Desde el Tercer Piso

Dice el viejo y conocido refran que la mujer del César no solo tiene que serlo sino parecerlo. Ese dicho popular parece no ser la premisa que prima en la actuación de nuestro poco reformado sistema de justicia. Varios eventos ocurridos esta semana me confirman dicha impresión.

Para comenzar, un nuevo escándalo se ha suscitado alrededor de la cuestionada Corte Superior de Justicia de Lima, que ha tenido tres presidentes en el último año. Su actual mandamás, César Vega Vega, conocido por sus vínculos con el aprismo tuvo, de acuerdo con La Ventana Indiscreta, una reunión con el ex presidente Alejandro Toledo en casa de Adam Pollack.

¿Otro caso Silva Vallejo? Pues eso es lo que parece. Más allá de las elucubraciones sobre el juicio a Lady Bardales - por cierto, a los amigos de LVI, ¿cuando demostrarán realmente que la escolta presidencial fue pareja del ex Presidente? - lo cierto es que sí hay algo raro, pero con relación a otro caso vinculado a Toledo. Según informa hoy Perú.21, en sus extraños cambios de jueces, Vega Vega reemplazó al juez del caso Miguel Toledo (el sobrino violador). El sobrino se vio beneficiado por una sentencia realmente benigna.

Si bien los elementos de juicio no pueden señalar contundentemente que en dicha reunión social donde coincidieron Toledo y Vega Vega se trató el tema, lo cierto es que la OCMA ya investiga lo ocurrido en ese ágape.

Pero el reino del espanto judicial no culmina allí. Ayer, el Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley de la Justicia Militar. A estas alturas, nadie está en contra de la existencia de la misma, pero sí que se sujete a determinados parámetros constitucionales que, por cierto, ya han sido reiterados por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, como lo señala un informe del Instituto de Defensa Legal y un artículo de Samuel Abad en El Comercio, la norma repite las mismas inconstitucionalidades de siempre. Dejo con la palabra a Samuel, que lo explica mejor que yo:

La Comisión de Defensa del Congreso ha sometido al pleno un proyecto que sigue permitiendo que los jueces militares sean oficiales en actividad designados por el Ejecutivo, que carecen de la garantía de inamovilidad, y mantiene a la Fiscalía Militar en el seno del fuero militar. Dicho proyecto desconoce la sentencia del TC e insiste en un modelo declarado inconstitucional, pues conforme a la Constitución los jueces son designados por el Consejo de la Magistratura, tienen inamovilidad y solo existe un Ministerio Público.

Así, seguimos teniendo un modelo que no ofrece garantías de imparcialidad a los propios miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Peor aún, el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar ha pretendido vender la norma como la defensa ante los “caviares” que quiere acabar con la Justicia Militar, cuando las organizaciones a las que tacha con calificativos ictiológicos siempre han defendido su existencia en el marco de un Estado Constitucional y de acuerdo con lo señalado por la CERIAJUS. Mi pregunta es: ¿por qué seguir insistiendo con un modelo que ya ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por el TC? ¿Por qué el Congreso se empeña en seguir haciendo papelones jurídicos de marca mayor?

Pero los papelones llegaron también al Colegio de Abogados de Lima. Luego del frustrado intento de reforma estatutaria que vulneraba los propios requisitos del Estatuto de la Orden, la compañera Luz Aurea Saenz se presentará a la reelección.

Parece que la señora Saenz sigue ignorando que su gestión ha seguido el mismo rumbo que las anteriores: el gremio de los abogados ha terminado desprestigándose y tiñéndose de un manto de mediocridad. Y en ello, la actual Decana es corresponsable, dado que no hace cambios para mejorar la pobre percepción y la desafortunada actuación de la mayor parte de mis futuros colegas frente a la administración de justicia.

Como vemos, todas las instancias que deben estar comprometidas en el cambio del sistema de justicia están imbuidas de los mismos defectos: poca vocación por la defensa de la Ley y la justicia, intereses personales, ignorancia y mediocridad. Quizás sea por eso que la reforma judicial sea una quimera y que, luego del 7 de diciembre, tenga que enfrentarme a un monstruo desbocado y no a un verdadero sistema de justicia.

Ayer publiqué un post que graficaba la nueva pelea en el Colegio de Abogados de Lima, debido al cambio de Estatuto de esta institución, que se haría contra viento, marea y las reglas de modificación estatutaria.

Y claro, la pregunta de cajón es: ¿por qué aprobar un nuevo estatuto al caballazo? La respuesta tiene un nombre, Luz Aurea Saenz, la actual Decana de la Orden, bastante cercana al Partido Aprista Peruano, y un objetivo: reelección prolongada.

Vayamos por partes. El actual Estatuto del CAL señala que el periodo de la Junta Directiva es de un año con una posibilidad de una reelección inmediata. Las elecciones se realizan en el último sábado de noviembre.

Pues bien, el proyecto de nuevo Estatuto amplía el periodo de la Junta Directiva a dos años. Y aunque no permite la reelección inmediata tiene una trampa clara en la Primera Disposición Final: Recién entraría en vigencia el 10 de Enero de 2008, fecha en la que se instala la nueva Junta Directiva.

Dado que la elección se realizaría bajo el actual Estatuto, la señora Saenz sí puede postular a una reelección. Y aquí viene el detalle: ¿por uno o por dos periodos? Si te eligieron con las reglas del Estatuto anterior, lo lógico sería que fuera por un año más, pero el afán de aprobar el nuevo Estatuto tiene, como clara lógica, que el periodo nuevo sea de dos años. ¿No les recuerda a Fujimori y la interpretación auténtica?

Humm, como que el olor a copamiento se huele desde hace rato.

El domingo, en El Comercio, apareció un Comunicado de Decanos y Juristas dirigido al Ilustre Colegio de Abogados de Lima, suscrito por personalidades como Jorge Avendaño, Víctor García Toma, Javier Neves, Delia Revoredo, Jorge Santistevan de Noriega, entre otros.

La declaración en cuestión alertaba sobre uno de los mayores legicidios cometidos dentro de la institución que, se supone, debe velar por la correcta aplicación del Derecho.

Ocurre que la señora Luz Aurea Saenz, Decana del CAL - y militante del partido de gobierno - mandó publicar en El Peruano el texto del Nuevo Estatuto del Colegio de Abogados de Lima. El problema es que para ello quieren saltarse los procedimientos. La Segunda Disposición Final del “nuevo” Estatuto señala que éste deberá aprobarse vía un referendum para que entre en vigencia.

Sin embargo, el Estatuto actual señala que las reformas y modificaciones estatutarias deberán hacerse en dos asambleas extraordinarias de delegados, cuestión que no se ha hecho. Lo que ha hecho la señora Saenz es hacer un “Congreso Estatutario de la Orden” al que ha equiparado con una “Asamblea Constituyente”. Una forma de sacarle la vuelta a la norma que ni al abogado de Los Simpsons, Lionel Hutz, se le hubiera ocurrido.

Y claro, esto es congruente con la trayectoria última del CAL. Lamentablemente, en los últimos años, la Orden ha terminado desprestigándose y tiñéndose de un manto de mediocridad. Los últimos Decanos han sido personas que, al margen de calidades personales, no han tenido trascendencia en sus opiniones legales y, cuando las han tenido, esto ha sido por lo desacertado de las mismas.

Por ello, con justa razón, uno se pregunta porque el ejercicio de la profesión tiene que ser obligatorio. Pero parece que la colegiación voluntaria es un sueño aun lejano.

Mientras tanto me sigo preguntando: ¿Qué sería del mundo sin los abogados?

Algunos nombramientos, elecciones y casos que sacan roncha

Como bien me dijo Marco Sifuentes vía su página web, la elección de Francisco Távara como presidente del Poder Judicial era más un lunar en medio de la ciénaga en que se ha convertido la administración de justicia en nuestro país. Cuestiones que han pasado en estos días, entre elecciones, nombramientos y decisiones judiciales o políticas dan mucho que pensar sobre esta materia. Veamos:

1. En el Colegio de Abogados de Lima, ha sido elegida como Decana Luz Aurea Saenz. Para los más jóvenes, Saenz fue Contralora General de la República nombrada por Alan García Perez en 1987 y nada de la corrupción de aquel gobierno fue investigado. Su premio: ser candidata al Congreso por el Partido Aprista en el 2001. Para mayores señas “compañeriles”, es profesora principal de la Universidad Federico Villareal, la universidad más aprista del país (más incluso que la Nacional de Trujillo).

Muchos dirán, pero si el CAL es un órgano privado. Sin embargo, esta entidad debe velar por la ética profesional de los abogados - no en vano nos obligan a hacer un curso de 200 soles para poder tener el título y obligarnos a colegiarnos para ejercer la profesión - y ser un actor importante en el impulso de la reforma de la justicia. Pero de un tiempo a esta parte el CAL viene reflejando el deterioro de la profesión en todos sus aspectos, tanto en su calidad académica como ética. En esta década los abogados de Lima no han tenido un Decano que merezca tal nombre. Tengo que remontarme a los nombres de Andrés Aramburú, Jorge Avendaño, Raúl Ferrero y Delia Revoredo, durante la década pasada, para encontrar nombres de fuste a la cabeza de una institución que debería velar mejor por los abogados y por su calidad. No lo olvidemos: todos los magistrados que tenemos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público son abogados. Allí está la cantera de los malos jueces y fiscales.

2. La Corte Superior de Lima estará encabezada por un personaje cuestionado: Angel Romero Díaz. Romero Díaz es también vinculado al Partido Aprista, pues fue su personero legal en el 2001, en la campaña del come back de Alan.

Pero Romero es conocido también por ser abogado de casinos y tragamonedas, entidades que para operar han convertido al proceso de amparo en una broma y a la competencia de un juzgado en el peor chiste de Carbonell. Así, un casino de Jesús María puede operar con un amparo emitido en el juzgado civil de Cajamarca. No, no es broma.

Romero Díaz, además, fue abogado defensor de Luis Duthurburu Rojas, uno de los testaferros de Vladimiro Montesinos.

Buscando información sobre este vocal, me encontré que también es un incipiente blogger.

3. La Ventana Indiscreta ha publicado un reportaje sobre Moises Tambini del Valle, el jefe de los procuradores, o para decirlo en bonito, el Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado.

El reportaje da cuenta de los vínculos de sus familiares con Fernando Zevallos, il capo di tuti capi del lavado de dinero, vía Aerocontinente. (Con razón su lema era “nacidos para volar”).

Como no podía ser de otra manera, el doctor Tambini está comprometido con los compañeros. Ha sido abogado de Alan García, ex jefe del Departamento Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, ex candidato al Congreso por el APRA y promotor del Frente Social en el Cono Este. Por si fuera poco, fue diputado aprista entre 1985 y 1990.

Además, Tambini ha sido cuestionado en una anterior oportunidad, por poner obstáculos a la extradición del ex dictador Alberto Fujimori y a la investigación que la Procuraduría Ad Hoc hacía sobre Luis Giampietri, primer vicepresidente de la República, por malversación de fondos en compras de la Marina durante el fujimorato.

4. Como lo informamos hace unos días, el segundo juzgado penal supraprovincial ha archivado el caso de la desaparición y asesinato del periodista Jaime Ayala, ocurrida en 1984, así como otros casos de derechos humanos ocurridos en Huanta por miembros de la Infantería de Marina, como la masacre de 39 campesinos en Pucayacu.

Como señala La República:

“La mayoría de las 300 denuncias de desaparición recogidas por el Ministerio Público en Huanta entre el 1 de enero de 1983 y el 23 de agosto de 1984 sindican al cuartel de la Marina de esa ciudad como el lugar a donde eran trasladados los detenidos. La instalación militar estaba en el estadio de Huanta, ubicado a pocas cuadras de la Plaza de Armas. Entonces contaba con una cancha de fútbol, tribunas y camerinos donde dormían los oficiales.

Detenidos que fueron liberados relataron a la Comisión de la Verdad y Reconciliación que estuvieron en carpas ubicadas detrás de las tribunas que se escuchaban los gritos de los que eran torturados por las noches; y que los guardias que los cuidaban rotaban turno de día y noche. Por un mínimo de sentido común es imposible pensar que todo esto pudo haber sido hecho sin contar con el conocimiento de las autoridades militares de la zona“.

El caso también fue documentado en esa época por el programa Documento, dirigido por César Hildebrandt, e incluso mereció la salida del programa por presiones de la Marina de Guerra.

El principal responsable, Alvaro Artaza Adrianzén, conocido como “comandante Camión”, es no habido desde 1986. Viviría en Estados Unidos.

5. Finalmente, el Congreso de la República ha vulnerado una sentencia del Tribunal Constitucional. En dos oportunidades durante el presente año, el TC se ha pronunciado sobre la Ley N° Nº 28665, Ley de Organización y Funciones de la Justicia Militar Policial, ha cual ha sido cuestionada por una serie de razones que en su mayor parte han sido acogidas por el Tribunal.

En su sentencia Nº 0006-2006-PI/TC, el TC dijo:

“Disponer, respecto de las disposiciones inconstitucionales, una vacatio sententiae que, indefectiblemente, vencerá el 31 de diciembre de 2006 y que será computada a partir de la publicación de la presente sentencia, plazo que, una vez vencido, ocasionará que la declaratoria de inconstitucionalidad surta todos sus efectos, eliminándose del ordenamiento jurídico tales disposiciones legales. Precisar que el plazo de vacatio sententiae no debe servir solamente para la expedición de las disposiciones que el Legislador, en uso de sus atribuciones constitucionales, pudiera establecer, sino para que en dicho lapso se cuente con una organización jurisdiccional especializada en materia penal militar compatible con la Constitución“.

En cristiano, el Congreso estaba obligado por esta sentencia a tener lista una ley que regulara la justicia militar antes del 31 de diciembre. Sin embargo, vulnerando el respeto que todas las instituciones deben tener a los fallos del Tribunal Constitucional, nuestros otorongos aprobaron una norma que prorroga hasta el 15 de junio del 2007 la Ley de justicia militar cuestionada.

Con ello, el parlamento intenta tapar su inoperancia para hacer una norma y también delata las presiones que sufre de parte del Consejo Supremo de Justicia Militar, que sigue pretendiendo que los jueces y fiscales sean oficiales militares en actividad y que, además, vean otros delitos y, además no desean control alguno por parte del Poder Judicial. A través de su periodista favorito, Uri Ben Schmuel, ahora pretenden ver casos de narcotráfico, basados en las amenazas a jueces y fiscales, como si la solución real no fuese instalar mayores elementos de seguridad a los magistrados (o, como algunos pensamos, legalizarla).

Sin duda, la reforma judicial es uno de los temas pendientes que este gobierno debe resolver. Pero con personajes y decisiones como los antes comentados, el camino seguirá siendo empedrado.