Desde el Tercer Piso

Los periodistas tenemos muchos defectos, pero de todos la vanidad es el peor, porque lo encuentro más propio de escritores, artistas y políticos que de gente tan imperfecta como nosotros, que somos seudointelectuales y, muchas veces, ignorantes. Gran parte de nuestro problema son los enormes egos en nuestra profesión.
(Ricardo Uceda, 10 de febrero de 2008)

Los encuentros y desencuentros sobre la situación de la fiscal Luz Loayza, la primera persona que se atrevió a acusar a Fernando Zevallos por el delito de narcotráfico, han traspasado los pasillos del Ministerio Público y han llegado a las salas de redacción de los diarios.

Dos posiciones comienzan a ser claras. De un lado, los diarios El Comercio, Perú.21 y La República, quienes manifiestan quejas fundadas y documentadas hacia la actuación de la Fiscal de la Nación Adelaida Bolívar y que incluso llegan a lanzar propuestas para solucionar este caso que tiene como trasfondo la falta de seguridad para magistrados y testigos involucrados en la lucha contra el narcotráfico. Varios bloggers hemos hecho eco de estas denuncias y las hemos complementado con varios datos y puntos de vista.

Del otro lado, el diario La Primera – y, en menor medida, Expreso y La Razón – han emprendido una campaña para desacreditar las versiones a favor de la causa de Loayza. Los argumentos centrales de los columnistas César Hildebrandt y Raúl Wiener – los más empeñados en esta empresa – no se basan en una inconducta de la fiscal o en documentos que desmientan su versión sino, simple y llanamente, en una sola palabra: prejuicios.

No voy a ponerme a defender a los grupos editoriales El Comercio y La República. Cada persona sabe en su fuero interno a quien le cree y a quien no. Sin embargo, si me parece criticable que la posición de dos periodistas que tienen varios años de carrera en el medio – independientemente del abismo de credibilidad que media entre uno y otro – se basen en sus odios, fobias y resentimientos hacia personas naturales o jurídicas o en teorías de la conspiración que niegan hechos que, por lo demás, están fehacientemente demostrados.

Peor aún, toda esta aventura ha tenido un corolario realmente penoso. Ha vuelto a revivir viejas rencillas entre periodistas, las cuales, lejos de centrarse en el tema de fondo con relación a la denuncia sobre narcotráfico, han sacado odios y perjuicios. Basta ver las diatribas de Wiener contra El Comercio y el periodista Marco Sifuentes, así como el intercambio de puyas entre Fernando Rospigliosi y Hildebrandt para darnos cuenta que el centro de la noticia está ya no en el lío entre fiscales o los vínculos del narcotráfico con las organizaciones encargadas de investigarlo, sino en estas pugnas y teorías de la conspiración que flaco favor le hacen al esclarecimiento de los hechos, como a la imagen de la prensa.

Y quizás por ello sea adecuada una voz algo más intermedia, como la que se recoge de Ricardo Uceda en una entrevista del dia domingo:

El caso Loayza es un síntoma de lo mal que está el Ministerio Público y buena parte de la prensa. Naturalmente están los medios que defendieron a Fernando Zevallos y no me sorprende que tengan en su agenda el defender a la fiscal de la Nación. Pero yo diría que en la prensa que sí investiga al narcotráfico hay muchas veces una excesiva intimidad con los jueces y los fiscales que desde sus fueros ven este caso.

Hace algunos meses, escuché a Santiago Pedraglio señalar que la prensa de investigación debía tener como norte de sus principales preocupaciones e indagaciones lo que venía pasando con el narcotráfico, dado que se venía constituyendo. Algunos periodistas parecen haber seguido dicha senda y han conseguido datos importantes, tanto sobre Zevallos como sobre los Sánchez Paredes. Otros, en cambio, parecen subestimar el tema, en el mejor de los casos, si es que los tentáculos de la corrupción no han llegado hasta algunas salas de redacción.

Lo importante para el periodismo es, por un lado, investigar hasta las últimas consecuencias en este tipo de casos, tomando la debida distancia de las fuentes que, no lo olvidemos, tienen “agenda propia”. Ello no implica dejar de lado casos como el de las amenazas a Luz Loayza, pues las mismas no tienen fecha de caducidad y es necesario incidir en la necesaria protección a los magistrados, lo cual, por cierto, no implica que la prensa deje de criticar las actuaciones judiciales y fiscales cuando sea necesario.

Lo peor de estas historias de “sospechosos comunes” es que, bien intencionados o no, estos hombres de prensa fanáticos de las intrincadas fantasías sobre evil news corporations dejan de lado aquello que es lo central de este caso: la existencia de poderosos narcotraficantes en el país que tienen montada una red de contactos en la política, el empresariado y, además, en las instituciones encargadas de investigarlos. Y ello debe sumarse el problema de seguridad interior que vienen propiciando a través de sus sicarios y protectores, algunos de ellos, remanentes de Sendero Luminoso.

Así como se exige independencia a los periodistas de los poderes políticos y económicos, también es necesario que no sean tontos útiles del narcotráfico, que es otro poder en el Perú. Y, por las últimas revelaciones, parece que recién estamos comenzando un partido bastante largo en la lucha por obtener la verdad. ¿Lo sabrán jugar todos los periodistas?

POST DATA SOBRE EL TEMA DE LA FISCAL LOAYZA:
Luego de ver los reportajes en Cuarto Poder y Panorama sobre el lío entre fiscales, me quedan claras dos conclusiones, que ya fueran adelantadas por Mirko Lauer en una columna de la semana pasada: la Fiscal Luz Loayza no se encuentra en una posición adecuada para seguir en este caso, no por los errores administrativos que ambos programas detectaron o por las vínculaciones con la DEA de las cuales Hildebrandt reniega - en un error del experimentado periodista desde mi punto de vista - sino porque emocionalmente no está lo suficientemente tranquila como llevar a cabo una investigación que requiere nervios de acero.

El otro gran punto urgente es la creación de un sistema de protección a testigos, jueces y fiscales que funcione de veras y que evite que nuestros magistrados queden en guardia baja frente a amenazas físicas o amendrentamiento mental. Y, por último, es imperioso que el Consejo Nacional de la Magistratura investigue en serio a Adelaida Bolívar: su conducta y los contactos de su esposo con la banda de Fernando Zevallos lo ameritan y han hecho que muchos ciudadanos dejemos de confiar en ella.

Si las instituciones de nuestro país dan algunos pasos en esta dirección, evitaremos que el gran ganador de este sainete sea Fernando Zevallos.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Comercio: Rechazan hàbeas corpus a Luz Loayza
Luz Loayza: Quien se beneficia de esto es Zevallos
Juan Paredes Castro: Los poderes del Estado vs. el poder del narcotráfico
César Hildebrandt: Prensa y poder
El Mundo de Plástico: Amores Perros (nos van a matar)

Como lo comentamos la semana pasada, la Fiscal de la Nación Adelaida Bolivar y el ex Ministro del Interior Fernando Rospigliosi mantienen una disputa por el inicio de una investigación fiscal en Arequipa a raíz de las dos muertes producidas durante los disturbios ocurridos en 2002.

La verdad es que el pleito ha tenido de todo: irregularidades en el inicio del proceso y comparaciones con violadores de un lado, y los ya conocidos adjetivos del columnista político por el otro.

Ayer hemos tenido un contraataque por parte de Rospi, que puede terminar involucrando a la Fiscal de la Nación en un asunto bastante serio.

En su columna de Perú.21, Rospigliosi acusa al esposo de Bolivar, el Coronel FAP (r) Luis Avila, de tener vinculaciones con el narcotraficante Fernando Zevallos, sobre la base de una declaración dada por el ex lugarteniente del conocido ex hombre de aviación, Jorge Chávez Montoya (a) Polaco. Los tres personajes han pertenecido, en algún momento a la Fuerza Aerea.

Aunque el ex Ministro se cura en salud y precisa que la declaración de un delincuente como “Polaco” debe tomarse con pinzas, lo cierto es que se dan elementos de juicio sobre la lenidad con la que Adelaida Bolívar actuó en el caso Zevallos: la separación de la Fiscal de Maynas que investigaba un segundo proceso contra el narco - que está sentenciado a 20 años de prisión por el caso “Los Norteños” - y su reemplazo por un personaje cuestionado por sus presuntos vínculos con el ex dueño de Aerocontinente. Este personaje es el Fiscal Eduardo Castañeda, quien no se ha inhibido de dicha investigación, a pesar que la Procuradora Antidrogas Sonia Medina Calvo, una ex jueza con fama de probidad y rectitud, se lo ha solicitado.

A tal punto llega la seriedad de la acusación que personajes tan disímiles en su opinión sobre Rospi como Carlos Basombrío y Mauricio Mulder coinciden en que la denuncia, por su gravedad, merece una seria investigación.

¿La delgada línea blanca ha llegado a tan altas esferas? La Fiscal de la Nación tiene la palabra.

Estemos de acuerdo con él o no en sus posiciones - sobre todo, en el tema del narcotráfico - nadie puede negar la calidad profesional, la honradez y valentía que Fernando Rospigliosi ha tenido durante los últimos años, sea como funcionario público o como analista político.

Acido crítico de la gestión aprista en los últimos meses, Rospigliosi tiene que enfrentar una investigación fiscal - junto al ex Primer Ministro Roberto Dañino - por homicidio calificado, debido a las dos muertes causadas por la Policía durante los disturbios ocurridos en Arequipa luego de la frustrada privatización de las empresas generadoras de electricidad.

Ciertamente, la actuación política del gobierno de Alejandro Toledo en este tema fue lamentable, tanto por no explicar a los arequipeños porque varió su criterio sobre la privatización y porque era beneficioso hacer dicha concesión, garantizando que no se repetirían las tropelías del fujimorato, como por no controlar los excesos en la represión policial.

Sin embargo, hay dos puntos que pueden cuestionarse de dicho inicio de investigación.

El primero, que el homicidio calificado supone una voluntad de dolo. Y aplicar la teoría del dominio del hecho - es decir, la cadena de mando - en este caso no llevaría a Rospigliosi y a Dañiño, dos ministros a los que se pudo criticar su interperancia y terquedad en estos sucesos, pero no una voluntad de disparar bombas lagrimógenas contra el cuerpo. A lo sumo, el jefe de la Región Policial y del operativo de control deberían ser procesados por los hechos que causaron estas dos lamentables pérdidas de vida.

El segundo es que la Fiscalía de la Nación no ha procedido de manera regular en este caso, dado que a Rospigliosi y a Dañino les corresponde el beneficio del antejuicio en este caso, es decir, que el Congreso tenga que verificar si existen motivos para procesar a ambas personas. Sin embargo, la Fiscal de la Nación Adelaida Bolivar ha enviado el caso a Arequipa, saltándose la garrocha, e incluso no ha notificado a Rospigliosi de esta situación. El periodista se tuvo que enterar por un informante de la resolución.

Sin duda, Rospigliosi deberá enfrentar la investigación sobre este caso, pero no uno que se encuentra viciado en su inicio. La Fiscal de la Nación deberá seguirse absteniendo de comparar al ex Ministro del Interior con un violador como Leoncio Torres Ccalla y remitir la cuestión al Congreso, ente que finalmente decidirá el futuro de la cuestión. De no hacerlo, los rumores sobre la idoneidad de su gestión o los intereses políticos detrás de este caso seguirán creciendo.

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: Jabón Bolívar.
Utero de Marita: Rospi: ¿asesino y violador?