Archivo de la Categoría “derechos humanos”

Con el auspicio de Wong (sucursal Asia), Colchones Paraíso del Perú y chocolates Winter, Desde el Tercer Piso Producciones presenta, su telenovela favorita:
EL CANAL DE LA MANCHA
Starring: Luis Alberto Salgado como “el despedido” Alan García como “el Presidente” Rosario Fernández como “la Ministra”
Actuaciones Especiales: Mauricio Mulder como “perro de chacra” y Jorge del Castillo como “Jorgito”
Actuación fantasmal de Baruch Ivcher como “el dueño”
En nuestros capítulos anteriores - ver parte 1 y parte 2 -:
Luis Alberto Salgado, el más alto funcionario del gobierno en materia de derechos humanos y compañero aprista, ha sido renunciado en su cargo hace una semana y algunos días. ¿La razón? Su intervención para esclarecer el caso Baruch Ivcher. Salgado ha mencionado por calles y plazas esta versión, que pone al Presidente de la República y a la Ministra de Justicia en un serio problema.
HOY PRESENTAMOS: Salgado se sigue despachando y a la Ministra no le cree nadie
Nuestro protagonista, el despedido, sigue declarando desde Washington, cada vez con más detalles. Esta vez, a los chicos del Instituto de Defensa Legal, les da más datos sobre las presiones presidenciales:
El 4 de febrero recibí una llamada telefónica del presidente García expresando su preocupación por el envío, por el agente del Estado para el caso Ivcher, Iván Bazán, de unos documentos a la Corte de San José. Era la información con la denuncia de la revista Caretas y, además, copia de un documento oficial emitido por la cancillería polaca en Varsovia y remitido a su consulado en Lima, el cual a su vez había sido enviado a mi oficina en la Secretaría Ejecutiva del Consejo nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia. El presidente no me pidió expresamente algo, pero sí expresó su mortificación por lo sucedido, indicando que el agente Bazán ya no gozaba de su confianza. Le informé al presidente que el agente Bazán, quien además era funcionario en la Secretaría Ejecutiva a mi cargo, había actuado con mi conocimiento y autorización, por creer que ese era el deber de todo funcionario responsable, habiendo de por medio además grandes sumas de dinero del fisco y existiendo un juicio (acción de amparo) entablado por el señor Ivcher contra la SUNAT y el MEF. El presidente me recordó que el señor Ivcher había sido víctima de la dictadura de Alberto Fujimori y le contesté que eso estaba fuera de discusión y que no era el tema de lo que se trataba con la Corte de San José.
Pero no fueron las únicas presiones en ese mismo sentido, así se incorporan dos nuevos personajes del partido de la estrella a la trama:
¿Habló usted sobre el tema con algún otro alto dirigente aprista o del gobierno? Con el congresista Mauricio Mulder, a comienzos de febrero, a pedido de él. Se acercó a mi oficina a expresar su preocupación sobre lo que ocurría. No me pidió nada al respecto. Fue muy prudente pero sí me manifestó que había un riesgo que con ello los Winter recuperaran el control del Canal 2.
El viernes 7 de marzo me reuní, a pedido mío, con el premier Jorge del Castillo, a fin de solicitarle me explicara el motivo de la cancelación de mi viaje a Washington DC con motivo del 131 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana. El presidente del Consejo de Ministros me manifestó que la ministra Rosario Fernández había suscrito la Resolución Suprema autoritativa [del viaje], igual que él [Jorge del Castillo]; pero que el presidente Alan García estaba muy mortificado por el asunto con Baruch Ivcher y disgustado por los pasos que había tomado la Secretaría Ejecutiva del CNDH en ese caso.
Disciplina compañeros, todos defendemos a Ivcher. Y al que no lo hace, simplemente, lo echamos del puesto. ¿Lindos, verdad?
Pero otra involucrada en la trama - nuestra Catalina Creel, la villana de la historia - no las lleva todas consigo. Luego de intentar defender la versión que el despido de Salgado se debió a una evaluación normal de su sector, Rosario Fernández - sí, la misma que da consejos económicos basada en su wincha de Wong -, va a tener que ir al Congreso a dar explicaciones. Hasta Aurelio Pastor ha dicho que, al menos, tiene que darse un mayor sustento. Eso es cierto Aurelio, sobre todo si han nombrado a un cuestionado compañero tuyo como reemplazante de Salgado.
¿Qué más dirá Salgado cuando llegue a Lima? ¿El Presidente se pronunciará al respecto? ¿La Ministra de Justicia nos dará su próxima conferencia de prensa desde el programa de Cecilia Barraza? ¿Mulder y Del Castillo reemplazarán a Beto y Miyashiro en Enemigos Intimos? ¿En Frecuencia Latina darán alguna explicación, aunque sea para negar lo innegable? ¿La Chichi hará un programa a lo Alessandra Rampolla próximamente? ¿Y que dicen los demás medios de comunicación al respecto?
No se pierda, El Canal de la Mancha: la única telenovela que no puedes ver en ningún canal, vaya Dios, Alan y Baruch a saber porqué.
ACTUALIZACION (24.03.2008):
Ayer, de manera lacónica, Alan aceptó que echó a Salgado:
El presidente de la República nombra y desnombra (sic) a los funcionarios. Esa es su potestad
Con ello quedan de lado las declaraciones de la Ministra de Justicia, que insistía en la renuncia como la causal de la salida del funcionario, confirmadamente despedido.
Pero ya comenzaron las presiones en contra de Salgado. Vía uno de los diarios favoritos de Palacio, el sucesor de Salgado, Miguel Facundo Chinguel, dice que a su antecesor lo botaron por incompetente. Considerando que ambos son compañeros, bien podría titularse a esta telenovela también como “La Fraternidad de Caín”.
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La próxima semana, la Defensoría del Pueblo hará entrega de su premio anual a una persona realmente excepcional: Pilar Coll Torrente. Para quienes estamos en contacto constante con el movimiento de derechos humanos, el reconocimiento hecho a Pilar es una recompensa a más de 40 años de trabajo en el Perú y a una vida incansable.
Como pueden ver en la foto, Pilar se parece mucho a cualquiera de nuestras abuelas. Y de hecho, me recuerda mucho a la mia, por la firmeza en sus convicciones, su vocación por buscar el bien del otro y la fundamentación de su trabajo dentro de una fe inquebrantable. Cuando tuve la oportunidad de hablar con ella por primera vez, hace casi dos años, tenía la sensación de encontrarme a una persona sencilla, pero que irradiaba una energía especial. Debe ser que cuando acumulas kilometraje vital y ha sido acompañado con una vida de servicio a los demás generas ese tipo de reacción. Solo la he sentido en pocas personas.
Coll Torrente ha sido hija de una de las guerras más atroces que la humanidad padeció: la Guerra Civil Española. Ver sangrar a tu patria es una de las peores experiencias que un ser humano puede tener. Bien lo sabemos nosotros. Y a Pilar le tocó profundamente: su padre fue asesinado en dicha barbarie. Así le comentó a La República aquel pasaje duro de su vida:
“Nos dijeron que los habían quemado. La verdad era que los habían enterrado muy superficialmente en un barranco y cuando había tormenta los cuerpos quedaban al aire. Mi hermano Joaquín tuvo que pedir al comité para enterrarlo a mayor profundidad. Un año antes de terminar la Guerra Civil, pudimos trasladar los restos al cementerio de Fonz, nuestro pueblo“.
El mundo siguió girando. Vino el franquismo y Pilar estudió leyes en un momento en que hablar de Estado de Derecho y derechos humanos era casi mencionar una novela de ciencia ficción. Su compromiso como misionera laica la hizo venir a Perú en 1967. Y comenzó a comprarse pleitos. Uno de los primeros fue el de las cárceles. Allí sigue yendo como voluntaria, a interesarse por la vida de quienes son recluidos tras las rejas y muchas veces olvidamos que también son seres humanos.
Y aquí en el Perú, otro conflicto se atravesó en su vida. Ya no era una niña que supo de la muerte de su padre luego de varias semanas, sino que día a día se enteraba de varias muertes, de la barbarie senderista, de la equivocada respuesta del Estado. No en vano fue la primera secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y fue con su liderazgo que se establecieron líneas básicas: el rechazo a la violencia viniera de donde viniera, escuchar a las víctimas y tener también en cuenta los derechos económicos, sociales y culturales. Fueron tiempos duros, en los que amenazas de uno y otro lado corrieron.
Hasta hoy - y muchas veces de manera voluntaria -, sigue trabajando para reparar las secuelas del conflicto. Estuvo como voluntaria en el equipo jurídico de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y hoy forma parte del Consejo de Reparaciones, encargado de elaborar el registro de víctimas del conflicto armado interno a las que el Estado deberá reparar.
En un artículo de hace algunas semanas, Rocío Silva Santisteban culminaba de la siguiente manera su retrato de Pilar:
Esta consideración por Pilar Coll en una de las zonas más duras de este país, en una cárcel, es algo que, en verdad, no sólo se admira sino que casi se envidia. Porque un respeto así sólo es posible cuando el ser que lo provoca se mantiene firme y sólido, y además convencido en la fe por el ser humano. Como suele decir ella: “bonita… mis respetos”.
Dar a los demás es una tarea de todos los días. Por eso ella tiene cierto sonrojo frente a los reconocimientos de este tipo. Porque, en realidad, la tarea que esta señora española con el corazón anclado aquí la pudo haber hecho cualquiera de nosotros. Y es que todos los días, sin que lo notemos, podemos hacer algo bueno por alguien. A veces basta un abrazo o una sonrisa y ya hicimos que el sol saliera para una persona en dificultades. Otras veces se requiere de un trabajo más esforzado. Y si ese esfuerzo tiene solidez en el tiempo, termina siendo una forma de vida.
Hablar de esta extraordinaria mujer el día de hoy me pareció oportuno. No solo por la distinción que Beatriz Merino le hará entrega la próxima semana, sino porque, en un día en que creyentes y no creyentes recordamos a alguien que hizo de su vida un servicio a los demás, sea bueno tener en cuenta que cualquier persona puede hacer de su vida algo más trascendente. Y quízás varios de los políticos “caseritos” de este blog pudieran reflexionar hoy sobre como la política debiera ser un acto de servicio y no de servirse. Aquí tenemos un ejemplo de que es posible.
MAS SOBRE EL TEMA: Susana Villarán: Pilar Coll Rocío Silva Santisteban: Una mujer llamada Pilar Coll
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Por cortesía de Colchones Paraíso del Perú, Desde el Tercer Piso Producciones presenta su telenovela “El Canal de la Mancha”
En nuestro capítulo anterior…
Luis Alberto Salgado, el más alto funcionario de derechos humanos del gobierno, es obligado a renunciar por Alan García. Las hipótesis: sus indagaciones sobre el caso Ivcher y su negativa a cuadrarse con el gobierno en el tema de justicia militar.
Hoy presentamos, “Me botaron por Ivcher”.
Ayer, desde Washington, Salgado declaró al diario La Primera su verdad sobre su renuncia. Agárrense de sus asientos:
-¿Doctor Salgado, usted renunció al cargo por presiones políticas que nada tuvieron que ver con el desempeño de sus funciones? -Bueno eso no deja de ser real, pero ahora no quiero hablar de eso. Luego cuando retorne a Lima, el lunes (24), lo contaré todo.
-Pero doctor, acá en Lima circulan dos versiones: una es que lo obligaron a renunciar por su posición frente a la conformación de la Corte de Justicia Militar y la otra relacionada al tema de Baruch Ivcher. ¿Puede aclararnos esto? -Lo de la Corte de Justicia Militar no tuvo nada que ver.
- ¿Entonces queda lo de Ivcher, en todo caso confírmelo o niéguelo? Sí, yo renuncié porque el presidente (García) pidió mi renuncia y fue por el caso del empresario Baruch Ivcher. Eso si lo puedo confirmar, cuando regrese a Lima, estamos hablando.
¿Salgado hablará cuando llegue a Lima? ¿El APRA lo mandará callar para no seguir dando vergüenza? ¿Dirán algo en el canal de San Felipe? ¿Levantarán Enemigos Intimos luego del roche de los emos?
No se pierdan, luego del lunes 24, el próximo capítulo de esta telenovela. Veala por Frecuencia Latina (no, ahí no creo que la pasen).
PERO EL SIGUIENTE CAPITULO SE ADELANTA:
Y mientras todos nos aprestamos a celebrar Semana Santa, Salgado sigue narrando su vía crucis. Esta vez, a Caretas. Lo más saltante:
¿Cómo ocurrieron los hechos? –Ayer a las 7:30, estando en mi casa, recibí la llamada de la ministra Rosario Fernández. Me dijo que estaba saliendo de la Presidencia del Consejo de Ministros y tenía un mensaje importante que sólo podía dármelo personalmente. Llegué como a las 8:15. Me manifestó que por encargo del Presidente de la República, lo que había ocurrido en el día era insostenible y que había considerado que era necesario que yo me separara de la Secretaría Técnica del Consejo de Derechos Humanos.
-¿Qué había ocurrido ese día? –Lo único que había ocurrido en el día era la publicación que ustedes habían hecho en la página 18 de la revista. Renuncié también a los cargos de presidente de la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario y de agente del Estado ante la Corte Interamericana por el caso Castro Castro. Me dijo que lamentaba ser portadora del mensaje del Presidente porque nos conocíamos de muchos años y porque ella me había ratificado la confianza.
–Cuando la doctora Fernández le dijo que para el Presidente esta situación era insostenible, ¿a qué se refería? –A lo que había salido publicado ese día. No me dijo CARETAS.
–¿La única noticia que atañía directamente a su gestión era la que daba cuenta de que el empresario Baruch Ivcher tendría que pagar los S/. 54 millones que le debe a la SUNAT? –Sí.
Mientras tanto, nuestra Catalina Creel, Rosario Fernández, le niega el teléfono a Caretas y manda a decir que botaron a Salgado por perder el caso Saúl Cantoral. Pero, si esta última versión fuera cierta, ¿por qué no da entrevistas sobre el tema?
No se pierdan los próximos capitulos de “El Canal de la Mancha”, por una cortesía de Colchones Paraíso del Perú y chocolates Winter. Les garantizamos que aún habrá acción luego de esto.
Y EN UNA TRAMA ANEXA: Perú.21: APRODEH critica al nuevo Secretario de Derechos Humanos
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Si existe una materia a la cual el Ejecutivo se encuentra jalado con 05 es en lo referido a los derechos humanos. No se trata solo de la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación - tema en el que, a pesar de algunas iniciativas aisladas, las mejorías son pocas - o de no vulnerar derechos fundamentales básicos - y ya se tienen más muertos en las protestas que durante los 5 años de Toledo -, sino de contar con una política integral y transversal a todos los sectores sobre esta materia y de tener gestos que contribuyan a afianzar una cultura de respeto a estos derechos. Esa no ha sido, ni por asomo, la tónica de la gestión de Alan García.
Pero hay actitudes que pueden resultar patéticas y, aún más, signos de deterioro mayor, sobre todo, cuando estos se producen en torno a personal de confianza de la propia Presidencia de la República.
Luis Alberto Salgado fue, hasta hace 48 horas, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y la instancia más importante en el organigrama estatal sobre esta materia. Con Salgado, desde este blog, hemos mantenido discrepancias - como en los casos Cantoral y Castro Castro o su intolerancia frente a las críticas - y también coincidencias - como su posición contraria a la pena de muerte -, y con las enormes distancias que podía tener con varias de sus posiciones, reconozco que se trataba de los pocos funcionarios de alto nivel que intentaba hacer algo por los derechos humanos dentro del estado de cosas antes descrito.
Pues bien, el viernes 14 de marzo salió publicada en El Peruano la renuncia de Salgado, sorpresiva desde donde se le mire. Primero, porque es militante aprista y bastante cercano al Presidente de la República. Segundo, porque en los casos que hacen referencia al periodo 1985 - 1990, Salgado había hecho gala de su carnet antes que de su apego a la verdad. Y tercero, porque se venía un caso caliente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: las leyes de Justicia Militar que violan derechos fundamentales.
Pero la historia de la renuncia de Salgado es bastante truculenta, según lo que cuenta el Instituto de Defensa Legal. De acuerdo con las versiones que desde dentro de Palacio han podido obtener Gustavo Gorriti y su equipo, quedarían claros los siguientes hechos.
1. Salgado no renunció por voluntad propia, lo renunciaron. Fue la Ministra de Justicia Rosario Fernandez quien le informó que García había decidido prescindir de sus servicios. Ante esto, Salgado presentó su carta.
2. Baruch Ivcher habria sido la causa de la destitución de Salgado. ¿Cuál es el tema que involucra a Salgado? Pues dos tópicos: la posibilidad de que Ivcher no haya renunciado a su ciudadanía israelí en 1984 y, por tanto, el despojo de su nacionalidad en 1997 haya sido un capítulo intricado de pasaportes que harían palidecer el koseki de Alberto Fujimori; de otro lado, la improcedencia de la demanda interpuesta por Ivcher para evitar pagar impuestos de Frecuencia Latina, hecho en el que pretendia basarse sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo declaro víctima de una vulneración - que si existió - pero sobre el cual ya había cobrado 20 millones de soles por todo concepto de reparación.
Salgado se habría mostrado preocupado por estos asuntos y, como funcionario meridiamente diligente, estaría examinando el caso Ivcher para cautelar los intereses del Estado frente a un empresario que parece hacer el mercenariazgo su modus vivendi.
Si Salgado salió por esta razón, significa que el Presidente de la República prefiere las lealtades partidarias y la lucha por la verdad en materia de derechos humanos a cambio de la complacencia editorial de uno de los canales de televisión màs importantes del paìs. El juego de García es claro: mientras menos me critiquen, mejor. El juego de Ivcher también: a Toledo lo presioné con reportajes desfavorables para que me pague la indemnización, a García lo complazco para que evite que pague mis impuestos.
Peor aún, la influencia gubernamental, según Gorriti, habría llegado a extremos tales como estos:
Había informaciones de que el secretario de la presidencia Luis Nava hacía gestiones en ese sentido, sobre todo en el ámbito aplicable del ministerio del Interior, pero no se sabía si lo hacía por iniciativa propia o por orden presidencial. Ahora se conoce más.
La acción presidencial representa también un ataque directo a la revista Caretas, que ha llevado a cabo una campaña de investigación y denuncia sobre los intentos de Ivcher de hacerse pagar decenas de millones de soles (20 de los cuales ya han sido embolsillados) por sus presuntos sacrificios en favor de la democracia. Con ese gesto, García demuestra una posición que, como presidente de la República, está obligado a explicar.
La otra hipótesis: ¿Lo votaron por el tema de la justicia militar? Eso es lo que señalan medios como Expreso y La Razón, quienes acusan a Salgado de “caviarizarse”. En realidad, estos medios no le perdonan a Salgado que haya manifestado sobre este tema lo siguiente: “Personalmente, coincido con que los magistrados militares deben ser nombrados por el CNM y en que tienen que ser oficiales en retiro”. Es es justamente la posición que no defiende actualmente el gobierno del Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ser esta la verdadera razón de su salida - o sumada a la anterior - sería igualmente grave y diría mucho de cuanto pesan las botas en Palacio de Gobierno.
¿Y quién es el reemplazante de Salgado? Se llama Miguel Facundo Chinguel, otro conspicuo miembro del Partido Aprista Peruano, pero que tiene en su haber un antecedente bastante grave frente a los derechos humanos: Denunció a la Fiscal Cristina Olazabal, a miembros de organizaciones de derechos humanos y hasta Fernando Olivera de participar en una asociación ilícita para delinquir, solo por que la Fiscal Olazabal citó a Alan García como testigo en los casos Accomarca y Cayara, ocurridos bajo su primer gobierno. La denuncia incluso quiso comprender al entonces Presidente Alejandro Toledo.
Estos antecendentes hacen tener suspicacias sobre la conducta que Facundo Chinguel tenga sobre la judicializaciòn de los casos de derechos humanos ocurridos bajo el primer gobierno aprista y que la Sala Penal Nacional procesará este año, con o sin el concurso del renunciante Pablo Talavera.
Toda esta actuación no hace más que abonar las suspicacias sobre la verdadera responsabilidad penal de Alan García en estos sucesos. El Presidente, que tanto se jacta que la CVR “sólo” encontró responsabilidad política en estos sucesos - hecho que en un país más proclive a la causa de los derechos humanos hubiera hecho que por decencia AGP ni siquiera intente postular - debería dar una explicación apenas baje del avión que lo transporta de Pekín.
Porque esta serie de acontecimientos solo produce una sensación de melancolía bastante próxima al asco.
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 Imaginemos que nos encontramos en Colombia y que tenemos a una Sala Penal que ha podido, en un proceso que ha cumplido con todas las garantías, condenar a los principales jefes de las FARC y del ELN, que ha comenzado a sancionar a los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia y al que, por su eficiencia, también va a comenzar a ver los casos de narcotráfico.
Frente a una Sala así, lo menos que haría usted, si es que fuera Presidente del Poder Judicial, es mandar al presidente de dicha Sala a hacer labores meramente administrativas como “coordinador”.
Pero no estamos en Colombia, sino en Perú, y es lo que ha ocurrido con Pablo Talavera, el Presidente de la Sala Penal Nacional.
Esta Sala ha resuelto varios de los casos más importantes del país. Ha sido el colegiado que ha logrado condenar a penas bastante altas a las cùpulas de Sendero Luminoso y del MRTA, en procesos que han cumplido los estándares del debido proceso. Incluso, en el caso de Abimael Guzmàn, la Sala presidida por Talavera fue la primera en aplicar la teoría de la autoría mediata, la misma que es base de la acusación contra Alberto Fujimori.
Asimismo, la SPN ha resuelto algunos casos importantes en materia de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. El juicio màs sonado fue el de la desapariciòn del estudiante Ernesto Castillo Paez, cuyos ejecutores han sido condenados a penas de 16 y 15 años de prisiòn.
Esa buena labor fue premiada por el Poder Judicial, al encargarle a la Sala el procesamiento de narcotraficantes y de bandas organizadas, lo cual se sumaría a los casos de derechos humanos aún pendientes.
Sin embargo, Talavera, quien fue el constructor de esta experiencia y uno de los magistrados con mejor capacitaciòn de su generaciòn, pasarìa a labores meramente de coordinaciòn. Hace unos dìas, el magistrado renunciò a este puesto.
Inmediatamente surgieron las especulaciones. Versiones periodísticas dieron cuenta de celos de miembros del Consejo Directivo del Poder Judicial - alguno de ellos, cuestionado recientemente -, las cuales han sido desmentidas por este poder del Estado y por el propio Talavera. Sin embargo, a pesar de lo que ambas partes puedan decir, algo en esa relación parece haberse roto para que a un buen magistrado lo manden a hacer labor de papelería.
Pero no dejo de descartar otra hipótesis. A inicios de este año, Talavera anunció que la Sala Penal Nacional tendría como prioridad los casos de derechos humanos, entre ellos, varios de los ocurridos durante el primer gobierno de Alan García, en los que, incluso, el Presidente podría ser llamado como testigo. Como se sabe, estos son los casos que no dejan dormir a varios en el actual gobierno y no se pueden descartar presiones sobre este tema.
Sea la razón que fuere, el Poder Judicial ha cometido un error bastante grave. Esperemos que el reemplazo de Talavera responda a la altura del encargo y que, en suma, los casos que le toquen resolver a la Sala Penal Nacional sigan teniendo la misma calidad de sentencias con las que contaba hasta este momento. La confianza en la justicia dependerá mucho de ello.
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A la memoria de Hubert, dos años después
Ayer, leyendo la revista Ideele, me enteré que hace algunas semanas, el diario Expreso, uno de esos medios de comunicación que sigue poniendo sal a las heridas del conflicto armado interno, se vanagloriaba de esta noticia:
El Ministerio Público abrió investigación preliminar por los presuntos favorecimientos que tuvieron algunos acusados por terrorismo, con la designación de sus abogados, que luego integraron la Comisión de Indultos, Derechos de Gracia y Conmutación de Pena, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua Corazao.
La titular de la 55° Fiscalía Provincial Penal, Frecia Junchaya Vera, será la encargada de las pesquisas en torno a la entrega de pruebas que hace tres semanas EXPRESO hizo a la mesa de partes de la Fiscalía de la Nación, en las cuales existirían claras referencias de que se indultó a los acusados por terrorismo, que resultaban siendo culpables de ese delito y otros afines.
Como es costumbre, Expreso miente. Y miente para seguir con dos de sus más grandes campañas: la persistencia en el terrorismo como el mayor problema de seguridad del país y la persecusión contra las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, a las que siempre ha tachado - sin pruebas - de ser órganos de defensa del terrorismo.
Como bien se recuerda, durante el gobierno de Alberto Fujimori se dieron una serie de leyes para procesar a los acusados por terrorismo. Estas normas vulneraron todas las garantías del debido proceso garantizadas por la Constitución y los tratados internacionales, a tal punto que el propio dictador tuvo que darse cuenta que tenía un problema social: cientos de inocentes en prisión. Por ello, se creó una Comisión Ad Hoc para identificar esos casos y recomendarlos para el indulto presidencial. La Comisión fue conformada por el Defensor del Pueblo, el Ministro de Justicia y el padre Hubert Lanssiers.
El trabajo de la Comisión duró 3 años y luego fue incorporada al Ministerio de Justicia, pero el interés de Fujimori en el tema disminuyó. Fue durante el gobierno de Valentín Paniagua cuando el tema cobra un nuevo impulso y se reconstituye la Comisión, llamándose de nuevo a Lanssiers y a varios abogados especializados en derechos humanos, como Ernesto de la Jara, Wilfredo Pedraza (como representante de la Defensoría del Pueblo) y Javier Ciurlizza (entonces jefe de asesores del Ministerio de Justicia). Todos estos abogados conocían de la situación de las cárceles en el Perú y del drama que suponía la permanencia de inocentes en las prisiones peruanas.
¿En qué consiste la acusación de Expreso? En que todas estas personas patrocinaron casos de “terroristas” y que hubo un tráfico de influencias para liberar a patrocinados por las organizaciones en las que estas personas trabajaban.
Esta acusación es falsa por tres motivos:
1. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos prohibe a sus organizaciones miembros patrocinar casos de terroristas, por lo que están obligadas a hacer una investigación previa a quienes se acercaban a sus puertas para hacer las denuncias respectivas. Eso implicaba un drama humano adicional para quienes se sentían afectados, pero suponía, a la vez, un resguardo para estas organizaciones y una garantía para los familiares de que su caso sería visto.
2. Los casos, en efecto, eran presentados por las organizaciones a las que estas personas pertenecían. Pero la mayor parte de ellos fueron presentados con anterioridad a su nombramiento. Ademàs, era excepcional que otro tipo de abogados patrocinara a los inocentes en prisiòn. La pertenencia de los mismos a sectores con menores recursos para acceder a la justicia y la renunencia de varios abogados a comprarse este tipo de causas provocaron esta situación. ¿Alguna ganancia por ello? Ninguna. Los indultos no daban - ni dan - derecho a indemnizaciones monetarias y estos casos se defienden sin cobrar un solo centavo. Y no solo las ong’s a las que se sataniza presentaron casos, sino también el propio Lanssiers, a través de la Obra Recoletana de Solidaridad, un pool de abogados ex alumnos del Colegio Recoleta que comprometían parte de su tiempo en revisar los casos que Hubert conocía por sus visitas interdiarias a los penales.
3. El indulto no era otorgado por esta Comisión, sino por el Presidente de la República. Lo hizo Fujimori y también Paniagua y Toledo. Los casos eran presentados cuando existía unanimidad en los mismos y cuando se comprobaba que no existía relación alguna con el terrorismo. Justamente, para llevar a cabo esta labor de reparar vidas frustradas por una condena injusta fue este trabajo.
¿Por qué esta campaña? Para mi es claro. Con sus virtudes y defectos - sobre los cuales debieran hacer una revisión -, las organizaciones de defensa de los derechos humanos han contribuido a que varias causas importantes se vean en el Perú y son de los organismos más críticos con el actual gobierno. Los medios que más las contrarían son aquellos que comparten tres características: lenidad frente al fujimorismo y su atroz herencia, un macarthismo militante y una adhesión a Alan García que hace palidecer al propio Mauricio Mulder. Por ello no me extrañó que el Presidente quisiera mezclar inocentes con culpables publicando las listas de todos quienes pisaron las cárceles por terrorismo, sin importar que más de 1,000 personas no tuvieran culpa de nada.
Pero en el camino, además de manchar honras de quienes participan en esas organizaciones, se embarra a un sacerdote que falleció hace dos años - y que no puede responder, por tanto, a esta ignonimia - y que durante toda su vida luchó para que la vida de las personas que viven en las cárceles sea más digna y, además, se pretende buscar la nulidad de los indultos otorgados, cuestión que es jurídicamente imposible y que, además, añade un drama adicional a quienes vivieron un tiempo en las prisiones peruanas, esa sucursal del infierno, sin haber cometido delito alguno.
Y quizás, por ello, sea importante recordar alguno de estos casos:
“Cada minuto que pasaba parecía una inacabable hora. Prohibida la lectura, la escritura, el trabajo, parecíamos seres del mundo vegetal. La visita familiar era una vez al mes por un máximo de 30 minutos. La visita de los hijos menores, el mismo tiempo pero cada tres meses” (Yehude Simon)
Se trata de vidas, de compatriotas como nosotros. Por eso es que acusaciones como estas me generan tanta rabia.
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La semana pasada, Santiago Martin Rivas expuso al desnudo la táctica de defensa de Alberto Fujimori: negar hasta el hartazgo la existencia del destacamento Colina, acusar a los testigos de vendidos al sistema o “colaboracionistas” - lo que en jerga militar, quiere decir, traidores (¿a qué o a quién?) - y desacreditar lo que pueden ser los testimonios y documentos más contundentes contra el ex mandatario.
Sin duda, el testimonio de Martin Rivas logró impactar en la opinión pública y, por lo menos el miércoles, logró sorprender incluso a los magistrados y a los abogados de todas las partes. Pero el viernes pasado su suerte cambió, cuando los asistentes al video y quienes lo veían por televisión podían apreciar el video que filmó el líder operativo de Colina ante el periodista Umberto Jara. Vídeo que, por cierto, no admite dudas de su certeza y frente al cual la tesis del ensayo no resiste el mayor análisis y una simple pregunta: ¿Por qué Martin ensayaría una declaración que no es compatible con su defensa judicial?
Pero otras falsedades de la declaración han sido desmentidas. El jefe de Colina llegó a desconocer a sus propios compañeros de armas y de crimen. Pero los conocía y desde algunos años antes de los crímenes. La foto que ven a continuación, presentada por el diario La República, muestra a Martin junto a varios de los personajes a los que negó conocer o a los que mencionó que solo había visto “alguna vez”.

A ello se sumó la presentación de documentos vinculados con las operaciones del Destacamento que fueron firmados por Martin. La firma fue reconocida por Jesús Sosa Saavedra, uno de los jefes de equipo de este escuadrón de la muerte y que actualmente se encuentra en la clandestinidad.
Pero no es lo único que ha dicho Sosa, quien además es una de las fuentes principales del libro Muerte en el Pentagonito. En declaraciones más amplias a La República, indicó que la orden para ejecutar la matanza de Barrios Altos provino de Vladimiro Montesinos. Esta es la parte pertinente del diálogo:
¿Qué fue lo primero que comenzaron a hacer como grupo? Entrenar, como es normal. Solo que aquí se incluía un entrenamiento con armamento, y había que tener más continuidad porque se supone que en cualquier momento puedes hacer operaciones. No es lo mismo que estar en oficina. Barrios Altos fue la primera operación, ¿no es cierto? Claro. ¿Quién la ordenó? Montesinos, que era el asesor del presidente Fujimori. ¿Directamente él? Sí, porque le fueron a dar parte a él, le fueron a decir ‘ya se cumplió el trabajo’. Y tú le das parte a la persona que te pide hacer el operativo. ¿Cómo fue? Al día siguiente de lo que pasó, fuimos con Martin, Pichilingüe y Rodríguez Zabalbeascoa a la oficina del SIN y en la puerta se encontraron con Montesinos y ahí le informaron. No escuché todo, pero sí que dijeron que ya se había hecho el operativo y ahí estaban los muertos. Yo estaba a cuatro metros. ¿Y en el camino hacia el SIN ellos comentaron lo que le dirían a Montesinos? Se lamentaban por la muerte del chiquillo. Ahora buscan quién lo mató, pero nadie sabe quién lo hizo. El chiquillo se metió justo cuando se estaba disparando a los terroristas que Abadía había señalado. ¿Cómo llegó la orden para Barrios Altos? Nosotros nos preparábamos, entrenando. Yo he tenido dos o tres contactos con Abadía, fui a hacer un reconocimiento al lugar donde se iba a hacer la pollada y hasta ahí yo no sabía que se iba a entrar a eliminar o sacar gente. La orden llega cuando ya se iba a ejecutar. ¿Martin Rivas les dijo que había orden de matar? No. Nosotros fuimos cerca del lugar y paramos a tres cuadras para esperar e hicimos un reconocimiento. Entonces solo pensábamos que haríamos una detención. Martin Rivas dijo: entramos, juntamos a la gente y ahí nomás les damos, nos demoraremos dos o tres minutos. ¿Al terminar la reunión con Montesinos recibieron alguna felicitación? Cuando nos regresamos, ellos (Martin Rivas, Pichilingüe y Rodríguez Zabalbeascoa) comentaron que no querían seguir trabajando para él. Dijeron: ‘ta cojudo este, nosotros somos verdes, tenemos que trabajar con el comandante general.
Sosa admite otras cosas más: la existencia del destacamento - aunque con el nombre de “Lima” -, cuyas ordenes operativas estaban a cargo de Martin Rivas. Y, con posterioridad a Barrios Altos, las órdenes de matar - pues Sosa admite los crímenes - ya vinieron del Comandante General del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos. Con ello se confirma la tesis de que Colina respondió a dos tipos distintos de mando, pero que ambos tendrían como cúspide a Alberto Fujimori. Todo ello desbarata la tesis esgrimida por Martin de que Colina no existía o nunca cometio asesinatos.
Ayer jueves, se terminó de conocer el grosor de las mentiras brindadas la semana pasada en el proceso. En un artículo en Caretas, Umberto Jara contó las presiones que sobre él han caído por los famosos vídeos de Martin Rivas y como Carlos Pichilingüe ha intentado desprestigiarlo con la especie de que se plagió sus escritos. La verdad es que el ex Colina tuvo escritora a cargo y su libro no fue editado por su contenido difamatorio.
Pero Jara deja una sorpresa más: Un nuevo video de Martin Rivas. Y dos imágenes de regalo que lo muestran explicando lo mismo que dijo en el primer video, pero con cuadros, papelógrafos y demás elementos ilustrativos. Solo le faltaba el power point.

¿Otro ensayo, mayor?
MAS SOBRE EL TEMA: Susana Villarán: ¿Quién está en el banquillo?
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No sorprende que Martin Rivas haya esgrimido la palabra “No” tantas veces que pretendiera hacer que creamos su cinismo y sus mentiras.
Decir que la entrevista brindada a Umberto Jara fue “un ensayo de lo que iba a declarar en el Poder Judicial” resulta francamente inverosimil, sobre todo cuando en dicha “práctica pre - judicial” esgrime una autoconfesión, ante un periodista con el que se sentía cómodo, sobre las actividades del Destacamento Colina, “ensayo” que, por cierto, no ha puesto en práctica en sus declaraciones judiciales.
¿A qué está jugando Martin Rivas? Pues no esta jugando precisamente para el esclarecimiento de los hechos. De hecho, el ex procurador César Azabache explicó ayer en Prensa Libre la serie de incongruencias del testimonio del jefe operativo de Colina, así como los elementos que el tribunal debería tomar en cuenta para ponderar el testimonio de alguien que ha faltado a la verdad. Y también recomendó a todos los abogados involucrados en el proceso que hagan bien su tarea y se dediquen a convencer a quien tienen que convencer, que es a la Sala Penal Especial y no necesariamente a la opinión pública.
Sin embargo, el juicio si puede servir, como apunta bien Laura Arroyo Gárate, para desarmar la tesis esgrimida por los medios adictos a la dictadura de que era necesario vulnerar derechos humanos para derrotar a Sendero Luminoso - y que es la tesis que Martin Rivas esgrime en el libro de Jara - y para el mundo confirme que lo que indicó la Corte Suprema de Chile, al aprobar por unanimidad la extradición en violaciones de los derechos humanos, lo que indica que sí existen elementos claves para el procesamiento y sanción de Alberto Fujimori.
Pero creo que este proceso judicial también deberá servir para comenzar a separar la paja del trigo. Ayer, el jefe de Colina quiso arguir que las acusaciones en su contra eran una campaña contra las Fuerzas Armadas. No todos en las Fuerzas Armadas actuaron como este sujeto y su grupo de la muerte. Hubieron oficiales que defendieron al país con honor y respeto a los derechos humanos y quienes dejaron su vida por defender la democracia. ¿Pueden los familiares de estos militares honorables sentirse bien por ser confundidos con asesinos por declaraciones como estas? No lo creo. Y si bien las Fuerzas Armadas aun son reticentes a aceptar la dimensión de violaciones a los derechos humanos cometidas por sus miembros, no toleran grupos como Colina en su seno.
Seguiremos viendo más declaraciones como estas en varios dias. Y sin duda, no habrá quien se ofrezca a justificarlas. Pero, al final, serán los jueces quienes ponderen. Y para ello, la Fiscalía y los abogados de la parte civil deberán hacer bien su trabajo.
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Trascurridos dos meses y medio del inicio del juicio a Alberto Fujimori, se puede hacer un balance sereno y firme de como va este proceso por violaciones a los derechos humanos que ha conscitado la atención de la prensa nacional y extranjera.
En primer lugar, debe quedar claro que, tal como ha sido planteado el proceso por ambas partes, ninguna de ellas va a ganar - por decirlo en términos prestados del box - por knock out. Cabe recordar que a Fujimori se le procesa por ser autor mediato de crimenes de lesa humanidad. En términos judiciales, ello implica que se vaya construyendo la culpabilidad del acusado a través de un cúmulo de pruebas. Es decir, olvidémonos de un Vladivideo tipo Crousillat o Schutz. Lo más cercano que tengamos a eso será el vídeo de la entrevista hecha por Umberto Jara a Martin Rivas.
Un segundo tópico tiene que ver con las estrategias de los abogados. Quien ha tenido mayor protagonismo ha sido César Nakasaki, el abogado defensor de Fujimori. Sus habilidades como abogado procesalista las ha puesto al servicio de la tesis de la confusión y está jugando en el terreno de la opinión pública más que en el campo estrictamente judicial. ¿Qué es lo que busca?
De un lado, llevar a los abogados de la parte civil y a los fiscales a un terreno pantanoso: que intenten probar la culpabilidad de Fujimori mediante la existencia de documentos oficiales. Como bien saben muchos, si bien existieron directivas y manuales contrasubversivos que contemplaban la eliminación de sospechosos de terrorismo, la creación de Colina y las órdenes por cada operativo no han quedado registrado en documentos, salvo los reportes de inteligencia que pedían cuestiones logísticas para cada una de estas matanzas. Ese tipo de órdenes no son puestas por escrito, pues son incriminatorias. Lo penoso es que, sobre todo los abogados de la parte civil, por momentos se viene cayendo en ocasiones en pisar este palito puesto por Nakasaki.
De otro lado, se busca desacreditar a los testigos, a través de la búsqueda de contradicciones en sus declaraciones. De hecho, en esto el abogado de Fujimori no ha respetado las canas de Edmundo Cruz y quiso ponerle una fecha falsa para hacerlo caer, lo que mereció una reconvención por parte de los jueces. Lo mismo ha pretendido hacer con los miembros de Colina. Y llevando la estrategia al máximo, algunos testigos de la defensa pretenden imponer el infundado rumor de un pago por incriminar a Fujimori, refrito que, por cierto, fue difundido y desmentido en el 2003.
En la estrategía, digamos, “política”, los fujimoristas han corrido con cierta ventaja. El hecho de que no se difunda el juicio por Canal 7 - un grosero error que Carlos Manrique Negrón debiera corregir - y la existencia de encuestas que siguen arrojando un importante índice de aprobación a Fujimori hacen que sus seguidores y familiares sigan arrojando bravatas a la opinión pública, pretendiendo que la inocencia de Fujimori se va a definir en un mitin. Y aquí es donde nuevamente se equivocan: si Fujimori será sentenciado es en virtud de cuestiones judiciales, no de una encuesta. Al ex dictador no se le juzga por venganza o enquina, sino por la existencia de pruebas que lo comprometen en crímenes graves y que, de hecho, ya le valieron una sentencia condenatoria.
Ese error de percepción - o, más bien, estrategia para una amnistía, como ellos lo han definido claramente - es el que hace ver a Kenji Fujimori decir “están matando a mi padre de a pocos”, cuando su viejo tiene un régimen penitenciario estricto, pero que respeta sus derechos fundamentales y su celda es más grande y cómoda que cualquier instalación del mismo tipo en Castro Castro o Piedras Gordas.
¿Qué es lo que se viene? Pues las declaraciones más importantes del proceso: Umberto Jara y su investigación sobre Fujimori, Martin Rivas, Hermoza Ríos, las investigaciones de la CVR explicadas por Carlos Iván Degregori y Salomón Lerner Febres y, en términos mediáticos, el careo con Vladimiro Montesinos. Entretenimiento tendremos, cuestiones interesantes para el análisis también.
Y al final, esperemos que sera la justicia la que se alcance.
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Hoy es Día de la Amistad y aunque este blogger no es muy partidario de los “dias de” - considero que no es necesario un dia especial para decir lo que sentimos -, es momento de congratular a quien ha sido uno de mis mejores amigos en esta empresa bloggera durante los tres años: Luis Giampietri Rojas.
Gracias a nuestro nunca bien ponderado Primer Vicepresidente de la República, quien escribe ha podido elaborar varias de sus piezas prosísticas más inspiradas y de las investigaciones más comentadas en este blog.
Si no fuera por este insigne miembro de la Marina, no hubiese podido seguir defendiendo ardorosamente el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, luego de cada diatriba, ataque o mentira proferida por quien se ha convertido en defensor de “héroes” tales como Santiago Martin Rivas, Alberto Fujimori, el “Comandante Camión” o Clemente Noel y Moral, quienes defendieron a la Patria ¿respetando? los derechos humanos.
Este preclaro hombre de la patria, elevado a tan alto cargo por nuestro Zeus de Alfonso Ugarte, se ha encargado de transformar una cumbre internacional de alto rango a una reunión de cuartel en el Pentagonito. Todo un ejemplo de la promoción del turismo en nuestro país, que deja como chancay de a veinte la famosa Ley Bruce para la promoción de zonas arqueológicas.
Y como olvidarme de sus asesores. De aquellos que no le correspondían porque su cargo no estaba en el organigrama del Estado y porque ya tenía sus propios asesores parlamentarios. Y como no tener en cuenta a ese abogado de polendas llamado Sergio Tapia Tapia, el que se disfrazaba de Hitler en su juventud y que admira tanto a hombres de paz como los que encabezaron la sangrienta dictadura militar argentina. Y, de taquito, hizo que me interesara saber como su colega Lourdes Mendoza - a quien ayudó con el ascenso de su pareja (el amor, el amor) - hacía exactamente las mismas contrataciones indebidas, con la venia de Jorge del Castillo.
Si hablamos de contratos, no hay que olvidar que el Almirante comienza por casa y que tiene el amor fraternal a flor de piel. Como la contratación dirigida de su hermana por parte de IMARPE, la entidad que lo cobijó como Presidente durante la época más transparente de la historia peruana: el gobierno de Fujimori.
Giampietri me ha legado páginas dignas de la historia del Poder Judicial. Como su juicio a Antonio Maldonado por hablar sobre un caso de corrupción que, hasta ahora, nuestro padre de la Patria no aclara. Acusación que, otro digno amigo suyo, don Moisés Tambini del Valle, intentó limpiar cual Ña Pancha. Para eso están los amigos de toda la vida. Casí “Héroes de la Unión”, como el Chancha.
Gracias Luchito, por hacer de este blog lo que es. Y por ello también te recompensaré una vez que me pongas una demanda en el Poder Judicial, como me han comentado que vas a hacer. Y también te agradeceré que me pagues la cuenta del abogado, si es que tu escrito sale, como espero, rechazado por un juez honesto, al que no puedas presionar.
Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Aquí seguiremos comentando tus “hazañas”. Para eso estamos los patas de verdad.
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