Desde el Tercer Piso

El viernes pasado, al final de una diatríbica columna sobre el periodista Juan Paredes Castro, César Hildebrandt hizo una seria denuncia sobre la jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción, Carolina Lizárraga:

No le creemos a un periódico que endiosa, por ejemplo, a Carolina Lizárraga, supuesta zarina anticorrupción, pero nunca le ha preguntado por qué, en el año 2000, constituyó una empresa en Panamá para comprar el departamento del Golf de 300 metros del que se había enamorado. ¿Una empresa panameña con una sola accionista (ella misma, también “presidenta ejecutiva”) para comprarte el departamento de tus sueños? Sí. Y al año siguiente, en el 2001, la empresa panameña de una sola accionista ­(ella misma) “le donó” a la doctora Lizárraga (ella misma también) el inmueble. El asunto es que la empresa panameña compró el bien en 231,658 dólares, pero, en el 2001, a la hora de la donación, el mismo bien se calculó a un precio más bien módico: 185,000 soles, es decir apenas 56 mil dólares. ¿Diferencia? ¡175 mil dólares! Esa hábil maniobra financiera, desde luego, redujo considerablemente la alcabala.

De lo que he podido averiguar en estos días, ambos personajes deberían responder algunas preguntas.

En el caso de Hildebrandt, pues debería ser honesto y decirnos que la denuncia planteada es un refrito. En efecto, la revista Quinto Poder presentó estos mismos hechos hace un par de años. Cabe recordar que dicha revista tuvo una vinculación directa con José Mejía Regalado, el operador mediático de Fernando Zevallos y, según informó El Comercio hace algunas semanas y se he podido confirmar por otras fuentes, este personaje era una de las personas que daba información al conocido periodista.

Esto resulta curioso y, a la luz de la campaña de las últimas semanas en contra de quienes han investigado el caso Zevallos, Hildebrandt debiera esclarecer sus vínculos con Mejía Regalado, a fin de acabar con la serie de suspicacias que se han generado a raíz de sus editoriales que atacan a la Fiscal Loayza, a la DEA - varios de cuyos informantes son los que han hundido al conocido narcotráficante - y al diario que hizo la denuncia.

Pero, como dice el refrán, matar al mensajero no elimina el mensaje. Y quien tendría varias cosas por explicar es la señora Lizárraga, quien es funcionaria pública y jefa de una oficina que supuestamente fue reactivada para combatir hechos reñidos con la ética pública.

Este blog ha podido acceder a los documentos de Registros Públicos que demuestran que lo denunciado por Hildebrandt es cierto. Veamos la secuencia temporal:

1. 15 de agosto de 2000. Ajax Investors, empresa constituída en Panamá, otorga un poder general para hacer transacciones en el Perú a la abogada Carolina Lizárraga.

2. 19 de Septiembre de 2000: Ajax Investors Inc, sociedad representada en el país por Carolina Lizárraga, adquiere un departamento ubicado en la Avenida Golf Los Incas, en Surco. El valor del inmueble: US$ 213,658.00.

3. 21 de Septiembre de 2001: Un año después, Carolina Lizárraga delega el poder otorgado por Ajax Investors a Manlio Bassino Pinasco para haga donaciones de inmuebles de propiedad de esta sociedad.

4. 27 de Septiembre de 2001: Seis días después de la delegación de poder, Ajax Investors Inc. dona el inmueble a la abogada Carolina Lizarraga. En la donación se valoriza el bien en S/. 185,000.00, de común acuerdo con el anterior propietario, es decir, la off shore cuya representante original era la propia abogada Lizárraga.

Resumamos la extraña transacción. Una empresa panameña representada por la actual zarina anticorrupción compró un departamento en Surco que, posteriormente, donó a su representante en el Perú. En la práctica, es como si se donara así misma.

Lo grave es la devaluación del inmueble en un año, lo que no solo tiene efectos en el impuesto de alcabala, que se paga luego de la transferencia de un predio y que tiene como base para el cálculo del impuesto al valor de dicha transferencia. Y que sepa, pagar menos impuestos de los que debieras no solo es una falta ética, sino también una cuestión que la SUNAT debiera dilucidar.

Variando el conocido refrán, la mujer y el César no solo deben serlo, sino parecerlo. ¿Nos darán alguna explicación?

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La creación de la Oficina Nacional Anticorrupción - que reemplazará al Consejo de este tipo creado en el gobierno anterior - y el nombramiento de la proba jueza Carolina Lizarraga como jefa de esta institución vuelve a poner sobre la mesa dos temas: la lucha contra la corrupción y la necesidad de crear instituciones ad hoc en el Estado.

Por un lado, y a pesar de las críticas de los perúposibilistas, la ahora ex magistrada reune una trayectoria profesional intachable, por lo que la designación de esta persona no es desacertada.

Sin embargo, habría que preguntarnos sobre el diseño de la institución en sí. La Oficina Nacional Anticorrupción es, al igual que el Consejo al que reemplaza, una institución de carácter preventivo. Sin embargo, se le ha vendido como la respuesta natural a la serie de compras desacertadas que este gobierno ha hecho en los últimos meses. La ONA se encarga de vigilar que se cumplan con los estándares legales y éticos de la función pública y busca el desarrollo de medidas preventivas.

No es propiamente, como se le quiere vender, un “zar” (o “zarina” en este caso) anticorrupción, pero si puede ser una funcionaria que colabore con labores de más largo aliento en la lucha contra este flagelo, dado que podría orientar una política pública sobre la materia que atraviese a todos los sectores. Claro, si la dejan trabajar y no la sacan a la primera de bastos del puesto, cuando comience a detectar problemas en el gobierno. O tiene perfil bajo, como tuvo el CNA en tiempos de Alejandro Toledo.

El problema, como señala Rosa María Palacios, es que el gobierno no tiene credibilidad en este tema tanto por su pasado como por su presente y la creación de esta oficina va a hacer poco por aumentarla, incluso si funciona como debiera. Y es que depende del buen funcionamiento de las instituciones ejecutivas que ya tenemos - CONSUCODE, Contraloría General de la República, sistema de justicia - la modificación de malas prácticas como la las normas de excepción en las compras públicas, y de las autoridades políticas mandar a su casa a los funcionarios corruptos y/o incompetentes. La ONA funcionará para otro tipo de labores igualmente importantes, pero cuya repercusión recién se percibirá en 2 o 3 años.

Pero yo anadiría otro problema que tiene que ver con los mecanismos ad hoc de este tipo. Si no se tienen en claros sus objetivos - y no se explican a la población, para evitar generar falsas expectativas - y no se hacen las coordinaciones entre las instituciones vinculadas al tema, podríamos terminar teniendo otro FORSUR, en el que las disputas internas y la falta de colaboración complotan para el buen funcionamiento de una entidad necesaria.

Menudo reto el que le espera a Carolina Lizárraga. Pero también a un gobierno que, más allá de los lavados de cara, tiene que emprender acciones para enfrentar un problema que afecta a la economía, a la política y la convivencia civilizada en nuestro país.

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