Desde el Tercer Piso

¿O sí?

Hace un par de semanas, dos alumnos de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de San Martín de Porres me entrevistaron para una asignación que tenían que hacer sobre blogs. Entre los temas que conversamos, por cierto, estuvo el famoso comercial hecho por Toronja, frente al cual les aclaré que las dudas y resquemores frente a dicha propaganda no tenían nada que ver con una animadversión por su casa de estudios.

Y creo que la misma atingencia vale para lo que voy a comentar a continuación.

Hace un par de días, Esther Vargas, editora de la sección Sociedad de Perú.21, denunció haber sido discriminada por dos autoridades de la Facultad de Comunicaciones de la San Martín, de la cual ha sido alumna y ahora es docente.

De acuerdo con lo que relata, la razón que motivó la “preocupación” de dos autoridades de dicha Facultad fue la condición de lesbiana de Esther, nada oculta en su blog sobre temas de sexualidad, así como en su columna de Perú.21 sobre este mismo tema. Las quejas venían de alumnos y/o padres de familia, según argumentaron Marina Cho, jefa del Departamento Académico, y Silvia Quintero, responsable de periodismo escrito. Ambas, por cierto, le dijeron: Nos gusta tu chamba, pero tal vez sea mejor que te retires de la docencia en esta universidad.

En una sociedad liberal que se respete, lo que cada uno haga en su alcoba - o en cualquier alcoba - es asunto de cada quien. Nadie tiene derecho a cuestionarte por lo que hagas en la intimidad pues, como sabemos, es parte de tu esfera privada. Y, peor aún, a discriminarte por ello.

Se supone que una universidad, ante todo, debe ser el ejemplo de universalidad, es decir, de diversidad y de tolerancia. Es cierto, pueden existir universidades confesionales que puedan, dentro de esa libertad, tomar ciertas posturas congruentes con dicha confesión, pero ello no puede ser sinónimo de discriminación o vulneración de derechos fundamentales.

Pero la San Martín no es una universidad confesional, ni mucho menos. Y tiene como principal directivo a un señor que es Ministro de Educación, por lo que debería ser ejemplo de respeto de las normas constitucionales. Y en este caso - aunque felizmente no se consumó un despido -, es claro que a Esther le han hecho pasar un grave mal rato y, tranquilamente, podría acudir al Ministerio de Trabajo a quejarse por este tipo de prácticas.

Desafortunadamente, no es la primera vez que se atropellan derechos fundamentales en dicha Facultad. Hace algunos meses, sancionaron a una alumna por no apagar el celular violando el debido proceso. Parece que el señor Johan Leuridan Huys - sacerdote poco congruente con la tolerancia cristiana - tiene poca idea de lo que es la Constitución y los derechos de cada persona.

Pero volvamos al caso de Esther Vargas. Uno de los últimos párrafos de su artículo del jueves da para la reflexión:

No renuncio. Esperaré que me despidan o que se me indique muy claro las razones de esa actitud, o quizás que se me explique por qué una profesora lesbiana no puede enseñar periodismo en una universidad que, supuestamente, piensa en grande. No quiero premios consuelo. Simplemente quiero denunciar este hecho de intolerancia que le puede pasar a cualquiera o que quizás ya esté pasando, con alumnos o con profesores.

Da que pensar, ¿en cuantos lugares de trabajo se está discriminando por la opción sexual? ¿Pensamos en la imagen para atraer alumnos de “metas grandes” y no nos preocupamos del tipo de ejemplo que dan sus autoridades?

Digo, si este es el tipo de formación que el Ministro de Educación piensa para todos los peruanos, creo que vayamos diciendole adios a una reforma educativa que nos haga mejores ciudadanos.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Alan rechaza discriminación de cualquier tipo
El otro blog de Esther Vargas: Clases de Periodismo
Utero.tv: Esther Vargas, discriminada en la San Martín (entrevista de Marco Sifuentes)
El Morsa: Dos caras de la moneda

El señor Luis Alva Castro permanece en su puesto de Ministro del Interior por una única razón: ser miembro del Partido Aprista Peruano.

Para nadie es un secreto que la gestión del también congresista es un total fracaso. No pudo comprar patrulleros por su cuenta, la seguridad ciudadana es un desastre, gasta plata del Ministerio para levantar su imagen y no reforma a la Policía Nacional.

Pues bien, si esto no es motivo suficiente para echarlo, pues los congresistas deberían mandarlo a su casa por el siguiente hecho. Informa El Comercio:

La Cuarta Fiscalía Provincial de Huamanga, a cargo de Hugo Martínez Mamani, formalizó una denuncia penal contra el suboficial de tercera PNP Carlos Alberto Rodríguez Huamaní (28) por el delito de homicidio contra Emiliano García Mendoza y Rubén Pariona Camposano, el pasado 19 de febrero, en Ayacucho, cuando ocurrió el paro agrario promovido por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Ayacucho.

Durante la investigación, el suboficial admitió haber disparado a ambos campesinos con la escopeta de perdigones que portaba. El cargo presentado contra el suboficial es homicidio calificado y podría recibir una condena no menor de quince años.

Lo curioso es que Alva Castro le había dicho al Congreso que:

“Ninguna bala de la PNP ha causado la muerte de los campesinos. Seguimos trabajando para dar con los autores materiales. (…) Los instigadores se revelan por sí mismos y deben ser procesados por terrorismo, homicidio calificado y otros delitos”.

Cuando se produjeron los hechos, dije sobre el tema lo siguiente:

A estas alturas, sigue quedando claro que el cargo le queda grande a Luis Alva Castro. El hecho de que se han registrado disparos por la espalda en dos de las personas que fallecieron nos da una idea de que no se han respetado los protocolos de actuación policial en respeto a los derechos humanos. También es claro que no se tenian los policías suficientes para controlar la seguridad en las carreteras - una amiga mía estuvo varada durante todo el lunes, con el consiguiente peligro que pasó durante esas horas - y, mientras tanto, el Ministro se divertía con los patrulleros.

Muchos han tolerado las incompetencias de LAC en lo que se refiere a los temas de gestión. Pero aquí estamos hablando de dos ciudadanos que fueron asesinados por un Policía. El Ministro, por desconocimiento o por encubrimiento deliberado, no informó al país con la verdad de los hechos ocurridos. Y ello sólo merece su salida.

Así que señores parlamentarios, tengan responsabilidad y saquen a este incompetente. Las dos familias ayacuchanas damnificadas y el resto del país se los agradecerá.

Si hay alguien que me sorprende los lunes, miércoles y viernes es el Dr. César Nakasaki. Desde que tengo uso de razón no había podido apreciar tanto cinismo en un abogado, que siempre tiene una respuesta para tratar de encubrir los duros reveses de su defensa. Lamentablemente, procurar hacer del juicio, ante la opinión pública, un símil de Macondo, hace que se pierdan de la realidad los detalles más importantes de lo ocurrido en los últimos días.

Las declaraciones de Umberto Jara y los vídeos de Santiago Martin Rivas permiten confirmar que en el país se aplicó una guerra de baja intensidad, con operativos clandestinos montados detrás de una fachada de respeto al sistema democrático - aunque claro, esto se tiró por la borda en 1992 -, los cuales, hay que decirlo, no solo fueron reprobables desde el punto de vista ético y jurídico, sino que fueron poco efectivos para pacificar al pais.

Ciertamente, el libro de Jara contiene algunas debilidades conceptuales y de metodología periodística. Sin embargo, fue por la pista correcta y entrevistó a las personas que podían tener conocimiento de la cadena de mando. De hecho, la Comisión de la Verdad y Reconciliación - con mayor detenimiento y precisión - confirma la tesis de la guerra de baja intensidad y de la responsabilidad penal del ex dictador. Allí está el acierto del testimonio del controvertido hombre de prensa. De allí en parte, los debates sobre la sanidad moral de un periodista cuestionado por su actuación de los noventa - y que Jara haría bien en responder a las preguntas que se le hacen sobre esta materia - no deben desviarnos de quien es el acusado: Alberto Fujimori Fujimori.

Pero otro elemento que debería intranquilizar a Nakasaki y a su defendido es la sentencia que la Primera Sala Penal Especial expidió ayer sobre el caso La Cantuta - que se ha visto dividido en varios mini juicios - y que condena al general Julio Salazar Monroe a 35 años de prisión. El ex jefe nominal del Servicio de Inteligencia del Ejército tiene el dudoso honor de ser el militar con más años de condena por violaciones a los derechos humanos.

Pero más importante que el número de años y de condenados resultan ser los fundamentos de la sentencia. Indica Perú.21:

Este fallo, calificado de histórico por los familiares de las víctimas, indica que el destacamento estaba adscrito al SIN y que dependía de la Presidencia de la República.

Considera, además, que Fujimori -hoy procesado en la Corte Suprema por este y otros hechos de violación de los derechos humanos- recibía los informes sobre dicho destacamento del entonces jefe del SIN, Julio Salazar Monroe, ya que el propio ex mandatario había dispuesto, ilegalmente, que fuera esa instancia la que se encargara de la lucha contra la subversión.

En otras palabras, esta sentencia termina desbaratando varios de los argumentos de Nakasaki:
1. Colina sí existío y fue parte de la estructura del Ejército Peruano.
2. Colina realizó sus acciones como parte de una política antisubversiva.
3. Fujimori tenía conocimiento de estas acciones y no hizo nada por impedirlas.

Aunque aún falta mucho, parece que el destino del ex mandatario comienza a perfilarse. Quizás por eso es que sus partidarios siguen insistiendo en que los juicios se ganan por encuestas o en desprestigiar a los magistrados que procesan estos casos.

Mientras tanto, el Dr. Nakasaki nos seguirá diciendo que todo marcha bien con su defendido, esperando que alguien crea sus argumentos dignos de García Márquez.

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: Se sienten pasos
Salomón Lerner Febres: Jefe del Ejército debe agradecer que sentencia de La Cantuta separa la paja del trigo
Rolando Souza: Es injusta sentencia contra Salazar Monroe
José Ugaz: Fallo en caso La Cantuta tiene implicancias directas en juicio a Fujimori

Esta mañana fue capturado Jesús Sosa Saavedra, el único miembro del Grupo Colina que se encontraba en la clandestinidad.

El testimonio de Sosa - si es que se anima a contar todo lo que sabe - puede ser clave para aclarar varios de los casos sobre violaciones a los derechos humanos ocurridos durante las décadas de 1980 y 1990. Su participación en hechos de sangre no se limita solo a Colina, sino también a una larga estancia en Ayacucho, en la que intervino en desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. No en vano fue una de las fuentes principales de Muerte en el Pentagonito, la investigación de Ricardo Uceda sobre la actuación del Ejército peruano en aquellos años.

Esta captura se produce en un momento clave en el proceso a Alberto Fujimori. Ayer, Umberto Jara indicó que en el Perú se aplicó la guerra de baja intensidad, una doctrina militar norteamericana que enfatizaba en el uso de operaciones encubiertas, las cuales, en teoría, debían ser selectivas. En la versión norteamericana de esta teoría, se enfatizaba mucho en un discurso público que defendiera los derechos humanos, mientras que, en la práctica, se realizaban desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

En el Perú, tuvimos una versión propia de esta doctrina. Para Jara, la aplicación de la doctrina fue una respuesta a la insanía de Sendero Luminoso: Sendero hacía un atentado o mataba a alguien, el Ejercito tenía que responder con una acción similar. Ese es el famoso Ojo por Ojo que titula su libro. Lo curioso es que esta doctrina no fue necesaria para la derrota de la subversión, tal como los fujimoristas aún se empeñan en difundir.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación también estableció que la teoría de baja intensidad fue acplicada a la peruana, con el control del SIN sobre las acciones del Destacamento Colina, una creación híbrida que tuvo a agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, los cuales eran insertados en los teatros de operaciones con una orden expresa a los jefes: denles todas las facilidades para que hagan su trabajo. Y ya sabemos a que trabajos nos referimos.

Dice la CVR:

“Las operaciones especiales de inteligencia forman parte de las operaciones militares regulares y no pueden ser planeadas ni ejecutadas a espaldas del jefe operativo ni del jefe de la región militar o frente contrasubversivo donde tengan lugar. Pero esto fue precisamente lo que hizo Montesinos desde el SIN. Los jefes operativos eran inducidos a dejar que se efectúen en sus dependencias operaciones especiales organizadas y dirigidas desde el SIN y el Comando Conjunto. Los objetivos y personal de esas operaciones especiales bajo control directo del SIN y del Comando Conjunto con frecuencia no estaban claros para los jefes operativos locales o les eran simplemente desconocidos. Esta estructura paralela permitió a Montesinos emplear agentes de inteligencia y personal militar de operaciones especiales para trabajos sucios como ajustes de cuentas con narcotraficanes, amenazas, chantajes y sobornos y actos terroristas contra oficiales disidentes u opositores políticos, o para operaciones psicosociales especiales, destinadas a producir cambios de conducta en el público en general, como la matanza de Barrios Altos”.

(Informe Final de la CVR, Tomo II, página 353)

Y como bien sabemos, Montesinos solo tenía un jefe en la práctica: Alberto Fujimori Fujimori. Ello lleva a la CVR a concluir lo siguiente:

“Lo más significativo de este revés de la democracia es que fue producido por la nueva estrategia de conflicto de baja intensidad. De esta estrategia se esperaba que permitieran vencer al terrorismo sin producir numerosas violaciones de los derechos humanos ni retrocesos en la difusión de la democracia en el mundo. Lo primero se consiguió en el Perú parcialmente, pero al costo de crear grupos de operaciones especiales que no sólo cometieron excesos sino que, siendo miembros regulares de las Fuerzas Armadas peruanas (miembros del SIE), se convirtieron en el principal instrumento del SIN, la agencia central de los crímenes de Estado cometidos bajo el mandato y la autoridad directa del presidente Alberto Fujimori. En vista de que las amenazas de origen interno, reforzadas por las conexiones internacionales del narcotráfico, siguen siendo actuales en el Perú y América Lina, es muy importante revisar críticamente la formulación y aplicación de las ideas estratégicas de conflicto de baja intensidad, las cuales indican aún hoy el camino viable de la cooperación internacional para la seguridad y el nivel de fuerza adecuado de la lucha contra el terrorismo”

(IF CVR, Tomo II, página 306)

Creo que por allí está la clave de este asunto.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: Las declaraciones sospechosas de Sosa

Nota preliminar: Desde hace unas semanas estoy escribiendo una columna en el portal Prensa Peruana.com, página liderada por Willie Vásquez (a.k.a. el Paki) y que viene siendo un importante esfuerzo por hacer prensa seria y bien hecha desde Internet. Esta fue la razón principal por la que me animé a participar en esta experiencia. Esta es la columna correspondiente a esta semana, que se explica por si misma. Disfrútenla y también leánla en Prensa Peruana.com.

Revisando algo sobre historia de los chifas en el Perú, me topé con el langoy, que no es otra cosa que la mezcla de las sobras de los clientes para revenderlas a los consumidores de más bajos recursos. Quizás lo más cercano que vemos ahora en un restaurante de este tipo es el famoso combinado, que ya no se hace a base de sobras, sino que termina siendo uno de los platos favoritos de muchos (me incluyo). Pero, dependiendo del cocinero y de la limpieza del establecimiento, hay combinados que parecen langoy, por el sabor y el olor que tienen.

Algo de este tipo de toques culinarios se encuentra en las actitudes recientes del Presidente de la República en torno a los derechos humanos, que han coincidido con su antes, durante y después de su gira asiática, en especial, su visita a China.

De un lado, en una noticia que ha debido merecer mayor atención, Alan García despidió al secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Luis Alberto Salgado, por no estar de acuerdo con las investigaciones que este funcionario estaba haciendo sobre el caso del empresario Baruch Ivcher, en referencia a la aparición de su pasaporte israelí y a su intención de no pagar 54 millones de soles en impuestos.

A García no le importó que su funcionario fuera diligente, que quisiera salvaguardar los intereses del Estado y menos aún que fuera militante aprista desde hace más de 30 años. Prefirió que el canal de Ivcher no lo toque, pues teme que su popularidad baje aún más con los problemas económicos que todos comenzamos a sentir o con los indicios de corrupción que aparecen de cuando en cuando. La subordinación a los intereses de un empresario que hizo de una causa que muchos consideramos justa un tributo al mercenariazgo dice mucho de un gobierno que tiene como guías a la billetera, la cortina de humo y la falta de escrúpulos.

Sino, no se explicaría porque el reemplazo de Salgado es un abogado cuestionado por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y hasta por los propios apristas, cuestión que agria más las relaciones entre estos organismos y el gobierno, que están casi al borde de la ruptura.

Pero García no se ha quedado tranquilo con ese despido y ha pasado a una defensa de la política de China Popular que ni siquiera el más fanático de los sinólogos – o el más cínico de nuestros analistas políticos - se atrevería a hacer. Luego de comer su galleta de la fortuna y su wantan frito, Alan menospreció todas las acusaciones que se han hecho sobre la represión a las manifestaciones que los monjes budistas del Tibet han hecho pidiendo respeto a su autonomía, o la situación de los periodistas y bloggers presos por decir lo que piensan en un país donde el pensamiento único – Gustavo Gorriti dixit – parece ser el “marxismo – leninismo – maoísmo – pensamiento Von Hayek” y al que nuestro presidente, cada vez más parecido a las estatuas de Buda de Capón, alaba cada vez que puede.

El Presidente dijo esto en China y se ha encargado de adornarlo aún más en un artículo que bien podría haberse titulado “el perro del hortelano son ahora los defensores de los derechos humanos”. Bajo el pretexto de una supuesta conspiración internacional de intereses económicos para hacer sabotaje a los próximos Juegos Olímpicos, García ha descartado declaraciones de personas que tienen poco de “caviares” como Steven Spielberg o de comunistas, como los miembros de Reporteros Sin Fronteras. Para él, lo que importa es firmar su TLC con China, que venga la plata y amparar violaciones de derechos fundamentales bajo una dosis de relativismo cultural que no veía desde los tiempos de Fernando de Tragzegnies en la cancillería peruana. Casi tan descarado como Juan Luis Cipriani criticando al Centro Carter en las fraudulentas elecciones del 2000, cuando señaló que lo único que quería de los Estados Unidos era su dinero.

Resulta curioso y lamentable como la imagen del Presidente de la República se ha desfigurado y no lo digo por los efectos que el sobrepeso genera. Los peruanos elegimos a un presidente que debía hacer cambios sociales para reducir las brechas que la exclusión ha generado en nuestro país, reformas que debían hacerse en democracia. Hoy tenemos a un gobernante aconchavado con lo más conservador del empresariado, de los poderes fácticos y de la prensa, sin vocación de reformar nada y con un menosprecio por la institucionalidad cada vez más clamoroso.

Sin duda, una fórmula que nos va a dejar una fuerte indigestión el 28 de julio de 2011.

MAS SOBRE EL TEMA:
Salomón Lerner Febres: Alan debe retractar su respaldo a China
Rosa María Palacios: ¿Negocios son negocios?
Susana Villarán: China, el Tibet y la inaceptable posición de Alan García
Gustavo Gorriti: El comisario García
Utero de Marita: Abugattas denuncia interferencia del gobierno chino en Perú
El Morsa: China y la real politik (parte uno) y (parte dos)
Menos Canas: ¿Alan habla chino?
Blog del Paki: En un bosque, de la China…
Oceano de Mercurio: La imposibilidad de un Tibet independiente
El Ratón en la Luna: El Tibet que teme China

A punto de ser comprada como producto de exportación en las cadenas internacionales…

La Presidencia de la República, Colchones Paraíso del Perú y el Partido Aprista Peruano presentan el desenlace de su telenovela:

EL CANAL DE LA MANCHA

Con las participaciones estelares de Alan García Pérez, Luis Alberto Salgado, Baruch Ivcher y Miguel Facundo Chinguel.

Hoy presentamos: El retorno de Salgado, giros inesperados y un intento de colofón

En nuestros capítulos anteriores (parte 1, parte 2 y parte 3):

Luis Alberto Salgado, principal funcionario de derechos humanos del gobierno, es echado de su puesto por el Presidente de la República, a pesar de sus más de 30 años de militancia aprista. ¿El motivo? Las presiones de Baruch Ivcher para no pagar una deuda acotada por la SUNAT por 54 millones de dòlares. Luego de intentos de ocultar la verdad, Alan termina reconociendo que fue él quien botó a su compañero de partido. Se nombra a un reemplazante cuestionado, quien, además, comienza a echarle barro a su antecesor.

Es hora de volver a la escena, donde la dejamos.

Tal como lo anunció, Salgado volvió esta semana a Lima. Lo primero que hizo fue enfrentar las acusaciones que su sucesor, Miguel Facundo Chinguel, lanzó sobre él a inicios de semana, sobre su capacidad y su gestión en la Comisión de Indultos del Ministerio de Justicia:

“Yo no voy a ponerme al nivel de (Facundo) Chinguel. Seguramente ha hecho esas declaraciones por desconocimiento o absoluta mala fe. Estoy con la conciencia tranquila. Mi despacho no tenía nada que ver en el tema de los indultos o nombramientos de los comisionados. Éstos eran vistos por el despacho ministerial y Palacio de Gobierno”.

El desfile de Salgado por medios de comunicación continuó y fue donde los muchachos de IDL, a quienes les dio una larga entrevista. En ella, reiteró que su despido se debió al caso Ivcher:

“El presidente ya regresó de su viaje a Japón y China y con su declaración ha dado una especie de confirmación a lo que inicialmente yo señalaba (caso Ivcher), y es particularmente para mí muy desagradable, difícil y en cierto grado doloroso, porque se trata de un compañero de mi partido quien es nada menos que el presidente de la República y con quien nos conocemos varias décadas desde el año 71. Él es el jefe del Estado, tomó la decisión y se la trasmitió a la señora ministra (Rosario Fernández)”

En esta entrevista, también se trató sobre los efectos de indemnizaciones millonarias en materia de derechos humanos, a las que Salgado consideró como un pésimo precedente:

“Si dependía de mi, no sometía a arbitraje este caso, ni ningún caso de derechos humanos. (…) Si todo lo que sufrieron las víctimas de la violencia política, se cuantifica como lo cuantificó el señor Ivcher, colapsa el Estado y desaparece la Nación peruana, porque no hay fisco. Ese es un referente negativo para la estrategia del Estado en criterio, para establecer reparaciones, es desproporcionado”.

Fuentes que este blog ha consultado señalan que los reclamos de Ivcher venían desde el gobierno de transición, pero que en dicho momento sus lobbys no surtieron efecto. Fue con una norma dictada en el Congreso pasado - gracias a Fernando Olivera - que se pudo llevar al arbitraje el tema de la indemnización.

Volvamos a Salgado. El ex secretario de derechos humanos también mandó un par de mensajes al gobierno, tanto sobre su sucesor como sobre el verdadero fondo del asunto: la actitud del Presidente en torno a los derechos humanos, tan puesta en duda a lo largo de sus dos años en el poder:

“Si de interpretar mensajes se trata y el nombramiento de una persona, es depositarle la confianza de la señora ministra y del presidente de la República, supone un mensaje que se quiere dar. Este señor (Miguel Facundo) por sus propias declaraciones está dando un mensaje muy malo, pues me parece haber escuchado, que existió (en mi gestión) algo de irresponsabilidad e incapacidad al manejar muy mal los temas de derechos humanos, quisiera saber específicamente a que se refiere y yo estoy dispuesto a debatir sobre esto, pero en esos términos no”,

“Quiero darle un mensaje al compañero presidente Alan García. Espero y deseo que el gobierno continúe o fortalezca las políticas de derechos humanos y de gobierno con enfoque y visión de derechos humanos, planteamiento que se ha quedado trunco y que lo inicie en septiembre del 2006, con el objetivo de ampliar el Consejo de Derechos Humanos y darle una visión integral”.

Luego de las últimas declaraciones presidenciales sobre China y los derechos humanos, el deseo de Salgado parece que no será cumplido.

Para el gobierno, este ha sido un sapo duro de tragar. No solo termina con un compañero de partido dolido y seguramente pensando en su renuncia a la casa política que lo cobijó durante más de 30 años, sino con su probidad puesta en duda. Pero las reacciones más fuertes han venido de otros sectores.

De un lado, La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos amenazó con no continuar en dialogo con el gobierno si Facundo Chinguel seguía en su puesto, con lo que la relación complicada entre este organismo y el gobierno tomaba un rumbo de colisión bastante fuerte. Y en una reacción para muchos sorpresiva, la revista Caretas se mandó con el más fuerte de sus editoriales contra Alan García, en lo que va de su gestión, una muestra:

¿Qué es lo que debe a un personaje como Ivcher, que ha mentido a las autoridades notariales, a la Comisión y a la Corte Internacional de Derechos Humanos en términos de su estatus nacional?
¿Qué perjuicio cree que le puede causar la oposición interesada de Frecuencia Latina?
¿Qué ilusión puede cultivar el Presidente en cuanto a la actitud futura de Ivcher y su canal?
¿No sabe que ya hace todo lo posible para no pagar esos impuestos y que, repitiendo las estratagemas antes utilizadas, atacará al gobierno a pesar de los sorprendentes gestos de simpatía del primer mandatario del país?

El gobierno ya acusó en algo el golpe. Hoy Correo publica que Miguel Facundo Chinguel solo será “encargado” del Consejo de Derechos Humanos. Es decir, mandato interino, no hagan olas, el pata se va a ir.

¿Qué nos queda de este penoso suceso? Dejo con la palabra a Fernando Vivas, quien me respondió a una comunicación personal sobre este tema con las siguientes declaraciones, que me ha autorizado a citar:

“Para mi la reflexión más importante que me suscita el caso Salgado, es que si es cierto que fue despedido por declarar a Caretas que había hecho una gestión contraria a los intereses de Ivcher, ello podría ser una prueba más de que este Gobierno, como el anterior, todavía utilice a sus funcionarios para presionar a los medios con acciones administrativas u obtener de ellos simpatía y autocensura cuando las anula o despide al funcionario que las ejecutaría.

Por supuesto, habría que verificar si Salgado, funcionario aprista, contaba con la venia de García o de algún superior al planear la acción aludida. Mientras no tenga certeza al respecto, como entenderás, mi opinión no puede ser concluyente. Lo que sí podemos asumir es que Salgado no contaba, obviamente, con autorización para declarar lo que planeaba haceral medio que esta enredado en una deplorable bronca con Canal 2, bronca que por cierto no quiero alimentar “.

Y hasta el momento, con la respuesta de Vivas, junto a los argumentos que hemos venido dando a lo largo de cuatro entregas, usted podrá sacar su propia conclusión y establecer cual es el final de esta historia.

¿Continuará?

Parece que, con cierto retraso, algunos conspicuos miembros de la Iglesia Católica peruana van llegando a la modernidad. Vía la web del Arzobispado de Lima:

En su emisión del 01 de marzo, el programa “Diálogo de fe” inició una nueva etapa con la implementación de una cuenta de correo electrónico dialogodefe@rpp.com.pe que permitirá un diálogo interactivo entre el Cardenal Juan Luis Cipriani y los fieles que siguen su programa radial semana a semana y que ha cumplido recientemente nueve años.

Bueno, ya que Su Eminencia nos permite establecer un diálogo fluido a través del e-mail, quizás sea una buena oportunidad para que el Cardenal nos aclare algunas dudas, digamos teológicas. Así que, desde aquí y humildemente, sugerimos algunas preguntas:

1. Monseñor, tengo un amigo que es gay y que cree en el Señor: ¿Va a salvarse o sigue pensando que los homosexuales no estan en el plan de Dios?

2. Monseñor, hay una parte en la Biblia que dice que hay que combatir a los tiranos, ¿eso también se aplicaba a Fujimori?

3. Recientemente, la Iglesia ha considerado a la desmedida riqueza como parte de los nuevos pecados capitales. Dígame, ¿como se compatibiliza eso con su mensaje pastoral del año 2000: de los Estados Unidos lo único que queremos es su dinero?

4. El mensaje cristiano habla del amor al prójimo. Por ello le pregunto, ¿que pensaría de un pastor que, en pleno conflicto interno, ponía en su oficina “No se aceptan denuncias sobre Derechos Humanos” y cerraba los programas de la Iglesia sobre ese tema?

5. La religión católica se basa sobre el respeto a la verdad. Dígame, ¿qué parte del testamento de José de la Riva Aguero le da la razón a su representante personal en su lío con la PUCP?

6. Se supone que dos de los mandamientos de la Iglesia son “no robarás” y “no matarás”. Entonces, ¿es cristiano abogar por acusados de asesinato y corrupción?

Preguntas importantes para entender como nuestro Cardenal entiende la evangelización y el mensaje cristiano. ¿Alguien se anima?

Temprano, lei en Perú.21 la historia de como Umberto Jara logró a entrevistar a Santiago Martin Rivas, el líder operativo del destacamento Colina. La historia nos muestra a un militar que se siente traicionado ante las evidencias de corrupción que recayeron sobre quienes fueron sus superiores y, frente a dichas evidencias de lo que considera como una “traición al código de ética militar”, decide hablar con Jara.

Pero también hay otra lógica detrás y que es la que hizo evidente un editorial de La Razón de hace unas semanas: considerar cualquier acto de la lucha antisubversiva como heroismo, incluyendo las violaciones de los derechos humanos. Esta es la justificación que subyace a los silencios de Martin Rivas y que, para algunos partidarios de Fujimori, debio ser su mejor argumento de defensa en pos de una amnistía.

Y, de hecho, es la misma lógica que, de alguna manera, las Fuerzas Armadas impusieron a varios de sus miembros durante los años de conflicto armado interno. Al revisar Muerte en el Pentagonito nuevamente - ya a la luz del juicio a Fujimori -, pude comprobar que existía toda un pensamiento detrás que Martin Rivas comparte: el heroísmo es entendido como no tener reglas para actuar, dejar de lado los derechos fundamentales de las personas y así ganar la guerra. Ello es incompatible con Fuerzas Armadas que se encuentran bajo el mando de un gobierno democrático. Lamentablemente, como concluye Ricardo Uceda, los tres gobiernos que debían enfrentar a Sendero Luminoso y al MRTA - responsabilidades políticas y penales aparte - tenían la misma lógica de sus operadores castrenses.

¿Qué es lo que queda? Pues un sentido del honor bastante tergiversado y que comparte un sector de la población: se perdona el asesinato, pero no el robo. De hecho, buena parte de la derecha chilena compartió ese argumento frente a Pinochet: eran “necesarias” las desapariciones para acabar con la “amenaza comunista”, pero una vez que se descubrieron las cuentas en el Riggs, le dieron la espalda. No deja de ser sintomático que un sobrino de Pinochet defendiera a Chinochet.

Pero volvamos a la lógica de Martin Rivas y al remedio para la misma. Si algo quedó postergado en los intentos de reforma militar que se han tenido tímidamente en los gobiernos de Toledo - sobre todo, con Loret de Mola - y con García - en la experiencia Wagner -, fue el tema de la reforma educativa militar, es decir, la formación en las escuelas de instrucción militar. Sin duda, ha sido sintomático que recuperada la democracia se instale un Centro de Formación en Derecho Internacional Humanitario o se incorporen cursos de derechos humanos a la currícula de la formación de oficiales y suboficiales.

Pero ello es insuficiente. Si no se ponen en práctica lo que se aprende en estos cursos - léase, incorporándolo como parte de la formación en combate y en prácticas - pues es poco lo que se podrá hacer. Y también lo será si es que no se modifica un tema de cultura castrense resistente a los controles y que subyace en la lógica de la que Martin Rivas hace gala: la impunidad y la no diferenciación entre el buen soldado y el violador de derechos humanos. Ello, en términos educativos, se llama currículo oculto y tiene que ver con las prácticas que, desde lo cotidiano, se consienten y se enfatizan. Ello pasa en una institución educativa civil como en una militar.

Para ello, es necesario que las Fuerzas Armadas dejen de lado su desencuentro con la sociedad y que está mostrado a través de la formación que se nos da a civiles y militares. Por ejemplo, cuando se nos dice que estamos ante “instituciones tutelares de la Patria” y somos adultos que no merecemos ninguna tutela y, más bien, necesitamos tener mayores elementos para tomar nuestras decisiones. O cuando a los militares se les mete el rollo de que son quienes aman más a su patria, en desmedro de la gente de a pie.

Y es que, así como Martin Rivas, Telmo Hurtado y otros opinan que lo que se hizo en materia de violaciones a derechos humanos es justificable, también forma parte del sentido común de muchos civiles. La verdadera brecha a recuperar es la del respeto de los derechos de los demás y entender que, en democracia, no toda salida es justificable y que los medios condicionan el resultado.

Tres hechos graves, tres escenarios distintos, una misma dejadez gubernamental

FUEGO EN LA SELVA

Hace un año y medio, en octubre de 2006, César Hildebrandt advertía lo siguiente en su columna:

Pluspetrol no odia al río Corrientes. No lo odia pero le echa bario, cadmio, plomo, benceno, mercurio, arsénico, todo revuelto en una cazuela de aguas de formación que están a 80 grados centígrados de temperatura y que, en vez de ser reinyectadas como mandan los estándares internacionales, son lanzadas al río a un promedio de un millón trescientos mil galones por día.

Esas aguas, examinadas por las autoridades de Osinerg y de Digesa, arrojan resultados que las hacen imbebibles y tóxicas para los tercos peces que las respiran.

Panorama tan desolador fue comprobado por el Presidente del Consejo de Ministros y la Defensora del Pueblo, más o menos por la misma época, cuando los achuar tomaron el campamento de Pluspetrol. Se llegó a un acta de entendimiento, que incluían compromisos de tratamiento del agua, capacitación para el control de la contaminación y una suma de dinero al año.

El tema incluso cobró cariz internacional, con la protesta de varios actores de Hollywood frente a una reunión de la Occidental Petroleum Company (OXY), la primera compañía que explotó petróleo en la zona y que comenzó la contaminación, hace más de 30 años.

Esta vez, el conflicto ha vuelto a estallar entre los achuares y la petrolera, pero por cuestiones laborales y de desarrollo del pueblo achuar. El intento de toma de las instalaciones de Pluspetrol ha terminado con el saldo lamentable de un policía muerto, violencia que parece haber sido promovida por los colonos, según indica el Presidente Regional de Loreto. Luego de varios días de tensión, los nativos van a retomar el diálogo. (Vean la completa cronologia de Paco Bardales al respecto).

Aquí nos encontramos ante varios problemas. De un lado, el uso de la violencia para solucionar un problema laboral que pudo conducirse de otra manera. Pero, de otro lado, la ausencia del Estado como mediador en un conflicto que parece agravarse o derivar hacia otros tópicos. Esto se señala en un completo reportaje de la BBC:

Sin embargo, Pluspetrol, que se ha comprometido a pagar millones de dólares, ha mostrado su frustración de que el gobierno no esté desempeñando un papel más importante.

“No hay plan, no hay un esfuerzo para asegurase de mantener su identidad cultural o que tengan algo que hacer una vez que los ríos y los bosques no suministren lo que proporcionaban antes”, agregó Powers.

Y mientras tanto, el gobierno, bien gracias.

EL NARCOTRAFICO AVANZA

Ya parece ser una malsana costumbre informar sobre la muerte de policías en la zona del VRAE. Ayer se conoció la muerte de Marisel Solier Gavilán, una nueva heroína de la Policía Nacional, a manos de los sicarios del narcotráfico.

Desde dos puntos de vista distintos, llegan las preguntas de rigor para Alva Castro. La indignación ciudadana, expresada en Menos Canas, replica las siguientes interrogantes:

Aquí hay dos cosas muy puntales. Si en serio se trata de una respuesta, ¿no debió prever el Ministro que dicha consecuencia llegaría? En ese mismo sentido ¿qué hace enviando un contingente especial ahora que ya se realizó el atentado? ¿Por qué no previó que ello ocurriría?

Pero, por otro lado, me pregunto ¿qué clase de operativo exitoso puede permitir que estas consecuencias terribles se concreten? ¿Cuándo culmina un operativo? ¿Acaso no debe también existir un momento en el proceso, en el cual los miembros de la Policía garanticen la seguridad en aquellos lugares en los cuales “operaron”?

Estas cuestiones antes anotadas tienen un solo nombre: falta de previsión y de coordinación en torno a los operativos que se realizan para combatir el narcotráfico. Y ello no es sólo responsabilidad de los jefes policiales de la zona o del director de la Policía Nacional, sino, fundamentalmente, de la dirección política, es decir, del Ministerio del Interior.

Ya en este blog hemos informado anteriormente sobre la dejadez de Luis Alva Castro para los operativos de combate al terrorismo. Y me da la impresión que lo mismo viene ocurriendo con el tema del narcotráfico. Si se viene repitiendo un mismo patrón de ataque y no se idean correctivos, ¿no estamos ante la carencia de diagnósticos, es decir, ante la fase más primaria de elaboración de una estrategia?

Pero no es el único error en el que se incurre. Rubén Vargas, analista en temas de narcotráfico nos recuerda que las responsabilidades no son solo del incompetente de Corpac:

La responsabilidad de combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso es del Ministerio de Defensa, que lo realiza a través de las bases contrasubversivas del Ejército. Dado los niveles crecientes de violencia en esta zona es legítimo que nos preguntemos: ¿Cuáles son los resultados de esa lucha, más allá del cómputo de las horas de patrullaje? ¿En los últimos cuatro años se ha capturado a algún cuadro importante de Sendero Luminoso? ¿Se ha desarticulado alguna columna del Ene o se ha atacado algún centro de producción en Boca Mantaro? Lamentablemente, la respuesta es no.

De hecho, y como bien apunta Vargas en su artículo de hoy en El Comercio, el Plan VRAE ha sido un fracaso, al no articularse los proyectos de desarrollo con las políticas de seguridad. Y la carencia de bases contra el narcotráfico hace que no se tengan los relevos necesarios para llevar a cabo una política conjunta. De hecho, han sido los celos institucionales los que, desde el gobierno de Fujimori, no se ha podido llevar a cabo una labor conjunta y una única estrategia en esta materia.

¿Y Antero? Perú.21 registra que el Ministro de Defensa hizo uno de los más grandes papelones de su vida, pues no sabía de la emboscada en Ayacucho, e incluso la confundió con el problema de los achuar en Loreto. En otras palabras, no sabe ni donde está parado.

ALAN: EL AVALADOR DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

La semana pasada, Marco Sifuentes rogaba a Dios, Ala, Buda y demás santos del cielo para que a Alan no se le ocurra alabar a China - como es su costumbre -, en momentos que la represión contra los monjes budistas del Tibet está en su punto más alto en años.

Pues bien, mientras el normalmente errático Nicolás Sarkozy está pensando en no enviar a Francia a los Juegos Olímpicos de Pekín, los cables internacionales informaban lo siguiente:

El presidente peruano Alan García expresó el jueves su apoyo a la “justa causa” de la soberanía nacional de China después de la violencia en Lhasa, la capital tibetana, durante un encuentro con el primer ministro chino Wen Jiabao, indicaron los medios chinos.

“Perú se opone firmemente al proyecto de referendo en Taiwán para su adhesión a la ONU y está consciente de las razones que están detrás de la reciente violencia en Lhasa”, dijo a Wen Jiabao el presidente peruano, citado por la televisión central (CCTV) y la agencia oficial Nueva China.

Hoy Luis Jaime Cisneros Hamann, en Perú.21, señala el despropósito mayor cometido por García:

García resulta hoy el único mandatario del mundo en reconocer la represión china, en momentos en que Estados Unidos -que mira con un ojo al presidente Hu Jintao y con el otro su política comercial con el gigante asiático-, Gran Bretaña, Alemania y el Vaticano instan a Pekín a que deje de lado la mano dura y dialogue con el Dalai Lama.

Quiero creer que el presidente del Perú actuó desinformado. ¿No había alguien cerca del oído presidencial? Para la cancillería peruana, ¿no hubo manera de evitar un comentario que para los chinos era “políticamente correcto”, pero que en el contexto proyecta, para la prensa occidental, la imagen de un país sudamericano al que los derechos humanos le importan cada vez menos? La suspensión de una conferencia de prensa de García en Pekín hace prever que el tema había adquirido su real importancia.

Bueno, esta actitud no me sorprende mucho del sujeto que bota a su secretario de Derechos Humanos por presiones de un broadcaster, pero de todas maneras, es extraño que una persona que se jacta de ser meridianamente informada, como García, ignore la causa de las protestas del Tibet, o los cuestionamientos en materia de libertad de expresión y otras violaciones de los derechos humanos cometidas en el país que se ha convertido casi en la niña de sus ojos.

En el fondo, los tres temas están relacionados con derechos fundamentales. El derecho a la vida de los policías que deben cumplir con su labor en condiciones precarias, los derechos de los pueblos indígenas y de todo ser humano a tener un medio ambiente saludable, los derechos civiles y políticos básicos que no se respetan en todo el mundo.

La carencia de una cultura institucional que privilegie los derechos humanos es la que genera soluciones meramente represivas, una estrategia de combate al narcotráfico inteligente, la carencia de mediación frente a conflictos sociales y los desatinos presidenciales de toda la vida. Pero en Palacio no le toman la debida importancia y seguimos pensando que con cifras macroeconómicas boyantes, el Perú avanza. Yo me pregunto: ¿hacia donde?

Con el auspicio de Wong (sucursal Asia), Colchones Paraíso del Perú y chocolates Winter, Desde el Tercer Piso Producciones presenta, su telenovela favorita:

EL CANAL DE LA MANCHA

Starring:
Luis Alberto Salgado como “el despedido”
Alan García como “el Presidente”
Rosario Fernández como “la Ministra”

Actuación fantasmal de Baruch Ivcher como “el dueño”

En nuestros capítulos anteriores - ver parte 1 y parte 2 -:

Luis Alberto Salgado, el más alto funcionario del gobierno en materia de derechos humanos y compañero aprista, ha sido renunciado en su cargo hace una semana y algunos días. ¿La razón? Su intervención para esclarecer el caso Baruch Ivcher. Salgado ha mencionado por calles y plazas esta versión, que pone al Presidente de la República y a la Ministra de Justicia en un serio problema.

HOY PRESENTAMOS: Salgado se sigue despachando y a la Ministra no le cree nadie

Nuestro protagonista, el despedido, sigue declarando desde Washington, cada vez con más detalles. Esta vez, a los chicos del Instituto de Defensa Legal, les da más datos sobre las presiones presidenciales:

El 4 de febrero recibí una llamada telefónica del presidente García expresando su preocupación por el envío, por el agente del Estado para el caso Ivcher, Iván Bazán, de unos documentos a la Corte de San José. Era la información con la denuncia de la revista Caretas y, además, copia de un documento oficial emitido por la cancillería polaca en Varsovia y remitido a su consulado en Lima, el cual a su vez había sido enviado a mi oficina en la Secretaría Ejecutiva del Consejo nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia. El presidente no me pidió expresamente algo, pero sí expresó su mortificación por lo sucedido, indicando que el agente Bazán ya no gozaba de su confianza. Le informé al presidente que el agente Bazán, quien además era funcionario en la Secretaría Ejecutiva a mi cargo, había actuado con mi conocimiento y autorización, por creer que ese era el deber de todo funcionario responsable, habiendo de por medio además grandes sumas de dinero del fisco y existiendo un juicio (acción de amparo) entablado por el señor Ivcher contra la SUNAT y el MEF. El presidente me recordó que el señor Ivcher había sido víctima de la dictadura de Alberto Fujimori y le contesté que eso estaba fuera de discusión y que no era el tema de lo que se trataba con la Corte de San José.

Pero no fueron las únicas presiones en ese mismo sentido, así se incorporan dos nuevos personajes del partido de la estrella a la trama:

¿Habló usted sobre el tema con algún otro alto dirigente aprista o del gobierno?
Con el congresista Mauricio Mulder, a comienzos de febrero, a pedido de él. Se acercó a mi oficina a expresar su preocupación sobre lo que ocurría. No me pidió nada al respecto. Fue muy prudente pero sí me manifestó que había un riesgo que con ello los Winter recuperaran el control del Canal 2.

El viernes 7 de marzo me reuní, a pedido mío, con el premier Jorge del Castillo, a fin de solicitarle me explicara el motivo de la cancelación de mi viaje a Washington DC con motivo del 131 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana. El presidente del Consejo de Ministros me manifestó que la ministra Rosario Fernández había suscrito la Resolución Suprema autoritativa [del viaje], igual que él [Jorge del Castillo]; pero que el presidente Alan García estaba muy mortificado por el asunto con Baruch Ivcher y disgustado por los pasos que había tomado la Secretaría Ejecutiva del CNDH en ese caso.

Disciplina compañeros, todos defendemos a Ivcher. Y al que no lo hace, simplemente, lo echamos del puesto. ¿Lindos, verdad?

Pero otra involucrada en la trama - nuestra Catalina Creel, la villana de la historia - no las lleva todas consigo. Luego de intentar defender la versión que el despido de Salgado se debió a una evaluación normal de su sector, Rosario Fernández - sí, la misma que da consejos económicos basada en su wincha de Wong -, va a tener que ir al Congreso a dar explicaciones. Hasta Aurelio Pastor ha dicho que, al menos, tiene que darse un mayor sustento. Eso es cierto Aurelio, sobre todo si han nombrado a un cuestionado compañero tuyo como reemplazante de Salgado.

¿Qué más dirá Salgado cuando llegue a Lima? ¿El Presidente se pronunciará al respecto? ¿La Ministra de Justicia nos dará su próxima conferencia de prensa desde el programa de Cecilia Barraza? ¿Mulder y Del Castillo reemplazarán a Beto y Miyashiro en Enemigos Intimos? ¿En Frecuencia Latina darán alguna explicación, aunque sea para negar lo innegable? ¿La Chichi hará un programa a lo Alessandra Rampolla próximamente? ¿Y que dicen los demás medios de comunicación al respecto?

No se pierda, El Canal de la Mancha: la única telenovela que no puedes ver en ningún canal, vaya Dios, Alan y Baruch a saber porqué.

ACTUALIZACION (24.03.2008):

Ayer, de manera lacónica, Alan aceptó que echó a Salgado:

El presidente de la República nombra y desnombra (sic) a los funcionarios. Esa es su potestad

Con ello quedan de lado las declaraciones de la Ministra de Justicia, que insistía en la renuncia como la causal de la salida del funcionario, confirmadamente despedido.

Pero ya comenzaron las presiones en contra de Salgado. Vía uno de los diarios favoritos de Palacio, el sucesor de Salgado, Miguel Facundo Chinguel, dice que a su antecesor lo botaron por incompetente. Considerando que ambos son compañeros, bien podría titularse a esta telenovela también como “La Fraternidad de Caín”.