Desde el Tercer Piso

Han pasado casi desapercibidas, en medio del carnaval Fujimori, dos noticias que pueden afectar profundamente al sistema de justicia.

La primera, comentada en El Utero de Marita, es el nombramiento de Rolando Souza - cuyo estudio de abogados defiende al reo Fujimori - como encargado central de la reforma del Código Penal.

El “inteligente” que se encargó de la propuesta es nada menos que Javier Velásquez Quesquén, conspicuo parlamentario aprista y Presidente de la Comisión de Constitución. Y yo que pensé que el desastre de Aurelio Pastor en ese mismo cargo era peor. Aun hay oportunidad para enmendar en el Pleno semejante horror.

Y sería un horror por lo siguiente. A Fujimori - como a Abimael Guzmán - se le procesará con la ley penal vigente al momento de su captura. Sin embargo, de acuerdo a la Constitución, cualquier modificación penal que lo beneficie - léase, baja de pena - puede ser aplicada de inmediato a su favor. ¿No les bastó con tener a Souza como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en pleno proceso de extradición? No aprenden.

El segundo caso tiene que ver con la Corte Superior de Lima que podríamos calificar de “paso de guatemala a guatepeor”. Veamos la historia:

a) Angel Romero fue elegido como Presidente de la Corte Superior a fines del año pasado. Fue destituido de su cargo por haberse ido en contra de un precedente obligatorio del Tribunal Constitucional. El Consejo Nacional de la Magistratura definiría si seguirá como juez en este mes.

b) Romero fue reemplazado en su cargo por el juez Jovino Cabanillas. Este magistrado ya tenía serios problemas por no denunciar una extorsión hecha por su asistenta judicial. Asimismo, había votado por la excarcelación de Mantilla y por pasar el juicio de Dionisio Romero a una “sala light”. Ahora afronta un proceso por acoso sexual donde la denunciante ha decidido dar la cara, razón por la que Cabanillas ha sido suspendido de su cargo. Para complicar más las cosas, anoche dejó plantada una entrevista por estar incómodo con las preguntas hechas.

c) Otto Egúsquiza quiere reemplazar a Cabanillas. De hecho, hizo presión para que saliera una resolución al caballazo nombrándolo como Presidente de la Corte Superior, que tuvo que ser enmendada por la Corte Suprema. Egúsquiza ha tenido procesos disciplinarios, fue destituido, pero volvió por un amparo al PJ. Ah, y como abogado defendió la reelección de Fujimori en el 2000 ante el Jurado Nacional de Elecciones.

d) Finalmente, César Vega Vega también está voceado para reemplazar a Cabanillas. Sin embargo, tiene varias cosas que aclarar. Por ejemplo, le alquiló a Angel Romero su casa, cuando este personaje era personero aprista y abogado de Luis Duthurburu, uno de los testaferros de Montesinos. También votó a favor de declarar como cosa juzgada el caso de la falsificación de firmas de Perú 2000. Y absolvió a los asesinos del periodista Antonio de la Torre. Y además, fue socio de Alan García en el mismo estudio de abogados.

Uno ahora entiende porque la administración de justicia en el país es la última rueda del coche. Todos quieren manipularla a su antojo.

ACTUALIZACIÓN (08.25 PM)
Perú.21 informa que César Vega Vega es el nuevo Presidente de la Corte Superior de Lima. Realmente, de mal en peor.

UNA PERLA MAS DEL ARCHIVO: A fines del año pasado, Marco Sifuentes recogió que Vega Vega fue uno de los jueces que firmó la prescripción de Mantilla por el caso de las cuentas en Estados Unidos.

Uno de los procesos más importantes que tiene el Poder Judicial peruano entre sus manos es el referido al golpe de Estado del 5 de abril de 1992.

Como se recuerda, ese día Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República, destituyó a los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal de Garantías Constitucionales, intervino a los demás organismos constitucionales, limitó la libertad de prensa y comenzó una dictadura que duraría 8 años y que dejó al país con una institucionalidad debilitada, una economía en recesión, violaciones a los derechos humanos y actos sistemáticos de corrupción.

En el proceso judicial, son comprendidos los Ministros que suscribieron la Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, norma con la cual se quiso legitimar jurídicamente a la dictadura.

Recordemos esta lista de la infamia: Oscar de la Puente Raygada, Carlos Boloña Behr, Jaime Yoshiyama Tanaka, Víctor Joy Way, Absalón Vásquez Villanueva, Juan Briones Dávila, Víctor Malca Villanueva, Augusto Blacker Miller, Jaime Sobero Taira, Fernando Vega Santa Gadea, Augusto Antonioli Vásquez y Víctor Paredes Guerra. De ellos, solo Malca se encuentra fuera del país, en calidad de prófugo.

Todos los ministros son acusados del delito de rebelión. Además, Malca y Briones son acusados del delito de secuestro, por la serie de detenciones ilegales que se produjeron ese día (como las de Jorge del Castillo, Roberto Ramírez del Villar, Felipe Osterling, Gustavo Gorriti, entre otras). A Fujimori se le reservó el proceso hasta que venga al país.

El juicio es importante por dos motivos.

El primero, las penas. La pena máxima es de 20 años por el delito de rebelión. Con ello, personas como Boloña, que hasta ahora pasaban piola o habían recibido penas benignas, podrían pasar una buena temporada en San Jorge. O sentenciados como Joy Way ampliarían su temporada en Castro Castro.

El segundo, el hecho de que por primera vez se condene a los autores de un golpe de Estado en un proceso civil en América Latina. Ello es un mensaje para quienes quisieran ver a la democracia nuevamente derrotada y para los tontos útiles que se siguen creyendo el cuento de que el golpe de abril de 1992 era necesario.

Como lo dijimos hace unos meses:

“Cabe recordarle al pais y al ex autócrata que la bancada del FREDEMO le daba apoyo a todas sus leyes que permitían la liberalización de la economía. Y si las bancadas del APRA, la izquierda y el FREDEMO rechazaron sus leyes contra el terorismo fue porque dichas normas vulneraban la Constitución y los derechos de las personas (como se demostró despúes) e incluso estaban trabajando en proyectos de ley sobre medidas judiciales para enfrentar al terrorismo, pero sin los excesos que caracterizaron al régimen. Por tanto, Fujimori no podía señalar que los partidos lo obstaculizaban en sus tareas, todo lo contrario, pretendían colaborar con el y consensuar medidas, pero él optó por hacer las cosas a su manera.

Es también falso que el golpe de Estado fuera causa directa de la estrategia contrasubversiva que permitió la captura de los máximos líderes terroristas. El Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que capturó a Abimael Guzmán fue formado en 1989, con el apoyo de Agustín Mantilla y el general PNP Luque Freyre. Su labor quiso incluso ser infiltrada por Montesinos, sin conseguir exito en dicha infiltración. La verdadera estrategia contrasubversiva fue la detención arbitaria, las desapariciones forzadas en el interior del país y en pueblos jóvenes (de esta época, oh casualidad, son los sucesos de Madre Mía) y el procesamiento de acusados por terrorismo sin ninguna garantía”.

Sin embargo, este proceso podría volver a fojas cero por algo que los abogados conocemos como leguleyada. Como lo ha mencionado el Procurador Omar Chehade, la defensa de Fujimori y los ministros - que en muchos casos tiene nombre propio: César Nakasaki - se busca recursar a un vocal de la sala penal de la Corte Suprema que procesa este caso para que, en jerga judicial, “el juicio se quiebre”, con lo que tendría que iniciarse un nuevo juicio oral.

Para la quiebra del proceso, se necesita la aceptación de la recusación de dos magistrados. Ya se logró con uno, el honesto juez César San Martín Castro, por haber trabajado en el estudio del ex procurador José Ugaz. Actualmente, dos miembros de la sala tienen una recusación pendiente, interpuesta por la defensa para ver si les resulta lograr la demora del proceso.

Ciertamente, estaremos alertas a este proceso y que no se hagan maniobras para intentar dilatarlo más. De no prosperar las artimañas fujimoristas, estos ex funcionarios de la dictadura podrían ir haciendo maletas hacia San Jorge en poco más de un mes. Por la salud moral y democrática del país, ojalá ocurra en un futuro cercano.

MAS SOBRE EL TEMA:
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Archivo del Tercer Piso: 5 de Abril: el día de la infamia que no debemos olvidar.