Este fin de semana que estuve fuera de circulación por motivos personales tuve oportunidad de ver con mayor detenimiento algunas cosas que se han escrito sobre el monumento El Ojo que Llora y el significado de los memoriales en el Perú.
Por un lado, Martín Tanaka y Manuel Enrique García han insistido en un punto que viene siendo recurrente en sus últimos posts: la necesidad de ampliar la base de apoyo a los derechos humanos y la necesidad de cambiar los métodos de acción de las organizaciones que respaldan la protección y vigencia de los derechos fundamentales, a fin que: 1) su labor no se perciba - injustamente - como sesgada y 2) convocar a personas que salgan del círculo “progres - liberales consecuentes” en los que parece moverse el tema. Jesús Cossio - caricaturísta de El Otorongo - en el blog El Otro Tambor - un espacio representativo de lo progre - ha respondido señalando que, en efecto, es necesario “crear discursos y narraciones que permitan –sobre todo a los jóvenes- acercarse a los hechos del conflicto con familiaridad (usando cómics, charlas informales, documentales)“.
Si personas cercanas a los derechos humanos vienen indicando estas señales, va siendo hora de que se tomen recibo en dichas organizaciones y comiencen a trabajar en un plan de acción para que los mensajes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no se pierdan.
Por otro lado, Rosa María Palacios escribíó un artículo en Perú.21 sonre El Ojo que Llora y las percepciones sobre derechos humanos que realmente me tocó. Aunque yo matizaría en algo su percepción sobre liberales y partidos de izquierda, el último párrafo de su columna es quizás sintomático del debate de estos días:
Esta confrontación (¿quién es el violador?) no está resuelta en el Perú de hoy. Todos los esfuerzos de la CVR por conciliar estas visiones y hacerlas coexistir se estrellan con la intolerancia de ambos lados que se resisten a reconocer, juntas, todas las muertes injustas y horrendas. Por ello, un monumento como ‘El ojo que llora’ resulta tan irritante para los extremistas. Pretender hacer una síntesis, en un solo lugar, de todas las muertes, de todas las lágrimas, de todos los pedidos de justicia y verdad, es una noble aspiración insoportable para un fanático irracional.
Y eso es lo que nos pasa en el Perú. Sendero fue tan vesánico en su forma de actuar, tan poco interesado en los derechos de los peruanos - a los que veía únicamente como “masa revolucionaria” -, tan brutal en sus formas de hablar y de matar que generó un miedo tal en la población que muchos aceptaron que la respuesta del Estado no respetara los derechos de las personas. Y desde el otro lado, al verse una respuesta que en algunos lugares y momentos fuera sistemática y generalizada hizo que algunos olvidaran que el Estado tenía el perfecto derecho de defenderse de la mayor amenaza que tuvo la democracia peruana en toda su historia.
En realidad, hasta el día de hoy no aceptamos que toda muerte violenta es injusta y no tiene justificación. Como sociedad, no hemos aprendido que los seres humanos no son “costos por la pacificación” o “ríos de sangre para la revolución”. O que la dignidad del ser humano es algo tan valioso que no puede canjearse por otra cosa. No hemos aprendido como sociedad que es lo que ha hecho que el Perú pariera a Sendero y a Fujimori. Quizás ahora tengamos la oportunidad de hacerlo. ¿Nos animaremos?
Hace un año, en esta misma fecha, escribía una reflexión sobre uno de los hechos más significativos de los últimos años en el Perú: la captura de Abimael Guzmán, el líder de la organización más totalitaria que nuestras tierras han podido ver y que supuso el inicio del fin del conflicto armado interno.
A raíz de este aniversario, Juan Carlos Tafur y Juan Carlos Valdivia han propuesto una idea ciertamente interesante: que los 12 de septiembre sean una fecha de conmemoración de lo que fue una victoria frente a un grupo que la sociedad y los tribunales han condenado, tanto por su desviada ideología – que no era más que la antojadiza interpretación cuasi mesiánica del marxismo – como por sus acciones que supusieron crímenes de lesa humanidad y vulneraciones al derecho internacional humanitario.
Refuerzo más la idea de Tafur y Valdivia, señalando que la conmemoración nos serviría para recordar dos cuestiones fundamentales que generalmente se olvidan. La primera, es que a Guzmán se le capturó sin vulnerar los derechos humanos de nadie, en un operativo de inteligencia modélico y en el que no tuvieron nada que ver los principales aprovechadores mediáticos de la captura: Alberto Fujimori – que estaba pescando en Iquitos - y Vladimiro Montesinos – quien se hallaba en una recepción castrense. La segunda, es enfatizar que, hace poco menos de un año, se condenó a Guzmán y al resto de la cúpula senderista a penas severas, que incluyen, en dos casos, la cadena perpetua, sin que se vulnerara el debido proceso como ocurrió en los deslegitimados procesos hechos por jueces sin rostro.
Y es que una fecha como esta debe hacernos recordar, como señalan ambos periodistas, que, en efecto, el Estado peruano derrotó a Sendero Luminoso. Pero dicha victoria no se debió – como señalan aún algunos personajes de la derecha más retardataria y del fujimorismo – a las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, sino que el triunfo fue a contracorriente de un pensamiento anclado en un sector importante de la clase política y militar y de la sociedad peruana: la tesis de los “costos a pagar” por la pacificación, sin importar que fueran vidas humanas.
Estos aspectos fueron suficientemente enfatizados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que no tuvo resquemor alguno en condenar las acciones, ideología y justificaciones hechas por Abimael Guzmán y el grupo que lideró. Un grupo de trabajo que, cabe recordar, fue denostado por la propia Elena Iparraguirre, que lo calificó como “de derecha”. Ese insulto de la otra lìder principal de Sendero es la más clara prueba de que el trabajo de la CVR no benefició en nada a dicha agrupación que, con métodos terroristas, inició un conflicto que dejó cerca de 70,000 víctimas durante 20 años.
Sin duda, un día para recordar. Quizás la mejor manera sea con la imagen de lo que fueron esos años de barbarie, que nos marcaron a todos nosotros. Los dejo con un reportaje del recordado Bruno de Olazábal sobre Sendero Luminoso.
Un tema serio y delicado como este, en el que se involucra a una persona con hechos tan graves, merece ser tratada con pruebas que vayan más allá del trascendido o el “me contaron”. Desafortunadamente para sus intereses y para el esclarecimiento de hechos que tienen que ser esclarecidos, el diario dirigido por César Lévano, no había optado por el camino de los testimonios directos.
Pero ello no implica que Favre no le deba al país - y, probablemente, al Ministerio Público y al Poder Judicial - una explicación sobre su real participación en la estrategia contrasubversiva aplicada en la zona del Norte Chico - donde tiene sus intereses empresariales - durante los primeros años del gobierno de Alberto Fujimori.
En mayo de 1992, Agripino Ventocilla, su padre Rafael Ventocilla Rojas, y sus hermanos Simón, Paulino Alejandro Ventocilla, fueron detenidos por un comando militar que los encerró en la base de Atahuampa, en mayo de 1992, acusándolos de pertenecer a Sendero Luminoso. Otros familiares, Andrés Reyes Rojas, Alfonso Ventocilla Pablo, Gaudencia Tolentino Osorio y Walter Tolentino Osorio, también fueron arrestados y conducidos a la repartición militar.
“La camioneta se detuvo y me bajaron a la fuerza. Entre el jaloneo la toalla se cayó un poco y pude ver el cartel de ingreso a la base del cuartel de Atahuampa“, explicó Agripino Ventocilla: “Me volvieron a cubrir bien, pero yo ya sabía dónde estaba. El olor a granja de pollos era evidente. Me ingresaron y me pusieron como en un corralón. Deduje que era un lugar abierto porque escuchaba voces cercanas, no estaban a mi costado pero se escuchaba claramente”.
El caso de la familia Ventocilla está referido en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), ante la cual los familiares de las víctimas relataron los hechos. El fiscal especializado en delitos de derechos humanos, Álex Díaz Pérez, tiene a su cargo las indagaciones. Los hermanos Alejandro, Simón y Agripino Ventocilla eran conocidos dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) y militaban en Patria Roja e Izquierda Unida.
“Todo el tiempo estuve con la cabeza cubierta, hasta cuando me torturaban. Mientras me golpeaban me decían que era terrorista, pero yo no era terrorista, era dirigente del Sutep. Me colgaron de los pies y me metieron a una tina con agua y detergente. También me pasaron corriente y nunca dejaron de patearme para que me autoinculpara”, señaló Agripino Ventocilla.
“A los tres días de la detención, y después de una visita de la Cruz Roja, los militares quisieron entregarnos a la PIP, pero los policías no aceptaron porque estábamos muy golpeados. Entonces nos abandonaron en la playa de Huacho. ‘Si nos denuncian, los desaparecemos. Mejor váyanse, no los queremos ver por aquí’, nos amenazaron”, apuntó Agripino Ventocilla.
El relato concluye con un final triste. El padre y los hermanos de don Agripino fueron asesinados el 24 de junio de 1992. En la casa donde fueron ejecutados se encontró una insignia del Ejército. Los indicios apuntan a que la autoría del crimen correspondería al Destacamento Colina.
“Yo creo que debemos conocer las cosas que nos hagan bien, hay cosas que deben ser reservadas y yo voy a proponer que el informe de la CVR sea un informe secreto … Son bastante ingenuos en pensar que removiendo el pasado, escarbando muertos y haciendo llorar a los que sufrieron la barbarie que inicio Sendero, vamos a reconciliarnos. Yo no se como nos vamos a reconciliar”
Quizás esto sea la real causa para que Favre quisiera que el trabajo de la CVR siguiera el camino de los muertos: el entierro de la verdad.
En su etapa piloto, el Programa, parte del Plan Integral de Reparaciones, entregará a 450 comunidades afectadas por la violencia la suma de S/. 100,000.00 para que realicen proyectos en beneficio de la población.
En una nota hecha por La República, el Secretario Ejecutivo de la CMAN (el ente estatal encargado de diseñar los programas de reparaciones, Jesús Aliaga Baldeón, indica un preocupante bajo nivel de ejecución: solo 18 comunidades vienen ejecutando los planes de desarrollo planteados. Dos factores son los que demoran las obras: un SNIP poco flexible - aunque necesario para evitar obras inadecuadas - y, aquí está lo más sustantivo, la falta de proyectos viables.
Sobre este último punto, algo dijo la Defensora del Pueblo Beatriz Merino en su discurso por los 4 años de la CVR:
“Mediante un sistemático seguimiento del proceso de reparaciones, la Defensoría del Pueblo ha realizado visitas de supervisión a dichas regiones con el propósito de sostener reuniones con representantes de los Gobiernos Regionales y Locales, de las organizaciones de víctimas, así como de miembros de las comunidades afectadas.
No obstante estos avances, hemos observado que la mayoría de las comunidades seleccionadas requiere de mayor asesoría técnica, a fin de que puedan cumplir con los requisitos exigidos para la elaboración y ejecución de los proyectos de desarrollo.
Las comunidades necesitan una permanente asistencia para ejecutar eficazmente el Programa de reparaciones colectivas.
Por ello es necesario que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales brinden un mayor apoyo técnico a las comunidades beneficiarias, haciendo que dicho proceso sea más participativo y descentralizado.”
Esto nos demuestra que la tarea más urgente que tiene este gobierno es la Reforma del Estado. Tarea que es más imprescindible cuando lo que está en juego son la reconstrucción de vidas, como con las víctimas del conflicto armado interno o con los damnificados del terremoto de hace dos semanas.
Para comenzar, habría que decir que de los 12 comisionados, solo serían 5 personajes los que corresponderían a este perfil: Carlos Tapia, Rolando Ames, Enrique Bernales, Sofía Macher y Carlos Iván Degregori. Ninguno de los mencionados estuvo a favor de la lucha armada durante el periodo del conflicto. Como lo recuerda Caretas:
Algunos críticos de la CVR se han valido de los antecedentes marxistas en el currículo de varios comisionados para desvirtuar los contenidos del informe. Una mirada un poco más inteligente revela un grupo heterogéneo del que las investigaciones se favorecieron.
Carlos Iván Degregori es un antropólogo y estudioso especializado en los temas de violencia, particularmente en todo lo acontecido en Ayacucho. Rolando Ames y Enrique Bernales son ex congresistas, pero ambos presentan perfiles muy distintos. Mientras que Ames es sociólogo y cientista político, Bernales se desarrolló como abogado constitucionalista y se desempeña como Director Ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas. La socióloga Sofía Macher es ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Carlos Tapia estudió a fondo el fenómeno senderista. Y en esa mescolanza se termina la presencia de la izquierda en la CVR.
Esa presencia no desvirtuó el trabajo hecho. Por el contrario, se tuvo la distancia suficiente para hacer un capítulo bastante crítico sobre el papel de los partidos de izquierda durante los años ochenta, en el que se cuestiona de manera bastante dura el tardío deslinde que se hizo con relación a la violencia como medio para llegar al poder. También se describe el precario equilibrio y las divisiones que caracterizaron a Izquierda Unida. De haberse tenido algún sesgo, no se habría escrito un capítulo como este.
En ningún momento el Informe es condescendiente con Sendero o con el MRTA, como algún despistado director de un diario ha manifestado hoy. El informe señala que ambos grupos fueron los principales responsables de las muertes, se condena claramente su accionar y en ningun momento se plantean amnistias para ellos. Como contaba Salomon Lerner a los que ayer estuvimos en el Campo de Marte: ninguna muerte es justificable o aceptable, sea quien fuere la victima o el victimario.
Y para mayores señas, me permito colocar el primer párrafo del Tomo II del Informe Final, con el que comienza la explicación sobre Sendero Luminoso:
El Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso (PCP-SL), es una organización subversiva y terrorista, que en mayo de 1980 desencadenó un conflicto armado contra el Estado y la sociedad peruana. La CVR ha constatado que a lo largo de ese conflicto, el más violento de la historia de la República, el PCP-SL cometió gravísimos crímenes que constituyen delitos de lesa humanidad y fue responsable del 54% de víctimas fatales reportadas a la CVR.
Tampoco el Informe es antimilitarista o anticlerical, dos de las banderas que tradicionalmente se señalan como patrimonio zurdo. Se reconoce el esfuerzo y heroísmo de nuestras Fuerzas Armadas, pero no por ello se deja de señalar aquello que, desde una perspectiva ética totalmente compatible con la democracia liberal, debía decirse: que existieron violaciones a los derechos humanos que no fueron simples “excesos” o “costos a pagar”, sino que fueron severos daños a la dignidad humana. En el caso de la Iglesia Católica, termina siendo una de las instituciones que queda mejor paradas en el Informe Final. Claro, distinguiendo la actuación específica en Ayacucho, que ha sido documentada no solo por la CVR, sino en varios libros sobre la historia reciente de la Iglesia en el Perú.
Voy más allá y lanzo una idea más provocadora aún. Si se quiere calificar de alguna manera al sesgo de la CVR, tendría que ser un “sesgo liberal”. Me explico. El Informe Final contiene un detallado relato y caracterización jurídica de los hechos de violencia ocurridos entre 1980 y 2000. Muchos de estos hechos son violaciones a los derechos humanos que, por cierto, no fueron inventados por Marx, sino que tienen una raigambre liberal bastante fuerte. De hecho, el reconocimiento de los derechos a la vida y a la integridad personal, por mencionar los dos más afectados en un conflicto armado, fueron producto de las distintas revoluciones liberales en Europa.
De otro lado, el Informe no cuestiona al mercado como productor de recursos. Por el contrario, señala como una de las secuelas más importantes la pérdida del aparato productivo, lo que ha generado más atraso en el país o menores posibilidades para captar los beneficios del crecimiento macroeconómico. Quizás este sea un dato que nuestros economistas - tanto los de una orilla como los de otra - debieran tener en cuenta en sus análisis.
Así, el sesgo “zurdo” se vería reducido a las cuestiones como pobreza, exclusión o discriminación, puestos como telón de fondo del conflicto, que generalmente han sido banderas de la izquierda. Sin embargo, con los nuevos enfoques de economía del desarrollo, señalados por Amartya Sen de manera clara, estas preocupaciones pasan a interesar a los liberales más consecuentes. De hecho, este enfoque termina señalando que el desarrollo de las capacidades humanas y, por ende, del desarrollo humano, está directamente relacionado con la vigencia de todos los derechos humanos.
En suma, calificar al trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación como un producto de la izquierda no tendría mucho sustento. Quizás la pregunta tendría que ser porque nuestra derecha no ha defendido con la misma vehemencia que el libre mercado a los derechos humanos.
El centro de las dudas tanakianas - perdón por el neologismo - se centran en una pregunta: ¿Qué ha hecho que el Informe Final y sus repercusiones no hayan tenido mayor repercusión?. Martín nos presenta dos explicaciones: por un lado, los sectores que respaldan políticamente el trabajo de la CVR - principalmente la izquierda - no han tenido mayor apoyo electoral y, de otro lado, las diversas formas en que se percibió el conflicto en las distintas regiones del país.
Tengo algunos matices con relación a esta opinión. Comparto con Augusto Alvarez Rodrich que los derechos humanos no representan un patrimonio exclusivo de la izquierda, sino que debieran constituir un patrimonio común de todos los sectores políticos. De hecho, hay gente en la izquierda que sigue creyendo que Cuba y Venezuela son democracias y que hace de la vista gorda sobre vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en estos países. De otro lado, gente a la que no podríamos catalogar ni por asomo como marxistas, como Mario Vargas Llosa, Fernando de Szsyzlo o Rosa María Palacios, ha respaldado consecuentemente los mensajes dados por la CVR.
Creo que si ha existido el intento incipiente de los sectores liberales, tanto de derecha como de izquierda, de tender puentes. Si no fuera así, por poner un ejemplo, a Rosa María Palacios, a la que antes tachaban de “neoliberal”, no la habrían tildado de “caviar”. Sin embargo, coincido con Tanaka que esas alianzas han sido meramente coyunturales y que los esfuerzos por un trabajo conjunto entre estos sectores podrían ser mayores para impulsar las recomendaciones.
El problema es más profundo aún. En todos los sectores de la clase política hay gente opuesta al trabajo de la CVR. Y ello por distintas razones: un mal entendido espíritu de cuerpo con los gobiernos que tuvieron que hacer frente al conflicto armado interno o con las Fuerzas Armadas, defensa de intereses particulares, indolencia o simplemente el convencimiento de que las violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes del Estado eran un “costo a pagar” por la pacificación.
Esto debe enmarcarse dentro la disputa abierta sobre las versiones sobre la violencia, lo que llaman batallas por la memoria. De un lado, la visión “Fujimori y los militares derrotaron a Sendero y no importan los excesos cometidos, pues tenía que pacificarse el país”. Del otro, el rebate a dicha posición (ver post de Marco Sifuentes), sumado a una visión que veía las formas distintas de afectación de la violencia por regiones y problemas estructurales del país en la base de lo ocurrido y como lo afrontamos.
Esa batalla por la memoria se ha llevado en un solo plano, el guiado por quienes tenían que defenderse de las responsabilidades imputadas. El debate entre ambas memorias giró en torno a tópicos que, aunque importantes, desviaron la atención sobre aspectos centrales de la relación que la CVR establecía entre lo ocurrido durante los años de violencia y la consolidación de la democracia y los derechos humanos. Por ello, la discusión sobre la composición y metodología de la Comisión, así como el tema de las responsabilidades políticas, penales y sociales de los actores involucrados en el conflicto han sido el eje central de la discusión durante 4 años, dado que eran los terrenos en los que los defensores del discurso oficial querían defender.
Con esto no se me malentienda. Soy de los primeros que desea una sanción a los culpables y por eso miro con expectativa el anuncio de Allan Wagner de que se pondrán a los militares en actividad que tienen juicios pendientes a disposición del Poder Judicial. Pero sí creo que el centro del debate sobre la CVR debería ser no sólo el “que hizo o que no hizo cada quien”, sino que hacemos para reparar a las víctimas y para que esto no se repita, sobre la base del diagnóstico dado.
Tanaka también deja algunas preguntas para responder y sobre las que doy mi punto de vista:
- Las propuestas de reformas institucionales de la CVR: ¿No son demasiado generales? ¿No hay un trabajo pendiente de aterrizarlas y actualizarlas?
Aunque no es mi estilo, hago una repregunta a Martín: ¿Podían ser menos generales al momento de plantearse en el Informe Final? Y aquí hago el enganche. La CVR planteó una serie de reformas institucionales que, efectivamente, tenían bastante de genérico. Sin embargo, eran perfectamente compatibles con otros esfuerzos de “arquitectura transicional” en marcha o puestos en la mesa: los Planes de Reestructuración de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la CERIAJUS, el Proyecto Educativo Nacional. La CVR lo que vendría a dar a todos estos esfuerzos un enfoque distinto, el de un pacto social democrático e inclusivo, congruente con su diagnóstico: el país no puede seguirse gobernando de la misma manera.
- ¿No están demasiado mezclados algunos espacios de militancia política y de acción ciudadana en las organizaciones de DD.HH.? Esa superposición les quita eficacia a los primeros y legitimidad a los segundos.
Creo que más que militancia política y acción ciudadana mezclada con organizaciones de derechos humanos, lo que tiene que existir es un replanteamiento de estilos. Y con ello no digo que se deje de lado la denuncia - siempre necesaria - ni los espacios de incidencia pública o política. Las organizaciones tienen que sustentar su posición sobre la base de un sólido trabajo teórico, una mayor relación con los ciudadanos de a pie - quienes muchas veces no sienten a estas instituciones como cercanas - y la articulación de alianzas con sectores que vayan más allá del círculo en que por lo general se mueven estos sectores. Seguir insistiendo en articular esfuerzos con los sectores liberales más consecuentes - en los temas en que coincidan - es una alternativa para “desizquierdizarse” en términos de imagen.
- Los militantes de Sendero Luminoso: ¿Son víctimas del conflicto armado o victimarios? Este es el fondo del debate sobre qué hacer con los nombres del monumento ‘El ojo que llora’.
Esta pregunta, derivada de una afirmación de un texto de Paulo Drinot que Tanaka recomendó hace un tiempo, es imprecisa. La CVR en ningún momento dijo que todos los miembros de Sendero Luminoso eran víctimas, por el contrario, condenó sin medias tintas el accionar de esta agrupación, sus métodos, su ideología y señaló claramente que sus acciones no podían quedar sin castigo.
El debate sobre “El Ojo que Llora” fue más complejo. La existencia de nombres de personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente en el Penal Castro Castro, bajo las órdenes de Alberto Fujimori, en 1992, se debió a que se consideró que aquellas personas que habían sido muertas o desaparecidas a través de vulneraciones de los derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario podían ser consideradas como víctimas. Ello no legitima su accionar ni sus criminales acciones, simplemente pone un estándar de humanidad mínimo a un conflicto. El comentario de Rafael Barrantes explica de mejor manera este punto.
- El humalismo: ¿Es un adversario o un aliado? ¿Y el Apra? ¿Y el Gobierno? ¿Hace bien Sofía Macher al trabajar en el Consejo Nacional de Reparaciones?
Y sobre el trabajo de Sofía Macher, creo que en política todo espacio vacío se llena. Es mejor que haya una persona que no deja de ser crítica con las acciones que se emprenden sobre la reconciliación a que no exista el Consejo de Reparaciones.
El debate es saludable. Espero que todo esto contribuya a que los temas planteados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación puedan visibilizarse en mejor medida de lo que se han venido haciendo durante los últimos 4 años.
Reflexiones en el cuarto aniversario de la entrega del Informe Final de la CVR
Imagínate, amigo lector, que, Dios no lo quiera, te comienzas a sentir mal. Pero no es el dolor de una gripe, sino los síntomas de una enfermedad que parece ser más aguda de lo que es un simple dolor de cabeza.
Tienes recursos - no extraordinarios, pero los tienes - y buscas a los mejores doctores para que te examinen. Te dicen que deben hacerte los exámenes y análisis de rigor para poder detectar exactamente que es lo que tienes.
Pasa el tiempo y te llaman para decirte que es lo que tienes. Te lo detallan con explicaciones médicas, pero en lenguaje que puedas entenderlas. Eres consciente de que lo que te han dicho es serio y duro. Hay médicos que no andan con rodeos o te doran la pildora.
Aun así, sabes que, a pesar de la gravedad de la enfermedad, puedes seguir un tratamiento que te dejará en perfectas condiciones.
¿Qué harías en esas circunstancias: insultarías a los médicos que te dan la mala noticia, ignorarías lo que dicen, te someterías al tratamiento?
De alguna u otra manera, las sociedades pasan por lo mismo.
Los conflictos armados y las dictaduras no son más que síntomas de una enfermedad que padece una sociedad: la poca capacidad que tenemos para resolver nuestros conflictos de manera pacífica e inclusiva. Somos sectarios, claro, unos más que otros. Hay sectarismos que matan: Sendero Luminoso fue la máxima expresión de ello en el Perú y vaya que lo entendimos entre las lágrimas que a tantos peruanos nos hicieron brotar con su demencial accionar.
Pero, como en las enfermedades graves, el cuadro es más complejo. Los síntomas dolorosos que se agrupan en un conflicto armado interno nos revelaron mucho de nosotros mismos: un Estado lejano de la sociedad, prácticas que vulneraban los derechos fundamentales, fanatismo inoculado en medio de un sistema educativo decadente, discriminación, despreocupación por la vida del otro hasta que me toca a mi padecer el dolor.
Toda verdad así duele. En el corto plazo buscamos negarla, no verla o que no se conozca. Eso pasa en las relaciones humanas más cotidianas. Y le ha pasado al país durante muchos años. No en vano, durante los noventa nos machacaron una versión oficial simplificada de la realidad, unos análisis falsos, por llamarlo en lenguaje médico. Y cuando nos mostraron los verdaderos, como sociedad, por miedo, optamos por no oir.
Peor aún, aquellos que habían contratado a los encargados del diagnóstico del paciente Perú, comenzaron a denostar de los médicos. Era lógico: parte de la enfermedad estaba en la indolencia de ellos o en responsabilidades directas por acción u omisión. Y, procurando lavarse las manos, procuraron encajonar el diagnóstico y solo discutir lo que a ellos les interesaba: salvar sus responsabilidades. Todos caimos en el juego.
Sin embargo, el país de cuando en cuando nos recuerda que la enfermedad persiste. Porque los autoritarismos mesiánicos aun tienen cabida en un sector de la población, porque aun no entendemos que la violencia no es la forma de producir cambios sociales, porque aun no aceptamos que Primitivo Quispe es tan peruano como Dionisio Romero. Elecciones presidenciales, conflictos sociales, la emergencia reciente en el sur nos recuerdan que el país sobre el que creció la violencia no ha cambiado en mucho.
Se olvidaron del diagnóstico y también del tratamiento. A cuentagotas y a regañadientes, el país político aplica las recomendaciones dadas por los médicos, pero muchas veces olvidando que eran para superar una enfermedad compleja.
Quizás sea hora, por fin, de leer y actuar. Porque esto no es solo cuestión de izquierdas o de derechas. Se trata de entender lo que fuimos, lo que somos y lo que debemos dejar de ser.
Hoy Perú.21 informa sobre las acciones que los abogados del Instituto de Defensa Legal harán frente al caso El Frontón, en el que patrocinan a la parte civil:
El Instituto de Defensa Legal y los organismos defensores de los derechos humanos iniciaron ayer una nueva batalla legal para que el Poder Judicial anule la sentencia, dictada por la Tercera Sala Penal con Reos Libres, que declara la prescripción de la matanza ocurrida en El Frontón.
Como primer paso, Carlos Rivera, abogado de Ideele y defensor de Norberto Durand Ugarte y de Gabriel Ugarte Rivera, muertos en la operación naval del 19 de julio de 1986, denunció ante la Oficina de Control de la Magistratura a los vocales Jorge Egoavil Abad, Nancy Ávila de Tambini y Malson Urbina La Torre, que acogieron el hábeas corpus presentado por el suboficial AP Teodorico Bernabé Montoya y declararon la prescripción del caso
La cuestión es seria y tiene que ver con dos temas principales con relación a este caso.
El primero, de índole jurídica, tiene que ver con la imprescritibilidad de los delitos de lesa humanidad. Nuestro país ha suscrito convenios internacionales en este sentido y la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos ha señalado que son inadmisibles las disposiciones de prescripción que impiden investigar y sancionar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos. Lo mismo han señalado instancias nacionales, como el Tribunal Constitucional y la Sala Penal Nacional.
Es decir, los jueces han ignorado lo que dice el Derecho Internacional y lo que han dicho altas instancias judiciales peruanas. Para justificar el mamarracho jurídico, han llegado a decir que lo ocurrido en El Frontón - las ejecuciones extrajudiciales ocuridas luego del develamiento de un motín - no fue un crímen de lesa humanidad. Con dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso, esto es bastante difícil de sostener.
El segundo aspecto es de índole política. Quien habla no se ha sumado al coro de personas - bien intencionadas o no - que han señalado directamente al Presidente de la República como autor penal de los sucesos de El Frontón. De hecho, he expresado mis dudas sobre si la estrategia de involucrar a García en este caso ha sido la más acertada para llegar a la verdad de lo ocurrido.
Sin embargo, lo de la jueza esposa del compañero Tambini vuelve a poner sobre el tapete las serias suspicacias que existen sobre un caso sobre el que no se han sancionado a los responsables luego de 18 años de haber ocurrido.
Revisando la última edición de Caretas, me topé con una entrevista a Adrián Huamán Centeno, uno de los altos mandos militares procesados por violaciones a los derechos humanos - casos Pucayacu, Jaime Ayala y Callqui, en 1984 -, quien da sus primeras declaraciones a la prensa sobre los hechos por los que la próxima semana se iniciará un juicio oral.
Para quienes estaban en 1984 en edad de pediatría o no se acuerdan de él, Huamán fue el segundo jefe del Comando Político Militar de Ayacucho. Tenía un discurso en favor de una solución del conflicto que comprendiera componentes que no solo fueran militares, pero claro, pensaba que la conducción de dichos componentes no debiería estar bajo control civil. Y, a pesar de ese discurso, 1984 fue el año en que mayor cantidad de muertes existió durante el conflicto, pues, además de las sangrientas acciones de Sendero Luminoso, el Ejército aplicó en Ayacucho patrones de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, lo que algunos han llamado “tierra arrasada”.
Las respuestas que Huamán da a la revista, negando cualquier vulneración de derechos humanos o atacando a la Comisión de la Verdad y Reconciliación y tejiendo teorías de la conspiración no es sorprendente. Pero creo que debe ser ubicada en un contexto mayor que las palabras de un general procesado o de un militar más.
En realidad, el Perú vive un proceso mayor, que los científicos sociales denominan Batallas por la Memoria. Se denomina así a la contraposición de versiones sobre dictaduras y/o periodos de violencia, que inciden no solo en lo que la gente percibe que ocurrió durante un conflicto interno o un periodo de represión muy fuerte, sino que también tienen una relación directa con las políticas que se emplean para enfrentar las secuelas de la violencia y la atención a las víctimas.
En el Perú, existen dos narrativas en disputa.
Por un lado, encontramos una memoria salvadora, en la que se realza el papel del gobierno de Alberto Fujimori y de las Fuerzas Armadas como únicos responsables de la derrota de Sendero Luminoso, poniéndose énfasis en valores como el orden y la seguridad frente a los derechos humanos, tomándose las vulneraciones a derechos fundamentales como “métodos inevitables” que tenían que emplearse para culminar con el conflicto. Sin duda, la versión del general Huamán se encuentra en este primer grupo.
Por otro lado, tenemos una memoria para la reconciliación, que no sólo refuta la historia oficial dictada durante la década de los noventa, sino que resulta ser una visión más omnicomprensiva del conflicto armado interno, procurando entender las distintas aristas de la violencia, los procesos subyacentes en la sociedad peruana – exclusión, discriminación y racismo – que marcaron mucho de la dinámica del conflicto y una seria interpelación a los tres gobiernos durante los cuales se desarrollo el proceso de violencia.
A la memoria salvadora se le caracteriza como manipuladora, a tal punto que termina poniendo la agenda sobre lo ocurrido en los años de violencia, cuestión que también se comprende por la mayor permanencia temporal de esta versión en la opinión pública. Así, se entiende que el debate entre ambas memorias giró en torno a tópicos que, aunque importantes, desviaron la atención sobre aspectos centrales de la relación que la CVR establecía entre lo ocurrido durante los años de violencia y la consolidación de la democracia y los derechos humanos. Por ello, la discusión sobre la composición y metodología de la Comisión, así como el tema de las responsabilidades políticas, penales y sociales de los actores involucrados en el conflicto fueron el eje central de la discusión, dado que eran los terrenos en los que los defensores del discurso oficial querían defender.
Es necesario, por tanto, reenfocar el debate sobre la memoria histórica en el Perú. Ciertamente es necesario persistir en el esfuerzo por señalar las responsabilidades que a cada uno de los actores le corresponde. Sin embargo, deberá hacerse un esfuerzo mayor por presentar al Informe Final de la CVR como un documento que presentó un panorama general sobre el funcionamiento de las instituciones en nuestro país y los problemas sociales más urgentes por atender.
Ello implica que la discusión se centre en que el Perú se asuma como una sociedad de post-guerra - cuestión que hasta el día de hoy no se ha hecho - y que el Estado varíe sus políticas sobre la base de este reconocimiento.
No digo con esto que los juicios a los militares y senderistas deban detenerse. Por el contrario, es necesario atender a la demanda de justicia y lucha contra la impunidad de la manera más rápida, con el respeto al debido proceso y garantizando el derecho de las víctimas. Pero estas legítimas demandas debe comprenderse en un proceso mayor de cambios institucionales y reparaciones que consoliden la democracia y los derechos humanos en su integridad en el país.
Hacer esta variación de enfoque determinaría que se pueda posicionar de mejor manera el trabajo de la CVR en la agenda pública y deje de verse como un tema entre “conservadores” y “pro militares” vs. “caviares” y “pro senderistas”, sino como un diagnóstico que involucra problemas de toda la sociedad, así como de las realidades particulares de cada región.
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