Durante estas semanas, varios periodistas y bloggers se han ocupado del caso Melissa Patiño, una abierta violación del debido proceso y una detención arbitraria por donde se le mire. Ninguna de las imputaciones que se les hacía constituían delito - de hecho, como dijo Rosa María Palacios, el apertorio de instrucción mandaría a San Jorge o Santa Mónica a quien discrepe de Bush - y no existían pruebas suficientes para que esté en un régimen carcelario equiparable al de la sanguinaria Elena Iparraguirre.
Pues bien, como ha registrado Ideele Radio, el Primer Juzgado Penal Supraprovincial de Lima ha ordenado la libertad de Melissa, lo que implica que seguirá el proceso judicial en su contra, pero en libertad. En las próximas horas, el INPE debería cumplir con el mandato judicial y saldría en libertad.
Pero se mantienen otros casos por resolver. El de Carmen Asparrent, por ejemplo, cuyo padre fue asesinado por Sendero Luminoso y hasta hace pocos dias estaba recluida con senderistas, por el mero hecho de militar en Patria Roja. Y también habrá que revisar si es que el resto de casos tienen pruebas suficientes para mantener a estas personas en la cárcel.
Yo estoy bastante lejano de los pensamientos radicales de izquierda, pero creo que a nadie debe encarcelarse por tener una opinión distinta, por más que la misma nos parezca equivocada. Eso es lo que todo peruano debería defender, aunque claro, no han faltado quienes poco más y aplauden a rabiar detenciones arbitrarias.
Tampoco nadie pide que no se investigue a la Coordinadora Continental Bolivariana si es que hay indicios que permiten ver que es algo más que un grupo político pacífico. Pero, como dijo Fernando Ampuero ayer: Si algo de veras nos ha enseñado nuestra historia más reciente es que la lucha antisubversiva no puede ni debe violar los derechos humanos.
Ahora se entiende porque Valle Riestra se ha convertido en caserito de La Razón, el único diario que defiende a capa, espada y con mentiras la inocencia de Fujimori, dado que es el único jurista con algo de trascendencia mediática que dice lo indecible por seguir haciendonos creer que Kenya no sabía nada de lo de Colina. Si, claro…
Valle Riestra reveló que a pedido del ex presidente, lo visitará como abogado este martes 6 a las 11.30 en su celda del penal de Barbadillo, de la misma manera como hizo anteriormente con el ex jefe del MRTA, Víctor Polay y con el líder del etnocacerismo, Antauro Humala. “Lo visitaré no como congresista, sino como abogado, pues soy miembro ejerciente del Colegio de Abogados de Lima”, dijo.
Seguidamente, remarcó que lo visitará porque no se encuentra impedido por la Constitución. “Iré en la fecha indicada, luego de que haya terminado la sesión de la Comisión de Constitución y además no hay pleno, de manera que no tengo ningún inconveniente para visitarlo”.
Probablemente, don Javier no tenga impedimentos legales para esta visita. Sin embargo, todo hace indicar que el aún congresista podría convertirse en el nuevo abogado en la sombra de Fujimori, o, tal vez, en el relevo de César Nakasaki, si es que su propuesta de renuncia al cargo es declarada legítima, dado que los congresistas no pueden ejercer otra función, salvo la de docentes.
¿Qué dirán los compañeros sobre todo esto? ¿O es que seguiremos con el silencio que parece indicar una alianza?
Es bastante claro que el MRTA es un grupo terrorista. Asi lo dijo la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que, además, señaló que tuvo una práctica sistemática de asesinatos y secuestros que, si bien no llegaron a la escala mortícola de Sendero Luminoso en número de víctimas, constituyen actos excecrables que ningún peruano debería aprobar y que han sido debidamente sancionados en tribunales civiles en los últimos años.
Tanto en la carta dirigida al Parlamento Europeo como en un comunicado posterior, APRODEH ha mencionado y reiterado su rechazo a las acciones cometidas por Sendero Luminoso y el MRTA durante las últimas décadas. Esa ha sido su línea desde que se fundó en 1983 y que ha mantenido durante todos estos años. Y el movimiento de derechos humanos, por entero, se jugó por una línea que diferenciara claramente el rechazo a la violencia, viniese de donde viniese, aunque claro, algunas organizaciones privilegiaron la crítica al Estado.
Por tanto, acusar de pro - terrorista a APRODEH o al movimiento de derechos humanos no es más que una acusación sin fundamento en la realidad, que solo es esgrimida, lamentablemente, por un fuerte sector de la clase política que pretende que los peruanos creamos que las muertes generadas durante el conflicto por los agentes del Estado se justificaban bajo el pretexto de la insanía senderista y emerretista.
Sin embargo, el error de APRODEH fue poner en bandeja una posible crítica con la misiva al Parlamento Europeo. En términos reales, la condena que el Parlamento Europeo era un gesto necesario, no solo por un tema de principio, sino para que más personas en el mundo pudieran conocer el proceso peruano y cuales fueron los aciertos y errores que se cometieron en el combate al terrorismo, en tiempos en que la lucha contra el terror es un problema global y varios de los errores que se cometieron en el Perú parecen repetirse en varias parte del mundo.
De otro lado, creo que también se equivocó el peso específico del PE para cambiar una política macarthista de parte del gobierno. No era el escenario para hacerlo, ni la forma de hacerlo. Y, por lo demás, García no cederá en sus afanes de rechazo a sus críticos por una acción como esta. Por el contrario, se ha dado el gusto de vociferar la frase “traidores a la Patria” y de tener un respaldo parlamentario de todas las bancadas en este tema.
Martín Tanaka también ha comentado el tema y señala acertadamente lo siguiente:
Me parece un error descomunal; primero, porque nada nos asegura que el terrorismo haya dejado de ser una amenaza en el país; segundo, porque la mejor manera de combatir la criminalización de la protesta y limitar un ambiente macartista es demostrar que la protesta social no tiene absolutamente nada que ver con la subversión. Y que quienes protestan y respaldan las protestas la tienen absolutamente clara en su rechazo y condena al terrorismo. Actitudes y respuestas como las de APRODEH, por el contrario, legitiman el discurso que afirma que “los defensores de derechos humanos defienden terroristas”. Es la excusa perfecta que necesitaban quienes quieren, precisamente, criminalizar la protesta social.
¿Por qué se comete este error, que es tan contraproducente para ellos mismos y las causas que defienden? Me parece que hay algo que esos sectores de la izquierda y ONGs no terminan de entender: no es que no haya que contribuir a crear un ánimo de temor al terrorismo; ese ánimo existe, nunca dejó de existir. Y no tener respuestas claras frente al terrorismo le cede totalmente la iniciativa a los adversarios. No es que “debemos evitar hablar del terrorismo para no desviar la atención de los juicios a Fujimori y de la criminalización de protesta”; lo que desvía la atención es no tener una actitud clara en contra del terrorismo. Si APRODEH se hubiera pronunciado a favor de incluir al MRTA en la lista de organizaciones terroristas, estaríamos comentando a favor de APRODEH, y no estaríamos dedicándole tanto tiempo a este tema.
Seamos claros: Aprodeh cometió un error, pero este no fue defender al MRTA. Permitir que se le acuse, sin fundamento, de ser proterrorista, significa no darse cuenta de que el motor del cargamontón es la reactivación de la intención aprofujimorista de demoler a las ONG y, en general, a quienes no compartan sus objetivos, como la prensa que no se les cuadre. Y ahora cuentan con la ayuda de Ollanta Humala, y de algunos fujimoristas de Unidad Nacional que están saliendo del clóset
Porque, en el fondo, se trata de esto: De un lado, sectores que defienden la tierra arrasada y el asesinato selectivo como método para combatir a la subversión, personas o partidos cuyos líderes tienen acusaciones pendientes por violaciones a los derechos humanos. De otro lado, un error grosero que ha aumentado la gasolina de una pira en la que quisieran meter a todos los que creemos en los derechos humanos, gracias a una visión de corto plazo sobre un tema que siempre debe verse no solo en los importantes términos de principio, sino también con la responsabilidad sobre nuestros actos. Eso que Weber llamaba ética de la responsabilidad, que no quiere decir avalar ilegalidades o arbitrariedades.
Y mientras tanto, para el gobierno y para buena parte del sector dirigente del país, los derechos humanos de todos les siguen pareciendo una cojudez.
Hace un par de semanas volví a ver Buenas Noches, Buena Suerte, la pelicula dirigida por George Clooney en la que se cuenta el daño que ocasionó el macarthismo a Estados Unidos, debido a la persecusión de personas por sus ideas y por las violaciones al debido proceso que se generaron en la tristemente célebre comisión del Senado norteamericano. Pero también se contó como la prensa supo hacer una investigación seria para develar este tipo de irregularidades y la existencia de algunos medios de comunicación proclives a sostener las fobias de McCarthy.
Pues bien, parece que Clooney podría venír a Lima, tranquilamente, a hacer una segunda parte de la película, pero, esta vez, enfocada en los efectos que la prensa puede hacer en favor de una cacería de brujas.
A estas alturas, todos conocemos el caso de Melissa Patiño, una joven de 20 años que fue detenida hace casi 60 días en Aguas Verdes por haber asistido a una reunión de la Coordinadora Continental Bolivariana, una agrupación continental que junta a varios grupos ubicados en el espectro más radical de la izquierda. Hasta allí, nada que reprochar en términos de la libertad de expresión y de conciencia - claro, quien escribe está en las antípodas de lo que piensan estas personas -, aunque no han faltado quienes busquen una conexión entre la CCB y las FARC, cuestión que, de todas maneras merece una investigación.
¿Por qué fueron detenidos Melissa y otras personas? Porque supuestamente la reunión de la CCB era para iniciar acciones terroristas para ir en contra de las cumbres internacionales de mayo y noviembre. Sin embargo, como bien lo ha mencionado Rosa María Palacios:
Ustedes no han leido el auto apertorio de instrucción. Yo si. Y ahi no hay nada que sirva para acusar de colaboración con el terrorismo en agravio del Perú, Ecuador y Colombia
.
Y cuando un auto de instrucción no tiene fundamento, pues estamos ante una acusación sin pruebas y sin siquiera indicios. Es decir, hay personas injustamente detenidas a las cuales debería liberarse en este mismo instante. Claro, aquí median dos incompetencias: la de la Policía Nacional por no hacer bien su chamba de inteligencia y la de quien se encarga del caso en el Poder Judicial por no verificar que los indicios eran suficientes en este tremendo embrollo.
A pesar de ello, hay medios de comunicación que se han prestado a seguir con este juego de la persecución por ideas. En este caso, un espacio con nombre de película de Hitchcock se prestó a intentar cubrir con mentiras - bien editadas, por cierto - lo que a todas luces parece una arbitrariedad. El video de La Ventana Indiscreta, que pueden ver a continuación, es un claro ejemplo de lo que, en términos generales, se llama hacer periodismo tendencioso:
Sin embargo, la verdad ha podido salir a la luz gracias al vlog Utero TV, que ha podido rescatar las declaraciones del verdadero novio de Melissa Patiño, así como develar una serie de inexactitudes que tuvo el reportaje de César Hildebrandt Chávez. Vean ahora lo que prepararon Marco Sifuentes y Juan Carlos Goicochea sobre este tema:
Asi que ya sabes, Clooney, date una vueltita por Lima. Material para hablar de macarthismo tienes de sobra. Y periodistas de ambos bandos, también.
Hace un par de semanas, dos alumnos de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de San Martín de Porres me entrevistaron para una asignación que tenían que hacer sobre blogs. Entre los temas que conversamos, por cierto, estuvo el famoso comercial hecho por Toronja, frente al cual les aclaré que las dudas y resquemores frente a dicha propaganda no tenían nada que ver con una animadversión por su casa de estudios.
Y creo que la misma atingencia vale para lo que voy a comentar a continuación.
De acuerdo con lo que relata, la razón que motivó la “preocupación” de dos autoridades de dicha Facultad fue la condición de lesbiana de Esther, nada oculta en su blog sobre temas de sexualidad, así como en su columna de Perú.21 sobre este mismo tema. Las quejas venían de alumnos y/o padres de familia, según argumentaron Marina Cho, jefa del Departamento Académico, y Silvia Quintero, responsable de periodismo escrito. Ambas, por cierto, le dijeron: Nos gusta tu chamba, pero tal vez sea mejor que te retires de la docencia en esta universidad.
En una sociedad liberal que se respete, lo que cada uno haga en su alcoba - o en cualquier alcoba - es asunto de cada quien. Nadie tiene derecho a cuestionarte por lo que hagas en la intimidad pues, como sabemos, es parte de tu esfera privada. Y, peor aún, a discriminarte por ello.
Se supone que una universidad, ante todo, debe ser el ejemplo de universalidad, es decir, de diversidad y de tolerancia. Es cierto, pueden existir universidades confesionales que puedan, dentro de esa libertad, tomar ciertas posturas congruentes con dicha confesión, pero ello no puede ser sinónimo de discriminación o vulneración de derechos fundamentales.
Pero la San Martín no es una universidad confesional, ni mucho menos. Y tiene como principal directivo a un señor que es Ministro de Educación, por lo que debería ser ejemplo de respeto de las normas constitucionales. Y en este caso - aunque felizmente no se consumó un despido -, es claro que a Esther le han hecho pasar un grave mal rato y, tranquilamente, podría acudir al Ministerio de Trabajo a quejarse por este tipo de prácticas.
Desafortunadamente, no es la primera vez que se atropellan derechos fundamentales en dicha Facultad. Hace algunos meses, sancionaron a una alumna por no apagar el celular violando el debido proceso. Parece que el señor Johan Leuridan Huys - sacerdote poco congruente con la tolerancia cristiana - tiene poca idea de lo que es la Constitución y los derechos de cada persona.
Pero volvamos al caso de Esther Vargas. Uno de los últimos párrafos de su artículo del jueves da para la reflexión:
No renuncio. Esperaré que me despidan o que se me indique muy claro las razones de esa actitud, o quizás que se me explique por qué una profesora lesbiana no puede enseñar periodismo en una universidad que, supuestamente, piensa en grande. No quiero premios consuelo. Simplemente quiero denunciar este hecho de intolerancia que le puede pasar a cualquiera o que quizás ya esté pasando, con alumnos o con profesores.
Da que pensar, ¿en cuantos lugares de trabajo se está discriminando por la opción sexual? ¿Pensamos en la imagen para atraer alumnos de “metas grandes” y no nos preocupamos del tipo de ejemplo que dan sus autoridades?
Digo, si este es el tipo de formación que el Ministro de Educación piensa para todos los peruanos, creo que vayamos diciendole adios a una reforma educativa que nos haga mejores ciudadanos.
Pues bien, si esto no es motivo suficiente para echarlo, pues los congresistas deberían mandarlo a su casa por el siguiente hecho. Informa El Comercio:
La Cuarta Fiscalía Provincial de Huamanga, a cargo de Hugo Martínez Mamani, formalizó una denuncia penal contra el suboficial de tercera PNP Carlos Alberto Rodríguez Huamaní (28) por el delito de homicidio contra Emiliano García Mendoza y Rubén Pariona Camposano, el pasado 19 de febrero, en Ayacucho, cuando ocurrió el paro agrario promovido por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Ayacucho.
Durante la investigación, el suboficial admitió haber disparado a ambos campesinos con la escopeta de perdigones que portaba. El cargo presentado contra el suboficial es homicidio calificado y podría recibir una condena no menor de quince años.
Lo curioso es que Alva Castro le había dicho al Congreso que:
“Ninguna bala de la PNP ha causado la muerte de los campesinos. Seguimos trabajando para dar con los autores materiales. (…) Los instigadores se revelan por sí mismos y deben ser procesados por terrorismo, homicidio calificado y otros delitos”.
Cuando se produjeron los hechos, dije sobre el tema lo siguiente:
A estas alturas, sigue quedando claro que el cargo le queda grande a Luis Alva Castro. El hecho de que se han registrado disparos por la espalda en dos de las personas que fallecieron nos da una idea de que no se han respetado los protocolos de actuación policial en respeto a los derechos humanos. También es claro que no se tenian los policías suficientes para controlar la seguridad en las carreteras - una amiga mía estuvo varada durante todo el lunes, con el consiguiente peligro que pasó durante esas horas - y, mientras tanto, el Ministro se divertía con los patrulleros.
Muchos han tolerado las incompetencias de LAC en lo que se refiere a los temas de gestión. Pero aquí estamos hablando de dos ciudadanos que fueron asesinados por un Policía. El Ministro, por desconocimiento o por encubrimiento deliberado, no informó al país con la verdad de los hechos ocurridos. Y ello sólo merece su salida.
Así que señores parlamentarios, tengan responsabilidad y saquen a este incompetente. Las dos familias ayacuchanas damnificadas y el resto del país se los agradecerá.
Si hay alguien que me sorprende los lunes, miércoles y viernes es el Dr. César Nakasaki. Desde que tengo uso de razón no había podido apreciar tanto cinismo en un abogado, que siempre tiene una respuesta para tratar de encubrir los duros reveses de su defensa. Lamentablemente, procurar hacer del juicio, ante la opinión pública, un símil de Macondo, hace que se pierdan de la realidad los detalles más importantes de lo ocurrido en los últimos días.
Ciertamente, el libro de Jara contiene algunas debilidades conceptuales y de metodología periodística. Sin embargo, fue por la pista correcta y entrevistó a las personas que podían tener conocimiento de la cadena de mando. De hecho, la Comisión de la Verdad y Reconciliación - con mayor detenimiento y precisión - confirma la tesis de la guerra de baja intensidad y de la responsabilidad penal del ex dictador. Allí está el acierto del testimonio del controvertido hombre de prensa. De allí en parte, los debates sobre la sanidad moral de un periodista cuestionado por su actuación de los noventa - y que Jara haría bien en responder a las preguntas que se le hacen sobre esta materia - no deben desviarnos de quien es el acusado: Alberto Fujimori Fujimori.
Pero otro elemento que debería intranquilizar a Nakasaki y a su defendido es la sentencia que la Primera Sala Penal Especial expidió ayer sobre el caso La Cantuta - que se ha visto dividido en varios mini juicios - y que condena al general Julio Salazar Monroe a 35 años de prisión. El ex jefe nominal del Servicio de Inteligencia del Ejército tiene el dudoso honor de ser el militar con más años de condena por violaciones a los derechos humanos.
Pero más importante que el número de años y de condenados resultan ser los fundamentos de la sentencia. Indica Perú.21:
Este fallo, calificado de histórico por los familiares de las víctimas, indica que el destacamento estaba adscrito al SIN y que dependía de la Presidencia de la República.
Señala que Colina realizaba torturas, eliminación y desaparición de personas como parte de una estrategia antisubversiva, aplicada en Lima y en provincias, en los primeros años del gobierno de Fujimori (1991-1993).
Considera, además, que Fujimori -hoy procesado en la Corte Suprema por este y otros hechos de violación de los derechos humanos- recibía los informes sobre dicho destacamento del entonces jefe del SIN, Julio Salazar Monroe, ya que el propio ex mandatario había dispuesto, ilegalmente, que fuera esa instancia la que se encargara de la lucha contra la subversión.
En otras palabras, esta sentencia termina desbaratando varios de los argumentos de Nakasaki: 1. Colina sí existío y fue parte de la estructura del Ejército Peruano. 2. Colina realizó sus acciones como parte de una política antisubversiva. 3. Fujimori tenía conocimiento de estas acciones y no hizo nada por impedirlas.
Mientras tanto, el Dr. Nakasaki nos seguirá diciendo que todo marcha bien con su defendido, esperando que alguien crea sus argumentos dignos de García Márquez.
El testimonio de Sosa - si es que se anima a contar todo lo que sabe - puede ser clave para aclarar varios de los casos sobre violaciones a los derechos humanos ocurridos durante las décadas de 1980 y 1990. Su participación en hechos de sangre no se limita solo a Colina, sino también a una larga estancia en Ayacucho, en la que intervino en desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. No en vano fue una de las fuentes principales de Muerte en el Pentagonito, la investigación de Ricardo Uceda sobre la actuación del Ejército peruano en aquellos años.
Esta captura se produce en un momento clave en el proceso a Alberto Fujimori. Ayer, Umberto Jara indicó que en el Perú se aplicó la guerra de baja intensidad, una doctrina militar norteamericana que enfatizaba en el uso de operaciones encubiertas, las cuales, en teoría, debían ser selectivas. En la versión norteamericana de esta teoría, se enfatizaba mucho en un discurso público que defendiera los derechos humanos, mientras que, en la práctica, se realizaban desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
En el Perú, tuvimos una versión propia de esta doctrina. Para Jara, la aplicación de la doctrina fue una respuesta a la insanía de Sendero Luminoso: Sendero hacía un atentado o mataba a alguien, el Ejercito tenía que responder con una acción similar. Ese es el famoso Ojo por Ojo que titula su libro. Lo curioso es que esta doctrina no fue necesaria para la derrota de la subversión, tal como los fujimoristas aún se empeñan en difundir.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación también estableció que la teoría de baja intensidad fue acplicada a la peruana, con el control del SIN sobre las acciones del Destacamento Colina, una creación híbrida que tuvo a agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, los cuales eran insertados en los teatros de operaciones con una orden expresa a los jefes: denles todas las facilidades para que hagan su trabajo. Y ya sabemos a que trabajos nos referimos.
Dice la CVR:
“Las operaciones especiales de inteligencia forman parte de las operaciones militares regulares y no pueden ser planeadas ni ejecutadas a espaldas del jefe operativo ni del jefe de la región militar o frente contrasubversivo donde tengan lugar. Pero esto fue precisamente lo que hizo Montesinos desde el SIN. Los jefes operativos eran inducidos a dejar que se efectúen en sus dependencias operaciones especiales organizadas y dirigidas desde el SIN y el Comando Conjunto. Los objetivos y personal de esas operaciones especiales bajo control directo del SIN y del Comando Conjunto con frecuencia no estaban claros para los jefes operativos locales o les eran simplemente desconocidos. Esta estructura paralela permitió a Montesinos emplear agentes de inteligencia y personal militar de operaciones especiales para trabajos sucios como ajustes de cuentas con narcotraficanes, amenazas, chantajes y sobornos y actos terroristas contra oficiales disidentes u opositores políticos, o para operaciones psicosociales especiales, destinadas a producir cambios de conducta en el público en general, como la matanza de Barrios Altos”.
(Informe Final de la CVR, Tomo II, página 353)
Y como bien sabemos, Montesinos solo tenía un jefe en la práctica: Alberto Fujimori Fujimori. Ello lleva a la CVR a concluir lo siguiente:
“Lo más significativo de este revés de la democracia es que fue producido por la nueva estrategia de conflicto de baja intensidad. De esta estrategia se esperaba que permitieran vencer al terrorismo sin producir numerosas violaciones de los derechos humanos ni retrocesos en la difusión de la democracia en el mundo. Lo primero se consiguió en el Perú parcialmente, pero al costo de crear grupos de operaciones especiales que no sólo cometieron excesos sino que, siendo miembros regulares de las Fuerzas Armadas peruanas (miembros del SIE), se convirtieron en el principal instrumento del SIN, la agencia central de los crímenes de Estado cometidos bajo el mandato y la autoridad directa del presidente Alberto Fujimori. En vista de que las amenazas de origen interno, reforzadas por las conexiones internacionales del narcotráfico, siguen siendo actuales en el Perú y América Lina, es muy importante revisar críticamente la formulación y aplicación de las ideas estratégicas de conflicto de baja intensidad, las cuales indican aún hoy el camino viable de la cooperación internacional para la seguridad y el nivel de fuerza adecuado de la lucha contra el terrorismo”
Nota preliminar: Desde hace unas semanas estoy escribiendo una columna en el portal Prensa Peruana.com, página liderada por Willie Vásquez (a.k.a. el Paki) y que viene siendo un importante esfuerzo por hacer prensa seria y bien hecha desde Internet. Esta fue la razón principal por la que me animé a participar en esta experiencia. Esta es la columna correspondiente a esta semana, que se explica por si misma. Disfrútenla y también leánla en Prensa Peruana.com.
Revisando algo sobre historia de los chifas en el Perú, me topé con el langoy, que no es otra cosa que la mezcla de las sobras de los clientes para revenderlas a los consumidores de más bajos recursos. Quizás lo más cercano que vemos ahora en un restaurante de este tipo es el famoso combinado, que ya no se hace a base de sobras, sino que termina siendo uno de los platos favoritos de muchos (me incluyo). Pero, dependiendo del cocinero y de la limpieza del establecimiento, hay combinados que parecen langoy, por el sabor y el olor que tienen.
Algo de este tipo de toques culinarios se encuentra en las actitudes recientes del Presidente de la República en torno a los derechos humanos, que han coincidido con su antes, durante y después de su gira asiática, en especial, su visita a China.
A García no le importó que su funcionario fuera diligente, que quisiera salvaguardar los intereses del Estado y menos aún que fuera militante aprista desde hace más de 30 años. Prefirió que el canal de Ivcher no lo toque, pues teme que su popularidad baje aún más con los problemas económicos que todos comenzamos a sentir o con los indicios de corrupción que aparecen de cuando en cuando. La subordinación a los intereses de un empresario que hizo de una causa que muchos consideramos justa un tributo al mercenariazgo dice mucho de un gobierno que tiene como guías a la billetera, la cortina de humo y la falta de escrúpulos.
Pero García no se ha quedado tranquilo con ese despido y ha pasado a una defensa de la política de China Popular que ni siquiera el más fanático de los sinólogos – o el más cínico de nuestros analistas políticos - se atrevería a hacer. Luego de comer su galleta de la fortuna y su wantan frito, Alan menospreció todas las acusaciones que se han hecho sobre la represión a las manifestaciones que los monjes budistas del Tibet han hecho pidiendo respeto a su autonomía, o la situación de los periodistas y bloggers presos por decir lo que piensan en un país donde el pensamiento único – Gustavo Gorriti dixit – parece ser el “marxismo – leninismo – maoísmo – pensamiento Von Hayek” y al que nuestro presidente, cada vez más parecido a las estatuas de Buda de Capón, alaba cada vez que puede.
El Presidente dijo esto en China y se ha encargado de adornarlo aún más en un artículo que bien podría haberse titulado “el perro del hortelano son ahora los defensores de los derechos humanos”. Bajo el pretexto de una supuesta conspiración internacional de intereses económicos para hacer sabotaje a los próximos Juegos Olímpicos, García ha descartado declaraciones de personas que tienen poco de “caviares” como Steven Spielberg o de comunistas, como los miembros de Reporteros Sin Fronteras. Para él, lo que importa es firmar su TLC con China, que venga la plata y amparar violaciones de derechos fundamentales bajo una dosis de relativismo cultural que no veía desde los tiempos de Fernando de Tragzegnies en la cancillería peruana. Casi tan descarado como Juan Luis Cipriani criticando al Centro Carter en las fraudulentas elecciones del 2000, cuando señaló que lo único que quería de los Estados Unidos era su dinero.
Resulta curioso y lamentable como la imagen del Presidente de la República se ha desfigurado y no lo digo por los efectos que el sobrepeso genera. Los peruanos elegimos a un presidente que debía hacer cambios sociales para reducir las brechas que la exclusión ha generado en nuestro país, reformas que debían hacerse en democracia. Hoy tenemos a un gobernante aconchavado con lo más conservador del empresariado, de los poderes fácticos y de la prensa, sin vocación de reformar nada y con un menosprecio por la institucionalidad cada vez más clamoroso.
Sin duda, una fórmula que nos va a dejar una fuerte indigestión el 28 de julio de 2011.
Luis Alberto Salgado, principal funcionario de derechos humanos del gobierno, es echado de su puesto por el Presidente de la República, a pesar de sus más de 30 años de militancia aprista. ¿El motivo? Las presiones de Baruch Ivcher para no pagar una deuda acotada por la SUNAT por 54 millones de dòlares. Luego de intentos de ocultar la verdad, Alan termina reconociendo que fue él quien botó a su compañero de partido. Se nombra a un reemplazante cuestionado, quien, además, comienza a echarle barro a su antecesor.
Es hora de volver a la escena, donde la dejamos.
Tal como lo anunció, Salgado volvió esta semana a Lima. Lo primero que hizo fue enfrentar las acusaciones que su sucesor, Miguel Facundo Chinguel, lanzó sobre él a inicios de semana, sobre su capacidad y su gestión en la Comisión de Indultos del Ministerio de Justicia:
“Yo no voy a ponerme al nivel de (Facundo) Chinguel. Seguramente ha hecho esas declaraciones por desconocimiento o absoluta mala fe. Estoy con la conciencia tranquila. Mi despacho no tenía nada que ver en el tema de los indultos o nombramientos de los comisionados. Éstos eran vistos por el despacho ministerial y Palacio de Gobierno”.
El desfile de Salgado por medios de comunicación continuó y fue donde los muchachos de IDL, a quienes les dio una larga entrevista. En ella, reiteró que su despido se debió al caso Ivcher:
“El presidente ya regresó de su viaje a Japón y China y con su declaración ha dado una especie de confirmación a lo que inicialmente yo señalaba (caso Ivcher), y es particularmente para mí muy desagradable, difícil y en cierto grado doloroso, porque se trata de un compañero de mi partido quien es nada menos que el presidente de la República y con quien nos conocemos varias décadas desde el año 71. Él es el jefe del Estado, tomó la decisión y se la trasmitió a la señora ministra (Rosario Fernández)”
En esta entrevista, también se trató sobre los efectos de indemnizaciones millonarias en materia de derechos humanos, a las que Salgado consideró como un pésimo precedente:
“Si dependía de mi, no sometía a arbitraje este caso, ni ningún caso de derechos humanos. (…) Si todo lo que sufrieron las víctimas de la violencia política, se cuantifica como lo cuantificó el señor Ivcher, colapsa el Estado y desaparece la Nación peruana, porque no hay fisco. Ese es un referente negativo para la estrategia del Estado en criterio, para establecer reparaciones, es desproporcionado”.
Fuentes que este blog ha consultado señalan que los reclamos de Ivcher venían desde el gobierno de transición, pero que en dicho momento sus lobbys no surtieron efecto. Fue con una norma dictada en el Congreso pasado - gracias a Fernando Olivera - que se pudo llevar al arbitraje el tema de la indemnización.
Volvamos a Salgado. El ex secretario de derechos humanos también mandó un par de mensajes al gobierno, tanto sobre su sucesor como sobre el verdadero fondo del asunto: la actitud del Presidente en torno a los derechos humanos, tan puesta en duda a lo largo de sus dos años en el poder:
“Si de interpretar mensajes se trata y el nombramiento de una persona, es depositarle la confianza de la señora ministra y del presidente de la República, supone un mensaje que se quiere dar. Este señor (Miguel Facundo) por sus propias declaraciones está dando un mensaje muy malo, pues me parece haber escuchado, que existió (en mi gestión) algo de irresponsabilidad e incapacidad al manejar muy mal los temas de derechos humanos, quisiera saber específicamente a que se refiere y yo estoy dispuesto a debatir sobre esto, pero en esos términos no”,
“Quiero darle un mensaje al compañero presidente Alan García. Espero y deseo que el gobierno continúe o fortalezca las políticas de derechos humanos y de gobierno con enfoque y visión de derechos humanos, planteamiento que se ha quedado trunco y que lo inicie en septiembre del 2006, con el objetivo de ampliar el Consejo de Derechos Humanos y darle una visión integral”.
Para el gobierno, este ha sido un sapo duro de tragar. No solo termina con un compañero de partido dolido y seguramente pensando en su renuncia a la casa política que lo cobijó durante más de 30 años, sino con su probidad puesta en duda. Pero las reacciones más fuertes han venido de otros sectores.
¿Qué es lo que debe a un personaje como Ivcher, que ha mentido a las autoridades notariales, a la Comisión y a la Corte Internacional de Derechos Humanos en términos de su estatus nacional? ¿Qué perjuicio cree que le puede causar la oposición interesada de Frecuencia Latina? ¿Qué ilusión puede cultivar el Presidente en cuanto a la actitud futura de Ivcher y su canal? ¿No sabe que ya hace todo lo posible para no pagar esos impuestos y que, repitiendo las estratagemas antes utilizadas, atacará al gobierno a pesar de los sorprendentes gestos de simpatía del primer mandatario del país?
¿Qué nos queda de este penoso suceso? Dejo con la palabra a Fernando Vivas, quien me respondió a una comunicación personal sobre este tema con las siguientes declaraciones, que me ha autorizado a citar:
“Para mi la reflexión más importante que me suscita el caso Salgado, es que si es cierto que fue despedido por declarar a Caretas que había hecho una gestión contraria a los intereses de Ivcher, ello podría ser una prueba más de que este Gobierno, como el anterior, todavía utilice a sus funcionarios para presionar a los medios con acciones administrativas u obtener de ellos simpatía y autocensura cuando las anula o despide al funcionario que las ejecutaría.
Por supuesto, habría que verificar si Salgado, funcionario aprista, contaba con la venia de García o de algún superior al planear la acción aludida. Mientras no tenga certeza al respecto, como entenderás, mi opinión no puede ser concluyente. Lo que sí podemos asumir es que Salgado no contaba, obviamente, con autorización para declarar lo que planeaba haceral medio que esta enredado en una deplorable bronca con Canal 2, bronca que por cierto no quiero alimentar “.
Y hasta el momento, con la respuesta de Vivas, junto a los argumentos que hemos venido dando a lo largo de cuatro entregas, usted podrá sacar su propia conclusión y establecer cual es el final de esta historia.
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