Desde el Tercer Piso

Cuando la política peruana cobra niveles de alcantarilla

Durante los últimos días, Roberto Bustamante y Marco Sifuentes han hecho posts bastante interesantes sobre dos temas bastante que se han cruzado en los últimos días: las campañas de difamación y la privatización de la inteligencia.

Si una de las reformas pendientes de la transición democrática ha constituido un cabal fracaso ha sido la reestructuración de los servicios de inteligencia, luego de la hipertrofia que supuso - en términos de crecimiento y delictivos - la etapa que estuvieron bajo el mando real de Vladimiro Montesinos.

Luego de la huida del ex asesor, el fujimorismo hizo una suerte de liquidación del SIN, sin que se pudiera formar una entidad alternativa. Durante el gobierno de transición, la tarea de desmontaje del aparato persecutorio y delictivo de la comunidad de inteligencia fue la prioridad principal de quienes se encargaron de dirigir este puesto. En el gobierno de Toledo, simple y llanamente este aspecto se descuido: pasaron personajes valiosos pero que no tuvieron el respaldo político para emprender cambios - como Fernando Rospigliosi o Juan Velit - o personas sumamente cuestionadas, como el ex asesor presidencial César Almeyda. En las postrimerías del gobierno anterior se dio una Ley de Inteligencia y se creó la Dirección Nacional de Inteligencia como órgano central del sistema, sin que hasta ahora conozcamos de manera clara sus alcances y funcionamiento.

Hay que tener en cuenta, además, que la huida de Montesinos supuso un desmantelamiento de los principales equipos de interceptación telefónica (previo a la desactivación del SIN) y, además, un grupo de gente especializada en tareas de espionaje súbitamente desempleada y, claro, dispuesta a ofrecer sus servicios al mejor postor. Ni investigaciones académicas ni periodísticas han podido establecer cuanto de esta logística y recursos humanos - por llamarlos de alguna manera - han sido captados por partidos políticos, instituciones privadas o por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

En este panorama, llegamos al gobierno actual, con pocas ideas sobre esta materia, pero con mucha gente ávida de utilizar este aparato de inteligencia o a los privados que la realizan.

Voces como los analistas Mirko Lauer y Juan Carlos Tafur, una entrevista hecha en Perú.21 y el post de Sifuentes apuntan a que Luis Giampietri, el primer vicepresidente de la República, y, no olvidemos, vicealmirante de la Marina de Guerra del Perú, es el hombre detrás de estos intentos de inteligencia paralela, al servicio de su agenda particular.

¿Indicios?
1. De todos los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el único que se encuentra en condiciones de realizar los trabajos de seguimiento y campañas de desinformación que se plantean hacer es el de la Marina de Guerra.
2. Giampietri es el actual presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso. Su primera acción en este cargo fue una investigación al Instituto de Defensa Legal, entidad a la que le tiene ojeriza por patrocinar el caso del Frontón, en el que estuvo involucrado, así como por considerar que ningún militar violador de los derechos humanos durante el conflicto armado interno debe ser procesado ante la justicia.
3. Desde algunos medios de comunicación afines a las Fuerzas Armadas se han hecho campañas en contra de dos objetivos claros:
a) Las organizaciones de defensa de derechos humanos, a las que se acusa de prosenderistas, instrumentos del imperialismo norteamericano, contrarias a las Fuerzas Armadas y controladoras de parte del Poder Judicial y de cierta prensa. Según una reciente investigación hecha por la revista Ideele, los diarios Expreso y La Razón se han dedicado a hacer esta labor de manera sistemática, tanto en sus titulares como en sus columnas editoriales y a traves de seudo reportajes de investigación. Y es claro que Giampietri impulsa - o por lo menos, es anuente - con iniciativas como esta.
b) El Ministerio de Defensa y la Cancillería. En estos casos, son dos puntos de la agenda: evitar que el Perú firme la Convención del Mar y resuelva su diferendo martímo con Chile y evitar cambios mayores en las Fuerzas Armadas. Ambos objetivos son parte clara de la agenda del vicepresidente de la República. Y por ello se ataca desde Expreso y La Razón a personajes que impulsan estas agendas.

Sin embargo, también sectores del APRA estarían utilizando este sistema de inteligencia paralela. La reciente acusación hecha por La Razón contra Carlos Bruce por su supuesta tendencia homosexual, en clara venganza por sus denuncias sobre Carlos Arana - vinculado a Agustín Mantilla - y las irregularidades en el Ministerio de Vivienda. Los métodos, aunque más sofisticados, bastante parecidos a los de Montesinos: la feminización del opositor y la utilización de la homosexualidad como descalificador en la política. El ejemplo más claro de dichos métodos, los ataques contra Gustavo Mohme Llona en el diario El Tío, donde se le acusaba de ser gay y de armar orgías romanas.

¿Qué es lo peligroso de todo esto? En primer lugar, que continuamos sin un sistema de inteligencia que haga las labores para las cuales debe existir. En segundo lugar, que estamos utilizando categorías aplicables a la década pasada para analizar a este gobierno. En tercer y último lugar, que los temas centrales y de reforma quedan de lado.

¿Seguiremos por esa ruta?