Desde el Tercer Piso

Han pasado casi desapercibidas, en medio del carnaval Fujimori, dos noticias que pueden afectar profundamente al sistema de justicia.

La primera, comentada en El Utero de Marita, es el nombramiento de Rolando Souza - cuyo estudio de abogados defiende al reo Fujimori - como encargado central de la reforma del Código Penal.

El “inteligente” que se encargó de la propuesta es nada menos que Javier Velásquez Quesquén, conspicuo parlamentario aprista y Presidente de la Comisión de Constitución. Y yo que pensé que el desastre de Aurelio Pastor en ese mismo cargo era peor. Aun hay oportunidad para enmendar en el Pleno semejante horror.

Y sería un horror por lo siguiente. A Fujimori - como a Abimael Guzmán - se le procesará con la ley penal vigente al momento de su captura. Sin embargo, de acuerdo a la Constitución, cualquier modificación penal que lo beneficie - léase, baja de pena - puede ser aplicada de inmediato a su favor. ¿No les bastó con tener a Souza como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en pleno proceso de extradición? No aprenden.

El segundo caso tiene que ver con la Corte Superior de Lima que podríamos calificar de “paso de guatemala a guatepeor”. Veamos la historia:

a) Angel Romero fue elegido como Presidente de la Corte Superior a fines del año pasado. Fue destituido de su cargo por haberse ido en contra de un precedente obligatorio del Tribunal Constitucional. El Consejo Nacional de la Magistratura definiría si seguirá como juez en este mes.

b) Romero fue reemplazado en su cargo por el juez Jovino Cabanillas. Este magistrado ya tenía serios problemas por no denunciar una extorsión hecha por su asistenta judicial. Asimismo, había votado por la excarcelación de Mantilla y por pasar el juicio de Dionisio Romero a una “sala light”. Ahora afronta un proceso por acoso sexual donde la denunciante ha decidido dar la cara, razón por la que Cabanillas ha sido suspendido de su cargo. Para complicar más las cosas, anoche dejó plantada una entrevista por estar incómodo con las preguntas hechas.

c) Otto Egúsquiza quiere reemplazar a Cabanillas. De hecho, hizo presión para que saliera una resolución al caballazo nombrándolo como Presidente de la Corte Superior, que tuvo que ser enmendada por la Corte Suprema. Egúsquiza ha tenido procesos disciplinarios, fue destituido, pero volvió por un amparo al PJ. Ah, y como abogado defendió la reelección de Fujimori en el 2000 ante el Jurado Nacional de Elecciones.

d) Finalmente, César Vega Vega también está voceado para reemplazar a Cabanillas. Sin embargo, tiene varias cosas que aclarar. Por ejemplo, le alquiló a Angel Romero su casa, cuando este personaje era personero aprista y abogado de Luis Duthurburu, uno de los testaferros de Montesinos. También votó a favor de declarar como cosa juzgada el caso de la falsificación de firmas de Perú 2000. Y absolvió a los asesinos del periodista Antonio de la Torre. Y además, fue socio de Alan García en el mismo estudio de abogados.

Uno ahora entiende porque la administración de justicia en el país es la última rueda del coche. Todos quieren manipularla a su antojo.

ACTUALIZACIÓN (08.25 PM)
Perú.21 informa que César Vega Vega es el nuevo Presidente de la Corte Superior de Lima. Realmente, de mal en peor.

UNA PERLA MAS DEL ARCHIVO: A fines del año pasado, Marco Sifuentes recogió que Vega Vega fue uno de los jueces que firmó la prescripción de Mantilla por el caso de las cuentas en Estados Unidos.

Ha causado polémica la reciente aprobación de un proyecto de Ley en el Congreso que despenaliza las relaciones sexuales consentidas que tengan los menores de edad entre 14 y 17 años.

Las posiciones enfrentadas han sido dos. Los que están en contra de la norma, señalan que con esta modificación legal se desproteje a los adolescentes de posibles vulneraciones a su libertad sexual, pues la norma podría ser utilizada para poder dejar impunes estos hechos. Por lo que he podido ver en los noticieros, entre el público entrevistado, las opiniones en contra cuestionaban mas bien la capacidad de consentimiento de un adolescente para tener relaciones sexuales.

Los que estàn a favor de la modificaciòn legal, por su parte, señalan que la norma toma en cuenta dos consideraciones: la capacidad fisiológica de una persona para tener relaciones sexuales y un hecho innegable de la realidad: buena parte de las personas ha iniciado o inicia su actividad sexual antes de cumplir la mayoría de edad. Por tanto, lo que se estaría penalizando sería el libre ejercicio de la sexualidad, cuestión que, a estas alturas del partido, suena medio arcaica.

La verdad, no tengo una postura clara frente al tema. Mejor dicho, guardo un saludable escepticismo frente a ambas posturas, dado que creo que están viendo solo una parte del problema.

En lo que respecta a la penalizaciòn de la violación, el país cuenta con instrumentos legales que imponen sanciones bastante altas a un delito tan execrable y condenable como este. Y en los últimos meses se han producido condenas bastante severas - incluso con cadena perpetua - lo que implica que, en el marco de un debido proceso, el Poder Judicial puede sancionar con efectividad estas conductas. Estas condenas no han tenido que ver directamente con la penalización de la actividad sexual entre los 14 y 17 años. Por tanto, decir que con su abolición se deja de lado la sanción a los violadores o se abre un resquicio legal para su impunidad.

Sin embargo, cuando se enfoca este tema desde el punto de vista meramente represivo, se pierde de vista que este delicado asunto se tiene que enfrentar de manera tal que no solo se vean los componentes legales. Es necesario que todos conozcan que una violación se tiene que denunciar a tiempo y que los exámenes se tienen que practicar casi al instante. De lo contrario, por más que se tenga una ley severa, el violador puede salir exculpado por falta de pruebas. Y no hay que olvidar el necesario apoyo psicológico y, por supuesto, las tareas de prevención y educación que permitan afrontar este tipo de difíciles situaciones.

El tema ha terminado mezclándose con otro tipo de cuestión que, por lo que veo, no hemos podido asumir de manera cabal en nuestra sociedad. Que los adolescentes tienen relaciones sexuales (entre ellos o con personas mayores que ellos) no es algo que haya nacido ayer o que sea patrimonio exclusivo de esta época. Y penalizando dicha conducta no van a cambiar una situación como esa, sino que tendríamos cuadros lamentables como ver a adolescentes que acaban de ser madres siendo llevadas a la Fiscalía para que confiesen con quien tuvieron relaciones sexuales, para poderlo procesar penalmente.

Si los padres están tan preocupados por el inicio temprano de las relaciones sexuales de sus hijos, pues tendrán que asumir su responsabilidad de educar a sus hijos e inculcarles los valores que crean convenientes. Pero ello también implica perderle el miedo a hablar de algo tan natural como la sexualidad, de acuerdo a la edad y criterio de cada niño o joven, e implica que no se pretenda que la escuela y el Estado suplan esa falta de información - que, claro, también deben proporcionar - sobre lo que implica una relación de este tipo. Esto no es un tema que va a tratarse de manera adecuada mediante una prohibición legal, sino justamente con herramientas que no son legales.

Por ahora, ahí lo dejo.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Comercio: Psicólogos opinan sobre el tema.
Perú.21: Mercedes Cabanillas: “No se ha desprotegido a víctimas de violaciones”
Agencia Perú: Ministros Virgina Borra y Rafael Rey rechazan la medida.
CPN Radio: Conferencia Episcopal Peruana rechaza modificación legal
Roberto Bustamante: Ley de sexo entre adolescentes y adultos.