Desde el Tercer Piso

Hace algunos días, tuve una conversación con un amigo simpatizante del APRA, en la que conversamos sobre como iba el gobierno y como se percibía desde las bases del partido las tendencias políticas y económicas.

Cuando llegamos al tema laboral, era inevitable la pregunta sobre la presencia de Mario Pasco Cosmópolis. Y la respuesta de mi amigo no dejó de sorprenderme: Por más derechizado que esté el gobierno, en algo que no cederá el APRA es en sus banderas laborales. Pasco es consciente de ello y ya está cambiando sus pareceres de antaño.

Parece que esta apreciación no es desacertada.

Como varios, desconfié de la designación de Pasco, cuyo desempeño profesional ha estado ligado más con los intereses de los empleadores en general, lo que hacía pensar que inclinaría la balanza hacia el lado más fuerte de la relación laboral.

Sin embargo, el Ministro de Trabajo ha dado muestras que no quiere ser considerado como el representante de los empresarios en el gabinete. Para comenzar, ha vuelto a poner en la agenda la Ley General del Trabajo, con un proyecto modificatorio que viene preparando el ex ministro Javier Neves – cuyas tendencias ideológicas están en las antípodas de las de Pasco – y no ha dudado en negarle al Ministerio de la Producción el control del tema de las PYME, tal como lo ha ambicionado Rafael Rey desde que comenzó este gobierno.

Asimismo, despertando la preocupación de columnistas como Mario Ghibellini, Pasco se ha reunido más con los sindicatos que con los gremios empresariales. La verdad, yo no veo nada de malo en ello, como lo quiere dar a entender el co-autor de El Otro Sendero. De un lado, los sindicatos actuales en el Perú no tienen la fuerza suficiente para cooptar a un ministro de Estado. Del otro, es necesario que, sin compartir plenamente su pliego de reclamos y su agenda política, los ministros tengan una relación fluida con los sindicatos. Ya bastantes ejemplos de malcriadeces hacia los gremios hemos tenido en este gobierno como para seguir con una relación de confrontación.

Pero donde mayores sorpresas ha causado Pasco es en su visión sobre el tema de fondo: flexibilizar más o no el régimen laboral. Y en las dos entrevistas que le he visto – tanto en El Comercio como en Prensa Libre – ha manifestado que el problema de la formalización de las pequeñas y microempresas no pasa por “sobrecostos laborales”, sino por bajar las trabas burocráticas y simplificar el régimen tributario de estas empresas. Asimismo, en un gesto de audacia hacia parte del empresariado, ha manifestado que el tema de los despidos no tiene que ser la preocupación central, dado que se trata de una situación de carácter excepcional. Cuestión que, hasta el momento, ha marcado una de las principales barreras para que se adopte una nueva legislación laboral que equilibre lo ocurrido en los años noventa.

Siendo esa la política del Ministro, quedan aún algunas preguntas flotando: ¿Serán los sindicatos lo suficientemente maduros para aprovechar una oportunidad de diálogo que pueda consolidar una nueva normativa que pueda beneficiarlos en algo? ¿Serán los empresarios suficientemente abiertos a esta visión del Ministro Pasco, que los termina descolocando de alguna manera? ¿Cómo manejará el gobierno las tensiones que se produzcan entre el titular de Trabajo con otros de sus pares y con el ala izquierda del APRA?

Daremos un tiempo antes de poder contestar estas interrogantes. Mientras tanto, seguiremos observando que pasa en el campo laboral. No solo son necesarios más puestos de trabajo, sino también que tengan los derechos básicos garantizados. De ello no debe olvidarse el gobierno, los sindicatos, los empresarios y todos los peruanos.

Hace algunos meses, fuimos testigos de lo que el conflicto entre los trabajadores y dueños de la Compañía Minera Casapalca, una empresa que no respetaba los más elementales derechos laborales, cuestión que le conllevó una sanción del Ministerio de Trabajo, así como una conciencia mayor sobre lo contraproducente que es para la inversión privada no respetar los derechos laborales.

Pues bien, parece que, ante las evidencias, el gremio que parecìa indolente ante estos hechos ha tomado cartas en el asunto. Via El Comercio:

Le dieron la espalda a Casapalca. El consejo directivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) decidió separar a dicha compañía luego de que sus representantes se negaran a que las operaciones de la empresa fueran sometidas a una auditora independiente, contratada por el gremio, y que iba a determinar si Casapalca cumplía o no sus obligaciones laborales y medioambientales.

La SNMPE habría solicitado en tres oportunidades a la minera que permitiera el ingreso de auditores a sus operaciones, ubicadas en la sierra de Lima. Según informaron fuentes del sector, las respuestas de la minera habrían sido esquivas, y en ellas indicaba que actualmente Osinergmin sometía sus operaciones a una evaluación y que cualquier información sobre la situación de la empresa que requiriera el gremio minero debía solicitarse al organismo regulador. Ante la negativa, la SNMPE dio paso a su separación.

Hay que señalar que la SNMPE tiene un Código de Conducta en el que se indica:

4. La armonización de los legítimos intereses empresariales y productivos busca contribuir a una vida digna y al desarrollo sostenible en la sociedad.

Tradicionalmente, el gremio de empresarios mineros no ha sido muy permeable a este tipo de reclamos. Por el contrario, ha tenido en varias ocasiones expresiones de intolerancia frente a los cuestionamientos hechos desde diversos sectores hacia prácticas incompatibles con la legislación ambiental o laboral. Por ello es importante que hayan dado este paso drástico, que permite sentar un precedente sobre la conducta que las empresas privadas deben mantener en relación con la sociedad y sus trabajadores.

Sin dicho respeto, cualquier alusión a una revolución capitalista estará arando en el mar.

Si hay una ofensa realmente grave en política, es que te llamen traidor a la Patria.

Lamentablemente, como muchas procacidades, es bastante repetitiva en estos tiempos. Sobre todo en lo que se refiere a un tema tan sensible como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Durante todo el tiempo de negociación, gente de los gremios agrarios, izquierda radical y del Partido Nacionalista llamaron traidor a la Patria a todo aquel que exponía las bondades del TLC.

El jueves, en un exabrupto verbal clamoroso, Susana Pinilla, Ministra de Trabajo, llamó traidores a la patria a los dirigentes de la CGTP que se entrevistarían durante esta semana con una delegación de congresistas demócratas para decirles una verdad a gritos: en el Perú no se respetan las normas laborales. Y claro, ahora la CGTP amenaza retirarse del Pacto Social por este exabrupto.

Creo que ambas posturas siguen confundiendo las cosas. No puede existir un pensamiento único sobre el TLC por dos motivos. El primero, es que cada quien tiene su propia concepción del modelo económico. El segundo, es que sí van a existir sectores perdedores del Tratado, a los cuales debe atenderse. Claro, de lo que tienen que darse cuenta ambos es que el TLC tiene un capítulo laboral que merecería ser alabado por los sindicatos y que pone obligaciones al Estado y a los empresarios que deben cumplir.

Siempre he dicho que mucho de la oposición al Tratado de Libre Comercio es ideológica o basada en el terror-pavor-oposición que se tiene a Estados Unidos en algunos sectores.

Pero también creo que decir a ciegas que el TLC va a ser la panacea es una reverenda tontería. Solo será bien aprovechado si tenemos una agenda interna clara (por cierto, ¿que fue del llamado TLC “hacia adentro”?) o aplicamos el engavetado Plan Nacional de Competitividad.

Con comentarios como estos, los radicales de uno y otro lado son los que ganan. Sin embargo, las mejoras para los exportadores y para los sectores que podrìan perder con el TLC siguen durmiendo el sueño de los justos.

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Una denuncia sobre colegio ubicado en Magdalena

El día de ayer, llegó a mi correo electrónico un mail enviado por alumnas del Colegio Santa María, ubicado en Magdalena del Mar, conocido también como Saint Mary School.

Según lo afirmado por las ex alumnas y he podido verificar, este colegio, con más de 50 años de historia, ha cerrado sus puertas de manera intempestiva, con algunas situaciones irregulares que su promotor, Guillermo Injoque Daly, deberá aclarar ante varias autoridades, a los padres de familia y a sus propios trabajadores.

El Saint Mary School fue fundado en 1953 por las señoras Consuelo Amat y León de Ureña y Consuelo Daly de Injoque. La enseñanza de este plantel se destinaba a la formación de mujeres, tanto en las secciones primaria y secundaria, como, hasta la dictadura militar, para el secretariado a través de la llamada sección Comercio. El plus que tenía era un buen nivel en el idioma inglés, con profesoras capacitadas en esta materia, colaboración de ciudadanos estadounidenses e intercambio a Estados Unidos para las alumnas más destacadas.

Su periodo de esplendor estuvo en las décadas de 1960 y 1970. Su alumna más célebre fue la productora de televisión Michelle Alexander, conocida por ser la autora del boom de las miniseries de Frecuencia Latina.

Pues bien, en la década de 1990, las dos fundadoras se retiraron y años más adelante fallecieron. El hijo de Consuelo Daly de Injoque, Guillermo, asumió las funciones de promotor del plantel, conjuntamente con el hijo de Consuelo Ureña.

Según el correo de las ex alumnas, durante el año 2006 ocurrieron las siguientes irregularidades:

- Para el mes de octubre de 2006 se les adeudaba 4 meses de salario a los profesores del plantel. Ello, a pesar que los padres de familia depositaban las pensiones en una cuenta del Scotiabank. Cuando los padres de familia fueron al banco a averiguar, en la cuenta destinada al colegio no existía fondo alguno.

- Posteriormente, los padres de familia fueron a hacer averiguaciones legales a la SUNAT, donde comprobaron que el colegio había sido dado de baja en el Registro Unico de Contribuyentes. Ingresen a la página web de la SUNAT y allí podrán verificar como lo he hecho dicha afirmación.

- Para el mes de diciembre, los padres de familia decidieron pagar la pensión directamente a los profesores, para que así pudieran cobrar parte de lo adeudado y el mes de diciembre. Al mismo tiempo, los profesores fueron comunicados por la AFP a la que cotizaban de su cese. Allí se percataron que desde 2001 no habían depositado sus respectivos fondos de pensiones. Cuando fueron a reclamar tanto padres como profesores a Injoque, éste negó las acusaciones. En ese momento ya había comenzado a circular los rumores de cierre del colegio.

- En enero de 2007, comenzó el proceso de matrícula para el presente año escolar, que comenzaría el 1º de marzo. Sin embargo, Injoque, intempestivamente, envío una carta notarial señalando que debìa detenerse el proceso de matrícula y devolverse el dinero a los familiares. A los pocos días, el promotor informó a los padres que el colegio no iba más, con el consiguiente fastidio de los profesores.

De acuerdo a lo que hemos podido comprobar, INDECOPI ya tiene una denuncia sobre estos hechos, en particular, el cierre intempestivo ad portas del inicio del año escolar. Así informó su portal electrónico el 2 de febrero:

“El colegio particular Santa María, ubicado en la cuadra 29 de la Av. Brasil, en el distrito de Magdalena del Mar suspendió las matrículas desde el día de ayer, por lo que el INDECOPI evaluará el hecho con el fin de verificar si decisión fue informada oportunamente a los padres de familia con el fin de que tomen las previsiones del caso y no peligre la educación de sus hijos.

La Comisión de Protección al Consumidor evaluará si la decisión de suspender el servicio educativo fue comunicada previamente a los padres de familia, con el fin de que busquen otro colegio para sus hijos y su educación no corra peligro y se aplicarán las acciones pertinentes, precisó la secretaria técnica de la Comisión, Eva Céspedes Correa. Agregó que informará de esta situación al Ministerio de Educación para que tome las acciones que le corresponda“.

De acuerdo con la versión que ha llegado al Tercer Piso, se les adeuda a los docentes los beneficios sociales correspondientes y se les querría obligar a renunciar para evitar hacer los pagos por despido intempestivo, por los cuales les correspondería un monto bastante mayor al de una renuncia. Aunque no hemos podido comprobarlo, se señala que se ha llegado a falsificar la firma de una profesora en un documento donde se señala que el promotor no tiene deudas con esta persona.

El local del colegio ya ha sido vendido y ya habrían comenzado a hacerse trabajos para su pronta demolición. Hoy, 15 de febrero, el local sería entregado a la inmobiliaria a la que se ha vendido este predio. Las ex alumnas estarían preparando una protesta en la puerta del local.

Es cierto que compete a cada persona el cierre de una actividad empresarial, es parte de la libertad de asociación que cada persona tiene. Sin embargo, tiene que hacerse de la mejor manera y sin dejar pendientes los compromisos con los trabajadores. Además en el caso de un colegio, este cierre debe ser comunicado de manera anticipada a los padres, a fin que los alumnos no se vean perjudicados. Guillermo Injoque Daly, sin duda, tiene varias cosas por explicar y varias cuentas por saldar.

Sin duda, situaciones así ocurren todos los días, pero es necesario ponerles un coto. Ojalá este post ayude a que más personas denuncien hechos como estos.

ACTUALIZACION: América TV sacó hoy un reportaje sobre el tema. En este reportaje se indica que Mercedes Araoz, Ministra de Comercio Exterior y Turismo, es otra egresada de este colegio. Injoque alega que por deudas cerró el colegio, pero no ha aclarado el por qué del cierre intempestivo.