Desde el Tercer Piso

Contra mis pronósticos, el tema de la entrevista a Rosa María Palacios hecha por Jaime Bayly ha sido uno de los más comentados en la historia de este blog, solo comparable a mis posts sobre la PUCP y Federico Dantón. Entre los dos posts sobre el tema (¿Quién Ganó? y Rosa María vs Bayly) hasta el momento, hay más de 30 comentarios. Hay que felicitar a todos los que han intervenido - de verdad - por el nivel que ha existido en el debate, más allá de puyas, ironías y sarcasmos. Y a Rosa María por tener la correa suficiente como para ver todos los comentarios y responder a todo lo que se ha dicho en este blog sobre el ya comentado programa del día domingo.

Como han podido notar, no he intervenido para nada en el debate. Creo que era mejor que los lectores y comentaristas habituales de este espacio expresen sus preguntas y dudas y que Rosa María responda a las punzantes preguntas - muchas de ellas, tan agudas como las que se plantean en Prensa Libre - del público, que, al fin y al cabo, también ve su programa. Por ello me he guardado este espacio para dar mi opinión respecto a la polémica que se ha armado.

Ciertamente, todos los que conocen este espacio saben que no guardo simpatía alguna por Alberto Fujimori. Por el contrario, por este blog, en sus 2 años y medio de vida, han pasado multiples comentaristas (y trolls) que me han llenado de epítetos, insultos y comentarios por tener esta posición, en la que me mantengo invariable. Y quienes me conocen en persona, saben que esto no viene de ahora, sino que desde la época del colegio (años 95, 96 y posteriores) tenía y tengo una posición clara sobre lo que consideré y considero que fue una dictadura.

Dicho esto, debo decir que tengo un reparo ético - no profesional - con las personas que ocuparon altos cargos durante el gobierno de Fujimori. Reparo que se debe, justamente, a la naturaleza de su régimen y la responsabilidad política que estos funcionarios tuvieron. Ello, claro está, comprende en mayor medida, a quienes cometieron actos de corrupción o avalaron violaciones a los derechos humanos.

Pero, así como existieron personas que trabajaron y defendieron al régimen, también existieron una serie de cuadros técnicos que, de manera honesta, laboraron allí y no se comprometieron políticamente con la dictadura. Cada uno de ellos sabrá en su conciencia interna si es que avalaban, como ciudadanos, las tropelías del régimen.

En el caso de Rosa María Palacios, como ella misma lo ha dicho, hizo una serie de consultorías para el Estado, en el tema de reforma de la administración pública. Es más, formó parte de un equipo de reforma del Estado cuando Alfonso de los Heros fue Presidente del Consejo de Ministros y renunció el 5 de abril de 1992, a raíz del golpe de Estado, junto con el Dr. de los Heros. Por tanto, creo que no puede achacarse a ella un apoyo a lo que fue un régimen dictatorial.

Como ella misma lo recordó hace un tiempo, también hizo una consultoría cuando Alberto Pandolfi, en 1996, fue titular de la PCM, pero que no dio resultados por la falta de respaldo político que Pandolfi dio al proyecto de reforma, debido a que el gobierno ya se encontraba en planes reeleccionistas. Hasta allí, tenemos trabajos en temas técnicos, que no comprometían a la persona con el régimen, ni mucho menos, en temas dolosos, como algunos han pretendido insinuar.

(Por cierto, para quien quiera saber más sobre la frustrada reforma del Estado de los 90, lean el libro La Reforma de la Administración Pública Peruana (1990 -1997). Conflicto y estrategias divergentes en la elaboración de políticas de Juan Carlos Cortázar Velarde, que salió hace un par de meses en librerías).

El tema que mayor atención ha conscitado, sin duda, ha sido su consultoría de 10 semanas para el Plan de Gobierno municipal de Juan Carlos Hurtado Miller, a la que fue invitada a participar por Leonie Roca - esposa de Pedro Salinas, periodista contrario a la dictadura -. En este caso, sí creo que Rosa María cometió un error (no una falta, ni menos aun, un delito) en aceptar este trabajo. No por las calidades de Leonie Roca, una profesional competente, o por el trabajo en sí (un plan de gobierno municipal que seguramente fue hecho con solvencia) sino porque en 1998 sí se contaba con información suficiente para saber la naturaleza del régimen.

Ya existían elementos suficientes para saber que Vamos Vecino, la agrupación por la que postulaba Hurtado Miller, era el furgón de cola municipal del fujimorismo. Y ya en 1998 se habían producido la Ley de Amnistía, la Ley de Interpretación Auténtica, el despojo de Frecuencia Latina, la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, las investigaciones sobre la muerte y torturas de agentes del SIE, espionaje telefónico e ingresos de Vladimiro Montesinos.

A esas alturas del partido, al margen de las discrepancias sobre el régimen económico y la naturaleza de las reformas en la economía, era claro que el gobierno fujimorista estaba ya en un curso de no retorno y de acentuación de sus calidades autocráticas. Esta es información que estaba a disposición de todo aquel que la quería conocer. No es algo que “en retrospectiva”, recien se sabe ahora (claro, recien hoy tenemos toda la magnitud de lo ocurrido, vladivideos e investigaciones posteriores mediantes), por lo que si considero que era un error aceptar un puesto de esta naturaleza, a pesar de los vínculos personales cercanos que llevaron a Palacios a tomar esta decisión.

Por lo menos, quien habla, de haber estado en su lugar, no habría aceptado dicho encargo, aunque comprendo lo difìcil que debe haber resultado dicha situación. Admitir esto, en público o en privado, no denigra a la persona, sino que habla muy bien de ella.

Por cierto, digo esto con todo el respeto y aprecio que tengo por Rosa María, una periodista y abogada competente y que estudia bastante bien sus temas, cosa que la gente que trabaja en estos temas de opinión pública deberíamos hacer.

¿Con este incidente, antes comentado, la posición actual, crítica frente a los gobiernos de turno y al fujimorismo, que tiene Rosa María Palacios carece de validez? No. Creo que este error ha sido utilizado para descalificarla con un argumento falaz. Todos quienes tenemos ya cierto recorrido vital hemos cometido errores y, más aún, quienes hemos tomado posiciones políticas o hemos estado cercanas a ellas, hemos cometido algún error de apreciación. Por tanto, descalificar a una persona o lo que dice por un error del pasado, haría que todos nosotros nos tuvieramos que quedar con la boca callada. Lamentablemente, este tipo de argumentos se presta a descalificar a alguien cuando no se tiene mayores razones para debatir o ideas que aportar.

(Paréntesis: Creo que nuestros liberales consecuentes deberían decir esto más a menudo: el hecho que se asociara economía de mercado con Fujimori le ha hecho un gran daño a la economía de mercado, dado que se aplicó de manera autoritaria y sin pensar en las consecuencias sociales de las reformas, cuestiones en las que si se fija el liberalismo político. Ese es un deslinde que, lamentablemente, no se hace frecuentemente.)

Creo, finalmente, que ha existido una saludable evolución en Rosa María Palacios. Basta ver sus entrevistas en RPP de los años finales del fujimorato para darnos cuenta que hacía preguntas punzantes a los fujimoristas, y que no era santa de la devoción de Vladimiro Montesinos. Hoy, luego de su paso por el cable y la señal abierta, veo, como televidente a una periodista más cuajada, ya no solo preocupada por los aspectos jurídicos de un tema (”deformación” que tenemos todos los abogados). Y, evidentemente - como lo muestran nuestras posiciones sobre el tema PUCP - a veces coincido con ella y otras no tanto. Ver el paso de la campaña electoral en su programa - que no satanizó a Ollanta Humala (aunque si lo criticó en los temas en los que había que señalar sus graves falencias) y en la que, para sorpresa de muchos, expresó sus simpatías por una candidata mujer que no era Lourdes Flores ni Martha Chávez - y los temas que trata en sus programas hacen que note el cambio en las preocupaciones de la abogada y periodista.

Claro, con las opiniones vertidas por todos los comentaristas, me queda claro que el público televisivo es cada vez más exigente pero, a la vez, toma muy en cuenta las opiniones de los periodistas que dan la cara o hacen reportajes. Quizás esto exiga por parte de los hombres y mujeres de prensa un mayor detenimiento y una mayor reflexión sobre el tipo de labor que hacen y las expectativas y percepciones que tiene el público sobre los medios de comunicación, para que las tengan en cuenta como referencia y retroalimentación.

Esta no es una defensa de Rosa María Palacios. Por el contrario, creo que es una reflexión para la periodista sobre el camino emprendido - y algún error cometido, a mi criterio - y para los televidentes sobre el tipo de argumentos que deben emplearse en un debate público. La pluralidad de opiniones, sean de izquierda, de centro, apristas o de derecha es bienvenida y ese ejercicio ha sido el que se ha practicado ahora. Como decía al inicio, saludo las preguntas y dudas de los comentaristas del blog, así como la predisposición de Rosa María para contestarlas. A todos, siguen invitados a comentar este espacio, que se ha hecho para ello, el intercambio de ideas y de posiciones sobre cosas que, humildemente, el autor de este blog pone en bandeja.

(Foto: Transparencia)

MAS SOBRE EL TEMA:
Fernando Vivas: Rossy y Jaimito.

La carrera por llegar a uno de los cuatro puestos del Tribunal Constitucional que deberán elegirse este año viene llegando a su final. Desafortunadamente, este final no es el más adecuado.

Luego de un buen inicio en sus funciones, la Comisión Evaluadora de Candidatos, presidida por el congresista Aurelio Pastor, ha terminado cerrando toda posibilidad de conocer el avance del proceso: no se han publicado las hojas de vida de los candidatos, ni las transcripciones de las entrevistas a los postulantes, ni la dichosa lista de 20 candidatos finales de los cuales se seleccionaría a la terna a ser presentada ante el Pleno del Congreso.

La semana pasada, llamó la atención que Pastor lamentara la renuncia de Anibal Quiroga y Marcos Ibazeta a su postulación a los cargos de Magistrados del TC, dados los antecedentes de ambos personajes, bastante cercanos al fujimorismo.

Sobre Quiroga, este blog ha dado bastante información. Hoy me ocuparé de Marcos Ibazeta y de algunos datos relevantes de su carrera.

Si bien este ex magistrado tuvo una actuación solvente en el proceso judicial seguido contra Lori Berenson, su actuación pública es bastante cuestionada.

LA BISAGRA JUDICIAL DISCRETA DEL FUJIMORISMO

En 1996, cuando era Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, tuvo una actuación vergonzosa. El General Rodolfo Robles había regresado al país luego de su exilio por denunciar los crímenes del Grupo Colina, retorno que acusó incomodidad en el régimen. El Consejo Supremo de Justicia Militar le abrió un proceso a pesar que era un militar en retiro - y por tanto, civil para todo efecto práctico - y lo mandaron detener. Robles montó un escándalo en su detención que hizo que la prensa independiente siguiera con atención el caso. Como mecanismo de defensa, se presentó una demanda de hábeas corpus para que se lo deje libre ante la entonces jueza Greta Minaya. Lo que hizo Ibazeta lo describe Caretas:

“Lo que sucedió el lunes 2 tensó más la situación. EL CSJM atropella la jurisdicción civil, denuncia a la jueza por prevaricato, hostiliza a la abogada de Robles, Ivonne Montoya, negándole el acceso al expediente, y endurece el régimen de prisión del general Robles. Como si esto no bastara, y para indicar que las ramificaciones punitivas de la cúpula militar llegaban también al Poder Judicial, el presidente de la Corte Superior, Marcos Ibazeta, en lugar de defender los fueros jurisdiccionales, remueve a la jueza Minaya y la envía a un juzgado sentenciador. Adujo que esa salida estaba programada con antelación, pero como es obvio no pudo borrar la penosa impresión que causó su decisión, muestra de que la independencia del Poder Judicial era una simple palabra“.

Sobre este caso, comentaba Fernando Rospigliosi:

“En todo esto, las instituciones civiles controladas o influidas por el gobierno han jugado un papel lamentable. Los congresistas oficialistas y ministros del régimen, desconcertados, respaldaron primero la captura de Robles para luego sumarse a la posición presidencial. En el Poder Judicial, Marcos Ibazeta desempeñó un rol penoso, diciendo una cosa y desdiciéndose al día siguiente“.

También en 1996 Ibazeta boicoteó la Sala Antidrogas. Se había nombrado en ese puesto a la proba Inés Villa Bonilla, pero el ánimo de quienes manejaban el Poder Judicial era que esa sala no funcionara. El hoy candidato al TC hizo que los juzgados instalados en las cárceles procesaran los casos de drogas, contraviniendo la competencia exclusiva de dicho órgano. Al final, sacaron a Villa Bonilla.

Además de estos dos casos, Ibazeta fue un aliado de José Dellepiane Massa, el hombre puesto por el fujimorismo para el control del Poder Judicial. Se comentó de un comunicado impulsado por él en favor de dar mayores funciones a la famosa Comisión Ejecutiva de Dellepiane, con la que finalmente la dictadura pudo controlar al Poder Judicial. Su participación hizo que el Colegio de Abogados de Lima emitiera un comunicado censurando a Ibazeta “por su actitud obsecuente y pasiva con las acciones promovidas por la Comisión Ejecutiva“.

En mayo de 2001, se prestó a un juego del desprestigiado Congreso de los tránsfugas: postuló al cargo de Defensor del Pueblo, que había quedado vacante por la renuncia de Jorge Santistevan de Noriega. Curiosamente, también postuló en esa elección Luis Alberto Salgado, el hombre del APRA en materia de derechos humanos.

Pero luego de caído el régimen, siguió apoyando causas vinculadas a la corrupción y atropellos de la dictadura. Como se puede ver en un resumen de noticias, Ibazeta se pronunció en contra de la sentencia que el TC dio contra la famosa Ley Wolfenson, que permitía a los acusados por corrupción tener mayores beneficios penitenciarios y que el Tribunal dejó sin efecto. Estas declaraciones las hizo cuando era Decano del Colegio de Abogados de Lima.

SU RELACION CON VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS

La Asociación de Defensores de la Democracia Contra el Terrorismo (ADDCOT) es una agrupación de militares en retiro que, según su página web, tiene como fin principal “promover la participación activa y conciente de toda la nación peruana en la lucha contra el terrorismo a fin de garantizar la paz, la libertad y el estado de derecho, respetando los derechos humanos en concordancia con la Constitución Política de la República del Perú y normas vigentes“.

Lo curioso es que esta asociación tiene entre sus miembros precisamente a personas cuyo respeto por los derechos humanos es bastante cuestionable:

- Clemente Noel y Moral: Fue el primer jefe político militar de Ayacucho, en 1983. Durante su periodo a cargo de la zona de emergencia se produjeron desapariciones sistemáticas en las que se utilizó el cuartel Los Cabitos como centro de detención. Dado que, según propio reconocimiento hecho por él mismo, todas las operaciones estaban centralizadas en el Comando, tuvo conocimiento de las acciones que se efectuaban y las consintió. Murió en marzo de 2005.
- Wilfredo Mori Orzo: Tercer jefe político militar de Ayacucho. También involucrado en el caso Los Cabitos. También es procesado por el caso Accomarca e investigado por uso de hornos crematorios en Ayacucho.
- José Valdivia Dueñas: sindicado como principal responsable de la masacre de Cayara, en 1988.
- Petronio Fernández Dávila: jefe del comando político militar de Ayacucho, investigado por la desaparición del activista de derechos humanos Angel Escobar Jurado.
- Howard Rodríguez: comprometido con violaciones a los derechos humanos en Ayacucho entre 1989 y 1990. Famoso por repartir almanaques para la reelección de Fujimori en 1995. Falleció en 2006.

Estos personajes procuran defenderse a través de libros donde niegan la existencia de violaciones a los derechos humanos - como en los casos Accomarca y Cayara - o donde presentan los prejuicios que los diarios que les sirven a sus intereses (Expreso, La Razón y Correo) dan contra la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

¿Y cuál es la relación con Ibazeta?

Para comenzar, Ibazeta fue uno de los invitados de honor del seminario “Terrorismo y Democracia”, celebrado en julio de 2003 y que fue la presentación en sociedad de la ADDCOT. Vean los siguientes artículos de La República y Expreso. En el del diario de los Mohme, aparece la reseña del “who is who” de dicha asociación, en el de García Miró, la foto de Ibazeta junto a los militares cuestionados.

Pero aca hay un tema adicional. Ibazeta también ha prologado un libro llamado Omisiones a la Verdad ¿Y la Reconciliación?, un opúsculo que ADDCOT sacó como respuesta al Informe Final de la CVR y en el que repite los mismos lugares comunes que los detractores de este documento han presentado para evitar ser procesados por violaciones a los derechos humanos.

El prólogo, vale decirlo, es bastante equilibrado, pero hay un párrafo que me llama bastante la atención:

“La clase política en este estado de cosas, siempre ha sabido salir indemne, pero la fuerza militar termina asumiendo todas las responsabilidades, incluidas las penales. La gente clama por la presencia militar en busca de protección, poero luego de superada la amenaza, surge una sicología de persecusión por la indebida generalización de conductas aisladas, penalmente reprochables”.

Pero, como sabemos, no es que nos encontramos ante sólo conductas aisladas, sino que, en algunos lugares y momentos, estas prácticas violatorias de los derechos humanos fueron generalizadas y sistemáticas. No es grato para nadie decir esto, pero fue lo que ocurrió. En este extremo, Ibazeta se adhiere al sentido común de las Fuerzas Armadas: sólo existieron “excesos” lamentables.

EN CONCLUSION:

Marcos Ibazeta ha pretendido labrarse una imagen de pulcritud y transparencia. Vemos ahora su funcionalidad con el fujimorismo y con violadores de derechos humanos. Dado que Ibazeta, de ser elegido magistrado, tendría que defender la institucionalidad y los derechos humanos, estas cartas de presentación son todo menos un buen síntoma de que sería un buen magistrado.

POST SCRIPTUM: Al cierre de este post, tres fuentes me han confirmado que Ibazeta estaría fuera de carrera. Esperaremos a mañana viernes, fecha para la cual se ha ofrecido la lista definitiva de finalistas al TC.

Ayer, el Primer Vicepresidente de la República Luis Giampietri cometió un papelón monumental que incluso puede costarle una moción de censura al Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo. Según propias declaraciones del almirante, el ex premier de Fujimori, el inhabilitado Alberto Pandolfi, había trabajado durante 5 meses - “ad honorem” - en las cuestiones referidas al Fenómeno del Niño.

En el programa Prensa Libre, conducido por Rosa María Palacios, Del Castillo afirmó que Pandolfi no tenía oficina en la Presidencia del Consejo de Ministros y que no había trabajado para su despacho. Tratando de “arreglar” el entuerto, Giampietri sostuvo que en realidad había trabajado para él, asesorándolo en conseguir unos créditos ante la Comisión Andina de Fomento. Con ello, terminó de embarrarse más, dado que se presentó a Pandolfi como asesor del gobierno en esta materia y siguió alabando al ex defensor de Montesinos ante una sorprendida Palacios.

(Dicho sea de paso, la periodista y abogada cuestionó las calidades profesionales de Pandolfi, quien no aplicó ninguna de las recomendaciones que hizo la entonces consultora en temas de Reforma del Estado).

Para terminarle de complicar más las cosas al almirante, hoy Perú.21, saca una nota de prensa del Ministerio de Agricultura, fechada el 23 de octubre de 2006, en la que se da cuenta de actividades de monitoreo que el titular de dicho sector, Juan José Salazar, hizo en la región norte sobre el tema de El Niño. Lo sorprendente es este párrafo:

El ministro hizo estas declaraciones luego de visitar las obras de encauzamiento de prevención del río La Leche y río Reque en compañía del primer vicepresidente de la República Luis Giampietri y del Ing. Alberto Pandolfi, asesor en materia del fenómeno de El Niño.

Por cierto, en este espacio habíamos reportado de una presencia anterior de Pandolfi:

El sábado, según reveló ayer Cecilia Valenzuela, Giampietri, a quien Alan García ha encomendado las labores de prevención de los posibles efectos del Fenómeno del Niño, no tuvo mejor idea que llevar al Consejo de Ministros como asesor para este tema a Alberto Pandolfi, ex Premier del fujimorismo, especialista en las defensas de Vladimiro Montesinos, y utilizado para cuanto ministerio quedara vacante durante el gobierno autocrático que padecimos en los noventa.
(DTP, martes 12 de septiembre de 2006).

Sea como fuere, Giampietri está metido en un serio problema: o infringió la inhabilitación dada por el Congreso a Pandolfi o indujo al error al Primer Ministro. Y ambas cosas, en una sociedad que se respete, no deberían ser disculpadas, más aún si el principal involucrado insiste en su ardorosa defensa de uno de los principales operadores políticos de la dictadura fujimorista.

Está claro que Giampietri ha acumulado un poder enorme en el gobierno. No sólo ocupa el cargo de Primer Vicepresidente de la República y de Congresista. Dentro del Congreso es el presidente de la Comisión de Inteligencia, cargo que ocupará durante todo el mandato parlamentario, y desde el cual tiene acceso a información valiosa y reservada. Diversas versiones periodísticas lo sindican, además, como el hombre detrás de la inteligencia destinada a amedrentar a opositores al gobierno y a sus intereses particulares.

A estos cuestionamientos se suma su desenfrenada defensa y ceguera frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, defensa que lo ha llevado a cuestionar el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación con argumentos tan baldíes y prejuiciosos como los siguientes:

“Sendero ha promovido como medio de acción directa en sus fines a la Comisión de la Verdad, iniciativa de Abimael, apoyado por la izquierda huevera y las ONG Justicia Viva, IDL y otras organizaciones de derechos humanos vigentes en el Perú y el extranjero. Inexplicablemente están siendo apoyados económicamente por el gobierno norteamericano a través del USAID. Estas organizaciones han reemplazado a las de “abogados democráticos” en sus funciones, dirigiendo y coordinando las defensas y acusaciones de los terroristas a las Fuerzas Armadas”
(La Primera, 20 de mayo de 2005)

Estrambótica visión sobre el conflicto armado interno que lo ha llevado a presentar una cuestionable moción contra la política antisubversiva de los gobiernos de Paniagua y Toledo, para seguir preservando el sentido común de la frase “sin el Chino, todo es caos”.

Esta cuestión lo llevó a que, en su primera acción como Presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, llamara al director de la APCI para preguntarle sobre las actividades del Instituto de Defensa Legal, una de las prestigiosas organizaciones de derechos humanos, y que patrocina el caso de El Frontón, en la que, hasta hace un mes, estuvieron involucrados Giampietri, Agustín Mantilla y Alan García Pérez. Es decir, un interés particular de por medio.

Interés particular que también tiene que ver con el tema anticorrupción. Según informamos en septiembre del año pasado, Giampietri tiene una investigación sobre once licitaciones producidas en la Marina de Guerra del Perú, para la compra de baterías primarias para torpedos SS-4, recuperación de misiles Otomat MK2 y misiles Exocet MM-38, adquisición de 580 hidrófonos, y motores para las corbetas misileras. Esta denuncia se basa en un informe de la propia Contraloría General de la República sobre las irregularidades existentes. El aprendiz de Montesinos del régimen era el presidente del Comité de Adquisiciones de la Marina en ese caso. Lo curioso es que el jefe de los procuradores del Estado, el compañero Moises Tambini del Valle, despidió a la abogada encargada de la investigación a Giampietri.

Es en ese contexto, además de su nada oculta amistad con el fujimorismo, es que debe entenderse la vergonzosa moción aprobada en su favor en el Congreso contra la Primera Sala Anticorrupción. Y como olvidar la defensa que el Cardenal Juan Luis Cipriani hiciera en su favor.

Lo cierto es que todas estas inconductas las tolera Alan García y su séquito, por más que les cuesten serios problemas e, incluso, por lo menos el mal rato del debate de una moción de censura al gabinete. Si fueramos lo suficientemente ilusos, le pediríamos a García que lo bote de la bancada y lo saque de la vicepresidencia, pero ello sería como pedirle que admitiera que cometió un error, cosa que un Presidente con un ego más grande que su estatura física jamás hará. Coincidimos con aquella apreciación de Gustavo Gorriti, dada hace algunas semanas:

“García es un gran táctico de la política y un buen estratega también, a la vez que un mediocre estadista, por falta de consistencia en el mediano y largo plazo. Llega un momento, para ese tipo de líderes, en el que el poder es más importante que sus fines, como para algunos jugadores la gambeta y las huachas son más importantes que el gol. Bajo esa circunstancia, humillar a su entorno, bajarle la llanta al Premier, demostrar quién manda a quién, se hace más importante que la práctica consistente de buen gobierno.”

Lo triste es confirmar que el mal menor de junio ha acentuado su condición de mal. El país, a la larga, lo lamentará.

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: ¡Chimpúm Giampietri!
Martín Tanaka: Una más sobre la alianza aprofujimorista.
Gustavo Gorriti: Giampietri está identificado con lo más oscuro del fujimorismo. Por eso propuso a Pandolfi, un criado de Montesinos.

Un ex Premier de Fujimori trabaja para Alan García.

La primicia, en verdad, la dio Ojo de forma exclusiva: ayer, mediante Resolución Suprema N° 058-2007-PCM, Alberto Pandolfi Arbulú, ex Primer Ministro de la dictadura fujimorista, ha sido nombrado como Director Ejecutivo del Programa de Reducción de Vulnerabilidades frente al Evento Recurrente de El Niño (PREVEN). Los firmantes de la resolución: Alan García Pérez y el nuevo jefe directo de Pandolfi: Jorge del Castillo Gálvez.

Pandolfi está comprometido políticamente en varias de las decisiones más polémicas del régimen fujimorista. Durante sus dos periodos como Primer Ministro, Pandolfi tuvo que tragarse los sapos de los astronómicos ingresos de Vladimiro Montesinos (diciendo que se justificaban mediante sus trabajos como abogado), justificar el despojo ilegal de Frecuencia Latina, explicar la Ley de Interpretación Auténtica, decir que Fujimori sólo ganaba S/. 2,200 como Presidente de la República, maromar para intentar no chamuscarse con la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional. Un hombre que en plena celebración de los 50 años de la Declaración de Derechos humanos se atrevió a defender la soberanía del Estado en un tema, digamos, incómodo para el régimen de aquel entonces.

Pero si Pandolfi ya merecería por esto tener la señal de alarma puesta, habría que recordar un hecho singular y que los apristas seguramente sacarán para intentar defender el nombramiento: durante el fujimorato, el ex Premier fue director del CEREN (Comité Ejecutivo de Reconstruccion de El Niño), entidad que trabajó con bastante demora y poca eficiencia en aminorar el impacto de este fenómeno natural. Con justa razón, Caretas señaló en su momento que la política fujimorista sobre El Niño fue bastante errática. Y según un trabajo elaborado por Antonio Zapata y Kenneth Broad, “la característica dominante de su trabajo (del CEREN) ha sido lentitud e insuficiencia que causaban frustraciones numerosas en las provincias afectadas“.

Ciertamente, el fenómeno de El Niño que enfrentamos es de mucha menor magnitud que en 1997 y 1998. Pero es necesario que se tenga un plan de largo plazo para cuando ocurra una circunstancia natural como la que vivimos hace 10 años, cuya incidencia puede aumentar con los fenómenos climáticos causados por el calentamiento global. Un incompetente no puede estar a cargo de esta tarea.

Por lo demás, esto es una clara muestra de que el gobierno está yendo hacia un lado bastante oscuro, cada vez más inocultable. Nombrar a un sujeto que se tragó todos los sapos inimaginables durante el fujimorato es una muestra de ello.

ACTUALIZACION:

Luego que todas las bancadas de oposición cuestionaran el nombramiento de Pandolfi, el ahora amnesico Primer Ministro Jorge del Castillo tuvo que desenmbarcar al ex premier de Fujimori. ¿El motivo? Algún inteligente en la PCM se había “olvidado” que sobre este personaje pesaba la Resolución Legislativa Nº 010-2002-CR, que establecía una inhabilitación de 10 años para ejercer un cargo público para el protector del Chino y de Montesinos.

Más sorpendente aún, Del Castillo reveló, con nombre y apellido, quien recomendó al cuestionado funcionario:

Del Castillo Gálvez argumentó que el citado ex premier fujimorista fue propuesto por el primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri, para “un cargo técnico, no político y permanente”, debido a la labor que desempeñó durante el fenómeno de 1998. (Vía CPN Radio)

Dos cuestiones a resaltar. La primera, es la recomendación a una persona cuya competencia para el tema del Fenómeno del Niño esta en cuestionamiento. La segunda, es la comprobación del poder que viene teniendo Luis Giampietri en el gobierno: ya no sólo es el hombre detrás de la inteligencia y de las persecuciones contra todo lo que esté relacionado con defensa de los derechos humanos, ahora se da el lujo de poner a sus amigotes fujimoristas - no olvidemos, fue regidor por Vamos Vecino en 1998, cuando todas las cochinadas ya se sabían - en cargos públicos. No en vano Giampietri es parte del movimiento político del cuestionado Alex Kouri. Y, como bien lo ha recordado Víctor Andrés García Belaúnde, Pandolfi fue quien firmó la norma que declaró como Vía Expresa a la Av. Faucett, con lo que Kouri pudo construir su cuestionada obra camino al aeropuerto de Lima.

Esto, francamente, cada día se pone peor.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: Desembarcaron a Pandolfi.
Perú.com: Fiel a su estilo y al fujimorismo, Luisa María Cuculiza fue la única que saludo el nombramiento.

Ayer los aprestos autoritarios de los que ha venido haciendo gala el Presidente de la República, así como un grupo de parlamentarios del oficialismo y un sector de la prensa que comparte un desprecio por los derechos humanos y la institucionalidad democrática sufieron dos reveses que son dignos de comentar.

PRIMER ESPALDARAZO PARLAMENTARIO A LA CVR

El primero de ellos es la declaración firmada por 69 congresistas de todas las bancadas en el que se comprometen a actuar conjuntamente para el desarrollo legislativo de propuestas en tres temas vinculados con las recomendaciones propuestas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La propuesta, impulsada por los congresistas Güido Lombardi, Rosario Sasieta, Elizabeth León y Víctor Mayorga, supone un trabajo parlamentario enfocado en tres temas centrales:
a) Derecho a la identidad. Con prioridad de la situación de niños y niñas que permanecen hoy indocumentados, particularmente en zonas rurales de los andes y la amazonía.
b) Desarrollo de programas integrales de atención a la salud mental para las víctimas de la violencia.
c) Reformas y modificaciones pertinentes en la currícula educativa, con la finalidad de incorporar los aspectos sustantivos del Informe Final de la CVR referidos a la verdad y la reconciliación.

Tal ha sido el consenso sobre estos temas que se ha congregado a buena parte de las bancadas de UPP, Partido Nacionalista y Alianza Parlamentaria (en este último caso, a la bancada completa, así como a conspicuos líderes del Partido Aprista como Jorge del Castillo, Mercedes Cabanillas, Luis Alva Castro, Aurelio Pastor y Luis Negreiros. Incluso dos integantes del fujimorismo - Rolando Reátegui y Cecilia Chacón - y la segunda vicepresidenta de la República han firmado esta declaración.

Como era de esperarse, las firmas de personajes como Mauricio Mulder, Lourdes Alcorta, Luis Giampietri, Keiko Fujimori y Luisa María Cuculiza no aparecen ni por asomo en el documento.

Además de los temas importantes a ser tocados a partir de la legislatura que comenzará en marzo, es resaltante que los firmantes señalaran, en el primer párrafo del documento, lo siguiente:

“El reconocimiento al diagnóstico profundo de la realidad formulado por la CVR en su informe final de agosto de 2003, así como a los contenidos sustantivos de las recomendaciones allí contenidas, nos persuaden a promover un amplio debate en este renovado Congreso de la República, con la finalidad de establecer pautas de acción que puedan ser asumidas de manera conjunta por sus miembros, independientemente de la filiación o pertenencia a las diferentes organizaciones políticas que se encuentran hoy representadas en el Parlamento Nacional”.

A LA PENA DE MUERTE LE DIERON VUELTA

La segunda noticia buena venida desde la Plaza Bolivar fue el archivamiento del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para aplicar la pena de muerte para casos de terrorismo.

Es evidente que el Estado tiene que hacer algo para detener a los remanentes de Sendero Luminoso que aún operan, pero ello no se puede hacer apelando a los mismos métodos que este grupo de personas cometían. Los miembros de los grupos subversivos se irrogaron la potestad de decidir quien merecía o no seguir viviendo en nombre de lo que ellos calificaban como “el bien común”, y de lo que desde la mayor parte de la sociedad se calificó como desprecio por la vida humana y que demostró el carácter totalitario y de desprecio por los derechos humanos de estas organizaciones. Los denominados “ajusticiamientos populares”, los asesinatos selectivos y las masacres colectivas cometidas por Sendero Luminoso y el MRTA constituyen una muestra de hasta donde puede llegar el desprecio por la vida humana.

Sin embargo, el Estado no puede actuar con la misma lógica con la que actúan los grupos subversivos en nombre de la pacificación. Existe una deslegitimación factual de las acciones del Estado para enfrentar a la subversión si es que éstas se basan en la vulneración de los derechos humanos. Lo ocurrido durante los años del conflicto armado interno nos mostró que es lo que el Estado no debe hacer en estos casos. Si bien era inevitable y legítimo que los gobiernos democráticos declararan estados de excepción y que se utilizara a las Fuerzas Armadas en el combate contra los grupos subversivos, el Estado no tomó las previsiones necesarias para impedir que los derechos fundamentales de la población fueran atropellados, desatendiéndose las denuncias sobre las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden y, en algunos casos, garantizando la impunidad de los responsables de las mismas. Ello hizo que se produjera numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes estatales que, en algunos lugares y momentos, fueron prácticas generalizadas o sistemáticas de violaciones a los derechos humanos.

La aprobación de la pena de muerte para casos de terrorismo hubiera implicado que el Estado peruano no aprendió la lección de los años de violencia. Las estrategias contrasubversivas que apelaron a la eliminación de población civil resultaron contraproducentes no sólo por razones de principio, sino también por cuestiones prácticas: la represión indiscriminada postergó la ruptura entre Sendero Luminoso y los sectores más pobres del campesinado y no evitó la expansión de las acciones armadas a otras zonas del país.

A ello se suman los argumentos ya dados por diferentes estudios o personas especialistas en la materia: la pena de muerte no es disuasiva, en el caso de terroristas podría convertir en mártires a los ejecutados e implicaría la renuncia al sistema interamericano de derechos humanos. La condena de la Unión Europea a esta iniciativa gubernamental, añadida a la sensibilidad mundial por la ejecución de Saddam Hussein nos hubiera implicado un papelón internacional de dimensiones mayúsculas, sumado a lo que hubiera significado que alguien que se proclame socialdemócrata apele a los sentimientos más primarios de la población y a los sectores más reaccionarios de la política y el periodismo peruanos.

Porque sólo como reaccionario e insensato se podría calificar un comentario sobre la pena de muerte con el que un conocido editorialista se lamenta la desaprobación de la medida. Aquí, va el párrafo final:
“Y estoy a favor de la pena de muerte en un sentido laico, al margen de creencias religiosas u opiniones clericales. La apruebo abiertamente porque me gusta polemizar contra el discurso ‘políticamente correcto’ y castrante a nivel intelectual de la izquierda y de la Iglesia”.
(Aldo Mariátegui, “Sobre la Pena de Muerte”, Correo)

El tema de fondo es que muchos consideran las torturas, los asesinatos y las matanzas como necesidades de la guerra, frente a las cuales no cabe ninguna denuncia o intento de llevar a la justicia a sus perpetradores, pues para esta gente significaría apuñalar por la espalda a quienes combatieron al senderismo. Ese desleznable argumento nos llevaría a que Telmo Hurtado, el asesino de Accomarca, Alvaro Artaza, el marino que fue el terror de Huanta o los miembros del Grupo Colina sean santificados como héroes nacionales y no como lo que son, asesinos de inocentes.

Y SIN EMBARGO

No obstante estas dos victorias, es totalmente preocupante el ritmo crecientemente autoritario con el que el Presidente de la República viene conduciendo su gestión gubernamental.

Veamos los hitos de esta preocupante tendencia presidencial y gubernamental:
- La inclusión como primer vicepresidente de la República de Luis Giampietri Rojas, personaje con un discurso contrario a la defensa de los derechos humanos e involucrado en los sucesos de los penales de 1986, así como en acusaciones de corrupción durante la época de Alberto Fujimori. A ello se suma la presencia como Ministro de la Producción de Rafael Rey, hombre ligado al fujimorismo durante la década pasada, quien votó a favor de la indignante ley de amnistía.
- El desinterés en la lucha contra la corrupción y en la extradición de Alberto Fujimori.
- Ley que modifica las facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, con el fin de controlar los proyectos de las ong’s. Esta norma fue claramente una vendetta del APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo contra as organizaciones no gubernamentales involucradas en temas de institucionalidad democrática, derechos humanos, lucha contra la corrupción y defensa del medio ambiente.
- La reciente confraternidad con el mandatario más autoritario de la región, Hugo Chávez Frías.
- Sus proyectos para imponer la pena de muerte para violadores y terroristas, que ocasionarían la salida del Perú del sistema interamericano de derechos humanos. su único apoyo: quien más, el fujimorismo. Por cierto, ahora derrotado políticamente, García busca un referéndum, imposible de cumplir de acuerdo con la Constitución, que prohibe este tipo de consultas para la disminución de derechos fundamentales.
- El maltrato del que vienen siendo objeto 8 campesinos, acusados sin pruebas de ser los responsables de las condenables muertes de 8 personas a manos de Sendero Luminoso.
- Las leguleyadas con las que se intenta evadir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Penal Castro Castro y el no reconocimiento de que se produjeron ejecuciones extrajudiciales en 1992.
- La exagerada postura de parte de la bancada aprista de acusar constitucionalmente a Alejandro Toledo por los allanamientos del Perú ante el sistema interamericano.
- La mentira del Presidente al señalar que existían 1,208 casos pendientes ante la Corte Interamericana, cuando sólo existía 1 en dicha instancia y 195 ante la Comisión Interamericana, que no necesariamente llegarán todos a la Corte.
- La ofensa a la familia del campesino ayacuchano Bernabé Baldeón, amparado por la Corte Interamericana al haber sufrido torturas seguidas de muerte en 1990 y al que acusó sin pruebas de ser terrorista. A García no le ha quedado otra que disculparse públicamente con la familia.

Todo esto sólo en 6 meses de gobierno.

Mientras tanto, Expreso, La Razón y Correo son los únicos diarios que lo aplauden, la votación de ayer demuestra su soledad y falta en reflejo al aliarse con un grupo autoritario y cuya única agenda es la protección de un delincuente y su crdibilidad comienza - si es que no ha terminado - de irse al tacho de la basura entre los sectores intelectuales y periodisticos del país, muchos de los cuales lo apoyaron frente a la amenaza autoritaria que representaba Ollanta Humala. Hoy, con su actitud, Ollanta Humala se da el lujo de aparecer como defensor de derechos humanos - por su posición contraria a la pena de muerte - y a Alejandro Toledo lo podrían convertir en Premio Nacional de Derechos Humanos, si es que siguen echando la culpa de una responsabilidad sobre un hecho que no le corresponde a él, sino a Alberto Fujimori.

Cuando AGP asumió el poder, dijimos que tenía una oportunidad histórica para hacer un buen gobierno. Hoy es hora de decirle al Presidente que debe enmendar rumbos, pues el camino que viene escogiendo lo aleja cada vez más del estadista que dice ser y lo acerca más a un carnavalesco y patético autócrata, de aquellos que han pululado tanto en América Latina. Para eso no lo elegimos, Dr. García. No queremos un gobierno cuyo aroma sea el del colector de La Chira.

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: García y Fujimori.
Alan García: Referéndum para la pena de muerte.
Jorge del Castillo: Ejecutivo descarta otros mecanismos para aplicar pena de muerte a terroristas.
Aurelio Pastor: A Alejandro Toledo no se le podría acusar por allanamiento ante la CIDH.
Raúl Castro: Pena de muerte contra violadores también sería archivada.
Perú.21: 69 congresistas apoyan recomendaciones de la CVR.
Javier Valle Riestra: Pena de muerte no es disuasiva.
Declaración de Congresistas para impulsar y tomar medidas que contribuyan a la debida atención de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La República: Carta de familiares de Bernabé Baldeón García al Presidente de la República.
Editorial de Caretas: Fusilándose el pie.
IDEHPUCP: Comentarios al Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo sobre pena de muerte para terroristas.
Carlos Raffo: Congreso “se chupó” al no aprobar pena de muerte para terroristas.

Quiere ser Presidente de la Corte Suprema, pero su trayectoria lo delata como un “anti reforma”

El lunes 11 de diciembre, el Poder Judicial se juega buena parte de su futuro. Ese día se elige al nuevo Presidente de dicho Poder del Estado.

Esta elección ha cobrado singular importancia, toda vez que en la ciudadanía en general ha manifestado su interés en que, de una vez por todas, se emprenda la reforma de la administración de justicia en el país, uno de los servicios públicos más importantes para todos los ciudadanos, pero que se encuentra dentro de los peor percibidos por la opinión pública.

Asimismo, se ha hecho énfasis en la necesidad de hacer más transparente esta elección, en la que sólo participan los vocales supremos, dado que la decisión que se tome repercutirá en la vida de los peruanos. Sin embargo, algunos miembros del Poder Judicial (encabezados por el inefable vocal Robinson Gonzáles) han respondido a estas solicitudes de transparencia con insultos y acusaciones (infundadas) de ingerencia en el Poder Judicial, de las cuales se han hecho eco medios como Expreso y La Razón, cuya catadura moral es por todos conocida.

Pues bien, uno de los principales candidatos a este puesto es Javier Villa Stein, un abogado que durante varios años fungió como Notario de Lima y que desde 2004 es Vocal de la Corte Suprema de Justicia, desempeñándose actualmente como Presidente de la Sala Constitucional y Social Transitoria y anteriormente fue miembro de la Sala Penal Transitoria, desde la cual conoció muchos casos anticorrupción que llegaron en apelación.

Sin embargo, este Vocal tiene varias perlas en su haber.

Mientras fue abogado en ejercicio, Villa Stein se convirtió en el abogado más consultado por los diarios Expreso (aun bajo la administración Calmell del Solar) y La Razón. ¿El motivo? Sostener desde las páginas de estos periodicos lo siguiente:
- Que los vladivideos no constituyen medios de prueba válidos porque fueron filmados en forma ilegal. Villa Stein ignoró años de doctrina procesal penal que señala que lo importante es la introducción legal de la prueba al proceso penal y no como fue obtenida.
- Una defensa cerrada de los hermanos Wolfenson. En La Razón, llegó a señalar que “en el caso de los hermanos Wolfenson ve una vendetta que busca castigar a los medios de comunicación incómodos al Ejecutivo“.
- Ataques al sistema anticorrupción. En La Razón sostuvo que “los magistrados anticorrupción actúan como acólitos del Poder Ejecutivo“, “están cometiendo prevaricato todos los días” y “son activos participantes de una persecución política en el Perú“. Boccatto di cardinale para los miembros de la mafia.
- Sobre el caso Calmell del Solar, el diario Expreso señaló en 2001: “en cuanto a la presunta recepción de dinero de Calmell del Solar de Vladimiro Montesinos, el abogado penalista dijo que mientras no lo haya recibido un funcionario público era poco lo que se podía hacer, ya que no constituía un delito“. Tesis que no ha sido acogida por los magistrados anticorrupción, ni tampoco por la Corte Suprema.

Villa Stein, además, ha asesorado a los hoy condenados por corrupción José Villanueva Ruesta, Alberto Kouri y Blanca Nélida Colán.

Por si fuera poco, la semana pasada se reveló que el hijo de Villa Stein, Ernesto Villa Morán, había trabajado en el estudio de César Nakazaki, abogado del extraditable Alberto Fujimori, y que ahora labora como asesor del congresista fujimorista Rolando Souza, quien funge como defensor legal del ex presidente desde el Parlamento. Villa Morán, además, participó en la comisión de transferencia del Ministerio de Justicia como asesor de Moisés Tambini del Valle, puesto desde el cual podía tener acceso a documentos sobre los procesos anticorrupción. Cabe mencionar que Nakasaki & Souza son socios del mismo estudio jurídico.

Como magistrado, Villa Stein ha emitido polémicas sentencias como en el caso de la anulación de un proceso por malversación de fondos contra el ex Ministro y asesor Absalón Vásquez Villanueva. Dio una resolución - felizmente luego impugnada y modificada - para archivar el caso de la falsificación de firmas de Perú 2000, por considerar que no existía un delito en dicho acto. Villa Stein también se rehusó a solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Jorge Mufarech, investigado por defraudación tributaria y aduanera, lo que hizo que el caso prescribiera.

Villa Stein, además, ha sido comprometido por el corrupto vocal Eduardo Palacios Villar - el que se vendió por 400 soles - en el caso de recepción de coima dada por el ex policía Wilfredo Ipanaqué. Villa Stein fue el abogado que resolvió este caso.

Según versiones periodísticas, Villa Stein contaría, además, con el apoyo del Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, Moises Tambini del Valle, el ex jefe de su hijo. Tambini, militante aprista, es cuestionado también por su obstaculización a la lucha anticorrupción, en particular, por intentarle sacar las castañas del fuego a Luis Giampietri, el vicepresidente involucrado - ademásn del caso El Frontón - en irregularidades por compras de armamento durante el fujimorato.

Para culminar con el cuadro, esta semana La Ventana Indiscreta publicó un reportaje en el que dio a conocer el informe psicológico practicado por la Universidad del Pacífico y encargado por el Consejo Nacional de la Magistratura cuando Villa Stein postuló al puesto de Vocal Supremo.

El informe psicológico señala que “cuando se presentan vínculos afectivos, estos presentan en él mecanismos poco adecuados que se traducen en hostilidad y fuerte tensión, ya que los considera inaceptables para su desenvolvimiento” y concluye “se trata de una persona sumamente insegura, dependiente, y frente a la adversidad, demuestra pocos recursos para hacerle frente (…) con altos niveles de ansiedad“.

En suma, un postulante sumamente cuestionable y que a mi criterio, no debiera ser Presidente del poder del Estado que más cambios urgentes requiere para su reforma, a fin que los ciudadanos puedan ser mejor atendidos. Ojala el 11 no tengamos la noticia de su elección.

MAS SOBRE EL TEMA:
Justicia Viva: Currículum Vitae presentado por Javier Villa Stein.
Agenciaperú.com: El oscuro pasado del vocal Villa Stein.
La República: Hijo de Villa Stein trabajó con Nakasaki y ahora asesora a Souza en el Congreso.
Guillermo Cabala: Villa Stein debe tener mesura.
Perú.21: Villa Stein dixit.

El personaje que ven arriba es uno de los sacerdotes más valientes y dignos que existen en el país: Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi. Alguien que, a mi modo de ver, debió ser Cardenal antes que otros que pocos méritos hicieron para hacerse acreedor a dicho cargo.

La trayectoria de Bambarén merecería un post aparte, pero tres hechos la marcan: su apoyo a los pueblos jóvenes - en particular, a Villa El Salvador -, su papel durante el conflicto interno apoyando a los feligreses de su querido Chimbote (y que luego complementó como Observador de la Santa Sede en la CVR) y su posición en contra de la corrupción, que lo llevó a encabezar una marcha el año pasado, con gran exito.

Bueno, fiel a su estilo y a decir su verdad, Bambarén criticó hace algunas semanas el cinismo con el que el extraditable Alberto Fujimori se despachó a su gusto ante el juez chileno Alvarez, diciendo que “no tenía conocimiento” de ninguna de las fechorías que perpetró. Monseñor dijo que el Chino daba, una vez más, muestras de su conocido cinismo y declaró lo siguiente:

“Todos sabemos que está mintiendo en este caso. Conocemos testimonios de miembros del grupo Colina que en el juicio y a través del mecanismo de la confesión sincera han denunciado que Fujimori todo lo conocía“.

Pero, como siempre sucede con los críticos de Fujimori, su baja policía se encarga de pretender desacreditarlos. Sucede con los pasquines Expreso y La Razón y ahora ocurre con el oficioso vocero fujimorista Carlos Raffo.

El asalariado de Fujimori, presto a la moda de los hijos secretos, sacó la especie - falsa, por cierto - de que Monseñor tenía un hijo en Chimbote. Su cómplice en esta andanza (como para confirmar el pacto APRA - fujimorismo) fue nada menos que el candidato aprista a la alcaldía provincial del Santa (Chimbote), Josué Noriega. El día de las elecciones, Bambarén pidió una rectificación a ambos personajes, cosa que no han hecho.

Hoy Monseñor fue a CPN Radio y allí ha exigido disculpas y una rectificación pública de parte del congresista de la mafia, caso contrario, acudirá a los tribunales para hacer valer su derecho al honor y a la buena reputación. Pero Raffo, fiel a su estilo de cantina de la peor especie, ha dicho que sólo se disculpará si Bambarén se retracta de lo que el considera como “barbaridades” contra su mentor y guía.

Osea, el señor miente y no quiere que lo llamen mentiroso ni cínico, su lacayo y chupamedias difama y encima exige rectificación. La catadura moral de esta gente se expresa en actitudes como estas.

Pero este asunto no sólo afecta a la honra de Bambarén. Raffo sabe que tejer una acusación como esta pretende tener un efecto sobre la carrera religiosa de Monseñor, un personaje incómodo para mafias de toda laya y gente que atropelló derechos como senderistas, velasquistas y fujimoristas, además de toda gente que mantiene un pensamiento conservador dentro de la Iglesia, como cierto sujeto que pulula en el Arzobispado de Lima.

Pregunta final: ¿Si finalmente se inicia un juicio, los otorongos le levantarán la inmunidad a Raffo?

ACTUALIZACION (29/11/2006): El día de hoy, en Radio San Borja, Josué Noriega, secretario general del APRA en Chimbote, pidió disculpas a Monseñor Bambarén por las declaraciones que dio sobre su presunta paternidad. El prelado aceptó de buen grado las disculpas y se reunirá con Noriega la proxima semana.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Comercio: Bambarén califica de cínico a Fujimori por apelar al olvido.
CPN Radio: Bambarén denunciará a Carlos Raffo si no se disculpa por injurias.
Carlos Raffo: Solo me disculparé si Bambarén retira “barbaridades” contra Fujimori.
AgenciaPerú.com: Entrevista de Cecilia Valenzuela a Luis Bambarén.
Ideele Radio: Noriega pide disculpas a Bambarén y Conferencia Episcopal Peruana pide investigar a Raffo.