Desde el Tercer Piso

Si bien en el tema de derechos humanos, la noticia de la semana la constituye la captura de Telmo Hurtado Hurtado, el responsable de la matanza de Accomarca en 1985 - adelanto, el proceso de extradición va a ser un poco largo, a pesar que el caso es fácilmente ganable en Estados Unidos -, otra noticia dada desde el Gobierno motiva el comentario que vendrá a continuación.

Ocurre que el domingo último se expidió el Decreto Supremo Nº 031-2007-PCM, que aprobó la relación de mártires del terrorismo pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú y del personal civil que falleció en defensa de la democracia.

En principio, comparto la idea del gobierno en impulsar esta norma. Honrar a nuestros héroes que dieron su vida por librarnos de una amenaza totalitaria, vulneratoria de los derechos fundamentales, cruel y sanguinaria, es algo que todos los peruanos debemos hacer. Además, creo que puede constituir un momento clave para que las Fuerzas Armadas y Policiales puedan comenzar diferenciar a los héroes de la gente que cometió excesos o, en algunos lugares y momentos, violaciones generalizadas o sistemáticas de los derechos humanos.

Una revisión de la lista de militares y policías homenajeados me confirma dicha impresión. Quizás el único caso donde tenga mis reparos es en el del Capitán de Navío AP Juan Carlos Vega Llona. Si bien este marino fue asesinado en Bolivia por miembros de Sendero Luminoso, no debe olvidarse que, de acuerdo a las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y a las propias declaraciones de su hermano Ricardo - ex Presidente de CONFIEP y DEVIDA -, este hombre fue el responsable directo de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego del develamiento del motín en El Frontón en junio de 1986. El hecho de ser víctima y victimario a la vez produce esos reparos.

Donde la cuestión me resulta más problemática es con relación a la relación de personalidades políticas y sociales que son incluidas en la lista de defensores de la democracia. Si bien se incluyen a personas como Domingo García Rada, Orestes Rodríguez, María Elena Moyano, Pascuala Rosado y Carlos Giusti, hay algunos motivos que me hacen pensar en que la lista ha sido hecha de manera apurada. Tres son las razones principales.

El primero, es que no se incluye a autoridades políticas que fueron victimadas por agentes del Estado, con lo que se sigue negando una parte de nuestra historia.

Un ejemplo de ello es el caso de Leonor Zamora, alcaldesa provincial de Huamanga entre 1983 y 1986. Según un buen reportaje de César Hildebrandt Chávez y el Informe Final de la CVR, Zamora se volvió incómoda para las autoridades militares por denunciar varios casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Ayacucho. Según confesión escrita, Fabio Urquizo Ayma, suboficial del Ejército que luego pertenecería al Grupo Colina, fue el asesino de la ex alcaldesa en 1991.

Otro ejemplo es el caso de Saúl Cantoral Huamaní, dirigente minero asesinado en 1989, presentamente por miembros del mal llamado Comando Rodrigo Franco. La omisión resulta más sintomática cuando recuerdo que Luis Alberto Salgado, agente del Estado en este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundamentó en su alegato ante la Corte que Sendero Luminoso había sido el autor de este crimen.

Los únicos dos casos que he encontrado son los de los militantes apristas Marco Ayerbe Flores - asesinado en 1982 por miembros de la Policía Nacional - y Carlos Ferrer - desaparecido en 1983 por el Ejército y cuyo cadáver momificado fuera encontrado en una fosa común.

El segundo tema es que buena parte de la relación de personas comprenden a miembros del Partido Aprista, omitiendo a figuras de otros partidos. Si bien la CVR nos recuerda que el APRA fue la agrupación política que mayor cantidad de víctimas mortales tuvo durante el conflicto y que las personas incluidas deben estar presentes, me parece bastante sintomático que buena parte de quienes aparecen en dicha relación también lo estén en la detallada cronología que hace el militante aprista Jesús Aliaga Baldeón en su libro Mártires de la Pacificación, en la que rescata la historia del martirologio aprista durante la época del conflicto armado interno. Lo preocupante del sesgo es que Aliaga es actualmente Secretario Ejecutivo de la CMAN, la entidad estatal encargada de implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Dos casos ejemplifican el punto. El primero es el caso del diputado Heriberto Arroyo Mio. En mayo de 1989, este parlamentario, perteneciente a las filas de Izquierda Unida, fue muerto por miembros de Sendero Luminoso. A los pocos días, fue asesinado el diputado aprista Pablo Li Ormeño. Li se encuentra - con todo derecho - en la lista, pero Arroyo no ha sido tomado en consideración. Y eso que se formó una comisión parlamentaria durante el gobierno aprista para investigar ambos crímenes.

El segundo es el del alcalde de Huamanga Fermin Azparrent, miembro de Izquierda Unida. Este alcalde promovía la organización popular y la defensa de los derechos humanos, apoyando las asambleas comunales de vecinos y las denuncias de los comuneros de Cayara por la masacre cometida por miembros del Ejército en 1988. El 19 de septiembre de 1989 fue muerto por militantes de Sendero Luminoso.

El tercer tema es que se da un plazo bastante corto para corregir el padrón: apenas treinta días, en los cuales deberá presentarse la documentación correspondiente. Pregunto: ¿qué pasa con los alcaldes de centros poblados cuyas partidas de nacimiento o defunción fueron quemadas por Sendero Luminoso? ¿No podrían estar en la lista?

Finalmente, una preocupación final. Se supone que el Consejo de Reparaciones - presidido por Sofía Macher - fue creado para elaborar el Registro Unico de Victimas del conflicto armado interno, a fin de señalar quienes debían ser reparados. Esta lista, con lo bien intencionada que puede ser, ¿no se superpone a lo que debe ser el trabajo de este organismo? El gobierno y sus representantes en el tema de derechos humanos tienen varias dudas que aclararnos.

Tal como se esperaba, ha causado revuelo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las ejecuciones extrajudiciales practicadas en mayo de 1992 en el Penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Sin embargo, la discusión mediática se ha centrado en el tema de las reparaciones más que en lo que dice la sentencia sobre los temas de fondo.

A nuestro modo de ver, la discusión debiera centrarse en otros aspectos de la sentencia, que son los medulares y sobre los cuales el Estado y la sociedad peruanas deberá reflexionar de manera seria y calmada, lejos de las bravatas que vienen esgrimiendo los diarios Expreso, La Razón y Correo, como de las actitudes reprobables de los abogados senderistas, que pretenden convertir este fallo en una victoria, cuando no lo es.

Un primer aspecto a tener en cuenta es que la vida humana debe respetarse, sea cual fuere la persona de la que se trate. Nadie tiene derecho a decidir cuando cesa la vida de una persona, menos aún por la fuerza. Eso nunca lo entendió Sendero Luminoso, agrupación que utilizó la violencia y el terror para tomar el poder y cuyos miembros no dudaron en asesinar a sus propios compatriotas. De ello no hay duda y por eso se exige la mayor sanción posible, dentro de la ley y los compromisos internacionales asumidos por el Perú, para quienes iniciaron un conflicto que le costó al país cerca de 70 mil víctimas.

Pero el Estado no se puede colocar al mismo nivel que aquellos a los que busca combatir. La forma de derrotar a la subversión es con las de la legalidad y la Constitución. No se logra cometiendo violaciones a los derechos humanos ni menos aún ejecutando personas, por más delincuentes que estas hayan sido. Esa es la lección que hasta ahora la clase política peruana, buena parte del empresariado y de la sociedad no aprende: la famosa mano dura que tanto se reclama, los costos a pagar de los que hablaba Raúl Romero en aquella infeliz declaración en Caretas siempre terminan siendo mayores que los objetivos que se buscan conseguir. Como decía Henry Pease en mi clase de Realidad Social Peruana, siempre el medio condiciona la resultante. Este caso en particular ha sido la clara demostración de ello.

Un segundo aspecto es que el Estado peruano reconoció los hechos materia de la sentencia de la Corte Interamericana. Es decir, se reconoció que había existido un operativo de traslado de detenidos por terrorismo que culminó en una masacre, que no existió de por medio un motín y que se utilizó desproporcionadamente la fuerza, además de rechazar todo tipo de mediación en los acontecimientos. Eso, en términos jurídicos, implica una asunción de la responsabilidad internacional de estos hechos y, por tanto, la consecuencia lógica es que haya un deber de reparar a las víctimas de estos sucesos.

En Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la calidad de víctima no depende de quien sea el autor o que se haya identificado al autor del hecho violatorio y es independiente de toda relación que pueda haber existido entre la víctima y ese autor o perpetrador. Tampoco dicha calidad depende de la conducta previa de la persona perjudicada, pues, sobre la base de los principios de igualdad ante la ley y no discriminación, no se toma en cuenta la legalidad o moralidad de sus acciones personales, teniendo como único límite aquellos casos en los que miembros de organizaciones subversivas fueron heridos, muertos o lesionados en enfrentamientos armados, pues tomaron las armas contra un régimen democrático y como tales se enfrentaron a la represión legal y legítima que las normas confieren al Estado.

Es en este marco que debe examinarse el tema de las reparaciones, tan manoseado y comentado en estos días. Y sobre esta base podemos concluir que las indemnizaciones otorgadas son correctas y que cualquier aclaración a la Corte Interamericana no surtirá efecto alguno con relación a este aspecto. Con relación a la propuesta del embajador peruano ante la OEA, Antero Flores - Araoz, para embargar las indemnizaciones, esta opción sólo procedería para los senderistas heridos que han sido sentenciados, como es el caso de Osmán Morote y otros, pero no operaría para el pago de los familiares. Una opción es que el Estado difiera el pago hasta que procese y condene al autor intelectual de estos hechos, es decir, a Alberto Fujimori, quien sí tiene la posibilidad material - de sobra, con lo que se robó - de pagar dichas indemnizaciones.

Punto aparte sí lo constituyen las reparaciones simbólicas solicitadas. Y allí sí consideramos que la Corte Interamericana pudo haber tenido un error de apreciación, dada la hipersensibilidad que existe en el Perú con el tema del terrorismo, por lo que pedir una ceremonia de reconocimiento del Estado en el monumento El Ojo que Llora, que conmemora a las víctimas del conflicto armado interno, es sumamente chocante para quienes vivimos el terror de aquellos años. Allí creemos que si cabe una petición de aclaración del Estado peruano a la Corte sobre este punto de la sentencia, que, como sabemos, es inapelable.

Un tercer aspecto a tomar en consideración es tener en consideración cual es la situación de las cárceles en el Perú. La vida y obra del sacerdote Hubert Lanssiers, tan recordada en estos días de balance de finales de año, nos hace tener en consideración que sí es posible la tan ansiada rehabilitación del detenido, incluso de aquellos que en algún momento fueron parte de organizaciones subversivas. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, nos recuerda que miles de compatriotas moran en las prisiones peruanas en condiciones infrahumanas, donde es muy difícil la rehabilitación, muchos de ellos sin sentencia judicial firme.

La opinión pública peruana, en general, no muestra interés por la suerte de los internos en las cárceles. La idea más extendida sobre la pena es su equivalencia con el castigo, equivalencia que se exacerba cuando se trata de delitos muy graves y que raya con la venganza, por lo que existe un sector de peruanos proclive a aceptar restricciones a las condiciones carcelarias que vayan más allá de lo permitido por la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Pese a ello, el Estado tiene varias obligaciones que cumplir en esta materia: restituir derechos fundamentales compatibles con la reclusión, transmitir a la ciudadanía una idea más exacta de la vida en las cárceles y ejercer su autoridad con respeto a la vida y los derechos de los internos.

Esa lección debió ser aprendida con los sucesos de los Penales de 1986, en la que, si bien hubo un motín de por medio, todos los involucrados reconocen que hubo un uso excesivo de la fuerza, que culminó en ejecuciones extrajudiciales. Desafortunadamente, en 1992, con la aquiescencia de muchos peruanos, perdimos la democracia y se repitieron – esta vez con la complicidad directa de quien ejercía el poder absoluto – los mismos errores y horrores del pasado. Hoy, los responsables deben pagar y los peruanos debemos comenzar a mirar nuestra historia reconociendo que no supimos manejarnos adecuadamente en dichas circunstancias, pero que no debemos volver a cometer los mismos errores.

Finalmente, de seguro no faltará alguno que diga que debemos retirarnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de hecho, Rafael Rey ya lo hizo). Quien lo haga debe ser consciente de que con ello perderemos un instrumento importante para defender nuestros derechos fundamentales. Y debe ser más consciente aún que el Perú es el país que más sentencias tiene ante el sistema interamericano. Algo anda mal en nuestra sociedad y nuestro Estado para que tengamos tan vergonzoso record y no es la existencia de una instancia internacional que procese la responsabilidad estatal sobre vulneraciones a los derechos de las personas. Más bien es aquello que hace reclamar atropellos para vivir tranquilos. ¿No es aquello sobre lo que debemos pensar para mejorar como nación?

POST SCRIPTUM: Una aclaración adicional, con relación a una información vertida el día de hoy en el diario Expreso.

El monumento El Ojo que Llora no es un monumento a terroristas ni se construyó a espaldas de la Municipalidad de Jesús María. Como lo señaló un especial sobre el monumento hecho por Agencia Perú, “la municipalidad de Jesús María, en actitud humanística, cedió una parte del Campo de Marte para conmemorar y respetar la memoria de nuestra historia. En sus jardines nacerá el proyecto La Alameda de la Memoria. Proyecto cuya finalidad es crear una cultura de conciencia para que la historia no se repita“.

En la Alameda de la Memoria se instaló la escultura El Ojo que Llora, elaborada por la artista holandesa residente en el Perú Lika Mutal, para recordar a las víctimas de la violencia. En el proyecto también ha intervenido el arquitecto Luis Longhi. Ambos han donado su trabajo y han inscrito la Alameda de la Memoria dentro de una lista de Museos de la Memoria.

Por tanto, la aseveración hecha por el diario Expreso, que recoge supuestas declaraciones del nuevo alcalde de Jesús María, Luis Ocrospoma, carece de todo fundamento.

MAS SOBRE EL TEMA:
Sentencia completa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castro Castro.
Gran Combo Club: Fallo CIDH: ¿Triunfo de Sendero o de la sociedad civil? Sentencia CIDH: batalla mediática.
Perú.21: Posiciones diversas sobre la sentencia de la CIDH.
Salomón Lerner Febres: “García debe explicar el papel de Fujimori en la masacre del penal”.
Gastón Garatea: “Sentencia no es homenaje a SL”.
Antero Flores Araoz: “Embarguemos indemnizaciones”.
Fernando Vidal Ramírez: “Corte Interamericana no defiende terroristas”.
Editorial de La República: El fallo de la CIDH.
El Blog del Morsa: Alan García: “Resulta indignante que un tribunal haya llegado a esta conclusión”.
Alberto de Belaúnde: Sobre el fallo de la CIDH.
Laura Balbuena: “Nadie es totalmente malo”.

Uno de los pasos más importantes para la reconciliación, luego del conflicto armado interno, es la reparación del daño causado, por parte del Estado, tanto por su omisión en defender a quienes fueron víctimas de las organizaciones subversivas, como por su acción, en el caso de quienes fueron afectados por la acción de miembros de las fuerzas del orden.

Durante los últimos dos años se han dado pasos importantes en este sentido, como la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, y el Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, Reglamento del Plan Integral de Reparaciones.

Para que este Plan pueda funcionar, es necesario que se haga una lista de todas las personas que fueron víctimas de la violencia entre 1980 y 2000. Esta lista se denomina Registro Unico de Víctimas y la entidad que se encargará de elaborarla será el denominado Consejo de Reparaciones, cuyos miembros han sido recientemente nombrados y se instaló el día de ayer en la Presidencia del Consejo de Ministros.

El Consejo está compuesto por 7 personas y está presidido por la reconocida activista de derechos humanos y ex miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Sofía Macher. Su composición es bastante plural: dos militares en retiro, un policía en retiro, un empresario, una dirigente ashaninka y una activista de derechos humanos. Esta composición, como lo ha señalado Jorge del Castillo, no sólo responde a que civiles, militares y policías fueron víctimas del conflicto, sino también a abrir un espacio de diálogo entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos y miembros de las Fuerzas Armadas. Con ello, se recupera un espacio que ya fuera dado durante la vigencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, donde la versión de militares y policías fue recogida y sus víctimas registradas.

Como era de suponerse, todos aquellos que se oponen a cambiar su visión sobre el conflicto armado interno han saltado y han cuestionado la designación de Sofía Macher. Luis Giampietri, Lourdes Mendoza del Solar, Lourdes Alcorta, Rafael Rey, Mauricio Mulder y los fujimoristas, los mismos que han criticado a partir de sus prejuicios el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de la CVR, han cuestionado esta decisión. Para ellos, no hay víctimas que reparar o sólo habría que hacerlo con las víctimas del terrorismo. Felizmente, el Presidente del Consejo de Ministros ha sido bastante claro en acallar las críticas por la designación de Macher y en calificar como “extremistas” a quienes se opusieron a esta designación, así como en señalar que está de acuerdo con otorgar apoyo legal a las víctimas de la violencia para los juicios pendientes por violaciones a los derechos humanos, cometidas tanto por Sendero Luminoso como por miembros de las Fuerzas Armadas.

Debe quedar claro que el Consejo de Reparaciones no determinará los montos ni programas que comprenden el Plan. Esta es una tarea de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), a cargo del militante aprista Jesús Aliaga Baldeón, una persona comprometida con el tema de los derechos humanos dentro del APRA y que incluso ha escrito un libro sobre los mártires apristas de la lucha contrasubversiva.

La labor del Consejo será dirigir el proceso de evaluación, calificación y acreditación de la calidad de víctimas y beneficiarios individuales y colectivos del Plan y su inscripción en el Registro Unico de Víctimas. Para ello se requieren investigadores que hagan trabajo de campo en las zonas afectadas, la apertura de oficinas descentralizadas y el apoyo de los gobiernos regionales. Significativo será el aporte del Gobierno Regional de Huancavelica, que viene confeccionando actualmente su propia lista de víctimas, con apoyo del Instituto de Defensa Legal y de la cooperación internacional.

Cabe indicar que los miembros de organizaciones subversivas no serán beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones, tal como lo señala la Ley y el Reglamento antes indicados. También debe conocerse que los miembros del Consejo de Reparaciones no cobran suma alguna por sus funciones.

Sin duda alguna, esta es una buena noticia, Esperemos que las labores del Consejo sean apoyadas con un presupuesto que permita cubrir su trabajo de la mejor manera y que, además, la CMAN, conjuntamente con las poblaciones, diseñe los planes de reparación sobre la base de lo señalado por la CVR. De hacerse, este no sólo sería un importante logro para este gobierno, sino un paso adelante en lo que debe ser una política de Estado: reconstruir los lazos entre los peruanos y entre el Estado y la sociedad, luego de años de violencia y de ausencia de la autoridad estatal, en democracia y con respeto a los derechos de las personas.

ENLACES:
Sofía Macher: Consejo de Reparaciones pondrá nombres a víctimas del terrorismo. Mis detractores se niegan a reconciliarse y a dialogar con peruanos quechuahablantes.
Perú.21: Reparaciones serán financiadas con aportes mineros.
El Comercio: Reparaciones no sólo serán con dinero.
Jorge del Castillo: Estoy contento con nominación de Macher al Consejo de Reparaciones.
Editorial de La República: El Consejo de Reparaciones.
Agenciaperú.com: Proyectos de Reparación Colectiva en Huancavelica.
El Útero de Marita: Una gran noticia.
Luzmila Chiricente: “Lucharé para que los ashaninkas sean también reparados y se acabe con la discriminación”.