Desde el Tercer Piso

Por fin se dio a conocer hoy la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley que controla a las ONGs.

Luego de leer el texto completo de la sentencia, me queda claro el sentido de lo que el TC ha señalado. Por un lado, reconoce el derecho de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional a fiscalizar actividades realizadas con fondos que vienen por cooperación internacional que llega a través del Estado y a aquellas entidades que se acogen a beneficios tributarios. Esto nunca fue cuestionado por las ong’s que impulsaron la demanda.

Por otro lado, la sentencia saca del ordenamiento jurídico los puntos más rochosamente inconstitucionales de la Ley: ya no serán materia de control obligatorio las entidades que no reciban fondos canalizados a través del Estado, la famosa “priorización” de actividades no será compulsiva para quienes usen fondos privados, ni se cerrarán ong’s por vía administrativa.

Este equilibrio constitucional puesto por el TC ha hecho que ambas partes hayan recibido tranquilamente la sentencia. Tanto onegeros como el gobierno se han mostrado respetuosos de la sentencia. Donde sí han habido pataletas es en los sectores más recalcitrantes: los fujimoristas amenazan con presentar otro proyecto controlista y los empresarios mineros siguen diciendo que quienes no piensan como ellos entorpecen el desarrollo del país. Pobre gente.

Y ello me hace pensar que esta suerte de guerra sucia contra las organizaciones no gubernamentales, sobre todo, contra las que ven temas de medio ambiente, derechos humanos e institucionalidad, continuarán en los medios de comunicación más cercanos a estos intereses. Jurídicamente la discusión queda zanjada, pero la intolerancia seguirá persistiendo en cada epiteto de Mariátegui, cada calumnia de Ben Schmuel o cada mentira de Expreso.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: Carta de Goldfinger
Roberto Bustamante: Las ong’s versus el Perú
Ricardo Vasquez Kunze: Derecha rochosa y ONGs

(Fotomontaje: El Utero de Marita)

Lo que el país se juega en los siguientes días

Aunque para muchos no lo parezca, parte del futuro democrático del Perú está en juego en estos días. Dos temas centrales dominarán la agenda y podrían delimitar si es que el crecimiento económico viene acompañado de madurez institucional y si el Perú decide convertirse en una república de verdad o seguir jugando a ser el país de caricatura que nuestros políticos parece que quieren que seamos.

En los próximos días el Tribunal Constitucional emitirá su fallo sobre la Ley contra las ONGs. Una ley que vulnera derechos fundamentales tan básicos como la libertad de asociación o de expresión, derechos que son la base del liberalismo político más básico.

Desde inicios del presente gobierno se agudizó una campaña de satanización contra las organizaciones no gubernamentales. En particular, la pieza de lodo concentrado cayó sobre las instituciones que se ocupan de medio ambiente, derechos humanos, democracia y reforma de la administración de justicia, acusandolas de desestabilizadoras del país, plataformas políticas de la izquierda o de ser cómplices directas de Sendero Luminoso. Claro, se olvidaban en los ataques que el Instituto Libertad y Democracia o Ciudadanos al Día también son ONGs y que la “policía del pensamiento” que veían en sus cabezas también controlaría a estas instituciones. Y que sepa, ni Beatriz Boza o Hernando de Soto son marxistas y ambos están en contra de una medida que afecta a sus organizaciones.

Los infundios de grueso calibre han sido sostenidos y tuvieron su máxima repercusión en una ignominiosa Ley que procura amordazar a las ONGs, yendo más allá de los mecanismos de fiscalización que ya existían y que la mayor parte de organizaciones de este tipo - incluyendo, claro está, a las satanizadas - cumplen con estos campos de fiscalización.

Este fallo podría ser el último que emita la actual conformación del Tribunal Constitucional, dado que mañana se podrían elegir a los 3 miembros restantes del TC que falta escoger.

Y digo podría porque no existe hasta el momento consenso sobre a quienes se elegiría. Lo cual me hace pensar que el manoseo político y la intriga que caracterizó el proceso anterior no están descartados.

El Tribunal Constitucional deberá cumplir con su tarea de eliminar las normas que eliminan derechos fundamentales y el Congreso elegir a conciencia. Si ello se da, habremos dado un gran paso adelante.

De lo contrario, el peligro de empeorar una situación precaria se cierne sobre todos nosotros.

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich y Marco Sifuentes hablan de nuestros hijos de Putín.
Hans Landolt: Confiamos en que TC declare inconstitucional Ley que modifica facultades de APCI.
Ramiro Escobar: ¿Mundo “caviar”?
Francisco Távara, Presidente del Poder Judicial: Congreso debe ser transparente en elección de magistrados del TC.
CPN Radio: Apristas respaldarían a Fernando Calle en elección al TC
Archivo del Tercer Piso: Conoce a los finalistas (Tener en cuenta las renuncias de Ernesto Blume y Carlos Ramos y post sobre Vladimir Paz de la Barra)

Hoy, tanto Alberto de Belaúnde como Perú.21 alertan sobre una de las consecuencias de la inconstitucional norma sobre las ONGs.

La institución afectada es el Instituto de Defensa Legal, una de las entidades que tiene mayor posicionamiento en el tema de derechos humanos, justicia, defensa y seguridad ciudadana, con una línea crítica hacia muchas de las acciones del actual gobierno. De Belaúnde resume el problema:

El pasado 27 de agosto, el IDL recibió una carta - fechada 24 de agosto - de la APCI (agencia gubernamental que ve el tema de la cooperación técnica internacional) en la cual se les informaba que habían sido seleccionados para ser fiscalizados, y que enviaran toda la documentación requerida para dicho propósito (que no es poca). ¿Cuál era la fecha límite para dicho envío? El 23 de agosto (cuatro días antes de haber recibido la carta).

Como nada es casual, esto se produce en las vìsperas del fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de las ONGs. Se conoce que esta semana se dará a conocer la sentencia - que, según mis fuentes, provocaría una pataleta de Aldo Mariátegui -, por lo que los impulsores de la norma vienen haciendo presión abierta en los medios sobre el tema. Expreso y La Razón son los medios favoritos para este tipo de ataques.

¿Mi pronóstico? Esperemos ver más de esto hasta que salga la sentencia y, si se confirma lo que me han señalado, pues veremos a por lo menos tres diarios - incluyendo a Correo - en una campaña feroz.

Si bien hay ong’s que no hacen un buen trabajo, la mayoría si lo hace. Los mecanismos de fiscalización que ya existían eran buenos y la norma invade derechos fundamentales claves. El objetivo, como lo he anotado antes, es controlar contenidos de organizaciones vinculadas a temas de fortalecimiento institucional, medio ambiente y derechos humanos, pues la incomodidad que producen en varios sectores, inclyendo a varios del gobierno, es clamorosa. Estamos advertidos.

Una de las cosas de las que veo todos los días en los periódicos es sobre el ALBA, la famosa Alternativa Bolivariana de las Américas que Hugo Chávez quiere imponer como “alternativa” a Estados Unidos, propagándola por toda América Latina.

Los lectores habituales de este blog conocen mi opinión sobre Chávez, pero no está demás repetirla. No creo que su famosa “Revolución Bolivariana” sea la alternativa que América Latina necesita, no solo por su desfase económico, sino también porque representa la vieja receta latinoamericana: el caudillo autoritario. Y ya hemos tenido suficientes especímenes de esta especie, sean de izquierda o de derecha, como para saber que terminan en lo mismo: más pobreza, menos democracia, más corrupción.

Dicho esto, creo que hay demasiada bulla alrededor de esta cuestión del ALBA. Se le quiere poner como el núcleo de financiamiento de las protestas sociales y claro, pretender servir como la gran cortina de humo para presionar al Tribunal Constitucional para que no declare inconstitucional la ley contra las organizaciones no gubernamentales, que los sectores más conservadores del país pretenden que permanezcan para evitar una fiscalización independiente sobre democracia, derechos humanos, desarrollo social y medio ambiente. Y no ha faltado un viejo político que la comparado con Sendero Luminoso.

Como lo ha acaba de señalar Agustín Haya de la Torre (aprista, por si acaso), Director Ejecutivo de la APCI, las casas de ALBA no pueden ser fiscalizadas por su entidad pues no reciben cooperación internacional no reembolsable y, en todo caso, constituye un problema de carácter político.

Aldo Santos, quien trabaja para SER, una de las organizaciones no gubernamentales con mayor presencia en Puno, ha examinado el tema y señala lo siguiente:

La “Casa del ALBA”, como se ha llamado a la oficina instalada en la región, está constituida como una asociación civil sin fines de lucro, al igual que cualquier Organización No Gubernamental y, por el momento, sus actividades son meramente asistenciales y se reducen a gestionar la atención médica oftalmológica gratuita en la localidad de Copacabana, ubicada muy cerca de la frontera con Bolivia. Los beneficiarios son mayoritariamente campesinos pobres que probablemente terminarían sus días ciegos, si no fuera por la atención que reciben, y que por sus precarias condiciones de vida, probablemente entiendan poco de ideologías o de la “injerencia chavista” que el Gobierno aprista no se cansa de denunciar, como intentando justificar una política que no da frutos en la región, o buscando culpables de la inoperancia de los proyectos que ha impulsado para Puno como Sierra Exportadora o la Zona Económica Especial

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Y su reflexión final, sobre la conexión del controvertido presidente regional Hernán Fuentes con Caracas, vale la pena ser tomada en cuenta:

Por supuesto, tampoco se pueden negar los nexos de Fuentes con el Gobierno venezolano, la Coordinadora Continental Bolivariana, partidos políticos como Patria Roja o el uso de un lenguaje radical; sin embargo, esto no justifica la visión maniquea y alarmista de alguna prensa y el Gobierno, que hacen de Puno una abstracción general sin reconocer sus particularidades. En realidad lo más seguro es que para cualquier puneño Hernán Fuentes ó Hugo Chávez están lejos de ser los ideales de líderes democráticos que necesita el país, tan lejos como Alan García

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Ahora bien, ¿como hacer para contrarrestar la presencia chavista en el Perú? Pues entendiendo lo que ha señalado Haya: que es un problema político. Es decir, son los políticos los que tienen que hacer mayor trabajo político - lease, presencia real - en las zonas donde esta gente pretende abrir estas casas o regiones. Solo así se puede evitar que eso siga avanzando. Tomar medidas de restricciones de derechos no son lo mejor para el país, sino convencer a la población, con medidas efectivas y buen gobierno, de que la democracia bien vale la pena ser defendida.