En el mundo civilizado de hoy, cuyas bases fueron puestas, entre otros documentos, por la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la solución de controversias se realiza sin utilizar tanques o armas. Para ello, se emplean diversos mecanismos, siendo el recurso a un proceso judicial - al igual que en el derecho interno - la última solución pacífica para la resolución de una controversia de este tipo. Fue por ello que se creó una Corte Internacional de Justicia que pueda canalizar dicha disputa.
Esto es importante remarcar en momentos en que, de ambos lados de la frontera, no faltan quienes pretenden iniciar una carrera armamentista, sobre la base de la interposición de esta demanda. Y por ello creo necesario rescatar el comentario de un lector chileno, que me dejó lo siguiente esta mañana:
Me topé con este blog buscando saber que piensan los peruanos del litigio marítimo, y que bueno saber que La Razón no es la voz de todos ustedes. En los noticieros chilenos de vez en cuando aparece ese diario con sus arengas beligerantes contra nosotros, algo que resulta “pintoresco” por decir lo menos…
Y como chileno les digo… jamás mi país va invadir Perú, ese temor no puede ser más infundado. Asimismo, tampoco nosotros pensamos que Perú vaya a declararnos la guerra o algo así. Estamos a la espera e lo que La Haya diga, y cualquier decisión se acatará. Es lo que siente el chileno común y corriente. Las relaciones con Perú son de las que más la Cancillería chilena propicia, y por lo mismo se esforzará siempre por buscar consensos pacíficos.
Saludos a su bello país.
La presentación de la demanda supone la culminación de un esfuerzo que, hay que decirlo, comenzó el ex canciller Allan Wagner hace màs de dos décadas y que, durante el gobierno de Fujimori, fuera dejado de lado. La posibilidad de una demanda ante la Corte de la Haya fue retomada con fuerza en el gobierno de Alejandro Toledo, en particular, por el Ministro de Relaciones Exteriores Manuel Rodríguez Cuadros. Y, durante esta administración, se ha visto por conveniente iniciar el cierre de uno de los capítulos más tristes de la historia latinoamericana.
Nuestra historia con Chile no ha sido nada fácil. Una desconfianza mutua entre gobernantes que se remonta a los inicios de la República, una guerra traumática que recién se comienza a procesar en serio por parte de nuestros historiadores y científicos sociales, la demora en culminar con la delimitación de límites y conflictos de carácter comercial y cultural que son magnificados por la prensa han marcado el devenir de una relación que se puede caracterizar como la de dos vecinos de un edificio que pueden saludarse amablemente, e incluso pueden tomarse un par de cervezas en una reunión en la que coincidan, pero que se pelean en una sorda guerra fría que no quiere repetir la de los bisabuelos batiendose en duelo hace 120 años.
Ayer, luego de ver una entrevista hecha por Rosa María Palacios al general Roberto Chiabra, me quedó una pregunta en el aire que bien podía haber sido hecha: ¿Y que pasa si Perú gana la demanda ante la CIJ y Chile acata el fallo? ¿Qué pasará con los halcones de ambos países: seguirán buscando pretextos para que nos sigamos peleando o por fin entenderán que lo que más le conviene a ambos pueblos en vivir en una armonía saludablemente competitiva?
Tienen 6 años - por lo menos - para pensar una respuesta.
Glorioso Ejército de Bolognesi, en maniobra sin precedentes, reclama para sí territorio peruano de Arica, robado en 1879. Presidente García, en mensaje a la Nación, reivindica acción y solicita comprensión de la comunidad internacional con este tema. Fujimori anuncia apoyo de su bancada a acción de dignidad nacional. Solo “caviares” y “prochilenos” condenan acto de patriotismo.
Por supuesto que el titular que acabo de colocar es producto de mi imaginación. Sin embargo, no dista de los deseos nada ocultos de un diario encargado de promover el odio hacia un vecino con el que tenemos un tema pendiente, pero con el cual debiéramos tener una mejor relación.
Para ello, no dudan en mentir o en colocar como “expertos en temas internacionales” a militares y diplomáticos en retiro que invocan una supuesta “pro-chilenidad” del ex Ministro de Defensa, con un solo argumento. Para muestra, el botón de hoy:
El presidente de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes (Adogen), general PNP (r) Rolando Llanos, mostró su espanto por la permanencia de Allan Wagner como agente peruano ante la Corte de La Haya, pese a sus demostrados vínculos con Chile.
Según precisó, nuestro país ha tenido desde la Guerra del Pacífico numerosos antecedentes que involucran a “malos peruanos” que lindaron con la traición a la patria, por lo que “temer que Wagner vuelva a actuar en contra de los intereses nacionales, como lo hizo en 1985 y 1986, es absolutamente válido”, en referencia a la aceptación de la violación del Tratado de 1929 respecto de las obligaciones de Chile con el Perú en Arica.
Basta ver los comunicados de ADOGEN para darnos cuenta que pueden defender cuestiones necesarias e importantes como la mejora de la calidad de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas, como su rechazo a cualquier iniciativa vinculada a la defensa de los derechos humanos, especialmente, aquellas que tengan que ver con el conflicto armado interno.
Pero, filias y fobias aparte, el general entrevistado por La Razón - como todos sus invitados recurrentes - miente con descaro. Wagner no es un prochileno interesado en destruir a las Fuerzas Armadas, sino, más bien, es un diplomático que ha defendido a cabalidad los intereses del Perú.
Esta mañana estuve revisando el libro Políticas Exteriores del Perú: Sociología Histórica y Periodismo, de Luis Velaochaga, en el que se hace un exhaustivo resumen de lo que ha sido la política internacional peruana desde los inicios de la República hasta el final del primer gobierno de Alan García. Cabe recordar que, en ese periodo, Wagner fue el Canciller durante buena parte de dicho régimen.
¿Y qué fue lo que hizo Wagner que irrita tanto a los Wolfenson y sus amigos y aliados? Pues tuvo una serie de conversaciones con el entonces canciller chileno Del Valle, a fin de resolver los puntos pendientes del Tratado de Lima de 1929, así como a ampliar la agenda bilateral, lo que incluyó, en primera instancia, reuniones entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas respectivas, en un antecedente de lo que conocemos como hoy como “reuniones 2+2″.
En dichas reuniones, Wagner planteó cuestiones de sentido común, como lo referido al tema del ferrocarril Tacna - Arica (que muchos equivocadamente consideran como de soberanía peruana), la venta del terreno del Chinchorro y el establecimiento de la revisión de los textos de historia para llegar a un acuerdo sobre lo que fue la verdad histórica de la Guerra del Pacífico. Como señala Velaochaga, estos puntos fueron criticados por un sector del periodismo peruano, que hizo campaña.
Los intentos de conversaciones fracasaron, al final, por una posición firme del Perú en materia de derechos humanos, al condenar a Chile en la Comisión de Derechos Humanos por los motivos por todos conocidos.
Pero también Wagner levantó, en ese periodo, la bandera de uno de los cucos del conservadurismo diplomático y militar: la adhesión del Perú a la Convención del Mar, tratado internacional cuyos principios, curiosamente, son los sostenidos por el Perú en su demanda ante la CIJ en La Haya. A pesar de ello, nunca hemos firmado la Convención, por pensar que era contraria a nuestros intereses, debido a un tema meramente de nomenclatura, referido a la definición de lo que significa “mar territorial”. Lo curioso, como refiere Velaochaga en su libro, es que Alan García, opuesto a dicha suscripción, dejó que Wagner trabajara, aunque, a la larga, la falta de respalddo presidencial hizo que el esfuerzo del entonces canciller fuera un fracaso.
En otras palabras, lo que hizo Wagner como canciller fue comenzar a sentar las bases de lo que es la actual posición peruana, defendida por todos los partidos políticos presentes en el Congreso y que, a mi criterio, tiene serias posibilidades de ganar en el fuero internacional. Así que, la acusación de “pro chilenismo” carece de sustento algono.
No es la primera vez que el diario de la mafia la emprende contra el ex canciller. Ya anteriormente informamos de una contracampaña sostenida cuando era Ministro de Defensa. ¿Los motivos? Básicamente, parar cualquier intento de control civil democrático a las Fuerzas Armadas, evitar reformas importantes que Wagner venía impulsando en dicho sector y aumentar los gastos militares en armamento. De allí que La Razón tenga una línea editorial tan belicista hacia Chile y tan favorable al blindaje de las Fuerzas Armadas, a las que veneran como los peruanos al Señor de los Milagros.
La República ha esgrimido argumentos parecidos. Como sostuvo en un informe de ayer:
Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación de este diario, señala que son tres los grupos de poder que están reflejados detrás de la campaña de La Razón. “Primero están los proveedores de armas que exaltan las adquisiciones que hacen los chilenos y, de esa manera, tratan de forzar al Ministerio de Defensa a realizar adquisiciones sin licitación, sin transparencia”, asegura.
Otro sector que identifica Páez es el fujimontesinismo, que se vale de La Razón para petardear cualquier esfuerzo diplomático que busque solucionar las diferencias con Chile. “Buscan una posición militarista y beligerante que justifique el incremento de adquisiciones militares.
El tercer grupo es el que conforman los ex militares que se corrompieron con las adquisiciones y los que están siendo procesados por violación de derechos humanos.
Más que amor por el Perú, es amor al dinero fácil, aun a costa de lo que significa una guerra: perder vidas humanas. Si eso es “patriotismo”, prefiero cantar que no necesitamos banderas.
De hecho, según la propia web de ADOGEN, el presidente de esta asociación es el General EP (r) Juan Fernández - Dávila Pérez, cercano a las filas apristas y miembro del Consejo de Reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno. En la directiva, no aparece ningún señor Llanos, quien es director de una asociación similar de reciente creación, pero en la Policía Nacional. Todos conocemos como ADOGEN a la asociación de militares y almirantes en retiro, que tiene más de 50 años de existencia y no a la de Llanos, fundada apenas hace 4 años.
A los chicos de La Razón, cabe recordarles el viejo y conocido refrán. Para mentir y comer pescado, hay que tener cuidado.
Como sabemos, la Corte Suprema de Chile dará a conocer su fallo este jueves. A mi modo de ver, hay argumentos jurídicos bastante fuertes para que el ex dictador responda por sus crímenes, con todas las garantías del debido proceso. Por ello, habría que preguntarnos cuales son los posibles escenarios sobre el fallo.
FUJIMORI NO ES EXTRADITADO Para la justicia chilena siempre queda la opción de procesarlo en Chile. De hecho, ya se ha planteado una querella en su contra por el caso Castro Castro. Además, en relación con dicho caso, ya se aprobó el expediente de extradición, que tiene bastantes evidencias en contra de Fujimori y prolongaría su presencia en el país del sur. Sin embargo, si el fallo final sobre Castro Castro sale favorable a Fujimori, dudo mucho que Chile quiera mantenerlo en su territorio. Saldría expulsado a Japón, desde no volvería a Sudamérica. Sabe bien que fuera de Japón sería procesado o se iniciaría un nuevo proceso de extradición.
FUJIMORI ES EXTRADITADO, PERO POR DELITOS MENORES El peor escenario para quienes creemos en la lucha contra la impunidad. Fujimori viene a Lima, pero para que lo procesen, en palabras de Henry Pease, por la chauchilla. Escenario también incómodo para el gobierno, que tendría a un rival suelto en plaza para el 2011. Ollanta Humala también sufiría una merma, dado que llega quien realmente representa en el Perú al sector autoritario.
FUJIMORI VIENE POR CASOS GRAVES El mejor escenario para la justicia. Procesamiento relativamente rápido - de hecho, varios de los juicios pendientes del Chino están en etapa oral, solo esperando su venida para iniciar las audiencias - y, esperemos, una condena alta. Las dificultades vendrían en lo político. El gobierno tendría que definir una posición más clara frente al ex dictador, pero, a la vez, enfrentar una serie de ataques de parte del fujimorismo, que no dudaría en sacar algunas cosas guardadas bajo la alfombra. Al mismo tiempo, sería la oportunidad perfecta para saber quien es quien en el Perú y de un encuentro esperado: la confrontación judicial con su ex socio Vladimiro Montesinos.
Y digo que la reacción chilena es lógica pues para La Moneda no existe un problema de límites marítimos, cuestión que nosotros sí consideramos. Ese es el meollo del tema que se llevará ante la Corte Internacional de Justicia y que será resuelto en un plazo a mediano plazo: entre 3 y 6 años desde que se presente la demanda.
A esto se suma algo que también es preocupante: el poco interés en debatir el tema por parte de algunos sectores. Desde algunos diarios se ha comenzado una “cacería de brujas” contra supuestos antiperuanos. Las víctimas son el Viceministro de Defensa Fabián Novak y el asesor de la Cancillería Luis García Corrochano, quienes escribieron hace algunos años un manual sobre Derecho Internacional Público en el que, para algunos abogados, habrían esgrimido una posición favorable a los intereses chilenos. Conspicuos miembros del fujimontesinismo han pedido la renuncia de ambas personas.
Mi pregunta es: ¿Sobre que criterios se califica la peruanidad o no de una persona? ¿O es que no se puede tener discrepancias sobre los criterios jurídicos a emplearse en este tema? El problema es que algunos almirantes y ex diplomáticos se creen con el patrimonio de la verdad absoluta sobre el tema Chile, que equivale, en pocas líneas, a decir que los chilenos son nuestros enemigos y que siempre debemos desconfiar de ellos. Precisamente, la presencia de dos personas que disienten sobre este tema ayudará a clarificar criterios y a afinar defensas técnicas antes que irnos por el camino del patrioterismo barato que, en una corte como la de La Haya, ayudan en muy poco a la posición peruana.
Así, los exportadores y productores de Pisco han sido tajantes en el rechazo a la medida, el flamante Director de Proinversión David Lemor también ha sido enfático en su negativa y el periodista y gastrónomo Raúl Vargas ha puesto el grito en el cielo. Frente a ello, a la Ministra de Comercio Exterior y Turismo no le ha quedado otra más que rectificar sus declaraciones y señalar que lo que se busca es que Chile reconozca que el Pisco es peruano.
La denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.
El reconocimiento de estas denominaciones está a cargo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre la base del Acuerdo de Lisboa, suscrito por 26 países.
Cuando he hecho la búsqueda de la denominación Pisco en la base de datos de la OMPI, se señala que el pedido de reconocimiento ha sido hecho recién en el 2005. Es decir, cuando Chile ya exportaba hace varios años la bebida y nos había sacado varios kilómetros de ventaja. Es por ello que varios países han rechazado proteger la denominación de origen exclusiva del Perú, como ha sido el caso de México, Francia, Italia, República Checa o Costa Rica. Estos países, en la práctica, reconocen como Pisco tanto al aguardiente chileno como al peruano. Otros naciones integrantes del Acuerdo de Lisboa si lo han hecho, al no oponer oposiciones a este registro. Y en el caso de Estados Unidos, los respectivos TLC con cada país reconocen la denominación Pisco a cada uno de ellos, acompañado del gentilicio “peruano” o “chileno”.
Es decir, en la práctica, por la falta de una política de comercio exterior durante años sobre este producto - que recién nos acordamos de él en el gobierno de Toledo -, se viene dando la medida presentada por la Ministra Araoz. Y lo más probable, seamos claros, es que en los países a los que Chile ha venido exportando esta bebida el reconocimiento sea compartido. Los países a los que no se ha exportado el Pisco si podrían reconocer unilateralmente esta denominación de origen o podrían hacerlo si es que se adhieren al Acuerdo de Lisboa. Así, vamos a tener que pelearla afuera para que reconozcan nuestro derecho de denominación.
Ese es el panorama legal. Sin duda, este tema va a traer cola por las sensibilidades que se tienen con el vecino del sur. La única forma, además de seguir peleando por la denominación de origen, es seguir produciendo buen pisco. El nuestro, es sin duda, mejor que el aguardiente que se produce al sur de Tacna.
El día de ayer, este blog hizo una disección minuciosa de esta sentencia, en la que encontramos, principalmente, cuatro errores bastante serios en el marco general de actuación de este magistrado (sin contar, claro, los horrores jurídicos de cada caso en particular):
1. Alvarez no ha hecho un análisis serio de los casos que tenía enfrente. Solo se queda con testimonios aparentemente contradictorios en asuntos menores, pero no analiza los temas de fondo de cada caso ni toma en cuenta las evidencias más serias contra Fujimori. 2. Alvarez no llega a rebatir los argumentos de Mónica Maldonado sobre la extradición. Es más, la Fiscal ha ratificado que su interpretación es la correcta. 3. El magistrado va más allá de lo que pide un proceso de extradición e intenta juzgar la inocencia o culpabilidad de Fujimori. Cosa que no puede hacer por dos motivos: la naturaleza del proceso de extradición, que solo requiere la evidencia de indicios razonables para procesarlo (ejercicio que sí hizo la Fiscal), y, además, no podía contar con todos los elementos para dictaminar algo que está en los expedientes peruanos en Lima y, además, con pruebas que aun no se actuan por la ausencia del extraditable donde debe estar. 4. Alvarez no aplica instrumentos de derecho internacional, tanto en lo que se refiere a temas de corrupción como a los casos de violaciones a los derechos humanos, lo que refleja desconocimiento de las tendencias actuales en el Derecho y, sobre todo, en temas tan complejos como los que motivan el procesamiento de Fujimori.
Y, además de las conjeturas políticas que todos tenemos en cuenta, quizás la trayectoria de Alvarez, registrada hoy por Caretas, nos de una seña de porque emitió un fallo de este tipo:
Pero hay que ir todavía más atrás y volver a los fallos más polémicos y de tufo más conservador emitidos por Álvarez, de 73 años. Fue él quien se opuso a condenar a Augusto Pinochet por las millonarias cuentas del Banco Riggs. Tampoco lo hizo por los casos de la Caravana de la Muerte y la Operación Cóndor.
Estos casos no eran poca cosa.
Caravana de la Muerte fue el operativo que emprendió Pinochet a inicios de su gobierno, mediante el cual varios miembros del Ejército chileno recorrieron el país del sur ejecutando extrajudicialmente a opositores a su régimen. Por su parte, Operación Condor fue la conspiración de las dictaduras sudamericanas para acabar con opositores a sus gobiernos en cualquiera de los países gobernados por sátrapas como Videla, Stroessner, Banzer o Pinochet. Una transnacional del terror, como se diría en estos tiempos. Ambos casos fueron dictaminados por el juez Juan Guzmán Tapia, y sobreseidos por votos de Álvarez.
Y el caso de las cuentas en el Banco Riggs es aún más escandaloso, pues acabó con los cantos de sirena de la derecha chilena que perdonaba a Pinochet los asesinatos con el pretexto de que no había robado. El caso demostró que Pinochet, además de asesino, fue ladrón. No llegó a la cárcel, gracias a jueces timoratos como Alvarez.
Por ello, es necesario conocer a quienes fallarán en la Corte Suprema de Chile sobre este caso. Caretas informa sobre el tema:
Su influyente presidente, Alberto Chaigneau, es conocido por su cercanía a la derecha chilena y ha votado irregularmente en los casos contra Pinochet. Como Álvarez, se inclinó por el archivar el juicio contra Pinochet en la Caravana de la Muerte, pero su voto también decidió que se continuara investigando al fallecido dictador por el asesinato del general Carlos Prats y por las abultadas cuentas bancarias.
Los magistrados Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros votaron consistentemente a favor de Pinochet. Por el contrario, Hugo Dolmetchz y Jaime Rodríguez Espoz siempre se expresaron en contra.
Es decir, 2 a 2 y con un voto dirimente que inclinará la balanza en favor de uno u otro lado.
Depende ahora no solo de los argumentos peruanos convencer a los jueces chilenos, sino también de los esfuerzos que el gobierno peruano haga en este campo, además de lo que la sociedad civil peruana pueda hacer en Santiago de Chile.
Como se intuye, el fallo será apelado por los abogados peruanos ante la Corte Suprema de Justicia de Chile. Y claro, Carlos Raffo ya destila su euforia ante cuanto medio sale a declarar.
La sentencia de Alvarez comienza por rechazar todas las defensas procesales interpuestas por Fujimori. No se considera que tiene inmunidad por ser Jefe de Estado y, en los demás casos, Alvarez señala que es el juez peruano quien debe señalar si ha existido debido proceso en los casos seguidos contra Fujimori. Es decir, en esto no se ha apartado del criterio de la Fiscal Maldonado.
Lo mismo ocurre en lo que se refiere al delito de asociación ilícita para delinquir. Como lo comenté al momento de analizar el Informe Maldonado, existía una discrepancia sobre el momento en que se organizaba un grupo para cometer un delito. Los peruanos sostenemos que ello ocurre por la mera existencia de un grupo criminal mientras que los chilenos señalan que la organización debió constituirse antes de la entrada de Fujimori al poder. Tanto Maldonado como Alvarez avalan esta segunda interpretación.
LOS ARGUMENTOS Y OMISIONES DE ALVAREZ
Allanamiento de la Casa de Montesinos:Alvarez sostiene que hay contradicciones entre los testigos sobre la existencia o no de una orden judicial para no proceder con el caso, por lo que declara que el caso no es procedente. Lo que olvida el juez es que existe una sentencia en el Poder Judicial peruano contra el falso fiscal que allanó la casa de Montesinos, en la que se señala que no existió orden judicial.
Pago de deudas tributarias de Borobio a la SUNAT con fondos del Estado: el juez se basa, fundamentalmente, en su propio fallo de rechazo de la extradición de Borobio, fallo controvertido porque los chilenos no consideran - erradamente - que los particulares cometan delito de peculado. Pero se dejan de lado todos los testimonios y el informe pericial que acreditan dicho pago irregular.
Interceptación Telefónica: Alvarez dice que los testigos no imputan directamente a Fujimori y que no se demostró que se utilizaran fondos públicos. Sin embargo, deja de lado el hecho de que existiera una organización para la operación de espionaje telefónico y, además, tampoco tiene en cuenta los informes periciales, ni las pruebas documentales del espionaje.
Faisal - Aprodev: El juez acepta que el delito fue cometido, pero no que Fujimori tuviera intervención en los hechos. Sin embargo, no se toman en cuenta el contrato de arrendamiento de la página web, ni los recibos de pago.
Tractores Chinos y Medios de Comunicación: En el caso de los Tractores Chinos, se confirmó lo dicho por la Fiscal Maldonado, quien no consideró la existencia de un delito, sino una mala gestión. De acuerdo a lo conversado con abogados involucrados en el proceso de extradiciòn, este quizás era el expediente más sujeto a interpretación de los presentados durante el proceso. En el caso de medios de comunicación, se señala que el delito existió, pero no se acredita la participación del dictador. En este caso, es grave que no se tome en consideración la declaración de Vladimiro Montesinos, quien detalla con pelos y señales como se dio la operación de compra de Cable Canal de Noticias y sindica directamente a Fujimori ocmo autor intelectual del hecho. Tampoco se tiene en cuenta quien era el destinatario final de los beneficios que suponía el control de los medios de comunicación, es decir, el ex gobernante del Perú.
Medicinas Chinas: El juez considera que los decretos supremos firmados por Fujimori para estas compras irregulares solo fueron meros actos administrativos y no constituyen delito. Es más, pondera más la declaración de Víctor Joy Way, co inculpado en este caso, quien, por supuesto, se declara como inocente en este caso. No se toma en cuenta los informes escritos sobre las irregularidades de la compra de las medicinas chinas, ni se pondera adecuadamente la declaración del ex ministro Carlos Vidal, quien acredita la participación de Fujimori en este caso.
Pago de 15 millones a Montesinos: Este es quizás uno de los casos más escandalosos, pues es, junto con los expedientes de derechos humanos, este es uno de los casos mejor sustentados. ¿Y en que se basa Alvarez para desestimarlo? En que los coprocesados de Fujimori - ex ministros suyos - no coinciden en señalar para que servía la plata. Claro, pero ninguno desestima que fue Fujimori quien la pidió y que se hizo entrega de esos fondos como una suerte de CTS de Montesinos. Y el Juez no toma en cuenta ninguno de los documentos presentados y que demuestran que el destino de los fondos fueron los bolsillos del ex asesor, por ordenes de Fujimori.
(Ya a estas alturas de leido el expediente, fui cayendo en la cuenta que el análisis del caso por parte del Juez Alvarez fue bastante deficiente)
Congresistas Tránsfugas: Alvarez señala que las declaraciones de Matilde Pinchi Pinchi y María Angélica Arce solo dan cuenta de entrega de fondos del SIN para obras sociales, cuestión que resulta poco creible a estas alturas. Pero, además, Alvarez no toma en cuenta otros elementos de análisis para el caso, como los contratos de los congresistas para pasarse a la bancada fujimorista, los testimonios de otros colaboradores de Montesinos - que en otros casos los utiliza para desestimar los casos - y del propio Montesinos. Más aún, no se toma en consideración que finalmente era Fujimori el beneficiario final de la compra de congresistas para una bancada que le iba a ser obsecuente, elemento que tiene muy en consideración Mónica Maldonado.
Desvio de fondos: El juez descarta este caso por no considerar que los fondos fueron desviados hacia beneficio de Fujimori y porque no hubo quejas de los japoneses por las donaciones desviadas de AKEN y APENKAI. De esto puedo dar un testimonio personal. Mi padre trabajó en Popular y Porvenir durante más de 20 años y todos en la empresa conocían que el hecho de que las oficinas de ambas ong’s quedaran en la misma oficina donde mandaba Augusto Miyagusuku era porque era el hombre de confianza de Alberto Fujimori. De otro lado, Alvarez, al momento de analizar los desvios de fondos, no señala que el delito se encontraba justamente en que se destinaban a otro uso que no era el permitido y que los fondos del SIN solo tenían control de una sola persona: el Presidente de la República.
Sotanos SIE: Al igual que en el dictamen fiscal, se rechazan los casos de secuestro de Susana Higuchi, Leonor La Rosa y Hans Ibarra por no haberse acreditado que incurrieron. También se rechazaron los casos de secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer por hallarse prescritos en Chile. Sin embargo, lo grave ocurre con relación a las desapariciones forzadas de tres personas que fueron detenidas en el Cuartel General del Ejército y que nunca aparecieron, hecho que si fue acreditado por la Fiscal. Alvarez dice que no hubo una orden directa de Fujimori de ejecutar o detener a estas personas.
Sin embargo, Alvarez no toma en cuenta elementos que comentamos al analizar el caso Sótanos SIE: a) Básicamente, el modus operandi fue el mismo: la detención a las personas en lugares cercanos a su casa, por parte de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, su detención en los sotanos del Cuartel General del Ejército (Pentagonito) y su posterior ejecución e incineración en el horno que existía para tal fin en dicha dependencia militar. La versión del agente Jesús Sosa - principal fuente de Uceda para esta investigación - y la de otros dos testigos corroboró la ocurrencia de las desapariciones. b) La existencia de los cuadernos de registro de los detenidos, que resultaron compatibles con los casos de Najarro, Roca y Anzualdo (los tres desparecidos) y en los que, además de la comprobación de su detención, se comprobaron las visitas hechas por Vladimiro Montesinos a los prisioneros. Como se sabe, el único jefe directo de Montesinos era Fujimori, por lo que la teoría de dominio del hecho es claramente aplicable a este caso. Teoría que el señor Alvarez no aplica en ningún momento para desestimar el caso.
Más aún, Alvarez no tiene en cuenta que, de manera complementaria, los expedientes Sótanos SIE y Barrios Altos - La Cantuta suponen la existencia de prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Fujimori, con su aquiescencia.
Decretos de Urgencia para desviar dinero de la privatización: El juez solo se basa en los testimonios de dos de los testigos presentados. Sin embargo, deja de tener en cuenta la principal conclusión de la Fiscal Maldonado en este caso: la participación de Fujimori está acreditada porque resulta establecida su intervención personal, directa e inmediatamente en la gestación y dictación de los Decretos de Urgencia, que son normas que, recordemos, son emitidas por la Presidencia de la República, únicamente para casos de extrema necesidad.
Barrios Altos - La Cantuta: Alvarez condiciona su actuación a lo que señalaron los japoneses sobre estos casos y, por ello, es bastante ligero al desestimar el caso. Es curioso que diga que Colina no tuvo una relación con él, ni que las Leyes de Amnistía fueron para salvarle el cuello a los asesinos de La Cantuta y Barrios Altos, ni que no se tomara en cuenta las investigaciones hechas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en estos casos. Para Alvarez, son hechos aislados y punto. Como lo dije anteriormente, aquí se comete un serio error, pues es claro, como lo han señalado los jueces peruanos que procesan a Fujimori y demás informes sobre la materia - incluyendo a la de la Fiscal Maldonado - que estos no fueron actos aislados y que la voluntad de encubrimiento de estos hechos - en la que coincidieron todos los poderes del Estado - delataba una conducta criminal bastante clara.
Para el juez, simplemente no existen el testimonio dado por Santiago Martin Rivas sobre los manuales de inteligencia elaborados para aniquilar personas en la lucha contra el terrorismo, por órdenes de Fujimori; los miembros del Destacamento Colina que implican a Fujimori; las felicitaciones y ascensos otorgados; la existencia de una voluntad para encubrir los hechos plasmada en la Ley de Amnistía; las investigaciones hechas por la CVR para demostrar que Colina era parte de la estructura del Ejército Peruano, entre otrs pruebas que la Fiscal Maldonado si tomó en consideración.
Además, se acoge la tesis de Fujimori de que los actos fueron cometidos por las Fuerzas Armadas sin su aquiesencia, o por motivaciones distintas. Todos los involucrados en el caso Colina han aceptado que esto era parte de la política antisubversiva del Estado durante el régimen fujimorista. Sin embargo, Alvarez no toma en consideración estos elementos.
Y como cereza sobre el pastel, al mencionar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, solo menciona que se procesaba la responsabilidad del Estado peruano, pero no se menciona un elemento clave de ambas sentencias: la práctica sistemática y generalizada de violaciones de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
¿Y POR QUE SE DICTA UN FALLO CON ESTE RESULTADO?
Tres hipótesis, no necesariamente excluyentes, parecen ser las más plausibles para señalar el sentido de este fallo.
La primera tiene que ver con el propio juez Alvarez. La lectura de su sentencia me demostró que no ha sabido ponderar de manera adecuada los elementos de juicio presentados por el Estado peruano, descartando lo que, a mi juicio, eran elementos básicos para sustentar las causas de este fallo.
La segunda, está relacionada con lo que Marco Sifuentes ha mencionado desde hace semanas. Las presiones de Japón para con uno de sus nacionales, más aún si este ciudadano postula al cargo de Senador de la Dieta nipona. hacia Chile, en vísperas de una suscripción del TLC entre ambos países.
Y la tercera, mencionada por el ex Procurador Yván Montoya, es un elemento que siempre se ha reiterado: la falta de voluntad política de este gobierno para encarar el tema de la extradición. Uno de los más groseros errores de esta gestión y que, sin duda, será objeto de cuestionamiento en los balances que se hagan de este primer año de Alan García en el poder.
Habrá que aguardar con calma el fallo de la Corte Suprema de Chile. Pero también será hora de que el gobierno peruano deje de lado consideraciones políticas de la quincena y termine viendo más lo que será el juicio de la historia en lo que respecta a su inacción frente a la impunidad, la corrupción y las violaciones de derechos humanos. Hoy puede ser Fujimori, mañana pueden ser otros casos más.
O una extraña movida en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso
El señor que ven arriba, se llama Rolando Sousa Huanambal. Será, hasta dentro de pocos días, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República.
Pequeño detalle: Sousa es parte del Grupo Parlamentario Fujimorista y su estudio juridico ha asumido la defensa legal del extraditable aquí en el Perú.
Pues bien, antes de dejar - en teoría - la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, Sousa ha intentado hacer una jugada relativamente audaz, para descolocar a la Cancillería: crear una Comisión Consultiva de su propia comisión. En otras palabras, crear un Torre Tagle paralelo. Esto ha sido denunciado el miércoles por Mirko Lauer en su columna en La Répública.
Para ello, Sousa había convocado a 6 personas: tres cercanas a él y tres independientes. Los independientes - los embajadores José de la Puente Radbil (ex Canciller) y Juan Miguel Bákula y el internacionalista Alejandro Deustua - han rechazado la propuesta. De acuerdo con la versión de Lauer, los diplomáticos declinaron por sentirse comprometidos con Torre Tagle hasta el fin de sus días.
Así, quedan los 3 cercanos a Sousa y al fujimorismo en este grupo a formar. Los nombres: los ex Ministros de Relaciones Exteriores del fujimorato Eduardo Ferrero Costa y Fernando de Trazegnies Granda y el marino en situación de retiro Héctor Salerno. ¿Y para qué convocar a estos personajes?
Ocurre que el asunto es grave por varias razones. La principal, a mi modo de ver, es de carácter institucional. La Cancillería tiene su propia Comisión Consultiva, requerida por su propia naturaleza de ente rector - junto con la Presidencia de la República - de la política exterior del país. Siendo este un tema delicado, procura no dejarse a los cabildeos políticos - pero sí al debate público - las recomendaciones sobre los pasos que Torre Tagle debe dar en materia exterior.
Por su parte, el Congreso tiene toda la potestad de citar a los expertos que crea conveniente para recabar opiniones sobre temas especializados. De hecho, se hace así en todas las comisiones, pero no se crean entes paralelos o poderes de tipo particular por antojo de la Comisión parlamentaria respectiva.
Pero Lauer expone otros motivos igualmente graves para oponerse a la conformación de este grupo y, más aún, con este tipo de integrantes. Básicamente, esto se reduce a la presencia del abogado de Fujimori como presidente de la Comisión, en momentos en que con Chile se ven dos temas cruciales: la extradición del prófugo y los pasos previos a llevar el conflicto legal por la delimitación marítima ante la Corte Internacional de Justicia.
En este último tema, el fujimorismo quisiera tener ingerencia para poder intentar presionar a Chile - again - con el tema de la extradición. Básicamente, se buscaría acceder a información privilegiada, desde la cual descolocar a Alejandro Foxley y compañía, e izar las banderas antichilenas - como ya lo vienen haciendo desde La Razón - para que el clima frente a Chile sea lo suficientemente difícil y complicado en el tema de la extradición. Todo ello, además, perturbaría la estrategia de García y García Belaúnde de tener, bajo cuerdas separadas, los temas comerciales de las dos papas calientes que se tienen con el vecino del sur. Y claro, el fujimorismo quisiera que un tema contaminara al otro y obligar al gobierno a que siga con ambiguedades frente a la extradición.
El tema está en que, tradicionalmente, la Presidencia de esta Comisión, a partir del segundo año de mandato parlamentario, recae en los presidentes salientes del Congreso. Es decir, Mercedes Cabanillas decidirá finalmente si se queda con este presente griego. ¿Dejará a este Torre Tagle paralelo en funciones? Solo ella tendrá la última palabra.
Nada que Ver era parte del espacio Políticamente Incorrecto, una de las nuevas propuestas de Sony hechos especialmente para América Latina. En esta suerte de South Park light, los muñequitos representaban a los presidentes más conocidos de la región: Chávez, Evo, Uribe, Lula, Kirchner, Alan y Bachelet.
Pues bien, en Chile se armó un gran escándalo por la escena final del capítulo de la semana pasada: una parodia de los talk shows - conducido por Kofi Annan, el ex Secretario General de la ONU - que, para el diario Las Ultimas Noticias, era poco menos que una afrenta para la presidenta de Chile.
Como señala OcraM, cosas muchas más fuertes se han visto en televisión. Y peores parodias se han hecho a la presidenta chilena, como las que El Especial del Humor perpetró en una época con el Gordo Cassaretto a la cabeza.
Paréntesis: Por cierto, también hay una jocosa foto de los dibujos de Alan y Uribe en un cabaret.
La polémica se desató en Chile. El diputado Marcelo Forni (de la pinochetista UDI) puso el grito en el cielo y planteó una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión. El vicepresidente de esta entidad, Hernán Chadwick, dijo que se estaba atentando contra la dignidad de las personas. Y el Comité Pro Defensa Ciudadana había manifestado su protesta contra Forni y Chadwick, ante lo que era claramente un intento de censura.
Pero hoy todos los medios latinoamericanos destacan que los dibujos animados han sido sacados del aire, horas antes que se emitiera el tercer programa. Vía La Tercera de Chile:
En un comunicado muy al estilo “irreverente” que caracterizaba al espacio, la empresa anunció el fin de la serie animada.
“Lo hicimos de nuevo. No es la primera vez que prometemos algo, y lo cumplimos. Dijimos que haríamos la serie más irreverente e inútil jamás vista antes en televisión por cable. Parodiamos de la forma más irracional e infame a personajes insólitos en Nada que Ver. Y la gente nos vio. Pero hubo siempre una advertencia: A alguien botarían por esto. Y así fue”, explica el comunicado.
Ahora “los guionistas están en un rincón del salón. Volteados, mirando hacía la pared. Alguien los regañó, y feo. A alguien botaron por esto.Y de Nada que Ver quedará evidencia en www.canalsony.com. Seguiremos, eso sí, burlándonos del mundo los martes, en la hora PI. De eso, que no quede la menor duda. Ahora Nada que Ver, no será visto en las pantallas de Sony Entertainment Television”, concluye.
No me extraña que esto ocurra en Chile. Hasta hace pocos años, nuestro vecino del sur tenía un Consejo de Calificación Cinematográfica que tenía a su cargo un sistema de censura abierta para la exhibición de películas. Así, fueron censuradas obras como Brian’s Life (la parodia de los Monty Python sobre Jesús), Il Casanova de Federico Fellini, Missing (sobre los desaparecidos en Chile, ya se imaginan cuando fue censurada), Pepi, Luci, Bom y otras chicas del Montón (el primer Almodovar) o Bilbao (del polémico Bigas Luna).
Luego de 8 años de censura, en 1996 el Consejo de Calificación Cinematográfica había autorizado su exhibición para mayores de 18 años. Inmediatamente después, 7 abogados presentaron un recurso de amparo contra dicha decisión, por y a nombre de Jesucristo (no, no es broma), la Iglesia Católica y por sí mismos, por considerar que la cinta ofendía la reputación de Cristo y de los católicos. El entonces conservador Poder Judicial chileno dio la razón a los demandantes. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que indicó, de manera clara, citando a una sentencia de su par eutopea, que la libertad de expresión no solo se aplica para las informaciones o ideas que son favorablemente favorecidas, sino para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población (¿escuchaste, Alan?). Y, sobre el caso en particular, señaló que no estaba permitida la censura previa por los motivos alegados por los demandantes, por lo que la película debió ser exhibida.
Como vemos, los políticos chilenos suman otro papelón más a su cuota de pacatería y censura. Lástima que algunos aquí en Lima quieran seguirles los pasos.
Ayer, el extraditable quiso contarnos nuevamente el cuento del Bacalao.
Con un mensaje grabado, el hombre que alguna vez, para desgracia del país, nos gobernó, quiso contarnos el mismo cuento que nos dijo en 1990: con mi presencia, las inversiones japonesas se contarán por mione e dolare, derrotare a las amenazas a la seguridad interna japonesa y, claro, luego de esa experiencia volveré al Perú a gobernar.
Claro, lo que Fujimori no cuenta es que: 1. Las inversiones japonesas durante su gobierno fueron significativamente menores que las europeas, canadienses y norteamericanas. Japón no fue “el gran benefactor” que nos vendió el Chino en 1990, cuando viajó a la tierra de sus ancestros por primera vez. 2. Nunca tuvo una estrategia contra el terrorismo. A los líderes senderistas los captura la Policía luego de un trabajo que venía desde finales del primer gobierno de Alan. Los Comités de Autodefensa venían venciendo a la subversión desde 1988. Y su real política antisubversiva fue el Grupo Colina. ¿O será esta última fórmula la que le venderá a los ponjas?
Fujimori ha desnudado su verdadera faz, la del mentiroso, la del ladrón y asesino que, viendose perdido, pretende hacernos tragar el cuento del “globalizado estadista” reclamado por Japón, cuando todos sabemos ahora que mendigaba la candidatura y solo un partido corrupto, marginal y casi facista, como él, le abrió la puerta.
Este es el verdadero Fujimori. No el “hábil estratega político” que muchos piensan, sino un inescrupuloso delincuente con planes de fuga. Pero ahora, todos los ojos del mundo están sobre él.
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