Desde el Tercer Piso

En este blog, durante el año pasado, le pusimos bastante atención a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Los motivos? Durante su actuación en democracia, el TC se ganó una fuerte credibilidad debido a que se pronunció en temas importantes y calientes para el país y, sobre todo, aprendió a fundamentar sus sentencias. El TC, además, se caracterizó por la defensa de los derechos humanos y el país comenzó a aprender la importancia de una institución que, mediante sus sentencias, controlara los excesos del poder.

Como sabemos también, la elección hecha no fue precisamente la más feliz, pero confiábamos en que, con sus sentencias, la nueva conformación del TC nos demostraría que las críticas al proceso de elección eran infundadas.

Desafortunadamente, un hecho producido el día del paro ha hecho que vuelva la atención sobre el Tribunal, pero no precisamente por sus fallos. 

El miércoles 9 de julio, de modo sorpresivo, César Landa Arroyo renunció irrevocablemente a la presidencia del TC por “motivos personales”, conservando su cargo de magistrado de esta institución. Lo abupto de la noticia y la reserva de los motivos de la renuncia han abierto una serie de especulaciones sobre cuál ha sido la razón que provocó la salida de Landa.

Los primeros rumores apuntaron al caso Tudela. Como se conoce, el Tribunal Constitucional expidió recientemente una sentencia en la que autorizaba a los hermanos Tudela Van Breugel Douglas a ver a Felipe Tudela y Barreda, un fallo en medio de la maraña legal en la que padre, madrastra e hijos están involucrados por una amplia suma de dinero en juego.  En dicha sentencia, nos llamó poderosamente la atención el siguiente párrafo, ubicado casi al final de la misma:

49.        Asimismo, el Tribunal Constitucional no puede dejar de evidenciar ante la opinión pública la presión mediática a la que quisieron someterlo, por cuanto  intereses expresados a través de ellos pretendían sustituir el “juicio de los jueces” por el “juicio de la prensa” con la intención de afectar una decisión que sólo se debe fundar en la Constitución y en la libre conciencia de los jueces.

Así, el día de la audiencia pública en que se celebró la vista de la causa apareció un reportaje desfavorable a los demandantes en la revista Caretas, cuya carátula fue mostrada ante las cámaras por la hija de la emplazada. El día 29 de mayo de 2008, otra vez,  la misma revista publicó una entrevista “desde un restaurante en la Panamericana Sur” con don Felipe Tudela y Barreda y, al mismo tiempo, colgó en su portal electrónico un video con partes de dicha entrevista. Al día siguiente, el diario La Primera monta una supuesta historia de presiones e influencias con la intención de sembrar dudas sobre la imparcialidad de este Colegiado.

Frente a estos hechos, el Tribunal Constitucional reafirma su total independencia e imparcialidad para resolver las controversias constitucionales. Por ello, exhorta a los medios periodísticos a informar objetivamente aún desde su particular y legítima posición, por cuanto proceder en sentido contrario afecta gravemente la ética periodística y el derecho del ciudadano a recibir una información veraz.

Resulta curioso, por decir lo menos, que en una resolución judicial se haga alusión a dos reportajes en las que se apreciarían las presiones existentes en torno al caso Tudela. El informe de Caretas apuntaba a la conexión Tambini - Giampietri - Francisco Tudela para presionar a una magistrada que tenía que resolver uno de los tantos procesos que comprende este lío judicial y de familia, mientras que La Primera informó sobre las supuestas presiones que el abogado y asesor de Giampietri, Jorge Figueroa Guzmán, habría ejercido sobre Carlos Mesía, uno de los magistrados que resolvieron esta causa - los otros fueron Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda - y que tiene su militancia aprista en suspenso.

Estas razones motivaron que el portal Gato Encerrado - y en un inicio, también la versión web de Perú.21 - informara lo siguiente sobre la renuncia de Landa:

Sin embargo, trascendió que una de las razones que llevaron a Landa a dejar el cargo fueron las continuas presiones que recibía del primer vicepresidente Luis Giampietri para favorecer al ex canciller del régimen fujimorista Francisco Tudela en el litigio que mantiene junto a su hermano Juan para la administración de los bienes de su padre Felipe.

Un segundo tipo de explicaciones está vinculada a discrepancias entre magistrados y cuestiones administrativas del propio Tribunal. El Comercio informó ayer lo siguiente:

“Él renunció por motivos personales y también por discrepancias administrativas… con el resto, con el bloque (de magistrados)”, señaló Ernesto Álvarez Miranda, quien prefirió no comentar mayores detalles de la renuncia.

 

Fernando Calle reveló que Landa renunció durante un pleno del TC. A la pregunta sobre si le sorprendió la dimisión, Calle replicó algo para tomar en cuenta: “No (me sorprendió) tanto, pero respeto su decisión”.

 

El Comercio también conversó con el magistrado Juan Vergara Gotelli, uno de los más antiguos del TC, quien fue mucho más revelador y directo sobre los motivos que habría tenido Landa para renunciar antes de diciembre de este año, cuando cumplía su plazo de estadía en el cargo.

 

“(Landa) no ha dado mayores razones (para su dimisión), pero pareciera que no estaba dispuesto a (realizar) algunos cambios en el sistema de trabajo adentro (del TC), ya que pensaba que afuera podrían considerar que se trataba de una censura en su contra… y es que parece que él lo ha tomado como una censura. El lunes ya tendremos sesión con el nuevo presidente y veremos qué va a suceder. Pero no hubo nada contra él”, reveló Vergara. El magistrado indicó además: “Landa dijo (ayer) que siente que nosotros no estamos conformes con su labor, pero no hay tal cosa. Le pedimos que recapacitara, pero no quiso hacerlo”.

Lo cierto es que el nuevo presidente, Carlos Mesía, ha hecho posible dichos cambios administrativos, los que comprenden al Secretario General, Secretario Relator, Relatoría y la coordinación del Gabinete de Asesores. Los elegidos son personas que ya venían trabajando en el TC, pero no han faltado las suspicacias sobre un posible copamiento aprista en el Tribunal, bajo la presidencia de un militante del partido de gobierno.  

Finalmente, el último motivo especulado tiene que ver con el caso El Frontón. En agosto pasado, informamos que una Sala Penal había declarado prescrito el proceso abierto a los marinos directamente involucrados en ejecuciones extrajudiciales. La Sala tenía entre sus miembros a Nancy Ávila, esposa del entonces jefe de los procuradores Moisés Tambini del Valle, militante aprista y ex abogado del Presidente de la República. Como ya sabemos, hablar del caso El Frontón resulta siendo una mala palabra tanto para Alan como para el vicepresidente Luis Giampietri.

El Instituto de Defensa Legal, que patrocina a dos de las víctimas de la matanza, interpuso un recurso de queja constitucional ante el TC, quien revisará en los próximos días el fondo del asunto, lo que abre las puertas a que el caso deje de ser impune en instancias legales imparciales. Y aunque el caso no viene comprendiendo actualmente a García o a Giampietri, sin duda, causa urticaria en Palacio de Gobierno.

Por ello es que los abogados del IDL, una vez que se conoció la renuncia de Landa, temen que la misma se haya debido a presiones por este caso. Carlos Rivera opina:

“El doctor Landa presidió la sala a nivel del Tribunal Constitucional que dio cuenta y que resolvió la queja que hemos presentado en el mes de octubre del año pasado, que pedía dejar sin efecto el archivamiento del caso “El Frontón”. Seguramente lo que se está haciendo, como se dice en términos populares, se le está cobrando factura por una decisión, que en estricto era una decisión absolutamente legal y correspondiente a las decisiones que el TC emitió anteriormente y en otros casos de la misma naturaleza donde se juzgan o se ventilan casos de desaparición forzada o de ejecuciones extrajudiciales”

Cabe mencionar, sin embargo, que uno de los magistrados que firmó la resolución a favor de admitir el caso El Frontón en el TC fue el aprista Mesía.

¿Cuál de las explicaciones es la verdadera? Lo cierto es que las tres tienen argumentos a favor y en contra para ser validadadas y se me hace bastante difícil aplicar aquí el principio de la navaja de Occam para llegar a una solución sobre cual es más creible o pertinente. Y aquí cabría pedirle al doctor Landa que acabe con esta serie de conjeturas y, finalmente, nos explique al país cual fue la verdadera razón de su salida. Si es alguna de estas tres hipótesis, lo cierto es que el TC tendría que tener mayores reflectores sobre su actuación.  Las decisiones que tome en los próximos días harán que su ganada credibilidad se mantenga o, como muchas cosas en el Perú, se vaya al tacho de la basura.

MAS SOBRE EL TEMA:

Carlos Mesía, nuevo presidente del TC: “Mi pasado es aprista, mi presente es aprista, pues nadie duerme hereje y amanece cura”

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Dicen que los fantasmas no se van cuando aun tienen asuntos pendientes por arreglar aquí en la tierra. Y aunque yo no soy ningún fanático de los fenómenos paranormales, parece que, en algunos casos, esa parece ser la regla.

A los señores que ocupan la Presidencia y la Primera Vicepresidencia de la República los une un caso en particular: El Frontón. Por lo menos, ante un sector de la población, ambos aparecen como responsables de las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron luego del develamiento de dicho motín. Y, claro, también están quienes dicen que eso fue de las pocas cosas “buenas” que se hizo en el primer régimen de AGP. Lo cierto es que esto explica las actitudes negativas de ambos personajes frente a las recomendaciones de la CVR o hacia los organismos de derechos humanos.

Este clima ha impedido que se llegue a conocer con exactitud que ha ocurrido en este caso, a pesar que dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 1991 y 2000) han señalado que el caso debiera ser investigado hasta dar con todos los responsables. La Comisión de la Verdad y Reconciliación vio el caso y determinó algunas de las responsabilidades directas. Sin embargo, la responsabilidad penal de García y Giampietri no fue determinada y, actualmente, el caso se ha cerrado para ellos.

Y para aumentar más las suspicacias, la esposa del jefe de los procuradores del Estado (aprista, para más señas) fue una de las magistradas que ha declarado prescrito el caso, por considerar que no había ocurrido un crímen de lesa humanidad. O claro, como olvidar que el abogado de los marinos en este caso trabajó para Giampietri en este gobierno.

Lo cierto es que, involucrados o no García y Giampietri en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al Perú que reabra el caso. Y es que, la verdad, a pesar de algunos avances, el proceso judicial no ha avanzado como debiera. Resulta un escándalo que 21 años después de estos sucesos no tengamos a un responsable de estos sucesos con una sentencia firme.

Pero, más allá de cuestiones jurídicas, lo cierto es que el gobierno no quiere la responsabilidad que la CVR le otorgó a García en este caso: la responsabilidad política. Y es que, si bien se pueda demostrar o no que García dio la orden, consintió en los hechos o se enteró en el acto de los mismos, lo ocurrido en los penales fue una carnicería sin nombre. Que el Estado tenía todo el derecho y el deber de develar un amotinamiento y retornar al orden público, eso lo sabemos todos.

Lo que García, Giampietri, sus seguidores y un sector del país no aceptan es que una política contrasubversiva no se basa en muertes, asesinatos por la espalda, desapariciones o torturas. Ello quita legitimidad al Estado y, además, cuando se produce contra los civiles que no tienen que ver en el conflicto, demora el proceso de colaboración de ellos con las fuerzas de seguridad. Ello explica porque hicieron tantos aspavientos cuando salió la sentencia por el caso Castro Castro. Y nos indica la calidad humana de la gente que nos gobierna: una clase política que olvida que la pérdida de una vida humana a manos de otro ser humano no merece justificación simplemente no ha aprendido nada de lo que nos ocurrió como sociedad.

Lanssiers me decía que “para Sendero no existen militares corruptos o militares excelentes, basta que lleven uniforme para ser condenados”. Y hoy, releyendo al viejo para escribir esto, me doy cuenta que su pregunta de ¿dónde está el hombre? sigue siendo válida. Lo triste es redescubrir que ese desprecio y negación de la vida está en algunos de quienes decían defendernos y que ahora tienen nuevamente el deber de hacerlo.

Ya me han dicho de todo por decir todo esto de cuando en cuando. Sin embargo, es lo que cualquier liberal consecuente haría: condenar el salvajismo y la barbarie, viniera donde viniera. Lo aprendí desde pequeño. Hay lecciones de vida que nunca se olvidan.

Hoy Perú.21 informa sobre las acciones que los abogados del Instituto de Defensa Legal harán frente al caso El Frontón, en el que patrocinan a la parte civil:

El Instituto de Defensa Legal y los organismos defensores de los derechos humanos iniciaron ayer una nueva batalla legal para que el Poder Judicial anule la sentencia, dictada por la Tercera Sala Penal con Reos Libres, que declara la prescripción de la matanza ocurrida en El Frontón.

Como primer paso, Carlos Rivera, abogado de Ideele y defensor de Norberto Durand Ugarte y de Gabriel Ugarte Rivera, muertos en la operación naval del 19 de julio de 1986, denunció ante la Oficina de Control de la Magistratura a los vocales Jorge Egoavil Abad, Nancy Ávila de Tambini y Malson Urbina La Torre, que acogieron el hábeas corpus presentado por el suboficial AP Teodorico Bernabé Montoya y declararon la prescripción del caso

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Como hemos se denunció en este blog esta semana, dos hechos son trascendentes en esta prescripción: la vinculación matrimonial de la vocal Nancy Ávila con el jefe (aprista) de los procuradores Moisés Tambini del Valle y la vulneración del carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad.

Motivos suficiente como para que esta resolución sea rectificada.

Y, ¿qué dice el señor Tambini sobre esto?

Ayer este blog publicó una seria denuncia sobre la prescripción del caso El Frontón, referida a una de las juezas que dictó dicha resolución, vínculada maritalmente a un funcionario del Ministerio de Justicia con carnet aprista.

La cuestión es seria y tiene que ver con dos temas principales con relación a este caso.

El primero, de índole jurídica, tiene que ver con la imprescritibilidad de los delitos de lesa humanidad. Nuestro país ha suscrito convenios internacionales en este sentido y la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos ha señalado que son inadmisibles las disposiciones de prescripción que impiden investigar y sancionar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos. Lo mismo han señalado instancias nacionales, como el Tribunal Constitucional y la Sala Penal Nacional.

Es decir, los jueces han ignorado lo que dice el Derecho Internacional y lo que han dicho altas instancias judiciales peruanas. Para justificar el mamarracho jurídico, han llegado a decir que lo ocurrido en El Frontón - las ejecuciones extrajudiciales ocuridas luego del develamiento de un motín - no fue un crímen de lesa humanidad. Con dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso, esto es bastante difícil de sostener.

El segundo aspecto es de índole política. Quien habla no se ha sumado al coro de personas - bien intencionadas o no - que han señalado directamente al Presidente de la República como autor penal de los sucesos de El Frontón. De hecho, he expresado mis dudas sobre si la estrategia de involucrar a García en este caso ha sido la más acertada para llegar a la verdad de lo ocurrido.

Sin embargo, lo de la jueza esposa del compañero Tambini vuelve a poner sobre el tapete las serias suspicacias que existen sobre un caso sobre el que no se han sancionado a los responsables luego de 18 años de haber ocurrido.

Y es más curioso aún cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación no determinó responsabilidad penal en AGP, hecho resaltado por el APRA en su pronunciamiento oficial sobre la CVR.

Si el suelo está tan parejo para los compañeros, ¿por qué una jueza tan cercana a ellos termina fallando por cerrar el caso?

Ya en otra ocasión les he hablado del caso El Frontón, uno de los fantasmas que generalmente se le recuerda mucho al Presidente y al Primer Vicepresidente de cuando en cuando. Claro, siempre hago la aclaración de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación no encontró responsabilidades penales en Alan, aunque sí políticas.

Pues bien, ha pasado desapercibida una noticia debido a los acontecimientos tristes de la semana pasada. El lunes pasado se conoció que el caso El Frontón había sido declarado prescrito. ¿El motivo? Un hábeas corpus interpuesto por uno de los marinos procesados en este caso y que ha terminado beneficiando a todos.

¿Y dónde está el detalle?

Ocurre que una de las personas que fungen de magistrados y firmó la prescripción se llama Nancy Ávila de Tambini.

Pues bien, esta señora es nada menos que la esposa de Moises Tambini del Valle, nada menos que Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado - léase, jefe de los procuradores - y, además, militante del Partido Aprista. Por cierto, Tambini ha sido abogado personal de Alan García y diputado aprista entre 1985 y 1990. Es decir, de Alfonso Ugarte hasta los huesos.

Marco Sifuentes, en el Utero de Marita, publicó tres posts sobre Tambini. Los más significativos revelaban las artimañas del abogado aprista por callar un caso sobre corrupción que involucraba a Giampietri y algunas vinculaciones poco santas de su familia con el narcotráfico.

Vinculaciones de las que su esposa no habría sido inmune. Según informó en su momento La República:

Las pesquisas de la OCMA contra Ruth Monge de Tambini (la nuera del jefe de los procuradores) alcanzarán a un miembro de su familia, la vocal provisional de la Corte Superior de Lima, Nancy Ávila de Tambini, esposa del ex diputado aprista Moisés Tambini del Valle. Nancy Ávila fue incorporada al Poder Judicial el cuatro de diciembre de 2004. “Queremos determinar si la vocal Nancy Ávila de Tambini influyó en la designación de Ruth Monge de Tambini”, indicaron las fuentes de la OCMA

Cabe recordar que a Ruth Monge se la vincula, nada menos, que con Fernando Zevallos.

Y luego no quieren que piensen que Alan no está metido en lo del Frontón.

El Frontón: Alan declara y el gobierno ataca

Los acontecimientos y declaraciones dados entre ayer y hoy sobre el caso El Frontón me hacen dejar el descanso veraniego, para comentar algunas cosas.

La primera, ha sido bueno que el Presidente de la República acuda a dar su declaración en este caso. A contrario de la grita de ayayeros que desde la prensa y su partido le recomendaron no ir, fue adecuado que respondiera a las preguntas del juez.

Lo segundo, recordar, como lo ha hecho Enrique Bernales, que las investigaciones de la Comisiòn de la Verdad y Reconciliaciòn no apuntaron responsabilidad penal de García en este caso. Se llegó, como lo anoté hace algunos días, a establecer que eran miembros de la Marina los responsables de las ejecuciones extrajudiciales que incluso ha reconocido el hermano del principal sindicado como autor de las mismas.

Ahora bien, dado que la CVR no tenía facultades jurisdiccionales ni los poderes que un Poder Judicial tenía, sumado a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Durand y Ugarte y Neira Alegría, el caso debe llegar a esclarecerse en el Poder Judicial. Y, debo decirlo, más allá de las suspicacias que todos tenemos sobre AGP - y que acrecientan los ataques que comentaremos líneas más adelante, así como la presencia de Agustín Mantilla en El Frontón el día de los hechos -, no hay mayores elementos de juicio que permitan sindicarlo como autor intelectual de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en esos años.

Recuerdo algo que dijo la CVR sobre la responsabilidad de jefes de Estado sobre violaciones a los derechos humanos, en lo que se refiere a lo ocurrido en el Perú:

“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado ocurrieron, por lo general, durante regímenes democráticos, con elecciones periódicas, libertad de expresión y derechos constitucionales vigentes. La aplicación de la teoría (de dominio del hecho, teoría penal para violaciones a los derechos humanos en aparatos de poder como el Estado) no puede ser, entonces, mecánica ni puede justificar por sí sola la responsabilidad del poder político sobre los actos que implican graves violaciones de los derechos huanos. En concreto, si fue sencillo jurìdicamente vincular a Videla con todas las desapariciones ocurridas en Argentina, no procede acusar automáicamente como autor mediario o coautor de una violación a los derechos humanos como autor mediato o coautor de una violaciòn a los derchos humanos al Presidente Constitucional de la República, ni tampoco a las autoridades políticas militares y civiles. En el caso peruano, por consiguiente, es necesaria una elaboración ulterior“.
(Informe Final, Tomo I, p. 236).

Pero, si hay una excepción, que señala claramente la Comisión en el párrafo siguiente:

“Debe, sin embargo, señalarse una excepción a esta regla. A partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, se estableció una régimen de facto que suspendió la institucionalidad democrática del país a través de la abierta intervención en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en el Ministerio Público y en otros órganos constitucionales. Se gobernó por decreto a través del denominado “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, que concentró durante el breve lapso las funciones ejecutivas y legislativas del Estado, neutralizando en la práctica el control político y judicial sobre sus actos. A la luz de las más recientes investigaciones judiciales, se puede concluir, además, que durante ese tiempo se hizo uso de los recursos del Estado con la finalidad de organizar, adiestrar y emplear grupos operativos encubiertos que tuvieron como finalidad el asesinato, la desaprición y la tortura de personas, todo ello alrededor de la estrucura del Servicio de Inteligencia Nacional”.

Dicho esto, no puedo dejar de expresar mi indignación (compartida por otros bloggers como Roberto Bustamante) por declaraciones vertidas por el Presidente de la República y del congresista Mauricio Mulder con relación al abogado Carlos Rivera y al Instituto de Defensa Legal.

García dijo de Rivera: “Es natural que el abogado de esa facción política tenga que decir algo para ganar un titular en los medios informativos“, mientras que Mulder calificó de “tontos útiles del senderismo” al Instituto de Defensa Legal pues considera que tienen el objetivo de hacerle daño al gobierno e incluso pediría a la APCI que investiguen su financiamiento.

Si bien mi convicción es que, si bien hasta ahora no hay elementos para involucrar penalmente a AGP en el hecho, de allí a derivar que esté metido en este embrollo judicial por un afán político es falso. Los hechos ocurrieron y son condenables por donde se le miren y García tuvo un papel central en no tomar las medidas necesarias para que aquellos develamientos de motines no se convirtieran en la carnicería que finalmente fueron.

Como lo he mencionado a raíz del caso Castro Castro, el Estado tiene el deber de garantizar la vida de quienes se encuentran presos en las cárceles, dado que se encontraban bajo su custodia, independientemente de su culpabilidad o inocencia. Esto es lo que no parece entender un personaje como Mulder, convertido en el “tonto útil” de los autoritarios y de los que creen que a la barbarie se le tiene que combatir con la barbarie.

Como se nota que algunos políticos peruanos aún no aprenden de las lecciones del pasado.

PD: Sigan mandando sus preguntas, el Tercer Piso contesta el lunes

¿Por qué aún no se aclara el tema de los penales?

Acabo de ver esto vía CPN Radio:

El presidente Alan García no acudirá este viernes a la citación formulada por la jueza María León Yarango, a fin de interrogarlo sobre cuestiones relacionadas con la matanza en el penal El Frontón, ocurrida en 1986, durante su primer gobierno.

“Esa propiedad fue vendida en julio del año pasado. El presidente no irá a una dirección equivocada, están despistados. ¡Que se pongan al día!” exclamó el titular del Consejo de Ministros.

Es cierto lo que dice Jorgito, debieron notificar bien a Alan. Pero también es cierto que el caso de la matanza de los penales, producida en junio de 1986, es el caso al que más teme Alan García.

¿QUE DIJO LA CVR?

Sendero Luminoso tuvo las cárceles como espacio de lo que llamaban “guerra popular” y no era más que un enfrentamiento contra todo el Estado pruano sin ninguna legitimidad. El estado de las cárceles, sin política penitenciaria por parte del Estado, generó que los senderistas pudieran organizarse rápidamente y preparar sus acciones dentro de las cárceles.

La intención de Abimael Guzmán era intentar provocar una reacción del gobierno aprista que, en sus palabras, “le quitara la careta”, lo que en jerga senderista era provocar una reacción descomunal que deslegitimara al gobierno aprista y a las Fuerzas Armadas y legitimara su sanguinario accionar.

Así, asesinaron a un alto jefe de la Marina, cuyos principales oficiales comenzaron a solicitar la pena de muerte para los terroristas y, planearon, en coincidencia con una reunión de la Internacional Socialista en Lima (la asociación de partidos socialdemócratas del mundo, a la que pertenecía el APRA), un motín en varios penales de la capital. En los penales de Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón se tomó rehenes y se inició la revuelta planeada, el 18 de Junio de 1986.

Si bien era necesario restablecer el principio de autoridad en los penales, lo que ocurrió durante ese día y el día siguiente fue un error que nunca se debe volver a cometer.

Lo que hemos mencionado antes era de conocimiento de las autoridades, por lo que debía procederse con energía, pero, a la vez con inteligencia.

Hay que tener en cuenta que, si bien en el penal de Lurigancho los internos tomaron de rehén a un agente penitenciario y en el Fronton a tres miembros de la Guardia Republicana con sus respectivos armamentos, cuando se llevó a cabo la sesión del Consejo de Ministros del 18 de junio de 1986 los motines tenían pocas horas de iniciados y no se habían producido enfrentamientos armados entre autoridades e internos ni se habían registrado víctimas.

En dicha sesión de Consejo de Ministros se tomó la decisión de encargar la debelación de los motines a las Fuerzas Armadas, con instrucciones de actuar “con energía y decisión para alcanzar los objetivos previstos en el menor tiempo posible”, lo que a criterio de la CVR constituyó una decisión apresurada. ¿Los motivos? A mi modo de ver, porque había un peligro de “inducción al genocidio” creado por Sendero, porque la situación no lo justificaba y porque, dado el clima existente en la Marina y la Guardia Republicana, algunos miembros de los destacamentos a cargo del develamiento podían entender que se les daba carta blanca para hacer lo que quisieran, como efectivamente ocurrió en Lurigancho y en el Frontón.

Concentrémonos en el Frontón, que es el caso por el cual se convocó a AGP como testigo.

La CVR estableció que, luego de la debelación del motín, miembros de la infantería de Marina procedieron a ejecutar arbitrariamente a un número indeterminado de intrnos rendidos mediante procedimientos compatibles con fusilamientos y el empleo de armas blancas.

El operativo de develamiento estuvo a cargo del hoy vicepresidente Luis Giampietri. El almirante niega haber participado en el segundo momento, en el que ocurrieron las ejecuciones, otros creen que sí y por ello sostienen que el parlamentario debe ser incluido como acusado y no como testigo en esta operación. Creemos que la justicia deberá aclarar si es que en ese segundo momento realmente estuvo Giampietri.

El principal responsable de las ejecuciones fue el capitán de navío Juan Carlos Vega Llona, fallecido en 1988 por un atentado de Sendero Luminoso en Bolivia. Su hermano, el empresario Ricardo Vega Llona, ha reconocido públicamente la autoría del hecho. La CVR también sindica a los tenientes AP César Patrón Baldwin, Carlos Tello Aliaga y Luis Román Rodriguez como responsables. Dada la envergadura de los hechos, estas ejecuciones no pudieron haberse perpetrado sin el conocimiento del Comandante de la Segunda Región Zonal Naval, vicealmirante Víctor Ramírez Isola (ya fallecido) y del Comandante General de la Marina, Víctor Nicolini del Castillo.

A despecho de lo que dicen algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos, la Comisión de la Verdad y Reconciliación no sindicó a Alan García Pérez como responsable penal y directo de lo ocurrido en los penales entre el 18 y 19 de junio de 1986.

Según lo que he podido conversar con varios miembros de este grupo de trabajo, no se encontraron evidencias que pudieran comprobar que el nuevamente Presidente de la República diera la orden de ejecutar extrajudicialmente a los internos de los penales, ni que tuviera conocimiento de dichas acciones.

Sin embargo, la CVR fue bastante dura en lo que se refiere a las responsabilidades políticas. A la falta de inteligencia y a la decisión desproporcionada antes comentada, la Comisión señala que la responsabilidad política del gobierno es alta dado que se privilegió de antemano la intervención militar antes que la solución pacífica y no se adoptaron mecanismos idóneos de control que garantizasen un enpleo racional de la fuerza en la intervención militar.

Finalmente, la CVR señaló que el caso debía ser esclarecido en el Poder Judicial. El sistema de administración de justicia cuenta con elementos y prerrogativas con las que la Comisión no contó, por lo que era de esperarse que el caso pueda ser investigado con rigurosidad por las autoridades judiciales.

UN CASO SIN ESCLARECER: 21 AÑOS DESPUES

Asi llegamos, 21 años después de lo ocurrido, sin el establecimiento formal de responsabilidades de estos casos y con varias dificultades para hacerlo.

La primera, es que el principal responsable de los hechos, Juan Vega Llona, ya no puede prestar declaraciones sobre los hechos, dado que fallecíó hace 18 años, víctima de SL.

La segunda, que podía ser el tiempo, ha quedado atrás. Las pericias forenses practicadas a los cadáveres, las dos sentencias sobre el caso dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las investigaciones de la CVR y el reconocimiento hecho por Ricardo Vega Llona confirman que sí hubieron ejecuciones extrajudiciales en el Frontón, luego de debelado el motín de junio de 1986.

La tercera, la lentitud y parsimonia casi ancestrales del Poder Judicial, son de las que más han agitado el cotarro. Los cambios constantes de jueces y fiscales del caso aumentan las suspicacias sobre una manipulación política del caso, sea a favor de Alan o en contra de él.

La cuarta, a mi modo de ver, es la casi fanática convicción que con las que algunos abogados ven en García como un reo posible de ser condenado por lo del Frontón. Gloria Cano y Carlos Rivera son dos personas que tienen una trayectoria reconocida en la defensa de los derechos humanos y desde aquí la reconozco. Sin embargo, considero que su visión casi talibánica por encontrar responsabilidades en AGP sin tenerse hasta el momento evidencia suficiente de ello ha terminado por dar a los apristas un arma para eludir interrogatorios o investigaciones mayores.

La quinta y última, el celo con el que el APRA procura tapar el caso. Lo ocurrido el día de hoy es una clara muestra de que es el camino que pensarían tomar. Si las evidencias son contrarias a la responsabilidad de García o no llegan hasta él, entonces, ¿por qué los miedos y las valerianas en Alfonso Ugarte?

Algunos podrían arguir que el caso se convirtió en una bandera política cuando el FIM fue aliado del APRA, pero la vocación persecutoria de Fernando Olivera - quien ahora anda desaparecido del mapa - no debe ser óbice para que los hechos se aclaren.

Otros podrían decir que a quien se intenta proteger es a Agustín Mantilla, quien estuvo presente en la escena del crimen. Pero ello aumenta las sospechas sobre García, pues en ese momento Mantilla era su hombre de confianza.

Al Presidente de la República se le adjudico la frase el que no la debe, no la teme. Sólo él y su conciencia sabe cuáles son los temores más íntimos que afloran, cada vez que escucha la palabra Frontón. Por su bien y el del país, es hora que conozcamos toda la verdad de lo que pasó en junio de 1986.

POST SCRIPTUM: Tres personas que actualmente están presentes en política activa podrían aclarar varias cosas de lo ocurrido en la sesión del Consejo de Ministros de 1986: Luis Alva Castro y Luis Gonzáles Posada, actuales parlamentarios apristas, y Allan Wagner, actual Ministro de Defensa. Dado el carácter de omertá que tiene el APRA sobre este tema, quizás Wagner, un tipo honesto y sensato, pueda darnos algunas luces adicionales sobre lo que allí se discutió.