Archive for the “familia Sánchez Paredes” Category

Gracias a Paola Ugaz me entero de la última investigación que ha hecho el Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal, dirigida por Gustavo Gorriti, que involucra a una camioneta, al Presidente de la República, a un conocido abogado, al Secretario General de Palacio de Gobierno y a una familia cuestionada por sus vínculos con el narcotráfico.

La historia va como sigue:

Embarcada desde Yokohama, Japón el 31 de julio de 2002 la camioneta Nissan Frontier 4×4 de doble cabina fue importada a través del Callao por la compañía Nissan Maquinarias S.A., de la Av. La Marina 3380. La Declaración Única de Importación (ver) documenta que la camioneta llegó al Callao el 23 de agosto de 2002, pasó por aduanas declarando un valor CIF (costo, seguro y flete) de 14 mil 777.92 dólares.

Cinco días después, el 28 de agosto de 2002, Maquinarias vendía la camioneta. Declarando un precio de lista para la venta de 29 mil 850 dólares, la compañía hizo un sustantivo descuento de 11 mil 850 dólares, para venderla en 18 mil dólares a un ilustre cliente: Alan García Pérez, entonces el líder más importante de la oposición luego de su derrota en las elecciones generales de 2001. (Ver boleta de venta )

El vehículo fue inscrito a nombre de la sociedad conyugal de Alan García Pérez y Pilar Nores de García el 29 de agosto de 2002 en la oficina registral de Lima y Callao (ver).

Menos de un año después, la familia García-Nores vendió la camioneta con una ganancia de 4 mil dólares sobre el precio de compra. El 4 de julio de 2003, en la oficina del notario Fernando Loayza Bellido, Alan García y su esposa vendieron el vehículo por 22 mil dólares a la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. Dicha compañía estuvo representada por su gerente general Belisario Esteves Ostolaza, quien pagó al contado. (Ver documento).

El 29 de septiembre de 2003, en la misma notaría, se firmó el acta de ratificación de transferencia de vehículo. (Ver). Dicha acta buscó de subsanar la observación hecha sobre la transferencia anterior por el Registro de Propiedad Vehicular de Lima. El mismo día, la camioneta fue inscrita en la Sunarp a nombre de su nueva propietaria. (Ver).

Hasta aquí, la historia relativamente normal de una transacción comercial – aunque dan que pensar esas variaciones en el precio – en la que está involucrado el patrimonio del ahora Presidente de la República, pero varios detalles llaman la atención. Volvamos al reportaje.

Detalle número 1:

Belisario Esteves, además de gerente general de la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. (ATIMMS.A.) , fue viceministro de Comercio durante el primer gobierno de García. Pero el 2003 era una de las personas de mayor confianza del clan de los Sánchez Paredes.

En un acta de junta de accionistas del 1 de agosto de 2006, ATIMMS.A., mantenía como gerente general a Belisario Esteves, lo designó como presidente de la junta de accionistas, con un paquete minoritario de 803 acciones. El otro accionista individual era Wálter Valdez Muñoz, con 802 acciones. El accionista mayoritario era una compañía extranjera, inscrita en Panamá, llamada Ohana Overseas, con 78 mil 657 acciones, representada en ese directorio por Wálter Valdez. (Ver).

De hecho, Belisario Esteves fue descubierto por uno de los reportajes de Américo Zambrano para la revista Caretas, que han sido premiados en el exterior. Esteves también está investigado por sus vínculos con el clan Sánchez Paredes.

Detalle número 2:

Según la Escritura Pública número 562 inscrita en la Notaría Décima del Circuito de Panamá, fechada el 15 de enero de 2003, unos pocos meses antes de la venta de la camioneta, Ohana Overseas declaró como su presidente a Orlando Sánchez Miranda; como secretario a Elmer Manuel Vásquez Peláez y como tesorero a Carlos Alberto Vásquez Peláez. (Ver)

Orlando es hermano de Alfredo Sánchez Miranda e hijo de Orlando Sánchez Paredes. Elmer Manuel Vásquez Peláez fue detenido en 1987 por la policía mexicana, luego del asesinato de Segundo Simón Sánchez Paredes, en el rancho “Luna”, del estado de Hidalgo. Al ingresar la Policía al rancho, encontró un laboratorio de cocaína acondicionado en el sótano y arrestó tanto a Vásquez Peláez como a Fidel Sánchez Alayo, hijo de Manuel Sánchez Paredes. Ambos resultaron denunciados por “elaboración y acondicionamiento de cocaína”. Sin embargo, años después, Vásquez Peláez aparecía como una de las personas de confianza de los Sánchez Miranda.

De manera que ATIMMSA y Esteves resultaron siendo la fachada de la compañía del clan de los Sánchez Paredes. Por si hubiera duda respecto de la cercanía de Esteves con dicha familia, el 18 de marzo de 2003, la “Compañía de Exploraciones Algamarca S.A.” registró en la Sunarp el primer directorio bajo el control de los Sánchez Paredes. Como presidente de Algamarca fue designado Wálter Valdez Muñoz, el de ATIMMSA; y como directores, Jesús Esteves y el abogado Humberto Abanto, quien también fue nombrado gerente general, en cuyo cargo permaneció hasta 2007 (Ver). El 2001 Abanto fue asesor de la comisión de Economía del Congreso, cuando el hoy ministro del Interior Luis Alva Castro era su presidente; y en 2006, Abanto fue asesor de la comisión de Presupuesto del Congreso, también presidida por Alva Castro.

Es decir, la empresa de fachada de los Sánchez Paredes, representada por un ex ministro aprista, fue la que le compró la camioneta al hoy Presidente. Y para estrechar más los vínculos, aparece en escena José Humberto Abanto Verástegui, ex asesor de Alva Castro, abogado de Moisés Wolfenson y de Baruch Ivcher y de carnet aprista.

Detalle número 3:

El mismo año, 2003, en el que Alan García vendió la camioneta Nissan Frontier a ATIMMSA y, probablemente sin saberlo, a sus dueños reales, una compañía de carga terrestre transportó en varias ocasiones insumos químicos a COMARSA, la compañía minera de los Sánchez Paredes. El nombre de la compañía de carga es “Transportes don Reyna” y su gerente general es José Antonio Nava, hijo de Luis Nava, actual secretario general de la Presidencia de la República.

De acuerdo con diversas facturas a las que tuvo acceso IDL-SC, entre el 12 de noviembre de 2003 y el 30 de diciembre de ese año Transportes don Reyna transportó por lo menos en nueve ocasiones cargamento hacia la mina en Angasmarca, La Libertad. La carga declarada, de varias toneladas en cada caso, fue, por lo general, de cajones de cianuro en briquetas, y en algunos casos de tubos y geomembranas. (Ver copias de facturas).

Tres personas bastante cercanas al partido de gobierno – y al entorno presidencial – involucradas en este tema. Si bien, como concluye Gorriti y Sheila Diaz en su investigación, es bastante probable que García haya ignorado estas relaciones al momento de vender su vehículo – no se tienen hasta ahora pruebas de lo contrario -, bien valdria que las investigaciones lleguen hasta las propias entrañas del Partido Aprista Peruano. Hace algunos meses, informamos sobre vínculos de miembros del PAP en Trujillo con los Sánchez Paredes, uno de los clanes familiares más cuestionados del país.

Hace 28 años, una investigación periodística reveló que un narcotraficante había llegado a controlar parte del APRA, lo que supuso una revolución dentro de Alfonso Ugarte. Tal vez, si se ahonda más, se pueda llegar a otra renovación que, esta vez, esperemos, pueda limpiar al partido más antiguo del país de vínculos poco santos, a fin que no se diga más que, por algo la paloma y el pañuelo son blancos.

DESDE PALACIO: Alan dice que vendió su auto por avisos en el periódico

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En algún momento voy a recuperar Trujillo, aunque tenga que ser candidato a la Alcaldía de Trujillo, personalmente. Yo le voy a recuperar Trujillo a Haya de la Torre.
(Alan García Pérez)

Trujillo. Tierra de la marinera, de la cultura chimú y uno de los lugares más bellos del país. Y según dicen quienes viven en dicho lugar del país, allí nació Dios.

Y también es tierra del APRA.

Bueno, hasta hace unos años, esta última afirmación no podía ponerse en duda, pero desde el 19 de noviembre de 2006, con el triunfo de César Acuña Peralta en las eleccíones para alcalde de Trujillo, los apristas del sólido norte pusieron cara de que Dios pudo haber nacido en Nazca.

La situación, que ya era mala, ha pasado a ser peor, producto de un producto de exportación no tradicional del norte del país, los Sánchez Paredes, múltiplemente acusados de ser de los mayores productores de nuestro producto bandera de la ilegalidad: cocaína.

Ayer, el congresista humalista Álvaro Gutiérreza la vez detractor y protector de Luis Alva Castro, cuestión que hasta ahora no logra descifrarnos – dijo que iba a pedir una investigación a un ex asesor del Ministro del Interior vinculado a los Sánchez Paredes.

Digamos que Gutiérrez llegó un año tarde a la denuncia. Caretas ya había registrado apenas llegado Alva Castro a Corpac de la mala compañía que podía suponer José Abanto Verástegui, asesor del despacho del congresista trujillano y, a la vez, gerente general y abogado de la Compañía de Exportaciones Algamarca, propiedad de la familia Sánchez Paredes. Posteriormente, este blog reveló que Abanto era también abogado de Moises Wolfenson, el presidario más defendido por el Presidente de la República.

Como se imaginarán, los apristas le han contestado a Gutiérrez, entre ellos el propio abogado Abanto Verástegui, quien ha dicho que denunciará por difamación y calumnia al poco ubicuo seguidor de Humala. Sin embargo, la nota de ANDINA con las declaraciones del ex asesor de Alva Castro menciona un detalle curioso:

Visiblemente disgustado por la denuncia el abogado sostuvo que sólo fue asesor de Alva Castro 73 días, es decir, entre el 10 de agosto del 2006 hasta el 22 de octubre del mismo año.

Hay que decir que el abogado de Wolfenson tiene un problema serio con la verdad. Cuando realicé la investigación sobre este personaje, pude ver que las relaciones con Alva Castro no se limitaron a 73 días en el 2006. Abanto fue asesor de Alva Castro en el 2000, en la Comisión de Economía del Congreso de la República (junto al actual Ministro de Vivienda y Construcción Enrique Cornejo Ramírez). Y, de hecho, Caretas mencionó que la relación entre ambos es de vieja data:

Abanto Verástegui (44), hombre de confianza de Alva Castro y su asesor parlamentario desde inicios del 2000, pertenece al núcleo del clan trujillano de los Sánchez Paredes. Ha acompañado al ministro en las Comisiones de Economía y Presupuesto. En audiencias y debates técnicos aparecía como “representante del congresista Alva Castro”.

Tan es asi que, como lo registra la página web del ex parlamentario aprista Rodolfo Raza, aquí aparece Abanto Verástegui junto a este ex congresista:

En la foto: Dr. Alonso Morales Costa, Asesor Legal de Audolmesi, Aup William Arteaga Donayre, Gerente General de APPAR, congresista Rodolfo Raza Urbina, Humberto Abanto Verástegui, representante del congresista Luis Alva Castro, Dr Oscar Dávila Salazar, gerente legal de Paramonga y el Dr Roberto Faulkes Aguad. 8-11-2002.

Ademças, Abanto fue parte de la Comisión de Transferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, durante el periodo de cambio de gobierno.

Ello hace que, aunque algo tarde, el pedido de Gutiérrez tenga bastante sustento y que ya no solo el controvertido abogado tenga que explicar sus vínculos con los Sánchez Paredes. El propio Ministro del Interior – que, recordamos nuevamente, es trujillano – también debiera aclarar si es que ha tenido relación con la investigada familia, en un contexto donde dos de sus compañeros tienen que aclarar algunas extrañas relaciones.

Como se conoce, el congresista Elías Rodríguez Zavaleta viene siendo investigado por recibir muebles de oficina pagados por los Sánchez Paredes. De hecho, las investigaciones estarían centradas ahora verificar cuales han sido sus reales aportantes para la campaña electoral. Tan grave es el tema que el APRA lo ha suspendido en su militancia hasta nuevo aviso. Y, conociendo los códigos de Alfonso Ugarte, eso es nada menos que un pre-aviso de que lo van a botar del partido.

Como dato a tomar en cuenta, Rodríguez Zavaleta ha acusado a Alva Castro de ser quien ha lanzado esta acusación por celos personales, ya que, según él, fue el congresista más votado de La Libertad y no el veterano líder mochero.

Pero ahora no es el único que tiene que responde cuentas sobre este tema. De acuerdo a lo que informa el diario La República, Miriam Pilco, actual Secretaria General del APRA en La Libertad y ex alcaldesa de Trujillo, defendió a más de 20 narcotraficantes y tiene su estudio jurídico en un inmueble de propiedad de una de las empresas de los Sánchez Paredes. Como informa este diario:

La operación comercial, la relación entre Pilco y los Sánchez Paredes, ya había sido establecida por la Comisión Investigadora del Senado sobre Narcotráfico y sus Vínculos en el País, que presidió el senador Javier Diez Canseco, en 1986. El caso se inició a partir de la denuncia que plantearon el senador aprista Jorge Torres Vallejo y el ex alcalde provincial de Trujillo Luis Santa María, también del Partido Aprista.

Por cierto, y para ahondar más en la crisis, Pilco ha sido bastante dura con Rodríguez Zavaleta y Alva Castro en recientes declaraciones. De hecho, Pilco es la accesitaria de Rodríguez Zavaleta, por lo que un desafuero del parlamentario aprista dejaría a la actual mandamás del PAP en Trujillo expedita para ocupar una curul, claro, si es que antes ella no termina también investigada por dichos vínculos poco santos.

Esta historia nos deja varias preguntas sueltas: ¿Cuáles son los vínculos de los Sánchez Paredes con la política local trujillana y, en particular, con el Partido Aprista Peruano?¨¿Por qué los Sánchez Paredes financiaron el Día de la Fraternidad en Trujillo? ¿Por qué José Abanto Verástegui mintió sobre la duración de su relación con el Ministro del Interior? ¿Por qué los tres implicados en pugnas internas en el otrora sólido norte han terminado relacionados directa o indirectamente con narcotraficantes?

Alan dijo que recuperaría Trujillo para el Partido Aprista. Pero parece que, antes de ello, tendrá que recuperar al APRA de sus pugnas y de vínculos que hace rato huelen bastante mal. No vaya ser que sigan repitiendo que por algo la paloma y el pañuelo son blancos.

MAS SOBRE EL TEMA:
Sonia Medina Calvo, procuradora antidrogas: Partidos políticos deben estudiar exhaustivamente hojas de vida de militantes
Perú.21: APRA advierte que no tolerará nexos con narcos
La República: La verdadera historia de la absolución de Perciles Sánchez Paredes
Correo: Ministerio Público investiga a esposo de Miriam Pilco
Expreso: Asesores de Alva Castro son directores de empresas quebradas

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Si alguien tenía dudas de la existencia de amenazas a Luz Loayza, pues aquí va la prueba. Caretas hoy publica la primera página de una de las notas informativas a las que hemos hecho referencia en un post anterior:

Y allí está más que claro: 3 sicarios iban a matar a quien investigó a Fernando Zevallos. Como para que algunos periodistas que parecen medir las denuncias en torno a si la caja de resonancia es su enemigo de toda la vida o una corporación mediática se pongan a pensar en el papelón que están haciendo. Y eso que ya tienen por lo menos más de tres décadas en el periodismo nacional.

Pero dejemos de lado a los periodistas y ahora volvamos al nuevo deporte nacional: encontrar vínculos con el narcotráfico a magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial. Hoy, los Zileri boys encontraron un hecho sorprendente: un ex asesor del Presidente de la Corte Superior de Lima está ligado a los Sánchez Paredes.

En efecto, Carlos Blas Ávila – ahora juez del 32° Juzgado Penal para Reos en Cárcel – fue asesor de César Vega Vega, ex socio de Alan García y cuestionado por su actuación en un caso vinculado a los Sánchez Paredes.

Como diría Portillo Campbell, papelito manda, mejor dicho, partida de bautizo, pues Blas es compadre de Alfredo Sánchez Miranda, uno de los integrantes del clan Sánchez Paredes, e hijo del patriarca, Orlando.

Peor aún, el compadrazgo sirvió de algo:

Ahora la OCMA se dispone a interrogar al ex asesor de Vega Vega y no necesariamente sobre para preguntarle sobre pilas bautismales, sino por un pecular incidente ocurrido el 12 de julio de 2005. Entonces, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, a la que pertenecía Vega Vega, recibió la apelación a una sentencia que beneficiaba a Orlando Sánchez Paredes en contra de Jacques Trotier, gerente de Sulliden. Los abogados de la minera canadiense pidieron la separación de Vega Vega y, para constatar que se había dado trámite a su solicitud, revisaron el expediente del caso. Lo que descubrieron fue un proyecto de resolución que – a pesar que las audiencias no habían culminado – resolvía declarar infundada la apelación de Trotier beneficiando al hermano de Perciles Sánchez. El documento lleva la firma de Carlos Blas, según el informe de la OCMA N° 387-2005.

En otras palabras, Blas hizo un proyecto de resolución para que Vega Vega favoreciera al papá de su entonces futuro compadre. Y resulta curioso que un magistrado con vínculos claros con el partido de gobierno haya tenido como invitado en la misa de honras de su señora madre nada menos que al compadre de su ex asesor.

Creo que estas evidencias resisten hasta la más excéntrica de las teorías de la conspiración. ¿Verdad, Raúl?

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Cada día que abro los diarios y veo noticias sobre narcotráfico, recuerdo una frase que le escuché a Santiago Pedraglio hace algunos meses en una conferencia sobre Independencia Judicial y Lucha Anticorrupción: Si hay un filón de investigación que los periodistas deben seguir es el tema del narcotráfico, pues será la principal amenaza de los próximos años. A todos nos sorprendió la observación de Pedraglio, pero, a la luz de los acontecimientos recientes, tiene una lucidez que hoy es digna de admiración.

El periodismo le hizo caso a Pedraglio. Si bien ya el caso de Fernando Zevallos venía siendo objeto de seguimiento por la prensa, el rango de medios que tocaban el tema se fue ampliando y se fueron encontrando otras pistas de sus vinculaciones con políticos y otras bandas de narcotraficantes. Ello permitió conocer a más personajes implicados en la trama de esta organización criminal y, además, que el caso, a pesar que judicialmente se encuentra encaminado – con una sentencia de 20 años de prisión mediante – tenga más sorpresas que ofrecernos.

Un segundo caso que hoy ocupa al periodismo nacional ha sido el de la familia Sánchez Paredes. Esta semana, en una inusual conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el mismo Presidente de la República anunció el inicio de investigaciones preliminares al patrimonio de este clan familiar, lo que implica que más de un centenar de empresas se encuentren bajo la lupa del Ministerio Público. Los Sánchez Paredes respondieron con un comunicado a toda página en El Comercio, en el que señalaban su disposición de colaborar con la justicia.

Todos los indicios apuntan a que la fortuna de esta familia tiene vínculos con el narcotráfico. Pero el abanico de investigaciones no se debiera limitar a las cuestiones meramente crematísticas, sino también a los vínculos con nuestra política. Como bien lo señala hoy Caretas:

El temor por las juntas de algún sector del aprismo puede volver a influenciar los cálculos de García un cuarto de siglo más tarde.

Para muestra un botón. Esta revista dio a conocer en marzo del 2007 que el abogado aprista José Abanto Verástegui era un cercano asesor de Luis Alva Castro, apenas designado como ministro de Interior, quien también se desempeñaba como abogado y director gerente general de Exploraciones Algamarca S.A., de propiedad de los Sánchez Paredes.

La ex jefa de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Pilar Freitas, fue despedida del cargo en febrero del 2007 y atribuyó su salida a las presiones de apristas vinculados con los Sánchez Paredes. Señaló a quien fue su propio superintendente nacional adjunto, Manuel García Torres, por intentar favorecer a los Sánchez Paredes en el complejo litigio que sostienen con la minera canadiense Sulliden Shauindo. Como consecuencia diarios trujillanos asociados con el ala dura aprista comenzaron a atacarla sin tregua. Freitas también relató supuestas presiones de Abanto Verástegui y del propio Orlando Sánchez Paredes, quien se habría atribuido “contactos e influencias” (CARETAS 1966).

En ediciones posteriores se reveló que Belisario Esteves, ex ministro de Comercio durante el primer gobierno aprista, aparece como socio de Orlando Sánchez y se documentó también la relación de esta familia con viejos apristas trujillanos y jueces vinculados al partido de la estrella.

Y claro, no olvidemos dos revelaciones recientes: Abanto Verástegui está vinculado a la familia Wolfenson y el nuevo abogado del clan sea nada menos que César Nagasaki, el patrocinante de Alberto Fujimori.

Desentrañar una red de narcotráfico no es tarea fácil. Y para ello se requiere que se tenga una buena red de jueces y fiscales lo suficientemente independientes y un sistema de protección a testigos que pueda impedir presiones, amenazas y asesinatos. Este es un punto que los Ministerios de Economía y Justicia deberían concertar con el Poder Judicial y el Ministerio Público, a fin de contar con la voluntad política y recursos suficientes para proceder con este tipo de esfuerzos.

Si el gobierno quiere emprender en serio esa tarea, por allí es el camino que deba iniciar. Y allí no hay dudas que valgan.

MAS SOBRE EL TEMA:
Caretas: El último ajuste
Perú.21: Testigos clave del caso Zevallos en peligro
Fernando Vivas: La estamos peleando
Ricardo Soberón: Coca, Estado y narcotráfico

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