Desde el Tercer Piso

Temprano, lei en Perú.21 la historia de como Umberto Jara logró a entrevistar a Santiago Martin Rivas, el líder operativo del destacamento Colina. La historia nos muestra a un militar que se siente traicionado ante las evidencias de corrupción que recayeron sobre quienes fueron sus superiores y, frente a dichas evidencias de lo que considera como una “traición al código de ética militar”, decide hablar con Jara.

Pero también hay otra lógica detrás y que es la que hizo evidente un editorial de La Razón de hace unas semanas: considerar cualquier acto de la lucha antisubversiva como heroismo, incluyendo las violaciones de los derechos humanos. Esta es la justificación que subyace a los silencios de Martin Rivas y que, para algunos partidarios de Fujimori, debio ser su mejor argumento de defensa en pos de una amnistía.

Y, de hecho, es la misma lógica que, de alguna manera, las Fuerzas Armadas impusieron a varios de sus miembros durante los años de conflicto armado interno. Al revisar Muerte en el Pentagonito nuevamente - ya a la luz del juicio a Fujimori -, pude comprobar que existía toda un pensamiento detrás que Martin Rivas comparte: el heroísmo es entendido como no tener reglas para actuar, dejar de lado los derechos fundamentales de las personas y así ganar la guerra. Ello es incompatible con Fuerzas Armadas que se encuentran bajo el mando de un gobierno democrático. Lamentablemente, como concluye Ricardo Uceda, los tres gobiernos que debían enfrentar a Sendero Luminoso y al MRTA - responsabilidades políticas y penales aparte - tenían la misma lógica de sus operadores castrenses.

¿Qué es lo que queda? Pues un sentido del honor bastante tergiversado y que comparte un sector de la población: se perdona el asesinato, pero no el robo. De hecho, buena parte de la derecha chilena compartió ese argumento frente a Pinochet: eran “necesarias” las desapariciones para acabar con la “amenaza comunista”, pero una vez que se descubrieron las cuentas en el Riggs, le dieron la espalda. No deja de ser sintomático que un sobrino de Pinochet defendiera a Chinochet.

Pero volvamos a la lógica de Martin Rivas y al remedio para la misma. Si algo quedó postergado en los intentos de reforma militar que se han tenido tímidamente en los gobiernos de Toledo - sobre todo, con Loret de Mola - y con García - en la experiencia Wagner -, fue el tema de la reforma educativa militar, es decir, la formación en las escuelas de instrucción militar. Sin duda, ha sido sintomático que recuperada la democracia se instale un Centro de Formación en Derecho Internacional Humanitario o se incorporen cursos de derechos humanos a la currícula de la formación de oficiales y suboficiales.

Pero ello es insuficiente. Si no se ponen en práctica lo que se aprende en estos cursos - léase, incorporándolo como parte de la formación en combate y en prácticas - pues es poco lo que se podrá hacer. Y también lo será si es que no se modifica un tema de cultura castrense resistente a los controles y que subyace en la lógica de la que Martin Rivas hace gala: la impunidad y la no diferenciación entre el buen soldado y el violador de derechos humanos. Ello, en términos educativos, se llama currículo oculto y tiene que ver con las prácticas que, desde lo cotidiano, se consienten y se enfatizan. Ello pasa en una institución educativa civil como en una militar.

Para ello, es necesario que las Fuerzas Armadas dejen de lado su desencuentro con la sociedad y que está mostrado a través de la formación que se nos da a civiles y militares. Por ejemplo, cuando se nos dice que estamos ante “instituciones tutelares de la Patria” y somos adultos que no merecemos ninguna tutela y, más bien, necesitamos tener mayores elementos para tomar nuestras decisiones. O cuando a los militares se les mete el rollo de que son quienes aman más a su patria, en desmedro de la gente de a pie.

Y es que, así como Martin Rivas, Telmo Hurtado y otros opinan que lo que se hizo en materia de violaciones a derechos humanos es justificable, también forma parte del sentido común de muchos civiles. La verdadera brecha a recuperar es la del respeto de los derechos de los demás y entender que, en democracia, no toda salida es justificable y que los medios condicionan el resultado.

Es un juego simple el de ser soldado:
ellos siempre insultan, yo siempre callado.
Descansé muy poco y me puse malo,
las estupideces empiezan temprano.
(Sui Generis, Botas Locas)

Se supone que la educación civica es aquella materia colegial en la que deberían darnos los conocimientos necesarios para ser mejores ciudadanos. Ello implica que cualquier profesional de la educación - competente, of course - pueda brindar este tipo de herramientas, dado que, además, también es ciudadano.

Sin embargo, parece que en las obtusas mentes de varias de nuestras autoridades, se sigue creyendo que los valores cívicos son patrimonio casi absoluto de las Fuerzas Armadas.

Otra cosa no se puede decir luego de ver que Manuel Masías ha señalado que oficiales y suboficiales del Ejército dictarán el curso de Educación Cívica en Miraflores, el distrito que dirige desde hace casi un año.

Aunque con justa razón La Columna de Tobi se pregunta si es que no estamos ante otro de los conservadurismos de un alcalde peleado con la comunidad gay y con la diversión juvenil, esto es el pretexto para ver otro de los signos de nuestra cultura política: la absoluta reverencia a las Fuerzas Armadas.

Todos sabemos que las Fuerzas Armadas cumplen una función importante, que es la de preservar la seguridad nacional. Sin embargo, nuestra debilidad institucional, que en muchos momentos ha hecho que los políticos civiles acudan a los cuarteles para buscar soluciones a los problemas que no pueden resolver. Y esa misma debilidad institucional le ha dado un peso de poder fáctico a los militares, quienes son vistos (y se ven a su vez) como los únicos garantes de la peruanidad, dado que reciben una formación distinta a la de los civiles.

Este desencuentro se enfatiza en la educación. Por ejemplo, cuando se nos dice que estamos ante “instituciones tutelares de la Patria” y somos adultos que no merecemos ninguna tutela y, más bien, necesitamos tener mayores elementos para tomar nuestras decisiones. O cuando a los militares se les mete el rollo de que son quienes aman más a su patria, en desmedro de la gente de a pie.

Este tipo de rollo se patentiza en medidas tales como la imposición de los desfiles escolares a paso de ganso - felizmente abolida este año -, los llamados congresales para volver a poner Instrucción Pre Militar y el Servicio Militar Obligatorio y, claro está, la negación de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto interno.

Pero además de estar imbuido en este rollo, Masías comete otro error grosero: olvidarse que la municipalización de la educación no implica desviarse de las políticas nacionales. Aunque a Chang se le olvide, el Ministerio de Educación tiene tres documentos que plantean la política nacional de educación ético política: el Diseño curricular nacional de educación básica regular, el Diseño curricular básico de educación secundaria, y la Propuesta de formación ética del Programa Nacional de Emergencia Educativa. Como se imaginarán, en ninguno de estos documentos se señala que la Educación Civica es patrimonio castrense. Menudo error del alcalde miraflorino en no compatibilizar sus ideas con la política nacional.

Hechos como estos hacen que sea necesario repensar el tipo de relaciones culturales que tenemos civiles y militares. Eso pasa por un cambio en la formación - que incluye la currícula oculta - y por entender que, al fin y al cabo, todos somos ciudadanos, ni más ni menos que otras. Pero medidas como estas siguen haciendo pensar que, a despecho de lo que dijo un desatinado vicepresidente, los militares son ciudadanos de primera categoría en el Perú.