Desde el Tercer Piso

Vía El Mercurio:

Luego de que el gobierno peruano solicitara esta mañana la detención del ex Presidente peruano, Alberto Fujimori, el juez Urbano Marín decretó su arresto domiciliario.

La solicitud de Perú se realizó esta mañana a través del abogado chileno, Alfredo Etcheberry, quien presentó un escrito ante la Corte Suprema.

La situación de Fujimori comienza a complicarse y, más allá de los llamados a la calma de sus partidarios, el Informe Fiscal que he comentado hoy día ha sido mérito suficiente para ordenar la medida, que procurara evitar su fuga.

Durante la tarde de ayer, pude leer de manera detenida el Informe de la fiscal Mónica Maldonado, en el que recomendó la extradición de Alberto Fujimori por diversos delitos y, además, tuve contacto - vìa mail o en persona - con varias de las personas que intervinieron en la elaboración de los cuadernos de extradición contra el extraditable. Con esos elementos, puedo brindar el dìa de hoy una suerte de “guìa del caso Fujimori para no abogados“, a partir de lo señalado por la Fiscal Maldonado.

¿EN QUE CONSISTE UN PROCESO DE EXTRADICION?

Un proceso de extradición se produce cuando un Estado (Perú) pide a otro (Chile) la repatriación de un nacional que habría cometido crímenes para poderlo procesar (Fujimori). Para ello, el peticionario envìa solicitudes - cuadernillos en jerga procesal - en las que justifica dos cosas centrales: la doble incriminación, es decir, que la conducta sea calificada como delito en ambos países (sin importar como se denomine); y la existencia de pruebas indiciarias que ameriten el procesamiento, sin que se requiera cuestiones concluyentes sobre la culpabilidad del presunto criminal.

A estos requisitos, como es en este caso, se suman aquellos que se puedan haber establecido en un tratado de extradición bilateral entre ambos países. La cuestión adicional establecida por Perú y Chile es que los delitos por los que procede la extradición deben tener una pena mayor a un año en el país al que se solicita el pedido de repatriación.

LOS ARGUMENTOS DE DEFENSA DE FUJIMORI HECHOS PURE

Aunque se encuentran al final del Informe Fiscal, es necesario destacar los argumentos dados por Mónica Maldonado para desbaratar los tres principales argumentos de defensa dados por los abogados chilenos de Fujimori en sus alegatos, que pudimos conocer hace algunas semanas.

El primero se refiere a la supuesta inmunidad de los jefes de Estado. Los abogados del Chino arguìan que por haber sido Presidente de la República no podía ser procesado. Sin embargo, dicha facultad solo es atribuible a mandatarios en ejercicio, durante sus viajes al exterior. Ningùn tratado internacional reconoce que los jefes de Estado no pueden ser procesados por haber tenido una alta investidura, cuestión que ratificó la Cámara de los Lores en el caso Pinochet.

El segundo se refiere al tema de la prescripción. Aca el tema es más simple. Se revisa desde cuando se iniciaron los procesos en el Perú y se chequea si, bajo la ley chilena, venció el plazo para poder hacer una actuación judicial. El único caso que no pasa la valla es el de los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer durante el golpe del 5 de abril de 1992, pero en el que la Fiscal, sin embargo, señala que dichas privaciones de libertad están ampliamente acreditadas.

El tercero tiene que ver con el manido argumento de la carencia de debido proceso para que Fujimori pueda ser procesado en el Perú. Además de señalar que es un tema que deberá ser evaluado en nuestro país, la señora Maldonado sostiene que se han cumplido todas las reglas que le han permitido a la defensa de Fujimori ejercer todos los recursos correspondientes, tomando en consideración la calidad de prófugo de la justicia que tiene el ex dictador.

LOS CASOS DE CORRUPCION

Básicamente, en este tipo de casos, a Fujimori se le procesaría por el delito de peculado. Esta figura penal consiste en que un funcionario o servidor público se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, dinero o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo.

Los casos en los que Fujimori sería procesado bajo este tipo penal, que tiene una pena de hasta 8 años en nuestro país son:
- Pago de una deuda que tenía Daniel Borobio, ex publicista del régimen, con la SUNAT, utilizando una partida destinada al Servicio de Inteligencia Nacional.
- Solventación económicade la interceptación telefónica, con las precisiones temporales que veremos más adelante.
- Pagos a través de dinero correspondiente al SIN a Hector Faisal, astrólogo y webmaster de una página destinada a difamar a los opositores al régimen.
- La compra de Cable Canal de Noticias a Eduardo Calmell del Solar.
- El pago de 15 millones de soles a Vladimiro Montesinos como una suerte de “Compensación por Tiempo de Servicios”. Este es el caso de corrupción donde existen las evidencias más concluyentes.

Otro delito grave es el de corrupción activa de funcionarios, que es aplicado para el caso de la compra de congresistas para que se pasen a las filas del oficialismo, cuyo ejemplo más recordado es el de Luis Alberto Kouri, protagonista del primer vladivideo. Aca Fujimori está también seriamente implicado, dado que era el beneficiario final de esta compra de conciencias.

A ello se suma los delitos de falsedad genérica e ideológica - es decir, alteración de la verdad - en los Decretos de Urgencia secretos que dispusieron de fondos de la privatización, como en el caso de la CTS de Montesinos, así como la colusión desleal para la compra de medicinas chinas.

Los únicos puntos cuestionables del Informe de la Fiscal Maldonado se encuentran en dos apartados.

El primero, referente al delito de asociación ilícita para delinquir, rechazado en todos los casos en que fue presentado. La posición peruana es que este tipo penal se configura por la mera existencia de una banda o entidad criminal, como fue la organización criminal Fujimori - Montesinos, conformada luego de la entrada al poder. Para la Fiscal, esta organización debió formarse antes de la asunción del mando para configurar una asociación de este tipo, punto de discrepancia que deberá ser resuelto por el juez Orlando Alvarez.

El segundo, se relaciona con un expediente que ha sido dejado de lado por completo: el de la compra irregular de tractores chinos. De un lote de 3,000 tractores, por lo menos 500 eran defectuosos y se pagó un sobreprecio. La Fiscal considera que no existió delito, sino una mala gestión. De acuerdo a lo conversado con abogados involucrados en el proceso de extradiciòn, este quizás era el expediente más sujeto a interpretación de los presentados.

DERECHOS HUMANOS: EL FLANCO DEBIL DEL CHINO

Donde se encuentran los más sólidos argumentos del Informe Maldonado es en los temas de violaciones a los derechos humanos.

Un primer caso es el de la interceptación telefónica producida durante el régimen de Fujimori. La precisión que la Fiscal hace es que el proceso debería darse por los casos producidos desde el 21 de noviembre de 1995, fecha en que este delito fue tipificado en Chile.

El caso Barrios Altos - La Cantuta es donde el ex mandatario tiene las de perder. Puede afrontar una pena de hasta 35 años de prisiòn, pena más alta en los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada de personas, a los que se suma el de lesiones graves. Las pruebas abundan: el testimonio dado por Santiago Martin Rivas sobre los manuales de inteligencia elaborados para aniquilar personas en la lucha contra el terrorismo, por órdenes de Fujimori; los miembros del Destacamento Colina que implican a Fujimori; las felicitaciones y ascensos otorgados; la existencia de una voluntad para encubrir los hechos plasmada en la Ley de Amnistía; las investigaciones hechas por la CVR para demostrar que Colina era parte de la estructura del Ejército Peruano, entre otras.

A ello se suma la aplicación de una teoría penal llamada “dominio del hecho”, que señala la culpabildad de una persona a pesar que no ha estado presente en la escena del crímen, debido a que, por su posición jerárquica con relación a los ejecutores, tenía la posibilidad de dar la orden y de consentir los hechos perpetrados. Es la teoría que ha permitido procesar a altas jerarquías militares que vulneraron derechos fundamentales y, también, la que sirvió para sentenciar a cadena perpetua a Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre en los juicios civiles a la cúpula de Sendero Luminoso.

A este caso, se suma otro que habìa sido materia de la ampliación del caso Sotanos SIE. Se trata de la desaparición forzada de tres personas que fueron detenidas en el Cuartel General del Ejército y que nunca aparecieron. Este delito, a criterio de la Fiscal, está suficiemente acreditado.

LA IMPORTANCIA DEL CASO

A pesar que el Informe de la Fiscal no es vinculante, la contudencia de sus argumentos hace que sea bastante difìcil de rebatir por la defensa de Fujimori y, sin duda, serà muy tomado en cuenta tanto por el juez Orlando Alvarez como por la Sala Penal de la Corte Suprema quienes se encargarán de resolver este proceso de extradición.

La significación del caso Fujimori no es poca. Se trataría de la primera ocasión en que un jefe de Estado es procesado por delitos comunes en el Perú - Leguía, el antecedente más cercano, murió preso, pero no llegó a ser juzgado - y, esto no es poca cosa, de proceder la extradición en los casos de derechos humanos, sería la primera vez que un dignatario del nivel jerárquico de Fujimori sería repatriado por crímenes de lesa humanidad. Con ello se completaría, paradójicamente, los avances que fueron dados en el caso Pinochet en Gran Bretaña.

Pero, además, más allá del campo judicial, deberá significar para el país una seria revisión de su pasado reciente, de la manera en como muchos peruanos permitieron conclucar su libertad y sus derechos por un proyecto autoritario, que cometió crìmenes ampliamente documentados - algunos de los cuales, incluso, ya han merecido sentencia judicial - y que legó a los peruanos un pernicioso legado que hasta hoy nos acompaña.

MAS SOBRE EL TEMA:
Fujimori: Estoy tranquilo y no tengo intenciones de escapar.
Alan García: Fujimori tendrá un proceso justo en el Perú, si es extraditado.
La República: Fujimori Extraditable
Augusto Alvarez Rodrich: Un paso al más acá
Carlos Basombrío: ¿Piedras Gordas o Tokio?
Aldo Mariátegui: Se le puso color de hormiga.
Omar Chehade: Fujimori sería extraditado antes de Navidad.
María Zavala, Ministra de Justicia: Sí existen las garantías suficientes para juzgar a Fujimori
Carlos Tapia: Decisión debe saludarse sin hacer leña del arbol caído.
Carlos Raffo sigue arguyendo la tesis del “complot caviar”, aunque reconoce que no hay persecusión política.
Ronald Gamarra: Fujimori tiene una valla muy alta para evitar ser extraditado
Carlos Rivera: ¿El extraditable camino a Lima?

Calma, es apenas el primer paso.

Pero vaya que es un paso importante, dado que la Fiscal Mónica Maldonado recomienda la extradición de Alberto Fujimori por la mayor parte de los casos presentados por el Estado Peruano.

Así informa La Tercera, de Chile:

Se acabó el misterio. La fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado entregó esta mañana el informe por el cual recomienda extraditar a Perú al ex Presidente peruano Alberto Fujimori, quien en su país enfrenta 13 delitos por corrupción y violación a los derechos humanos, entre ellos el caso de las muertes ocurridas en las localidades de La Cantuta y en Barrios Altos, a manos de un grupo paramilitar denominado “Colina”, dirigido por Vladimiro Montesinos.

La resolución final de Alvarez no sólo definirá si Fujimori responde por los crímenes que se le imputan, sino que además delimitará las causas que podrá investigar la justicia peruana, pues así lo establece el tratado de extradición binacional. De hecho, Fujimori viajó a Chile en un intento de acotar los cargos en su contra.

Por su parte, El Comercio indica que:

Los cargos de corrupción acreditan en específico el delito de “peculado” y rechazan el de “asociación ilícita”, mientras que los cargos por violaciones a los derechos humanos lo inculpan por los crímenes de los casos La Cantuta y Barrios Altos, según consta en el informe.

El Mercurio precisa:

La fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, recomendó extraditar al ex Presidente peruano Alberto Fujimori por cinco delitos y diez cargos.

En tanto, se acogieron parcialmente 10 carpetas de las 12 que imputaban al ex Presidente.

¿Qué es lo que viene ahora? Entre 10 a 15 días, el juez Orlando Alvarez dará un fallo de primera instancia sobre la extradición. Posteriormente, será la Corte Suprema de Chile la que decida - se estima que en 4 o 5 meses más - el destino de Fujimori. Con ello, podría calcularse que para el verano del 2008 podriamos tener al Chino en Piedras Gordas.

Paciencia, esto, más que una carrera de 100 metros, es una maratón contra la impunidad.

LEE LA TRANSCRIPCION OFICIAL DEL FALLO.

Y para que tengan una idea exacta, estos son los delitos y casos por los cuales ha sido acusado Fujimori, de acuerdo al Dictamen Fiscal:

- Pago de una deuda que tenía Daniel Borobio con la SUNAT: peculado
- Interceptación telefónica: peculado e interceptación luego de 1995.
- Pagos a Hector Faisal, el difamador internauta de la dictadura: peculado
- Compra de Cable Canal de Noticias o Medios de Comunicación: peculado
- 15 millones de CTS a Montesinos: peculado y falsedad ideologica.
- Compra de Medicinas Chinas: colusion desleal
- Decretos de Urgencia para uso de dinero de la privatización: falsedad material e ideológica.
- Compra de Congresistas Tránsfugas: corrupción activa de funcionarios.
- Barrios Altos - La Cantuta: homicidio calificado reiterado y lesiones graves.
- Sotanos SIE: desaparición forzada de personas.

REACCIONES:
Fiscal Mónica Maldonado: Opiné porque Fujimori sea extraditado por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
Amnistía Internacional: Chilenos asocian a Fujimori con Pinochet en materia de Derechos Humanos.
José Antonio García Belaúnde, Canciller del Perú: Es un paso importante.
Allan Wagner: Es una noticia favorable.
Keiko Fujimori: Mi padre no fugará.
Francisco Soberón: Pronunciamiento tira por la borda argumentos de fujimoristas.

La foto que pueden ver arriba, tomada por la revista Caretas, es reveladora de uno de los primeros mensajes del “documental” Al Final del Tunel, “dirigido y producido” por el extraditable Alberto Fujimori.

Como se puede ver, las personas que aparecen resaltadas no pertenecen al grupo de comandos que efectuó el valeroso rescate de los rehenes en la residencia del Embajador del Japón. Son agentes del SIN, sin camuflaje, dirigidos por Roberto Huamán Azcurra, el hacedor de los vladivídeos. Se puede ver a uno de los hombres, camarita en mano, registrando la escena.

Este sería el origen de las “imágenes exclusivas” del publicherry de hora y 20 minutos que fue estrenado en el novísimo cine “Raúl Porras Barrenechea” - ex hemiciclo de la Cámara de Senadores, en el Congreso peruano - por los parlamentarios fujimoristas.

Pero confirma una verdad que se decía en susurros: Fujimori se llevó vídeos en su fuga al Asia. Y es la presencia de Huamán la que lo confirma.

Recordemos que fue este personaje quien entregó el video donde Ernesto Schutz Landázuri vendió su “canalazo” a Montesinos. Y, como se recuerda, durante la rocambolesca persecusión de Fujimori a Montesinos en octubre de 2000, Huamán fue detenido por varias horas en Palacio de Gobierno y ya en ese momento se sabía que era el custodio de los vídeos. A los pocos días, con varias maletas, Fujimori partiría a Asia para renunciar por fax.

Pero las incongruencias del fujidocumental no culminan allí.

Fujimori llega a contradecir su propia defensa. Como lo comentamos en su momento, los abogados chilenos del ex dictador argumentaron en su alegato final del proceso de extradición que el Chino no sabía nada de cuestiones militares, para echarle la culpa a las Fuerzas Armadas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante su gobierno. Es decir, se presenta como poco menos que un inimputable o un imbécil. Ahora el ex dictador se presenta como el único estratega de la operación militar, sin que ni siquiera aparezca el jefe de los comandos, el General José Williams Zapata en escena alguna del fujivideo. Como consigna La República, las Fuerzas Armadas son relegadas a un segundo plano en el documento fílmico.

Lo segundo es que, sea real o no su participación en la operación, Fujimori se “olvida” de Montesinos. Ignora que existía un audio en el que se les escucha ordenando - supuestamente - el inicio de la operación, así como las declaraciones siguientes:

“La noticia (de la toma de la residencia) la recibió con mi hijo Kenji, quien me acompañó al SIN. Me encontré con el asesor Vladimiro Montesinos y los dos evaluamos la situación“

“La solución de contingencia la dirigía personalmente con un grupo muy pequeño de oficiales. Había tres coroneles del Ejército y por parte del SIN Vladimiro Montesinos. Los cuatro eran citados periódicamente al garaje del Servicio de Inteligencia. Allí teníamos una maqueta, trabajábamos de noche o de madrugada viendo diversas opciones, pero en los dos frentes tenía la dirección total“

“En un comienzo, sobre la operación militar del rescate, tienen acceso a la información sólo seis personas. Tres coroneles del Ejército, Montesinos, el que habla y otro oficial del SIN”.

(Entrevista a Alberto Fujimori hecha por Gladys Bernal, El Comercio, 17 de diciembre de 1997).

Un tercer punto cuestionable en el documental es que los entrevistados - además del “director y productor” - sean personajes cercanos a Fujimori, lo que le da un toque más cercano a la propaganda que a la veracidad histórica. En Al Final del Tunel son presentados Domingo Palermo (ex Ministro de Educación de Fujimori), Alberto Pandolfi (un viejo conocido de todos nosotros), Luis Serpa Segura (ex Vocal Supremo vinculado a Montesinos), Juan Luis Cipriani Thorne (el arzobispo del Chino y que fuera durante 5 años miembro del directorio de FONCODES), Francisco Tudela (ex Canciller de la dictadura), Dante Córdova (ex Primer Ministro de Fujimori) y Kenji Fujimori, camarita en mano, no precisamente filmando a su perro “Puñete”. Nadie puede contrastar la versión del otrora “Emperador”, como se haría en cualquier documental que se precie de serlo. Claro, y ni hablar de la ejecución extrajudicial producida por los esbirros de Fuji & Vladi Producciones.

En suma, un documento sin valor histórico, salvo para los enceguecidos fanáticos del Chino. Y eso de fanáticos no es broma, revisen un reportaje del 2002 en el que se muestra a los fujimoristas deidificando al ex dictador.

Pregunta final: ¿Por qué los supuestos “financiadores” del documental - según Carlos Raffo, fujimoristas en Estados Unidos - no dan la cara?

¿Hemos regresado a 1999?

Durante largos años, la siembra de Fujimori fue exitosa y todavía sigue dando frutos en nuestra vida política, visibles en la debilidad de nuestros partidos. Visibles cuando al día siguiente de las elecciones, un candidato a vicepresidente traiciona al partido que lo acababa de llevar al Congreso. O como cuando se vuelve a pedir la pena de muerte y el retiro parcial o total de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La siembra de Fujimori sigue dando frutos, precisamente porque la mayoría de ellos no eran nuevos sino que estaban enraizados en los rincones más sombríos de nuestra tradición política; y porque durante el quinquenio anterior flaqueó la voluntad de reforma democrática. Por eso hoy, 15 años después, al no haber saldado cuentas con nuestro pasado, lo que se discute es si existe una alianza o solo coincidencias entre el partido de gobierno y los remanentes del fujimorismo.
(Carlos Iván Degregori, ¿Qué Sembró Fujimori?, Perú.21, 29 de marzo de 2007)

En 1999, cuando este país era gobernado por una pandilla mafiosa, el cinismo se convirtió en la divisa que acompañaba al pabellón nacional izado en Palacio de Gobierno.

Sin embargo, para muchos de los protagonistas de la política peruana de ayer y hoy, dicha mirada cínica, que evita responder por las consecuencias de sus actos y que no tiene empacho alguno en irse contra antiguos aliados o enemigos jurados, continua rigiendo su conducta ante la opinión pública.

Y es que otra cosa no puedo opinar luego de revisar - en términos someros - el alegato presentado por los abogados de Alberto Fujimori a la justicia chilena, que la revista Caretas presenta hoy de manera completa en su sitio en Internet.

Varios pasajes demuestran el calibre de las mentiras y contradicciones de dichos alegatos.

Fujimori pretende decir que los jefes de Estado tienen inmunidad, mentando la soga en la casa del ahorcado. No recuerdan los abogados del ex Presidente que la Cámara de los Lores de Gran Bretaña aprobó la extradición de Augusto Pinochet, el ex dictador chileno, restringiendo los alcances de la inmunidad en casos de lesa humanidad, como son los dos procesos más importantes que enfrenta el autócrata: Barrios Altos y La Cantuta.

El ex dictador tiene la ostra - por no decir una expresión más fuerte - de citar al Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, al que él y sus partidarios han atacado cual piñata. Solo lo hacen para citar que durante el gobierno del Chino, en términos estrictamente numéricos, ocurrieron menos muertes y desapariciones que durante los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García. Claro, Fujimori se saltea las páginas del Informe Final de la CVR en las que se critica el autogolpe del 5 de abril de 1992 - que no es mencionado en todo el documento - indican las felicitaciones y ascensos a los miembros del grupo Colina, sus responsabilidades políticas y penales como gobernante autoritario, el rol de Vladimiro Montesinos, sus atropellos a la democracia y a los derechos humanos, el caso de la matanza de Castro Castro y las degeneraciones de su política antisubversiva. Claro, eso no lo citan sus abogados, porque simple y llanamente lo hunde.

Fujimori culpa a las Fuerzas Armadas de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Ciertamente, los miembros de Colina eran militares y cumplían ordenes no sólo de Fujimori sino de toda la cúpula militar que consentía estas acciones. Pero claro, olvida que hubo oficiales del Ejército como Rodolfo Robles, quien sacrificó su carrera para denunciar la verdad de lo ocurrido, o como los insurgentes encabezados por el general Jaime Salinas Sedó, quienes quisieron librarnos de una dictadura. Olvida, claro, que la Ley de Amnistía para encubrir estos crímenes - y todos los que los miembros dañinos de las Fuerzas Armadas cometieron durante ese lapso - fue dada por el Congreso genuflexo que manejó y que él mismo no dudó en firmar el mismo día de su aprobación.

En su desesperada defensa, Fujimori confunde a los asesinos de Colina con los más de 1,000 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que murieron en cumplimiento de su deber, o a quienes quedaron severamente dañados en su salud física y mental. El que aprovechó de los militares para perpetuarse en el poder, el que convirtió a las Fuerzas Armadas en su guardia pretoriana y en el festín de los ladrones, ahora es, gracias a sus abogados, en un desentendido de lo que hacían los militares que comandaba, un ignorante que no tenía conocimientos sobre Fuerzas Armadas o lucha antisubversiva - claro y luego se vanaglorió de su “doctrina Fujimori” para combatir a la subversión -, un hombre tan poco comprometido con el país que, mientras todos los peruanos luchaban por preservar sus vidas, sólo se dedicaba a dictar Cálculo II y Cálculo III en la Agraria.

Este sinvergüenza, que durante 10 años se jactó de poder dirigir el país incluso desde el otro mundo, ahora es un gran ignorante de lo que pasaba, un casi deficiente mental que tiene la aspiración de volver a gobernar el Perú, como si robar y matar durante 10 años no fuera suficiente.

Y mientras este gran cínico da 296 fojas para la Historia Universal de la Infamia (o una nueva reedición del clásico de Borges), el Congreso discute otra decisión digna de los cínicos sentados en las 13 sillas fujimoristas y de algunos apristas con vocación de defensores de Fujimori.

Durante toda la mañana, el Congreso ha discutido una moción que constituye una clara intromisión en la independencia del Poder Judicial. Javier Valle Riestra, el ex premier del dictador que ahora funge de aprista, ha presentado una Moción en la que, de aprobarse, el parlamento expresaría su “enérgica protesta” por la citación al congresista y primer vicepresidente Luis Giampietri, quien ha sido citado de grado o fuerza por la Primera Sala Anticorrupción para declarar como testigo ofrecido por los acusados en el proceso al Grupo Colina, para referir el contexto de la lucha antisubversiva, en la que, probablemente, Giampietri termine justificando cuanta violación de los derechos humanos se cometió durante ese periodo de nuestra historia.

La Moción, en su forma original, iba a proponer que se inicie acciones penales contra las magistradas Inés Villa Bonilla, Inés Tello de Ñecco e Hilda Piedra Rojas.

Frente a esta propuesta, el Poder Judicial ha respondido de la manera más enérgica, mediante un comunicado de la Corte Superior de Lima, en el que expresan su “enérgico rechazo a esa voluntad de intromisión, interesada en perturbar el funcionamiento de estos órganos jurisdiccionales“, e indican que “los jueces solos nos debemos a la Constitución y a la ley“.

Sin emabrgo, ello no ha detenido a los congresistas apristas y fujimoristas, que terminaron votando por esta vergüenza.

Para rematar el asunto, ayer, el Comandante General del Ejército Edwin Donayre, olvidando que la Constitución le ordena no emitir pronunciamientos políticos, en una pascana organizada por el socio de Giampietri Alex Kouri, emitió una opinión favorable al almirante:

“Agradezco a mi entrañable primer vicepresidente, nuestro vicealmirante Giampietri, por su heroísmo, su valor, su arrojo ante ciertos vientos de guerra que soplan; pero usted siempre se mantiene firme. Verdaderamente, su estoicismo y su fortaleza son un ejemplo para nosotros, todos los uniformados“.

El propio Donayre reconoció, en su campechano estilo, que su jefe, el Ministro de Defensa, le ha “sacado dos veces tarjeta roja” por emitir opiniones políticos. Pero, como en el poema de Vallejo, el cadáver siguió muriendo y el general siguió hablando de lo que no debía.

¿Cuál es el fondo del asunto? Cecilia Valenzuela, en una de sus intervenciones más acertadas de los últimos años, lo ha explicado:

“La sala de Villa Bonilla ha sentenciado ya en el caso de los diarios chicha, donde se juzgó no sólo a Vladimiro Montesinos, sino a los ex propietarios del diario La Razón, la familia Wolfenson, y los militares que solventaron esos diarios infames que como El Chino, El Tío, La Chuchi o El Mañanero lucraban del Estado a cambio de destruir la reputación y la imagen de los políticos y los periodistas que combatían la dictadura más corrupta que han visto estas tierras.

Y como si fuera poco, esta sala ve el proceso contra los generales de la promoción Montesinos, que son investigados por enriquecimiento ilícito, por haberse robado el dinero de las privatizaciones con el pretexto de comprar armamento que resultó inservible. Ese proceso incluye a 45 procesados y los folios del expediente superan los 90 mil“.

Hoy, en el especial sobre los 15 años del autogolpe fujimorista, Augusto Alvarez Rodrich señala que toda dictadura es injustificable porque recorta las libertades básicas para vivir con dignidad, acaba en corrupción y culmina agravando los males nacionales. Parece que dicha lección aún no la han aprendido los políticos que atacan a los jueces anticorrupción y a quienes siguen creyendo en la inocencia del hombre más cobarde que haya ocupado el puesto de Presidente de la República.

¿Lo aprenderán algún día?

La revelación de El Mercurio: Entre la verosmilitud y la agenda politica chilena.

Para estas alturas, el reportaje de la periodista Andrea Sierra en el diario El Mercurio de Chile, referido a un supuesto pacto entre Alan García y Alberto Fujimori para impedir la extradición del ex dictador, ha puesto de vuelta y media a la política peruana.

El reportaje en cuestión revela varios off the record que han circulado en el ambiente con relación a la relación extraña - pero coincidente - entre el actual gobierno y los representantes de la mafia que gobernó el país en la década de 1990.

Aunque el reportaje no menciona los siguientes hechos, éstos serían los indicios más cercanos de una alianza o pacto implícito entre ambos sectores:

- La inclusión como primer vicepresidente de la República de Luis Giampietri Rojas, personaje con un discurso contrario a la defensa de los derechos humanos e involucrado en los sucesos de los penales de 1986, así como en acusaciones de corrupción durante la época de Alberto Fujimori. A ello se suma la presencia como Ministro de la Producción de Rafael Rey, hombre ligado al fujimorismo durante la década pasada, quien votó a favor de la indignante ley de amnistía.

- El desinterés general en la lucha contra la corrupción y en la extradición de Alberto Fujimori.

- La Ley que modifica las facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, con el fin de controlar los proyectos de las ong’s. Esta norma fue claramente una vendetta del APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo contra as organizaciones no gubernamentales involucradas en temas de institucionalidad democrática, derechos humanos, lucha contra la corrupción y defensa del medio ambiente.

- Los proyectos presidenciales para imponer la pena de muerte para violadores y terroristas, que ocasionarían la salida del Perú del sistema interamericano de derechos humanos. su único apoyo: quien más, el fujimorismo.

- Las leguleyadas con las que se intenta evadir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Penal Castro Castro y el no reconocimiento de que se produjeron ejecuciones extrajudiciales en 1992. El principal involucrado en este caso: Fujimori.

- La exagerada postura de parte de la bancada aprista de acusar constitucionalmente a Alejandro Toledo por los allanamientos del Perú ante el sistema interamericano. Acusación que, de todas maneras, respaldará el fujimorismo.

A ello se suma la gritería que desde el diario Expreso - convertido en “El Peruanito” de este régimen - se ha hecho sobre el tema. Con el título “Ataque al Perú” y haciendo una enrevesada teoría de la conspiración entre lo que llaman “izquierda caviar” y los sectores más nacionalistas de Chile para desestabilizar al gobierno, el diario del nuevo “compañero” Luis García Miró procura dejar de lado esta hipótesis. Solo a Carlos Raffo se le ocurrió una idea asi.

Sin embargo, hay algunas cuestiones que me llaman la atención del reportaje y que me hacen dudar de lo mencionado allí.

La primera, es que la periodista no presenta pruebas de sus afirmaciones, más allá de lo que menciona y que, de alguna manera, ha estado circulando también por Lima, en particular, entre la primera y la segunda vuelta.

La segunda, es que algunos datos parecerían erróneos o confundidos:

1. Ronald Gamarra, a quien mencionan como renunciante luego de la toma de mando de García, dejó el cargo de procurador durante el Gobierno de Toledo. Claro está, acusando la falta de voluntad política del gobierno anterior para luchar contra la corrupción.

2. Argentina no sería una alternativa de refugio para el ex dictador. Al igual que en Chile, se viene procesando las violaciones a los derechos humanos producidas durante la dictadura militar y Kirschner no está a favor de la impunidad. Además, el hecho que nos hayan devuelto a los Crousillat nos hace ver cual sería el futuro del ex mandatario de llegar a B. Aires.

La tercera, es una hipótesis que tengo sobre la verdadera motivación de la publicación.

Hay que recordar que El Mercurio fue el medio de comunicación que apoyó hasta el final a la dictadura de Augusto Pinochet y que mantiene una línea de derecha. Claro, a veces se mandan con reportajes sobre derechos humanos, pero su línea editorial es claramente conservadora y es el periódico desde el cual más propaganda han dado al Chino.

Pero hay temas de política chilena involucrados en el caso. No en vano la noticia intenta dejar mal parado al gobierno de Michelle Bachelet en temas de derechos humanos, algo que la presidenta conoce por experiencia personal.

Cabe preguntarse entonces:

1. ¿A quien en Chile no le conviene que se extradite a Fujimori?
2. ¿A quien le conviene perjudicar la imagen de la presidenta Bachelet?

Claro, Pinochet esta muerto, pero sus seguidores siguen pretendiendo boicotear causas de derechos humanos para “preservar el legado histórico” del extinto General. Y hay muchos militares y civiles que colaboraron en ese régimen, además de la familia Pinochet, que vienen siendo procesados por diversos delitos.

A ello se suma el momento particular que vive Chile. Con un Sebastían Piñeira debilitado por acusaciones de corrupción, el sector más democrático de la derecha chilena ha quedado sin rumbo y serían más bien los pinochetistas los que quieren hacer problemas al gobierno de la Concertación, aprovechando que Bachelet tiene una agenda interna bastante complicada por enfrentar.

Creo que más que en Lima, la pista podría estar en Santiago. Sin embargo, la hipótesis del pacto no puede ser descartada de plano, por los elementos antes señalados.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: Al Descubierto (?) Pacto García - Fujimori.
Una Bitácora de Jomra: Pacto Fujimori - García: por la no extradición.
Ernesto Velit: Supuesto pacto Fujimori - García es operativo de la derecha radical chilena.
Mauricio Mulder: Gobierno aprista si busca extraditar a Fujimori.
Gran Combo Club: De la alianza aprofujimorista al pacto Fujimori - García.
El Fondo del Vaso: Existe un acuerdo secreto entre Fujimori y García.

Las sentencias que a Fujimori lo pueden poner en un LAN de regreso a Lima.

(Hecho sobre la base de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)

LOS HECHOS

LA CANTUTA

El 18 de julio de 1992, en horas de la madrugada, miembros del Ejército peruano y agentes del Grupo Colina , vestidos con pantalones oscuros y “chompas” negras de cuello alto, encapuchados y armados, ingresaron al campus universitario irrumpiendo en las residencias de profesores y estudiantes.

Una vez en las residencias estudiantiles, los militares violentaron las puertas de las habitaciones y obligaron a todos los estudiantes a salir de sus dormitorios y a echarse al piso boca abajo mientras uno de los efectivos militares, a quien los estudiantes identificaron como el Teniente Medina, evitando ser visto, procedía a levantar violentamente la cabeza de cada uno de los estudiantes apartando a aquellos cuyos nombres figuraban en una lista que llevaba en las manos. Los militares se llevaron a los estudiantes Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa. Al mismo tiempo, fue detenido el profesor Hugo Muñoz.

Supuestamente, los detenidos tenían relación con el atentado de la calle Tarata, producido 2 días antes. Sin embargo, nunca se demostró su relación con dicho hecho luctuoso, ni si tenían relación con Sendero Luminoso. Todo indica que tanto los estudiantes como el profesor pertenecían a sectores de izquierda radical.

Como luego se supo, los estudiantes y el profesor fueron ejecutados extrajudicialmente y enterrados en dos sitios distintos, luego que sus restos fueran calcinados en el Pentagonito.

El caso alcanzó relevancia por las denuncias de los congresistas Henry Pease y Roger Cáceres Velásquez y por las investigaciones hechas por las revistas Sí y Caretas. A ello se sumó el testimonio del General EP Rodolfo Robles, que sacrificó su carrera por denunciar la implicación de Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza en estos hechos.

Posteriormente, el caso fue sentenciado por el Fuero Militar en 1994, cuando no le correspondía, para que, un año después, los responsables del crímen fueran liberados por los efectos de la Ley de Amnistía, ley cuyos efectos han quedado suspendidos, de acuerdo a lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001.

LA SEGUNDA MATANZA DE LOS PENALES: CASTRO CASTRO

El Estado, carente de políticas y estrategias penitenciarias, improvisó un sistema único de concentración de reclusos, sin implementar regímenes adecuados a estos nuevos internos. De este modo, la relación entre el Estado y los acusados y sentenciados por terrorismo durante la década de los ochenta fue extremadamente tensa. En este contexto se presentaron una serie de motines durante las décadas de 1980 y 1990.

En este contexto, entre el 6 y 9 de mayo de 1992, luego del golpe de Estado de Alberto Fujimori, se desarrolló el denominado operativo “Mudanza 1″, destinado al traslado de presas senderistas de la prisión conocida como “Miguel Castro Castro” al establecimiento penal de mujeres de Chorrillos (”Santa Mónica”).

Las autoridades estatales no informaron del referido traslado ni al Director del penal, ni a las prisioneras, sus familiares o abogados. Asimismo, el operativo fue planificado por el Estado sin advertir al personal policial sobre el respeto irrestricto por la vida y la integridad física de los internos.

Por esa razón, el descontrol territorial de los pabellones, la ausencia de una estrategia y táctica disuasiva, así como la prolongada resistencia de los internos acusados por delito de terrorismo, determinó que las fuerzas del orden, ilegalmente, usaran armas de guerra, explosivos, bombas lacrimógenas, vomitivas y paralizantes en contra de civiles, desde el inicio de la operación.

El Estado, asimismo, no recurrió a mecanismos alternativos tendientes a lograr una solución negociada del conflicto con la población del penal y se rechazó expresamente la intervención de la Cruz Roja Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Episcopal de Acción Social y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuyos representantes ofrecieron mediar en el conflicto.

De acuerdo a las investigaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el objetivo real del “operativo” no fue el referido traslado de las internas, sino que se trató de un ataque premeditado, un operativo diseñado para atentar contra la vida y la integridad de los prisioneros que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal Miguel Castro Castro. Los actos de violencia fueron dirigidos contra dichos pabellones, ocupados en el momento de los hechos por internos acusados o sentenciados por delitos de terrorismo y traición a la patria.

Según artículos periodísticos publicados los días 7 y 8 de mayo de 1992, al finalizar el día 6 de mayo de 1992 el entonces Presidente de la República, Alberto Fujimori, se reunió en las instalaciones de la Comandancia General del Ejército, conocida como “Pentagonito”, con el Consejo de Ministros y autoridades policiales y militares, para evaluar la situación del penal.

El 7 de mayo, Fujimori se reunió nuevamente con el Consejo de Ministros y autoridades policiales y militares en el “Pentagonito” para evaluar la situación del penal. En esas fuentes se señaló que entre otras acciones inmediatas se prohibió la presencia en las cercanías del penal de los organismos de derechos humanos, se dispuso el corte de luz, agua y alimentos para los internos, así como el incremento de los ataques con armas de fuego y explosivos.

El 9 de mayo, 42 internos del Establecimiento Penal de Máxima Seguridad “Miguel Castro-Castro” ubicado en San Juan de Lurigancho, al este de la ciudad de Lima, fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado.

El 10 de mayo se levantó un acta del material incautado en el penal por el personal especializado de la Policía Nacional, en la cual constan 10 armas (2 subametralladoras, 4 revólveres, 1 escopeta y 3 pistolas), 11 granadas y 24 artefactos explosivos caseros “queso ruso”. Dicha acta fue firmada por la fiscal Mirtha Campos.

Una vez que salieron de los pabellones la mayoría de los internos sobrevivientes fueron obligados a permanecer en las zonas del penal denominadas “tierra de nadie” y “admisión”, tendidos boca abajo sobre la tierra, en posición de cúbito ventral, sin abrigo, a la intemperie, permitiéndoseles levantarse únicamente para ir a orinar, y fueron objeto de constantes golpes y agresiones. Quienes estuvieron en estas condiciones durante varios días, recibieron como único alimento pan y agua de manera irregular por las mañanas y una sopa aguada, y fueron vigilados por agentes de seguridad armados y con perros, y si alguien se movía o se quejaba dichos agentes se paraban sobre el cuerpo del sobreviviente y lo insultaban.

Fujimori estuvo presente en el penal y caminó entre los prisioneros tendidos boca abajo en el suelo de los patios del presidio.

LAS CUESTIONES RELEVANTES EN TÉRMINOS JURIDICOS

LA CANTUTA

La particular gravedad de los hechos se revela en la existencia de toda una estructura de poder organizado y de procedimientos codificados mediante los cuales operaba la práctica de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Estos no constituían hechos aislados o esporádicos, sino que llegaron a configurar un patrón de conducta durante la época en que ocurrieron los hechos, como método de eliminación de miembros o sospechosos de pertenecer a organizaciones subversivas, empleada en forma sistemática y generalizada por agentes estatales, la mayoría de las veces por miembros de las Fuerzas Armadas.

Por su determinante papel en este caso, es preciso hacer notar la participación del denominado Grupo Colina, que en el seno de las fuerzas armadas hacía parte preponderante de una política gubernamental consistente en la identificación, el control y la eliminación de aquellas personas de quienes se sospechaba pertenecían a los grupos insurgentes, mediante acciones sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales indiscriminadas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y torturas. El grupo fue organizado directamente dentro de la estructura jerárquica del Ejército peruano y sus actividades y operaciones fueron desarrolladas, según diferentes fuentes, con conocimiento de la Presidencia de la República y del Comando del Ejército.

Recordemos que a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992 se estableció un régimen de facto que suspendió la institucionalidad democrática del país a través de la abierta intervención en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en el Ministerio Público y en otros órganos constitucionales. Se gobernó por decreto a través del denominado «Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional», que concentró durante un breve lapso las funciones ejecutivas y legislativas del Estado, neutralizando en la práctica el control político y judicial sobre sus actos. A la luz de las más recientes investigaciones judiciales, se puede concluir, además, que durante ese tiempo se hizo uso de los recursos del Estado con la finalidad de organizar, adiestrar y emplear grupos operativos encubiertos que tuvieron como finalidad el asesinato, la desaparición y la tortura de personas, todo ello alrededor de la estructura del Servicio de Inteligencia Nacional.

El Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para completar eficazmente y llevar a término, en un plazo razonable, las investigaciones abiertas y los procesos penales incoados en la jurisdicción penal común, así como activar, en su caso, los que sean necesarios, para determinar las correspondientes responsabilidades penales de todos los autores de los hechos cometidos en perjuicio de Hugo Muñoz Sánchez, Dora Oyague Fierro, Marcelino Rosales Cárdenas, Bertila Lozano Torres, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa y Felipe Flores Chipana. Con el propósito de juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, el Estado debe continuar adoptando todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, y proseguir impulsando las solicitudes de extradición que correspondan.

CASTRO CASTRO

En el presente caso es claro que los actos estatales del llamado “Operativo Mudanza 1”, que duró cuatro días, fueron ampliamente difundidos en la sociedad peruana, fueron tratados por los medios de comunicación y públicamente por las autoridades estatales como acciones estatales tendientes a controlar un amotinamiento de reclusos considerados como miembros de grupos subversivos, así como también significaron una exposición pública acerca de la magnitud de fuerza que el Estado era capaz de utilizar en la lucha antisubversiva.

Los hechos, realizados de forma directa por agentes estatales cuya actuación se encontraba protegida por su autoridad, se dirigieron contra personas recluidas en un centro penal estatal, es decir, personas respecto de quienes el Estado tenía la responsabilidad de adoptar medidas de seguridad y protección especiales, en su condición de garante directo de sus derechos, puesto que aquellas se encontraban bajo su custodia.

El Estado debe, en un plazo razonable, investigar efectivamente los hechos denunciados en el presente caso, identificar y, en su caso, sancionar a los responsables, para lo cual debe abrir los procesos pertinentes y conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite así como los que se llegaren a abrir, adoptar todas las medidas necesarias que permitan el esclarecimiento de todos los hechos del presente caso, con el propósito de determinar la responsabilidad intelectual y material de quienes participaron en dichas violaciones, y divulgar públicamente los resultados de estos procesos penales.

En el voto razonado del juez Antonio Cancado Trindade se dice que:

El bombardeo de la Prisión de Castro Castro fue una masacre premeditada, planificada y ejecutada por agentes del Estado, desde la más alta jerarquía del poder estatal hasta los integrantes de las fuerzas de seguridad. Fue, como ya señalado, un crimen de Estado. Una vez más esta Corte decidió, mediante la presente Sentencia, sobre un crimen de Estado, cuya ocurrencia se muestra mucho más frecuente de lo que uno puede imaginar. Los crímenes de Estado que han alcanzado la justicia internacional son un microcosmo de las atrocidades del cotidiano, en distintos continentes, que todavía no han logrado ser alzadas al conocimiento de los tribunales internacionales contemporáneos.

Ahora comprendemos porque en Santiago tiemblan por estos dos fallos.

MAS SOBRE EL TEMA:
César Hildebrandt: Sangre de terceros.
Perú.21: Presentarán fallo de la CIDH en caso de extradición de Fujimori.
Santiago Pedraglio: Más argumentos para la extradición.

Recordándole el prontuario a un cínico que alguna vez gobernó el Perú.

Alberto Fujimori, el hombre que gobernó autocráticamente el Perú durante la década del noventa, ahora dice padecer del mal de Alzheimer.

No recuerdo nada de lo que me acusan, no tengo conocimiento, fueron las frases más repetidas en la testimonial que dio ante el juez chileno Alvarez, quien lleva su proceso de extradición en el país del sur.

Pero en esta columna sí tenemos buena memoria. Y aquí le recordamos al cínico ex dictador algunas de las notas más profusas de su prontuario.

¿Se acuerda, señor Fujimori, que usted fue el único rector en la historia de la Universidad Agraria que no presentó balances ni memorias durante su gestión?

¿Recuerda que Vladimiro Montesinos no sólo fue su asesor presidencial, sino que fue su cómplice en actividades delictivas, carrera que comenzó en 1990, cuando lo ayudó a ocultar un expediente de evasión de impuestos en el que estaba involucrado?

¿Olvida que el Código Penal de 1991, el mismo que usted promulgó, penaba con 20 años de prisión los golpes de Estado y, a sabiendas, dio un golpe el 5 de abril de 1992?

¿No recuerda que firmó las resoluciones de felicitación para Santiago Martin Rivas y otros miembros del sanguinario grupo Colina? ¿No se acuerda de los nueve testimonios de miembros de este destacamento que lo señalan como responsable de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos? ¿No recuerda que la eliminación y desaparición fue su verdadera política antisubversiva?

¿No se acuerda de los tractores y medicinas chinas que eran el jugoso negocio de su amigo y cómplice Víctor Joy Way?

¿No le suena el nombre de Augusto Miyagusuku Miyagui, quien como Presidente de Popular y Porvenir - la aseguradora estatal - y representante de las ong’s Aken y Apenkai, se convirtió en su cajero? ¿No revisa Internet y no ha visto que La República publica las cuentas secretas de su amigote? ¿No aprobó usted la postulación del hermano de su cajero - Manuel Miyagusuku Miyagui - con el número 11 en la lista de Si Cumple por Lima?

¿No se acuerda de la jugosa CTS de 15 millones de dólares a Montesinos, que usted le llevó en persona en varios maletines?

¿No se acuerda de todas las compras de conciencia que se hacían en la salita del SIN y cuyo último propósito eran asegurar su permanencia en el poder?

¿Es tan cínico que olvida la serruchada de brazo a Fabián Salazar, quien fue el primero en tener noticias sobre los tristemente célebres “vladi videos”?

Usted que se jactaba de recorrer todo el país, ¿puede olvidar las esterilizaciones forzadas que su gobierno implementó en la sierra del país?

¿Puede demostrar su desbalance patrimonial y como pagó las universidades costosas de sus hijos en el exterior, sí decía ganar “sólo” 2,000 nuevos soles mensuales?

¿No se acuerda de los decretos secretos de urgencia que permitieron la malversación de bienes y fondos?

Finalmente, si es tan desmemoriado, ¿por qué pretende volvernos a gobernar?

ENLACES:
La República: Con plata del SIN Miyagusuku compró terreno para Fujimori.
Perú.21: Fujimori argumenta falta de memoria ante acusaciones.
Omar Chehade: Evasivas no lo beneficiarán.
Luis Bambarén: Todos sabemos que Fujimori está mintiendo.