Desde el Tercer Piso

En enero, mientras se debatía (again) el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este blog puso en conocimiento de la existencia de un caso incómodo para Palacio de Gobierno, ventilándose en esta instancia internacional: el asesinato del dirigente sindical Saúl Cantoral y de la activista Consuelo García Santa Cruz, victimados el 13 de febrero de 1989, durante el primer gobierno de Alan García.

La razón de dicha incomodidad era que los presuntos autores de dichos asesinatos habrían sido miembros del Comando Paramilitar mal llamado Rodrigo Franco, una organización que, hasta donde se tiene conocimiento, era liderada por Agustín Mantilla Campos.

El viernes, la Corte Interamericana hizo de conocimiento público la sentencia sobre este caso. Las reseñas periodísticas del día sabado han destacado dos cuestiones importantes del fallo: la obligación del Estado de investigar estos sucesos y el pago de reparaciones a los familiares de Cantoral.

Sin embargo, Luis Alberto Salgado, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y principal vocero del gobierno en esta materia, ha señalado que interpondrá una demanda de interpretación de la sentencia y que no pagará las reparaciones. Como era de esperarse, los familiares de Cantoral han elevado su protesta por esta nueva acción del Estado en contra de sus derechos.

¿En que se centra la protesta de Salgado? En que, si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos no examina responsabilidades individuales en este tipo de casos, si ha manifestado cual es la hipótesis más plausible sobre la autoría del crímen:

98. La Corte observa que, 18 años después de ocurridos los acontecimientos, el Estado no ha impulsado un proceso judicial que determine con claridad los hechos y responsabilidades, y presenta ante la Corte diversas hipótesis respecto a la autoría de los hechos. El Estado utiliza, inter alia, dos informes del Congreso y algunos documentos policiales para defender la atribución de los hechos a agentes no estatales. Como fue señalado (supra párrs. 75 y 96), la acusación que, entre otros elementos, sirvió como base para la hipótesis de dichos informes del Congreso, concluyó en una decisión judicial absolutoria de dos estudiantes por cargos, inter alia, de terrorismo. Por su parte, la hipótesis manejada en los informes policiales culminó con el archivo de las actuaciones ordenadas por el Ministerio Público. Por el contrario, la atribución de responsabilidad por los hechos a agentes estatales se encuentra recogida en pronunciamientos oficiales, tales como el informe de mayoría de la comisión parlamentaria conocida como “Comisión Herrera”, el informe pericial del Instituto de Medicina Legal y, particularmente, el de la CVR, cuyo informe ha sido respaldado por los poderes públicos peruanos (supra párrs. 91, 93 y 97) y no ha sido desvirtuado en sede judicial. Por consiguiente, considerando las conclusiones de las instituciones oficiales que han conocido sobre los hechos del presente caso, la Corte no encuentra elementos suficientes para arribar a una conclusión distinta a la responsabilidad de agentes estatales por los hechos contra Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz. Lo anterior lleva a la Corte a concluir que el Estado incumplió con su obligación de respetar los derechos a la libertad personal y a la vida por la detención ilegal y arbitraria y muerte de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz, lo cual constituye una violación de los artículos 7 y 4 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana.

Les cuento un poco el argumento con el que fue el Estado en esta materia. Ante la Corte, el Perú aceptó que no se había hecho una investigación suficiente para dar con los responsables. Sin embargo, fue hasta con 5 hipótesis sobre la autoría del crimen: Sendero, el Comando - hipótesis que no fue enfatizada, dado que Salgado es aprista -, delincuentes comunes e incluso se llegó a acusar a empresarios mineros de haber contratado sicarios. La verdad, es que suena extraño que un gobierno aconchavado con la gran inversión minera termine acusando a algunos de ellos de cometer un crímen tan execrable como este.

Sin embargo, y como señalé párrafos atrás, la Corte no determina responsabilidades individuales porque no es su papel. Para la Corte, el Estado será responsable independientemente del agente que cometió el hecho. En el caso Cantoral, este dirigente sindical había recibido amenazas de muerte y el clima contra los dirigentes mineros era de zozobra. El Estado debió garantizar la seguridad de este líder laboral, pero no lo hizo. Y ello, independientemente de quien fue el ejecutor, ya le acarreaba una responsabilidad al Estado por este hecho.

Esto me deja la impresión de que, antes de ser abogado del Estado, Luis Alberto Salgado parece el abogado del gobierno aprista en este caso. ¿No habrá sido a él a quien Agustín Mantilla se refirió como una de las influencias amicales que tiene en el Gobierno?

MAS SOBRE EL TEMA:
El Morsa: El caso de Saúl Cantoral

El gobierno de Alan García está en camino de crear un nuevo mártir: Alejandro Toledo Manrique.

Y es qe la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República no ha tenido mejor idea que declarar procedente la acusación presentada por el Partido Aprista Peruano en contra del ex Presidente y de los ex Ministros Alejandro Tudela Chopitea y Marciano Rengifo. Ello implica que podrá iniciarse una investigación sobre el caso.

¿El motivo de la acusación? El allanamiento del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del penal Castro Castro, en 1992.

Como lo hemos mencionado en múltiples oportunidades, dicha acusación carece de fundamento, toda vez que el allanamiento se debió a que el caso era lo suficientemente claro: habían existido ejecuciones extrajudiciales ordenadas por un gobierno de facto, que constituyen violaciones a los derechos humanos.

¿Cuál es la supuesta base legal de la acusación? Los artículos 38, 44, 45, 51, 118 y 205 de la Constitución. Veamos ahora, articulo por artículo, lo poco serio de esta denuncia.

“Artículo 38°: Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumpliir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”.

Se dice que Toledo vulneró este artículo “al no proteger los intereses nacionales” por permitir que se condene al Estado y se pague a terroristas. Pero, como lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades, la Corte nos sentenció por vulnerar derechos humanos de un grupo de personas, sin importar su condición o no de delincuentes, y existían las evidencias suficientes para señalar dicho hecho. A los familiares de los muertos no se les indemniza por su condición de terroristas, sino por la condición de afectados en sus derechos, como fue en este caso. Además, se olvida que “respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación” implica respetar los pactos internacionales (que son parte del ordenamiento jurídico), las sentencias emitidas por órganos jurisdiccionales internacionales y reconocer la responsabilidad internacional del Estado cuando ésta se haya producido.

“Artículo 44°: Son deberes promordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”.

Si el deber del Estado es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y, en este caso, particular se había comrpobado la vulneración de los mismos, ¿dónde se encuentra el incumplimiento del deber del Estado hecho por Toledo?

“Artículo 45°: El poder del Estado emana de pueblo. Quienes lo ejercen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”.

Nuevamente, si se cumplió con el deber estatal dentro de los límites impuestos por el Estado, entonces, ¿dónde está la infracción?

El artículo 118° señala la larga lista de atribuciones y responsabilidades del Presidente de la República. Pero consignaremos dos de ellas que contradecirían el sentido de la acusación. El inciso 1, que habla de “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, las leyes y demás disposiciones legales” y el inciso 11, “dirigir la política exterior y las relaciones inernacionales; y celebrar y ratificar tratados“.

Finalmente, se ha dicho que no se agotó la vía interna en este caso, pues el artículo 205° de la Constitución exige agotar la jurisdicción interna antes de acudir a una instancia internacional de defensa de derechos fundamentales. Sin embargo, el agotamiento de la vía interna tiene excepciones en la Convención Americana de Derechos Humanos: inexistencia del debido proceso (cuestión que ocurría durante la década fujimorista), impedimiento de agotar la vía interna (que fue una de las vulneraciones consagradas en el caso) y retardo injustificado para resolver el caso (que también se ha producido).

Este texto no procura ser una defensa de Alejandro Toledo. Por el contrario, creemos que el Presidente tiene que responder ante acusaciones mucho más serias que estas, como el caso de las firmas falsas de Perú Posible. También consideramos que el ex mandatario no hizo las reformas institucionales que debieron ser el centro de su presidencia y hoy estamos pagando las consecuencias de ello.

Sin embargo, no podemos ocultar que, a todas luces, se intenta desviar la atención pública con una acusación constitucional sin mayores fundamentos y que no se quiere discutir el tema de fondo: las ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro y la responsabilidad del Estado peruano por las mismas. El gobierno aprista pretende seguir encubriendo a Fujimori para protegerse a si mismo y para ello utiliza maniobras como esta.

Estamos avisados.

A Rafael Rey no se le puede tachar de deshonesto e inconsecuente.

Sin embargo, se le puede señalar claramente como una persona contraria a los derechos humanos.

Rey fue, en su momento, uno de los votantes a favor de la Ley de Amnistía, se ha mostrado en contra de procesar a militares por violaciones a los derechos humanos y, of course, fue uno de los principales detractores y atacantes del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Incluso Rey, en un célebre artículo escrito en septiembre de 2003, llegó a citar al almirante Emilio Massera, uno de los responsables de la desaparición y muerte de miles de personas durante la dictadura militar argentina, quien señaló que no debía ser procesado pues “habían librado una guerra justa” y que “en toda guerra hay muertos”.

Esa postura, lindante con el facismo más ramplón, es la que ha caracterizado durante toda su trayectoria política.

Claro, la diferencia es que, ahora, Rey es parte del gobierno y se ha convertido - como diría incluso Xavier Barrón - en el “escudero” de Alan García. Es decir, ha sido rebajado de socio de Unidad Nacional a un émulo de Gustavo Pacheco en la anterior administración.

Pues otra cosa no puede decirse luego de la última jugada que uno de sus alfiles ha hecho en el Congreso.

Como saben, Unidad Nacional obtuvo 17 congresistas. Uno de ellos, José Luna Gálvez, ha vuelto a ser suspendido en su cargo por un juicio pendiente que tiene por haber recibido dinero de Montesinos para convertirse en un “topo” dentro de la oposición democrática a la dictadura fujimorista.

Su reemplazante es el ex regidor y actual secretario general de Renovación Nacional - el partido de Rey - Wilder Ruiz. Y ya muchos en Unidad Nacional desconfiaban de su lealtad para con la bancada. El día de ayer se comprobó que dicha lealtad simplemente no existe.

Ruiz ha anunciado la presentación de un proyecto de Ley para el retiro parcial del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En realidad, es la reactivación de un proyecto elaborado por su jefe en el año 2003.

Y aunque Rey adelantó hace unos días que sus tres congresistas se allanarían al pedido, parece que Ruiz está solo en esto. En declaraciones de hace unas horas, Michael Urtrecho, congresista perteneciente a Renovación, ha dicho que recién tomarán una posición sobre el tema, pero que él se encuentra en contra de la medida pues podría abrir las puertas a implantar la pena de muerte en el Perú, cuestión con la que se encuentra en desacuerdo. El otro parlamentario de Renovación, Luis Galarreta, no se ha pronunciado sobre el tema.

Rey parece haberse convertido en un operador importante del gobierno. Como lo hemos dicho antes, el creciente ritmo autoritario del gobierno viene atrayendo a quienes colaboraron directa o indirectamente con la dictadura de la década pasada. Este es un ejemplo más de ello.

UPDATE (23/01/2007): Dado que no tendría el respaldo de su bancada para la presentación del proyecto de Ley, Wilder Ruiz acaba de anunciar que retiraría su controvertida propuesta.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Alistan proyecto para retiro del Perú de CIDH.
La República: De Operadores y Escuderos.
Michael Urtrecho: Propuesta de Wilder Ruiz es a título personal.
Utero de Marita: Enroque: entra Rey

A seis meses de gobierno, Alan García no encuentra la hoja de ruta

Ni cambio, ni responsable. Así encontramos a un Presidente cada vez más desaforado, cada día protagonista mayor de un escenario político que pretende convertir en un monólogo antes que en una obra coral y un coro que, a diferencia de los griegos, no le advierte de las posibles desgracias que le podrían pasar.

NO HAY CAMBIO

La enseña de García es no tocar para nada la economía. A los empresarios ni con el pétalo de una rosa, no importa que las condiciones en las que hacen su inversión en el Perú no dejen nada para el país y para su población.

Está bien que exista la estabilidad macroeconómica necesaria para un crecimiento económico saludable y que fue una ficción durante su primer gobierno. Pero, más allá del candado humano que supone Luis Carranza al mando del Ministerio de Economía, ¿qué ideas tiene el gobierno para una política económica que estimule la inversión en condiciones que ayuden a todos los peruanos? ¿Cómo hacer que el crecimiento llegue a todos, para dar igualdad de oportunidades? De ello, naranjas Huando y sin pepa.

Un ejemplo claro de la falta de rumbo gubernamental es lo que ha ocurrido con el TLC y la posición del gobierno y del Presidente de la República. En campaña, García decía que sería un error que el gobierno de Toledo firme un tratado que él se encargaría de revisar artículo por artículo. Claro, cuando llegó a Palacio no revisó nada - cosa que tampoco podía hacer, por cierto - y nombró un representante personal, Hernando de Soto, para que haga el lobby exterior y, al mismo tiempo, se ocupe de los mecanismos internos de compensación y aprovechamiento interno de las ventajas del TLC.

Esta jugada descolocaba a quienes debían encabezar las tratativas, es decir, al embajador en Estados Unidos Felipe Ortiz de Zevallos y a la Ministra de Comercio Exterior, Mercedes Araoz.

Sin embargo, poco a poco se hizo evidente que la capacidad de lobbing del economista de apellido de conquistador, bastante sobrevalorado en el medio, era restringida, a lo que se sumó la derrota republicana en la elección parlamentaria. Ante la evidencia del error, García ha tenido que hacer lo que desde el inicio debió hacer: colocar a quienes ocupaban los cargos que, durante el gobierno de Toledo, permitieron la negociación con los norteamericanos, es decir, el embajador en Washington y la titular del MINCETUR, quien, además fue la jefa del equipo asesor para la negociación del TLC.

Y aunque De Soto ha quedado relegado al “TLC hacia adentro”, no se entiende bien su papel, dado que existe un Plan Nacional de Competitividad - en cuya elaboración intervino de primera mano Mercedes Araoz - que, de aplicarse, debiera ser suficiente junto con medidas específicas y concretas para contrarrestar los perjuicios que causará el tratado en un sector de la población y aprovechar las ventajas que sin duda conlleva.

En resumen, el capricho presidencial supedita las opciones de reforma. Lo mismo pasa con la evaluación a los maestros, con las bravatas al Poder Judicial para que se reforme. Pero de planes concretos - muchos de ellos existentes, incluso desde el gobierno de transición - nadie habla en el gobierno.

NO HAY RESPONSABILIDAD

El debate sobre la pena de muerte y las recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos han permitido confirmar la persistencia de un estilo presidencial dado a buscar el aplauso fácil, la maniobra distractiva y vacía de contenido y la carencia de escrúpulos para soliviantar a nuestra envilecida sociedad despertando las más bajas pasiones y pulsiones que afloran en este tipo de situaciones.

Ese mismo estilo, como bien lo ha señalado Lourdes Flores Nano, no es más que el infantilismo y el capricho llevado a la Presidencia y, que represalia a los empresarios que lo traicionaron, lo llevó a sus pretenciones de estatizar la Banca en 1987. Es decir, lo mismo que hizo de su primer gobierno algo difícil de olvidar y no precisamente por su buena gestión.

El encaprichado Presidente quiere matar gente. No pudo hacerlo por vía parlamentaria, en una derrota política que nadie quiere admitir en Alfonso Ugarte y ahora miente al decir que lo harà por referéndum, cuando la Constitución no permite una consulta popular para disminuir derechos fundamentales.

El Presidente y su cada vez más patética bancada parlamentaria hacen todo lo posible por desprestigiar al sistema interamericano de derechos humanos, confundiendo a la gente con cifras - cosa que saben bien hacer los que ponían la inflación más baja de lo que era - para dar el mensaje que estamos ante un organismo que no entiende al Perú y que pretende hacernos pagar el oro y el moro. No duda en calificar de terrorista a un campesino de 68 años sin ninguna relación con el senderismo y que fuera torturado por no entregar dos carneros a la tropa.

Lo que no dice García, por cálculo político y por inescrupulosidad, es que la pena de muerte es inviable. No dice que si tenemos que reparar a personas por decisiones del sistema interamericano es por errores - y horrores - cometidos por el Estado, atrocidades que nunca se debieron cometer y que no ayudaron en nada para la derrota de los grupos subversivos. Eso es lo que haría un estadista.

Sin embargo, antes que un Pelé que estaba al servicio de su equipo, García es como aquellos amarrabolas en las pichangas, aquellos que solo buscan su provecho personal, meter el gol, hacer la jugada para la tribuna, sin importar que los principios básicos que un Estado democrático tienen se vayan al tacho de la basura y que para “hacer sus goles” tenga que jugar con un equipo descalificado por mandar las reglas del juego al diablo, como lo es el fujimorismo.

Para esto no lo elegimos señor Presidente. No votamos por usted - sabiendo lo que era - para que fuera un vulgar Fujimori o un Humala redivivo. Hoy podrá tener el aplauso popular, que ensordece o hace acallar a los pocos que se ateven a decirle que no tiene rumbo ni ritmo. Hoy baila “La Vida es un Carnaval”, cuando el gobierno se viene asemejando a una farsa de mal gusto. Hoy disfruta su efímero poder, sin embargo, seremos nosotros los que, al dia siguiente que deje el poder, en julio de 2011 tendremos que lamentar que no gobernó para todos los peruanos, sino para su propio megalomaniaco ego.

Aun se está a tiempo de enmendar rumbos y hacer las cosas bien. Han transcurrido sólo 6 meses. Pero también se han perdido 6 meses. El tiempo se le agota, más adelante no podrá emprender los cambios requeridos y allí se quejará de no haberlos hecho antes. Acuérdese de su primer gobierno, no sea tan impulsivo ni protagonista. No se parezca al extraditable. Compórtese como el líder de un partido democrático y no como el capataz abusivo de una chacra de la que solo ve la cosecha inmediata y no su mantenimiento permanente.

Gobierne como estadista y no como Alan García.

MAS SOBRE EL TEMA:
Lourdes Flores Nano: El Perú no está para seguir caprichos de Alan García.
Augusto Alvarez Rodrich: Perdiendo ritmo y rumbo.
César Hildebrandt: Enamorado de la muerte.
Enrique Bernales: Solo Pilatos hizo consulta sobre pena de muerte.
Martín Tanaka: “Fujimori debe estar satisfecho”.
Federico Salazar: El fetichismo no es justicia.
Alberto Adrianzén: Caudillismo y Autoritarismo.
Iván García: Ruta Equivocada.
Miguel Santillana: ¿Le quitaron la sonaja?

Ayer los aprestos autoritarios de los que ha venido haciendo gala el Presidente de la República, así como un grupo de parlamentarios del oficialismo y un sector de la prensa que comparte un desprecio por los derechos humanos y la institucionalidad democrática sufieron dos reveses que son dignos de comentar.

PRIMER ESPALDARAZO PARLAMENTARIO A LA CVR

El primero de ellos es la declaración firmada por 69 congresistas de todas las bancadas en el que se comprometen a actuar conjuntamente para el desarrollo legislativo de propuestas en tres temas vinculados con las recomendaciones propuestas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La propuesta, impulsada por los congresistas Güido Lombardi, Rosario Sasieta, Elizabeth León y Víctor Mayorga, supone un trabajo parlamentario enfocado en tres temas centrales:
a) Derecho a la identidad. Con prioridad de la situación de niños y niñas que permanecen hoy indocumentados, particularmente en zonas rurales de los andes y la amazonía.
b) Desarrollo de programas integrales de atención a la salud mental para las víctimas de la violencia.
c) Reformas y modificaciones pertinentes en la currícula educativa, con la finalidad de incorporar los aspectos sustantivos del Informe Final de la CVR referidos a la verdad y la reconciliación.

Tal ha sido el consenso sobre estos temas que se ha congregado a buena parte de las bancadas de UPP, Partido Nacionalista y Alianza Parlamentaria (en este último caso, a la bancada completa, así como a conspicuos líderes del Partido Aprista como Jorge del Castillo, Mercedes Cabanillas, Luis Alva Castro, Aurelio Pastor y Luis Negreiros. Incluso dos integantes del fujimorismo - Rolando Reátegui y Cecilia Chacón - y la segunda vicepresidenta de la República han firmado esta declaración.

Como era de esperarse, las firmas de personajes como Mauricio Mulder, Lourdes Alcorta, Luis Giampietri, Keiko Fujimori y Luisa María Cuculiza no aparecen ni por asomo en el documento.

Además de los temas importantes a ser tocados a partir de la legislatura que comenzará en marzo, es resaltante que los firmantes señalaran, en el primer párrafo del documento, lo siguiente:

“El reconocimiento al diagnóstico profundo de la realidad formulado por la CVR en su informe final de agosto de 2003, así como a los contenidos sustantivos de las recomendaciones allí contenidas, nos persuaden a promover un amplio debate en este renovado Congreso de la República, con la finalidad de establecer pautas de acción que puedan ser asumidas de manera conjunta por sus miembros, independientemente de la filiación o pertenencia a las diferentes organizaciones políticas que se encuentran hoy representadas en el Parlamento Nacional”.

A LA PENA DE MUERTE LE DIERON VUELTA

La segunda noticia buena venida desde la Plaza Bolivar fue el archivamiento del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para aplicar la pena de muerte para casos de terrorismo.

Es evidente que el Estado tiene que hacer algo para detener a los remanentes de Sendero Luminoso que aún operan, pero ello no se puede hacer apelando a los mismos métodos que este grupo de personas cometían. Los miembros de los grupos subversivos se irrogaron la potestad de decidir quien merecía o no seguir viviendo en nombre de lo que ellos calificaban como “el bien común”, y de lo que desde la mayor parte de la sociedad se calificó como desprecio por la vida humana y que demostró el carácter totalitario y de desprecio por los derechos humanos de estas organizaciones. Los denominados “ajusticiamientos populares”, los asesinatos selectivos y las masacres colectivas cometidas por Sendero Luminoso y el MRTA constituyen una muestra de hasta donde puede llegar el desprecio por la vida humana.

Sin embargo, el Estado no puede actuar con la misma lógica con la que actúan los grupos subversivos en nombre de la pacificación. Existe una deslegitimación factual de las acciones del Estado para enfrentar a la subversión si es que éstas se basan en la vulneración de los derechos humanos. Lo ocurrido durante los años del conflicto armado interno nos mostró que es lo que el Estado no debe hacer en estos casos. Si bien era inevitable y legítimo que los gobiernos democráticos declararan estados de excepción y que se utilizara a las Fuerzas Armadas en el combate contra los grupos subversivos, el Estado no tomó las previsiones necesarias para impedir que los derechos fundamentales de la población fueran atropellados, desatendiéndose las denuncias sobre las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden y, en algunos casos, garantizando la impunidad de los responsables de las mismas. Ello hizo que se produjera numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes estatales que, en algunos lugares y momentos, fueron prácticas generalizadas o sistemáticas de violaciones a los derechos humanos.

La aprobación de la pena de muerte para casos de terrorismo hubiera implicado que el Estado peruano no aprendió la lección de los años de violencia. Las estrategias contrasubversivas que apelaron a la eliminación de población civil resultaron contraproducentes no sólo por razones de principio, sino también por cuestiones prácticas: la represión indiscriminada postergó la ruptura entre Sendero Luminoso y los sectores más pobres del campesinado y no evitó la expansión de las acciones armadas a otras zonas del país.

A ello se suman los argumentos ya dados por diferentes estudios o personas especialistas en la materia: la pena de muerte no es disuasiva, en el caso de terroristas podría convertir en mártires a los ejecutados e implicaría la renuncia al sistema interamericano de derechos humanos. La condena de la Unión Europea a esta iniciativa gubernamental, añadida a la sensibilidad mundial por la ejecución de Saddam Hussein nos hubiera implicado un papelón internacional de dimensiones mayúsculas, sumado a lo que hubiera significado que alguien que se proclame socialdemócrata apele a los sentimientos más primarios de la población y a los sectores más reaccionarios de la política y el periodismo peruanos.

Porque sólo como reaccionario e insensato se podría calificar un comentario sobre la pena de muerte con el que un conocido editorialista se lamenta la desaprobación de la medida. Aquí, va el párrafo final:
“Y estoy a favor de la pena de muerte en un sentido laico, al margen de creencias religiosas u opiniones clericales. La apruebo abiertamente porque me gusta polemizar contra el discurso ‘políticamente correcto’ y castrante a nivel intelectual de la izquierda y de la Iglesia”.
(Aldo Mariátegui, “Sobre la Pena de Muerte”, Correo)

El tema de fondo es que muchos consideran las torturas, los asesinatos y las matanzas como necesidades de la guerra, frente a las cuales no cabe ninguna denuncia o intento de llevar a la justicia a sus perpetradores, pues para esta gente significaría apuñalar por la espalda a quienes combatieron al senderismo. Ese desleznable argumento nos llevaría a que Telmo Hurtado, el asesino de Accomarca, Alvaro Artaza, el marino que fue el terror de Huanta o los miembros del Grupo Colina sean santificados como héroes nacionales y no como lo que son, asesinos de inocentes.

Y SIN EMBARGO

No obstante estas dos victorias, es totalmente preocupante el ritmo crecientemente autoritario con el que el Presidente de la República viene conduciendo su gestión gubernamental.

Veamos los hitos de esta preocupante tendencia presidencial y gubernamental:
- La inclusión como primer vicepresidente de la República de Luis Giampietri Rojas, personaje con un discurso contrario a la defensa de los derechos humanos e involucrado en los sucesos de los penales de 1986, así como en acusaciones de corrupción durante la época de Alberto Fujimori. A ello se suma la presencia como Ministro de la Producción de Rafael Rey, hombre ligado al fujimorismo durante la década pasada, quien votó a favor de la indignante ley de amnistía.
- El desinterés en la lucha contra la corrupción y en la extradición de Alberto Fujimori.
- Ley que modifica las facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, con el fin de controlar los proyectos de las ong’s. Esta norma fue claramente una vendetta del APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo contra as organizaciones no gubernamentales involucradas en temas de institucionalidad democrática, derechos humanos, lucha contra la corrupción y defensa del medio ambiente.
- La reciente confraternidad con el mandatario más autoritario de la región, Hugo Chávez Frías.
- Sus proyectos para imponer la pena de muerte para violadores y terroristas, que ocasionarían la salida del Perú del sistema interamericano de derechos humanos. su único apoyo: quien más, el fujimorismo. Por cierto, ahora derrotado políticamente, García busca un referéndum, imposible de cumplir de acuerdo con la Constitución, que prohibe este tipo de consultas para la disminución de derechos fundamentales.
- El maltrato del que vienen siendo objeto 8 campesinos, acusados sin pruebas de ser los responsables de las condenables muertes de 8 personas a manos de Sendero Luminoso.
- Las leguleyadas con las que se intenta evadir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Penal Castro Castro y el no reconocimiento de que se produjeron ejecuciones extrajudiciales en 1992.
- La exagerada postura de parte de la bancada aprista de acusar constitucionalmente a Alejandro Toledo por los allanamientos del Perú ante el sistema interamericano.
- La mentira del Presidente al señalar que existían 1,208 casos pendientes ante la Corte Interamericana, cuando sólo existía 1 en dicha instancia y 195 ante la Comisión Interamericana, que no necesariamente llegarán todos a la Corte.
- La ofensa a la familia del campesino ayacuchano Bernabé Baldeón, amparado por la Corte Interamericana al haber sufrido torturas seguidas de muerte en 1990 y al que acusó sin pruebas de ser terrorista. A García no le ha quedado otra que disculparse públicamente con la familia.

Todo esto sólo en 6 meses de gobierno.

Mientras tanto, Expreso, La Razón y Correo son los únicos diarios que lo aplauden, la votación de ayer demuestra su soledad y falta en reflejo al aliarse con un grupo autoritario y cuya única agenda es la protección de un delincuente y su crdibilidad comienza - si es que no ha terminado - de irse al tacho de la basura entre los sectores intelectuales y periodisticos del país, muchos de los cuales lo apoyaron frente a la amenaza autoritaria que representaba Ollanta Humala. Hoy, con su actitud, Ollanta Humala se da el lujo de aparecer como defensor de derechos humanos - por su posición contraria a la pena de muerte - y a Alejandro Toledo lo podrían convertir en Premio Nacional de Derechos Humanos, si es que siguen echando la culpa de una responsabilidad sobre un hecho que no le corresponde a él, sino a Alberto Fujimori.

Cuando AGP asumió el poder, dijimos que tenía una oportunidad histórica para hacer un buen gobierno. Hoy es hora de decirle al Presidente que debe enmendar rumbos, pues el camino que viene escogiendo lo aleja cada vez más del estadista que dice ser y lo acerca más a un carnavalesco y patético autócrata, de aquellos que han pululado tanto en América Latina. Para eso no lo elegimos, Dr. García. No queremos un gobierno cuyo aroma sea el del colector de La Chira.

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: García y Fujimori.
Alan García: Referéndum para la pena de muerte.
Jorge del Castillo: Ejecutivo descarta otros mecanismos para aplicar pena de muerte a terroristas.
Aurelio Pastor: A Alejandro Toledo no se le podría acusar por allanamiento ante la CIDH.
Raúl Castro: Pena de muerte contra violadores también sería archivada.
Perú.21: 69 congresistas apoyan recomendaciones de la CVR.
Javier Valle Riestra: Pena de muerte no es disuasiva.
Declaración de Congresistas para impulsar y tomar medidas que contribuyan a la debida atención de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La República: Carta de familiares de Bernabé Baldeón García al Presidente de la República.
Editorial de Caretas: Fusilándose el pie.
IDEHPUCP: Comentarios al Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo sobre pena de muerte para terroristas.
Carlos Raffo: Congreso “se chupó” al no aprobar pena de muerte para terroristas.

El Presidente de la República tiene, para decirlo elegantemente, un serio problema con la verdad.

Problema que no es reciente. Recordemos su primer gobierno, cuando dijo que no convertiría nuestros ahorros de dólares a intis, o cuando señaló “o se van ellos o me voy yo” una vez ocurridos los sucesos de los penales en 1986. Claro, nuestros ahorros se hicieron humo y la matanza de los penales quedó en la más profunda de las impunidades.

El martes, Alan volvió a las andadas y ha seguido emulando a aquel personaje de los cuentos infantiles de nariz grande y de tendencia a la mentira. Según CPN Radio:

“El presidente Alan García, advirtió que el Estado podría pagar miles de millones de dólares y se perjudicaría la economía de los peruanos, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “le da la razón” a los denunciantes del Estado.

El jefe de Estado informó asimismo de la expedición de una reciente sentencia de la Corte de San José, en la que se señala que el Perú debe abonar una nueva indemnización, por 200 mil dólares“.

Emulando a Goebbels, García hace gala del lema “miente, miente, que algo queda”. Pero como para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, desde aquí, comiendo nuestro respectivo cevichito, le respondemos a quien funge de Presidente de la República, con datos de la realidad, no de los que le dan sus despistados asesores.

AGP no ha precisado de donde saca la cifra de 1,208 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cifra inverosímil, como pasaremos a explicar.

La única explicación lógica que cabe hacer para intentar descifrar a Alan es que se hayan contablizado todas las peticiones y casos llegados al sistema interamericano de derechos humanos, que comprende tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana.

Para quienes son legos en la materia, cabe hacer las siguientes precisiones:
1. El procedimiento ante el sistema interamericano se inicia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2. No toda petición es admitida. Por el contrario, muchas se descartan tomando en consideración lo siguiente: agotamiento de recursos internos, que el caso no se este viendo en otro organismo internacional, no se exponga hechos que caractericen una violación de los derechos humanos o sea manifiestamente infundada o improcedente. Asi que calculen cuantas de ellas son admitidas. Además, se puede dar el caso de abandono durante el procedimiento.
3. La Comisión evalua el caso - evaluacion que en muchos casos es bastante prolongada - y emite un informe. Muchas veces, con dicho informe concluye el caso, pues el Estado adopta las recomendaciones dadas por la Comisión. Un ejemplo de ello: el propio caso de Alan García, referido a la violación del debido proceso en los juicios que se le seguian. El Estado adoptó las recomendaciones de la Comisión, lo que permitió que juicios indebidamente abiertos sean cerrados y el ex Presidente - ahora de nuevo en el cargo - pueda retornar al Perú. Caso cerrado y no llegó a la Corte. El procedimiento puede concluir también por una solución amistosa entre el Estado y las víctimas.
4. El caso puede ser llevado ante la Corte si la Comision considera, porque el Estado no adoptó las recomendaciones o porque el caso es emblemático, que debe ser evaluado por un órgano jurisdiccional. Antes de 2001, para llevar un caso ante la Corte, se requería una mayoría de votos en la Comisión. Hoy, luego de una reforma del Reglamento de la Comisión, la mayoría calificada se requiere para evitar que el caso llegue a conocimiento de la Corte.

Con estos elementos, pueden ir haciendo sus cuentas y no se llega ni por asomo a la cifra dada por el Presidente de la República.

Más aún, el Perú solo ha tenido 22 sentencias de fondo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ellas debe sumarse la del caso Cayara, donde se admitió una excepción preliminar del Estado peruano porque la Comisión no presentó el caso a tiempo ante la Corte. Según los cálculos más veraces, entre 100 y 200 casos se encuentran pendientes de resolución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El único caso peruano del que se tiene real conocimiento que se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el de los asesinatos del dirigente sindical Saul Cantoral y de la activista Consuelo García, en febrero de 1989. Como lo hemos comentado antes, en este caso se encuentran involucrados miembros del Partido Aprista que formaron parte de un comando paramilitar. De darse un fallo favorable a las víctimas, la Corte muy probablemente señalaría que debe acelerarse la investigación judicial sobre este caso, lo que sin duda aumentaría el consumo de valeriana en Alfonso Ugarte y en la casa de Agustín Mantilla.

El tema de la cédula viva, tan mentado por el diario Correo para encender las alarmas autoritarias del empresariado nacional contra la Corte, no se encuentra allí. Es más, quizás aun no haya sido admitido por la Comisión Interamericana.

Finalmente, cabe precisar que la última sentencia que ha sido notificada al Perú por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la del caso Penal Miguel Castro Castro, razón por la cual es falsa la afirmación vertida por el Presidente de la República sobre otra sentencia recientemente notificada que ordene el pago a alguna indeminización que no conozcamos.

¿Qué puede decir a esto Dr. García? ¿Podrá seguir mintiendo como lo hace?

POST SCRIPTUM: La mentira del Presidente de la República había ido más lejos aún de lo que se pensaba. El caso al que AGP hizo alusión fue el de la detención ilegal, tortura y asesinato de Bernabé Baldeón García, a quien ayer el Presidente presentó como terrorista.

Sin embargo, Bernabé Baldeón no era terrorista. Era un humilde campesino ayacuchano de 68 años, detenido por una patrulla militar, el 25 de septiembre de 1990 y sometido a torturas que provocaron su muerte. Estos malos oficiales actuaron en represalia contra Baldeón, de acuerdo a lo investigado tanto por la Corte Interamericana y la Comisión de la Verdad y Reconciliación, porque se habría negado a entregar carneros y aves a esta patrulla. El Instituto de Medicina Legal ha confirmado que Baldeón falleció a causa de las torturas.

Y el fallo no ha sido notificado “recientemente ” al Estado. Fue emitido en abril de 2006 y fue hecho público y notificado en mayo de 2006. Como mencionamos anteriormente, luego de las sentencias de los casos La Cantuta y Penal Castro Castro, no ha resuelto otro caso sobre el Perú.

Finalmente, hablando de homenajes y actos simbólicos que no deben realizarse, cabría recordar lo que mencionó alguien en un Congreso de la Juventud Aprista, celebrado en Ayacucho en 1988. Veamos a continuación estas lamentables declaraciones:

“Sendero Luminoso tiene militantes activos, entregados, sacrificados (…) el senderista tiene lo que nosotros no tenemos: mística y entrega. Es gente que merece mi respeto y personal admiración porque son, quiérase o no, militantes”

¿Recuerda quien dijo esto, Dr. García?

POST SCRIPTUM 2: Ahora el papelón es de carácter internacional. Vía Perú.21:

“El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Diego García Sayán afirmó este miércoles que carece de sustento la cifra manejada por el presidente Alan García, quien aseguró que existen más de 1,200 casos denunciados por los cuales este tribunal podría sancionar al Perú.

De esta manera, el magistrado del tribunal regional aclaró al jefe de Estado, quien en la víspera afirmó que hay 1.208 procedimientos “en camino” por los cuales el Estado peruano puede ser sentenciado a pagar miles de millones de dólares en indemnizaciones. García Sayán añadió que no necesariamente todos estos casos serán declarados fundados“.

Esta información la proporciona el peruano que tiene mayor conocimiento del tema, por ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que el dato es el correcto y confirma lo vertido en esta columna. Con ello, queda aún más claro que el Presidente de la República mintió sobre este tema.

La serie de mentiras, falsedades e inexactitudes vertidas por miembros del gobierno, del fujimorismo y de periodistas cuyo único oficio es la distorsión de la opinión pública, referida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden volver a provocarnos un papelón internacional.

Se ha dicho que Diego García Sayán ha sido partícipe de la sentencia en el Caso Castro Castro y que las organizaciones de derechos humanos defendieron esta causa.

Sin embargo, no se menciona lo que realmente dice la sentencia. Quienes impulsaron el caso fueron tanto el llamado Comité de Familiares de Presos Políticos y Prisioneros de Guerra, que no es otra cosa que el conjunto de familiares de miembros de Sendero Luminoso, como la abogada Mónica Feria, letrada que estuvo presa - en una época en que no existían hábeas corpus para casos de terrorismo - y vivió lo ocurrido en 1992. No mencionan tampoco las disputas entre el Comité y la abogada, por ver quien representaba a las presuntas víctimas. Y menos aún mencionan que Diego García – Sayán fue cuestionado por la abogada Feria, debido a que fue anteriormente Ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores, por lo que era acusado de ser “juez y parte” en el proceso. Como lo ha señalado la abogada Feria en comentario escrito a este blog, el Comité de Familiares no intervino en este cuestionamiento.

Si bien la Corte consideró que esta atingencia era impertinente y que no existían motivos para la inhibición, García – Sayán decidió inhibirse de conocer el caso, debido a la “imprevisible conducta de la abogada” que podía afectar el desarrollo de la audiencia pública sobre este caso. La Corte aceptó la excusa.

Se ha dicho que se va a acusar al Presidente Alejandro Toledo y al ex Ministro de Justicia por el allanamiento en este caso y que se va a investigar los demás allanamientos producidos por el Estado peruano, tanto durante el gobierno de transición como durante el régimen pasado por ser una política lesiva al país.

Vamos a poner las cosas en claro. El Estado, durante el gobierno de Toledo, se allanó en este caso porque no había nada que discutir: hubo ejecuciones extrajudiciales de rendidos, demostradas tanto por el Poder Judicial, la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Incluso existe una sentencia en el Poder Judicial peruano donde se señala que no hubo motín - aunque si enfrentamientos - en mayo de 1992 en el Penal Castro Castro. ¿Podía discutirse algo? Creemos que no. Consecuencia jurídica lógica: ante una violación de derechos humanos, el Estado debe reparar a las víctimas, por más criminales que estas sean. ¿Por asumir responsabilidades que le competían en materia de derechos humanos, que es algo que se jura al momento de asumir el cargo ante la Constitución, se va a acusar a un ex Presidente de la República? Ni Kafka habría inventado un relato tan esperpéntico.

Si el Estado peruano reconoce su responsabilidad en un caso de derechos humanos, es porque la evidencia es tan abundante que no había lugar a dudas sobre la vulneración. ¿Qué casos han sido estos?
- Matanza de Barrios Altos, producida en noviembre de 1991, cuando miembros del Grupo Colina ingresaron a una pollada y acabaron con la vida de 16 personas, entre ellas un niño de 8 años.
- Caso Pedro Hiilca Tecse, dirigente sindical que fuera asesinado en 1992.
- Caso Garcìa Asto y Ramírez, sobre dos inocentes condenados por terrorismo sin pruebas para ello.
- Caso Baldeón García, sobre la detención arbitraria, tortura y muerte de un campesino.
- Caso La Cantuta, por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 9 estudiantes y 1 profesor de la Universidad Nacional de Educación.
- Caso Castro Castro, conocido por todos.

Se ha dicho que la Corte no se ha ocupado del policìa muerto en el “Operativo Mudanza 1″ y que el Estado no se ha preocupado del caso.

Sin embargo, un párrafo concreto de la sentencia señala que:

“197.40. Durante los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992 resultó muerto un policía, como consecuencia de haber recibido el impacto de proyectiles de arma de fuego en la cabeza y el tórax; y resultaron heridos aproximadamente 9 efectivos policiales (76)

(76) Cfr. sentencia emitida por la Sala Nacional de Terrorismo de la Corte Suprema de Justicia del Perú el 3 de febrero de 2004 (expediente de anexos a la demanda, anexo 274, folios 3229 y 3230); atestado policial No. 121-04 emitido por la Policía Nacional del Perú, Dirección de Investigación Criminal el 26 de mayo de 2004 (expediente de anexos al escrito de contestación de la demanda, folio 5095); y certificado de necropsia de José Hidrogo Olano (expediente de anexos a la demanda, anexo 278, folio 3292)“.

Mientras que el diario La República informó hace unos días que:

“La ministra del Interior, Pilar Mazzetti, afirmó que el suboficial José Hidrogo Olano, asesinado por los terroristas en la debelación en el penal Miguel Castro Castro, ha recibido los beneficios e indemnización que le correspondían por ley.

Añadió que se está cambiando la normatividad, por la que se reinterpretará los pagos según la nueva Unidad Impositiva Tributaria”.

Se ha dicho alegremente que no se va a acatar la sentencia del Caso Castro Castro y se ha llegado a decir que se debe evaluar el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre lo primero, nos hallamos ante una suerte de rabieta de chiquillos malcriados. Y peor aún, cometida por funcionarios públicos que deben acatar los fallos judiciales, nos gusten o no, muchos de ellos abogados que conocen que las sentencias se cumplen, aunque el resultado nos sea desfavorable. En el “Año del Deber Ciudadano”, conspicuos miembros del gobierno e incluso el Presidente de la Corte Superior de Lima - el rey de los amparos para los casinos - hacen gala de su poco aprecio por la Ley, la Constitución y los tratados internacionales.

Sobre lo segundo, se está volviendo a repetir el mismo cuadro que en 1999, cuando la dictadura fujimorista quiso hacer un retiro parcial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El pretexto: se tenía una sentencia donde se ordenaba nuevos juicios a terroristas que habían sido procesados por normas violatorias del debido proceso dictadas por la autocracia. La razón de fondo: evadir las sentencias de la Corte en los casos Ivcher - ante el retiro de nacionalidad y despojo de Frecuencia Latina - y Tribunal Constitucional - frente al atropello que supuso expulsar a magistrados por dar un fallo contrario a las aspiraciones reeleccionistas del extraditable.

2007. El pretexto: una sentencia donde se señala que el Estado vulneró derechos humanos por las ejecuciones extrajudiciales ordenadas por el gobierno de aquel entonces. La razón de fondo: evadir la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Saúl Cantoral, asesinato de un lider sindical a manos de un comando cuyos miembros están vinculados al actual partido de gobierno. ¿La historia no les suena parecida?

¿Y que dijeron en 1999 algunos conspicuos lìderes del APRA?
- Jorge del Castillo: “Durante 50 años los peruanos fuimos educados en que los tratados tenían que respetarse y hoy día, bajo aplausos que sabe Dios cuánto costarán, vienen acá a decirnos que puede denunciarse parcialmente un tratado. (.) El Estado peruano, no el gobierno de Fujimori, se comprometió solemnemente en esta Convención. (.) Por supuesto que el Perú se puede retirar. ¿Quién dice que no? Pero se puede retirar dentro de las mismas reglas de la Convención: con el preaviso de un año y no de manera parcial. ¿Qué tinterillo les ha metido esa idea en la cabeza? (.) Se va a hacer el gran ridículo internacional de pretender incumplir sentencias, y la jurisdicción supranacional va a seguir emitiendo fallos pese a la actitud contumaz de la mayoría parlamentaria”.
- Edgar Nuñez: “Esto que el Parlamento nacional hoy día va a aprobar con el voto de la mayoría es una aberración, es un retroceso. (.) Sin esa protección, cualquier detención arbitraria, cualquier despojo de propiedad, cualquier violación de correspondencia, cualquier impedimento ilegítimo de circular libremente en el país o de ejercer derecho a la libre expresión deja de tener mecanismos de defensa efectivos, y las personas quedarán sin poder ejercer sus derechos. (.) Este gobierno se está amparando en cuatro emerretistas para ocultar lo que viene como evidencia: vienen fallos que tienen más trascendencia política y que le van a hacer enorme daño a este gobierno”.
- César Zumaeta: “Lo que aquí nos divide es lo siguiente: que por aprobar el retiro, con efecto inmediato (.), del reconocimiento de la Corte (.); que por querer parar el fallo por casos de terrorismo, estamos afectando los otros derechos de los peruanos. (.) Con respecto a este tema no se trata de quién recoge más aplausos, ni de quién gana un torneo oratorio, para después estar registrado en la historia (.). Creemos en el mercado, en la globalización financiera, ¿y no creemos que hay que extender la globalización de los derechos humanos?”.

Papelón final: no han faltado quienes se han sumado a una campaña de demolición - literal - contra el monumento “El Ojo que Llora”, construido por la artista Lika Mutal y el arquitecto Luis Longhi en Jesús María para conmemorar a las víctimas del conflicto armado interno. Damos la palabra a los artistas, para que se refieran a este tema, mediante declaraciones recogidas por el diario El Comercio:
- Elida Román, crítica de arte: “Otra vez el juicio apresurado (atropellado), la intolerancia y su prima hermana, el abuso, de la mano de la siempre culpable ignorancia, están centrando su acción sobre el objeto simbólico que en realidad no hace más que cumplir su función de inquietar y de obligar a pensar y repensar sobre temas tan delicados y dolorosos como la búsqueda de la verdad sobre una responsabilidad que se prefiere ignorar. Es el desvío hacia los pretextos que posibilitan la huida y ayudan a crear nuevos fantasmas“.
- Natalia Iguiñiz: “Me parece perverso confundir a las personas diciendo que este monumento construido a la memoria de las víctimas sea un monumento a terroristas. Es seguir generando confusión sobre lo que ha pasado. Se está intentando hacer tabla rasa sobre todo lo que se ha alcanzado en cuanto a esclarecer la complicidad en el conflicto que hemos vivido“.
- Ricardo Wiese: “Siento que las fuerzas reaccionarias de siempre se están reagrupando peligrosamente y echan por tierra todo lo que se había avanzado supuestamente en cuanto a conciencia de nuestro pasado inmediato. Siento que es una agresión al pensamiento libre en el Perú. Me solidarizo con Lika Mutal. Me produce mucha preocupación este chantaje”.
- Moiko Yaker: “Estoy absolutamente en desacuerdo con lo que dice Jorge del Castillo sobre que esta escultura celebra al terrorismo. Es una estupidez. Una obra de arte está por encima de eso. En estos momentos no podemos ponernos a decir quiénes fueron los malos y quiénes los buenos. Fue gente que murió en medio de ambos lados”.

Sin embargo, seguimos sin discutir los temas de fondo:
1. Existieron ejecuciones extrajudiciales de rendidos en mayo de 1992 en el Penal Miguel Castro Castro. Y sin importar que se tratara de terroristas, la vida humana debía ser respetada. Una política contrasubversiva no se basa en muertes, asesinatos por la espalda, desapariciones o torturas. Ello quita legitimidad al Estado y, además, cuando se produce contra los civiles, demora el proceso de colaboración de ellos con las fuerzas de seguridad.
2. En relación con el proceso seguido contra Alberto Fujimori por este caso, la Corte indica que “tiene en cuenta la importancia que conlleva la apertura de un proceso penal en contra del ex Presidente peruano (…), a quien se atribuye haber planificado y ejecutado el “Operativo Mudanza 1“, a lo que añade la Corte que “tomando en consideración la gravedad de los hechos del presente caso, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1. de la Convención Americana, el Estado debe adoptar todas las medias necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas“.

Decía Salomón Lerner Febres al entregar el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “En el momento en que la CVR fue instituida, el Perú asistía, una vez más, a un intento entusiasta de recuperar la democracia perdida. Y sin embargo, para que ese entusiasmo tenga fundamento y horizonte, creemos indispensable recordar que la democracia no se había perdido por sí sola. La democracia fue abandonada poco a poco por quienes no supimos defenderla. Una democracia que no se ejerce con cotidiana terquedad pierde la lealtad de sus ciuadanos y cae sin lágrimas. En el vacío moral del que medran las dictaduras las buena razones se pierden y los conceptos se invierten, privando al ciudadano de toda orientación ética: la emergencia excepcional se vuelve normalidad permanente; el abuso masivo se convierte en exceso; la inocencia acarrea la cárcel; la muerte, finalmente, se confunde con la paz“.

Tal parece que miembros del gobierno que combatieron a Fujimori, así como algunos otros que aplaudieron sus tropelías hasta el final (y algunos, hasta el día de hoy) están haciendo todo lo posible para que volvamos hacer un país que tenga verguenza de mirarse al espejo por no respetar los derechos de sus ciudadanos, una nación envilecida por el fundamentalismo fanático senderista y por una clase política decadente, una sociedad que sigue mirando los derechos humanos como algo ajeno, sin darse cuenta que es el sustento para vivir dignamente, en paz y en democracia.

¿Será por esto que nos quieren sacar de la Corte Interamericana?

Como consecuencia de la polémica sentencia de la Corte Interamericanada de Derechos Humanos, algunos - como Aldo Mariátegui - han alzado su voz para convocar un referéndum que defina nuestra permanencia en dicho organismo supranacional y otros - como Rafael Rey - han dicho que deberíamos irnos y nunca más volver.

Ambos ignoran, o pretenden ignorar que la Corte ha servido para reparar abusos de diversa índole contra varios grupos de personas y sobre distintos tipos de derchos. De no ser por ella, los trabjadores de la Municipalidad de Lima no habrían sido repuestos, las leyes de amnistía no habrían sido anuladas, Baruch Ivcher no hubiera recuperado su canal y los miembros del Tribunal Constitucional injustamente defenestrados no hubieran recuperado su puesto.

Pero, tal parece que hay una razón de fondo para que en Palacio de Gobierno hayan hecho tanta alaharaca con la sentencia de marras.

El único caso pendiente que Perú tiene ante la Corte es el del asesinato del dirigente sindical Saúl Cantoral y de la activista Consuelo García Santa Cruz, quienes fueran victimados el 13 de febrero de 1989.

Cantoral, al momento de su muerte, se desempeñaba como secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Durante el año 1988 se realizó una prolongada huelga minera, en la que tuvo especial participación. A raíz de este hecho comenzó a recibir amenazas y luego, el 9 de agosto de 1988, fue secuestrado por 8 horas. En febrero de 1989 fue nuevamente amenazado.

¿Por qué el caso interesa al gobierno con particular preocupación? Porque los presuntos autores de las amenazas, secuestro y posterior asesinato de Saúl Cantoral serían miembros del autodenominado “Comando Rodrigo Franco”.

Para quienes se encontraban en edad de pediatría o viven en el exterior, dicho comando perpetró una serie de atentados contra personas incómodas al gobierno de Alan García e intervino en la lucha contrasubversiva en base a asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

Sus miembros son personas pertenecientes al Partido Aprista Peruano. Los dos más conocidos son el ex Ministro del Interior Agustín Mantilla Campos - ex hombre de confianza de Alan García - y Miguel Ríos Saenz (a) Chito, ex miembro de la seguridad del entonces y ahora Presidente de la República (y quien actualmente sigue cumpliendo funciones en el comité del PAP en Cajamarca). A ellos se suma como miembro conocido Jorge Mauro Huamán Alacute, miembro de la Policía en ese entonces.

Si bien la prensa de la época especuló sobre su vinculación directa con el APRA o con Alan García, tanto la CVR como el libro de Ricardo Uceda “Muerte en el Pentagonito”, que han realizado las investigaciones más serias sobre el caso, no han encontrado evidencia razonable que permita afirmar que el Comando fue una organización vinculada o dependiente del Partido Aprista.

El caso del Comando, que lleva el nombre de un mártir aprista, ha estado teñido siempre por una aureola de misterio. Se sabe que miembros del Ejército y la Policía utilizaron muchas veces este membrete para realizar desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. A ello se sumó la vocación del gobierno aprista por ocultar estos hechos. Durante aquella época, ni el Ministerio del Interior, el Poder Judicial o el Ministerio Público hicieron investigación alguna que permitiera aclarar estos hechos.

La única excepción a este caso fue una Comisión del Congreso conformada para hacer una investigación sobre este tema. A dicha investigación se le puso varias trabas para su trabajo. Dos de los miembros de dicha comisión, Manuel Piqueras y Gustavo Espinoza, fueron amenazados varias veces. Incluso a Piqueras le llegaron a secuestrar a su hija durante algunas horas. El informe en minoría presentado por ellos afirmó la existencia de evidencia suficiente sobre la existencia del Comando, mientras que el dictamen digitado por la mayoría aprista lo negó.

Justamente Espinoza y Piqueras acudirán a la Corte como testigos este 23 de enero, fecha en la que se celebrará la audiencia pública sobre este caso que, sin duda, abrirá la puerta para que en el Poder Judicial peruano se esclarezca, de una vez por todas, quienes fueron los miembros de esta tenebrosa organización y cuales eran sus reales vínculos con quien ejerce en este momento la primera magistratura de la República.

¿Se entiende ahora el temor?

MAS SOBRE EL TEMA:
Corte Interamericana de Derechos Humanos: Convocatoria a audiencia pública en caso Saúl Cantoral Huamaní.
Comisión de la Verdad y Reconciliación: Asesinatos del Comando Paramilitar autodenominado Rodrigo Franco.
Utero de Marita: Mythbusters: el Comando Rodrigo Franco.
Agencia Perú: Cómo se investigó al Comando Rodrigo Franco. Testimonio de ex agente del Comando Rodrigo Franco inculpa a Mantilla.

Una de las secuelas más percibibles, pero menos reconocida, de los años de violencia que vivimos entre 1980 y 2000, es el envilecimiento social y el creciente desprecio por la vida humana existente en nuestro país.

El debate reciente sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Penal Castro Castro nos da una muestra clara de hasta que punto no hemos sabido procesar lo que nos ocurrió como sociedad.

El desprecio por la vida humana que tenía Sendero Luminoso fue contagiado a toda la sociedad.

Los senderistas, comenzando por Abimael Guzmán, veían al resto de la población como “masa” que debía ser dirigida por una “dictadura del proletariado” que nos llevara al supuesto desarrollo comunista. Y para llegar a ese objetivo a Guzmàn y sus huestes no les importaba matar campesinos, gente inocente, civiles a los que decían proteger. Sendero aniquiló no sólo a miles de personas, sino que también fue el causante que se truncara un proyecto de desarrollo en democracia: millones de dólares en pérdidas, una generación de autoridades políticas perdida y una sociedad que, desesperada, buscó una salida autoritaria. Fue una organización tan perniciosa que incluso llegó a hacer firmar a sus miembros cartas de sujección y la famosa “cuota de sangre”, convirtiéndose en objetos antes que en sujetos.

Pero el Estado que debía enfrentarse a esa barbarie también recurrió a métodos vedados y, peor aún, con el apoyo de buena parte de la sociedad. Muchos pensaron, no sólo en las Fuerzas Armadas o Policiales, que era mejor un terrorista muerto antes que uno que fuese juzgado. Que, incluso en casos de mera sospecha, era mejor disparar antes que cerciorarse de la inocencia. La tortura se legitimó como medio para “sacar pruebas” y los juicios con las garantías del debido proceso eran muestra de “debilidad” o “tontería”. Era una guerra, carajo, que derechos humanos ni que ocho cuartos, nos dicen hasta ahora muchos que piensan que a la barbarie sólo se puede enfrentar con la barbarie.

Es lógico, comprensible y éticamente correcto rechazar las acciones de Sendero Luminoso. Su estela de terror y su proyecto fundamentalista es incompatible con la democracia y debe ser rechazado, más aun cuando sus principales líderes no han dado muestras de arrepentimiento de los crímenes cometidos.

Sin embargo, parece que la sociedad se ha ido hacia el otro lado, igualmente pernicioso para el establecimiento de una sociedad que pueda procesar sus conflictos en paz y de la mejor manera. Muchos siguen apostando por la salida autoritaria, por los costos a pagar como si la vida tuviera un precio, por dejar de considerar como seres humanos a personas que, aunque criminales, siguen manteniendo sus derechos intactos, por más daño que nos hayan causado.

El debate político de esta semana ha sido de veras lamentable. Ver a magistrados, abogados y representantes del gobierno intentando ver formas de sacarle la vuelta a una sentencia que el Estado está obligado a cumplir ha sido penoso, tanto como ver a editorialistas y algunos parlamentarios haciendo campaña para dejar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como si esta fuera responsable de las barbaridades que como Estado hicimos y como sociedad consentimos sin ningún empacho. Una clase política que, en el momento más propicio para hacer reformas, desperdicia la oportunidad de emprenderlas y prefiere seguir envileciendo y engañando a la sociedad, con propuestas como la de la pena de muerte o negociaciones con el fujimorismo, aquel grupo que representa lo peor de la política en nuestro país: la corrupción, el asesinato, el autoritarismo y la deformación de la economía de mercado.

La sentencia que ha merecido debate esta semana ciertamente tiene algunos defectos que hemos anotado. El acto de reconocimiento público solicitado parece excesivo y ciertamente hubiera sido mejor una reflexión de la Corte sobre lo que representó Sendero para la sociedad peruana y sus violaciones a los derechos humanos, pero ello no deja de poner en consideración lo importante: hubieron aquí asesinatos de seres humanos, criminales ciertamente muchos de ellos, pero cuyo carácter de víctimas en este caso es indiscutible. Dejar de reconocer es avalar la polìtica de la ley del Talión como base de la sociedad, en lugar de hacer lo que todo Estado debe hacer: procesar y sancionar con las armas de la ley a los criminales que ponen en peligro la sociedad. La conducta de una persona no justifica una atrocidad como la cometida. Sendero no lo entendió así. Parece que nuestra clase política tampoco.

Como sociedad aun tenemos mucho por avanzar. Si bien podemos seguir creciendo económicamente, también lo tenemos que hacer como seres humanos. De no hacerlo seguiremos siendo la misma sociedad que tiene un transito vehicular endemoniado, el país de los buses camión, el de las coimas a la Policía, el que sigue sintiendo desprecio por la vida humana.

Tal como se esperaba, ha causado revuelo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las ejecuciones extrajudiciales practicadas en mayo de 1992 en el Penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Sin embargo, la discusión mediática se ha centrado en el tema de las reparaciones más que en lo que dice la sentencia sobre los temas de fondo.

A nuestro modo de ver, la discusión debiera centrarse en otros aspectos de la sentencia, que son los medulares y sobre los cuales el Estado y la sociedad peruanas deberá reflexionar de manera seria y calmada, lejos de las bravatas que vienen esgrimiendo los diarios Expreso, La Razón y Correo, como de las actitudes reprobables de los abogados senderistas, que pretenden convertir este fallo en una victoria, cuando no lo es.

Un primer aspecto a tener en cuenta es que la vida humana debe respetarse, sea cual fuere la persona de la que se trate. Nadie tiene derecho a decidir cuando cesa la vida de una persona, menos aún por la fuerza. Eso nunca lo entendió Sendero Luminoso, agrupación que utilizó la violencia y el terror para tomar el poder y cuyos miembros no dudaron en asesinar a sus propios compatriotas. De ello no hay duda y por eso se exige la mayor sanción posible, dentro de la ley y los compromisos internacionales asumidos por el Perú, para quienes iniciaron un conflicto que le costó al país cerca de 70 mil víctimas.

Pero el Estado no se puede colocar al mismo nivel que aquellos a los que busca combatir. La forma de derrotar a la subversión es con las de la legalidad y la Constitución. No se logra cometiendo violaciones a los derechos humanos ni menos aún ejecutando personas, por más delincuentes que estas hayan sido. Esa es la lección que hasta ahora la clase política peruana, buena parte del empresariado y de la sociedad no aprende: la famosa mano dura que tanto se reclama, los costos a pagar de los que hablaba Raúl Romero en aquella infeliz declaración en Caretas siempre terminan siendo mayores que los objetivos que se buscan conseguir. Como decía Henry Pease en mi clase de Realidad Social Peruana, siempre el medio condiciona la resultante. Este caso en particular ha sido la clara demostración de ello.

Un segundo aspecto es que el Estado peruano reconoció los hechos materia de la sentencia de la Corte Interamericana. Es decir, se reconoció que había existido un operativo de traslado de detenidos por terrorismo que culminó en una masacre, que no existió de por medio un motín y que se utilizó desproporcionadamente la fuerza, además de rechazar todo tipo de mediación en los acontecimientos. Eso, en términos jurídicos, implica una asunción de la responsabilidad internacional de estos hechos y, por tanto, la consecuencia lógica es que haya un deber de reparar a las víctimas de estos sucesos.

En Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la calidad de víctima no depende de quien sea el autor o que se haya identificado al autor del hecho violatorio y es independiente de toda relación que pueda haber existido entre la víctima y ese autor o perpetrador. Tampoco dicha calidad depende de la conducta previa de la persona perjudicada, pues, sobre la base de los principios de igualdad ante la ley y no discriminación, no se toma en cuenta la legalidad o moralidad de sus acciones personales, teniendo como único límite aquellos casos en los que miembros de organizaciones subversivas fueron heridos, muertos o lesionados en enfrentamientos armados, pues tomaron las armas contra un régimen democrático y como tales se enfrentaron a la represión legal y legítima que las normas confieren al Estado.

Es en este marco que debe examinarse el tema de las reparaciones, tan manoseado y comentado en estos días. Y sobre esta base podemos concluir que las indemnizaciones otorgadas son correctas y que cualquier aclaración a la Corte Interamericana no surtirá efecto alguno con relación a este aspecto. Con relación a la propuesta del embajador peruano ante la OEA, Antero Flores - Araoz, para embargar las indemnizaciones, esta opción sólo procedería para los senderistas heridos que han sido sentenciados, como es el caso de Osmán Morote y otros, pero no operaría para el pago de los familiares. Una opción es que el Estado difiera el pago hasta que procese y condene al autor intelectual de estos hechos, es decir, a Alberto Fujimori, quien sí tiene la posibilidad material - de sobra, con lo que se robó - de pagar dichas indemnizaciones.

Punto aparte sí lo constituyen las reparaciones simbólicas solicitadas. Y allí sí consideramos que la Corte Interamericana pudo haber tenido un error de apreciación, dada la hipersensibilidad que existe en el Perú con el tema del terrorismo, por lo que pedir una ceremonia de reconocimiento del Estado en el monumento El Ojo que Llora, que conmemora a las víctimas del conflicto armado interno, es sumamente chocante para quienes vivimos el terror de aquellos años. Allí creemos que si cabe una petición de aclaración del Estado peruano a la Corte sobre este punto de la sentencia, que, como sabemos, es inapelable.

Un tercer aspecto a tomar en consideración es tener en consideración cual es la situación de las cárceles en el Perú. La vida y obra del sacerdote Hubert Lanssiers, tan recordada en estos días de balance de finales de año, nos hace tener en consideración que sí es posible la tan ansiada rehabilitación del detenido, incluso de aquellos que en algún momento fueron parte de organizaciones subversivas. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, nos recuerda que miles de compatriotas moran en las prisiones peruanas en condiciones infrahumanas, donde es muy difícil la rehabilitación, muchos de ellos sin sentencia judicial firme.

La opinión pública peruana, en general, no muestra interés por la suerte de los internos en las cárceles. La idea más extendida sobre la pena es su equivalencia con el castigo, equivalencia que se exacerba cuando se trata de delitos muy graves y que raya con la venganza, por lo que existe un sector de peruanos proclive a aceptar restricciones a las condiciones carcelarias que vayan más allá de lo permitido por la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Pese a ello, el Estado tiene varias obligaciones que cumplir en esta materia: restituir derechos fundamentales compatibles con la reclusión, transmitir a la ciudadanía una idea más exacta de la vida en las cárceles y ejercer su autoridad con respeto a la vida y los derechos de los internos.

Esa lección debió ser aprendida con los sucesos de los Penales de 1986, en la que, si bien hubo un motín de por medio, todos los involucrados reconocen que hubo un uso excesivo de la fuerza, que culminó en ejecuciones extrajudiciales. Desafortunadamente, en 1992, con la aquiescencia de muchos peruanos, perdimos la democracia y se repitieron – esta vez con la complicidad directa de quien ejercía el poder absoluto – los mismos errores y horrores del pasado. Hoy, los responsables deben pagar y los peruanos debemos comenzar a mirar nuestra historia reconociendo que no supimos manejarnos adecuadamente en dichas circunstancias, pero que no debemos volver a cometer los mismos errores.

Finalmente, de seguro no faltará alguno que diga que debemos retirarnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de hecho, Rafael Rey ya lo hizo). Quien lo haga debe ser consciente de que con ello perderemos un instrumento importante para defender nuestros derechos fundamentales. Y debe ser más consciente aún que el Perú es el país que más sentencias tiene ante el sistema interamericano. Algo anda mal en nuestra sociedad y nuestro Estado para que tengamos tan vergonzoso record y no es la existencia de una instancia internacional que procese la responsabilidad estatal sobre vulneraciones a los derechos de las personas. Más bien es aquello que hace reclamar atropellos para vivir tranquilos. ¿No es aquello sobre lo que debemos pensar para mejorar como nación?

POST SCRIPTUM: Una aclaración adicional, con relación a una información vertida el día de hoy en el diario Expreso.

El monumento El Ojo que Llora no es un monumento a terroristas ni se construyó a espaldas de la Municipalidad de Jesús María. Como lo señaló un especial sobre el monumento hecho por Agencia Perú, “la municipalidad de Jesús María, en actitud humanística, cedió una parte del Campo de Marte para conmemorar y respetar la memoria de nuestra historia. En sus jardines nacerá el proyecto La Alameda de la Memoria. Proyecto cuya finalidad es crear una cultura de conciencia para que la historia no se repita“.

En la Alameda de la Memoria se instaló la escultura El Ojo que Llora, elaborada por la artista holandesa residente en el Perú Lika Mutal, para recordar a las víctimas de la violencia. En el proyecto también ha intervenido el arquitecto Luis Longhi. Ambos han donado su trabajo y han inscrito la Alameda de la Memoria dentro de una lista de Museos de la Memoria.

Por tanto, la aseveración hecha por el diario Expreso, que recoge supuestas declaraciones del nuevo alcalde de Jesús María, Luis Ocrospoma, carece de todo fundamento.

MAS SOBRE EL TEMA:
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Gastón Garatea: “Sentencia no es homenaje a SL”.
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Editorial de La República: El fallo de la CIDH.
El Blog del Morsa: Alan García: “Resulta indignante que un tribunal haya llegado a esta conclusión”.
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