Desde el Tercer Piso

Entre los varios libros que he estado leyendo en estos días, uno de los más recomendables es El Nacimiento de los Otorongos de Carlos Iván Degregori y Carlos Meléndez. A pesar que es un estudio sobre lo que fueron las diversas bancadas fujimoristas en el Congreso durante los años noventa, no deja de ser un texto actual, tanto por lo que nos dice sobre la actual conformación del grupo que apoya al ex dictador, como por lo que apunta sobre nuestros partidos políticos post-Fujimori.

Durante los últimos días se ha escrito mucho sobre la formación de Fuerza 2011 y las divergencias partidario - familiares que ha motivado la creación de este nuevo experimento. A estas alturas, nos va quedando claro que la intención del ex candidato al Senado de Japón no es la consolidación de un partido político democrático, sino la formación de membretes funcionales para cada uno de los fines que ha tenido en su dilatada carrera política y, ahora, judicial - penal. Del Cambio 90 primigenio, concebido para una candidatura al Senado peruano, al Fuerza 2011 como “pasaporte a la libertad” del reo de Barbadillo (Kenji Fujimori dixit).

¿Qué es lo que ha traído esto como consecuencia? Para el fujimorismo, no poca. Además de no consolidarse como agrupación, ha terminado convirtiéndose en un reducto cerrado de personas cuyo único mérito es deberle su presente político al ex dictador. Degregori y Melendez lo señalan, de manera bastante clara, en los dos últimos párrafos del libro.

Por otro lado, para el fujimorismo, las elecciones fueron una suerte de “retorno a la semilla”. En efecto, la bancada de Alianza por el Futuro guarda reminicencias con la de Cambio 90, pero solo en el perfil familiar / amical de sus componentes, no en su recorrido político. Una suerte de último bastión de lealtad a rajatabla, compuesto de familiares y amigos, así como hijos de conspicuos fujimoristas de la década pasda y válidos personales del ex mandatario. Así, de los trece representantes, dos son familiares directos de Fujimori, su hija Keiko y su hermano Santiago. Otros dos, tres si incluyéramos a Keiko en este grupo, son hijos de líderes del fujimorismo: Renzo Reggiardo y Cecilia Chacón. Tres pertenence al grupo de las fieles, autoritarias y agresivas “Marthas”: Hildebrandt, Moyano y Luisa María Cuculiza. Dos válidos, el abogado de Fujimori, Rolando Souza, y Carlos Raffo, asesor de imagen del extraditado, cuyo cargo resulta una contradicción en sus términos. Los otros cuatro son militantes provincianos sin mayor lustre durante el decenio pasado, cuyos triunfos en sus respectivas regiones merecen mayor análisis. Resalta sin embargo el caso de Oswaldo de la Cruz, elegido por Pasco, en cuyo currículum destaca tanto o más que haber sido alcalde de Pasco, el hcho de ser propietario de dos radios y un canal de TV local.

Esta composición de la actual bancada de Alianza por el Futuro probaría que el fujimorismo nunca formó una clase política, sino un equipo de mudos y leales colaboradores, “súbditos” que vivían bajo la sombra de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. La gran pregunta es qué pasará con ellos, tan cortejados y tratados con guante de seda por el resto de otorongos, desde ahora hasta el 2011 en que tendremos nuevas elecciones. Pero esa es otra historia.

El problema es que varias de nuestras agrupaciones políticas no son ajenas a esta lógica. Si hablamos de membretes electorales, pues los “partidos” de Rafael Rey y José Barba Caballero, hoy funcionarios del gobierno actual, son muestra de lo que supone la presencia de una figura relativamente carismática encabezando una agrupación en la que lo que cuenta es la lealtad al líder y no las ideas. Ello explica también porque estos grupos fueron funcionales al régimen en su momento.

Pero hay otro factor pernicioso para la política peruana que ha sido la gran herencia de los años del fujimorismo: el pragmatismo como sinónimo de cinismo. Vuelvo a citar a Degregori y Meléndez, quienes describen así el fenómeno:

El pragmatismo es necesario en política y en otros aspectos de la vida. Lo específico del autoritarismo fujimorista es que se entendió como una manera de privilegiar la eficacia en desmedro de los procedimientos democráticos, y privilegiar el interés grupal o personal sobre el institucional y el nacional.

La exacerbación del pragmatismo corresponde al abandono de todo referente ideológico, planteamiento programático y ética política. La “caballerosidad gallarda” que añoraba Belaúnde - evidente rezago de uan sociedad estamental - no fue reemplazada por una ética democrática, republicana y ciudadana. Ante esa ausencia, si en la década pasada el autoritarismo competitivo buscó arrasar y someter a sus adversarios, en el actual contexto de “democracia competitiva de baja intensidad” se ha creado el clima para la proliferación de los otorongos: muchos de los participantes en el sistema democrático y se apañan corporativamente.

Pero no solo en la proliferación de los otorongos y de los apañamientos congresales es donde pervive el cinismo pragmático. La alianza conservadora que sostiene al gobierno no se ha formado sobre la base de una idea, sino de intereses bastante primarios: cerrazón del modelo económico tal como se encuentra planteado, restricciones a los reclamos sociales y ambientales, defensa de militares en retiro acusados por violaciones de derechos humanos y pervivencia de un estilo en el que el programa de gobierno sigue importando poco. Lo mismo podríamos decir de sucesos como los asesores fantasmas del Congreso o la permanencia de ministros cuestionados como Alva Castro.

Esto resulta siendo un efecto pernicioso para la politica peruana. Si bien existen espacios para la crítica, el cuestionamiento y la investigación sobre este tipo de conductas, su alcance sigue siendo limitado en medio de un panorama social de insatisfacción con la democracia, en la que este tipo de conductas, asentadas machaconamente durante una década, siguen siendo percibidas como “saludables” o como “lo que le gusta a la gente”. Peor aún, los políticos - salvo excepciones - siguen pensando que es la única forma de hacer su trabajo.

¿Alguien se atreverá a romper este círculo vicioso?

Pocos artículos, en los últimos tiempos, han resultado tan lúcidos como el que hoy ha escrito Carlos Iván Degregori en Perú.21. Bajo el título de La Paja en el Ojo Ajeno, el ex miembro de la CVR ha desarmado los argumentos esgrimidos por Alan García en su desaforada defensa de Francisco Morales Bermúdez. En otras palabras, y en castellano puro y duro, lo ha desasnado en materia de historia de las masacres ocurridas en el siglo XX.

En general, el discurso gubernamental sobre los derechos humanos denota una mezcla de desprecio, discriminación e ignorancia, que a estas alturas del partido, más que desafortunada, parece intencional. La frase de Alan que Degregori resalta es realmente sintomática del “pensamiento García” en materia de derechos de los ciudadanos:

“Tenemos que evitar que se crea allá en Europa, que el Perú es una republiqueta bananera, de hutus y tutsis que se asesinan totalmente”.

Pero García, no lo olvidemos, no puede argumentar ignorancia. Su primer gobierno estuvo enmarcado, en buena parte, por las causas, hechos y secuelas del conflicto armado que vivió el país entre 1980 y 2000. Y, tal como lo dijo la CVR, y parece olvidar la selectivamente amnésica memoria presidencial - lo que parece ser defecto contagioso de otro ex gobernante, hoy en prisión - es que el APRA fue el partido con la mayor cantidad de militantes muertos durante ese periodo. Ni siquiera ese hecho del martirologio aprista - y vaya que los compañeros saben de persecusiones -, el que costó más muertos que la propia rebelión de Trujillo en 1932, es reivindicado por el ahora adalid de la mano dura. Ese dato, del cual apenas se acordó en su último mítin de campaña en primera vuelta - lo recuerdo, pues estuve allí, soplándome semejante aconecimiento -, refleja el nivel de violencia que vivió el país durante muchos años, del cual pretende fingir desconocimiento.

Sin embargo, poco a poco, el país se lo viene recordando, sobre todo, en relación con hechos que quedaron poco claros de la actuación gubernamental entre 1985. La semana pasada, la Sala Penal Nacional anunció que se vienen los juicios contra los militares involucrados en hechos violatorios de los derechos humanos ocurridos durante el Aprocalipsis. En esos casos - Accomarca, El Frontón y Cayara - García será llamado como testigo. De dichos casos, El Frontón es el que más problemas le trae, dado que, a pesar que no se ha demostrado fehacientemente su responsabilidad penal, su responsabilidad política es gravísima. A ello se suma las lógicas suspicacias por algunas resoluciones judiciales bastante convenientes para algunos. Bien lo dice el conocido refrán, “la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo” y ese tipo de “ayuditas” procesales le cuestan más caro, a la larga, a quienes pretenden salir limpios de estas acusaciones.

Pero en los últimos días, otro fantasma más, este sí más directo, se destapa judicialmente. Como ha informado La República, Agustín Mantilla ha sido acusado por ser el máximo responsable de un comando paramilitar, que tomó el nombre de un martir aprista, y perpetró varios crímenes reconocidos incluso ante instancias internacionales.

La acusación fiscal apunta a lo que la Comisión de la Verdad y Ricardo Uceda han sostenido: la existencia de un grupo conformado por Mantilla para hacer operaciones de inteligencia y ejecuciones extrajudiciales. Una suerte de mini-Colina, pero cuyas motivaciones reales deben esclarecerse. De hecho, será interesante dilucidar si esto fue una iniciativa de Mantilla - propia o por órdenes de alguien - o si nos encontramos ante algo que preparó el propio partido como iniciativa para contrarrestar las muertes que le generaba Sendero Luminoso. De hecho, Jesús “Chito” Ríos admitió ante Rosa María Palacios que se generó un grupo de inteligencia del partido, labor que, como le dijo RMP, no era parte de lo que debía hacer un grupo político, ni siquiera en esas situaciones.

Lo que los apristas y el Presidente de la República no se percatan es que la actitud de omertá - es decir, silencio al estilo mafioso - que Mantilla ha tomado frente a este caso, a pesar de las evidencias, los termina perjudicando. Como escribió Marco Sifuentes hace un tiempo:

Yendo al fondo del asunto, lo primero que vale la pena resaltar es la visión martirológica que los compañeros tienen de Mantilla (”¡Agustín no es leproso!” corean). ¿Cuál es el mérito que le ven? ¿Callarse la boca sobre el Frontón y ocultar de quiénes eran los US$ 2 millones que le encontraron? Ojo: no es que crean que es inocente. No. Lo que valoran es que no haya “echado” a sus compañeros.

Volviendo al inicio, al final de su artículo, Degregori da una sentencia bastante lúcida, que resume la conducta de todos estos personajes sobre los derechos humanos:

Moraleja. Muchas veces son civiles más papistas que el Papa los que impiden que tengamos unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional modernas, subordinadas a un poder democrático y aptas para cumplir con estándares que ojalá se consoliden en el siglo XXI. Aunque algún malpensado pueda argumentar que la irritación presidencial y el blindaje a Morales Bermúdez, más que arrogancia, revelan una prudente cura en salud.

Por lo que vemos, ser malpensado no parece ser un mal en estos tiempos.

MAS SOBRE EL TEMA:
Javier Torres, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: Gobierno debe tomar distancia de Agustín Mantilla
Wilfredo Pedraza: CVR documentó que Comando actuó con consentimiento de alta dirección del Ministerio del Interior

Noticias que, salvo excepciones, no verás en la primera plana de los diarios

JUICIO A FUJIMORI EN HORA CERO

Ayer, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema ordenó la apertura de juicio oral a Alberto Fujimori en el megaproceso por violaciones de los derechos humanos.

En el documento que convoca al juicio oral, que se iniciaría el 26 de noviembre, destacan algunas cosas. Mediáticamente, la convocatoria como testigo a Vladimiro Montesinos es la noticia más importante. La pregunta es si, ahora que está siendo procesado también por el caso La Cantuta, el Doc se animará a cantar o si se dedicara a la protección de su ex jefe con el silencio.

También serán importantes otros testimonios, sobre todo, los de los sobrevivientes de la matanza de Barrios Altos, los secuestrados Dyer y Gorriti y de los ex miembros del Grupo Colina, varios de los cuales ya han señalado que el ex dictador tenía conocimiento de los hechos imputados. Sobre éstos últimos, la abogada de los familiares de las víctimas Gloria Cano ha señalado presiones mediante extrañas visitas del congresista Rolando Souza a varios de los testigos. También desfilarán personajes como Ketín Vidal, Rodolfo Robles, Ricardo Uceda, Edmundo Cruz, Gilberto Hume y Máximo San Román.

Y una de las pruebas más importantes es el ya famoso vídeo de Santiago Martin Rivas en el que confiesa que Fujimori estaba al tanto de las actividades y que las violaciones a los derechos humanos eran parte de su política. Dado que esas declaraciones fueron dadas a Umberto Jara sin presión, sin duda, van a ser claves en el proceso, al igual que otros documentos fundamentales que demuestran la relación.

Sin duda, el Poder Judicial se juega su partido más importante.

EL JUICIO A SL: LA ETAPA FINAL

Como también es clave lo que pase en la Corte Suprema el mismo día que se inicia el juicio a Abimael. La Segunda Sala Penal Transitoria, presidida por el controvertido Javier Villa Stein, será la que se encargue de revisar las condenas dadas por la Sala Penal Nacional a Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso.

La trascendencia de este proceso es bastante alta. De confirmarse las sentencias, se demostraría a los partidarios del autoritarismo que es posible juzgar a criminales tan avezados y repudiables como estos en democracia y con respeto a las reglas del debido proceso. Algo que Santiago Pedraglio nos recordó hace algún tiempo. Y se acabaría la falacia de que la democracia es débil con el terrorismo y que sólo con jueces sin rostro se puede procesar a esta gente.

Además, la sentencia de primera instancia, que esperemos sea ratificada, tuvo dos planteamientos jurídicos que son revolucionarios para el Perú: la aceptación de la teoría de dominio del hecho para aparatos organizados de criminalidad - lo que implica que es tan responsable el que puso la bomba como quien ordenó ponerla - y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario para los procesos contra la subversión, sin que ello implique reconocer status especial ni ninguna prerrogativa a los miembros de Sendero Luminoso.

Si la Sala que preside el cuestionado Villa Stein confirma estos elementos habrá limpiado en algo la imagen negra de este magistrado. Y, por cierto, el país podrá respirar aliviado.

TOLEDO Y CASTRO CASTRO

Imagen negra y consagración involuntaria de heroísmos es lo que pretendió hacer el APRA con la absurda acusación constitucional contra Alejandro Toledo por el allanamiento del Estado Peruano en el caso Castro Castro.

Como lo hemos mencionado en otras oportunidades, la acusación era realmente disparatada, toda vez que el allanamiento se debió a que el caso era lo suficientemente claro: habían existido ejecuciones extrajudiciales ordenadas por un gobierno de facto, que constituyen violaciones a los derechos humanos.

Pues ayer se recomendó archivar la denuncia constitucional contra Toledo. Así lo señaló el congresista Fredy Otárola:

“Más allá de cualquier posición política discrepante o coincidente, jurídicamente la decisión del allanamiento parcial era la correcta. No nos queda duda que hubo gruesos errores en la gestión de Toledo pero a la luz del análisis jurídico este no es uno de ellos”.

Si se aprobaba la acusación constitucional, se habría dado un nefasto y absurdo precedente: por respetar los derechos humanos, un gobernante puede ser inhabilitado por el Congreso. País de locos en el que solo a Javier Velásquez Quesquén puede ocurrísele semejante patinada.

CHUNGUI O LA INVISIBILIZACION DEL OTRO

Si quieren conocer porque el país vota por Ollanta Humala o por cualquier outsider que aparezca en el camino, les recomiendo el artículo de ayer de Carlos Iván Degregori sobre Chungui y Oreja de Perro, dos de las zonas ayacuchanas más azotadas por la violencia durante el conflicto armado interno.

Y es que esta región del país, estudiada en profundidad por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, padece de uno de los fenómenos tan comunes a nuestra realidad: la invisibilización de cientos de compatriotas, quienes no se sienten parte de un proyecto nacional, regional o, siquiera, local.

El último párrafo del artículo de Degregori nos ilustra, además, sobre los problemas que quedaron evidenciados con los sucesos de Ocobamba: la influencia del narcotráfico:

No parece perra de ningún hortelano, tampoco su canción dice que va a pedir algo, solo conversar, como pudiera hacerlo cualquier ciudadano. Tal vez para decirle al doctor Alan que en las cumbres por encima del VRAE, desde Viscatán, pasando por Putis y hasta Oreja de Perro, hay una franja que sufrió demasiado la violencia y que ahora, más pobre, debilitada y despoblada, es tierra de nadie por donde los cárteles sacan droga pagando migajas a los muchachos, que si no emigran, no tienen casi alternativa sino volverse “mochileros”. Respetando la opción preferencial por los empresarios, asumida apasionadamente por el doctor Alan. Asumiendo incluso su preferencia por ungir zares y zarinas en vez de fortalecer la institucionalidad democrática, ¿no sería urgente que el gobierno, empresarios y ciudadanos en general, hagamos algo antes de vernos envueltos en otro ciclo de violencia, esta vez sí transnacional?

Esta es una urgencia mayor que los negocios con Chávez. ¿La atenderá, Dr. García?