Desde el Tercer Piso

Pocos artículos, en los últimos tiempos, han resultado tan lúcidos como el que hoy ha escrito Carlos Iván Degregori en Perú.21. Bajo el título de La Paja en el Ojo Ajeno, el ex miembro de la CVR ha desarmado los argumentos esgrimidos por Alan García en su desaforada defensa de Francisco Morales Bermúdez. En otras palabras, y en castellano puro y duro, lo ha desasnado en materia de historia de las masacres ocurridas en el siglo XX.

En general, el discurso gubernamental sobre los derechos humanos denota una mezcla de desprecio, discriminación e ignorancia, que a estas alturas del partido, más que desafortunada, parece intencional. La frase de Alan que Degregori resalta es realmente sintomática del “pensamiento García” en materia de derechos de los ciudadanos:

“Tenemos que evitar que se crea allá en Europa, que el Perú es una republiqueta bananera, de hutus y tutsis que se asesinan totalmente”.

Pero García, no lo olvidemos, no puede argumentar ignorancia. Su primer gobierno estuvo enmarcado, en buena parte, por las causas, hechos y secuelas del conflicto armado que vivió el país entre 1980 y 2000. Y, tal como lo dijo la CVR, y parece olvidar la selectivamente amnésica memoria presidencial - lo que parece ser defecto contagioso de otro ex gobernante, hoy en prisión - es que el APRA fue el partido con la mayor cantidad de militantes muertos durante ese periodo. Ni siquiera ese hecho del martirologio aprista - y vaya que los compañeros saben de persecusiones -, el que costó más muertos que la propia rebelión de Trujillo en 1932, es reivindicado por el ahora adalid de la mano dura. Ese dato, del cual apenas se acordó en su último mítin de campaña en primera vuelta - lo recuerdo, pues estuve allí, soplándome semejante aconecimiento -, refleja el nivel de violencia que vivió el país durante muchos años, del cual pretende fingir desconocimiento.

Sin embargo, poco a poco, el país se lo viene recordando, sobre todo, en relación con hechos que quedaron poco claros de la actuación gubernamental entre 1985. La semana pasada, la Sala Penal Nacional anunció que se vienen los juicios contra los militares involucrados en hechos violatorios de los derechos humanos ocurridos durante el Aprocalipsis. En esos casos - Accomarca, El Frontón y Cayara - García será llamado como testigo. De dichos casos, El Frontón es el que más problemas le trae, dado que, a pesar que no se ha demostrado fehacientemente su responsabilidad penal, su responsabilidad política es gravísima. A ello se suma las lógicas suspicacias por algunas resoluciones judiciales bastante convenientes para algunos. Bien lo dice el conocido refrán, “la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo” y ese tipo de “ayuditas” procesales le cuestan más caro, a la larga, a quienes pretenden salir limpios de estas acusaciones.

Pero en los últimos días, otro fantasma más, este sí más directo, se destapa judicialmente. Como ha informado La República, Agustín Mantilla ha sido acusado por ser el máximo responsable de un comando paramilitar, que tomó el nombre de un martir aprista, y perpetró varios crímenes reconocidos incluso ante instancias internacionales.

La acusación fiscal apunta a lo que la Comisión de la Verdad y Ricardo Uceda han sostenido: la existencia de un grupo conformado por Mantilla para hacer operaciones de inteligencia y ejecuciones extrajudiciales. Una suerte de mini-Colina, pero cuyas motivaciones reales deben esclarecerse. De hecho, será interesante dilucidar si esto fue una iniciativa de Mantilla - propia o por órdenes de alguien - o si nos encontramos ante algo que preparó el propio partido como iniciativa para contrarrestar las muertes que le generaba Sendero Luminoso. De hecho, Jesús “Chito” Ríos admitió ante Rosa María Palacios que se generó un grupo de inteligencia del partido, labor que, como le dijo RMP, no era parte de lo que debía hacer un grupo político, ni siquiera en esas situaciones.

Lo que los apristas y el Presidente de la República no se percatan es que la actitud de omertá - es decir, silencio al estilo mafioso - que Mantilla ha tomado frente a este caso, a pesar de las evidencias, los termina perjudicando. Como escribió Marco Sifuentes hace un tiempo:

Yendo al fondo del asunto, lo primero que vale la pena resaltar es la visión martirológica que los compañeros tienen de Mantilla (”¡Agustín no es leproso!” corean). ¿Cuál es el mérito que le ven? ¿Callarse la boca sobre el Frontón y ocultar de quiénes eran los US$ 2 millones que le encontraron? Ojo: no es que crean que es inocente. No. Lo que valoran es que no haya “echado” a sus compañeros.

Volviendo al inicio, al final de su artículo, Degregori da una sentencia bastante lúcida, que resume la conducta de todos estos personajes sobre los derechos humanos:

Moraleja. Muchas veces son civiles más papistas que el Papa los que impiden que tengamos unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional modernas, subordinadas a un poder democrático y aptas para cumplir con estándares que ojalá se consoliden en el siglo XXI. Aunque algún malpensado pueda argumentar que la irritación presidencial y el blindaje a Morales Bermúdez, más que arrogancia, revelan una prudente cura en salud.

Por lo que vemos, ser malpensado no parece ser un mal en estos tiempos.

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El sujeto que ven arriba con lentes oscuros se llama Miguel Ríos Saenz. Quizás el nombre no les diga mucho, pero sí les digo que se trata del famoso Chito Ríos, presunto miembro del autodenominado Comando Rodrigo Franco, puedan poner un poco de atención.

Hoy La República reporta la denuncia hecha por el alcalde de la provincia de San Ignacio (Cajamarca), Carlos Martinez, quien viene siendo amenazado por vía telefónica y es materia de un reglaje sistemático por parte de este personaje, quien también hizo “trabajos” (léase seguimiento y desapariciones) - según Ricardo Uceda - durante la época de Fujimori.

Este hecho se produce en un contexto donde los defensores del medio ambiente son amenazados. El Padre Marco Arana, presidente de Grufides, también ha sido materia de un reglaje que no ha sido materia de sanción por las autoridades judiciales de Cajamarca, hecho en el que estaría involucrado

Hace poco más de un año, Marco Sifuentes a.k.a. OcraM hizo un reportaje sobre la presencia de este personaje en Cajamarca, en plena campaña electoral, para jugar en favor del hijo del presidente regional de Cajamarca de ese entonces, Felipe Pita. Compañero, al igual que Ríos, para más señas.

En política no hay casualidades. Esta semana la comenzamos comentando la noticia de miembros del Comando trabajando para congresistas de la plana mayor del APRA y la culminamos con el Chito amenazando alcaldes y manteniendo su carnet aprista. ¿Coincidencia?

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La Unidad de Investigación de La República es la única que esta sacando datos veraderamente interesantes sobre algunas cosas que vienen pasando en el gobierno o en el entorno del Partido Aprista.

Esta vez, lo que han descubierto es una de esas relaciones laborales bastante incómodas, por los sujetos que involucran.

MANTILLA BOYS EN EL CONGRESO

Cuatro presuntos integrantes de un comando paramilitar que llevó el nombre de un mártir aprista están trabajando en el Congreso de la República.

Sus nombres y cargos:

- Omar Lacunza Tantarico: Asesor de la Presidencia de la Cédula Parlamentaria Aprista, es decir, de Javier Velásquez Quesquén. Este personaje es sindicado como cercano a Agustín Mantilla.
- Nelson Maynayay Cabrera: Asesor de Mauricio Mulder, Secretario General del APRA.
- Daniel Vilchez Yucra: Asesor de Javier Velásquez Quesquén. Tiene una situación bastante complicada: su hermana es la congresista Nidia Vilchez y su padre fue el diputado Abdon Vilchez, quien en su época fue sindicado como facilitador de las actividades del Comando, cuestión que aparece en el libro de Ricardo Uceda “Muerte en el Pentagonito”.
- Oscar Urbina Sandoval: Tiene acceso al Congreso, en particular durante horas nocturnas.

A ellos se suma Gino Fiori González, actual jefe de seguridad de TV Perú.

Las respuestas no se han hecho esperar. Por un lado, Aurelio Pastor ha vuelto a negar la existencia del Comando. De otro lado, Daniel Abugattas y Aldo Estrada han solicitado una investigación sobre la situación laboral de estas personas.

¿QUE ERA EL COMANDO? HIPOTESIS POSIBLES

De acuerdo con las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Comando habría estado integrado por algunos miembros del Partido Aprista Peruano, reclutados en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Originalmente reclutados para la seguridad de los máximos dirigentes del APRA, varios de los integrantes de este equipo de seguridad partidaria fueron convocados por Agustín Mantilla Campos para la formación de un comando paramilitar que enfrentara a los grupos subversivos, respondiera a los asesinatos de autoridades y militantes apristas y eliminara a quienes supuestamente apoyaban a grupos subversivos e incluso a opositores políticos. La convicción de estas personas era que los mecanismos legales eran insuficientes para combatir a la subversión.

Si bien en la conformación del Comando intervinieron simpatizantes y militantes del Partido Aprista Peruano, no se han encontrado elementos razonables que permitan afirmar que se tratara de una organización vinculada o dependiente del APRA. Sin embargo, el partido se ha esforzado por poner diversos obstáculos al esclarecimiento de los hechos, cuestión que deberá aclararse.

Además de sus integrantes civiles, el Comando habría contado con el apoyo de un número reducido de policías miembros del GRUDE de la Dirección de Operaciones Especiales (DOES) y del Delta 5 de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional del Perú, por su cercanía a Agustín Mantilla.

Las personas identificadas por la CVR como miembros del Comando son las siguientes:

- Agustín Mantilla Campos: Durante el primer gobierno aprista se desempeñó como viceministro del Interior y luego ocupó el despacho ministerial de dicho sector. Fue además secretario personal de Alan García Pérez. Sus relaciones con altos miembros de la Policía Nacional le habrían valido su colaboración y también la impunidad de los actos cometidos.
- Jesús Miguel Ríos Saenz: Apodado Chito o conocido también con el alias de Raúl Bonifaz, Ríos fue uno de los estudiantes reclutados en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Las investigaciones lo sindican como el jefe operativo del Comando. En el año 2006, un reporte periodístico lo encontró trabajando para el entonces Presidente Regional de Cajamarca, Felipe Pita Gastelumendi, perteneciente al Partido Aprista Peruano.
- Jorge Mauro Huamán Alacute: Miembro de la Policía cuya existencia fue negada por el PAP. Ha sido señalado como autor de varios de los crímenes atribuidos al Comando. Fue jefe de seguridad del diputado Abdon Vilchez. Viviría en el extranjero.
- Rafael Gonzales Zegarra: Comandante de la Policía Nacional, vínculo con el GRUDE de la Dirección de Operaciones Especiales. Falleció en un enfrentamiento con Sendero Luminoso en 1989.
- Marco Puente Llanos: Mayor de la Policía Nacional. Reemplazó a Rafael Gonzales como enlace con el GRUDE. Según un testimonio dado ante la CVR, fue quien dirigió el grupo que asesinó a Saúl Cantoral y Consuelo García el 13 de febrero de 1989. Puente también fallecería en un enfrentamiento con SL
- Walter Lauri Morales: Oficial de la Policía que perteneció al Delta 5 de la DIRCOTE. Actualmente reside en Japón, viaje aparentemente pagado por personas vinculadas al Comando.

La CVR comprobó la relación del Comando con un frustrado atentado contra el diario Marka (6 de octubre de 1987), el asesinato del abogado Manuel Febres Flores (28 de julio de 1988), los asesinatos de Miguel Pasache Vidal y Javier Porta Solano (12 de agosto de 1989), asesinatos en la Universidad Nacional el Centro en 1987 y los crímenes contra Saúl Cantoral y Consuelo García.

Se atribuyen otras acciones al Comando cuya autoría no ha podido ser establecida. La hipótesis más probable, señalada por Ricardo Uceda, es que se haya utilizado el membrete del Comando por diversos grupos conformados por militares y policías, sin relación entre sí, pero con los mismos objetivos y acciones planteados por los creadores del Comando.

La única investigación realizada durante la etapa de operaciones del Comando fue la realizada por la “Comisión Investigadora de los asesinatos de los Señores Diputados Heriberto Arroyo Mío y Pablo Norberto Li Ormeño y de los grupos terroristas que utilizan el nombre de un mártir“, conformada en la Cámara de Diputados en 1989.

El informe en mayoría, confirmado por la mayoría aprista en el Congreso, concluyó que el Comando nunca existió. El informe en minoría, suscrito por los diputados Celso Sotomarino, Gustavo Espinoza Montesinos y Manuel Piqueras, afirmó que existían evidencias suficientes para acreditar la existencia del grupo paramilitar. Espinoza y Piqueras fueron amenazados de muerte durante la investigación, e incluso la hija de Piqueras fue secuestrada durante algunas horas, para que el entonces diputado abandonara la investigación.

Posteriormente, en 2003, la Comisión Parlamentaria presidida por Ernesto Herrera y conformada a investigar tanto a Alberto Fujimori como a Agustín Mantilla volvió a investigar el tema.

Se produjeron dos dictámenes: el dictámen en mayoría (suscrito por los congresistas Herrera, Javier Diez Canseco y Heriberto Benítez) toma como base los testimonios de los presuntos ex miembros del Comando - Rafael Pércovich y Miguel Exebio - para demostrar que la existencia de este grupo y la autoría de determinads acciones. El dictámen en minoría (firmado por Javier Velásquez Quesquén y Rafael Rey) señala que sus presuntas acciones fueron “hechos aislados, sin ninguna organización o patrón común de acción”, tomando como base para sus conclusiones las declaraciones de presuntos miembros del Comando que niegan su relación con la escolta de Mantilla o participar en violaciones a los derechos humanos.

Cabe mencionar que ninguno de los dos dictámenes fueron debatidos en el pleno. La investigación realizada por la Comisión Herrera nunca fue discutida y sus aportes no han sido tomados en consideración dado el desconocimiento que la opinión pública tiene sobre estos dictámenes. Sin embargo, cabe señalar que, de la revisión hecha durante el fín de semana de ambos dictámenes, estas investigaciones parlamentarias no dan mayores luces sobre el Comando.

El caso es materia de investigación en el Ministerio Público, pero se encontraría entrampado desde hace cuatro meses.

Finalmente, cabe mencionar que es necesario aclarar la ocurrencia de las acciones presuntamente cometidas por el Comando. Si bien no se ha podido determinar con certeza sus acciones y su conformación final, es necesario ahondar las investigaciones, dado que las acciones que se le sindican son, a todas luces, violaciones a los derechos humanos, y, además, para acabar con la serie de misterios y utilizaciones políticas que ha tenido

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¿Será por esto que nos quieren sacar de la Corte Interamericana?

Como consecuencia de la polémica sentencia de la Corte Interamericanada de Derechos Humanos, algunos - como Aldo Mariátegui - han alzado su voz para convocar un referéndum que defina nuestra permanencia en dicho organismo supranacional y otros - como Rafael Rey - han dicho que deberíamos irnos y nunca más volver.

Ambos ignoran, o pretenden ignorar que la Corte ha servido para reparar abusos de diversa índole contra varios grupos de personas y sobre distintos tipos de derchos. De no ser por ella, los trabjadores de la Municipalidad de Lima no habrían sido repuestos, las leyes de amnistía no habrían sido anuladas, Baruch Ivcher no hubiera recuperado su canal y los miembros del Tribunal Constitucional injustamente defenestrados no hubieran recuperado su puesto.

Pero, tal parece que hay una razón de fondo para que en Palacio de Gobierno hayan hecho tanta alaharaca con la sentencia de marras.

El único caso pendiente que Perú tiene ante la Corte es el del asesinato del dirigente sindical Saúl Cantoral y de la activista Consuelo García Santa Cruz, quienes fueran victimados el 13 de febrero de 1989.

Cantoral, al momento de su muerte, se desempeñaba como secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Durante el año 1988 se realizó una prolongada huelga minera, en la que tuvo especial participación. A raíz de este hecho comenzó a recibir amenazas y luego, el 9 de agosto de 1988, fue secuestrado por 8 horas. En febrero de 1989 fue nuevamente amenazado.

¿Por qué el caso interesa al gobierno con particular preocupación? Porque los presuntos autores de las amenazas, secuestro y posterior asesinato de Saúl Cantoral serían miembros del autodenominado “Comando Rodrigo Franco”.

Para quienes se encontraban en edad de pediatría o viven en el exterior, dicho comando perpetró una serie de atentados contra personas incómodas al gobierno de Alan García e intervino en la lucha contrasubversiva en base a asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

Sus miembros son personas pertenecientes al Partido Aprista Peruano. Los dos más conocidos son el ex Ministro del Interior Agustín Mantilla Campos - ex hombre de confianza de Alan García - y Miguel Ríos Saenz (a) Chito, ex miembro de la seguridad del entonces y ahora Presidente de la República (y quien actualmente sigue cumpliendo funciones en el comité del PAP en Cajamarca). A ellos se suma como miembro conocido Jorge Mauro Huamán Alacute, miembro de la Policía en ese entonces.

Si bien la prensa de la época especuló sobre su vinculación directa con el APRA o con Alan García, tanto la CVR como el libro de Ricardo Uceda “Muerte en el Pentagonito”, que han realizado las investigaciones más serias sobre el caso, no han encontrado evidencia razonable que permita afirmar que el Comando fue una organización vinculada o dependiente del Partido Aprista.

El caso del Comando, que lleva el nombre de un mártir aprista, ha estado teñido siempre por una aureola de misterio. Se sabe que miembros del Ejército y la Policía utilizaron muchas veces este membrete para realizar desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. A ello se sumó la vocación del gobierno aprista por ocultar estos hechos. Durante aquella época, ni el Ministerio del Interior, el Poder Judicial o el Ministerio Público hicieron investigación alguna que permitiera aclarar estos hechos.

La única excepción a este caso fue una Comisión del Congreso conformada para hacer una investigación sobre este tema. A dicha investigación se le puso varias trabas para su trabajo. Dos de los miembros de dicha comisión, Manuel Piqueras y Gustavo Espinoza, fueron amenazados varias veces. Incluso a Piqueras le llegaron a secuestrar a su hija durante algunas horas. El informe en minoría presentado por ellos afirmó la existencia de evidencia suficiente sobre la existencia del Comando, mientras que el dictamen digitado por la mayoría aprista lo negó.

Justamente Espinoza y Piqueras acudirán a la Corte como testigos este 23 de enero, fecha en la que se celebrará la audiencia pública sobre este caso que, sin duda, abrirá la puerta para que en el Poder Judicial peruano se esclarezca, de una vez por todas, quienes fueron los miembros de esta tenebrosa organización y cuales eran sus reales vínculos con quien ejerce en este momento la primera magistratura de la República.

¿Se entiende ahora el temor?

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