Desde el Tercer Piso

Hace algunos meses, fuimos testigos de lo que el conflicto entre los trabajadores y dueños de la Compañía Minera Casapalca, una empresa que no respetaba los más elementales derechos laborales, cuestión que le conllevó una sanción del Ministerio de Trabajo, así como una conciencia mayor sobre lo contraproducente que es para la inversión privada no respetar los derechos laborales.

Pues bien, parece que, ante las evidencias, el gremio que parecìa indolente ante estos hechos ha tomado cartas en el asunto. Via El Comercio:

Le dieron la espalda a Casapalca. El consejo directivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) decidió separar a dicha compañía luego de que sus representantes se negaran a que las operaciones de la empresa fueran sometidas a una auditora independiente, contratada por el gremio, y que iba a determinar si Casapalca cumplía o no sus obligaciones laborales y medioambientales.

La SNMPE habría solicitado en tres oportunidades a la minera que permitiera el ingreso de auditores a sus operaciones, ubicadas en la sierra de Lima. Según informaron fuentes del sector, las respuestas de la minera habrían sido esquivas, y en ellas indicaba que actualmente Osinergmin sometía sus operaciones a una evaluación y que cualquier información sobre la situación de la empresa que requiriera el gremio minero debía solicitarse al organismo regulador. Ante la negativa, la SNMPE dio paso a su separación.

Hay que señalar que la SNMPE tiene un Código de Conducta en el que se indica:

4. La armonización de los legítimos intereses empresariales y productivos busca contribuir a una vida digna y al desarrollo sostenible en la sociedad.

Tradicionalmente, el gremio de empresarios mineros no ha sido muy permeable a este tipo de reclamos. Por el contrario, ha tenido en varias ocasiones expresiones de intolerancia frente a los cuestionamientos hechos desde diversos sectores hacia prácticas incompatibles con la legislación ambiental o laboral. Por ello es importante que hayan dado este paso drástico, que permite sentar un precedente sobre la conducta que las empresas privadas deben mantener en relación con la sociedad y sus trabajadores.

Sin dicho respeto, cualquier alusión a una revolución capitalista estará arando en el mar.

Durante las últimas semanas, hemos sido mudos espectadores de uno de los conflictos sociales más dramáticos que he podido ver en los últimos años, que tienen como involucrados a la Compañía Minera Casapalca y a sus trabajadores, junto al Ministerio de Trabajo y a decenas de personas que se encontraron varadas en la Carretera Central por varios días.

Casapalca es un yacimiento minero ubicado en la sierra de Lima, a más de 3,800 metros sobre el nivel del mar, en el que se produce plata, zinc, plomo y cobre. Su Presidente Ejecutivo Alejandro Gubbins Granger - en conflicto con sus hermanos por la titularidad de otra empresa minera - realiza con sus trabajadores prácticas que lo asemejan a los gamonales de la época anterior de la Reforma Agraria.

En Casapalca, casi todos los trabajadores de la empresa son subcontratados. Según ha referido la Ministra de Trabajo Susana Pinilla, varias de las empresas contratistas son Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (es decir, una persona como tu o como yo) con patrimonios tan bajos que no permiten cubrir los costos de una operación minera. Es decir, existen todos los indicios para que presumir que se encubre una relación laboral. ¿Razón principal para ello? No pagar sueldos altos y tampoco repartir utilidades a los trabajadores.

La gota que rebalsó el vaso fue el despido de 35 trabajadores de la empresa, entre ellos, los dirigentes del recién formado sindicato. Ya se imaginarán que la idea de tener un gremio no le gustó para nada a Gubbins y por eso se comportó como un violador flagrante de la ley laboral y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. A ello se suman sus negativas a negociar cualquier solución a los justos reclamos de los trabajadores, que no solo incluyen sueldos, sino mejora en sus condiciones de trabajo y vivienda.

Claro, ello no implica que uno esté de acuerdo con la violencia vista en estas semanas, o con el bloqueo de carreteras que, a la postre, ha costado varios muertos, sean en los enfrentamientos (tanto mineros como policías) o como consecuencia del bloqueo. Ello termina deslegitimando ante la opinión pública los justos reclamos de los mineros, que terminan salpicados por estos atentados a los derechos fundamentales.

Sin duda, el Ministerio de Trabajo ha hecho lo que ha podido. Ha conseguido el desbloqueo de la vía y, además, ha multado a la empresa por sus malas prácticas laborales. El tema es que Gubbins y los demás representantes de la minera no quieren hacerse responsables por las normas incumplidas y los continuos atropellos a los trabajadores. Si bien hay buena voluntad de parte del Ministerio por solucionar el conflicto, tal parece que la solución definitiva esperará aun más, dado que la intransigencia de los empresarios, en este caso puntual, echa por tierra cualquier intento de resolución del conflicto en el corto plazo.

Esto no es solo un atentado contra los derechos fundamentales, sino que termina salpicando al empresariado, que debe deslindar, con la misma energía que lo hace frente a la inaceptable violencia, con las malas prácticas laborales. Ahora se viene un TLC que exige el cumplimiento de las normas de la OIT, con lo que este triste episodio - esperemos - sea uno de los últimos de este tipo que tengan que cubrirse.

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