Desde el Tercer Piso

Pocos artículos, en los últimos tiempos, han resultado tan lúcidos como el que hoy ha escrito Carlos Iván Degregori en Perú.21. Bajo el título de La Paja en el Ojo Ajeno, el ex miembro de la CVR ha desarmado los argumentos esgrimidos por Alan García en su desaforada defensa de Francisco Morales Bermúdez. En otras palabras, y en castellano puro y duro, lo ha desasnado en materia de historia de las masacres ocurridas en el siglo XX.

En general, el discurso gubernamental sobre los derechos humanos denota una mezcla de desprecio, discriminación e ignorancia, que a estas alturas del partido, más que desafortunada, parece intencional. La frase de Alan que Degregori resalta es realmente sintomática del “pensamiento García” en materia de derechos de los ciudadanos:

“Tenemos que evitar que se crea allá en Europa, que el Perú es una republiqueta bananera, de hutus y tutsis que se asesinan totalmente”.

Pero García, no lo olvidemos, no puede argumentar ignorancia. Su primer gobierno estuvo enmarcado, en buena parte, por las causas, hechos y secuelas del conflicto armado que vivió el país entre 1980 y 2000. Y, tal como lo dijo la CVR, y parece olvidar la selectivamente amnésica memoria presidencial - lo que parece ser defecto contagioso de otro ex gobernante, hoy en prisión - es que el APRA fue el partido con la mayor cantidad de militantes muertos durante ese periodo. Ni siquiera ese hecho del martirologio aprista - y vaya que los compañeros saben de persecusiones -, el que costó más muertos que la propia rebelión de Trujillo en 1932, es reivindicado por el ahora adalid de la mano dura. Ese dato, del cual apenas se acordó en su último mítin de campaña en primera vuelta - lo recuerdo, pues estuve allí, soplándome semejante aconecimiento -, refleja el nivel de violencia que vivió el país durante muchos años, del cual pretende fingir desconocimiento.

Sin embargo, poco a poco, el país se lo viene recordando, sobre todo, en relación con hechos que quedaron poco claros de la actuación gubernamental entre 1985. La semana pasada, la Sala Penal Nacional anunció que se vienen los juicios contra los militares involucrados en hechos violatorios de los derechos humanos ocurridos durante el Aprocalipsis. En esos casos - Accomarca, El Frontón y Cayara - García será llamado como testigo. De dichos casos, El Frontón es el que más problemas le trae, dado que, a pesar que no se ha demostrado fehacientemente su responsabilidad penal, su responsabilidad política es gravísima. A ello se suma las lógicas suspicacias por algunas resoluciones judiciales bastante convenientes para algunos. Bien lo dice el conocido refrán, “la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo” y ese tipo de “ayuditas” procesales le cuestan más caro, a la larga, a quienes pretenden salir limpios de estas acusaciones.

Pero en los últimos días, otro fantasma más, este sí más directo, se destapa judicialmente. Como ha informado La República, Agustín Mantilla ha sido acusado por ser el máximo responsable de un comando paramilitar, que tomó el nombre de un martir aprista, y perpetró varios crímenes reconocidos incluso ante instancias internacionales.

La acusación fiscal apunta a lo que la Comisión de la Verdad y Ricardo Uceda han sostenido: la existencia de un grupo conformado por Mantilla para hacer operaciones de inteligencia y ejecuciones extrajudiciales. Una suerte de mini-Colina, pero cuyas motivaciones reales deben esclarecerse. De hecho, será interesante dilucidar si esto fue una iniciativa de Mantilla - propia o por órdenes de alguien - o si nos encontramos ante algo que preparó el propio partido como iniciativa para contrarrestar las muertes que le generaba Sendero Luminoso. De hecho, Jesús “Chito” Ríos admitió ante Rosa María Palacios que se generó un grupo de inteligencia del partido, labor que, como le dijo RMP, no era parte de lo que debía hacer un grupo político, ni siquiera en esas situaciones.

Lo que los apristas y el Presidente de la República no se percatan es que la actitud de omertá - es decir, silencio al estilo mafioso - que Mantilla ha tomado frente a este caso, a pesar de las evidencias, los termina perjudicando. Como escribió Marco Sifuentes hace un tiempo:

Yendo al fondo del asunto, lo primero que vale la pena resaltar es la visión martirológica que los compañeros tienen de Mantilla (”¡Agustín no es leproso!” corean). ¿Cuál es el mérito que le ven? ¿Callarse la boca sobre el Frontón y ocultar de quiénes eran los US$ 2 millones que le encontraron? Ojo: no es que crean que es inocente. No. Lo que valoran es que no haya “echado” a sus compañeros.

Volviendo al inicio, al final de su artículo, Degregori da una sentencia bastante lúcida, que resume la conducta de todos estos personajes sobre los derechos humanos:

Moraleja. Muchas veces son civiles más papistas que el Papa los que impiden que tengamos unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional modernas, subordinadas a un poder democrático y aptas para cumplir con estándares que ojalá se consoliden en el siglo XXI. Aunque algún malpensado pueda argumentar que la irritación presidencial y el blindaje a Morales Bermúdez, más que arrogancia, revelan una prudente cura en salud.

Por lo que vemos, ser malpensado no parece ser un mal en estos tiempos.

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A pesar de nuestra cercanía geográfica, pocos peruanos conocemos ampliamente lo que ocurre en el conflicto armado interno en Colombia. Dado que las noticias internacionales se vienen centrando en las idas y venidas de la liberación de rehenes por parte de las FARC, es momento de dar una mirada a la complejidad del conflicto y de sus actores.

LA HISTORIA DEL CONFLICTO

Si bien Colombia ha transcurrido por varios procesos prolongados de violencia a lo largo de su historia, se puede señalar la existencia de un conflicto armado interno desde la década de 1960, con la aparición de guerrillas de izquierda en algunos sectores rurales del país.

Los dos grupos principales que se vienen enfrentando al gobierno democrático colombiano son las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de inspiración marxista – bolivariana, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cercano más bien a la Revolución Cubana.

Las reivindicaciones originales de estos grupos se centraron en el reparto de la tierra y en una mejor redistribución de la riqueza. Colombia es uno de los pocos países de la región que no ha tenido una reforma agraria, por lo que el problema de la tierra sigue presente en la agenda. En la actualidad, la agenda reivindicativa de los grupos alzados en armas es más compleja y confunde cuestiones ideológicas con reclamos puntuales sobre políticas específicas.

Dos características son consustanciales al conflicto. La primera es la marginalidad de la guerra frente al sistema político: Colombia es uno de los países políticamente más estables de la región que, si bien ha pasado por una crisis de partidos como toda América Latina, ha logrado consolidar un sistema institucional y jurídico bastante avanzado en comparación con la región. La segunda es que la geografía del conflicto se define alrededor de la tenencia de la tierra. Existen zonas con control territorial efectivo, donde la ausencia del Estado es bastante fuerte.

Tres factores adicionales complicaron el conflicto durante la década de 1980.

El primero fue la formación de grupos paramilitares, creados en los años ochenta para combatir a las guerrillas, pasando a ser fuerzas ofensivas con el transcurrir de los años. Se agruparon, posteriormente, en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Estos grupos se formaron por iniciativa de los ganaderos colombianos, quienes armaron a los campesinos para defender sus tierras. Posteriormente, estos grupos se fueron acrecentando hasta su unión en las AUC.

El segundo fue la presencia del narcotráfico. La comercialización ilegal de drogas se convirtió en un problema real a partir de los años setenta y los cárteles comenzaron a ocupar presencia importante no solo en la economía, sino en todas las actividades en Colombia, incluyendo la política. Todos los grupos armados en Colombia tienen algún tipo de conexión con el narcotráfico, sea por financiamiento de sus actividades, o porque se han convertido en guardianes de los capos de la droga.

El tercer factor fue el M-19 (Movimiento 19 de Abril), un grupo armado cuyas acciones se concentraban en las ciudades. Los secuestros y asesinatos fueron parte de sus acciones. Posteriormente, en 1990, a raíz de un movimiento para la creación de una Asamblea Constituyente, el M-19 depuso las armas y se incorporó con cierto éxito a la vida política nacional. Actualmente, varios de sus integrantes conforman el Polo Democrático Alternativo, una coalición de izquierda que es, actualmente, la segunda fuerza política de Colombia.

ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO

Desde 2002, el país es gobernado por Álvaro Uribe Vélez como parte de la coalición Primero Colombia. Durante su gobierno ha implementado lo que se conoce como Política de Seguridad Democrática, cuyo objetivo central es la recuperación de territorios controlados por los grupos armados. Si bien se logran recuperar el tránsito por las principales vías y se logra la desconexión de bases, no se ha podido derrotar militarmente a las FARC. A la par, Estados Unidos implementa desde 1999 el llamado Plan Colombia, consistente en ayuda militar directa y labores de monitoreo de la zona de conflicto.

Uribe puso varias condiciones a los grupos armados para negociar una salida pacífica. Las AUC constituyen el único grupo armado que ha negociado con el gobierno una desmovilización. El proceso, originalmente, se enmarco legalmente a través de la Ley de Justicia y Paz, promulgada en 2005, cuyo aspecto central era una rebaja considerable de penas a paramilitares que hubieran cometido violaciones a los derechos humanos a cambio de dar su versión sobre estos hechos. En 2006, la Corte Constitucional de Colombia interpretó esta norma, señalando que la confesión debía respetar el derecho a la verdad, se sanciona el ocultamiento de información, no se posibilitan los indultos y las reparaciones tendrán que pagarse con fondos de las Autodefensas. Estos procesos de confesión se llevan a cabo ante las Fiscalías y los jueces determinan finalmente las penas a aplicar.

Asimismo, la Ley de Justicia y Paz creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, con un plazo de 8 años para cumplir con sus funciones. Este grupo de trabajo, que no es propiamente una “comisión de la verdad”, tiene entre sus funciones elaborar un plan de reparaciones colectivas para las víctimas de la violencia, elaborar un informe que explique el proceso nacional de la violencia y hacer un seguimiento al proceso de desmovilización. Es una comisión mixta, conformada por representantes del gobierno, la sociedad civil, las organizaciones de víctimas y organismos de control del Estado.

El proceso se ha visto complicado por el llamado escándalo de la parapolítica, que consiste en la revelación de vínculos de políticos colombianos con los paramilitares. Los políticos habrían obtenido beneficios y cargos gracias a algunas amenazas de las autodefensas, mientras que éstas habrían resultado con financiamiento para sus actividades. Las revelaciones han llevado a investigaciones judiciales, arrestos de diputados e renuncia de ministros de Estado.

En el caso de las FARC, algún intento de negociación se abrió con la liberación de Rodrigo Granda, a pedido del gobierno de Francia, para intentar algún tipo de salida pacífica al conflicto. Sin embargo, la muerte de 11 ex diputados regionales que permanecían como rehenes desde 2002 ha entrampado cualquier negociación. El tema de los secuestrados se ha convertido en la más importante prioridad humanitaria en Colombia.

Y es en este momento que interviene Hugo Chávez. A estas alturas, queda claro que todos los actores armados y políticos del conflicto quieren ganar algo con lo que debería ser un gesto humanitario. En una lúcida columna de hace algunos días, Ramiro Escobar decía lo siguiente:

Ellos (los tres - o dos - rehenes a ser liberados) son parte de los 46 secuestrados que esta guerrilla añeja e inhumana tiene en su poder, los cuales quiere canjear por 500 de sus militantes presos. Pero, en rigor, su galería de plagiados asciende a unos 700. En estos momentos no hay que olvidar eso, y tampoco hay que perder de vista la patética exhibición de fariseísmo de los involucrados en la negociación. No han sido nada navideños.

¿Y HACIA DONDE VAMOS?

Esta pregunta no la puedo responder. Pero todo indica que el conflicto no acabará militarmente, dado que ninguna de las partes va a poder derrotar por las armas a las otras. Todo apunta, así, a que se entre en procesos de negociación, con la complejidad antes relatada y en el que los actores armados no estatales van a buscar mecanismos de impunidad o reducción de las penas.

Lo que deberá tener presente el Estado colombiano es que dichas negociaciones no se podrán hacer hasta que exista una voluntad real de las FARC y del ELN por dejar las armas y liberar a todos los secuestrados. Asimismo, que ningun acuerdo de paz puede contemplar amnistías para crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pues el derecho internacional no lo permite.

Pero para que ello ocurra, tal vez sea necesaria una figura menos controvertida y menos comprometida con la parapolítica. Uribe podrá haber conseguido grandes avances, pero no creo que sea el Presidente de la paz, por las divisiones que ocasiona su figura. La pregunta es: ¿quién lo podrá ser?

Mientras tanto, Colombia sigue sintiendo que la vida de sus ciudadanos se puede ir en un ratico.

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¿Y los inocentes? Los vi el otro día en el terraplén de Castro Castro pulcramente alineados, como se dice, blancos y tiesos como una fila de espárragos, y esta mirada reflejaba no el sol de la libertad sino la sombra de la angustia, frente a un mundo que, en su ausencia, había galopado. Tenían en la mano la resolución que permitía su salida, pero ya intuían que este diploma de graduación de la universidad de los condenados no significaba gran cosa. Cuando uno ha sido sentenciado una vez, lo es de por vida
(Hubert Lanssiers)

Cuando uno está por terminar la carrera de Derecho, puede percatarse hábilmente de dos cosas. La primera es que la justicia y la Ley no equivalen a lo mismo. Una norma, por más que cumpla con los estándares formales para su expedición, puede ser profundamente injusta o, peor aún, padecer de esa enfermedad jurídica que los abogados llamamos inconstitucionalidad y que debe ser curada por 7 médicos reunidos en la Casa de Pilatos. La segunda es que uno de los documentos que mayor dolor puede causar en la vida se llama sentencia condenatoria, cuando a quien se envía a San Jorge, Castro Castro o Santa Mónica tiene la misma inocencia que un niño de 5 años.

En el Perú, en los años en que nos matamos entre compatriotas en nombre de una interpretación ideológica fanática y tanática o de la defensa del Estado, confluyeron ambos fenómenos en un grupo de personas, a las que, literalmente, se les cortó la vida por varios años.

Aun hay en mi país quienes señalan que las normas dictadas por un dictador fueron la única respuesta válida para acabar con los ríos de sangre. Olvidan que ese mismo autócrata, luego de una presión fuerte de la opinión pública, tuvo que crear una comisión especial para poder liberar, mediante el indulto, a un importante número de personas: 1,372 seres humanos, de acuerdo a los datos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Dionisio Huancas Masaje es un campesino piurano de 70 años. Fue obligado a salir de su casa por terroristas encapuchados y armados. Junto a otros pobladores tuvo que presencia uno de los llamados “Juicios Populares” que culminó con la muerte de una persona. Se ha comprobado que el anciano fue obligado a presenciar el suceso, que se encontraba desarmado y con el rostro descubierto y que incluso ayudó a enterrar a la víctima. Pero se la acusó por terrorismo y está encarcelado esperando se resuelva su proceso.
(Eduardo Dargent, Hijos de un Dios Menor: Cifras, súbditos e inocentes)

Cuando estás en la adolescencia, vives en la clase media limeña y estudias en un “buen colegio” no hay muchas cosas que te preocupen, salvo las notas en el colegio. El resto del tiempo lo dedicas a ver tele, jugar con el video juego de moda, salir con tus amigos y preguntarte sobre si la mirada de aquella chica que cuando sonríe se le forman hoyitos es más que la de una amiga.

Pero también esa edad, en dicho espacio y en algunos colegios, puede ser la oportunidad para saber que el país no comienza en la Javier Prado. Aunque yo ya sabía que mi ciudad era mucho más grande que los confines del Zanjón y La Molina, dado que el primer Tercer Piso estuvo en el Centro de la ciudad, el colegio me brindó la oportunidad de conocer ese otro país, el afectado por la violencia.

Con su afectación de erres propia de quienes nacieron en Bélgica, la imagen que imponía respeto y su peculiar sentido del humor, hubo alguien que, sin que muchos lo conocieran, iba todos los días a las cárceles, no a hacer misa como muchos suponen es la principal función de un sacerdote, sino a reconfortar – sea en silencio o con alguna palabra -, a ver los trabajos artísticos que se hacían en los talleres y a comenzar a bregar a sacar a aquellos invisibilizados por el sistema de justicia y por el país que habían sido llevados a una condena de 20 años de prisión en uno de esos procesos tan veloces que empalidecerían el reciente record de Asafa Powell en los 100 metros planos.

Por esas casualidades de la vida, ese mismo hombre que no tenía cuello de televisor y que solo usaba sotana para hacer misa, vivía y enseñaba Filosofía en el mismo colegio donde este blogger hizo la primaria y la secundaria. Y claro, Hubert hacía locuras como la de tener una tienda en el colegio – que aún permanece hasta hoy – donde se venden los trabajos de las personas que moran en una celda de 4 x 2 o de hacernos rezar a todos los alumnos una semana en familia, en el año que me iba del colegio, por una persona inocente que aun no había sido liberada o que recientemente había recuperado la libertad.

Y por ello fue que muchos pudimos conocer, en nuestro mundo de privilegiados, que los inocentes en prisión eran más que las cifras que Jorge Santistevan decía en el programa de Hildebrandt, que habian muchas historias detrás de los abrazos a la salida de las cárceles. Y veíamos a Hubert al lado de ellos, sonriendo luego que aquellos que pertenecían a los mismos grupos que la CVR nos diría fueron aquellos desde donde provenieron las cifras de muertos y desaparecidos.

Y yo me pregunto: si Lanssiers estuviera aquí con nosotros, ¿que diría al ver el periódico de ayer?

Y allí me sentencian unos jueces sin rostro. Inclusive no me dejaron entrar a los abogados, a ninguno de los abogados. Yo reclamé mi abogado. Yo reclamé mi abogado y me contestaron: no, no te preocupes, nosotros somos tus abogados.
(Informe Final CVR. Testimonio de Eleuterio Zárate Lujan)

Pero la realidad de los inocentes en prisión no estaba tan lejana como podía pensar.

1997. Programa de Confirmación. Por las cuestiones medio locas de mi colegio y la responsabilidad absoluta de mi profesor de religión, la confirma la hago en el Colegio Héctor de Cárdenas. Una de esas experiencias que marcó mi vida por las experiencias que tuve y las personas que conocí. A algunas de ellas las veo hasta el día de hoy.

Entre los chicos y chicas que estabamos allí, en un programa de confirma que nos hacía vivir la fe con los pies bien puestos en el país - recuerden, en dictadura, con el TC defenestrado y con el tema de Frecuencia Latina en efervescencia -, destacaba un chico con aptitudes de líder. Se llamaba - se llama - Yail y luego supe que su papá estaba en la cárcel, condenado injustamente por terrorismo.

El papá de Yail hoy es Presidente Regional de Lambayeque.

Yehude, al que pude conocer en el 2005, por motivo de un Foro en el que pude hacerle algunas preguntas sobre la competitividad en el Perú, ha reflexionado mucho sobre lo que fue su experiencia en la cárcel y su activismo radical de los años ochenta. Activismo que nunca lo llevó a militar en el MRTA, como el gobierno de Fujimori hizo creer. Pero lo mantuvieron 8 años en prisión porque querían un trofeo que exhibir, como lo hicieron con cientos de peruanos anónimos. Y por ello tiene hoy la autoridad moral suficiente para criticar la nueva estigmatización a la que a muchos peruanos como él quieren someter.

A los años de cárcel, Alan Garcia quiere sumarles el señalamiento del vecino.

“El criminal que participó en el atentado de El Polo es un terrorista que fue indultado”, vocifera un ex policía. Sucede que el aludido nunca había pisado una prisión en su vida. Un periódico publicó la lista de indultados que recuperaron su libertad durante el gobierno de transición y el actual con la venenosa advertencia: “ ¡Ojo con estos nombres!” y sigue el alegre festival de los cazadores de brujas. Un venerable diario, pasando por encima de fiscales y jueces, en un articulo mal escrito y rebozando de estupideces acusa a un achica de terrorista, ni siquiera “presunta terrorista”; la joven, si esto puede concitar el interés de alguien, acaba de recuperar su completa libertad sin mérito a juicio oral, claro que el necio periodista le malogró la existencia pero supongo que es un detalle.
(Hubert Lanssiers, testimonio ante la CVR)

Si, Hubert, la estigmatización y la estupidez vuelven de cuando en cuando al país, sobre todo, cuando el terror, sea la denominación que tuviere, vuelva a dar zarpazos. Porque seguimos sin aprender nada, porque seguimos sin entender que las soluciones de mano dura son contraproducentes por poco éticas y poco prácticas. Porque seguimos pensando en estadísticas y no en seres humanos.

Lo peor, es que quien lo hace, dijo que fue perseguido y estigmatizado por 9 años. ¿No se acuerda de eso, señor Presidente?

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Cuestiones del pasado y del presente se juntan en el mismo horror

Huancavelica. Nuevamente el horror. Otra emboscada más en la que cuatro policías pierden la vida. Otra vez en una ruta de salida de la droga por el VRAE.

Cuando seguimos lamentando aún los hechos en Ocobamba y seguimos preguntándonos si es un Sendero redivivo o, como parece ser, patrullas rentadas de los narcotraficantes en las que intervienen actores de todo tipo, pero en las mismas zonas en las cuales el terror azotó durante muchos años.

Soy de quienes piensan que no nos enfrentamos ante un rebote senderista frente a una supuesta lenidad de los gobiernos de Paniagua, Toledo y García II frente a la subversión. Ni la Comisión de la Verdad y Reconciliación legitimó a Sendero Luminoso o pidió una amnistía - por el contrario, manifestó estar contraria a la misma -, ni tampoco tenemos leyes más débiles para procesar el delito de terrorismo. La monserga de que necesitamos situaciones de emergencia, vulneración de derechos fundamentales y una supuesta mano dura ni siquiera era aceptable en 1992, menos lo es ahora.

Creo que nos enfrentamos a un fenómeno distinto, pero que es producto de dos cuestiones que confluyen: la no atención a las secuelas del conflicto armado (psicosociales, sociopolíticas y económicas) que pueden traducirse en la continuación de la ausencia del Estado en zonas donde la pobreza y la falta de oportunidades se dan la mano y, claro, la acción del narcotráfico, en momentos donde el precio de la cocaína ha aumentado y, por tanto, la demanda es más alta.

Lamentablemente, lejos de entender la complejidad del problema, algunos sectores políticos y mediáticos siguen enfatizando en que debe aplicarse la supuesta estrategia vencedora de los noventa o satanizando a toda la izquierda como si fuera aliada de la violencia. Pues ni la estrategia fujimorista fue la vencedora del terrorismo ni la izquierda (por lo menos, la democrática) apoya la lucha armada como algunos siguen repitiendo.

El nuevo caballo de batalla tiene su nombre y apellido. Se llama Proyecto de Ley de Reglas de Empleo de la Fuerza por las Fuerzas Armadas, preparado por el propio Comando Conjunto y que establecería las normas para las ocasiones en las que se convoque a los militares para labores de orden interno. Como era de suponerse, Giampietri se ha manifestado en contra de la norma, a pesar que el propio Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto han expresado su conformidad con la misma. De hecho, hablando con personas vinculadas a los sectores castrenses en estos días, me expresaron su satisfacción por la misma y me dijeron que hubieran querido tener reglas de este tipo durante la lucha contrasubversiva.

Y es que, además, se sigue entendiendo que la tarea de enfrentar los focos de violencia del país es tarea meramente castrense. En principio, los problemas de orden interno están a cargo del Sector Interior y por ello es tan importante tener un Ministro y no a quien está sentado en Corpac sin muchas ideas. Las Fuerzas Armadas, ciertamente, pueden apoyar en esta tarea, pero bajo un comando único y una estategia que privilegie los aspectos de inteligencia.

Las consecuencias de una política de “mano dura” ya las vienen pagando quienes las hicieron o aplicaron. La reciente detención del general Luis Pérez Documet, involucrado en la matanza de La Cantuta y en las desapariciones de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, es prueba de que este tipo de acciones no serán dejadas impunes, por lo menos, por jueces valientes y que toman la Constitución y la ley como modelo. De hecho, tengo la convicción de que la derrota de Sendero Luminoso se pudo producir antes, si es que no hubieran existido tantas vulneraciones a los derechos fundamentales que alejaron a la población de los encargados de la parte militar del conflicto.

Como todos, quisiera que el terror no se vuelva a apoderar de mi país. Aun recuerdo las bombas a 10 cuadras de mi casa, las imágenes en la televisión que nos recordaban el conflicto y también a uno de mis tios más queridos recibiendo amenazas por estar en el comando de la Policía. Pero también soy consciente que la forma de derrotar a la subversión y al narcotráfico es con una buena estrategia, personas preparadas, mucho trabajo de inteligencia y una comprensión de que el trabajo no solo supone aspectos represivos, sino también de hacer que el Estado se haga presente. Pero parece que en Palacio aún no son conscientes de ello.

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Noticias que, salvo excepciones, no verás en la primera plana de los diarios

JUICIO A FUJIMORI EN HORA CERO

Ayer, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema ordenó la apertura de juicio oral a Alberto Fujimori en el megaproceso por violaciones de los derechos humanos.

En el documento que convoca al juicio oral, que se iniciaría el 26 de noviembre, destacan algunas cosas. Mediáticamente, la convocatoria como testigo a Vladimiro Montesinos es la noticia más importante. La pregunta es si, ahora que está siendo procesado también por el caso La Cantuta, el Doc se animará a cantar o si se dedicara a la protección de su ex jefe con el silencio.

También serán importantes otros testimonios, sobre todo, los de los sobrevivientes de la matanza de Barrios Altos, los secuestrados Dyer y Gorriti y de los ex miembros del Grupo Colina, varios de los cuales ya han señalado que el ex dictador tenía conocimiento de los hechos imputados. Sobre éstos últimos, la abogada de los familiares de las víctimas Gloria Cano ha señalado presiones mediante extrañas visitas del congresista Rolando Souza a varios de los testigos. También desfilarán personajes como Ketín Vidal, Rodolfo Robles, Ricardo Uceda, Edmundo Cruz, Gilberto Hume y Máximo San Román.

Y una de las pruebas más importantes es el ya famoso vídeo de Santiago Martin Rivas en el que confiesa que Fujimori estaba al tanto de las actividades y que las violaciones a los derechos humanos eran parte de su política. Dado que esas declaraciones fueron dadas a Umberto Jara sin presión, sin duda, van a ser claves en el proceso, al igual que otros documentos fundamentales que demuestran la relación.

Sin duda, el Poder Judicial se juega su partido más importante.

EL JUICIO A SL: LA ETAPA FINAL

Como también es clave lo que pase en la Corte Suprema el mismo día que se inicia el juicio a Abimael. La Segunda Sala Penal Transitoria, presidida por el controvertido Javier Villa Stein, será la que se encargue de revisar las condenas dadas por la Sala Penal Nacional a Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso.

La trascendencia de este proceso es bastante alta. De confirmarse las sentencias, se demostraría a los partidarios del autoritarismo que es posible juzgar a criminales tan avezados y repudiables como estos en democracia y con respeto a las reglas del debido proceso. Algo que Santiago Pedraglio nos recordó hace algún tiempo. Y se acabaría la falacia de que la democracia es débil con el terrorismo y que sólo con jueces sin rostro se puede procesar a esta gente.

Además, la sentencia de primera instancia, que esperemos sea ratificada, tuvo dos planteamientos jurídicos que son revolucionarios para el Perú: la aceptación de la teoría de dominio del hecho para aparatos organizados de criminalidad - lo que implica que es tan responsable el que puso la bomba como quien ordenó ponerla - y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario para los procesos contra la subversión, sin que ello implique reconocer status especial ni ninguna prerrogativa a los miembros de Sendero Luminoso.

Si la Sala que preside el cuestionado Villa Stein confirma estos elementos habrá limpiado en algo la imagen negra de este magistrado. Y, por cierto, el país podrá respirar aliviado.

TOLEDO Y CASTRO CASTRO

Imagen negra y consagración involuntaria de heroísmos es lo que pretendió hacer el APRA con la absurda acusación constitucional contra Alejandro Toledo por el allanamiento del Estado Peruano en el caso Castro Castro.

Como lo hemos mencionado en otras oportunidades, la acusación era realmente disparatada, toda vez que el allanamiento se debió a que el caso era lo suficientemente claro: habían existido ejecuciones extrajudiciales ordenadas por un gobierno de facto, que constituyen violaciones a los derechos humanos.

Pues ayer se recomendó archivar la denuncia constitucional contra Toledo. Así lo señaló el congresista Fredy Otárola:

“Más allá de cualquier posición política discrepante o coincidente, jurídicamente la decisión del allanamiento parcial era la correcta. No nos queda duda que hubo gruesos errores en la gestión de Toledo pero a la luz del análisis jurídico este no es uno de ellos”.

Si se aprobaba la acusación constitucional, se habría dado un nefasto y absurdo precedente: por respetar los derechos humanos, un gobernante puede ser inhabilitado por el Congreso. País de locos en el que solo a Javier Velásquez Quesquén puede ocurrísele semejante patinada.

CHUNGUI O LA INVISIBILIZACION DEL OTRO

Si quieren conocer porque el país vota por Ollanta Humala o por cualquier outsider que aparezca en el camino, les recomiendo el artículo de ayer de Carlos Iván Degregori sobre Chungui y Oreja de Perro, dos de las zonas ayacuchanas más azotadas por la violencia durante el conflicto armado interno.

Y es que esta región del país, estudiada en profundidad por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, padece de uno de los fenómenos tan comunes a nuestra realidad: la invisibilización de cientos de compatriotas, quienes no se sienten parte de un proyecto nacional, regional o, siquiera, local.

El último párrafo del artículo de Degregori nos ilustra, además, sobre los problemas que quedaron evidenciados con los sucesos de Ocobamba: la influencia del narcotráfico:

No parece perra de ningún hortelano, tampoco su canción dice que va a pedir algo, solo conversar, como pudiera hacerlo cualquier ciudadano. Tal vez para decirle al doctor Alan que en las cumbres por encima del VRAE, desde Viscatán, pasando por Putis y hasta Oreja de Perro, hay una franja que sufrió demasiado la violencia y que ahora, más pobre, debilitada y despoblada, es tierra de nadie por donde los cárteles sacan droga pagando migajas a los muchachos, que si no emigran, no tienen casi alternativa sino volverse “mochileros”. Respetando la opción preferencial por los empresarios, asumida apasionadamente por el doctor Alan. Asumiendo incluso su preferencia por ungir zares y zarinas en vez de fortalecer la institucionalidad democrática, ¿no sería urgente que el gobierno, empresarios y ciudadanos en general, hagamos algo antes de vernos envueltos en otro ciclo de violencia, esta vez sí transnacional?

Esta es una urgencia mayor que los negocios con Chávez. ¿La atenderá, Dr. García?

Conforme pasan las horas, las explicaciones sobre el atentado a la comisaría de Ocobamba se complejizan. A estas alturas, va quedando claro que los refuerzos solicitados por el comisario Héctor Zegarra nunca llegaron y que la negligencia sobre el particular ha sido mayúscula, dado que si existieron informes de inteligencia informando sobre el ataque.

Igualmente preocupante es la hipótesis que comienza a manejarse en algunos medios de prensa. Tanto La República como Cuarto Poder han hablado de la posibilidad de la existencia de un nuevo grupo subversivo, autodenominado Los Revolucionarios de la Región Apurímac, una organización que estaría dedicada exclusivamente a un sólo objetivo: la defensa de los intereses del narcotráfico. Ello explicaría porque los ataques de los últimos años en la zona del VRAE apuntan a objetivos militares o policiales y no a población civil.

De hecho, se ha acentuado la coincidencia en los análisis de los especialistas en temas de seguridad sobre el peligro que supone el narcotráfico en nuestro país. Rubén Vargas, Santiago Pedraglio y Fernando Rospigliosi han advertido en las últimas horas sobre las aristas que tiene el narcotráfico en la zona del VRAE. Ocobamba, una zona de tránsito de la droga, no es más que un punto a tomar en cuenta en una larga cadena. Dejo a Rospi para la explicación macro:

Este suceso es uno más que muestra hacia dónde estamos yendo: a una espiral de violencia y corrupción que terminará envolviendo a toda la sociedad. El asesinato de varios mexicanos en Lima en los últimos meses, con el típico estilo de los sicarios; la muerte a manos del Ejército de nueve ‘mochileros’ que transportaban droga -dos en Puriyaco, Huancavelica, y siete en Putis, Ayacucho- el mes pasado, son parte de esta creciente ola de violencia.

De hecho, ya otros síntomas de violencia vinculados al negocio de la droga se sienten en otras regiones del país. En mi reciente visita a Piura, por lo menos dos personas me indicaron la existencia de violencia vinculada a la microcomercialización de drogas y asaltos en motocicleta vinculados a esta actividad. Lo mismo ocurre en algunas zonas del departamento de La Libertad, donde el clan Sánchez Paredes hace de las suyas.

Pero el tema va más allá de los peligros de mexicanización que Rospigliosi y Carlos Basombrío han hecho referencia en sus respectivas columnas. El narcotráfico, como bien se ha puntualizado, no busca la destrucción del Estado, sino la infiltración en el mismo para sus actividades ilegales. De hecho, ya durante este casi año y medio de gobierno han habido denuncias de personas vinculadas al Partido Aprista con el negocio de la droga, que hacen recordar a los casos Del Pomar y Langberg.

En una conferencia sobre Periodismo y Etica a la que asistí hace un mes, Miguel Ramírez, la persona que más ha investigado el caso Fernando Zevallos, nos decía que las investigaciones sobre narcotráfico no sólo eran las más peligrosas por la violencia que podría emplear esta gente para amedrentar, sino también por los vínculos que tenían en las altas esferas del poder. Denle una chequeada a un reportaje de Marco Sifuentes sobre Moisés Tambini, para que vean cuanta gente está presente en el cumpleaños de Lupe Zevallos.

Volvamos ahora a Ocobamba. Revisando el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en la parte referida a la historia de la violencia en la Región Sur Central, me topo con lo que ocurrió en las provincias de Andahuaylas y Chincheros, esta última donde se ubica Ocobamba. De la lectura de esta parte del Informe (Tomo IV, páginas 122 a 134), puedo concluir que la zona, desde hace varios años, ha sido harto convulsionada:
- Andahuaylas y Chincheros están muy cerca de una de las zonas más convulsionadas del conflicto armado: Chungui y Oreja de Perro. De hecho, fue en Ocobamba donde hubieron miembros de Sendero Luminoso adoctrinando a los escolares de estas zonas que iban hacia Apurímac para asistir al colegio que no tenían en sus localidades.
- En 1965, Ocombamba fue una de las zonas donde se registraron acciones del ELN, una de las guerrillas que hizo acciones armadas durante dicho año.
- La primera acción armada de SL en la zona fue el ataque a la comisaría de Ocobamba, en 1981, hace 26 años. Las incursiones fueron más o menos frecuentes.
- En 1983 se instaló una base militar en Ocombamba. Como en otras zonas del país, la población vivió entre dos fuegos. Sin embargo, el aprendizaje de las Fuerzas Armadas fue más rápido y el rechazo campesino también, por lo que hacia 1988 se podría decir que el conflicto se redujo considerablemente en la zona, aunque no dejaron de haber ciertas acciones armadas.
- Pueden ver en el anexo de casos registrados en Apurímac (páginas 163 a 184) las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto y reportadas a la CVR en la zona.

Un caso con varias aristas, que nos hacen ver que el país que nos lego el conflicto sigue allí, a la vuelta de la esquina.

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El feriado de ayer se vio alterado por una lamentable noticia: un ataque perpetrado a la comisaria de Occobamba (Apurímac) cobró la vida del comisario Héctor Zegarra Bernaola y ha dejado heridos a tres suboficiales.

Si bien los analistas aún especulan sobre si remanentes de Sendero Luminoso participaron en este suceso condenable por donde se le mire, tanto Jaime Antezana como Carlos Tapia han coincidido en la hipótesis central: la acción del narcotráfico como represalia a un operativo de incautación de drogas.

Y es que, más allá de la costosa propaganda que el Ministerio del Interior nos ha puesto durante semanas, es claro que el Estado no tiene una política de lucha contra el narcotráfico. Y ello comprende tanto el aspecto meramente represivo - donde parece que no existe una estrategia - como lo que se refiere a los cultivos alternativos y a las políticas sociales indispensables para enfrentar un problema que, no lo olvidemos, estuvo cruzado durante años con el conflicto armado interno.

Y si las investigaciones determinan que fue Sendero Luminoso, pues cabría decirle al “Ministro del Interior” y a los ayayeros del gobierno donde están los defectos de la política antisubversiva: el desarrollo de los truncados planes de paz y desarrollo, las disputas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y la carencia de un trabajo de inteligencia en la zona. Las leyes ya están dadas y las Fuerzas Armadas y Policiales parecen ser más conscientes ahora de que ese trabajo tiene que hacerse respetando los derechos humanos, dado que existe un proyecto de Ley dirigido a crear un protocolo de actuación en esta materia.

Sin embargo, otro aspecto que no se debe descuidar es el político. Un reportaje de Caretas alertó sobre la presencia de personas allegadas a SL en las universidades. Y el cuestionable premio a Mónica Feria reabre el debate sobre que hacer con las personas que, sin haber empuñado un arma o matado personas, avalaron lo que fue una ideología brutal y sanguinaria como la que representó Sendero Luminoso.

Con la lucidez que lo caracteriza, Martín Tanaka ha llamado a estar alertas y a defender los derechos de todos los peruanos teniendo en cuenta de que lado estamos: el de la democracia y la legalidad. No el del terror. Ese deslinde ha sido hecho por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y se ha repetido en el caso Feria.

Pero yo iría un paso más allá. Quizás sea hora de que nuestros partidos políticos hagan lo que deberían hacer: presencia política y confrontación de ideas. A esta gente no solo se le combate con una buena estrategia militar, sino también en el campo de las ideas. Y allí es donde hay una falencia importante por cubrir. Es un trabajo que debería comenzar el día de hoy.

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Gesù piccino piciò, Gesù Bambino alla deriva,
se questa guerra deve proprio farsi fa che non sia cattiva.
Tu che le hai viste tutte e sai che tutto non è ancora niente,
se questa guerra deve proprio farsi fa che non la faccia la gente.
E poi perdona tutti quanti, tutti quanti tranne qualcuno,
e quando poi sarà finita fa che non la ricordi nessuno.
(Gesù Bambino, Francisco de Gregori)

Haz que la guerra no sea recordada cuando haya acabado. Así dice más o menos la última frase de esta canción italiana en la se hace un ruego a quien se supone habita en los cielos para que se olvide aquello que tanto daño nos hizo. En un ensayo al que siempre vuelvo, Alberto Vergara Paniagua nos dice que el país ha procurado asumir un silencio frente al conflicto armado interno, como si una anestesia o enterrar el dolor bajo la alfombra fuera verdadera solución a un drama de veinte años.

Les mencioné esta semana que estaba leyendo el libro de Santiago Roncagliolo sobre Sendero Luminoso y Abimael Guzmán. Y ya algunas impresiones les había dado sobre dicho ejercicio de crónica periodística. Habiendo culminado con dicha lectura, tal como les prometí, puedo señalar un juicio más preciso sobre La Cuarta Espada.

Para comenzar, habría que decirle al lector que nos encontramos ante una visión muy personal de lo que ocurrió durante aquellos años. Santiago se toma varios párrafos para contar sus sensaciones sobre varios hechos que lo tocaron directamente durante aquellos años. Ello termina enriqueciendo en parte el trabajo. De hecho, quizás el pasaje que más me conmovió es aquel en que Roncagliolo expresa su impotencia por querer hablar sobre la guerra y que nadie lo escuche. Me recuerda a mi mismo en algunos lugares y momentos.

Aunque no esperaba encontrar un ensayo de análisis tipo Carlos Iván Degregori, lo cierto es que Roncagliolo no termina de cuajar una reflexión más solida sobre su objeto de estudio. Quizás sea porque el objeto de su libro sea justamente la trastienda de lo que nos ocurrió - es decir, a los senderistas como seres humanos - se deja de lado un análisis más profundo. El gazapo de la comparación de la ideología senderista con la “Fuerza” evocada en Star Wars tal vez sea el término más grueso que se emplea en el libro, pero se dejan de lado otros componentes de lo que fue la crisis de aquellos años. Ya que hablaba de la historia de un profesor y de un puñado de personas que iniciaron una supuesta revolución desde la universidad, me preocupa que el autor no haya hecho siquiera una reflexión más profunda sobre la crisis de la educación peruana como factor que permitió a esta gente difundir una ideología tan arcaica y chata.

O que se cometan dos errores en datos que, aunque menores, reflejan que algo falló a la hora de afinar el texto. Estimado Santiago: Benedicto Jiménez no fue elegido congresista en 2006. De hecho, su falla en el intento lo hizo ser candidato a alcalde y luego en su desastrosa gestión de un mes en el INPE. Y José Carlos Mariátegui no fundó el Partido Comunista del Perú. Por el contrario, el abuelo de Aldo M se resistió hasta el final a asociarse con Moscú. Ello lo hicieron sus seguidores.

¿Y sobre Guzmán? El libro nos ayuda a saber más sobre el ser humano y a percibir que su conducta estaba marcada fuertemente por la ideología, como si fuera un producto de su época. Pero nos dice mucho sobre sus motivaciones para hacer lo que hizo. Pero ello ya no es defecto de Roncagliolo, sino de la incapacidad de Abimael para aceptar errores o darnos a conocer porque llevó al país a tener cerca de 70,000 tumbas más en los cementerios.

¿Qué de valioso tiene el libro? Para comenzar, está escrito en un lenguaje bastante agil y accesible al público y, para quien no está enterado de lo que nos ocurrió - es decir, para quienes no son peruanos - es una buena introducción de pincelada sobre un conflicto ciertamente un tanto más complejo del que se nos presenta. Aunque claro, Roncagliolo no deja de asumir lo que es la versión más tamizada sobre el conflicto: Sendero fue el principal responsable, las víctimas estuvieron dentro de la gente menos visibilizada del país y los agentes del Estado también contribuyeron a que esa cuota de sangre fuera alta.

Pero quizás el mayor valor que tenga el libro es su invitación a no olvidar. Porque muchos quieren vivir sin acordarse de lo que fueron esos años - y no los culpo porque yo también viví ese horror - pero dejando de lado que, para cientos de nuestros compatriotas, aun es necesario conocer más sobre el conflicto. Para conocer su dolor, para comenzar a reparar, para que no se repita.

Claro, quisiera que ese recuerdo se hiciera en lenguaje fácil, pero a la vez de modo más profundo. ¿Lo podrá hacer otro de nuestros escritores?

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En estos días, estoy leyendo La Cuarta Espada. La historia de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, escrita por Santiago Roncagliolo, peruano que vive en España y a quien todos conocen por la novela Abril Rojo.

Para quienes ya manejan ciertos códigos y datos con relación a Abimael Guzmán o Sendero Luminoso el libro les podrá decir muy poco. En realidad, creo que Roncagliolo ha escrito el libro - por cierto, con una prosa que se deja leer rápidamente - principalmente para el público foráneo, que desconoce muchos detalles de lo ocurrido en el Perú.

Y en ese intento, Roncagliolo busca dar ciertas interpretaciones y metáforas a sus lectores para acercarse más a un inexpugnable personaje y a su intrincada visión de la realidad. La intención es loable, pero parece que, por momentos, el autor no mide hasta donde puede llegar con los recursos literarios. Por ejemplo, en la página 71, deja la siguiente analogía sobre la ideología de Sendero Luminoso:

“El valor casi místico que se atribuye la ideología recuerda a la Fuerza de Luke Skywalker, una herramienta espiritual y trascendente que le da a su usuario poder ilimitado. Por supuesto, materialista no cree en fuerzas del más allá. Pero para Guzmán, el marxismo es “ciencia y, a su vez, una ideología”, es decir, una verdad trascendental. Este tipo de marxista realiza el mismo proceso racional que un teólogo. Dispone de argumentos racionales, pero en lo fundamental, lo suyo es un acto de fe”.

(Para quienes quieran ver hasta donde la ideología senderista era subordinadora y la metáfora del autor es desacertada, ver aquí)

Más que la historia grande del conflicto armado interno - que la podemos leer en el Informe Final de la CVR - Roncagliolo apuesta por contarnos lo que ocurría en la trastienda y lo enlaza con su propia historia personal. La pregunta que me queda en el camino es si no termina banalizando al personaje del que intenta hablar y a la historia detrás del personaje que intenta resaltar. La respuesta espero tenerla al terminar el libro.

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Dicen que los fantasmas no se van cuando aun tienen asuntos pendientes por arreglar aquí en la tierra. Y aunque yo no soy ningún fanático de los fenómenos paranormales, parece que, en algunos casos, esa parece ser la regla.

A los señores que ocupan la Presidencia y la Primera Vicepresidencia de la República los une un caso en particular: El Frontón. Por lo menos, ante un sector de la población, ambos aparecen como responsables de las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron luego del develamiento de dicho motín. Y, claro, también están quienes dicen que eso fue de las pocas cosas “buenas” que se hizo en el primer régimen de AGP. Lo cierto es que esto explica las actitudes negativas de ambos personajes frente a las recomendaciones de la CVR o hacia los organismos de derechos humanos.

Este clima ha impedido que se llegue a conocer con exactitud que ha ocurrido en este caso, a pesar que dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 1991 y 2000) han señalado que el caso debiera ser investigado hasta dar con todos los responsables. La Comisión de la Verdad y Reconciliación vio el caso y determinó algunas de las responsabilidades directas. Sin embargo, la responsabilidad penal de García y Giampietri no fue determinada y, actualmente, el caso se ha cerrado para ellos.

Y para aumentar más las suspicacias, la esposa del jefe de los procuradores del Estado (aprista, para más señas) fue una de las magistradas que ha declarado prescrito el caso, por considerar que no había ocurrido un crímen de lesa humanidad. O claro, como olvidar que el abogado de los marinos en este caso trabajó para Giampietri en este gobierno.

Lo cierto es que, involucrados o no García y Giampietri en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al Perú que reabra el caso. Y es que, la verdad, a pesar de algunos avances, el proceso judicial no ha avanzado como debiera. Resulta un escándalo que 21 años después de estos sucesos no tengamos a un responsable de estos sucesos con una sentencia firme.

Pero, más allá de cuestiones jurídicas, lo cierto es que el gobierno no quiere la responsabilidad que la CVR le otorgó a García en este caso: la responsabilidad política. Y es que, si bien se pueda demostrar o no que García dio la orden, consintió en los hechos o se enteró en el acto de los mismos, lo ocurrido en los penales fue una carnicería sin nombre. Que el Estado tenía todo el derecho y el deber de develar un amotinamiento y retornar al orden público, eso lo sabemos todos.

Lo que García, Giampietri, sus seguidores y un sector del país no aceptan es que una política contrasubversiva no se basa en muertes, asesinatos por la espalda, desapariciones o torturas. Ello quita legitimidad al Estado y, además, cuando se produce contra los civiles que no tienen que ver en el conflicto, demora el proceso de colaboración de ellos con las fuerzas de seguridad. Ello explica porque hicieron tantos aspavientos cuando salió la sentencia por el caso Castro Castro. Y nos indica la calidad humana de la gente que nos gobierna: una clase política que olvida que la pérdida de una vida humana a manos de otro ser humano no merece justificación simplemente no ha aprendido nada de lo que nos ocurrió como sociedad.

Lanssiers me decía que “para Sendero no existen militares corruptos o militares excelentes, basta que lleven uniforme para ser condenados”. Y hoy, releyendo al viejo para escribir esto, me doy cuenta que su pregunta de ¿dónde está el hombre? sigue siendo válida. Lo triste es redescubrir que ese desprecio y negación de la vida está en algunos de quienes decían defendernos y que ahora tienen nuevamente el deber de hacerlo.

Ya me han dicho de todo por decir todo esto de cuando en cuando. Sin embargo, es lo que cualquier liberal consecuente haría: condenar el salvajismo y la barbarie, viniera donde viniera. Lo aprendí desde pequeño. Hay lecciones de vida que nunca se olvidan.