Desde el Tercer Piso

Temprano, lei en Perú.21 la historia de como Umberto Jara logró a entrevistar a Santiago Martin Rivas, el líder operativo del destacamento Colina. La historia nos muestra a un militar que se siente traicionado ante las evidencias de corrupción que recayeron sobre quienes fueron sus superiores y, frente a dichas evidencias de lo que considera como una “traición al código de ética militar”, decide hablar con Jara.

Pero también hay otra lógica detrás y que es la que hizo evidente un editorial de La Razón de hace unas semanas: considerar cualquier acto de la lucha antisubversiva como heroismo, incluyendo las violaciones de los derechos humanos. Esta es la justificación que subyace a los silencios de Martin Rivas y que, para algunos partidarios de Fujimori, debio ser su mejor argumento de defensa en pos de una amnistía.

Y, de hecho, es la misma lógica que, de alguna manera, las Fuerzas Armadas impusieron a varios de sus miembros durante los años de conflicto armado interno. Al revisar Muerte en el Pentagonito nuevamente - ya a la luz del juicio a Fujimori -, pude comprobar que existía toda un pensamiento detrás que Martin Rivas comparte: el heroísmo es entendido como no tener reglas para actuar, dejar de lado los derechos fundamentales de las personas y así ganar la guerra. Ello es incompatible con Fuerzas Armadas que se encuentran bajo el mando de un gobierno democrático. Lamentablemente, como concluye Ricardo Uceda, los tres gobiernos que debían enfrentar a Sendero Luminoso y al MRTA - responsabilidades políticas y penales aparte - tenían la misma lógica de sus operadores castrenses.

¿Qué es lo que queda? Pues un sentido del honor bastante tergiversado y que comparte un sector de la población: se perdona el asesinato, pero no el robo. De hecho, buena parte de la derecha chilena compartió ese argumento frente a Pinochet: eran “necesarias” las desapariciones para acabar con la “amenaza comunista”, pero una vez que se descubrieron las cuentas en el Riggs, le dieron la espalda. No deja de ser sintomático que un sobrino de Pinochet defendiera a Chinochet.

Pero volvamos a la lógica de Martin Rivas y al remedio para la misma. Si algo quedó postergado en los intentos de reforma militar que se han tenido tímidamente en los gobiernos de Toledo - sobre todo, con Loret de Mola - y con García - en la experiencia Wagner -, fue el tema de la reforma educativa militar, es decir, la formación en las escuelas de instrucción militar. Sin duda, ha sido sintomático que recuperada la democracia se instale un Centro de Formación en Derecho Internacional Humanitario o se incorporen cursos de derechos humanos a la currícula de la formación de oficiales y suboficiales.

Pero ello es insuficiente. Si no se ponen en práctica lo que se aprende en estos cursos - léase, incorporándolo como parte de la formación en combate y en prácticas - pues es poco lo que se podrá hacer. Y también lo será si es que no se modifica un tema de cultura castrense resistente a los controles y que subyace en la lógica de la que Martin Rivas hace gala: la impunidad y la no diferenciación entre el buen soldado y el violador de derechos humanos. Ello, en términos educativos, se llama currículo oculto y tiene que ver con las prácticas que, desde lo cotidiano, se consienten y se enfatizan. Ello pasa en una institución educativa civil como en una militar.

Para ello, es necesario que las Fuerzas Armadas dejen de lado su desencuentro con la sociedad y que está mostrado a través de la formación que se nos da a civiles y militares. Por ejemplo, cuando se nos dice que estamos ante “instituciones tutelares de la Patria” y somos adultos que no merecemos ninguna tutela y, más bien, necesitamos tener mayores elementos para tomar nuestras decisiones. O cuando a los militares se les mete el rollo de que son quienes aman más a su patria, en desmedro de la gente de a pie.

Y es que, así como Martin Rivas, Telmo Hurtado y otros opinan que lo que se hizo en materia de violaciones a derechos humanos es justificable, también forma parte del sentido común de muchos civiles. La verdadera brecha a recuperar es la del respeto de los derechos de los demás y entender que, en democracia, no toda salida es justificable y que los medios condicionan el resultado.

No sorprende que Martin Rivas haya esgrimido la palabra “No” tantas veces que pretendiera hacer que creamos su cinismo y sus mentiras.

Decir que la entrevista brindada a Umberto Jara fue “un ensayo de lo que iba a declarar en el Poder Judicial” resulta francamente inverosimil, sobre todo cuando en dicha “práctica pre - judicial” esgrime una autoconfesión, ante un periodista con el que se sentía cómodo, sobre las actividades del Destacamento Colina, “ensayo” que, por cierto, no ha puesto en práctica en sus declaraciones judiciales.

¿A qué está jugando Martin Rivas? Pues no esta jugando precisamente para el esclarecimiento de los hechos. De hecho, el ex procurador César Azabache explicó ayer en Prensa Libre la serie de incongruencias del testimonio del jefe operativo de Colina, así como los elementos que el tribunal debería tomar en cuenta para ponderar el testimonio de alguien que ha faltado a la verdad. Y también recomendó a todos los abogados involucrados en el proceso que hagan bien su tarea y se dediquen a convencer a quien tienen que convencer, que es a la Sala Penal Especial y no necesariamente a la opinión pública.

Sin embargo, el juicio si puede servir, como apunta bien Laura Arroyo Gárate, para desarmar la tesis esgrimida por los medios adictos a la dictadura de que era necesario vulnerar derechos humanos para derrotar a Sendero Luminoso - y que es la tesis que Martin Rivas esgrime en el libro de Jara - y para el mundo confirme que lo que indicó la Corte Suprema de Chile, al aprobar por unanimidad la extradición en violaciones de los derechos humanos, lo que indica que sí existen elementos claves para el procesamiento y sanción de Alberto Fujimori.

Pero creo que este proceso judicial también deberá servir para comenzar a separar la paja del trigo. Ayer, el jefe de Colina quiso arguir que las acusaciones en su contra eran una campaña contra las Fuerzas Armadas. No todos en las Fuerzas Armadas actuaron como este sujeto y su grupo de la muerte. Hubieron oficiales que defendieron al país con honor y respeto a los derechos humanos y quienes dejaron su vida por defender la democracia. ¿Pueden los familiares de estos militares honorables sentirse bien por ser confundidos con asesinos por declaraciones como estas? No lo creo. Y si bien las Fuerzas Armadas aun son reticentes a aceptar la dimensión de violaciones a los derechos humanos cometidas por sus miembros, no toleran grupos como Colina en su seno.

Seguiremos viendo más declaraciones como estas en varios dias. Y sin duda, no habrá quien se ofrezca a justificarlas. Pero, al final, serán los jueces quienes ponderen. Y para ello, la Fiscalía y los abogados de la parte civil deberán hacer bien su trabajo.

MAS SOBRE EL TEMA:
Laura Arroyo Gárate: ¿Por que DDHH? Juicio a Fujimori
Caretas: Las dos caras de Martin Rivas

Como informamos en su momento, la designación de Ántero Flores - Araoz como Ministro de Defensa fue celebrada especialmente por el diario La Razón.

El nombramiento de un ex columnista suyo hacía que los Wolfenson y Ben Schmuel vivaran ante lo que parecía ser el triunfo de su visión sobre la defensa nacional: ningún control democrático, ningún juicio a los militares que violaron derechos humanos y, por cierto, discrecionalidad total para compras de armamento para un posible conflicto bélico con Chile, que se alienta, sin ningún rubor, desde las páginas de dicho pasquín.

Pues bien, Ben Schmuel y Flores - Araoz se han peleado. ¿El motivo? Pues una campaña del diario de la mafia para que se acelere la compra de armamento. Y Flores - Araoz, que podrá ser todo lo conservador que se quiera, pero tonto no es, respondió con lo siguiente:

El ministro de Defensa, Dr. Antero Flores- Araoz afirmó enfáticamente que su portafolio no cederá a la presión, ni a cualquier intento de “chantaje” de parte de algunas empresas que pretenden obligar al Estado a suscribir contratos de compra de material bélico. Agregó que el Sector Defensa privilegia los tratos Estado con Estado para todo lo que implique la actualización de la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas y la modernización de su material defensivo.

“No nos vamos a dejar, de modo alguno, chantajear por nadie, venga de donde venga. Muchas veces son los vendedores de servicios o de material bélicos los que empujan ciertas noticias para obligar a sentarnos en la mesa y firmar rápido un contrato”, declaró

Y a estas declaraciones, el director del diario del fujimorismo respondió:

Pero sí queremos decirle algunas cosas a nuestro amigo de largos años Antero Flores-Aráoz. Porque no sabemos si además de la ponzoña ideológica, los caviares enquistados en el Pentagonito segregan alguna otra sustancia nociva que hace perder el sentido de las proporciones y el buen juicio a quienes se colocan el fajín de Defensa, al extremo de emitir juicios claramente desinformados, como se desprende de la información que pueden ustedes leer en las páginas cuatro y cinco de este ejemplar.

Por eso la CVR, por eso la persecución judicial a los comandos “Chavín de Huántar” y a más de 500 oficiales y subalternos, por eso el proceso a Fujimori. El cual, no nos cansaremos de repetirlo, tiene al ex presidente de blanco colateral, porque el objetivo principal son los uniformados, a quienes se quiere presentar como una pandilla de genocidas y violadores sistemáticos de derechos humanos y convertir así una gloriosa victoria en una derrota política… y advertirles que no osen tomar las armas en defensa de la Nación en el futuro, porque corren el riesgo de ser sentados en el banquillo, no importan cuántos años pasen.

Pues bien, tamaña muestra de honestidad de parte de ambos personajes nos deja en claro lo que està en juego y que trataré de poner en cristiano.

La agenda de La Razón es clara: aumentar las compras de armamento, pero no de Estado a Estado - como cualquier país actualmente realiza, para evitar los riesgos de corrupción - sino a través de intermediarios. Como bien lo explica Defensa IDL:

Como todo proyecto de inversión que se financia con recursos del Estado, las adquisiciones militares deben pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y ser declaradas viables, socialmente rentables, sostenibles y compatibles con los lineamientos de política planteados en los planes anuales y estratégicos del sector.

Si estas contrataciones y adquisiciones son de carácter de “secreto militar”, estarían exoneradas del proceso de selección, siempre y cuando su objeto esté incluido en la lista que, mediante decreto supremo, haya aprobado el Consejo de Ministros con anterior opinión favorable de la Contraloría General de la República.

¿Y cuál es la única manera en que estas compras sean declaradas como “secreto militar”? Si es que existe un conflicto de por medio, sea interno o externo. Ello explica porque el diario de los Wolfenson levanta tanto los temas de terrorismo y de tensiones con Chile. Si no hay guerra, no hay posibilidad de vender armas salvo que sea por renovación de equipos. Es en esta última hipótesis que el Estado peruano va a comprar armas, de manera paulatina y en trato directo con cada Estado fabricante. La experiencia de comisiones en la compra de armas en la década de los noventa, que tanto añoran los dueños de La Razón, es la que ha vacunado al Ministerio de Defensa contra compras poco transparentes.

El otro tema de agenda tiene que ver con los procesos por violaciones de derechos humanos. Si bien al actual gobierno no le agradan mucho este tipo de procesos judiciales, pues hay que señalar que, a pesar de la lentitud de dichos juicios, no se ha intervenido en acabar con los mismos de manera abrupta, mediante indultos o amnistías. Como esta es una bandera bastante sensible en las Fuerzas Armadas, La Razón la esgrime como causa para poder tumbarse a cualquier Ministro de Defensa. Ya lo hicieron con Wagner y ahora, con las distancias que ha marcado el ex presidente del Congreso, no me extrañaría que la hicieran con Flores - Araoz.

El problema para Flores - Araoz no será enfrentarse a sus antiguos amigos, sino ver hasta que punto sus compañeros de gabinete y su jefe están comprometidos con la agenda del diario de la mafia. Será cuestión de meses saber si es que algún medio de comunicación que tiene un amplio giro de negocios habrá ganado algo con venta de armamento. Y si es que la Defensa Nacional se sigue manejando con criterios modernos.

TRIUNFA CAMPAÑA DE LA RAZON

Glorioso Ejército de Bolognesi, en maniobra sin precedentes, reclama para sí territorio peruano de Arica, robado en 1879.
Presidente García, en mensaje a la Nación, reivindica acción y solicita comprensión de la comunidad internacional con este tema.
Fujimori anuncia apoyo de su bancada a acción de dignidad nacional.
Solo “caviares” y “prochilenos” condenan acto de patriotismo.

Por supuesto que el titular que acabo de colocar es producto de mi imaginación. Sin embargo, no dista de los deseos nada ocultos de un diario encargado de promover el odio hacia un vecino con el que tenemos un tema pendiente, pero con el cual debiéramos tener una mejor relación.

Es conocido que La Razón, el diario más alineado con el fujimorismo y con los intereses del sector más conservador de las Fuerzas Armadas viene propugnando una campaña en contra de la permanencia de Allan Wagner como principal impulsor de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia sobre el tema de la delimitacion marítima contra Chile.

Para ello, no dudan en mentir o en colocar como “expertos en temas internacionales” a militares y diplomáticos en retiro que invocan una supuesta “pro-chilenidad” del ex Ministro de Defensa, con un solo argumento. Para muestra, el botón de hoy:

El presidente de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes (Adogen), general PNP (r) Rolando Llanos, mostró su espanto por la permanencia de Allan Wagner como agente peruano ante la Corte de La Haya, pese a sus demostrados vínculos con Chile.

Según precisó, nuestro país ha tenido desde la Guerra del Pacífico numerosos antecedentes que involucran a “malos peruanos” que lindaron con la traición a la patria, por lo que “temer que Wagner vuelva a actuar en contra de los intereses nacionales, como lo hizo en 1985 y 1986, es absolutamente válido”, en referencia a la aceptación de la violación del Tratado de 1929 respecto de las obligaciones de Chile con el Perú en Arica.

Basta ver los comunicados de ADOGEN para darnos cuenta que pueden defender cuestiones necesarias e importantes como la mejora de la calidad de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas, como su rechazo a cualquier iniciativa vinculada a la defensa de los derechos humanos, especialmente, aquellas que tengan que ver con el conflicto armado interno.

Pero, filias y fobias aparte, el general entrevistado por La Razón - como todos sus invitados recurrentes - miente con descaro. Wagner no es un prochileno interesado en destruir a las Fuerzas Armadas, sino, más bien, es un diplomático que ha defendido a cabalidad los intereses del Perú.

Esta mañana estuve revisando el libro Políticas Exteriores del Perú: Sociología Histórica y Periodismo, de Luis Velaochaga, en el que se hace un exhaustivo resumen de lo que ha sido la política internacional peruana desde los inicios de la República hasta el final del primer gobierno de Alan García. Cabe recordar que, en ese periodo, Wagner fue el Canciller durante buena parte de dicho régimen.

¿Y qué fue lo que hizo Wagner que irrita tanto a los Wolfenson y sus amigos y aliados? Pues tuvo una serie de conversaciones con el entonces canciller chileno Del Valle, a fin de resolver los puntos pendientes del Tratado de Lima de 1929, así como a ampliar la agenda bilateral, lo que incluyó, en primera instancia, reuniones entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas respectivas, en un antecedente de lo que conocemos como hoy como “reuniones 2+2″.

En dichas reuniones, Wagner planteó cuestiones de sentido común, como lo referido al tema del ferrocarril Tacna - Arica (que muchos equivocadamente consideran como de soberanía peruana), la venta del terreno del Chinchorro y el establecimiento de la revisión de los textos de historia para llegar a un acuerdo sobre lo que fue la verdad histórica de la Guerra del Pacífico. Como señala Velaochaga, estos puntos fueron criticados por un sector del periodismo peruano, que hizo campaña.

Los intentos de conversaciones fracasaron, al final, por una posición firme del Perú en materia de derechos humanos, al condenar a Chile en la Comisión de Derechos Humanos por los motivos por todos conocidos.

Pero también Wagner levantó, en ese periodo, la bandera de uno de los cucos del conservadurismo diplomático y militar: la adhesión del Perú a la Convención del Mar, tratado internacional cuyos principios, curiosamente, son los sostenidos por el Perú en su demanda ante la CIJ en La Haya. A pesar de ello, nunca hemos firmado la Convención, por pensar que era contraria a nuestros intereses, debido a un tema meramente de nomenclatura, referido a la definición de lo que significa “mar territorial”. Lo curioso, como refiere Velaochaga en su libro, es que Alan García, opuesto a dicha suscripción, dejó que Wagner trabajara, aunque, a la larga, la falta de respalddo presidencial hizo que el esfuerzo del entonces canciller fuera un fracaso.

En otras palabras, lo que hizo Wagner como canciller fue comenzar a sentar las bases de lo que es la actual posición peruana, defendida por todos los partidos políticos presentes en el Congreso y que, a mi criterio, tiene serias posibilidades de ganar en el fuero internacional. Así que, la acusación de “pro chilenismo” carece de sustento algono.

No es la primera vez que el diario de la mafia la emprende contra el ex canciller. Ya anteriormente informamos de una contracampaña sostenida cuando era Ministro de Defensa. ¿Los motivos? Básicamente, parar cualquier intento de control civil democrático a las Fuerzas Armadas, evitar reformas importantes que Wagner venía impulsando en dicho sector y aumentar los gastos militares en armamento. De allí que La Razón tenga una línea editorial tan belicista hacia Chile y tan favorable al blindaje de las Fuerzas Armadas, a las que veneran como los peruanos al Señor de los Milagros.

La República ha esgrimido argumentos parecidos. Como sostuvo en un informe de ayer:

Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación de este diario, señala que son tres los grupos de poder que están reflejados detrás de la campaña de La Razón. “Primero están los proveedores de armas que exaltan las adquisiciones que hacen los chilenos y, de esa manera, tratan de forzar al Ministerio de Defensa a realizar adquisiciones sin licitación, sin transparencia”, asegura.

El tercer grupo es el que conforman los ex militares que se corrompieron con las adquisiciones y los que están siendo procesados por violación de derechos humanos.

Para terminar. Hay un dato más que debemos tener en cuenta. Como lo señaló recientemente el periodista Marco Sifuentes, la empresa que edita La Razón, Montecristo Editores, ha ampliado su rubro de negocios a varios ámbitos y ha indicado que podría presentarse a cualquier concurso o licitación pública que haga el Estado. Es decir, negocios hay de por medio, y no solo detrás de La Razón. Es esta empresa la que potencialmente tiene la posibilidad de ganarlos.

Más que amor por el Perú, es amor al dinero fácil, aun a costa de lo que significa una guerra: perder vidas humanas. Si eso es “patriotismo”, prefiero cantar que no necesitamos banderas.

ACTUALIZACION (06:26 PM):
Como alguna vez lo dije, este blog no es nada sin sus comentaristas. Y ya dos de ellos me han indicado que la persona presentada como “Presidente de ADOGEN” por La Razón no es el verdadero directivo principal de dicha institución.

De hecho, según la propia web de ADOGEN, el presidente de esta asociación es el General EP (r) Juan Fernández - Dávila Pérez, cercano a las filas apristas y miembro del Consejo de Reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno. En la directiva, no aparece ningún señor Llanos, quien es director de una asociación similar de reciente creación, pero en la Policía Nacional. Todos conocemos como ADOGEN a la asociación de militares y almirantes en retiro, que tiene más de 50 años de existencia y no a la de Llanos, fundada apenas hace 4 años.

A los chicos de La Razón, cabe recordarles el viejo y conocido refrán. Para mentir y comer pescado, hay que tener cuidado.

Es un juego simple el de ser soldado:
ellos siempre insultan, yo siempre callado.
Descansé muy poco y me puse malo,
las estupideces empiezan temprano.
(Sui Generis, Botas Locas)

Se supone que la educación civica es aquella materia colegial en la que deberían darnos los conocimientos necesarios para ser mejores ciudadanos. Ello implica que cualquier profesional de la educación - competente, of course - pueda brindar este tipo de herramientas, dado que, además, también es ciudadano.

Sin embargo, parece que en las obtusas mentes de varias de nuestras autoridades, se sigue creyendo que los valores cívicos son patrimonio casi absoluto de las Fuerzas Armadas.

Otra cosa no se puede decir luego de ver que Manuel Masías ha señalado que oficiales y suboficiales del Ejército dictarán el curso de Educación Cívica en Miraflores, el distrito que dirige desde hace casi un año.

Aunque con justa razón La Columna de Tobi se pregunta si es que no estamos ante otro de los conservadurismos de un alcalde peleado con la comunidad gay y con la diversión juvenil, esto es el pretexto para ver otro de los signos de nuestra cultura política: la absoluta reverencia a las Fuerzas Armadas.

Todos sabemos que las Fuerzas Armadas cumplen una función importante, que es la de preservar la seguridad nacional. Sin embargo, nuestra debilidad institucional, que en muchos momentos ha hecho que los políticos civiles acudan a los cuarteles para buscar soluciones a los problemas que no pueden resolver. Y esa misma debilidad institucional le ha dado un peso de poder fáctico a los militares, quienes son vistos (y se ven a su vez) como los únicos garantes de la peruanidad, dado que reciben una formación distinta a la de los civiles.

Este desencuentro se enfatiza en la educación. Por ejemplo, cuando se nos dice que estamos ante “instituciones tutelares de la Patria” y somos adultos que no merecemos ninguna tutela y, más bien, necesitamos tener mayores elementos para tomar nuestras decisiones. O cuando a los militares se les mete el rollo de que son quienes aman más a su patria, en desmedro de la gente de a pie.

Este tipo de rollo se patentiza en medidas tales como la imposición de los desfiles escolares a paso de ganso - felizmente abolida este año -, los llamados congresales para volver a poner Instrucción Pre Militar y el Servicio Militar Obligatorio y, claro está, la negación de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto interno.

Pero además de estar imbuido en este rollo, Masías comete otro error grosero: olvidarse que la municipalización de la educación no implica desviarse de las políticas nacionales. Aunque a Chang se le olvide, el Ministerio de Educación tiene tres documentos que plantean la política nacional de educación ético política: el Diseño curricular nacional de educación básica regular, el Diseño curricular básico de educación secundaria, y la Propuesta de formación ética del Programa Nacional de Emergencia Educativa. Como se imaginarán, en ninguno de estos documentos se señala que la Educación Civica es patrimonio castrense. Menudo error del alcalde miraflorino en no compatibilizar sus ideas con la política nacional.

Hechos como estos hacen que sea necesario repensar el tipo de relaciones culturales que tenemos civiles y militares. Eso pasa por un cambio en la formación - que incluye la currícula oculta - y por entender que, al fin y al cabo, todos somos ciudadanos, ni más ni menos que otras. Pero medidas como estas siguen haciendo pensar que, a despecho de lo que dijo un desatinado vicepresidente, los militares son ciudadanos de primera categoría en el Perú.

Cuestiones del pasado y del presente se juntan en el mismo horror

Huancavelica. Nuevamente el horror. Otra emboscada más en la que cuatro policías pierden la vida. Otra vez en una ruta de salida de la droga por el VRAE.

Cuando seguimos lamentando aún los hechos en Ocobamba y seguimos preguntándonos si es un Sendero redivivo o, como parece ser, patrullas rentadas de los narcotraficantes en las que intervienen actores de todo tipo, pero en las mismas zonas en las cuales el terror azotó durante muchos años.

Soy de quienes piensan que no nos enfrentamos ante un rebote senderista frente a una supuesta lenidad de los gobiernos de Paniagua, Toledo y García II frente a la subversión. Ni la Comisión de la Verdad y Reconciliación legitimó a Sendero Luminoso o pidió una amnistía - por el contrario, manifestó estar contraria a la misma -, ni tampoco tenemos leyes más débiles para procesar el delito de terrorismo. La monserga de que necesitamos situaciones de emergencia, vulneración de derechos fundamentales y una supuesta mano dura ni siquiera era aceptable en 1992, menos lo es ahora.

Creo que nos enfrentamos a un fenómeno distinto, pero que es producto de dos cuestiones que confluyen: la no atención a las secuelas del conflicto armado (psicosociales, sociopolíticas y económicas) que pueden traducirse en la continuación de la ausencia del Estado en zonas donde la pobreza y la falta de oportunidades se dan la mano y, claro, la acción del narcotráfico, en momentos donde el precio de la cocaína ha aumentado y, por tanto, la demanda es más alta.

Lamentablemente, lejos de entender la complejidad del problema, algunos sectores políticos y mediáticos siguen enfatizando en que debe aplicarse la supuesta estrategia vencedora de los noventa o satanizando a toda la izquierda como si fuera aliada de la violencia. Pues ni la estrategia fujimorista fue la vencedora del terrorismo ni la izquierda (por lo menos, la democrática) apoya la lucha armada como algunos siguen repitiendo.

El nuevo caballo de batalla tiene su nombre y apellido. Se llama Proyecto de Ley de Reglas de Empleo de la Fuerza por las Fuerzas Armadas, preparado por el propio Comando Conjunto y que establecería las normas para las ocasiones en las que se convoque a los militares para labores de orden interno. Como era de suponerse, Giampietri se ha manifestado en contra de la norma, a pesar que el propio Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto han expresado su conformidad con la misma. De hecho, hablando con personas vinculadas a los sectores castrenses en estos días, me expresaron su satisfacción por la misma y me dijeron que hubieran querido tener reglas de este tipo durante la lucha contrasubversiva.

Y es que, además, se sigue entendiendo que la tarea de enfrentar los focos de violencia del país es tarea meramente castrense. En principio, los problemas de orden interno están a cargo del Sector Interior y por ello es tan importante tener un Ministro y no a quien está sentado en Corpac sin muchas ideas. Las Fuerzas Armadas, ciertamente, pueden apoyar en esta tarea, pero bajo un comando único y una estategia que privilegie los aspectos de inteligencia.

Las consecuencias de una política de “mano dura” ya las vienen pagando quienes las hicieron o aplicaron. La reciente detención del general Luis Pérez Documet, involucrado en la matanza de La Cantuta y en las desapariciones de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, es prueba de que este tipo de acciones no serán dejadas impunes, por lo menos, por jueces valientes y que toman la Constitución y la ley como modelo. De hecho, tengo la convicción de que la derrota de Sendero Luminoso se pudo producir antes, si es que no hubieran existido tantas vulneraciones a los derechos fundamentales que alejaron a la población de los encargados de la parte militar del conflicto.

Como todos, quisiera que el terror no se vuelva a apoderar de mi país. Aun recuerdo las bombas a 10 cuadras de mi casa, las imágenes en la televisión que nos recordaban el conflicto y también a uno de mis tios más queridos recibiendo amenazas por estar en el comando de la Policía. Pero también soy consciente que la forma de derrotar a la subversión y al narcotráfico es con una buena estrategia, personas preparadas, mucho trabajo de inteligencia y una comprensión de que el trabajo no solo supone aspectos represivos, sino también de hacer que el Estado se haga presente. Pero parece que en Palacio aún no son conscientes de ello.

MAS SOBRE EL TEMA:
Gustavo Gorriti: Gobierno estaría cometiendo mismos desatinos de inicios de los ochenta
Fernando Rospigliosi: Gobierno quiere evadir su responsabilidad por ataques armados.
José Robles: Congreso debe citar a Ministerio del Interior
Vladimiro Huároc: Estado debe incluir a gobiernos regionales y locales en Plan VRAE
APRODEH: Debe identificarse y sancionarse a responsables de atentado en Huancavelica

Dice llamarse hombre que lucha por la justicia social y, sin embargo, los esfuerzos por luchar contra la pobreza sido vanos para reducir la brecha social que durante la campaña electoral se hizo evidente y patente para todos los peruanos.

Y ahora, el que fue candidato de la democracia frente a la amenaza autoritaria (y real) que suponía Ollanta Humala, sigue mostrando que su respeto por las instituciones y su aprendizaje de la memoria sobre lo que pasó durante el conflicto armado interno - periodo durante el cual gobernó, con los resultados que todos conocemos - sigue siendo escaso, lo que resulta ser bastante preocupante.

Ayer, el Presidente de la República justificó algo que jamás un hombre democrático como dice ser avala: una censura. Como podemos leer ampliamente en Perú.21, Alan García justificó que el Instituto Nacional de Cultura censurara la muestra de dibujos de Piero Quijano, por considerar que uno de sus dibujos - el que publicamos arriba - fuera un “insulto” a las Fuerzas Armadas.

Es decir, luego que las Fuerzas Armadas se convirtieran en curadores de arte, como lo ha admitido hoy al diario La República el Coronel EP Luis Caballero y que genuflexamente el Instituto Nacional de Cultura se convirtiera en un ente censor - cuestión que, según Alonso Alegría, ni siquiera ocurrió en los oscuros tiempos de Velasco -, hoy el Presidente de la República y de un partido que luchó contra varias dictaduras avala lo que durante las instituciones que hoy defiende, durante muchos años, hicieron contra los medios de prensa apristas: la mordaza.

García se siente con autoridad para negar una parte de la historia: las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas durante un conflicto que, todos reconocemos, inició Sendero Luminoso, principal responsable de lo ocurrido, pero que no conlleva a avalar actos execrables que, en algunos lugares y momentos, fueron sistemáticas y generalizadas. Verdad que duele admitir, pero que debemos reconocer para, de una vez por todas, construir un futuro mejor para todos, sin mentiras ni ocultamientos de la verdad.

Pero el Presidente, responsable político de muchos de los actos que refleja el controvertido dibujo de Quijano, prefiere - como todos los políticos hicieron cuando salió el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación - atacar al mensajero, ocultar lo que quiere decir y no hacer una autocrítica sincera sobre lo que fue su gobierno. Autocrítica que, por cierto, sí hizo en cuanto a los horrores económicos de su desastroso gobierno, pero que es materia pendiente en cuanto a lo más valioso que tiene un país: la vida y los derechos de sus ciudadanos.

Por ello da más verguenza que la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República difunda, con relación a la conferencia de prensa de ayer, los siguientes dos párrafos:

CENSURA

El Jefe de Estado dijo la censura que hizo el Instituto Nacional de Cultura a la exposición del artista Piero Quijano es porque no se puede permitir que en un lugar público se insulte a la Fuerza Armada del Perú.

“Usted tiene la calle, tiene su hogar y mil galerías de exposición en todas partes, pero en espacios públicos permitir que se vulnere a las Fuerza Armada, a mí me parece insoportable. He visto la caricatura y me parece lamentable”, señaló.

Y no es la primera vez que el Gobierno muestra su intolerancia frente a aquellos que lo cuestionan. Sino, no se explicarían los siguientes hechos:
- Los intentos por implantar la pena de muerte (09 de agosto de 2006)
- El discurso de Luis Giampietri defendiendo violadores de derechos humanos. (08 de octubre de 2006)
- La Ley contra las Organizaciones No Gubernamentales (27 de octubre de 2006)
- Las mentiras sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castro Castro (enero de 2006)
- Su armada marcha en favor de la pena de muerte y su posterior discurso (19 de enero de 2007)
- El desalojo de la marcha en contra de la pena de muerte. (26 de enero de 2007)
- El ataque a los abogados del caso El Frontón(10 de febrero de 2007)
- Los ataques a los periodistas Marco Sifuentes y Marco Antonio Vásquez en un local aprista (23 de marzo de 2007)
- Moción contra los gobiernos de Toledo y Paniagua por “haber flaqueado frente al terrorismo” (29 de marzo de 2007)
- La contratación del abogado facista Sergio Tapia Tapia como asesor de la Primera Vicepresidencia de la República (16 de abril de 2007)
- Jorge del Castillo admitiendo que solo le importan las reparaciones a la violencia y no el reconocimiento histórico de lo que pasó (17 de mayo de 2007)

Esto no es solo una infeliz declaración del Presidente de la República, sino un lamentable patrón de conducta que va siendo frecuente en todo el gobierno, claro, con el aval de Alan García. Y, sin duda, se ubica entre los principales pasivos de este primer año de Gobierno. Desafortunadamente, este parece ser el ritmo creciente de un Presidente que comienza a revelar nuevamente su patología de hacer todo lo posible por recuperar su popularidad perdida. Y ya sabemos como acabó esa aventura juvenil.

MAS SOBRE EL TEMA:
Salomón Lerner Febres: Alan García se ha metido un autogol
Armando Williams: Es terrible que censura sea reconocida por Presidente García.
Utero de Marita: Alan justifica censura
Gonzalo Gamio: El rayo de Zeus.
Real Politik: La caricatura que Alan y los militares no quieren que veas.
Elida Román: Recuento y reflexión

Este flyer, tomado del blog Arte Nuevo, expresa lo que varias personas sentimos ante lo que nos parece un atropello.

Como lo informaron varios medios y blogs el fin de semana, el Instituto Nacional de Cultura censuró 3 obras de la exposición de Piero Quijano, que se llevaba a cabo en la Casa Mariátegui, luego de una carta del Comandante General del Ejército frente a un dibujo que retrataba parte de lo que fue el conflicto armado interno: las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Como lo ha dicho Emilio Tarazona en su blog, el Ejército Peruano se ha convertido en curador de exposiciones artísticas, con la venia de la señora Cecilia Bákula, convertida ahora en la ama de llaves del Ejército Peruano y su negación de una parte (dolorosa) de la Historia del Perú.

No deja de sorprender los extremos a los que llegan tanto el Ejército como el INC, pues ambos parecen considerar que sacando una obra de arte pueden borrar de la memoria hechos execrables, varios de los cuales siguen siendo procesados ante el Poder Judicial. Y, claro, nos demuestra que la cultura militar sigue padeciendo de un mal entendido espíritu de cuerpo.

Digo yo: ¿No es mejor para la salud moral de las Fuerzas Armadas asumir no solo los hechos de corrupción cometidos por su cúpula pasada, sino también aquellos sucesos que enlutaron a varias familias en nuestro país? Sin duda, tenían el deber de defender al país y a los ciudadanos de lo que era una grave amenaza a nuestros derechos y a la democracia, pero ello no les daba carta blanca para cometer abusos, excesos y, en algunos lugares y momentos, violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos.

Patético papel el de una jefa del INC que, ignorando que el arte es uno de los grandes medios de expresión de una colectividad, se presta a los afanes censores de una institución que se sigue reclamando el derecho de tutela sobre adultos perfectamente conscientes y maduros, como si fuésemos infantes. Peor aún, la señora Bákula demuestra que todo lo que proclama en sus cursos de Historia del Arte en la PUCP se queda sólo en el plano del papel. Y por ello, creo yo, que debería presentar su carta de renuncia hoy mismo en el despacho de su jefe, el Ministro de Educación.

Tanto Quijano como el curador de la muestra, Armando Williams, han decidido retirar la exposición de la Casa Mariátegui, para que pueda ser montada en otro lugar, sin censura de ningún tipo.

Ojalá los artistas del Perú, que tanto hicieron de manera individual y colectiva en la lucha por recuperar la democracia, se pronuncien de manera fuerte y enérgica frente a lo que es un atropello para aquello que un artista más se precia de tener: la libertad de crear.

MAS SOBRE EL TEMA:
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La presencia de Giampietri se hace sentir en la cumbre de la APEC 2008

Hace poco más de un mes, se pudo conocer que la sede de la cumbre de la APEC, a celebrarse en nuestro país en 2008, será una instalación militar: el Cuartel General del Ejército, conocido coloquialmente como el Pentagonito.

Este hecho no debería extrañarnos, dado que el Primer Vicepresidente de la República, Luis Giampietri Rojas, es el encargado de ver todo lo concierniente a la organización de la cumbre de la APEC. Motivo que nos lleva a hacernos algunas preguntas que considero válidas.

Primera cuestión: ¿No que los vicepresidentes tienen la única y exclusiva función de reemplazar al Presidente?

El hecho de que se haya dado “encargos” a los vicepresidentes en el pasado no significa que estos sean legales. La Constitución y la Ley son claras en especificar que estas personas solo tienen la tarea de verificar si el Presidente está en el país o si ha ocurrido alguna de las causales de vacancia. Anteriormente en este espacio se criticó que se contrataran funcionarios para la Primera y Segunda Vicepresidencias de la República, ya que no había sustento para implementarles una oficina.

La tarea encargada a Giampietri compete, en realidad, a dos ministerios: a la Cancillería, por tratarse de un tema de política exterior, y al MINCETUR, dado que la cumbre de la APEC tratará temas de comercio exterior y se procurará que este evento genere una buena imagen al Perú, con el consiguiente impacto sobre el turismo. Y de allí mi segunda interrogante.

Segunda cuestión: ¿Por qué en una instalación militar?

Astuto, Giampietri ha arguído el tema de la seguridad de los altos dignatarios. Claro, viene Mr. Bush y hay que darle las facilidades del caso para que no lo abucheen. Por eso utilizan: 1) una instalación militar que 2) está ubicada en una zona residencial y con calles bastante pequeñas, como para que no se concentren manifestantes cerca (y lo se bastante bien porque vivo por allí).

Pero hay dos cuestiones que no se han tomado en consideración. La primera, es que cuando vino Bush a Lima no fue necesario encerrarlo en un cuartel: se alojó en el Marriot para pernoctar y todas sus actividades las cumplió en Palacio. La segunda, es que en otras cumbres que se han celebrado en el Perú (recuerdo la Iberoamericana de Jefes de Estado en Lima, y la Sudamericana de Presidentes en el Hotel Monasterio del Cusco, ambas durante el gobierno de Toledo) no ha sido necesario poner a los invitados en este tipo de recintos, se cumplieron con las medidas de seguridad y, además, se cumplió con el objetivo de promocionar al país.

Lo que me lleva a pensar en el tipo de mensaje que se quiere dar haciendolo allí: ¿Un país tan inseguro que tenemos que llevar a altos dignatarios a un cuartel para que se sientan cómodos? Anti-turístico por donde se le mire. O el otro mensaje: nosotros los militares tenemos que intervenir en el desarrollo del país: con el perdón de mis amigos de las Fuerzas Armadas, pero ese tipo de pensamiento fue el que nos llevó a Velasco y Fujimori.

Y de refilón: ¿acaso no nos acordamos que en el Pentagonito se produjeron torturas y otro tipo de violaciones a los derechos humanos según lo reportado por Comisiones del Congreso, investigaciones periodísticas y la CVR?

Tercera cuestión (como diría Frankie Ruiz): ¿Y como lo hace? ¿Cuál es el negocio?

La preocupación no es poca, más aún luego de revisar esta parte de la entrevista que le hicieron ayer a Giampietri:

¿Cuál será el mecanismo para las contrataciones?
La Ley de Presupuesto nos ha dado algunas facilidades para el manejo de los fondos. Ha sacado un artículo particular para el tema de la APEC que le da más fluidez al trámite porque se entiende que los tiempos son muy cortos, pero estamos tratando de mantener, en lo posible, las normas regulares para evitar problemas.

¿Estarán exonerados para realizar licitaciones en materia de seguridad?Hasta cierto punto. En la Ley de Presupuesto se da una serie de facilidades para que se puedan hacer contrataciones y adquisiciones más rápido de lo normal.

La disposición a la que se refiere Giampietri está en la Ley N° 28927, Ley del Presupuesto 2007 y dice a la letra lo siguiente:

VIGÉSIMA OCTAVA.- Exceptúanse, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 y disposiciones relacionadas a éstos de la presente Ley, así como de las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento y demás normas complementarias, las contrataciones, las adquisiciones y toda otra actividad preparatoria que se realice durante el año 2007, que tengan por objeto el desarrollo de las actividades para la realización, programada para el año 2008, de la XVI Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) bajo la presidencia del Perú, incluyendo reuniones ministeriales, conferencias especializadas y otros eventos que se programen en ese marco; así como las contrataciones, las adquisiciones y toda otra actividad preparatoria que se realice durante el año 2007, que tengan por objeto el desarrollo de las actividades para la realización, programada para el año 2008, de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe - Unión Europea, siempre que sean realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por las entidades que conforman la Comisión Ejecutiva establecida por Resolución Suprema Nº 133-2006-RE, e incluso de ser el caso, indirectamente mediante convenios de administración de recursos suscritos o por suscribirse.

Y como se ha podido comprobar durante este gobierno, tanto con el Shock de Inversiones como con el tema de El Niño, estas exoneraciones de controles son la puerta abierta a que puedan ocurrir serios hechos de corrupción, como los registrados por la prensa durante estos 10 meses de gobierno.

A ello se suma lo registrado por Pedro Tenorio para Perú.21, en un reportaje sobre las movidas que vienen ocurriendo en la Marina de Guerra del Perú:

“Una vez lograda la reorganización de la Dintemar, el segundo paso consistiría -según la versión recogida por este diario- en reforzar las relaciones del sector ahora hegemónico dentro de la Armada con las principales empresas de seguridad que ofrecen sus servicios en el país. Precisamente, el escándalo afectó la reputación de Andrick Service y Grupo Atenea, dos ‘junior’ que empleaban los servicios del capitán Barba y compañía, hecho interpretado como parte de una jugada para sacar del camino a empresas menores en beneficio de las ‘grandes’.

¿Cuál sería el objetivo final de este tinglado? Dotar al Gobierno, por medio de la Armada, de un aparato de Inteligencia que le permita anticipar futuras crisis, tanto en el ámbito de la seguridad pública como en el político, lo que abarcaría, incluso, el seguimiento a opositores del régimen siempre bajo el pretexto de mantener el clima apropiado para las inversiones. Un concepto de seguridad que pasa por sacrificar algunos derechos fundamentales -en especial de la oposición política- en nombre del orden”.

Lo que se complementa con esto, que llama a la alarma sobre el real negocio con la cumbre de la APEC:

El próximo año el Perú será sede no solo de la cumbre entre Europa y América Latina, sino también del Foro Económico Asia Pacífico, una reunión de líderes, ministros y funcionarios de 21 economías (desde las más desarrolladas como China, Japón y EE.UU., hasta emergentes como la peruana) que pondrá al país, por unos días, en la mira de la prensa mundial. Esta importante cita, cuya organización ha sido confiada al vicepresidente Giampietri (y no a la Cancillería, como fue en otros países otrora anfitriones del evento), requerirá de un despliegue importante de seguridad, más allá de la que puedan brindar las Fuerzas Armadas y la PNP.

Aún no se informa del presupuesto asignado a la organización de este evento, pero en Chile (2004) se habló de entre US$6 y US$7 millones. Eso, sin contar que Nueva Zelanda (1999), Brunei (2000) y China (2001) invirtieron entre US$15 y US$27 millones. Ciertamente, dependerá de cuánto quiera y pueda gastar el Estado peruano para hacer un cálculo de la apetecible torta que disputarán las empresas de seguridad interesadas en competir -imaginamos que vía licitación- por ofrecer sus servicios.

El tema es que, como la misma Ley de Presupuesto lo señala, no hay licitaciones de por medio, sino procesos exonerados de controles, e incluso libertad de gasto, al no restringir los tópicos concernientes a la austeridad presupuestaria. A ello se suma el hecho de que, según he podido confirmar con fuentes cercanas a la Marina, es cierto que la mayor parte de agencias de seguridad privadas son dirigidas por oficiales en retiro de dicho instituto armado.

Prevenidos estamos todos.

Jorge del Castillo sigue tirando por la borda su prestigio.

Ayer estuve leyendo, como todas las mañanas, buena parte de los diarios. Me topé con Expreso, que generalmente hojeo para ver que piensa la vereda de enfrente y encontré una entrevista a Jorge del Castillo sobre derechos humanos. Lo que encontré: un entrevistador tendencioso y un Primer Ministro con varias omisiones a la verdad, por decir lo menos. A continuación, la disección de cada falacia dicha.

– En los años 90′ había cuatro mil presos por terrorismo, ahora hay solo 600, por una interpretación interesada de la flexibilidad penal, promovida por las ONG políticas.

Ha habido un exceso de garantismo

–Eso se hizo con el aval de los dos gobiernos anteriores. ¿Qué hará su gobierno para detener la salida de más terroristas?

En primer lugar, hay grupos que ven con otros ojos a estas personas, pero son terroristas y pueden a volver sus actos de sangre. En esto tenemos que ser inflexibles, hay que seguir perseverando hasta el final para acabar con los remanentes senderistas.

Primera mentira. Decir que la supuesta “flexibilización penal” de los gobiernos de Paniagua y Toledo ha generado menos terroristas en las cárceles es una falacia. Como lo mencioné hace unos meses, se olvida que los regímenes de conmutación de penas e indultos vienen desde la época de Fujimori y no se ha podido comprobar que alguna de las personas beneficiadas haya incurrido en actos terroristas. Esta fue la acusación que quisieron plantearle, en su momento, a Diego García - Sayán en su momento, y que fue archivada hace un mes por el propio Congreso. También se olvida que en democracia se ha podido condenar a penas altas a casi todos los líderes de Sendero Luminoso y el MRTA, incluyendo a Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre.

–Hace tiempo algunos países de la región buscaron introducir reformas en la CIDH, para que deje de responder a ideologías izquierdistas y responda a principios democráticos. ¿El gobierno retomará ese camino?

Ese fue un voto singular, creo. Tiene que atenerse al sentido común, que es suficiente para saber ver las cosas: Sendero Luminoso ha sido y es un grupo terrorista.

Quizas al entrevistador y al Primer Ministro les haga falta leer el Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que se señala que los Estados deben enfrentar esta amenaza a los derechos fundamentales de las personas, pero sin afectar los derechos humanos. Más claro el deslinde del sistema interamericano de derechos humanos, ni el agua. Sigamos.

–Por otro lado, se juzga y condena a muchos militares a partir de una perversa doctrina de la “cadena de mando”.

Lamentablemente intentan demostrar que hubo una política de Estado en ese sentido. Yo discrepo con la Comisión de la Verdad en esa apreciación, puesto que los excesos son aislados y no una política de Estado. Lo peor es que quienes denuncian son personas que estuvieron, de una u otra forma, comprometidas con la génesis de la violencia, son denunciantes después de haber predicado la violencia.

Sobre la cadena de mando, la CVR señala que no puede aplicarse de manera inmediata, sino después de haber verificado la existencia de un patrón sistemático y generalizado de violaciones a los derechos humanos, siendo extensiva hasta el jefe del Comando Politico Militar de la zona cuando esta situación se compruebe. Asimismo, indica que, para el caso de jefes militares que no estaban en el lugar de los hechos o en la zona de dominio militar, que su responsabilidad se estimará solo cuando:

“Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que sus subordinados estaban cometiendo esas violaciones o se proponían cometerlas;
Las violaciones guarden relación con las actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y,
No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto el conocimiento de las autoridades competentes“.

Resulta curioso que el periodista diga que esa tesis es ilegal, coincidiendo con las doctrinas que Sergio Tapia Tapia, el asesor de Giampietri, defiende junto a sus amigos argentinos que avalaron a la dictadura militar.

En lo que se refiere a las Fuerzas Armadas, basta referirnos a las conclusiones de la CVR. Para muestra, cuatro botones:

53. La CVR reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia y rinde su más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber.

54. La CVR ha encontrado que las fuerzas armadas aplicaron una estrategia que en un primer período fue de represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa de pertenecer al PCP-SL. En un segundo período, esa estrategia se hizo más selectiva, aunque continuó posibilitando numerosas violaciones de los derechos humanos.

55. La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las fuerzas armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario.

56. La CVR concluye que, en este marco, los comandos político-militares (CPM), erigidos en autoridad estatal máxima de las zonas de emergencia, pueden tener la responsabilidad primaria por estos crímenes. El Poder Judicial debe establecer el grado exacto de responsabilidad penal de quienes ejercieron los CPM, ya sea por haber ordenado, incitado, facilitado o encubierto estos hechos, o bien por haber omitido el deber fundamental de ponerles coto.

–Los militares procesados injustamente esperan un gesto del gobierno que les transmita apoyo, sin que esto se malinterprete como una interferencia en la Judicatura…

Claro que no lo es. En eso estamos muy claros. Hay una parte nomás, en el tema de reparaciones, que hemos decidido asumir, pero de manera voluntaria.

¿Qué gesto insinua el periodista? ¿Acaso una ley de amnistía? Viniendo de un diario que parece el vocero de la ADDCOT, no me parece extraño.

Lo verdaderamente preocupante es lo que dice Del Castillo sobre el Informe de la CVR.

Primero, porque se parte de una premisa falsa: decir que el informe es tan vinculante como una sentencia judicial, y no lo es, pero si tiene un valor especial por haber sido encargado por el propio Estado, en dos gobiernos democráticos y por haber sido trabajado en un esfuerzo de investigación de dos años destinados a encontrar la verdad de lo ocurrido en los años de violencia. Trabajo que terminó revelando, además, nuestras carencias como nación y como seres humanos.

En segundo lugar, porque deja de lado no solo el campo de la judicialización, sino lo referente a reformas institucionales recomendadas por el Informe, confirmando lo que un blogger dijo ayer: “A estas alturas ya deberíamos saber que pedirle reformas estructurales al Gobierno es como pedirle al presidente que deje de salir en televisión”.

En tercer lugar, porque manifiesta su desprecio por las víctimas: las reparaciones sólo se dan de manera voluntaria. Es decir, no admite la existencia de la obligación del Estado en reparar el daño causado a miles de peruanos, tanto por obra de Sendero Luminoso y el MRTA, como de los agentes del Estado.

–El próximo año saldrán de la cárcel Osmán Morote, Maritza Garrido Lecca, y otros senderistas que nunca han renunciado a la lucha armada. ¿Estamos preparados para ese hecho?

El informe de la Comisión de la Verdad desliza en sus conclusiones que grupos de izquierda se prestaron a justificar la violencia de Sendero Luminoso, y los señala con nombre propio, pero parece que esa gente no escarmienta, y vuelve a las andadas de seguir justificando la violencia. Son los tontos útiles del comunismo.

Aclaración para quien hizo la nota. Ni Morote ni Garrido Lecca salen de la carcel el próximo año. Si pueden solicitar acogerse a beneficios penitenciarios por cumplir tres cuartas partes de su condena, pero, con lo dicho por el propio redactor, ningún juez les otorgará ese beneficio y tendrán que cumplir la pena completa.

Y, por cierto, por si el Premier no está enterado. Su amigo Allan Wagner, Ministro de Defensa, viene terminando de preparar una normativa especial que permita a las Fuerzas Armadas combatir a la subversión, respetando los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

No me sorprende la ignorancia y la tendenciosidad del entrevistador de Expreso. A estas alturas, todos sabemos que posición tiene ese diario en materia de derechos humanos. Sí llama la atención lo de Jorge del Castillo, quien siempre había pretendido presentarse como moderado en estos temas, pero cuyas declaraciones terminan siendo muy parecidas a las de Mulder, Giampietri o Gonzáles Posada. Una lástima.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Blog del Morsa: Morir en Huancavelica.