Desde el Tercer Piso

Una más de Hernán Garrido Lecca

Vía el Blog del Morsa me entero que un suceso que parecía ser una de las mejores noticias del año ha terminado siendo una gran estafa.

Como se comentó en varios blogs a raíz de la declaración de Macchu Picchu como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo, el Estado peruano tenía pendiente un reclamo ante la Universidad de Yale por más de 4,000 piezas que Hiram Bingham se llevó de la ciudadela inca.

En junio, The New York Times publicó un articulo polémico sobre el tema de Machu Picchu y las piezas en poder de Yale. Sin embargo, dio algunas claves para el futuro: nos devolverían parte de las piezas - pero las de menor valor - y el negociador peruano sería nada menos que Hernán Garrido Lecca a.k.a Marcahuasi.

Lo cierto es que lo que algunos medios anunciaban como la devolución de todas las piezas ha resultado siendo lo que sibilinamente Correo llama “solución salomónica”, es decir, lo que el New York Times ya había dicho que era lo que Yale atracaría como salida.

En otras palabras, Garrido Lecca - metido sabe Dios y Alan a cuento de que en temas que competen a Cecilia Bákula - no negoció nada. Solo dio el amen a la propuesta, ignorando el inventario completo de las piezas que se encuentran en Estados Unidos.

Lo siento muchachos, pero la verdad es la verdad. Yale reconoce que las piezas son nuestras pero no las devuelve, luego de casi un siglo. Otra vez nos hicieron el cuento. Gracias Alan, gracias Garrido Lecca, gracias Bákula. Una vez más, la dignidad del país por los suelos.

MAS SOBRE EL TEMA:
Universidad de Yale: Acuerdo con el Estado peruano
Perú.21: Yale no devolverá todo.
La República: La Universidad de Yale no devolverá todas las piezas de Machu Picchu

La semana pasada, en el programa La Ventana Indiscreta, César Hildebrandt Chávez presentó un reportaje sobre una estafa cometida por Desarrollo Siglo XXI, la empresa constructora de Genaro Delgado Parker.

Los perjudicados fueron los miembros de una familia peruana residente en Estados Unidos, quienes entregaron a la constructora más de 90,000 dólares para que le hiciera un condominio en el proyecto Islas de San Pedro, en el plazo de un año, pero hasta el día de hoy solo existen unas zanjas y no se ha levantado.

En el reportaje se mencionó que Hernán Garrido Lecca, actual Ministro de Vivienda y Construcción, había sido director de la compañía durante la época en que se produjeron las irregularidades denunciadas en el reportaje. Garrido ha señalado que estuvo en la empresa hasta el 27 de julio de 2006, pero que “por error” no había inscrito su renuncia y, que, además, él no sería responsable por la estafa.

Sin embargo, el Ministro se olvida de hacer algunas precisiones.

LA RESPONSABILIDAD DEL MINISTRO POR LA ESTAFA

La Ley General de Sociedades, en su artículo 12, indica lo siguiente:

La sociedad esta obligada hacia aquellos con quienes ha contratado y frente a terceros de buena fe por los actos de sus representantes celebrados dentro de los limites de las facultades que les haya conferido aunque tales actos comprometan a la sociedad a negocios u operaciones no comprendidos dentro de su objeto social.
Los socios o administradores, segun sea el caso, responden frente a la sociedad por los daños y perjuicios que esta haya experimentado como consecuencia de acuerdos adoptados con su voto y en virtud de los cuales se pudiera haber autorizado la celebracion de actos que extralimitan su objeto social y que la obligan frente a co-contratantes y terceros de buena fe, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiese corresponderles.
La buena fe del tercero no se perjudica por la inscripcion del pacto social.

Por ello, el Ministro no puede decir tan alegremente que solo el Gerente General - en este caso, la hija de Genaro, Patricia Delgado Caferatta - es la única persona que respondería. Claro, es la principal responsable porque su firma aparece en el contrato suscrito con los estafados, pero tampoco es que pueda safar bulto tan facilmente. Si la empresa no tiene patrimonio suficiente para pagar la deuda, los demandantes pueden irse contra cualquiera de los directores de la empresa, que incluyen a Genaro, Marcahuasi y a Arturo Woodman, quien también era director de la empresa. Esto, de acuerdo al Código Civil, en la parte sobre responsabilidad solidaria.

LA EXTRAÑA RENUNCIA DE MARCAHUASI Y ARTURO WOODMAN

Pero lo más grave tiene que ver con la falta de la inscripción de la renuncia, a la que Garrido Lecca califica como “mero descuido”. Las razones, a continuación.

Como sabrá el público lector de Desde el Tercer Piso, el miércoles 2 de mayo publiqué en el blog una investigación titulada ¿El Padrino de Genaro? en la que señalé que Garrido Lecca seguía figurando como Director de Desarrollo Siglo XXI, a pesar que existían serias cuestiones legales que desarrollé el viernes 4 de mayo.

Pues bien, es con posterioridad a esta denuncia que recién Garrido Lecca y la empresa en cuestión se animan a inscribir el hecho ante la CONASEV (ya que la empresa cotiza en bolsa, están obligados a informar cualquier cambio en su directorio) y ante Registros Públicos.

A CONASEV envían dos comunicaciones. La primera es del 7 de mayo de 2007, 5 días después de la denuncia de este blog, registrando la renuncia de Garrrido Lecca y de Arturo Woodman al directorio de la constructora, ambas fechadas el 27 de julio de 2006. El 14 de mayo de 2007, 12 dias después del primer post sobre el tema, presentan una segunda comunicación a CONASEV sobre el mismo tema.

En Registros Públicos, se presentó el título 258960-2007 para inscribir dichas renuncias, con fecha 11 de mayo de 2007, es decir, 9 días después de la denuncia de este espacio. Como pueden ver a continuación, el expediente está observado actualmente en Registros Públicos.

Además de la renuncia extemporánea, resulta curioso que Garrido Lecca y Woodman renuncien al mismo tiempo, sobre todo porque el Ingeniero recien es nombrado como presidente del IPD en septiembre de 2006.

Como se puede ver, hay mucho más que ambos personajes tienen que explicar a la opinión pública sobre sus vínculos, en el que media una estafa de por medio y una inscripción extemporánea de renuncia bastante sospechosa.

¡San Borjinos unidos, jamás seremos vencidos!

Llegaba ayer de comer fuera y me pusé a ver televisión con mis viejos. Para variar, el tradicional zapping entre La Ventana Indiscreta y Prensa Libre, aunque no estábamos con muchos ánimos de ver algo más sobre the Sao Paulo True Cholywood History.

Pero un reportaje de LVI nos hizo poner los cinco sentidos alertas. No sólo porque ocurría una de esas cosas que pasan siempre en el Perú, sino porque nos afecta directamente: parte del Boulevard Francisco Bolognesi, una de las áreas verdes más grandes de San Borja, a apenas 5 cuadras de mi casa, estaba siendo vendida por el NBK Bank en liquidación.

Ocurre que dos invasores de este parque, desalojados hace muchos años, a inicios de los noventa se hicieron con la propiedad de cerca de 14,000 metros cuadrados de parque, comprendidos entre las avenidas San Borja Norte y Las Artes, mediante una figura legal que se llama prescripción adquisitiva. Sin embargo, el juez que otorgó esta inscripción no se percató que el terreno adquirido era un área verde y, además, comprendido dentro del cauce del Río Surco, que de acuerdo a una norma expedida durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde lo declaraba zona intangible.

Este terreno es posteriormente vendido. Percatándose de la estafa, los nuevos propietarios deciden hacer una nueva operación dolosa: piden un prestamo para sus empresas al Banco del Progreso, que nunca pagan, en el que la garantía era el parque. Consecuencia, el banco se hace de la propiedad del parque. Años más tarde, esta entidad financiera es absorvida por NBK Bank, que entra en problemas el 2000 y está en proceso de liquidación. Sospechosamente, los bancos no se percataron que este terreno era un área verde desde hace 40 años.

Como es obvio, los vecinos - en particular, los que viven frente a la zona - se han comenzado a organizar para impedir la venta. Tanto las municpalidades de Lima y San Borja reconocen que esto es un parque y que debe quedar como tal. Así las cosas sólo quedan dos caminos: o impedimos la venta o los sanborjinos compramos nuestro parque.

Por lo menos una vez a la semana camino por la avenida Boulevard para poder relajarme. La presencia de áreas verdes no sólo nos purifica el aire, sino que a esta zona tan tranquila de Lima, donde está ubicado este Tercer Piso, la hace más habitable. Desde aquí estaré apoyando las acciones que los vecinos - y espero que a ello se sumen nuestras autoridades locales, que para algo las elegimos - emprendamos en defensa de uno de nuestros pulmones más cercanos.

Una denuncia sobre colegio ubicado en Magdalena

El día de ayer, llegó a mi correo electrónico un mail enviado por alumnas del Colegio Santa María, ubicado en Magdalena del Mar, conocido también como Saint Mary School.

Según lo afirmado por las ex alumnas y he podido verificar, este colegio, con más de 50 años de historia, ha cerrado sus puertas de manera intempestiva, con algunas situaciones irregulares que su promotor, Guillermo Injoque Daly, deberá aclarar ante varias autoridades, a los padres de familia y a sus propios trabajadores.

El Saint Mary School fue fundado en 1953 por las señoras Consuelo Amat y León de Ureña y Consuelo Daly de Injoque. La enseñanza de este plantel se destinaba a la formación de mujeres, tanto en las secciones primaria y secundaria, como, hasta la dictadura militar, para el secretariado a través de la llamada sección Comercio. El plus que tenía era un buen nivel en el idioma inglés, con profesoras capacitadas en esta materia, colaboración de ciudadanos estadounidenses e intercambio a Estados Unidos para las alumnas más destacadas.

Su periodo de esplendor estuvo en las décadas de 1960 y 1970. Su alumna más célebre fue la productora de televisión Michelle Alexander, conocida por ser la autora del boom de las miniseries de Frecuencia Latina.

Pues bien, en la década de 1990, las dos fundadoras se retiraron y años más adelante fallecieron. El hijo de Consuelo Daly de Injoque, Guillermo, asumió las funciones de promotor del plantel, conjuntamente con el hijo de Consuelo Ureña.

Según el correo de las ex alumnas, durante el año 2006 ocurrieron las siguientes irregularidades:

- Para el mes de octubre de 2006 se les adeudaba 4 meses de salario a los profesores del plantel. Ello, a pesar que los padres de familia depositaban las pensiones en una cuenta del Scotiabank. Cuando los padres de familia fueron al banco a averiguar, en la cuenta destinada al colegio no existía fondo alguno.

- Posteriormente, los padres de familia fueron a hacer averiguaciones legales a la SUNAT, donde comprobaron que el colegio había sido dado de baja en el Registro Unico de Contribuyentes. Ingresen a la página web de la SUNAT y allí podrán verificar como lo he hecho dicha afirmación.

- Para el mes de diciembre, los padres de familia decidieron pagar la pensión directamente a los profesores, para que así pudieran cobrar parte de lo adeudado y el mes de diciembre. Al mismo tiempo, los profesores fueron comunicados por la AFP a la que cotizaban de su cese. Allí se percataron que desde 2001 no habían depositado sus respectivos fondos de pensiones. Cuando fueron a reclamar tanto padres como profesores a Injoque, éste negó las acusaciones. En ese momento ya había comenzado a circular los rumores de cierre del colegio.

- En enero de 2007, comenzó el proceso de matrícula para el presente año escolar, que comenzaría el 1º de marzo. Sin embargo, Injoque, intempestivamente, envío una carta notarial señalando que debìa detenerse el proceso de matrícula y devolverse el dinero a los familiares. A los pocos días, el promotor informó a los padres que el colegio no iba más, con el consiguiente fastidio de los profesores.

De acuerdo a lo que hemos podido comprobar, INDECOPI ya tiene una denuncia sobre estos hechos, en particular, el cierre intempestivo ad portas del inicio del año escolar. Así informó su portal electrónico el 2 de febrero:

“El colegio particular Santa María, ubicado en la cuadra 29 de la Av. Brasil, en el distrito de Magdalena del Mar suspendió las matrículas desde el día de ayer, por lo que el INDECOPI evaluará el hecho con el fin de verificar si decisión fue informada oportunamente a los padres de familia con el fin de que tomen las previsiones del caso y no peligre la educación de sus hijos.

La Comisión de Protección al Consumidor evaluará si la decisión de suspender el servicio educativo fue comunicada previamente a los padres de familia, con el fin de que busquen otro colegio para sus hijos y su educación no corra peligro y se aplicarán las acciones pertinentes, precisó la secretaria técnica de la Comisión, Eva Céspedes Correa. Agregó que informará de esta situación al Ministerio de Educación para que tome las acciones que le corresponda“.

De acuerdo con la versión que ha llegado al Tercer Piso, se les adeuda a los docentes los beneficios sociales correspondientes y se les querría obligar a renunciar para evitar hacer los pagos por despido intempestivo, por los cuales les correspondería un monto bastante mayor al de una renuncia. Aunque no hemos podido comprobarlo, se señala que se ha llegado a falsificar la firma de una profesora en un documento donde se señala que el promotor no tiene deudas con esta persona.

El local del colegio ya ha sido vendido y ya habrían comenzado a hacerse trabajos para su pronta demolición. Hoy, 15 de febrero, el local sería entregado a la inmobiliaria a la que se ha vendido este predio. Las ex alumnas estarían preparando una protesta en la puerta del local.

Es cierto que compete a cada persona el cierre de una actividad empresarial, es parte de la libertad de asociación que cada persona tiene. Sin embargo, tiene que hacerse de la mejor manera y sin dejar pendientes los compromisos con los trabajadores. Además en el caso de un colegio, este cierre debe ser comunicado de manera anticipada a los padres, a fin que los alumnos no se vean perjudicados. Guillermo Injoque Daly, sin duda, tiene varias cosas por explicar y varias cuentas por saldar.

Sin duda, situaciones así ocurren todos los días, pero es necesario ponerles un coto. Ojalá este post ayude a que más personas denuncien hechos como estos.

ACTUALIZACION: América TV sacó hoy un reportaje sobre el tema. En este reportaje se indica que Mercedes Araoz, Ministra de Comercio Exterior y Turismo, es otra egresada de este colegio. Injoque alega que por deudas cerró el colegio, pero no ha aclarado el por qué del cierre intempestivo.

Francisco Diez Canseco se ha convertido en el abanderado de la ley que intenta amordazar a las organizaciones no gubernamentales, presentándose, además, como el campeón de la transparencia ante los medios que le dan tribuna, es decir, los diarios Expreso y La Razón.

Normalmente no me refiero a personas en este espacio, pero dado que la trayectoria pública de este personaje lo amerita, creo que es necesario dar a conocer al público lector de este espacio cuáles son las fobias de Diez Canseco, así como aquellas cosas que pretende ocultar, bajo el manto de sus palabras vacías, insultos y adjetivos.

LA VERDAD SOBRE EL CONSEJO POR LA PAZ

El Consejo Por la Paz fue creado en 1990 - en las postrimerías del gobierno de Alan García - mediante Ley N° 25237, como un órgano que, independientemente de las atribuciones del Estado para planificar y conducir las acciones de pacificación, debía elaborar y presentar al Poder Ejecutivo un Plan Nacional de Pacificación y contribuir a su ejecución, así como apoyar los esfuerzos nacionales y regionales para fortalecer la conciencia ciudadana sobre los derechos humanos.

Ya durante el gobierno de Alberto Fujimori, mediante Decreto Legislativo N° 652, promulgado en 1991, se amplían sus funciones, otorgándose al Consejo las facultades para presentar al Ministerio Público su constante apoyo en la defensa de los derechos ciudadanos y realizar todo tipo de acciones destinadas a lograr la paz en el país. Además, el Consejo debía contar con oficinas descentralizadas en todo el país.

El Consejo Por la Paz estaría conformado por representantes de los partidos políticos, gremios de trabajadores y empresarios, policías y militares en situación de retiro, iglesias y defensores de derechos humanos.

Sin embargo, aqui comienzan los problemas.

En 1991, la ayuda militar norteamericana para el combate contra el terrorismo y el narcotráfico se encontraba estancada, debido a que el Congreso norteamericano tomó bastante en serio las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la lucha contrasubversiva por agentes del Estado.

Para evitar perder dichos fondos y apoyo, Fujimori hizo una pantomima de actos presuntamente favorables a los derechos humanos. Una de ellas fue la activación del Consejo por la Paz.

Inicialmente se convocó a que fuera un representante de la Iglesia Católica (Monseñor José Luis Dammert, obispo de Cajamarca y hombre comprometido con los derechos humanos) quien presidiera el Consejo, pero, en parte porque se olía el tufillo a estafa, en parte por pugnas dentro de la Iglesia, dicho ente eclesial decidió no participar en este esfuerzo.

Finalmente, el fujimorismo designó a Francisco Diez Canseco Távara - ex aprista y en ese entonces líder de la efímera Unión Cívica Independiente - como Presidente del Consejo por la Paz. El hecho de no ser una figura de consenso y cercano al Ejecutivo no le trajo todas consigo, lo que hizo perder apoyo.

En una de sus primeras acciones, en un viaje a Washington, Diez Canseco desnudó su verdadera cara. Allí acusó a los organismos de derechos humanos como defensores de los derechos de los subversivos. Exactamente el mismo lenguaje empleado por Alberto Fujimori durante todo su periodo. Ello hizo que las organizaciones de defensa de los derechos humanos no participaran en el Consejo por la Paz.

A lo largo del periodo fujimorista, el Consejo por la Paz no cumplió con las tareas que le fueron encomendadas, ya que nunca fue presentado al país el Plan Nacional de Pacificación al que estaba obligado mediante sus normas de creación y funcionamiento y no tuvo una incidencia práctica real para la reducción de la violencia durante la década de los noventa, toda vez que el gobierno de ese entonces dictó su propia legislación sobre la materia sin consultar al Consejo o dejó seguir políticas para enfrentar a la subversión que provenían de años anteriores.

Sin una política clara de respeto a los derechos humanos y con poca proclividad al diálogo por parte del gobierno de aquel entonces, una instancia como esta no pudo conformar una política integral de pacificación, que no solo abarque el aspecto militar del combate a la subversión, sino que también brinde propuestas para que los derechos humanos de todos los peruanos sean respetados. El Consejo tampoco fue efectivo en detener las iniciativas autoritarias hechas por el gobierno fujimorista con el pretexto de la pacificación del país, o en siquiera denunciarlas en voz alta. En otras palabras, Diez Canseco se mantuvo relativamente cómodo en su posición durante todos esos años.

Restaurada la democracia, el Consejo por la Paz no ha tenido relevancia alguna para el establecimiento de una política de Estado en materia de derechos humanos, en particular, en la conformación del Plan Nacional de Derechos Humanos, vigente desde diciembre de 2005. Asimismo, no incidió en la búsqueda de la verdad de lo ocurrido durante el periodo de violencia que vivió el país entre 1980 y 2000.

Esta poca trascendencia, además, se confirma en el hecho de que el Consejo por la Paz no ha suministra apoyo alguno a las entidades gubernamentales encargadas de cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación o de brindar propuestas o soluciones sobre las secuelas del periodo de violencia que sufrió el Perú entre 1980 y 2000.

Estas condiciones, sumadas a la existencia de otros organismos de encargados de velar por la defensa de los derechos humanos desde el Estado y a que debía cumplirse una nueva etapa de verdad, justicia, reparación y reconciliación nacional, hizo que la CVR planteara como recomendación final la desactivación del Consejo por la Paz. Es esta recomendación, sumada a las iras y fobias que tiene el señor Diez Canseco, la que motivan sus ataques y el apoyo a la ley contra las Ong’s.

Pero, además, el Consejo por la Paz tiene un status particular que no contempla la actual estructura del Estado: se conformó por una Ley emitida por el Congreso, sus funciones y conformación están reguladas por un Decreto Legislativo. Sin embargo, funciona - según lo dicho por el propio Diez Canseco ante una Comisión del Congreso en el 2001 - sobre la base de donaciones de entidades privadas y algunos bienes suministrados por el Poder Ejecutivo, por lo que no queda claro cual es su status jurídico dentro del ordenamiento jurídico ni de la organización del Estado.

Finalmente, el señor Diez Canseco no ha explicado en qué ha utilizado los fondos y donaciones del Consejo por la Paz durante los 15 años que se ha desempeñado como Presidente de esta institución. ¿Puede hablar de transparencia alguien que no responde a este cuestionamiento y que insulta a los periodistas que se lo reclaman, como lo hizo en RPP con Augusto Alvarez Rodrich y, recientemente, con Cecilia Valenzuela?

LA DENUNCIA QUE NO QUISO RESPONDER

Pero el papel de Francisco Diez Canseco no sólo se limita a ser el instrumento de aquellos que siguen pensando que el autoritarismo y la mano dura son las mejores soluciones para gobernar el Perú, ni a parasitar en el Consejo por la Paz.

Dos medios de comunicación han realizado una seria denuncia contra Diez Canseco y la empresa de su hijo, de la cual es consultor: Granos Orgánicos Nacionales S.A. (GRONSA).

GRONSA, desde 2002, se dedicó a apoyar a agricultores piuranos para la exportación del banano orgánico a Europa y Estados Unidos. Quien viajaba constantemente a la zona para estos contactos era Francisco Diez Canseco Távara.

Sin embargo, a partir del 2003, Diez Canseco comenzó a hacer lo que en buen limeño llamaríamos “perro muerto”: no atendía a los campesinos, no pagaba siquiera a la señora de la pensión que lo alojaba en Piura y no pagó lo que le correspondía a los agricultores como producto de la exportación, quedando los recibos pendientes como prueba de lo que, a todas luces, califica como estafa y apropiación de dinero ajeno.

Diez Canseco fue al programa de Cecilia Valenzuela, pero, como ya es conocido, allí solo se dedicó a insultar y difamar. A Perú.21, como parece ser su costumbre, simple y llanamente lo meció, pues nunca llamó de retorno para ofrecer los descargos que se había comprometido a hacer.

Sin duda, un personaje como este no puede presentarse como abanderado de la transparencia, ni como un dechado de virtudes. Menos aún si no responde como ha manejado el Consejo por la Paz sin cumplir las funciones para las que fue creado ni tampoco sobre la estafa a los agricultores de Piura que, hasta ahora, esperan su justa retribución por su trabajo.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Diez Canseco estafó a agricultores en Piura.
Agencia Perú.com: Cientos de agricultores acusan de estafador a Francisco Diez Canseco.
La entrevista de Cecilia Valenzuela a Francisco Diez Canseco.
La respuesta de Cecilia Valenzuela a Francisco Diez Canseco.
El Blog del Morsa: Tú eres caviar, te vas a la hoguera.