Ayer estuve en una conferencia sobre periodismo de investigación, escuchando a Ricardo Uceda, Pablo O’Brien y Edmundo Cruz hablar sobre los casos emblemáticos del periodismo peruano y sobre los límites conceptuales y prácticos del trabajo de los hombres de prensa, sobre todo, cuando realizan investigaciones destinadas a desentrañar el lado oscuro de los poderes.
Justamente Edmundo nos recordó ayer que el conflicto armado interno fue un acontecimiento que permitió una evolución del periodismo de investigación. Camino que, sin embargo, no estuvo exento de sangre y lágrimas. Los casos de Uchuraccay y Jaime Ayala nos recordaron las dificultades para informar con la verdad, cuestión que se pagaba hasta con la vida.
Cabe resaltar el valor de esta sentencia, pues constituye el tercer fallo condenatorio a agentes del Estado en casos de violaciones de los derechos humanos judicializados a partir del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Bustíos y su colega Eduardo Rojas Arce eran periodistas de la ciudad de Huanta. Ambos fueron amenazados por miembros del Ejército Peruano, al informar sobre hechos vulneratorios de los derechos humanos, El 24 de noviembre de 1988, ambos hombres de prensa investigaban el asesinato de dos personas en la localidad de Erapata, cuando fueron emboscados por miembros de las fuerzas del orden acantonados en el cuartel de Castropampa. Rojas sobrevivió al ataque, pero Bustíos fue asesinado y su cuerpo destrozado con un aparato explosivo. El comandante La Vera (a) “Javier Landa Dupont” era de quien dependían los atacantes de los periodistas, mientras que García Sanbento (a) “Ojos de Gato” fue uno de los autores materiales del hecho.
Aunque la sentencia ha sido apelada, constituye un fallo en contra de la impunidad. Y, también, un recordatorio de que los riesgos por decir la verdad son muchos pero, a la larga, se corren en pos de que el público se entere de aquello que algunos no quieren que se sepa.
Este fin de semana que estuve fuera de circulación por motivos personales tuve oportunidad de ver con mayor detenimiento algunas cosas que se han escrito sobre el monumento El Ojo que Llora y el significado de los memoriales en el Perú.
Por un lado, Martín Tanaka y Manuel Enrique García han insistido en un punto que viene siendo recurrente en sus últimos posts: la necesidad de ampliar la base de apoyo a los derechos humanos y la necesidad de cambiar los métodos de acción de las organizaciones que respaldan la protección y vigencia de los derechos fundamentales, a fin que: 1) su labor no se perciba - injustamente - como sesgada y 2) convocar a personas que salgan del círculo “progres - liberales consecuentes” en los que parece moverse el tema. Jesús Cossio - caricaturísta de El Otorongo - en el blog El Otro Tambor - un espacio representativo de lo progre - ha respondido señalando que, en efecto, es necesario “crear discursos y narraciones que permitan –sobre todo a los jóvenes- acercarse a los hechos del conflicto con familiaridad (usando cómics, charlas informales, documentales)“.
Si personas cercanas a los derechos humanos vienen indicando estas señales, va siendo hora de que se tomen recibo en dichas organizaciones y comiencen a trabajar en un plan de acción para que los mensajes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no se pierdan.
Por otro lado, Rosa María Palacios escribíó un artículo en Perú.21 sonre El Ojo que Llora y las percepciones sobre derechos humanos que realmente me tocó. Aunque yo matizaría en algo su percepción sobre liberales y partidos de izquierda, el último párrafo de su columna es quizás sintomático del debate de estos días:
Esta confrontación (¿quién es el violador?) no está resuelta en el Perú de hoy. Todos los esfuerzos de la CVR por conciliar estas visiones y hacerlas coexistir se estrellan con la intolerancia de ambos lados que se resisten a reconocer, juntas, todas las muertes injustas y horrendas. Por ello, un monumento como ‘El ojo que llora’ resulta tan irritante para los extremistas. Pretender hacer una síntesis, en un solo lugar, de todas las muertes, de todas las lágrimas, de todos los pedidos de justicia y verdad, es una noble aspiración insoportable para un fanático irracional.
Y eso es lo que nos pasa en el Perú. Sendero fue tan vesánico en su forma de actuar, tan poco interesado en los derechos de los peruanos - a los que veía únicamente como “masa revolucionaria” -, tan brutal en sus formas de hablar y de matar que generó un miedo tal en la población que muchos aceptaron que la respuesta del Estado no respetara los derechos de las personas. Y desde el otro lado, al verse una respuesta que en algunos lugares y momentos fuera sistemática y generalizada hizo que algunos olvidaran que el Estado tenía el perfecto derecho de defenderse de la mayor amenaza que tuvo la democracia peruana en toda su historia.
En realidad, hasta el día de hoy no aceptamos que toda muerte violenta es injusta y no tiene justificación. Como sociedad, no hemos aprendido que los seres humanos no son “costos por la pacificación” o “ríos de sangre para la revolución”. O que la dignidad del ser humano es algo tan valioso que no puede canjearse por otra cosa. No hemos aprendido como sociedad que es lo que ha hecho que el Perú pariera a Sendero y a Fujimori. Quizás ahora tengamos la oportunidad de hacerlo. ¿Nos animaremos?
Hace un año, en esta misma fecha, escribía una reflexión sobre uno de los hechos más significativos de los últimos años en el Perú: la captura de Abimael Guzmán, el líder de la organización más totalitaria que nuestras tierras han podido ver y que supuso el inicio del fin del conflicto armado interno.
A raíz de este aniversario, Juan Carlos Tafur y Juan Carlos Valdivia han propuesto una idea ciertamente interesante: que los 12 de septiembre sean una fecha de conmemoración de lo que fue una victoria frente a un grupo que la sociedad y los tribunales han condenado, tanto por su desviada ideología – que no era más que la antojadiza interpretación cuasi mesiánica del marxismo – como por sus acciones que supusieron crímenes de lesa humanidad y vulneraciones al derecho internacional humanitario.
Refuerzo más la idea de Tafur y Valdivia, señalando que la conmemoración nos serviría para recordar dos cuestiones fundamentales que generalmente se olvidan. La primera, es que a Guzmán se le capturó sin vulnerar los derechos humanos de nadie, en un operativo de inteligencia modélico y en el que no tuvieron nada que ver los principales aprovechadores mediáticos de la captura: Alberto Fujimori – que estaba pescando en Iquitos - y Vladimiro Montesinos – quien se hallaba en una recepción castrense. La segunda, es enfatizar que, hace poco menos de un año, se condenó a Guzmán y al resto de la cúpula senderista a penas severas, que incluyen, en dos casos, la cadena perpetua, sin que se vulnerara el debido proceso como ocurrió en los deslegitimados procesos hechos por jueces sin rostro.
Y es que una fecha como esta debe hacernos recordar, como señalan ambos periodistas, que, en efecto, el Estado peruano derrotó a Sendero Luminoso. Pero dicha victoria no se debió – como señalan aún algunos personajes de la derecha más retardataria y del fujimorismo – a las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, sino que el triunfo fue a contracorriente de un pensamiento anclado en un sector importante de la clase política y militar y de la sociedad peruana: la tesis de los “costos a pagar” por la pacificación, sin importar que fueran vidas humanas.
Estos aspectos fueron suficientemente enfatizados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que no tuvo resquemor alguno en condenar las acciones, ideología y justificaciones hechas por Abimael Guzmán y el grupo que lideró. Un grupo de trabajo que, cabe recordar, fue denostado por la propia Elena Iparraguirre, que lo calificó como “de derecha”. Ese insulto de la otra lìder principal de Sendero es la más clara prueba de que el trabajo de la CVR no benefició en nada a dicha agrupación que, con métodos terroristas, inició un conflicto que dejó cerca de 70,000 víctimas durante 20 años.
Sin duda, un día para recordar. Quizás la mejor manera sea con la imagen de lo que fueron esos años de barbarie, que nos marcaron a todos nosotros. Los dejo con un reportaje del recordado Bruno de Olazábal sobre Sendero Luminoso.
Reflexiones en el cuarto aniversario de la entrega del Informe Final de la CVR
Imagínate, amigo lector, que, Dios no lo quiera, te comienzas a sentir mal. Pero no es el dolor de una gripe, sino los síntomas de una enfermedad que parece ser más aguda de lo que es un simple dolor de cabeza.
Tienes recursos - no extraordinarios, pero los tienes - y buscas a los mejores doctores para que te examinen. Te dicen que deben hacerte los exámenes y análisis de rigor para poder detectar exactamente que es lo que tienes.
Pasa el tiempo y te llaman para decirte que es lo que tienes. Te lo detallan con explicaciones médicas, pero en lenguaje que puedas entenderlas. Eres consciente de que lo que te han dicho es serio y duro. Hay médicos que no andan con rodeos o te doran la pildora.
Aun así, sabes que, a pesar de la gravedad de la enfermedad, puedes seguir un tratamiento que te dejará en perfectas condiciones.
¿Qué harías en esas circunstancias: insultarías a los médicos que te dan la mala noticia, ignorarías lo que dicen, te someterías al tratamiento?
De alguna u otra manera, las sociedades pasan por lo mismo.
Los conflictos armados y las dictaduras no son más que síntomas de una enfermedad que padece una sociedad: la poca capacidad que tenemos para resolver nuestros conflictos de manera pacífica e inclusiva. Somos sectarios, claro, unos más que otros. Hay sectarismos que matan: Sendero Luminoso fue la máxima expresión de ello en el Perú y vaya que lo entendimos entre las lágrimas que a tantos peruanos nos hicieron brotar con su demencial accionar.
Pero, como en las enfermedades graves, el cuadro es más complejo. Los síntomas dolorosos que se agrupan en un conflicto armado interno nos revelaron mucho de nosotros mismos: un Estado lejano de la sociedad, prácticas que vulneraban los derechos fundamentales, fanatismo inoculado en medio de un sistema educativo decadente, discriminación, despreocupación por la vida del otro hasta que me toca a mi padecer el dolor.
Toda verdad así duele. En el corto plazo buscamos negarla, no verla o que no se conozca. Eso pasa en las relaciones humanas más cotidianas. Y le ha pasado al país durante muchos años. No en vano, durante los noventa nos machacaron una versión oficial simplificada de la realidad, unos análisis falsos, por llamarlo en lenguaje médico. Y cuando nos mostraron los verdaderos, como sociedad, por miedo, optamos por no oir.
Peor aún, aquellos que habían contratado a los encargados del diagnóstico del paciente Perú, comenzaron a denostar de los médicos. Era lógico: parte de la enfermedad estaba en la indolencia de ellos o en responsabilidades directas por acción u omisión. Y, procurando lavarse las manos, procuraron encajonar el diagnóstico y solo discutir lo que a ellos les interesaba: salvar sus responsabilidades. Todos caimos en el juego.
Sin embargo, el país de cuando en cuando nos recuerda que la enfermedad persiste. Porque los autoritarismos mesiánicos aun tienen cabida en un sector de la población, porque aun no entendemos que la violencia no es la forma de producir cambios sociales, porque aun no aceptamos que Primitivo Quispe es tan peruano como Dionisio Romero. Elecciones presidenciales, conflictos sociales, la emergencia reciente en el sur nos recuerdan que el país sobre el que creció la violencia no ha cambiado en mucho.
Se olvidaron del diagnóstico y también del tratamiento. A cuentagotas y a regañadientes, el país político aplica las recomendaciones dadas por los médicos, pero muchas veces olvidando que eran para superar una enfermedad compleja.
Quizás sea hora, por fin, de leer y actuar. Porque esto no es solo cuestión de izquierdas o de derechas. Se trata de entender lo que fuimos, lo que somos y lo que debemos dejar de ser.
Revisando la última edición de Caretas, me topé con una entrevista a Adrián Huamán Centeno, uno de los altos mandos militares procesados por violaciones a los derechos humanos - casos Pucayacu, Jaime Ayala y Callqui, en 1984 -, quien da sus primeras declaraciones a la prensa sobre los hechos por los que la próxima semana se iniciará un juicio oral.
Para quienes estaban en 1984 en edad de pediatría o no se acuerdan de él, Huamán fue el segundo jefe del Comando Político Militar de Ayacucho. Tenía un discurso en favor de una solución del conflicto que comprendiera componentes que no solo fueran militares, pero claro, pensaba que la conducción de dichos componentes no debiería estar bajo control civil. Y, a pesar de ese discurso, 1984 fue el año en que mayor cantidad de muertes existió durante el conflicto, pues, además de las sangrientas acciones de Sendero Luminoso, el Ejército aplicó en Ayacucho patrones de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, lo que algunos han llamado “tierra arrasada”.
Las respuestas que Huamán da a la revista, negando cualquier vulneración de derechos humanos o atacando a la Comisión de la Verdad y Reconciliación y tejiendo teorías de la conspiración no es sorprendente. Pero creo que debe ser ubicada en un contexto mayor que las palabras de un general procesado o de un militar más.
En realidad, el Perú vive un proceso mayor, que los científicos sociales denominan Batallas por la Memoria. Se denomina así a la contraposición de versiones sobre dictaduras y/o periodos de violencia, que inciden no solo en lo que la gente percibe que ocurrió durante un conflicto interno o un periodo de represión muy fuerte, sino que también tienen una relación directa con las políticas que se emplean para enfrentar las secuelas de la violencia y la atención a las víctimas.
En el Perú, existen dos narrativas en disputa.
Por un lado, encontramos una memoria salvadora, en la que se realza el papel del gobierno de Alberto Fujimori y de las Fuerzas Armadas como únicos responsables de la derrota de Sendero Luminoso, poniéndose énfasis en valores como el orden y la seguridad frente a los derechos humanos, tomándose las vulneraciones a derechos fundamentales como “métodos inevitables” que tenían que emplearse para culminar con el conflicto. Sin duda, la versión del general Huamán se encuentra en este primer grupo.
Por otro lado, tenemos una memoria para la reconciliación, que no sólo refuta la historia oficial dictada durante la década de los noventa, sino que resulta ser una visión más omnicomprensiva del conflicto armado interno, procurando entender las distintas aristas de la violencia, los procesos subyacentes en la sociedad peruana – exclusión, discriminación y racismo – que marcaron mucho de la dinámica del conflicto y una seria interpelación a los tres gobiernos durante los cuales se desarrollo el proceso de violencia.
A la memoria salvadora se le caracteriza como manipuladora, a tal punto que termina poniendo la agenda sobre lo ocurrido en los años de violencia, cuestión que también se comprende por la mayor permanencia temporal de esta versión en la opinión pública. Así, se entiende que el debate entre ambas memorias giró en torno a tópicos que, aunque importantes, desviaron la atención sobre aspectos centrales de la relación que la CVR establecía entre lo ocurrido durante los años de violencia y la consolidación de la democracia y los derechos humanos. Por ello, la discusión sobre la composición y metodología de la Comisión, así como el tema de las responsabilidades políticas, penales y sociales de los actores involucrados en el conflicto fueron el eje central de la discusión, dado que eran los terrenos en los que los defensores del discurso oficial querían defender.
Es necesario, por tanto, reenfocar el debate sobre la memoria histórica en el Perú. Ciertamente es necesario persistir en el esfuerzo por señalar las responsabilidades que a cada uno de los actores le corresponde. Sin embargo, deberá hacerse un esfuerzo mayor por presentar al Informe Final de la CVR como un documento que presentó un panorama general sobre el funcionamiento de las instituciones en nuestro país y los problemas sociales más urgentes por atender.
Ello implica que la discusión se centre en que el Perú se asuma como una sociedad de post-guerra - cuestión que hasta el día de hoy no se ha hecho - y que el Estado varíe sus políticas sobre la base de este reconocimiento.
No digo con esto que los juicios a los militares y senderistas deban detenerse. Por el contrario, es necesario atender a la demanda de justicia y lucha contra la impunidad de la manera más rápida, con el respeto al debido proceso y garantizando el derecho de las víctimas. Pero estas legítimas demandas debe comprenderse en un proceso mayor de cambios institucionales y reparaciones que consoliden la democracia y los derechos humanos en su integridad en el país.
Hacer esta variación de enfoque determinaría que se pueda posicionar de mejor manera el trabajo de la CVR en la agenda pública y deje de verse como un tema entre “conservadores” y “pro militares” vs. “caviares” y “pro senderistas”, sino como un diagnóstico que involucra problemas de toda la sociedad, así como de las realidades particulares de cada región.
Tarata supuso un punto de quiebre en el conflicto armado interno en términos mediáticos, dado que puso en evidencia de los sectores altos y medios la magnitud de la violencia que era capaz de engendrar Sendero Luminoso y que ya había cobrado miles de víctimas entre nuestros compatriotas de la sierra y la selva de nuestro país. A mi juicio, supuso también un punto de no retorno para Sendero Luminoso en su accionar demencial en la capital y, así como el asesinato de María Elena Moyano supuso su pérdida de legitimidad ante los sectores populares, el atentado dejó sin justificación a las pocas personas que dentro de los niveles más instruidos aún daban cierta justificación a acciones armadas como método de hacer política o para tomar el poder.
Un reportaje de Rossana Cueva para La Ventana Indiscreta nos ha presentado las investigaciones de la CVR sobre este caso, que demostraron la premeditación del accionar senderista y la lógica demencial de Abimael Guzmán, a quien escuchamos en audio diciendo que los muertos eran “daños colaterales”. Excusa inaceptable de parte de alguien que inició un conflicto que le costó al país cerca de 70,000 muertos y desaparecidos y del cual Sendero Luminoso fue el principal responsable.
Sin embargo, parece que el drama para las personas que sobrevivieron a dicha tragedia aún continua. Según informó el domingo El Comercio, existen dos serios problemas con relación a los edificios reconstruidos. Por un lado, se utilizaron materiales baratos o mal hechos en la reconstrucción de los inmuebles, que presentan serias fallas hasta el día de hoy. Por otro lado, el pago mensual de la deuda que cada vecino tiene que afrontar se ha incrementado, debido a que ENACE - la entidad que prestó los fondos para la reconstrucción - fue desactivada en 1998 y durante años el Estado no indicó a quien pagar. Cabe señalar que varios de los afectados son personas que tienen como único ingreso sus pensiones de jubilación.
Y es que, más allá de programas de reparaciones que debieran beneficiar a estas personas, parte del reconocimiento de ciudadanía que tienen las víctimas de la violencia surge a partir de un buen trato por parte del Estado. A pesar que no soy partidario de los “perros muertos” o amnistías de deudas, quizás en este caso debiera pensarse en la propuesta de exoneración de pagos hecha por el alcalde Manuel Masías.
La acción del Estado para la reconciliación nacional, a pesar de algunos avances, sigue estando en entredicho.
“Este es un evento importante para la historia del Ejército y para la historia del Perú. De igual manera permite un acercamiento con la población, que verá reflejada en esta película lo que pasamos durante la Pacificación Nacional”.
Más certezas nos quedan sobre el carácter de la película, cuando la misma nota de prensa señala quien ha elaborado el guión:
“El Comandante General del Ejército en su Primera Teleconferencia encargó la misión de realizar una producción cinematográfica que narre el sacrificio de todo el personal militar que participó en la Pacificación Nacional. Es el Cap Carlos Freyre quien se ha encargado del guión de la película y el Grupo de Imagen junto a la UAP de la producción“.
Como siempre he dicho, me parece bacán resaltar a los héroes militares y policiales que hubo durante el conflicto armado interno. Lo hace la Comisión de la Verdad y Reconciliación (ver Conclusiones Generales 39 y 53). Los problemas son otros.
El primero es de índole, digamos, estética. Con un guión elaborado por un oficial de las Fuerzas Armadas, toda sutileza que pueda tener la película se pierde, con lo que, muy probablemente, tengamos un producto que tienda a la mera propaganda, no a una obra de arte. Y ya sabemos que la propaganda militar no se caracteriza precisamente por su factura artística, sino por demostrar claramente cuales son sus intenciones. Es decir, como me dijo alguien, el bodrio cinematográfico está garantizado.
El segundo tiene que ver con un tema de fondo, recientemente actualizado por la censura a Piero Quijano. Es la falta de reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes del Estado. Puestas como simples “errores” o “excesos”, cualquier alusión siquiera a que, en algunos lugares y momentos, estas prácticas constituyeron patrones sistemáticos o generalizados de violaciones a los derechos humanos, es considerada como insulto a instituciones “tutelares” de la Patria o de complicidad con el senderismo. Y reconocer esto no es hacerle el juego a Sendero, sino saber que, a pesar que tenían el derecho y el deber de protegernos a los ciudadanos de una de las mayores amenazas a la democracia, miembros de estas instituciones terminaron convirtiéndose, para muchos, en representantes de un ente abusivo de los derechos de las personas.
¿Y COMO LO HACE? ¿CUAL ES EL NEGOCIO?
La Universidad Alas Peruanas no es cualquier centro de estudios, por lo menos no para las Fuerzas Armadas, ya que existen vínculos bastante estrechos entre ambas instituciones.
La Universidad es de propiedad de la Cooperativa de Servicios Especiales Alas Peruanas, una entidad conformada por miembros de la Fuerza Aérea del Perú. Es conocido que militares y policías en retiro han sido alumnos y/o forman parte de la plana docente de esta casa de Estudios.
Y, con el respeto de sus alumnos, el nivel de la Universidad es menor al que tienen otras casas de estudios de nivel superior, más aún, en ciencias de la comunicación, que es la única carrera que ameritaría la firma de un convenio de co-producción de esta película.
Su sesgo es evidente. Esta universidad patrocinó un libro de Alfredo Gonzáles - el delincuente que dirigió alguna vez los destinos de Universitario de Deportes - en el que repetía sus patrañas contra Leonor La Rosa, negando lo que fue, en opinión de varios abogados y periodistas a los que he consultado, una tortura (claro, no con todos los detalles que el testimonio original señaló).
Cuestión final, repitiendo la misma duda que se plantea Roberto Bustamante: ¿se puede financiar una película de este tipo con el dinero de todos los peruanos?
Si bien en el tema de derechos humanos, la noticia de la semana la constituye la captura de Telmo Hurtado Hurtado, el responsable de la matanza de Accomarca en 1985 - adelanto, el proceso de extradición va a ser un poco largo, a pesar que el caso es fácilmente ganable en Estados Unidos -, otra noticia dada desde el Gobierno motiva el comentario que vendrá a continuación.
En principio, comparto la idea del gobierno en impulsar esta norma. Honrar a nuestros héroes que dieron su vida por librarnos de una amenaza totalitaria, vulneratoria de los derechos fundamentales, cruel y sanguinaria, es algo que todos los peruanos debemos hacer. Además, creo que puede constituir un momento clave para que las Fuerzas Armadas y Policiales puedan comenzar diferenciar a los héroes de la gente que cometió excesos o, en algunos lugares y momentos, violaciones generalizadas o sistemáticas de los derechos humanos.
Una revisión de la lista de militares y policías homenajeados me confirma dicha impresión. Quizás el único caso donde tenga mis reparos es en el del Capitán de Navío AP Juan Carlos Vega Llona. Si bien este marino fue asesinado en Bolivia por miembros de Sendero Luminoso, no debe olvidarse que, de acuerdo a las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y a las propias declaraciones de su hermano Ricardo - ex Presidente de CONFIEP y DEVIDA -, este hombre fue el responsable directo de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego del develamiento del motín en El Frontón en junio de 1986. El hecho de ser víctima y victimario a la vez produce esos reparos.
Donde la cuestión me resulta más problemática es con relación a la relación de personalidades políticas y sociales que son incluidas en la lista de defensores de la democracia. Si bien se incluyen a personas como Domingo García Rada, Orestes Rodríguez, María Elena Moyano, Pascuala Rosado y Carlos Giusti, hay algunos motivos que me hacen pensar en que la lista ha sido hecha de manera apurada. Tres son las razones principales.
El primero, es que no se incluye a autoridades políticas que fueron victimadas por agentes del Estado, con lo que se sigue negando una parte de nuestra historia.
Un ejemplo de ello es el caso de Leonor Zamora, alcaldesa provincial de Huamanga entre 1983 y 1986. Según un buen reportaje de César Hildebrandt Chávez y el Informe Final de la CVR, Zamora se volvió incómoda para las autoridades militares por denunciar varios casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Ayacucho. Según confesión escrita, Fabio Urquizo Ayma, suboficial del Ejército que luego pertenecería al Grupo Colina, fue el asesino de la ex alcaldesa en 1991.
Otro ejemplo es el caso de Saúl Cantoral Huamaní, dirigente minero asesinado en 1989, presentamente por miembros del mal llamado Comando Rodrigo Franco. La omisión resulta más sintomática cuando recuerdo que Luis Alberto Salgado, agente del Estado en este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundamentó en su alegato ante la Corte que Sendero Luminoso había sido el autor de este crimen.
Los únicos dos casos que he encontrado son los de los militantes apristas Marco Ayerbe Flores - asesinado en 1982 por miembros de la Policía Nacional - y Carlos Ferrer - desaparecido en 1983 por el Ejército y cuyo cadáver momificado fuera encontrado en una fosa común.
El segundo tema es que buena parte de la relación de personas comprenden a miembros del Partido Aprista, omitiendo a figuras de otros partidos. Si bien la CVR nos recuerda que el APRA fue la agrupación política que mayor cantidad de víctimas mortales tuvo durante el conflicto y que las personas incluidas deben estar presentes, me parece bastante sintomático que buena parte de quienes aparecen en dicha relación también lo estén en la detallada cronología que hace el militante aprista Jesús Aliaga Baldeón en su libro Mártires de la Pacificación, en la que rescata la historia del martirologio aprista durante la época del conflicto armado interno. Lo preocupante del sesgo es que Aliaga es actualmente Secretario Ejecutivo de la CMAN, la entidad estatal encargada de implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Dos casos ejemplifican el punto. El primero es el caso del diputado Heriberto Arroyo Mio. En mayo de 1989, este parlamentario, perteneciente a las filas de Izquierda Unida, fue muerto por miembros de Sendero Luminoso. A los pocos días, fue asesinado el diputado aprista Pablo Li Ormeño. Li se encuentra - con todo derecho - en la lista, pero Arroyo no ha sido tomado en consideración. Y eso que se formó una comisión parlamentaria durante el gobierno aprista para investigar ambos crímenes.
El segundo es el del alcalde de Huamanga Fermin Azparrent, miembro de Izquierda Unida. Este alcalde promovía la organización popular y la defensa de los derechos humanos, apoyando las asambleas comunales de vecinos y las denuncias de los comuneros de Cayara por la masacre cometida por miembros del Ejército en 1988. El 19 de septiembre de 1989 fue muerto por militantes de Sendero Luminoso.
El tercer tema es que se da un plazo bastante corto para corregir el padrón: apenas treinta días, en los cuales deberá presentarse la documentación correspondiente. Pregunto: ¿qué pasa con los alcaldes de centros poblados cuyas partidas de nacimiento o defunción fueron quemadas por Sendero Luminoso? ¿No podrían estar en la lista?
Finalmente, una preocupación final. Se supone que el Consejo de Reparaciones - presidido por Sofía Macher - fue creado para elaborar el Registro Unico de Victimas del conflicto armado interno, a fin de señalar quienes debían ser reparados. Esta lista, con lo bien intencionada que puede ser, ¿no se superpone a lo que debe ser el trabajo de este organismo? El gobierno y sus representantes en el tema de derechos humanos tienen varias dudas que aclararnos.
Una moción en el Congreso que puede complicar las cosas para el sistema democrático.
El martes 27 de marzo, en su habitual columna de La República, Mirko Lauer hizo una advertencia importante sobre una Moción que viene dando vueltas en el Congreso y que podría consagrar el sentido común fujmorista sobre la lucha antisubversiva.
La Moción 965, busca la conformación de una “Comisión Investigadora para que analice la Política Antiterrorista a partir de noviembre del año 2000 hasta julio 2006, investigue los cambios del régimen penitenciario a los condenados por delitos de terrorismo, investigue el otorgamiento de indultos y conmutaciones de penas por terrorismo, investigue el traslado de los condenados por terrorismo a los diferentes penales e investigue la anulación de los procesos judiciales por terrorismo“. Es decir, un exocet contra los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, a los que el fujimorismo y sus voceros mediáticos han pretendido acusar de lenidad con la subversión, bajo la idea de que la democracia es débil para el combate a Sendero Luminoso. En suma, se toma como base la premisa “solo Fujimori y su autoritarismo, salvarán al Perú”, la misma que esta semana señaló sin escrúpulo alguno Martha Chávez.
Es cierto que el Congreso de la República tiene todo el derecho a evaluar la política antisubversiva, a fin de verificar lo avanzado y recomendar mejoras de ser necesario. Es parte de su labor de fiscalización y de canalización de demandas ciudadanas. Sin embargo, la forma en cómo se presenta la moción y quienes la presentan me hace pensar en un interés subalterno detrás.
Esta moción señala, como justificación, que “la política antiterrorista iniciada con la presente década, la flexibilización del sistema penitenciario de los condenados por terrorismo, el sistema de conmutación de penas, el otorgamiento de indultos a condenados por terrorismo, la anulación de los procesos contra terroristas y demás acciones y omisiones del Estado, han podido ser un elemento coadyuvante para que no se haya logrado la total erradicación de dicho fenómeno“.
Lo que no toma en cuenta la moción es que durante los últimos años de Fujimori se descuidó la política contrasubversiva y que, más bien, en democracia se corrigieron los errores cometidos durante el fujimorato. Según indica la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su estudio sobre el regimen fujimorista:
“Debido a la inacción, una de las herencias que su gobierno dejó fue una situación penitenciaria descontrolada, gracias a la cual los reclusos del PCP-SL habían logrado nuevamente el control de las cárceles como sus “luminosas trincheras de combate”. El estricto régimen carcelario de dichos reclusos en los penales de máxima seguridad, incluyendo la Base Naval del Callao, no era tal para 1999“.
La CVR recogió lo que ocurrió en los penales de Yanamayo (Puno), Picsi (Lambayeque), Socabaya (Arequipa) y Potracancha (Huánuco): en estos establecimientos la infraestructura penitenciaria colapsó y los pabellones se convirtieron nuevamente en centros de adoctrinamiento. ¿Y Fujimori? No hizo nada para remediar dicha situación.
Claro, los proponentes también se olvidan de las tortas de cumpleaños a Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre dadas por Montesinos o, como recuerda Lauer, “las visitas a la Base Naval de más de 17 dirigentes de Sendero (en distintas ocasiones), la última de las cuales fue el 14 de noviembre del 2000“. Esta última reunión supuso la instauración del plan “por una solución política a los problemas derivados de la guerra“, que plantea una amnistía general - inaceptable desde todo punto de vista - para los miembros de Sendero.
Y también se olvida que los regímenes de conmutación de penas e indultos vienen desde la época de Fujimori y no se ha podido comprobar que alguna de las personas beneficiadas haya incurrido en actos terroristas. Esta fue la acusación que quisieron plantearle, en su momento, a Diego García - Sayán en su momento, y que fue archivada hace un mes por el propio Congreso. Ahora quieren reactivar esta vieja acusación, pero pretendiendo enlodar a todos los ministros de Justicia del gobierno toledista.
Tampoco se recuerda que el cambio de la legislación antisubversiva se debió a que buena parte de la misma era inconstitucional. No se quiere tomar en cuenta que sólo un mínimo porcentaje de los subversivos que fueron vueltos a procesar han sido absueltos por falta de pruebas y, claro, se omite que los principales cabecillas de SL y el MRTA han sido condenados a penas severas por la Sala Penal Nacional, que ha realizado un eficiente trabajo. ¿Se pretende ignorar estos logros en democracia y volver a consagrar a los jueces sin rostro, los tribunales militares para procesar a civiles, los inocentes en prisión?
¿Y quienes han presentado esta moción? Para comenzar, los fujimoristas Renzo Reggiardo y Cecilia Chacón, en un afan de defender el supuesto “legado” de su jefe. Se han sumado congresistas inimputables como Isaac Mekler y Luciana León, pero, sobre todo, han firmado gustosos esta propuesta la parlamentaria de Unidad Nacional Lourdes Alcorta - cuyo “respeto” por la vida humana es por todos conocido - y el primer vicepresidente de la República Luis Giampietri Rojas, cuyas posiciones sobre la guerra contrasubversiva son por todos conocidas.
Y conociendo a estos últimos, no dudo cuál va a ser el objetivo final de esta propuesta: la invalidación del documento que documenta mejor la violencia provocada por los grupos subversivos y los groseros errores cometidos durante la guerra contra la subversión: el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La ojeriza que el fujimorismo y los congresistas antes mencionados tienen a dicho documento se centra en que va a contracorriente de la “historia oficial” sobre la derrota del terrorismo, que centra las glorias de dicha victoria en las Fuerzas Armadas y Fujimori, olvidando lo fundamental del trabajo de la Policía y de los Comités de Autodefensa, que fueron las entidades realmente decisivas para dicha victoria. Y claro, el Informe contradice los discursos de los partidos políticos sobre sus responsabilidades políticas - y en el caso de Fujimori, penales - sobre lo ocurrido durante los años de violencia.
Además, la CVR plantea cuestionamientos de fondo a la política antisubversiva empleada durante los años noventa y no avala seguir una “línea dura” en el combate a los remanentes del terrorismo, sino que propone una estrategia integral que vaya más allá de lo estrictamente militar.
Dado que existe este peligro, me permito una sugerencia a los defensores del Informe Final y del trabajo de la CVR. Muchos de ellos se han concentrado sustancialmente en el tema de las responsabilidades penales y políticas, a modo de respuesta a los detractores de su trabajo - algunas veces, sólo tomando algunos elementos del Informe Final, sin considerar otros - cayendo en el error centrar su agenda sobre este tema en responder a los ataques de los detractores de este documento.
Mi propuesta va hacia lo siguiente: es necesario concientizar a la clase política, a los intelectuales y a la opinión pública en el hecho de que la CVR, su trabajo y su Informe Final constituyen en conjunto uno de los más importantes instrumentos para generar políticas públicas en diversos temas.
El IF describe, de manera singular, los procesos de modernización frustrados, la exclusión de las poblaciones de la sierra y selva de nuestro país, el narcotráfico, los problemas estructurales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fallas en los poderes del Estado, los problemas de la educación peruana y las particularidades regionales persistentes hasta hoy. Temas que, por cierto, se hicieron notorios en la campaña electoral presidencial del año pasado y que parecen haber sido dejados de lado.
Tomar como foco los procesos y problemas señalados por la CVR implica centralizar la discusión en los temas de fondo y, además, da pie para que, en ese marco de análisis, se puedan ver sus recomendaciones y el tema de las responsabilidades. Ello implica que el país se asuma como una sociedad de post-guerra - cuestión que hasta el día de hoy no se ha hecho - y que el Estado varíe sus políticas sobre la base de este reconocimiento.
No digo con esto que los juicios deban detenerse. Por el contrario, es necesario atender a la demanda de justicia y lucha contra la impunidad de la manera más rápida, con el respeto al debido proceso y garantizando el derecho de las víctimas. Pero estas legítimas demandas debe comprenderse en un proceso mayor de cambios institucionales y reparaciones que consoliden la democracia y los derechos humanos en su integridad en el país.
Hacer esta variación de enfoque determinaría que se pueda posicionar de mejor manera el trabajo de la CVR en la agenda pública y deje de verse como un tema entre “conservadores” y “pro militares” vs. “caviares” y “pro senderistas”, sino como un diagnóstico que involucra problemas de toda la sociedad, así como de realiddes particulares de cada región.
Por ello, la advertencia hecha por Mirko Lauer no sólo nos debe invitar a estar alertas para evitar reversiones perjudiciales para el sistema democrático, sino a tomar una actitud más propositiva. Ello implica no sólo continuar con las denuncias sobre estos intentos autoritarios - liderados por el Primer Vicepresidente de la República -, sino también implica posicionar de mejor manera los temas necesarios para la consolidación democrática en el Perú. De lo contrario, la democracia que tanto esfuerzo nos costó recuperar, se habrá perdido nuevamente, esta vez, por nuestra falta de acción.
INFORME ESPECIAL: La Iglesia Católica de Puno en problemas
El siguiente reporte presenta ante el público bloggero de manera sistemática la crisis que la Iglesia Católica tiene en Puno, a raíz de las últimas decisiones que la jerarquía eclesial de las diócesis de este país. Lo que se cuenta ha sido revelado al Tercer Piso por fuentes directas de la Iglesia Católica, con las que he tenido contacto en los últimos meses, y por información que circula en pocos círculos.
Lo que se menciona no intenta atacar a la Iglesia - de la que formo parte - ni a alguna de las personas o congregaciones puestas en cuestionamiento en este reporte. Lo que se presenta pone sobre la mesa un problema que no sólo incumbe a los creyentes, sino, dada la situación actual en el sur andino, de implicancias sociales y políticas que podrían ser perjuidiciales para todos. La advertencia está hecha.
LAS PRIMERAS ALERTAS
Hace 6 meses, a finales de agosto del año pasado, estuve en la presentación del libro Ser Iglesia en Tiempo de Violencia, editado por el Centro de Estudios y Publicaciones, la editorial católica ligada al Instituto Bartolomé de Las Casas y al ala más progresista de la Iglesia Católica peruana. La intención era ir sondeando el panorama para un futuro proyecto con ellos, para ver la relación entre la Iglesia y los Derechos Humanos en el país.
En dicha reunión, muchos de los comentarios que recogí se referían a las movidas que se comenzaban a producir en la Iglesia Católica en Puno. Habian entrado nuevos obispos de vertiente conservadora y, por lo que me contaban varias personas - entre ellas dos sacerdotes que trabajaron en Ayaviri durante los 90 - todo lo que se había hecho en temas sociales y con la comunidad durante más de cuarenta años podría tener un peligroso ritmo de retroceso.
Dos meses más tarde, tuve una reunión, por razones de trabajo, con tres sacerdotes que trabajan en la PUCP en el Departamento de Teología. Ellos me pudieron confirmar que lo dicho en la presentación antes mencionada era cierto, casi un secreto a voces en la Iglesia Católica, pero que pocos se animaban a hablar.
Hasta que hace tres semanas, un medio de comunicación de Lima se animó a hacer hablar a los protagonistas.
EL REPORTAJE DE CARETAS
En su edición del 25 de enero, Caretas publicó, bajo el título Ayaviri: Hostias con Ají, un reportaje sobre lo que venía pasando en la Iglesia del Sur Andino.
El reporte de Caretas básicamente se centró en tres casos emblemáticos.
El primero, el sacerdote francés Francisco Fritch habìa sido enviado al ostracismo, dado que en la toma de posesión del obispo de Ayaviri, Kai Schmalhausen, en abril pasado, había dicho que “el pueblo cristiano quechua, luego de 500 años de evangelización, merecía tener un obispo quechua”. Eso removió las iras santas del obispo, que luego de unas semanas lo retiró de su prelatura.
Fritch se caracterizó por su labor en favor de los derechos humanos y de las comunidades del altiplano. Anteriormente había trabajado en Chile e incluso había sido detenido en un cuartel militar en Copiapó durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
El segundo problema fue un clamoroso caso de discriminación. El obispo de Juli, José Marìa Ortega, expulsó a un seminarista por tener un defecto físico - una ligera joroba - cuestión que defendió a la revista con inusual desparpajo. Otra denuncia señalaba que Ortega había dicho en la misa de cuerpo presente del primer sacerdote aimara, Domingo Llanque, si el prelado “estaba en el infierno o en el purgatorio”. La noticia de la expulsión del novicio tuvo rebote fue incluso en el diario chileno El Mercurio, el más importante del país del sur.
El tercer intríngulis tiene que ver con las tradiciones más ancestrales del pueblo de Macusani, en Ayaviri, donde el padre Gustavo Mordones prohibió la realizacion de celebraciones religiosas tradicionales - donde se mezclaban lo andino y lo católico - en su parroquia. Incluso las protestas tuvieron por objeto enviar al padre por donde vino. Esta denuncia fue recogida y ampliada por la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), bastante activa en la zona.
A ello se ha sumado la renuncia de cuatro sacerdotes a la diócesis de Ayaviri, cuyas carta de despedida podemos ver aquí.
Cabe señalar que Schmalhausen pertenece al Sodalicio de Vida Cristiana, Ortega al Opus Dei y Mordones a Lumen Dei. Estas tres agrupaciones pertenecen al sector más conservador de la Iglesia Católica peruana.
¿PLEITO TEOLOGICO O PUGNA DE PODER?
A primera vista, parecerìa que nos encontramos ante dos visiones distintas de entender la fe.
Por un lado, los sacerdotes que habìan trabajado desde hacía más de cuarenta años en sur andino - pertencientes a las congregaciones de Maryknoll, Carmelitas y Sagrados Corazones - más comprometidos con la pastoral social inspirada en el Concilio Vaticano II, las conferencias episcopales latinoamericanas de Medellín y Puebla y, además, la Teología de la Liberación.
Por otro lado, una visión más conservadora de los recién llegados, cuyo trabajo eclesial se centra más en la oración y en la contemplación y que han tenido una ancestral disputa con el sector más progresista, que no ha estado exenta de golpes bajos a través de ACIPRENSA, el órgano informativo del Sodalicio de Vida Cristiana, la agupación más activa en la pelea contra los liberacionistas. Cuestión que no es nueva, pues quisieron poner a Gustavo Gutiérrez Merino como presunto candidato a una vicepresidencia por Izquierda Unida en 1984, como parte de una campaña de desprestigio dentro de la Iglesia. (Los sacerdotes sólo pueden postular a cargos políticos con permiso especial).
Sin embargo, existen dos elementos que nos hacen pensar que las cuestiones de disputa teológica se han cerrado.
El primero, es la publicación de La Koinonía Eclesial, un nuevo trabajo de Gustavo Gutierrez, el principal difusor de la Teología de la Liberaciòn. Dicho trabajo fue encargado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en 1996, para aclarar aquellos puntos de su trabajo que podrían prestarse a malas interpretaciones en lo que se refiere a la aplicación y formulación de este corpus, que muchos confundieron con una tendencia marxista. Quien presidía dicha Congregación hasta el 2005 era Joseph Ratzinger, quien había dado en la década de los ochenta algunas críticas desde su puesto a la obra de Gutiérrez.
Luego de varios años de trabajo y algunas correcciones, La Koinonía Eclesial fue aprobada en el año 2004, con lo que se daba por cerrado el debate entre la Congregación para la Doctrina de la Fe y Gutiérrez. Esto ha sido explicado por el Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabrejos, en carta que pueden leer aqui.
El segundo, un off the record dado por un alto miembro de la Iglesia peruana al Tercer Piso, donde me señaló que Gutiérrez había sido invitado por Ratzinger, cuando ya era Benedicto XVI, para una audiencia privada donde zanjaron diferencias personales y reconoció el valor de la Teología de la Liberación dentro de la doctrina de la Iglesia Católica. Es más, mi fuente eclesial me menciona que Ratzinger habría garantizado a Gutiérrez el cese de toda actividad en su contra. Además de los ya señalados ataques del Sodalicio, Gutiérrez tuvo que ingresar a la Orden de los Predicadores - los Dominicos - pues su condición de sacerdote podría estar en peligro si continuaba como sacerdote diocesano. Dicha decisión la tomó en 1999, luego que Juan Luis Cipriani fuera nombrado Arzobispo de Lima y, por ende, su jefe directo. Bajo la protección de una congregación, Gutiérrez sólo tenía que responder a sus autoridades dominicas y al Papa, no a Cipriani.
Todo parece indicar que nos encontramos ante una pugna de poder dentro de la Iglesia Católica peruana, también entre ambos bandos, pero el pleito quiere mantenerse en secreto. Sino, no se explicaría el Comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana que protege a los obispos de Juli y Ayaviri de las acusaciones vertidas en Caretas. Disputa que se formó, es cierto, alrededor del debate teológico antes reseñado, pero que hoy se despoja de ese cariz y parece ser tan mundana como nuestra política nacional.
¿POR QUE EL TEMA NOS DEBERIA INTERESAR?
Más allá de los chismes eclesiales o entretelones detrás de los altares contados en esta nota, el tema nos debe llamar a reflexión, dado que puede traer consecuencias sociales imprevisibles en una zona potencialmente convulsionada como Puno.
La Iglesia del Sur Andino hizo un trabajo importante en medio de las luchas campesinas por la recuperación de las tierras en medio de la reforma agraria de los años setenta. Ese trabajo y una pastoral que respetaba las costumbres andinas, que buscaba cambios sociales y mejoras para las comunidades hizo que se creara un sentimiento de pertenencia a la Iglesia Católica entre miles de pobladores.
Es así que la Iglesia se convierte en uno de los actores sociales más importantes para la contención de Sendero Luminoso en Puno. Los planes de esta organización subversiva eran convertir al altiplano en un nuevo Ayacucho. Sin embargo, la unión del pueblo con su Iglesia pudo evitar que Puno se volviera un polvorín. Por ello, Sendero atacó con furia a las organizaciones eclesiales y a sacerdotes. Se impulsaron Vicarías de Solidaridad en Ayaviri, Juli y Sicuani, cuyo trabajo combinaba lo legal con la pastoral, el acompañamiento de las vìctimas de la violencia e información que los sacerdotes extranjeros podían dar a conocer en sus respectivos países para desbaratar la serie de mentiras que los senderistas daban en el exterior.
Asimismo, la Iglesia sirvió como actor de contención para que no se produjeran masacres o violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Aunque al principio no entendieron su labor y la confundieron con comunismo, poco a poco la labor pastoral en el sur andino fue entendida por los militares, quienes reconocieron en la Iglesia a aliados valiosos para el combate contra la subversión.
Resulta curioso que donde existían obispos conservadores este trabajo no se haya dado, fue el caso de Ayacucho, especialmente cuando Cipriani llegó al lugar en 1998, o en Apurímac, donde el obispo Sala pertenecía al Opus Dei y no permitió trabajos de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el brazo social de la Iglesia peruana.
Puno es una región bastante convulsionada, con un presidente regional bastante impredecible como Hernán Fuentes, quien, recordemos, fue elegido con menos del 20% de los votos.
Como lo ha recogido recientemente Martín Tanaka en su blog:
“esto no resuelve el problema de Fuentes de contar con sólo 4 consejeros favorables a él, teniendo a otros 9 de oposición, entre los que se encuentran varios de sus ex socios de Avanza País. Este hecho podría ser pasado por alto si es que no fueran ya varios los casos de alianzas entre alcaldes provinciales y consejeros, lo que podría consolidar en los siguientes meses un frente mayor de oposición al gobierno regional, especialmente cuando se discuta la distribución del presupuesto y esto evidencie lo que hasta el momento es vox populi en Puno: la inexistencia de un plan de gobierno.
Mientras tanto, en el sur, los alcaldes provinciales de El Collao-Ilave, Yunguyo y Chuchito-Juli, vienen impulsando la conformación de un grupo de burgomaestres que, a diferencia de otras experiencias de asociativismo municipal, tiene como particularidad que su principal propuesta política es la reivindicación aymara, consolidando la presencia de un discurso étnico que va teniendo más presencia cada vez.
Y como si esto fuera poco, tenemos el innegable enfrentamiento al interior de la Iglesia Católica, que con la toma de la parroquia de Macusani y las denuncias en contra de las nuevas autoridades eclesiásticas, se convierte en la cereza que corona la torta“.
Si se debilita la Iglesia Católica en Puno, no será solo un problema para los creyentes en dicha región del país, sino que podrìa conllevar un tema de debilitamiento del tejido social en el altiplano, lo que haría que está región sea más susceptible frente a embates radicales, que no podrán ser contenidos debido a que la pastoral ha cambiado de viraje y la Iglesia no se encontraría tan cercana a su pueblo como hace un par de años. Es un problema social al que no podemos ser ajenos, por más que se produzca a varios cientos de kilómetros de Lima.
Un comentario final. Al inicio de la Asamblea Anual de Obispos del Perú, Monseñor Miguel Cabrejos dio un discurso en el que se quejaba del desinterés de los creyentes y del abandono de cientos de fieles de la Iglesia Católica para pasar a los credos evangélicos. Quizás con este pequeño aporte Cabrejos pueda darse una idea de por qué se produce este fenómeno.
POST SCRIPTUM:
Al cierre de este informe tuve conocimiento que estaba circulando una carta de un sacerdote que trabaja en Ayaviri, donde hace referencia a los temas tocados en este informe. Hilario Huanca, perteneciente a la Congregación de los Sagrados Corazones, es quien dirige este desgarrador testimonio, que pueden leer aquí. Este es un último elemento de juicio que dejo para la reflexión.
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