Desde el Tercer Piso

Renta Básica: ¿Demagogia o instrumento de negociación?

Ayer, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley destinado a eliminar la renta básica de los servicios de telefonía.

Los impulsores de esta norma, en particular el congresista Yohny Lescano, argumentan la necesidad de eliminar este concepto, dado el alto costo que implica para el usuario de la telefonía fija y que, en opinion particular del congresista Lescano, este concepto no está contemplado en el contrato de concesión.

Pero todavía no comience a festejar, pues hay algunos puntos que aclarar sobre la materia.

Toda empresa que presta un servicio público cobra por la conexión del servicio, aunque no lo utilicemos. Es lo que ocurre con la energía eléctrica y el agua potable.

Lo mismo sucede con el servicio telefónico. Si bien en el contrato de concesión no se especifica el nombre “renta básica” para este concepto, es claro que el concepto del que denosta el congresista Lescano si existe y se refiere a la cuota fija que toda persona tiene por tener un teléfono en su casa.

Ahora bien, problema distinto y muy diferente es el tema del elevado costo de este concepto. Bien sabemos que la tarifa telefónica que pagamos es la más alta de América Latina, cuestión a que a todos nos causa malestar y que es producto de la mala negociación que se hizo en los noventa para la privatización de la compañía estatal de teléfonos.

Sin embargo, la forma de hacerlo no es mediante una ley. Las tarifas no se bajan por decreto. Bien lo sabe Lescano, por eso es que utiliza el argumento de que se elimina el concepto para bajar la tarifa. E incluso va más allá, pretendiéndolo sustituir por un cargo de conexión al que ya fija el contrato de concesión.

Si se quiere bajar las tarifas, en particular el monto de la renta básica, es a OSIPTEL, el organismo regulador en telecomunicaciones. Es allí a donde los usuarios todos los días se dirigen para ello. Sin embargo, el poco caso que les ha hecho el organismo regulador - en parte por el hecho de que algunos de sus funcionarios han sido anteriormente empleados de Telefónica - ha motivado que los reclamos sean aprovechados políticamente por un congresista que ha hecho de este tema su bandera.

Además, el contrato de concesión con Telefónica tiene el carácter de contrato ley. De acuerdo a la Constitución vigente, este contrato no puede ser modificado por una norma legal, siendo la única manera posible de cambiarlo a través de la renegociación del mismo, algo en lo que deben estar de acuerdo ambas partes.

Cabe preguntarse, una vez señalados estos antecedentes, si es que la votación producida en el Congreso - de manera tan rápida y con los votos de la bancada oficialista - es un mecanismo más de este gobierno para ganar aplausos rápidos o si estamos asistiendo a un nuevo mecanismo de presión para renegociar el contrato o sacar mayores ventajas del mismo.

Es cierto que todos queremos pagar menos y que las tarifas dadas por Telefónica deben disminuir, pero una ley no es el mecanismo para hacerlo, como hemos explicado. No engañen a la gente, señores parlamentarios.