Desde el Tercer Piso

A pesar de nuestra cercanía geográfica, pocos peruanos conocemos ampliamente lo que ocurre en el conflicto armado interno en Colombia. Dado que las noticias internacionales se vienen centrando en las idas y venidas de la liberación de rehenes por parte de las FARC, es momento de dar una mirada a la complejidad del conflicto y de sus actores.

LA HISTORIA DEL CONFLICTO

Si bien Colombia ha transcurrido por varios procesos prolongados de violencia a lo largo de su historia, se puede señalar la existencia de un conflicto armado interno desde la década de 1960, con la aparición de guerrillas de izquierda en algunos sectores rurales del país.

Los dos grupos principales que se vienen enfrentando al gobierno democrático colombiano son las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de inspiración marxista – bolivariana, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cercano más bien a la Revolución Cubana.

Las reivindicaciones originales de estos grupos se centraron en el reparto de la tierra y en una mejor redistribución de la riqueza. Colombia es uno de los pocos países de la región que no ha tenido una reforma agraria, por lo que el problema de la tierra sigue presente en la agenda. En la actualidad, la agenda reivindicativa de los grupos alzados en armas es más compleja y confunde cuestiones ideológicas con reclamos puntuales sobre políticas específicas.

Dos características son consustanciales al conflicto. La primera es la marginalidad de la guerra frente al sistema político: Colombia es uno de los países políticamente más estables de la región que, si bien ha pasado por una crisis de partidos como toda América Latina, ha logrado consolidar un sistema institucional y jurídico bastante avanzado en comparación con la región. La segunda es que la geografía del conflicto se define alrededor de la tenencia de la tierra. Existen zonas con control territorial efectivo, donde la ausencia del Estado es bastante fuerte.

Tres factores adicionales complicaron el conflicto durante la década de 1980.

El primero fue la formación de grupos paramilitares, creados en los años ochenta para combatir a las guerrillas, pasando a ser fuerzas ofensivas con el transcurrir de los años. Se agruparon, posteriormente, en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Estos grupos se formaron por iniciativa de los ganaderos colombianos, quienes armaron a los campesinos para defender sus tierras. Posteriormente, estos grupos se fueron acrecentando hasta su unión en las AUC.

El segundo fue la presencia del narcotráfico. La comercialización ilegal de drogas se convirtió en un problema real a partir de los años setenta y los cárteles comenzaron a ocupar presencia importante no solo en la economía, sino en todas las actividades en Colombia, incluyendo la política. Todos los grupos armados en Colombia tienen algún tipo de conexión con el narcotráfico, sea por financiamiento de sus actividades, o porque se han convertido en guardianes de los capos de la droga.

El tercer factor fue el M-19 (Movimiento 19 de Abril), un grupo armado cuyas acciones se concentraban en las ciudades. Los secuestros y asesinatos fueron parte de sus acciones. Posteriormente, en 1990, a raíz de un movimiento para la creación de una Asamblea Constituyente, el M-19 depuso las armas y se incorporó con cierto éxito a la vida política nacional. Actualmente, varios de sus integrantes conforman el Polo Democrático Alternativo, una coalición de izquierda que es, actualmente, la segunda fuerza política de Colombia.

ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO

Desde 2002, el país es gobernado por Álvaro Uribe Vélez como parte de la coalición Primero Colombia. Durante su gobierno ha implementado lo que se conoce como Política de Seguridad Democrática, cuyo objetivo central es la recuperación de territorios controlados por los grupos armados. Si bien se logran recuperar el tránsito por las principales vías y se logra la desconexión de bases, no se ha podido derrotar militarmente a las FARC. A la par, Estados Unidos implementa desde 1999 el llamado Plan Colombia, consistente en ayuda militar directa y labores de monitoreo de la zona de conflicto.

Uribe puso varias condiciones a los grupos armados para negociar una salida pacífica. Las AUC constituyen el único grupo armado que ha negociado con el gobierno una desmovilización. El proceso, originalmente, se enmarco legalmente a través de la Ley de Justicia y Paz, promulgada en 2005, cuyo aspecto central era una rebaja considerable de penas a paramilitares que hubieran cometido violaciones a los derechos humanos a cambio de dar su versión sobre estos hechos. En 2006, la Corte Constitucional de Colombia interpretó esta norma, señalando que la confesión debía respetar el derecho a la verdad, se sanciona el ocultamiento de información, no se posibilitan los indultos y las reparaciones tendrán que pagarse con fondos de las Autodefensas. Estos procesos de confesión se llevan a cabo ante las Fiscalías y los jueces determinan finalmente las penas a aplicar.

Asimismo, la Ley de Justicia y Paz creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, con un plazo de 8 años para cumplir con sus funciones. Este grupo de trabajo, que no es propiamente una “comisión de la verdad”, tiene entre sus funciones elaborar un plan de reparaciones colectivas para las víctimas de la violencia, elaborar un informe que explique el proceso nacional de la violencia y hacer un seguimiento al proceso de desmovilización. Es una comisión mixta, conformada por representantes del gobierno, la sociedad civil, las organizaciones de víctimas y organismos de control del Estado.

El proceso se ha visto complicado por el llamado escándalo de la parapolítica, que consiste en la revelación de vínculos de políticos colombianos con los paramilitares. Los políticos habrían obtenido beneficios y cargos gracias a algunas amenazas de las autodefensas, mientras que éstas habrían resultado con financiamiento para sus actividades. Las revelaciones han llevado a investigaciones judiciales, arrestos de diputados e renuncia de ministros de Estado.

En el caso de las FARC, algún intento de negociación se abrió con la liberación de Rodrigo Granda, a pedido del gobierno de Francia, para intentar algún tipo de salida pacífica al conflicto. Sin embargo, la muerte de 11 ex diputados regionales que permanecían como rehenes desde 2002 ha entrampado cualquier negociación. El tema de los secuestrados se ha convertido en la más importante prioridad humanitaria en Colombia.

Y es en este momento que interviene Hugo Chávez. A estas alturas, queda claro que todos los actores armados y políticos del conflicto quieren ganar algo con lo que debería ser un gesto humanitario. En una lúcida columna de hace algunos días, Ramiro Escobar decía lo siguiente:

Ellos (los tres - o dos - rehenes a ser liberados) son parte de los 46 secuestrados que esta guerrilla añeja e inhumana tiene en su poder, los cuales quiere canjear por 500 de sus militantes presos. Pero, en rigor, su galería de plagiados asciende a unos 700. En estos momentos no hay que olvidar eso, y tampoco hay que perder de vista la patética exhibición de fariseísmo de los involucrados en la negociación. No han sido nada navideños.

¿Y HACIA DONDE VAMOS?

Esta pregunta no la puedo responder. Pero todo indica que el conflicto no acabará militarmente, dado que ninguna de las partes va a poder derrotar por las armas a las otras. Todo apunta, así, a que se entre en procesos de negociación, con la complejidad antes relatada y en el que los actores armados no estatales van a buscar mecanismos de impunidad o reducción de las penas.

Lo que deberá tener presente el Estado colombiano es que dichas negociaciones no se podrán hacer hasta que exista una voluntad real de las FARC y del ELN por dejar las armas y liberar a todos los secuestrados. Asimismo, que ningun acuerdo de paz puede contemplar amnistías para crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pues el derecho internacional no lo permite.

Pero para que ello ocurra, tal vez sea necesaria una figura menos controvertida y menos comprometida con la parapolítica. Uribe podrá haber conseguido grandes avances, pero no creo que sea el Presidente de la paz, por las divisiones que ocasiona su figura. La pregunta es: ¿quién lo podrá ser?

Mientras tanto, Colombia sigue sintiendo que la vida de sus ciudadanos se puede ir en un ratico.

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El gobierno de Alvaro Uribe soporta su mayor escándalo.

Uno de los gobiernos latinoamericanos más populares dentro y fuera de sus fronteras es el del presidente colombiano Alvaro Uribe.

A pesar de sus claras actitudes personalistas y su poca distancia de Estados Unidos, Uribe supo combinar un estado democrático con la preocupación con la seguridad, la macroeconomía estable con el crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, el reto del conflicto armado interno que vive nuestra nación vecina desde hace más de 5 décadas, sigue sin resolverse.

Y son las consecuencias del conflicto las que ahora ponen a Uribe en una situación bastante complicada.

La crisis tiene que ver con los presuntos vínculos que funcionarios del gobierno de Alvaro Uribe tendrían con los grupos paramilitares, en particular con las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización armada ilegal de derecha extrema a la que se le atribuyen violaciones a los derechos humanos y actos terroristas. Uribe negoció durante tres años la desmovilización de las AUC, hecho que se produjo a finales del año pasado.

Sin embargo, ante las denuncias sobre los vínculos entre el gobierno y los paramilitares, se descubrió el plan “Jorge 40″ elaborado por el líder de las AUC Rodrigo Tovar Pupo. El plan consistía en que las AUC tendrían su propia bancada parlamentaria, para lo que utilizaron métodos de fraude electoral, amedrentamiento y asesinato de candidatos que no comulgaran con los intereses de los paras.

La investigación de la Corte Suprema de Colombia ha supuesto la orden de captura para 8 congresistas leales a Uribe, a su ex ministro de Agricultura y un gobernador. El escándalo ha sucitado la renuncia de la Ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araujo, dado que su padre - ex Ministro de Agricultura y actual senador - y su hermano, también legislador, estaban involucrados en este caso.

Sin duda, estas revelaciones amenazan con estremecer Colombia y a su clase política. Incluso el Presidente Uribe se encuentra en la mira de todos, dado que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tiene dos denuncias en su contra por presuntos vínculos con los paramilitares.

Lo que se viene es una investigación bastante compleja, que pondrá a prueba los reflejos democráticos de Uribe, la solidez del sistema judicial colombiano frente a las amenazas que tendrá y, por supuesto, las consecuencias que este caso tendrá para el sistema político colombiano. Esperemos que sea la verdad la que prevalezca, en un país que, a pesar de la violencia que sufre, siempre se preció de tener un sistema institucional modélico en América Latina.