Desde el Tercer Piso

Jorge del Castillo sigue tirando por la borda su prestigio.

Ayer estuve leyendo, como todas las mañanas, buena parte de los diarios. Me topé con Expreso, que generalmente hojeo para ver que piensa la vereda de enfrente y encontré una entrevista a Jorge del Castillo sobre derechos humanos. Lo que encontré: un entrevistador tendencioso y un Primer Ministro con varias omisiones a la verdad, por decir lo menos. A continuación, la disección de cada falacia dicha.

– En los años 90′ había cuatro mil presos por terrorismo, ahora hay solo 600, por una interpretación interesada de la flexibilidad penal, promovida por las ONG políticas.

Ha habido un exceso de garantismo

–Eso se hizo con el aval de los dos gobiernos anteriores. ¿Qué hará su gobierno para detener la salida de más terroristas?

En primer lugar, hay grupos que ven con otros ojos a estas personas, pero son terroristas y pueden a volver sus actos de sangre. En esto tenemos que ser inflexibles, hay que seguir perseverando hasta el final para acabar con los remanentes senderistas.

Primera mentira. Decir que la supuesta “flexibilización penal” de los gobiernos de Paniagua y Toledo ha generado menos terroristas en las cárceles es una falacia. Como lo mencioné hace unos meses, se olvida que los regímenes de conmutación de penas e indultos vienen desde la época de Fujimori y no se ha podido comprobar que alguna de las personas beneficiadas haya incurrido en actos terroristas. Esta fue la acusación que quisieron plantearle, en su momento, a Diego García - Sayán en su momento, y que fue archivada hace un mes por el propio Congreso. También se olvida que en democracia se ha podido condenar a penas altas a casi todos los líderes de Sendero Luminoso y el MRTA, incluyendo a Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre.

–Hace tiempo algunos países de la región buscaron introducir reformas en la CIDH, para que deje de responder a ideologías izquierdistas y responda a principios democráticos. ¿El gobierno retomará ese camino?

Ese fue un voto singular, creo. Tiene que atenerse al sentido común, que es suficiente para saber ver las cosas: Sendero Luminoso ha sido y es un grupo terrorista.

Quizas al entrevistador y al Primer Ministro les haga falta leer el Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que se señala que los Estados deben enfrentar esta amenaza a los derechos fundamentales de las personas, pero sin afectar los derechos humanos. Más claro el deslinde del sistema interamericano de derechos humanos, ni el agua. Sigamos.

–Por otro lado, se juzga y condena a muchos militares a partir de una perversa doctrina de la “cadena de mando”.

Lamentablemente intentan demostrar que hubo una política de Estado en ese sentido. Yo discrepo con la Comisión de la Verdad en esa apreciación, puesto que los excesos son aislados y no una política de Estado. Lo peor es que quienes denuncian son personas que estuvieron, de una u otra forma, comprometidas con la génesis de la violencia, son denunciantes después de haber predicado la violencia.

Sobre la cadena de mando, la CVR señala que no puede aplicarse de manera inmediata, sino después de haber verificado la existencia de un patrón sistemático y generalizado de violaciones a los derechos humanos, siendo extensiva hasta el jefe del Comando Politico Militar de la zona cuando esta situación se compruebe. Asimismo, indica que, para el caso de jefes militares que no estaban en el lugar de los hechos o en la zona de dominio militar, que su responsabilidad se estimará solo cuando:

“Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que sus subordinados estaban cometiendo esas violaciones o se proponían cometerlas;
Las violaciones guarden relación con las actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y,
No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto el conocimiento de las autoridades competentes“.

Resulta curioso que el periodista diga que esa tesis es ilegal, coincidiendo con las doctrinas que Sergio Tapia Tapia, el asesor de Giampietri, defiende junto a sus amigos argentinos que avalaron a la dictadura militar.

En lo que se refiere a las Fuerzas Armadas, basta referirnos a las conclusiones de la CVR. Para muestra, cuatro botones:

53. La CVR reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia y rinde su más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber.

54. La CVR ha encontrado que las fuerzas armadas aplicaron una estrategia que en un primer período fue de represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa de pertenecer al PCP-SL. En un segundo período, esa estrategia se hizo más selectiva, aunque continuó posibilitando numerosas violaciones de los derechos humanos.

55. La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las fuerzas armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario.

56. La CVR concluye que, en este marco, los comandos político-militares (CPM), erigidos en autoridad estatal máxima de las zonas de emergencia, pueden tener la responsabilidad primaria por estos crímenes. El Poder Judicial debe establecer el grado exacto de responsabilidad penal de quienes ejercieron los CPM, ya sea por haber ordenado, incitado, facilitado o encubierto estos hechos, o bien por haber omitido el deber fundamental de ponerles coto.

–Los militares procesados injustamente esperan un gesto del gobierno que les transmita apoyo, sin que esto se malinterprete como una interferencia en la Judicatura…

Claro que no lo es. En eso estamos muy claros. Hay una parte nomás, en el tema de reparaciones, que hemos decidido asumir, pero de manera voluntaria.

¿Qué gesto insinua el periodista? ¿Acaso una ley de amnistía? Viniendo de un diario que parece el vocero de la ADDCOT, no me parece extraño.

Lo verdaderamente preocupante es lo que dice Del Castillo sobre el Informe de la CVR.

Primero, porque se parte de una premisa falsa: decir que el informe es tan vinculante como una sentencia judicial, y no lo es, pero si tiene un valor especial por haber sido encargado por el propio Estado, en dos gobiernos democráticos y por haber sido trabajado en un esfuerzo de investigación de dos años destinados a encontrar la verdad de lo ocurrido en los años de violencia. Trabajo que terminó revelando, además, nuestras carencias como nación y como seres humanos.

En segundo lugar, porque deja de lado no solo el campo de la judicialización, sino lo referente a reformas institucionales recomendadas por el Informe, confirmando lo que un blogger dijo ayer: “A estas alturas ya deberíamos saber que pedirle reformas estructurales al Gobierno es como pedirle al presidente que deje de salir en televisión”.

En tercer lugar, porque manifiesta su desprecio por las víctimas: las reparaciones sólo se dan de manera voluntaria. Es decir, no admite la existencia de la obligación del Estado en reparar el daño causado a miles de peruanos, tanto por obra de Sendero Luminoso y el MRTA, como de los agentes del Estado.

–El próximo año saldrán de la cárcel Osmán Morote, Maritza Garrido Lecca, y otros senderistas que nunca han renunciado a la lucha armada. ¿Estamos preparados para ese hecho?

El informe de la Comisión de la Verdad desliza en sus conclusiones que grupos de izquierda se prestaron a justificar la violencia de Sendero Luminoso, y los señala con nombre propio, pero parece que esa gente no escarmienta, y vuelve a las andadas de seguir justificando la violencia. Son los tontos útiles del comunismo.

Aclaración para quien hizo la nota. Ni Morote ni Garrido Lecca salen de la carcel el próximo año. Si pueden solicitar acogerse a beneficios penitenciarios por cumplir tres cuartas partes de su condena, pero, con lo dicho por el propio redactor, ningún juez les otorgará ese beneficio y tendrán que cumplir la pena completa.

Y, por cierto, por si el Premier no está enterado. Su amigo Allan Wagner, Ministro de Defensa, viene terminando de preparar una normativa especial que permita a las Fuerzas Armadas combatir a la subversión, respetando los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

No me sorprende la ignorancia y la tendenciosidad del entrevistador de Expreso. A estas alturas, todos sabemos que posición tiene ese diario en materia de derechos humanos. Sí llama la atención lo de Jorge del Castillo, quien siempre había pretendido presentarse como moderado en estos temas, pero cuyas declaraciones terminan siendo muy parecidas a las de Mulder, Giampietri o Gonzáles Posada. Una lástima.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Blog del Morsa: Morir en Huancavelica.

Defensa nacional, ministros y desaires

Durante el fin de semana, hemos sido testigos de uno de esos vergonzosos episodios de maltrato a los que ya nos tiene acostumbrado el Presidente de la República.

Todo comenzó el jueves, durante la ceremonia del 50° aniversario del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En ella, el Ministro de Defensa Allan Wagner dio un discurso de orden en relación con dicha fecha, en el cual señaló, textualmente, lo siguiente.

“Tenemos, por último, un riesgo que proviene de la baja operatividad de nuestras Fuerzas Armadas, resultado de años de descuido y, yo diría, de una grave irresponsabilidad nacional, en su mantenimiento y modernización. Y es un riesgo – y no una amenaza - porque, si bien sepodría asumir que no existe intencionalidad de atacar militarmente a nuestro Estado, sí hay actores que tienen capacidad suficiente para hacerlo. Ello configura un riesgo de acuerdo a la definición antes expuesta y, frente a ello, nuestras Fuerzas Armadas deben contar con la adecuada capacidad y preparación para cumplir con el mandato constitucional de “garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República””.

Al día siguiente de pronunciado este discurso se armó la pampa, pues el Presidente de la República recriminó a Wagner en público por hacer esta observación.

“Yo creo que esos temas no hay que tratarlos -y se lo digo al ministro de Defensa y se lo digo al jefe del Comando Conjunto (de las FF.AA.)-, a través de la prensa”, dijo Alan el viernes.

Y, convertido una vez más en el vocero de los halcones militares, Luis Gonzáles Posada - añorando cada vez más los tiempos de su cuñado Juan Velasco Alvarado - señaló: “Acá debe haber una suerte de cura de silencio. No podemos continuar señalando nuestras debilidades”.

Pero el sábado, cuando muchos de nosotros estabamos en plena hora del desayuno, Alan y Allan salieron de Palacio contentos, con palmaditas en el hombro y señalando que “el impasse había sido superado” y Wagner dijo que “el jalón de orejas” había sido entendido.

No veíamos esto desde los tiempos en que Beatriz Merino era llevada al sacrificio por la chakana, o, peor aún, desde la época en que Fujimori tenía “ministros - gerentes” o hacía bailar a Francisco Tudela “el ritmo del chino”.

Lo que ha dicho Wagner es cierto. Las Fuerzas Armadas carecen de operatividad. Eso no es un secreto para nadie, ni para nuestros vecinos, que se deben estar matando de la risa viendo a AGP y a su corte tratando de tapar el sol con un dedo.

En todo país civilizado que se precie de serlo, la política de Defensa no es un ghetto, no es un compartimento cerrado fuera del escrutinio público. Basta ver 60 Minutes o hasta el cauto Meet The Press en Estados Unidos para comprobar que las políticas dictadas desde el Departamento de Defensa y ejecutadas por las Fuerzas Armadas están puestas en debate por lo menos una vez al mes.

Señalar que revelar nuestras debilidades es una invitación a la invasión es seguir pensando como en el siglo XIX, épocas en que todas las disputas entre los Estados se solucionaban por la fuerza. Porque ese es el mensaje implícito que García y sus corifeos se han encargado de señalar.

Y la operatividad de las Fuerzas Armadas no es un asunto de más o menos plata en las alforjas militares, como algunos pretenden hacernos creer. El debate pasa por responderse a varias preguntas: ¿cuáles son las reales amenazas a la seguridad nacional? ¿cuánta plata debe gastarse en armas en un país que tiene prioridades más importantes como el combate a la pobreza, la salud o la educación? ¿Qué es lo que se enseña a nuestros militares?

Finalmente, si las Fuerzas Armadas no son operativas, ello no se debe a los juicios que por corrupción y violaciones a los derechos humanos vienen afrontando algunos de sus miembros. Se sigue pensando, bajo un falso espíritu de cuerpo, que estos procesamientos hacen daño a la institución o a su moral. Sin embargo, debe quedar claro que los recursos escasos con los que operan las Fuerzas Armadas no deben estar a sujetos a malversaciones, ni que la actuación de los militares no debe estar sujetas a los límites que imponen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Si queremos Fuerzas Armadas sólidas debatamos el tema abiertamente. No sigamos con los estancos cerrados al público. Y, en cuanto al Ministro de Defensa, hágase respetar. La carta de renuncia siempre es una forma de expresarle al Presidente que no está dispuesto a dejarse tratar de la misma manera en como Ferrando trataba a sus partners de Trampolín a la Fama.

MAS SOBRE EL TEMA:
Lee el discurso de Allan Wagner aqui.
Perú.21: García ratifica a Wagner y pone fin a impasse.
Editorial de La República: Cosas públicas.
Mirko Lauer: El pudor: ¿un arma militar?
Angel Paez: El último chiste de García.
César Hildebrandt: Un hombre digno.
Fernando Rospigliosi: Maltratos y agravios.

La ceremonia de relevo en la Comandancia General del Ejército, realizada el último miércoles en el Pentagonito, ha sido la muestra clara de las dos corrientes que circulan actualmente en los institutos armados.

Por un lado, tuvimos el penoso discurso de salida del General César Reinoso, quien como todos sabemos salió del Ejército “renunciado” por las explicaciones insatisfactorias sobre el destino de los montos presupuestados por combustible y denuncias de corrupción en la compra de pertechos y comida para la tropa. Fue sintomático que Allan Wagner, Ministro de Defensa, no estuviera presente durante el discurso de Reinoso.

Reinoso señaló que su salida, al igual que la de 4 generales más, eran actos “totalmente antirreglamentarios y anticonstitucionales“.

El ex Comandante General pertenece a la promoción 1973 y tanto los generales de esta promoción como de la siguiente pasaron al retiro esta semana. Los medios de prensa han informado que por lo menos dos de estos generales afrontan investigaciones por el caso de los pertechos y en el caso del General José Williams Zapata, dos procesos judiciales.

El tema es que la salida de estos 5 generales se realizó respetando la línea de carrera y las normas legales vigentes. Además, nos hallábamos en una situación de emergencia moral en las Fuerzas Armadas que era necesario dar paso a un comando renovado en ideas y convicciones morales, tal cómo ocurrió una vez caida la dictadura fujimorista.

Reinoso se despachó a su gusto, dijo que fue víctima de una campaña “revanchista y ruin” con informaciones difamatorias, por parte de algunos oficiales “desafectos”, por haber sancionado “drásticamente” a los responsables de faltas administrativas y disciplinarias (es decir, acusa al hoy retirado general Rafael Hoyos de Vinatea, el otro involucrado en el caso de la carretera a Cabana). E incluso dio bravatas en contra de Wagner como la siguiente: “Ante la inacción política del sector, tuve que salir a defender, yo solo, el prestigio institucional, pese a que no tenía responsabilidad penal ni funcional (.), motivo por el cual me vi en la imperiosa obligación moral de no permitir que mi persona fuera utilizada para mancillar el honor de la institución que tanto amo y, por esas razones, presente mi carta de renuncia irrevocable“. Como que el tonito de advertencia indica que a Wagner le va a esperar fuego graneado en los próximos meses.

Pero, a los pocos minutos, fuimos testigos no sólo de un cambio de Comandante General, sino también de un discurso y, esperemos, de una nueva actitud en el Ejército Peruano.

El general Edwin Donayre, nuevo Comandante General, dio un discurso que parecía escuchar a quienes hemos reclamado por transparencia y reformas en una institución que las necesita a gritos. Sus puntos más resaltantes fueron los siguientes:
- Las inspecciones en el Ejército se desarrollarán en cualquier momento y cualquier dependencia. Recordemos que la denuncia de Gustavo Gorriti se basó en la evasión de inspecciones y visitas de la Contraloría.
- Relevo de todos los oficiales involucrados en casos de corrupción, a quienes se garantizará su derecho a la defensa.
- Invitar a CONSUCODE y a la Contraloría a supervisar los procesos de licitación de mayor cuantía.
- Mejora de condiciones para suboficiales, incluyendo proyecto inmobiliario.
- Relación más fluida con los medios de comunicación.
- No llorar por más presupuesto. El componente humano es el más importante del Ejército.

Si Donayre pusiera en práctica estas ideas, así como las recomendaciones de la Comisión Especial de Reforma de las Fuerzas Armadas y el Proyecto Ejército, así como lo señalado por la CVR como reformas institucionales, sin duda, tendremos un mejor Ejército. Lo necesitamos, luego de años de azote de corrupción y de encubrimiento de hechos luctuosos que todos conocemos (aunque algunos se empeñen en negarlo).

POST SCRIPTUM: Nos preocupa seriamente que algunos estén pensando en sacar a Allan Wagner como Ministro de Defensa, ya que es el único que tiene una agenda clara de reformas en el gobierno. Nos alerta de esto el diario La Primera:

¿Cambios en el gabinete?
La designación de Luis Gonzales Posada como nuevo ministro de Defensa es prácticamente un secreto a voces. Y es que la difícil situación del actual titular del Mindef, Allan Wagner, como consecuencia de las recientes denuncias y escándalos en el Ejército, le estarían pasando la factura, al punto que desde el Ejecutivo se dice que el presidente Alan García le habría bajado el dedo.

Viniendo del diario de propiedad de Ricardo Wong, tan cercano al APRA, ¿será cierto esto?

MAS SOBRE EL TEMA:
Lee el discurso completo del General Edwin Donayre.
Caretas: El Bazucazo de Wagner.

Dos ejemplos de la poca transparencia gubernamental.

UN PORTAL PRESIDENCIAL VACIO

Hace unos años, se consiguió que se aprobara la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, norma fundamental para que el Estado nos brinde la información sobre sus actividades oficiales, presupuestos, adquisiciones y demás información relevante. Esto le permite al ciudadano conocer como funciona realmente el aparato estatal y ejercer la fiscalización necesaria sobre las actividades y fondos estatales.

En su artículo 5, la norma señala lo siguiente:

“Las entidades de la Administración Pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información:
1. Datos generales de la entidad de la Administración Pública que incluyan principalmente las disposiciones y comunicados emitidos, su organización, organigrama, procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos, que la regula, si corresponde.
2. La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones.
3. Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. La publicación incluirá el detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos.
4. Actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron los altos funcionarios de la respectiva entidad, entendiéndose como tales a los titulares de la misma y a los cargos del nivel subsiguiente.
5. La información adicional que la entidad considere pertinente“.

Pues bien, el primer llamado a cumplir con la norma no lo está haciendo.

Como es sabido, el Despacho Presidencial durante el gobierno de Alejandro Toledo implementó el Portal Electrónico de la Presidencia de la República, en el que mal que bien, podíamos acceder a varios de los datos señalados por la Ley.

Sin embargo, desde que Alan García entró al poder hace 4 meses, el Portal Presidencial se encuentra desactualizado y con el consabido mensaje de “pagina en mantenimiento”.

Una actualización no demora tanto tiempo. México ha actualizado en 3 días su portal presidencial con el cambio de gobierno. Chile lo hizo en 2 días.

Si el Presidente busca hacernos creer que ha cambiado, quizas debiera comenzar por este pequeño pero significativo detalle que, además, es una disposición que quien debe velar por cumplir y hacer cumplir las leyes debe acatar.

A ELLOS LES GUSTA LA GASOLINA.

El jueves, en su columna semanal en Caretas, Gustavo Gorriti hizo una denuncia realmente explosiva sobre corrupción en los altos mandos del Ejército Peruano.

A cada unidad del Ejército le dan determinados montos por dotación de gasolina para sus vehículos. Los montos deben ser auditados por la Contraloría General de la República, para verificar si es que se le dio un adecuado uso.

Lo que Gorriti denunció fue el intento de miembros del Ejército de “hacerle el avión” a la Contraloría. La Brigada de Fuerzas Especiales hizo traer 6 vehículos que están inutilizados y les cambió la placa de rodaje para justificar el gasto en combustible, que en realidad iría al bolsillo de alguien en la Brigada de Fuerzas Especiales. Felizmente, la Contraloría anotó los números de motores de los vehículos, con lo que el engaño se hizo evidente.

Lo mismo habría ocurrido en la propia Comandancia General del Ejército, a la cual se entrega más de 10 mil galones de gasolina al mes, que son en realidad vales, es decir, dinero. Y para justificarlos habrían traido los vehículos del Ejército de todo Lima, que no reciben ni una sola gota de combustible de dicha partida. Allan Wagner solicitó un informe al Comandante General del Ejército César Reinoso sobre el tema, el cual desconocemos si lo entregó en el plazo de 24 horas solicitado por el Ministro de Defensa.

Esto se da en un contexto donde en el Ejército siguen los ecos de las siguientes denuncias:
- La estafa en la construcción de la carretera a Cabana, que motivó mutuas acusaciones entre César Reinoso y el general Rafael Hoyos de Vinatea. La situación de ambos es complicada, más aun cuando el propio ex presidente Alejandro Toledo mencionó en la sesión del sábado en el Congreso que quienes debían rendir informe al Ministro de Defensa por este tema eran tanto el Comandante General (Reinoso) como el Jefe de la Segunda Región Militar (Hoyos). Dicha declaración, sumada a esta denuncia, estaría por desencadenar la salida de Reinoso de su puesto el 31 de diciembre.
- El tráfico de arsenales y polvorines del Ejército.
- La denuncia de varios jefes miitares sobre comida malograda o material en mal estado, situación dramática en el caso de la unidad contrasubversiva.

Y a pesar de todo esto, hay quienes siguen pensando que “con el Ejército no hay que meterse”, “a las Fuerzas Armadas ni tocarlas con el pétalo de una rosa” o que siguen constituyendo “un poder tutelar de la Nación”.

El Ejército es una institución que merece respeto. Pero quienes se lo faltan no son quienes criticamos lo malo que ocurre allí, sino los propios uniformados que han convertido en una chacra a dicha entidad, o quienes se convierten en defensores de ladrones y violadores de derechos humanos. La denuncia de Gorriti, documentada y sustentada, se convierte en el síntoma de alerta que el gobierno requiere para, de una vez por todas, dar paso a una reforma de las Fuerzas Armadas que las comprometa con la democracia, el respeto a los derechos humanos y a la legalidad. De lo contrario, algo en los cuarteles seguirá oliendo a podrido, tanto por los millones esquimados al Estado o los cadáveres escondidos bajo la alfombra.

ACTUALIZACION:
A la medianoche de hoy, Alan García anunció que César Reinoso pasa al retiro y cambió también al Jefe de Estado Mayor, Inspector General y jefe de la Segunda Región Militar, así como al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas José Williams Zapata.
Los militares nombrados, en particular el General Edwin Donayre, nuevo Comandante General del Ejército, tienen gran ascendiente y una carrera sin mácula.
Preocupa el envío del General Williams a la Junta Interamericana de Defensa en Washigton, en momentos que tiene procesos pendientes con la justicia.

No es una nueva versión de “Volver al Futuro”, pero parece que regresaramos a 1993.

De CPN Radio:

“La ex candidata presidencial, Martha Chávez, sostuvo que los miembros de las Fuerzas Armadas, entre los que se encuentran los integrantes del grupo paramilitar Colina, merecen el reconocimiento del país a pesar de los errores o excesos que cometieron.

“Para mí, los que nos defendieron del terrorismo son mejores a pesar de sus excesos o errores que habrían cometido en una guerra que fue comenzada por los terroristas y no conozco una guerra donde no hayan caído inocentes”, argumentó.”

Que recuerde, ninguno de los miembros de Colina peleó en la guerra contra Ecuador en 1981. Era menos probable que lo hicieran en 1995, porque en ese momento muchos de ellos estaban en una prisión militar cumpliendo la sentencia que el Consejo de Justicia Militar les impuso - indebidamente, porque no tenía competencia para procesarlos por violaciones a los derechos humanos - en 1994 y que intercambiarían por la vergonzosa Ley de Amnistía, la cual, por cierto, Chávez también aplaudió en la entrevista dada a CPN.

Por lo demás, no extraña de una persona que dijo en su momento que los estudiantes de La Cantuta se habían autosecuestrado, que votó a favor de la Ley de Amnistía, que amparaba a Vladimiro Montesinos, que señaló que “valía matar en algunos casos” para justificar que dispararan a quienes protestaban contra Fujimori y que incluso se atrevió a señalar que había que analizar el video Kouri - Montesinos porque en Forrest Gump se había puesto a Tom Hanks junto a presidentes muertos.

Un ejemplo más de que la Universidad no lo hace todo y que la señora Chavez al parecer no ha entendido que las vidas humanas no son costos a pagar. El “pensamiento Raúl Romero”, que no es otra cosa que el cinismo más puro y justificar la muerte, sigue vivito en la defensora de Fujimori.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Blog del Morsa: Martha Chávez y el horror de la guerra.
Utero de Marita: ¡Esa es mi tía Martha!

La reestructuración que las Fuerzas Armadas no quieren impulsar.

EL ESTADO DE LA CUESTION

La dictadura instaurada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos durante la década de los noventa se basó en el apoyo de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Al culminar dicho periodo de nuestra historia, quedaba en claro lo siguiente:
a) Los altos mandos de las Fuerzas Armadas participaron en un gobierno autoritario, en lugar de defender la democracia y el Estado de Derecho, tal cual es su obligación ante la Nación.
b) Las Fuerzas Armadas intervinieron en política, a pesar que su carácter “no deliberante” no lo permite. El extremo de eta práctica fue la firma de “cartas de sujección” al régimen.
c) La cúpula militar se enriqueció ilícitamente, a través de negociados en la compra de armamento y otras adquisiciones, así como de relaciones con el narcotráfico y desvío de fondos.
d) Se encubrieron y/o perpetraron violaciones a los derechos humanos.
e) Los ascensos y bajas dentro de las instituciones castrenses se produjeron sobre la base de lealtades políticas con el régimen de turno y no de acuerdo a los méritos.
f) El uso de los servicios de inteligencia para la hostilización de opositores y el proyecto reeleccionista de Fujimori.

Asimismo, esta situación fue permitida por una educación militar que no prepara a los hombres de armas para la democracia, así como por una cultura del secreto y un mal entendido “espíritu de cuerpo” que encubre o elude responsabilidades sobre actos ilícitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.

Era claro, entonces, que una de las tareas de la transición democrática era la reforma de las Fuerzas Armadas, a fin de garantizar su operatividad dentro de un sistema democrático, con mecanismos de transparencia y profesionalidad y sin encubrir delitos cometidos tanto en el pasado como en el presente.

El gobierno de Valentín Paniagua emprendió la creación de un sistema anticorrupción que permitió que los miembros de dicha cúpula militar fueran procesados y enviados a una prisión común, siendo la mayoría sentenciados por actos de corrupción. Asimismo, se declararon nulos los ascensos producidos al final de régimen fujimorista, las Fuerzas Armadas ingresaron al ámbito de vigilancia de la Contraloría General de la República y al Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado. De otro lado, los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas pidieron perdón al país por su sujeción a la dictadura fujimorista y se manifestaron a favor de la creación de la Comisión de la Verdad para la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

El gobierno de Alejandro Toledo debía liderar un esfuerzo de reforma integral de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, comenzó con mal pie, al nombrar a David Waisman como Ministro de Defensa. Waisman no era una persona capacitada para el cargo y depositó la dirección del Ministerio, en la práctica, en asesores de dudosa reputación y capacidad.

A finales del 2001 se constituyó la Comisión para la Reestructuración Integral de las Fuerzas Armadas, conformada por miembros del gobierno, militares en retiro y especialistas civiles en el tema militar. Esta Comisión contó con el apoyo de Narcis Serra, el Ministro de Defensa español que lideró un proceso similar en su país. Al final de su trabajo, se emitió un Informe Final sobre las siguientes bases:
a) La reestructuración de las Fuerzas Armadas es parte del proceso de modernización del Estado y de la consolidación democrática.
b) La reestructuración debe situar a las Fuerzas Armadas en el marco del Estado Democrático de derecho, sujetas a la autoridad del gobierno elegido. Debe apuntar a la normalización de las relaciones entre civiles y militares en un contexto democrático.
c) La reestructuración es un conjunto de medidas a aplicar en el corto, mediano y largo plazo. El acto inicial determinante es la creación de un Ministerio de Defensa que funcione como órgano de diseño, ejecución y supervisión de la política de defensa, siendo el instrumento básico del control civil democrático de las Fuerzas Armadas.

Este proceso debía realizarse, tomando en consideración las siguientes dificultades:
a) La herencia nefasta del régimen fujimorista.
b) Problemas por superar en el ámbito de los derechos humanos.
c) Un alto nivel de autonomía de las instituciones castrenses respecto del poder político institucional.
d) Tendencias autoritarias incluso en partidos democráticos.
e) Falta de normas que normen de manera clara la seguridad, la defensa y el orden interno.
f) Escaso número de civiles y organizaciones que ayuden al diseño de políticas en el ámbito de seguridad y defensa y que ejerzan un mecanismo de fiscalización por fuera del Estado.
g) Problemas de seguridad derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y de la inestabilidad de la región.

En 2002, Aurelio Loret de Mola es designado como Ministro de Defensa y se compromete con el paquete de reformas. El cambio que más impulsó fue la creación de un nuevo Ministerio de Defensa, cuya implementación duró un año. Loret de Mola, que impulsó además la creación de un Centro de Estudios en Derecho Internacional Humanitario, entre otras labores, salió en protesta por las dificultades presupuestales del sector. El Ministro consideraba que era necesario elevar el presupuesto para las Fuerzas Armadas, tanto por su operatividad como para que los militares aceptaran los cambios a implementarse.

Luego de la partida de Loret de Mola, se retoma la costumbre de nombrar militares en retiro en el cargo. Fue el caso de Roberto Chiabra, un oficial competente, pero con un proceso pendiente por supuestos actos de corrupción y poco compromiso con la reforma militar. A ello se sumó su participación en las propuestas de ascensos del año 2004, donde acabo cediendo tanto a presiones políticas como a quienes reclamaban mayor autonomía militar en este aspecto. Posteriormente fue nombrado Marciano Rengifo, otro militar en retiro, perteneciente al partido de gobierno, donde la cosa desencadenó en la creación del Fondo de Defensa Nacional, con total autonomía de manejo por parte de los institutos armados y el retroceso en muchos de los aspectos avanzados.

En el fondo, se comprobó que una reforma solo era posible si es que se institucionalizaban los mecanismos para efectuarla y existía una voluntad política del gobierno. Pero ambos se fueron diluyendo durante el gobierno de Toledo.

A ello se suma que el tema de la reforma militar no fue tocado por los principales candidatos presidenciales y que, además, sus “expertos” en la materia fueron oficiales en retiro, en lugar de capacitar a los miembros de sus partidos en la problemática de seguridad y defensa. En suma, la clase política, como en muchas cosas, se hizo de la vista gorda.

SIGNOS OMINOSOS

En julio de 2006, ya durante el gobierno de Alan García, fue nombrado como Ministro de Defensa Allan Wagner, un reconocido diplomático de carrera, que incorporó como viceministros y equipo asesor a civiles destacados como Fabián Novak, profesor de Derecho Internacional, y Renzo Chiri, secretario ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas.

Wagner llegó con ideas nuevas. Planteó una reestructuración administrativa de su Ministerio que duraría 300 días, anunció que los aumentos presupuestales se darían en base a una determinación de las amenazas a la seguridad y tiene la intención de que las Fuerzas Armadas asuman el saneamiento de su pasado, tanto en temas de derechos humanos como de corrupción.

Han sido los problemas del pasado (y algunos del presente) los que han generado mayores dudas al Ministro y los primeros signos ominosos de parte de personas que no están involucradas con la reforma y que, además, muestran las dificultades que tendrá Wagner en su gestión. Aquí un repaso:
a) El escándalo de la construcción de la carretera a Cabana durante las postrimerías del régimen de Toledo demostró dos cosas. La primera: las Fuerzas Armadas no tienen porque involucrarse en la construcción de vías. La segunda: hay mafias que siguen operando, como la de los Aybar Cancho, involucrados en el tráfico de armas a las FARC.
b) El fuego cruzado de acusaciones entre el actual Comandante General del Ejército, Cesar Reinoso, y el General Rafael Hoyos de Vinatea, a quien se abrió un proceso sumario por lo de la carretera a Cabana. El final se ve venir: ambos pasarían a retiro en diciembre.
c) La adquisición de pertrechos y alimentos en mal estado para las bases contrasubversivas encargadas del combate a los remanentes a Sendero Luminoso. Todo un desaliento a las personas que deberían estar mejor atendidas.
d) El robo de pertrechos militares para venderlos a las FARC. Es decir, el “Plan Siberia” de Montesinos en versión artesanal.
e) La denuncia hecha por Perú.21 sobre un desfalco en la Fuerza Aerea.
f) La denuncia hecha por Caretas sobre la compra de vehículos lujosos para militares de alto rango. Un balazo a la austeridad. Compra felizmente detenida por el Ministro Wagner.
g) El encendido y patético discurso del almirante Luis Giampietri, primer Vicepresidente de la República y congresista, defendiendo la impunidad para sus compañeros de armas que violaron derechos humanos durante la guerra contrasubversiva.
h) El escándalo alrededor del accidente del avión Fokker de la Marina donde viajaba el equipo de Alianza Lima en 1987.
i) Las propuestas parlamentarias para volver al servicio militar obligatorio y la instrucción pre militar en los colegios.

A ello se suma la campaña que desde los periódicos “Expreso” y “La Razón”, voceros oficiosos de todo aquel que se oponga a reforma democrática alguna, se hace para que el Ministro Wagner despida a sus colaboradores, no toque a las Fuerzas Armadas o se vaya a su casa.

¿POR DONDE ENCAMINAR LA REFORMA?

Para volver el impulso de reforma, es necesario tomar medidas de corto plazo, como las siguientes:
a) Salida del Comandante General del Ejército y del General Hoyos de Vinatea, así como de la cúpula de la Fuerza Aerea.
b) Presentación y aprobación de una ley de ascensos y situación militar en las Fuerzas Armadas.
c) Continuar con la reestructuración administrativa del Ministerio de Defensa.
d) Revisar el Libro Blanco de la Defensa Nacional, a fin de identificar las amenazas a la seguridad nacional de manera clara y sobre esa base, aumentar el presupuesto militar.
e) Establecer un sistema de control externo de los gastos de las Fuerzas Armadas, así como un departamento de asuntos internos.
f) Descartar cualquier iniciativa de vuelta al servicio militar obligatorio o a la instrucción pre militar.
g) Establecer mecanismos de adquisiciones que garanticen transparencia, control y accionar conjunto. Someter las contrataciones y adquisiciones al control de CONSUCODE.
i) Formulación de un Código de Etica que entatice los valores de respeto a los principios constitucionales, democráticos, a los derechos humanos y a practicar la honestidad y el honor militar.
j) Proseguir con una política de colaboración en los procesos judiciales e investigaciones seguidas contra militares por violaciones a los derechos humanos.
k) Formular las nuevas leyes de justicia militar, de acuerdo a los criterios señalados por el Tribunal Constitucional

Ello implica no dejar de lado las recomendaciones de la Comisión para la Reestructuración Integral de las Fuerzas Armadas, que implican cambios constitucionales, legales, administrativos y educativos que deben comenzar a ser implementados por el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Como vemos, no es un problema de recursos del que adolece nuestras Fuerzas Armadas. Es un problema institucional de más amplio rango. De boicotearse nuevamente un esfuerzo de reforma, quizás esta misma columna se repita con las mismas palabras, pero agregando lo que no se hizo (o se hizo mal) durante el gobierno de Alan García.

ENLACES:
Fernando Rospigliosi: Cambios en las FF.AA.
Salomón Lerner Febres: “Tenemos un Estado precario que no impulsa las reformas institucionales”.
Iris Jave: Poder Civil.
Carlos Basombrío: Guerra en los cuarteles.