Archivo de la Categoría “Antonio Maldonado”


Señor
Luis Alejandro Giampietri Rojas
Encargado del Despacho Presidencial

Presente

Señor Giampietri:

Debo confesar que fue usted la principal razón que me hizo dudar en mi voto de segunda vuelta, cuando muchos asumimos que Ollanta Humala era la peor opción que podría pasarle al país, tanto en términos democráticos como económicos.

Y es me parecía - y me sigue pareciendo - inaceptable su actitud de ocultamiento y negación frente a las violaciones de los derechos humanos cometidas por algunos de sus compañeros de armas durante el conflicto armado interno, la cual lindaba y linda con la complicidad, con la anuencia con la idea de que las vidas humanas eran costos a pagar y que el país podría aceptar la muerte de inocentes en nombre de una pacificación que usted confunde con la amnesia y la paz de los cementerios.

Hoy, lamentablemente, debo decir que no me he equivocado sobre la impresión de desconfianza que tuve frente a usted, la cual se ha acrecentado con el transcurrir de los meses.

Apenas llegado al gobierno y encargado de la Comisión de Inteligencia del Congreso, usted desató sus iras santas y persecutorias contra el Instituto de Defensa Legal, entidad que por 25 años ha defendido los derechos humanos y la democracia en nuestro país. ¿El motivo? El hecho de que abogados de esta institución defendieran a una de las víctimas del caso El Frontón, aquel suceso cuya recordación no le motiva, precisamente, los mejores recuerdos y que quisiera que los peruanos mantengamos en el manto del olvido.

Pero allí no ha quedado la cuestión. Usted ha seguido defendiendo la idea de que cualquier juicio a miembros de las Fuerzas Armadas es una ofensa al honor de las mismas, como si la institución tuviera que contagiarse necesariamente por los crímenes que cometen sus malos miembros. Y lo hizo nada menos en una ceremonia en honor de alguien a quien todos reconocemos que fue un caballero hasta con el enemigo.

Pero allí no ha quedado su complicidad con el crímen y el autoritarismo. Su defensa del hoy reo Alberto Fujimori ha sido patetica y la interposición de una moción para condenar a los gobiernos democráticos de Paniagua y Toledo por una supuesta relajación de la política contrasubversiva (y que ahora pretende volver a poner en debate) solo juega con los intereses de quienes pretender seguir haciendo creer que era necesario un golpe para acabar con la subversión y que los muertos de Barrios Altos y La Cantuta solo fueron meros accidentes en el camino.

Peor aún, ya en el poder, ha aprovechado el mismo para poner a sus amigos en puestos cercanos. Como el abogado Sergio Tapia Tapia, cuya predilección por las camisas negras es bastante fuerte. O como sus otros amigos y abogados que están como asesores, o los que recientemente usted han sido contratados por encargo suyo por el obsecuente Jorge del Castillo. Y claro, como olvidar que su hermana acaba de ganar una contratación en la institución que usted dirigió durante la dictadura: el IMARPE.

Pero el suceso más bochornoso tiene mucha relación con los tiempos en que usted se tomaba fotos con Vladimiro Montesinos.

Al inicio de este gobierno, usted tenía una investigación pendiente sobre once licitaciones producidas en la Marina de Guerra del Perú, para la compra de repuestos, basada en un informe de Contraloría. Dichas once licitaciones fueron otorgadas por un comité de adquisiciones que usted presidió.

Posteriormente, en una de las más extrañas maniobras que hemos visto, el señor Moises Tambini del Valle - el mismo que dice que no hay pruebas contra Fujimori y se toma fotos con vocales montesinistas y el Presidente de la República - ha hecho todo lo posible por ocultar el caso al obligar a los procuradores bajo su cargo a no ahondar más en el tema.

Y, para complicar más las cosas, usted llegó hasta el extremo de inteponer una denuncia por difamación al ex procurador Antonio Maldonado, quien solo pidió el inicio de investigación del caso y describió el curso que había seguido la investigación y se había quejado sobre la existencia de intocables en este gobierno.

Pues bien, en un proceso lleno de cambios extraños de jueces y de presiones, el día de hoy, mientras usted despacha en Palacio de Gobierno, el ex procurador Maldonado será sentenciado por opinar y por cumplir con las funciones que el Estado le encargó. Y encima, le va a tener que pedir disculpas.

¿Merece disculpas alguien que ha hecho de su cargo político el perfecto vehículo para sus intereses particulares? Creo que el público que lee esta carta abierta coincidirá conmigo en que no.

Lamento que el país tenga que pagarle a usted un sueldo como parlamentario. Se ha convertido en la principal razón de que, a mis peticiones habituales de todos los días, le ruege a Dios por la salud del Presidente de la República, dado que usted lo reemplazaría en caso de fallecimiento. Y es que usted representa todo lo que hace que sienta, por este gobierno, una melancolía bastante cercana al asco.

Atentamente,

José Alejandro Godoy.

PD: Mi solidaridad con Antonio Maldonado por esta nueva infamia del Almirante Frontón.

ACTUALIZACION (03:00 PM)
Ideele Radio confirma que Antonio Maldonado fue sentenciado por difamación. Aunque le tendrá que pagar una cantidad irrisoria a Giampietri, sin duda, queda un mal precedente para todo quien pretenda que la impunidad no sea la que prime en nuestro país o que podamos opinar sobre determinado caso. Una nueva contribución a la Historia Universal de la Infamia.

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Bueno, no tan nueva. Hace casi un año La República informaba:

El primer vicepresidente de la República y congresista del APRA, vicealmirante (r) Luis Giampietri Rojas, querelló por difamación y calumnia al ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado.

Giampetri sostiene que Maldonado, en la entrevista que le hizo y publicó El Comercio el pasado cinco de octubre, le atribuye conductas impropias que afectan su honor y reputación.

Maldonado en dicha ocasión, en alusión a Giampietri, afirmó que “presenté una solicitud de investigación” al Ministerio Público contra el primer vicepresidente, la misma “que se sustentaba en una investigación hecha por la Contraloría”. Y añadió: ¿Qué esperaban que hiciera? ¿Qué porque una de las personas señaladas es un alto dignatario, no se le investigara? Si eso es así, mejor que expidan una norma que diga que a ciertas personas nunca se les investigará, porque tienen poder político. Parece que algunos personajes se erigen en intocables“.

¿Y cuál era esta investigación? Del archivo del Tercer Piso:

Gracias a La República, nos hemos podido enterar que la Sexta Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre once licitaciones producidas en la Marina de Guerra del Perú, para la compra de baterías primarias para torpedos SS-4, recuperación de misiles Otomat MK2 y misiles Exocet MM-38, adquisición de 580 hidrófonos, y motores para las corbetas misileras. Esta denuncia se basa en un informe de la propia Contraloría General de la República sobre las irregularidades existentes. Quien presidió el Comité de Adquisiciones fue Luis Giampietri y por ello está comprendido en esta investigación.

La Contraloría indicó que el comité presidido por Giampietri favoreció a empresas que no se encontraban inscritas como proveedoras de la Marina, requisito indispensable para convocarlas a concurso público o privado. Además, dichos procesos de selección se hicieron sin opinión previa de la Contraloría, no se aplicaron las penalidades correspondientes por incumplimientos de las empresas y muchos de los contratos se suscribieron sin la resolución ministerial que aprueba su firma.

Giampietri aduce que la Contraloría lo ha limpiado, pero la investigación sigue en el Ministerio Público. Por ello es que se fue contra Maldonado.

Ayer, el abogado de Maldonado, Fernando Silva La Rosa, ha señalado algunas cosas raras del proceso:

- El primer juez del caso era nada menos que Alfredo Catacora, conocido por todos los periodistas por sentenciar a Sally Bowen por mencionar en su libro que Fernando Zevallos era narcotraficante. Este juez fue suspendido este año por liberar a otro narcotraficante.

- Cuando a Catacora lo sacaron, el juez Eduardo Gago Garay se hizo cargo del caso y ya estaba para sentenciar. Acaba de ser reemplazado por el magistrado William Diaz Giraldo. Señala el abogado Silva:
“Lo lamentable, es que este juez estaba a punto de sentenciar y ha sido cambiado sin motivo. Él me dijo que nunca fue advertido y que él temía que fuera por este caso, porque había muchas presiones. No sabemos a ciencia cierta si es que esto responde a una presión. Estando Giampietri de por medio, esto no es coincidencia y habría que tomarlo con cuidado.

- Silva La Rosa ha ido más allá en su denuncia. Ha involucrado al controvertido Moisés Tambini del Valle - el jefe de los procuradores - en este caso:

Tambini fue hablar con el juez Eduardo Gago para pedirle interceder a favor de Giampietri. Este lo recibe en su oficina y le dice anótese en un libro de visitas porque no lo puedo recibir, sin que se anote. Él inmediatamente se retiró, porque sabía que si abogaba por una persona que está procesada en el sistema anticorrupción, entonces se iba cuestionar la defensa por parte de los procuradores públicos”.

La denuncia de Silva tiene sustento. Cabe recordar que Tambini obligó a los actuales procuradores a no ahondar en la denuncia contra Giampietri sobre las adquisiciones de la Marina. Justamente el caso por el que Maldonado lo denunció.

Según señalan fuentes directas del caso a este espacio, a pocos días que Carlos Briceño asumiera como Procurador Ad Hoc para el caso Fujimori - Montesinos, la abogada que conocía el caso Giampietri - y participó en la formulación de la solicitud de investigación correspondiente - fue sustituida. Otros abogados de la Procuraduría renunciaron por lo que consideraron una intromisión política a esta investigación.

Ahora todo encaja.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Comercio: Maldonado teme persecusión judicial en su contra

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Enfoque sobre el cambio en la Procuraduría y los avances y retrocesos en el último año

El último año ha sido un periodo difícil para la lucha anticorrupción en el Perú. Por un lado, hemos enfrentado algunos golpes dados por la organización criminal Fujimori – Montesinos, a pesar de los cuales se han podido avanzar con algunos juicios orales importantes. Por otro lado, hemos tenido la preocupante actitud del gobierno frente a la lucha anticorrupción, en especial, frente a la Procuraduría instalada para operar como agente del Estado en estos procesos, cada vez que este organismo pretendía conocer algún caso de corrupción que involucraba a este gobierno, al existir lazos con la mafia que gobernó este país entre 1990 y 2000, en particular, el caso Almeyda y la presunta falsificación de firmas para inscribir a Perú Posible.

En general, la lucha anticorrupción en este periodo democrático ha quedado librada a la buena voluntad de los miembros de la Procuraduría y de la mayor parte de jueces y fiscales anticorrupción (cuya ampliación de facultades para investigar a este gobierno fue la mejor noticia en este campo durante el año que termina). La clase política en general y el gobierno en particular no han sido capaces de tomar este tema como suyo y, menos aún, ser consecuentes con las críticas que proferían y aún profieren a lo hecho por Fujimori en sus años de gobierno.

En lo que respecta a este gobierno, muchas de las denuncias realizadas por la prensa sobre presuntos actos de corrupción se refieren a asuntos cuantitativamente menores a los producidos en la década pasada, lo cual no quiere decir que no merezcan una reprobación moral y una sanción penal por ello, más aún si el actual Presidente fue elegido bajo las banderas del cambio y de la ruptura con aquel pasado vergonzante. Sin embargo, denuncias grandes, como las del caso Almeyda - Bavaria y las de la falsificación de firmas no han sido aún suficientemente investigadas. A dicha investigación parece temer este gobierno y lo demostró con la salida de Luis Vargas Valdivia de la Procuraduría anticorrupción.

Las virtudes del trabajo de Vargas Valdivia y su equipo han sido reseñadas por la prensa nacional en múltiples oportunidades y podríamos resumirlas así: honestidad, independencia, transparencia, defensa clara de los intereses del Estado y actuación clara tanto en casos de corrupción como de violaciones de los derechos humanos. En su pasivo, menor comparativamente hablando frente a las virtudes antes señaladas, podemos señalar cierta sobreexposición mediática y algunas declaraciones fuera de lugar. Aún así, la confianza debió ser renovada a todo el equipo.

Pero ello no ocurrió. El último viernes Vargas Valdivia hizo pública la noticia de que el Presiente prescindiría de sus servicios para el próximo año. Es cierto, no hay personas imprescindibles, pero el conocimiento que había adquirido de los casos, la competencia demostrada y el hecho que los juicios orales en que la mafia se jugará las penas más fuertes (Barrios Altos, La Cantuta, narcotráfico) se iniciarán a principios del próximo año, hacían y hacen pensar hasta ahora que la decisión tomada por el gobierno no fue la correcta.

Sin embargo, el gobierno nos volvió a sorprender, pero esta vez de manera más grata. El nuevo Procurador principal es el abogado Antonio Maldonado, quien se ha desempeñado en altos cargos de la ONU en materia de derechos humanos. Sin duda alguna, contar con un profesional independiente y con experiencia en casos que son decisivos para evitar la impunidad en el país era un paso importante. Quizás el perfil de Maldonado se acomodaba más a un encargado de cumplir con las recomendaciones de la CVR – es más, durante su presentación habló de “reparar a las víctimas” de la corrupción – que a un luchador anticorrupción. Más aún, su ausencia durante 10 años podría ser contraproducente si es que la corta transición que Luis Vargas Valdivia emprenderá en estos días no resulta suficiente para que se tenga el conocimiento de la mayor parte de los casos y del funcionamiento del sistema anticorrupción.

Por lo antes mencionado, concedemos el beneficio de la duda al Procurador Maldonado. Esperamos que la buena performance cumplida por Vargas Valdivia sea igualada o superada por su sucesor y que el equipo de procuradores adjuntos se mantengan en sus puestos.

Pero más allá de las personas, son las instituciones y las reformas institucionales las que arman las democracias sólidas. ¿Será el gobierno capaz de dar mayores facultades a la Procuraduría para que investigue al actual y a los siguientes gobiernos? ¿Podrá el Congreso hacer investigaciones serias en sus comisiones y no presentar dictámenes débiles, como en el caso de Jorge Mufarech? ¿Será capaz la sociedad civil de ejercer una verdadera presión para que los hechos del pasado no sean olvidados y los hechos del presente sean eficientemente investigados? ¿Podrá la prensa nacional armar menos investigaciones sin fundamento y presentar casos con mayor sustento? ¿Por fin la reforma judicial tendrá alguna relevancia el próximo año?

Las próximas semanas serán claves para encontrar alguna respuesta.

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