Desde el Tercer Piso

Sin duda, las bravatas hipertensivas de Alberto Fujimori han ocupado el centro de los titulares del día de hoy. Y es que, periodísticamente, la sucesión de gritos del ex candidato al senado nipón fue la noticia del día.

Sin embargo, y como es costumbre en este blog, me gusta nadar contra la corriente. Asi que, a riesgo de provocar un “Chernobyl” jurídico, quisiera concentrame hoy en los argumentos de la Acusación Fiscal contra Fujimori. Y es que, más allá de los devaneos de la presión del Chino y la vocería de Carlos Raffo, el tema de fondo es la responsabilidad judicial.

Durante años, la gente vinculada al ex mandatario ha dicho que no hay pruebas para involucrarlo como responsable penal de violaciones de derechos humanos. Mucha gente que está en el bando democrático también tiene sus dudas. Creo que el documento presentado por el Fiscal Pelaez sí contiene elementos suficientes de dicha responsabilidad.

LA CENTRALIZACION DEL PODER:
Según recoge la Fiscalía, en 1991 se expidieron normas destinadas a que Fujimori tenga el control de la política antisubversiva, teniendo como principal ente coordinador al Servicio de Inteligencia Nacional, bajo el mando real de Vladimiro Montesinos Torres.

Sin embargo, aquí corresponde hacer una atingencia correspondiente a la verdad histórica. Señala Marco Sifuentes:

El GEIN de Benedicto Jiménez y, en general, la Dincote de Ketín Vidal lograron mantener a raya a los Colina y Montesinos. De hecho, cuando capturaron a Guzmán, no avisaron ni a Fujimori ni al Ministerio del Interior (dirigido por militares durante todo el fujimorato) ni al SIN

Con ello se rompe el mito del “Fujimori pacificador” (lean el resto del post citado para terminar de convencerse).

LAS DOS ESTRATEGIAS:
Hacia el público, se deja constancia de una estrategia militar aparentemente ajustada a la Constitución y a la legalidad. Pero, en el fondo, se aplicó una estrategia de baja intensidad, en la que la eliminación de los presuntos subversivos era la clave. Por ello fue creado el Grupo Colina - según testimonio de Santiago Martin Rivas - y aparecieron manuales del Ejército como Equipos Básicos.

COLINA:
Fue creado como un Destacamento dentro de la propia estructura del Ejército peruano. Por tanto, es errado considerarlo como un grupo “paramilitar”. Y ello hace que Colina contara con recursos para el financiamiento de sus operaciones y que estuviera sometido a la cadena de mando correspondiente.

En principio, el grupo quiso ser asimilado al GEIN, pero las desavenencias existentes hicieron que Colina fuera destinado al Servicio de Inteligencia del Ejército. Como hemos visto, ello hizo que la estategia de Fujimori no tuviera incidencia alguna en las capturas que fueron claves en la derrota de Sendero Luminoso.

Luego de la elaboración de un “manual contrasubversivo”, Fujimori, Montesinos y Nicolás Hermoza aprobaron la creación de un grupo operativo que aplicara la estrategia de baja intensidad. Así Colina pasó de ser un grupo de análisis de información a uno que hacía “operaciones especiales”.

Estas acciones fueron felicitadas por Fujimori e incluso merecieron ascensos dentro del escalafón militar.

BARRIOS ALTOS:
Todos sabemos lo que ocurrió en dicha matanza. Pero es sintomático recordar que se utilizaron armas obtenidas con autorización del jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército y que los ejecutores llegaron en dos camionetas de uso oficial, sin placas de rodaje y resguardadas por un auto portatropas.

LA CANTUTA:
En este caso, existió una coordinación previa de los altos mandos militares para llevar a cabo la operación que culminaría en la desaparición y ejecución extrajudicial de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación.

SOTANOS SIE:
Con conocimiento y aprobación de Fujimori, funcionó un Departamento de Búsqueda destinado a buscar información para la lucha contra el terrorismo, pero que, el 5 de abril de 1992, funcionó como estamento para la detención de diversas personas consideradas como “peligrosas”. La decisión de las detenciones estuvo concentrada en un pequeño núcleo conformado por Fujimori, Montesinos, Hermoza y el entonces jefe del SIE, Alberto Pinto Cárdenas.

En ese contexto se producen la detención ilegal de Gustavo Gorriti y, posteriormente, en junio de 1992, se captura al empresario Samuel Dyer.

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE FUJIMORI:
De acuerdo con el Dictámen Fiscal, estamos ante el caso de una persona que realiza por medio de otro el delito cometido. Ello, en términos jurídicos, se llama autoría mediata, en la que una persona que posee el dominio del hecho aprovecha la actuación que tiene sobre un intermediario que controla para poder cometer un delito.

Esta figura es más clara cuando nos encontramos ante aparatos organizados de poder. Mientras más alto estés en la cadena de mando, más control tienes sobre el hecho. Si los ejecutores directos del acto son intercambiables, se tendrá más control sobre lo que se va a hacer.

En el caso de Fujimori, tuvo dominio sobre el grupo Colina, ya que aprobaba las ordenes correspondientes a la estrategia de baja intensidad, se materializaron los crímenes sin importar quien era el ejecutor de las mismas, en una organización a la que se le proporcionaban todos los recursos logísticos suficientes para realizar sus actividades. La decisión sobre si realizar o no una operación era absoluta responsabilidad de Fujimori.

Debe tenerse en cuenta, sobre todo, la famosa entrevista hecha por Umberto Jara a Martin Rivas, en la que dice que todos los planes eran aprobados por Fujimori, dado que existía una decisión política de envergadura tal que requiería de una aprobación de alto grado. Asimismo, las felicitaciones dadas por Fujimori a los trabajos especiales hechos por miembros de Colina.

En el caso Sotanos SIE, Nicolás Hermoza, Alberto Pinto y Carlos Dominguez relatan que las ordenes de detención contra Gorriti y Dyer fueron transmitidas por Vladimiro Montesinos acatando una orden de Fujimori.

Las pruebas, sin duda, las iremos viendo a lo largo del proceso judicial. Sin duda, comienza una carrera de largo aliento, en la que las armas políticas pretenderán ser utilizadas para favorecer a Fujimori. Los jueces tendrán que estar atentos, el país, también.

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