un caso donde matar al mensajero, s decir, a quien publicó la entrevista, es la seña clara de que Alva Castro busca salvar su imagen a toda costa.

Y es que, en realidad, no tiene sustento jurídico alguno que LAC demande al medio de comunicación en que se virtieron estas declaraciones. Si pudo haber un demandado por supuesta difamación era Greco Quiroz, no un medio de comunicacion del que pretende obtener una reparación civil de un millón de soles.

Sin duda, un caso de amedrentamiento a la prensa independiente que merece ser conocido y tomado en cuenta. Parece que la intolerancia pretende llevarse a los tribunales. Mi solidaridad con los periodistas de La Industria.