Desde el Tercer Piso

Durante las últimas semanas, hemos sido mudos espectadores de uno de los conflictos sociales más dramáticos que he podido ver en los últimos años, que tienen como involucrados a la Compañía Minera Casapalca y a sus trabajadores, junto al Ministerio de Trabajo y a decenas de personas que se encontraron varadas en la Carretera Central por varios días.

Casapalca es un yacimiento minero ubicado en la sierra de Lima, a más de 3,800 metros sobre el nivel del mar, en el que se produce plata, zinc, plomo y cobre. Su Presidente Ejecutivo Alejandro Gubbins Granger - en conflicto con sus hermanos por la titularidad de otra empresa minera - realiza con sus trabajadores prácticas que lo asemejan a los gamonales de la época anterior de la Reforma Agraria.

En Casapalca, casi todos los trabajadores de la empresa son subcontratados. Según ha referido la Ministra de Trabajo Susana Pinilla, varias de las empresas contratistas son Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (es decir, una persona como tu o como yo) con patrimonios tan bajos que no permiten cubrir los costos de una operación minera. Es decir, existen todos los indicios para que presumir que se encubre una relación laboral. ¿Razón principal para ello? No pagar sueldos altos y tampoco repartir utilidades a los trabajadores.

La gota que rebalsó el vaso fue el despido de 35 trabajadores de la empresa, entre ellos, los dirigentes del recién formado sindicato. Ya se imaginarán que la idea de tener un gremio no le gustó para nada a Gubbins y por eso se comportó como un violador flagrante de la ley laboral y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. A ello se suman sus negativas a negociar cualquier solución a los justos reclamos de los trabajadores, que no solo incluyen sueldos, sino mejora en sus condiciones de trabajo y vivienda.

Claro, ello no implica que uno esté de acuerdo con la violencia vista en estas semanas, o con el bloqueo de carreteras que, a la postre, ha costado varios muertos, sean en los enfrentamientos (tanto mineros como policías) o como consecuencia del bloqueo. Ello termina deslegitimando ante la opinión pública los justos reclamos de los mineros, que terminan salpicados por estos atentados a los derechos fundamentales.

Sin duda, el Ministerio de Trabajo ha hecho lo que ha podido. Ha conseguido el desbloqueo de la vía y, además, ha multado a la empresa por sus malas prácticas laborales. El tema es que Gubbins y los demás representantes de la minera no quieren hacerse responsables por las normas incumplidas y los continuos atropellos a los trabajadores. Si bien hay buena voluntad de parte del Ministerio por solucionar el conflicto, tal parece que la solución definitiva esperará aun más, dado que la intransigencia de los empresarios, en este caso puntual, echa por tierra cualquier intento de resolución del conflicto en el corto plazo.

Esto no es solo un atentado contra los derechos fundamentales, sino que termina salpicando al empresariado, que debe deslindar, con la misma energía que lo hace frente a la inaceptable violencia, con las malas prácticas laborales. Ahora se viene un TLC que exige el cumplimiento de las normas de la OIT, con lo que este triste episodio - esperemos - sea uno de los últimos de este tipo que tengan que cubrirse.

MAS SOBRE EL TEMA:
Caretas: Sangre en Casapalca
Correo: Casapalca podría perder concesión minera por infracciones a normas de seguridad.