Más allá de que el Ministro de Trabajo se mande con una propuesta que nada tiene que ver con su sector, es necesario aclarar que esta propuesta es inviable, tanto desde el punto de vista ético como político.
En el campo ético, Vega ha señalado que su propuesta tiene como objeto “consolidar el crecimiento económico del país, para hacer sostenible la inclusión social, para fortalecer la descentralización, para luchar contra la corrupción y promover la ética pública”. El problema es que una amnistía no produce ese efecto, ni tampoco una reconciliación nacional, como el Ministro ha afirmado.
En términos coloquiales, se ha asociado el término reconciliación con el perdón. Mejor dicho, con el sacramento católico de la confesión. Pero la reconciliación no pasa por el olvido de hechos execrables, sino por la reconstrucción de lazos que hagan posible y sostenible la vida en sociedad y la convivencia pacífica. Ello implica ejercer la acción del sistema de justicia y no la abstención de la actuación estatal en esta materia.
Si en términos éticos la propuesta del señor Vega es cuestionable, en términos jurídicos resulta ciertamente inviable, por varias razones que expondremos a continuación:
1. La naturaleza de la amnistía: Esta institución es un rezago de la época absolutista, cuando el monarca despótico era el encargado de tomar las decisiones más importantes en un Estado: desde las normas jurídicas hasta las condenas judiciales. Y se ha mantenido en el Estado contemporáneo como última posibilidad de corregir errores judiciales o responder a “delitos políticos”. Dado que el otorgamiento de la amnistía elimina, para todo fin práctico, el hecho punible, la condena y cualquier otra consecuencia penal, e implica una ingerencia del Poder Legislativo en actos del Poder Judicial, debe usarse en forma excepcional.
2. Los límites puestos por el Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia del expediente N° 679-2005-AA/TC una serie de límites para el ejercicio de esta facultad. La amnistía debe ser dada por una ley expresa del Congreso de la República, no puede oponerse a la obligación que tiene el Estado de defender los derechos fundamentales ni a los compromisos internacionales adquiridos por el Perú en materia de derechos humanos. Tampoco puede otorgarse a los hechos comprendidos como delitos por el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
3. La imposibilidad de su otorgamiento para casos de graves violaciones a los derechos humanos: Existen cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Barrios Altos, Almonacid Arellano, Gomes Lund y Gelman) que prohíben la expedición de leyes de amnistía, “punto final” o similares a casos de graves violaciones a los derechos humanos. Estas sentencias tienen dos fundamentos centrales: la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables de este tipo de crímenes y la imposibilidad de establecer mecanismos que impidan el procesamiento penal de estas conductas. Estos argumentos también han sido recogidos por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial para oponerse a la aplicación del Decreto Legislativo N° 1097, una amnistía apenas encubierta promulgada en el gobierno que acaba de irse.
De acuerdo con la hoja de vida del Ministro, ha estudiado y ejercido la carrera de Derecho por varios años. Convendría que revise estos argumentos legales antes de realizar propuestas que no sólo son inviables en términos estrictamente jurídicos, sino que terminan dándose de portazos con las propuestas que un sector mayoritario del gobierno tiene en materia de derechos humanos. Ahora se entiende porque Salomón Lerner Ghitis quería que sus Ministros sólo hablen de temas vinculados a su sector.
Hoy, en el marco del juicio a Alberto Fujimori, asistió Jesús Sosa Saavedra, quien ha sido interrogado por el fiscal Avelino Guillén. La línea de preguntas de la mañana y la tarde ha procurado corroborar, en forma cronológica, la serie de revelaciones que dio a Ricardo Uceda, para la elaboración del libro Muerte en el Pentagonito.
El ex miembro de Colina comenzó con el pie en alto, al señalar que dos de los ex Comandantes Generales del Ejército que habían declarado en el proceso habían mentido. Las alusiones a Nicolás Hermoza Ríos y José Villanueva Ruesta Pedro Villanueva fueron bastante obvias.
Pero lo que viene resaltando la prensa es el testimonio de Sosa sobre la captura y asesinato del espía ecuatoriano Enrique Duchicela, ocurrido en 1988, a quien se le ejecutó por haber conseguido secretos militares peruanos. Sosa apunta alto en sus acusaciones:
“Fui llamado por el coronel Oswaldo Hanke para realizar este trabajo. (Hanke) me informó que esta era una orden expresa del presidente de la República, Alan García Pérez, me acuerdo que esto fue en mayo o junio de 1988″, dijo.
“Al término de la misión yo fui a conversar con el coronel Hanke a su despacho, estando allí por el videoteléfono lo llama el comandante general y es felicitado por haberse realizado con éxito la operación y le expresa las felicitaciones del presidente de la República (Alan García Pérez) lo cual me consta porque yo estaba en la oficina del coronel Hanke”, contó ‘Kerosene’.
Cabe mencionar que García, entrevistado por Uceda para su investigación, negó su participación en los hechos. Pero quedó una pregunta flotando para el periodista: ¿cómo informó el Ejército de los hechos al Presidente?
El proceso penal seguido por este hecho involucra tanto a Sosa, como a sus superiores inmediatos - Oswaldo Hanke y Harry Rivera - y tres suboficiales que participaron en la ejecución y posterior incineración de los restos del espía ecuatoriano. García ni siquiera ha sido llamado como testigo en dicho proceso. Luego de esta declaración, ¿seguirán sin llamarlo?
Quizás ahora se entiende mejor porque García no profirió palabra alguna sobre derechos humanos durante su mensaje del lunes.
En este blog, durante el año pasado, le pusimos bastante atención a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Los motivos? Durante su actuación en democracia, el TC se ganó una fuerte credibilidad debido a que se pronunció en temas importantes y calientes para el país y, sobre todo, aprendió a fundamentar sus sentencias. El TC, además, se caracterizó por la defensa de los derechos humanos y el país comenzó a aprender la importancia de una institución que, mediante sus sentencias, controlara los excesos del poder.
Como sabemos también, la elección hecha no fue precisamente la más feliz, pero confiábamos en que, con sus sentencias, la nueva conformación del TC nos demostraría que las críticas al proceso de elección eran infundadas.
Desafortunadamente, un hecho producido el día del paro ha hecho que vuelva la atención sobre el Tribunal, pero no precisamente por sus fallos.
Los primeros rumores apuntaron al caso Tudela. Como se conoce, el Tribunal Constitucional expidió recientemente una sentencia en la que autorizaba a los hermanos Tudela Van Breugel Douglas a ver a Felipe Tudela y Barreda, un fallo en medio de la maraña legal en la que padre, madrastra e hijos están involucrados por una amplia suma de dinero en juego. En dicha sentencia, nos llamó poderosamente la atención el siguiente párrafo, ubicado casi al final de la misma:
49.Asimismo, el Tribunal Constitucional no puede dejar de evidenciar ante la opinión pública la presión mediática a la que quisieron someterlo, por cuantointereses expresados a través de ellos pretendían sustituir el “juicio de los jueces” por el “juicio de la prensa” con la intención de afectar una decisión que sólo se debe fundar en la Constitución y en la libre conciencia de los jueces.
Así, el día de la audiencia pública en que se celebró la vista de la causa apareció un reportaje desfavorable a los demandantes en la revista Caretas, cuya carátula fue mostrada ante las cámaras por la hija de la emplazada. El día 29 de mayo de 2008, otra vez, la misma revista publicó una entrevista “desde un restaurante en la Panamericana Sur” con don Felipe Tudela y Barreda y, al mismo tiempo, colgó en su portal electrónico un video con partes de dicha entrevista. Al día siguiente, el diario La Primera monta una supuesta historia de presiones e influencias con la intención de sembrar dudas sobre la imparcialidad de este Colegiado.
Frente a estos hechos, el Tribunal Constitucional reafirma su total independencia e imparcialidad para resolver las controversias constitucionales. Por ello, exhorta a los medios periodísticos a informar objetivamente aún desde su particular y legítima posición, por cuanto proceder en sentido contrario afecta gravemente la ética periodística y el derecho del ciudadano a recibir una información veraz.
Estas razones motivaron que el portal Gato Encerrado - y en un inicio, también la versión web de Perú.21 - informara lo siguiente sobre la renuncia de Landa:
Sin embargo, trascendió que una de las razones que llevaron a Landa a dejar el cargo fueron las continuas presiones que recibía del primer vicepresidente Luis Giampietri para favorecer al ex canciller del régimen fujimorista Francisco Tudela en el litigio que mantiene junto a su hermano Juan para la administración de los bienes de su padre Felipe.
Un segundo tipo de explicaciones está vinculada a discrepancias entre magistrados y cuestiones administrativas del propio Tribunal. El Comercio informó ayer lo siguiente:
“Él renunció por motivos personales y también por discrepancias administrativas… con el resto, con el bloque (de magistrados)”, señaló Ernesto Álvarez Miranda, quien prefirió no comentar mayores detalles de la renuncia.
Fernando Calle reveló que Landa renunció durante un pleno del TC. A la pregunta sobre si le sorprendió la dimisión, Calle replicó algo para tomar en cuenta: “No (me sorprendió) tanto, pero respeto su decisión”.
El Comercio también conversó con el magistrado Juan Vergara Gotelli, uno de los más antiguos del TC, quien fue mucho más revelador y directo sobre los motivos que habría tenido Landa para renunciar antes de diciembre de este año, cuando cumplía su plazo de estadía en el cargo.
“(Landa) no ha dado mayores razones (para su dimisión), pero pareciera que no estaba dispuesto a (realizar) algunos cambios en el sistema de trabajo adentro (del TC), ya que pensaba que afuera podrían considerar que se trataba de una censura en su contra… y es que parece que él lo ha tomado como una censura. El lunes ya tendremos sesión con el nuevo presidente y veremos qué va a suceder. Pero no hubo nada contra él”, reveló Vergara. El magistrado indicó además: “Landa dijo (ayer) que siente que nosotros no estamos conformes con su labor, pero no hay tal cosa. Le pedimos que recapacitara, pero no quiso hacerlo”.
Lo cierto es que el nuevo presidente, Carlos Mesía, ha hecho posible dichos cambios administrativos, los que comprenden al Secretario General, Secretario Relator, Relatoría y la coordinación del Gabinete de Asesores. Los elegidos son personas que ya venían trabajando en el TC, pero no han faltado las suspicacias sobre un posible copamiento aprista en el Tribunal, bajo la presidencia de un militante del partido de gobierno.
El Instituto de Defensa Legal, que patrocina a dos de las víctimas de la matanza, interpuso un recurso de queja constitucional ante el TC, quien revisará en los próximos días el fondo del asunto, lo que abre las puertas a que el caso deje de ser impune en instancias legales imparciales. Y aunque el caso no viene comprendiendo actualmente a García o a Giampietri, sin duda, causa urticaria en Palacio de Gobierno.
Por ello es que los abogados del IDL, una vez que se conoció la renuncia de Landa, temen que la misma se haya debido a presiones por este caso. Carlos Rivera opina:
“El doctor Landa presidió la sala a nivel del Tribunal Constitucional que dio cuenta y que resolvió la queja que hemos presentado en el mes de octubre del año pasado, que pedía dejar sin efecto el archivamiento del caso “El Frontón”. Seguramente lo que se está haciendo, como se dice en términos populares, se le está cobrando factura por una decisión, que en estricto era una decisión absolutamente legal y correspondiente a las decisiones que el TC emitió anteriormente y en otros casos de la misma naturaleza donde se juzgan o se ventilan casos de desaparición forzada o de ejecuciones extrajudiciales”
Cabe mencionar, sin embargo, que uno de los magistrados que firmó la resolución a favor de admitir el caso El Frontón en el TC fue el aprista Mesía.
¿Cuál de las explicaciones es la verdadera? Lo cierto es que las tres tienen argumentos a favor y en contra para ser validadadas y se me hace bastante difícil aplicar aquí el principio de la navaja de Occam para llegar a una solución sobre cual es más creible o pertinente. Y aquí cabría pedirle al doctor Landa que acabe con esta serie de conjeturas y, finalmente, nos explique al país cual fue la verdadera razón de su salida. Si es alguna de estas tres hipótesis, lo cierto es que el TC tendría que tener mayores reflectores sobre su actuación. Las decisiones que tome en los próximos días harán que su ganada credibilidad se mantenga o, como muchas cosas en el Perú, se vaya al tacho de la basura.
En términos jurídicos, ello quiere decir que lo que dijo Montesinos el lunes no será tomado en cuenta para el proceso. Y aunque aún queda pendiente el pedido de Nakazaki para que vuelvan a llamar al ex asesor, lo cierto es que lo que hace la Sala Penal Especial es correcto, dado que el socio de (a) “Presidente” se burló de todo el mundo - sobre todo, del Fiscal José Antonio Pelaez -, siendo la causa fundamental de esta decisión la actitud de Montesinos de quedarse callado cuando ya estaba con 3 horas encima de discurso. San Martín y compañía han calificado correctamente de “conducta lesiva” a una patraña digna de abogado de Azángaro.
Lo cierto es que, tomada o no esta decisión, el testimonio de Montesinos no había aportado gran cosa al fondo del proceso. La cantinflada - como bien lo retrató Carlín ayer en La República - sirvió para tres cosas fundamentales.
La segunda era limpiar su pasado: yo no era abogado de narcos, no me expulsaron del Ejército, mandaba espías a Ecuador, no tuve nada que ver en el encubrimiento de Cayara. Para cualquiera que le de una leida a alguno de los libros de la bibliografía sobre Fujimori y Montesinos, se dará cuenta que lo dicho por (a) “Asesor” es falso. ¿Desconocimiento de la realidad? Más que eso, intento de limpiarse.
Y la tercera intención era limpiar a su jefe, del cual se reconoció como su subordinado. Y lo hizo con tal poco sentido de la realidad que terminó enfatizando más la imagen de socio y cómplice, que los fujimoristas han intentado negar por años. (Se acuerdan: “Montesinos es Montesinos y sus delitos son sus delitos”, Chino rata dixit). Todo ello ha convertido a la defensa del ex dictador en un gran Babel, donde están involucrados los amnistiadores, los que siguen hablando de inocencia, los que dicen que vale matar en algunos casos y ahora, su compinche.
Que el fiscal Pelaez haya tenido un interrogatorio pusilánime no convierte a Montesinos en un super - hombre. Esa es la imagen que nos quiso dar. La decisión de la Sala Penal Especial lo devuelve a su lugar patético, a su verdadera faz: la del corruptor que hizo del país su chacra, junto a Alberto Fujimori.
Pregunta de Pelaez: ¿Pueden cometerse delitos por razón de Estado? Respuesta de Montesinos:Si.
Como posteriormente comentó RMP, la “razón de Estado” no ha sido más que el pretexto perfecto para cometer crímenes en nombre de una dictadura. Habiéndose declarado subordinado de Fujimori, esta frase le fue letal al Chino. Ahora se entiende porque Nakasaki dijo que Montesinos lo había perjudicado.
Para quienes se perdieron los detalles, vean este video de Utero.tv, que compila las 4 horas de audiencia de ayer:
Pero no estos no fueron los únicos detalles curiosos, en medio de una declaración con alusiones a Kissinger, a la supuesta balcanización del Perú e historias de espías que hacen quedar a John Le Carre como mero narrador de cuentos.
Ayer Estela Valdivia repartió el video que veremos a continuación y que ha sido colgado por Agencia Perú. Es la famosa conversación entre Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y Montesinos de la que se habló en la audiencia:
La rutina quedó establecida cuando, a falta del libro que seguía en intensa pero hipotética preparación, mandó a hacer un video con escenas de sus conversaciones con Abimael. Si bien el video nunca ha sido propalado al público, muchas personas que frecuentaban el segundo piso pueden hacer su sinopsis. En las primeras imágenes las cumbres del Huascarán anunciaban el título: Aluvión en los Andes: el locutor, la música, hasta el nevado Huascarán, todo resumaba un inevitable estilo militar. Luego, con el fondo musical de Frank Sinatra cantando “My Way”, Abimael escenificaba un momento de “recordación sentimental” que supuestamente debía conmover al espectador. Hacia la mitad de la cinta, la caída del muro, la puerta de Brandemburgo tomada por las muchedumbres y el fondo musical de la Novena Sinfonía de Beethoven ofrecían un Guzmán reanimado, siguiendo gozosamente el himno que celebraba el fin del sueño comunista. Finalmente volvía Frank Sinatra, esta vez con “New York, New York”, y se podía ver a los protagonistas principales firmando las “Cartas de paz”. El video duraba aproximadamente cuarenta y cinco minutos, y como una marca de fábrica del coronel Huamán, el audio era deficiente. Vladimiro se encargaba personalmente de la exhibición de la cinta y detnía las imágenes para hacer comentarios al paso o mostrar fotografías que ilustraban mejor cada detalle.
(Vladimiro, Vida y Tiempo de un corruptor, Lima, El Comercio, 2002, p. 102)
De esta descripción, lo que se puede ver es la parte de “homenaje” a Sinatra y a Beethoven. Y si mi memoria videográfica no me falla, este es el momento previo a la famosa firma del “Acuerdo de Paz”, que fuera presentado por Fujimori en octubre de 1993, antes del referéndum de la Constitución. Como vemos, el psicosocial fue la marca de fábrica del régimen desde su inicio.
Pero, ¿por qué Montesinos saca a la luz esto ahora? El video fue entregado por Estela Valdivia con un mensaje claro: demostrar que, de alguna manera, a pesar de ser un subordinado, Montesinos tenía parte de la sartén por el mango, en el campo de la lucha antisubversiva.
La CVR hizo esta proyección en consideración a que el tiempo y los recursos para sus investigaciones, a pesar de su amplitud, eran escasos para registrar a todas las víctimas posibles, labor que competería, además, al ente que lo sucedería, ya en la labor explicita de reparar a las víctimas. El Consejo de Reparaciones viene cumpliendo con dicha labor.
Pero dichas proyecciones si tuvieron dos objetivos claros. El primero, lo indica Roberto Bustamante:
me acuerdo de los tiempos de la comisión de la verdad y todo el tema de contar casos tras casos y reconstruir hechos. y claro, luego ver cómo se cruzaba todo para ver qué había pasado, cuántos muertos hubo, cuántos desaparecidos.
lo más espeluznante fue descubrir cuánta responsabilidad le tocaba a cada uno de los actores. que lo de las cuotas de sangre de sendero luminoso no fue ni un chiste. que el ejército comprobadamente hizo tierra arrasada (tirándose abajo cualquier idea de “excesos”).
El segundo objetivo era recordarnos que aún habían varios muertos por buscar en el país. Se recuerda poco que, junto a la proyección de víctimas, la CVR comprobó que habían 4,664 sitios de entierro en todo el país, lo que nos indicaba que aún faltaban más víctimas por encontrar.
Según reportan la Asociación Paz y Esperanza y El Comercio, se ha encontrado la fosa común más grande en el país, ubicada en la localidad de Putis, región Ayacucho.
Los detalles del caso:
Luego de 24 años se inició esta semana la exhumación de lo que sería la fosa común más grande del Perú, ubicada en la comunidad de Putis, altura de Huanta (Ayacucho), que contendría los restos de más de 100 personas asesinadas por las fuerzas militares.
Este crimen atroz ocurrió en los primeros días de diciembre de 1984 cuando numerosas familias de las comunidades de Vizcatampata, Cayramayo, Sinhuamachayniyocc, Orccohuasi y Mashuacancha, acudieron al llamado de la Base Militar de Putis con la finalidad de buscar protección frente a los abusos de los terroristas que los habían obligado a abandonar sus hogares y vivir en las comunidades mencionadas.
Cuando llegaron se les reunió en un colegio de la localidad y se les dijo que se les daría trabajo. A los varones se les ordenó cavar una fosa, supuestamente para una piscigranja, sin embargo, se trataba de un engaño, ya que una vez que la fosa estuvo lista, se reunió allí a mujeres, hombres y niños para posteriormente fusilarlos y enterrarlos.
“Vengan no va a pasar nada, por eso estamos acá (decían los militares)…ellos han venido con todas sus cosas (ganados, dinero, comida ) a Putis para formar un centro poblado porque pensaban que iban a estar más tranquilos al lado de la base…” recuerda un sobreviviente que perdió a sus hermanos durante la masacre, en un testimonio recogido por la Asociación Paz y Esperanza de Ayacucho, que brinda apoyo a los deudos del conflicto armado que vivió el Perú entre 1980 y el 2000.
En estos momentos, luego de proceder con las labores de exhumación, se viene buscando el apoyo económico para la construcción de un cementerio en el que se pueda enterrar a las víctimas de Putis. Este no es un tema menor en un proceso de reconciliación: se trata, por un lado, de dar un lugar adecuado de sepultura a personas que, además de ser vulneradas en sus derechos, fueron vejadas en su integridad al no darles un entierro digno. De otro lado, ayudará a los familiares a reconstruir el tiempo de duelo necesario para poder procesar la pérdida y, posteriormente, ir reconstruyendo sus vidas.
Sin duda, una muestra más que el dificil camino de reconciliar al país sigue siendo una gran tarea pendiente.
Recurramos a nuestro diccionario de la Real Academia Peruana de la Política:
Tránsfuga: Dicése del congresista, generalmente de escasas luces y poca productividad parlamentaria, que salta de un partido a otro para tener mayor figuración o para, en términos criollos, ser “cabeza de ratón”. En el año 2000, esta práctica implicó el pago de dinero de las arcas del Estado peruano.
Pues los impulsores del negocio del transfuguismo a gran escala en el Perú han vuelto a hacer de las suyas.
De concretarse ambos pases, los fujimoristas serían quince y ya les correspondería la presidencia de una comisión más. Espinoza reveló que días atrás recibió la invitación de Mauricio Mulder para sumarse a la bancada aprista, pero le explicó que ya había dado su palabra a los seguidores del ‘Chino’. Hmmm…
Como vemos, se junta un viejo triste episodio de la política peruana. Un par de oportunistas que negocia sus votos al mejor postor y que, en el caso de Espinoza, no ha dudado en hacer de la denuncia falsa y el proyecto de ley disparatado su bandera. Y un partido que ya ha tenido la práctica de jalarse “figuras” ajenas, práctica que en algunos casos fue abiertamente delictiva. Dios los cría…
SEGUNDA: ¿FUJIMORI A NEOPLASICAS?
Titular de La Razón de hoy: ¡FUJIMORI ESTA CON CANCER!
Pregunta: ¿Realmente es así?
Bueno, desde hace algunas semanas, los fujimoristas están pretendiendo parar el juicio a su líder con el pretexto de la salud de Fujimori. Y como el tribunal que lo juzga preserva - como debe de ser - los derechos del reo, hizo que el Instituto de Medicina Legal lo examinara.
¿Qué es lo que tiene realmente Fujimori? El director del Instituto de Medicina Legal, Luis Bromley, ha explicado que el Chino tiene una enfermedad respiratoria propia del cambio de clima, una gastroenterocolitis por algo que le cayó mal y unos pequeños bultos cerca a la lengua, que van a ser examinados para descartar que se trate de un tumor como el que tuvo en 1996. Pero que ese cuadro no le ocasiona mayores problemas de salud y, por tanto, puede seguir acudiendo a las audiencias.
En otras palabras, aunque aun no se puede descartar una neoplasia, lo cierto es que el tono de comercial de Jardines de la Paz que emplea el vocero del fujimorismo no corresponde a la verdad.
Para La República, esto es parte de una estrategia:
Hace unos dos meses, Fujimori logró reducir la velocidad de su juicio al quedarse dormido en una audiencia. Al principio las sesiones avanzaban durante todo el día, de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche más o menos, con un receso de dos horas para el almuerzo.
Hoy se interrumpen cada dos horas, lo que hace que sean más lentas, tal es así que las proyecciones para la fecha de culminación del juicio han pasado de julio a setiembre, y de seguir desacelerándose el proceso, podría no haber sentencia este año.
La explicación en fuentes judiciales para esta dilación sería mantener a Fujimori en el escaparate mediático hasta lograr la inscripción de “Fuerza 2011″, tarea a la que se dedica Kenji teniendo como argumento para captar adherentes la defensa de su padre en este juicio.
Atentos con la salud de Fujimori, pero también con los trucos para dilatar el proceso.
Roxana Haas, cuñada del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, quien denunciara las cuentas millonarias del ex asesor Vladimiro Montesinos, fue acusada de favoritismo político por el congresista Carlos Raffo.El legislador fujimorista explicó que dicha persona solo tiene estudios de secretariado ejecutivo y trabaja en el consulado peruano de San Francisco, cobrando un sueldo de seis mil 800 dólares por tramitar pasaportes y DNIs.
“Una situación sorprendente, una persona que no está en la carrera diplomática, que no tiene las calificaciones para eso y en un puesto bastante simple para unsueldo tan oneroso”, dijo Raffo
Pero inmediatamente el Primer Ministro hizo el desmentido claro y preciso (vía La Primera):
Del Castillo no solo negó veracidad a la denuncia de Raffo, al indicar que Roxana Haas fue contratada durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), sino que apuntó que detrás de la denuncia del fujimorismo se esconde una venganza de Vladimiro Montesinos.
“Ésta es la venganza del ex asesor (de Fujimori) Vladimiro Montesinos, por boca de Raffo”, dijo el primer ministro, quien recordó que Haas del Carpio (hermana de su esposa Carmen) fue la funcionaria del Banco Wiese que en 1999 permitió descubrir las cuentas secretas del Doc.
Durante estas semanas, varios periodistas y bloggers se han ocupado del caso Melissa Patiño, una abierta violación del debido proceso y una detención arbitraria por donde se le mire. Ninguna de las imputaciones que se les hacía constituían delito - de hecho, como dijo Rosa María Palacios, el apertorio de instrucción mandaría a San Jorge o Santa Mónica a quien discrepe de Bush - y no existían pruebas suficientes para que esté en un régimen carcelario equiparable al de la sanguinaria Elena Iparraguirre.
Pues bien, como ha registrado Ideele Radio, el Primer Juzgado Penal Supraprovincial de Lima ha ordenado la libertad de Melissa, lo que implica que seguirá el proceso judicial en su contra, pero en libertad. En las próximas horas, el INPE debería cumplir con el mandato judicial y saldría en libertad.
Pero se mantienen otros casos por resolver. El de Carmen Asparrent, por ejemplo, cuyo padre fue asesinado por Sendero Luminoso y hasta hace pocos dias estaba recluida con senderistas, por el mero hecho de militar en Patria Roja. Y también habrá que revisar si es que el resto de casos tienen pruebas suficientes para mantener a estas personas en la cárcel.
Yo estoy bastante lejano de los pensamientos radicales de izquierda, pero creo que a nadie debe encarcelarse por tener una opinión distinta, por más que la misma nos parezca equivocada. Eso es lo que todo peruano debería defender, aunque claro, no han faltado quienes poco más y aplauden a rabiar detenciones arbitrarias.
Tampoco nadie pide que no se investigue a la Coordinadora Continental Bolivariana si es que hay indicios que permiten ver que es algo más que un grupo político pacífico. Pero, como dijo Fernando Ampuero ayer: Si algo de veras nos ha enseñado nuestra historia más reciente es que la lucha antisubversiva no puede ni debe violar los derechos humanos.
Ahora se entiende porque Valle Riestra se ha convertido en caserito de La Razón, el único diario que defiende a capa, espada y con mentiras la inocencia de Fujimori, dado que es el único jurista con algo de trascendencia mediática que dice lo indecible por seguir haciendonos creer que Kenya no sabía nada de lo de Colina. Si, claro…
Valle Riestra reveló que a pedido del ex presidente, lo visitará como abogado este martes 6 a las 11.30 en su celda del penal de Barbadillo, de la misma manera como hizo anteriormente con el ex jefe del MRTA, Víctor Polay y con el líder del etnocacerismo, Antauro Humala. “Lo visitaré no como congresista, sino como abogado, pues soy miembro ejerciente del Colegio de Abogados de Lima”, dijo.
Seguidamente, remarcó que lo visitará porque no se encuentra impedido por la Constitución. “Iré en la fecha indicada, luego de que haya terminado la sesión de la Comisión de Constitución y además no hay pleno, de manera que no tengo ningún inconveniente para visitarlo”.
Probablemente, don Javier no tenga impedimentos legales para esta visita. Sin embargo, todo hace indicar que el aún congresista podría convertirse en el nuevo abogado en la sombra de Fujimori, o, tal vez, en el relevo de César Nakasaki, si es que su propuesta de renuncia al cargo es declarada legítima, dado que los congresistas no pueden ejercer otra función, salvo la de docentes.
¿Qué dirán los compañeros sobre todo esto? ¿O es que seguiremos con el silencio que parece indicar una alianza?
Hay que ponerlos un poco al corriente y mostrarles el capítulo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación relacionado al accionar del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Ahí está todo en detalle, cómo fueron sus secuestros, los asesinatos.
Estas declaraciones no han sido mencionadas por un izquierdista, un liberal consecuente, o un “caviar”. Son nada menos que de Alejandro Aguinaga, miembro del Grupo Parlamentario Fujimorista y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, quien ahora valida el documento que el reo de Barbadillo ha intentado cuestionar, sobre todo, porque es parte clave en la acusación que puede mandar al Chino a 30 años de prisión.
Sin duda, a alguien van a jalarle las orejas en la próxima reunión de bancada, dado que es el fujimorismo uno de los principales interesados en que la CVR y las organizaciones de derechos humanos queden desacreditados ante la opinión pública, tal como buena parte de la clase política viene impulsando a raíz de la patinada de APRODEH frente al Parlamento Europeo.
Vamos a ser claros. Nuestra clase política tiene tanto interés en los derechos humanos como Alan García en hacer una dieta. Por un lado, esqueletos escondidos debajo de las fosas hay en casi todos los partidos políticos: Los Cabitos, en el segundo gobierno de Belaúnde, El Frontón, en el caso de García, el proceso a Fujimori por violaciones a los derechos humanos y el caso Madre Mía que involucra a Ollanta Humala. De otro lado, la convicción en otros sectores (p.e.: Unidad Nacional) que los derechos de las personas son un tema secundario frente al crecimiento económico o que subordina a las necesidades de “seguridad nacional”.
En esa misma lógica se encuentra el gobierno de Alan García, quien no mencionó “derechos humanos” como un tema o un eje de su Plan de Gobierno, lo que ya nos daba un indicador de lo que ha sido su gestión posterior en esta materia.
El motivo para retirar a la Coordinadora Nacional de DD.HH. es que los miembros de las ONG –según el decreto– no son funcionarios y, por lo tanto, no están obligados a guardar reserva de los asuntos que se tocan al interior del CNDH. Así mismo, con este reglamento modificado las otras dos entidades que funcionaban como observadoras –la Conferencia Episcopal Peruana y el Concilio Nacional Evangélico del Perú– ya no tienen esa calidad y tampoco pueden acreditar un representante de enlace con ese ministerio.
Para entender realmente por qué los retiraron del CNDH, El Comercio se comunicó con la ministra de Justicia. Inicialmente ella dijo que esto se debía a que los integrantes de la coordinadora no son funcionarios y que no se les puede exigir la reserva del caso. Sin embargo, después agregó que se debía a que “tienen un conflicto de intereses que colisiona con la posición del Estado en temas de derechos humanos”.
¿Y cual es el supuesto conflicto de intereses? Pues para Miguel Facundo Chinguel, Secretario Ejecutivo de este Consejo, el hecho de que el país haya perdido 23 de los 24 casos a los que ha sido sometido en la Corte Interamericana de Derechos humanos se debe a esta presencia, pues supuestamente se tenía información privilegiada.
Pero Facundo Chinguel - ex abogado del Presidente de la República y partidario de la pena de muerte - miente descaradamente. Y el encargado de desmentirlo es su antecesor en el cargo, Luis Alberto Salgado - sí, el mismo que botó Alan por no favorecer a Baruch Ivcher - que le ha aclarado a La República:
Lo expuesto por Facundo Chinguel fue negado por su antecesor, el ex secretario general del CNDH Luis Alberto Salgado, quien dijo que los observadores solo asisten a sesiones del Consejo cada tres meses, que es cuando por ley se realizan, y que en ninguna de estas, además, se hace referencia a la estrategia peruana.
“Eso no es cierto. La estrategia de defensa del Estado se diseña a partir del Grupo de Coordinación y Consultas, integrado por la jefa del gabinete del ministerio de Justicia, el director de Derechos Humanos de la Cancillería y el secretario general del Consejo Nacional de DDHH. En este grupo no participa ningún observador, y el informe que elaboran lo elevan directamente a la ministra de Justicia”, dijo.
Salgado también dio su propia explicación a las derrotas del Estado peruano en el exterior.
“La mejor defensa de un Estado democrático en las instancias supranacionales es hablar con la verdad. No se defiende mintiendo y distorsionando, eso lo hace una dictadura. Es importante el reconocimiento de que el Estado peruano incurrió en violaciones, sobre la base de hacer investigaciones para deslindar responsabilidades”, sostuvo.
En otras palabras, si perdemos los casos en San José no es por culpa de que las ong’s de derechos humanos accedan a información privilegiada - que no la tienen -, sino porque los hechos relatados allí son ciertos y porque en muchos casos la estrategia no ha sido la más adecuada.
Pero debe anotarse algo más. Sí, es cierto que este gobierno menosprecia los derechos humanos. Sí, es verdad que buena parte de nuestros políticos tiene fantasmas que no los dejan dormir. Sí, es cierto que las ong’s de derechos humanos se han convertido en entidades fiscalizadoras frente al silencio de alguna prensa que prefiere el felpudo. Pero al darles el pretexto perfecto para ello, los Giampietris, las Alcortas y los Alan Garcías han podido dar el zarpazo y volver a una situación que me hace recordar los años noventa y no precisamente por el grunge.
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