Desde el Tercer Piso

El artículo que escribí el viernes sobre la improcedencia jurídica y ética de las Leyes de Amnistía ha desatado una serie de comentarios que creo necesario responder y ampliar. Creo que el tema mantiene una particular relevancia, no solo por los juicios sobre Fujimori, sino también porque se terminan confrontando dos versiones sobre lo que fue el conflicto armado que vivió el país.

Comencemos por precisar que es erróneo hablar de una “ideología derechohumanista” como si fuera algo contraproducente para el país o fuese algo manipulatorio. Los derechos humanos no son patrimonio de un grupo o de una ideologia, sino que es la plasmación en reglas básicas de la dignidad de todo ser humano - sin importar cual sea su conducta ética - que todos nos debemos. Y ello debieran compartirlo liberales, comunistas, conservadores y demás personas en el mundo.

¿Por qué es importante mantener los hechos dolorosos que nos sucedieron en el recuerdo? En primer lugar, porque no todo se ve con el prisma de “para que me sirve” utilitario que acompaña el pensamiento de muchos, que miden el mundo con criterios meramente economicista. El crecimiento económico - bien lo sabemos en estos años de bonanza - no es suficiente para que la gente viva bien o es un pretexto para decir: olvídemonos de lo que pasó. Y es que los derechos de cualquiera de nosotros no se deciden por votación popular o encuestas, sino que son inherentes a nuestra calidad de seres humanos y no se pierden por ninguna acción que cometas.

En segundo lugar, porque es necesario tener en cuenta que el Estado no puede proceder como quiere a la hora de combatir el terrorismo. Sin duda, tiene el derecho y el deber de defender a sus ciudadanos de lo que supone una amenaza a los derechos de todos - Sendero Luminoso y el MRTA lo fueron y de eso no cabe ninguna dura -, pero no puede hacerlo utilizando los mismos métodos empleados por ellos.

Ganar una guerra no supone hacer lo que se da la gana, por más que la causa que se defienda sea justa. Y ello tampoco es pretexto para evitar procesos judiciales. Si se cometieron delitos, pues hay que responder por ellos si es que se encuentran los elementos suficientes de prueba. Aceptar que se cometieron violaciones sistemáticas y/o generalizadas de los derechos humanos no es una afrenta a las Fuerzas Armadas, sino que debe suponer una necesaria reflexión sobre su papel cumplido y como es que este tipo de prácticas eran, a la vez que ética y jurídicamente reprochables, poco eficientes para la derrota de la subversión. Se ganó el conflicto en términos militares, pero fue a pesar de dichas vulneraciones de los derechos fundamentales. Quizás a Andrés Bedoya Ugarteche le convenga tener eso en cuenta, antes que seguir citando al almirante Emilio Massera, uno de los principales represores de la dictadura argentina.

Y enunciar este tipo de cosas no supone hacerle el juego a Sendero Luminoso o al MRTA. Por el contrario, implica que el Estado tenga una superioridad moral que se traduzca en acciones. Menos implica pedir una amnistía por crímenes tan execrables cometidos por los grupos encabezados por Abimael Guzmán y Víctor Polay. Por el contrario, la CVR estuvo contraria al establecimiento de este tipo de complacencias o leyes de olvido porque no contribuyen en nada al objetivo de la reconciliación, menos aún cuando la propia Comisión señaló que SL era el principal responsable de lo ocurrido al país entre 1980 y 2000. Recordar lo se dijo es necesario:

El primero y principal culpable, desde todo punto de vista, es la organización terrorista autodenominada Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso. Lo es porque fue quien desencadenó la violencia, precisamente cuando los peruanos recuperábamos la democracia; lo fue porque quiso imponernos mediante la práctica del terrorismo un modelo de organización social supuestamente superior, cuando los peruanos veníamos transformando nuestra sociedad, haciéndola más humana, más plural, más equitativa, en un proceso lento, es cierto, pero fundamentalmente pacífico y participativo.

Para la Comisión, por la magnitud de sus crímenes, y por su naturaleza criminal, por su práctica recurrente del terrorismo, el Partido Comunista del Perú no puede tener un lugar en la sociedad democrática que queremos construir.

Juzgar a quienes cometieron crímenes no es una persecución, como enunció ayer el personaje que, para desgracia de los católicos en el Perú, ejerce el rol de Cardenal y Arzobispo de Lima. Juzgar implica reconocer, en primer lugar, que no estamos ante meros excesos. Como se decía en el mismo discurso que he citado:

Debemos decir, en primer lugar, que es insostenible, casi una afrenta para las víctimas, insistir en que solamente se cometieron excesos. Un exceso es una extralimitación en el cumplimiento de las funciones. Y la Comisión no ve cómo, de qué manera, pueden considerarse como tales las numerosas violaciones de derechos humanos que se cometieron principalmente en las zonas bajo dominio de los comandos político-militares.

Pero los procesos judiciales implica, fundamentalmente, reconocer en las víctimas de lo ocurrido en otros semejantes a nosotros. Desgraciadamente, muchos no han podido aceptar la dolorosa verdad de que la mayor parte de víctimas se registró en las zonas más pobres de nuestro país, justamente por prácticas que no tomaron en cuenta los derechos de quienes moran allí y que enfatizaron en rasgos comunes de nuestra sociedad como el racismo y la discriminación de género, así como se complejizaron con dinámicas regionales y locales que hicieron que personas de una misma localidad se mataran entre ellas. Así de compleja fue la realidad en el Perú.

Perdonar, como lo dije en el artículo anterior, corresponde a la voluntad de cada persona y, por ende, se maneja en el ámbito interpersonal, no en el del Estado. El ámbito estatal tiene que ver, fundamentalmente, con construir las condiciones que impidan que el dolor vivido en estos años se repita. Y entre esas condiciones, se encuentra, sin duda, los procesos judiciales que deben seguirse para que quienes se sintieron afectados en sus derechos puedan alcanzar justicia y, por fin, puedan ir dejando atrás, en la medida de lo posible, esa página dolorosa de su historia personal y de nuestra historia colectiva.

En estos días en que nos acordamos de lo que implica darse a los demás, quizás sea un buen momento para pensar sobre la importancia que tiene la dignidad del ser humano en nuestras vidas, sobre todo, de aquel a que no conocemos. El flaco - para algunos Dios, para otros, un gran hombre - que vino hace 2007 años bien que nos los recordaba y miren quienes eran sus amigos para ver que no eran precisamente los más capos o privilegiados. No hay necesidad de creer en El para poder entenderlo.

Dentro de todas la serie de mentiras, inexactitudes e imprecisiones de las que ha hecho gala Alberto Fujimori durante el proceso que se le sigue por violaciones de los derechos humanos, la que más me ha indignado es la justificación de las leyes de amnistía dadas en 1995. Argumento que ha vuelto a repetir hoy.

El sentenciado a 6 años de prisión le dijo las siguientes barbaridades al Fiscal:

Esta ley era parte de una concepción para llevar al Perú a la pacificación. Primero se dio la Ley base de arrepentimiento. Cuando existe un clima donde la población siente que hay paz es necesario buscar una solución pacífica, luego de 14 y 15 años de guerra interna. Para mí esta guerra concluía con un acuerdo de paz, que propuso Abimael Guzmán públicamente, crear zonas desmilitarizadas para SL y el MRTA o una solución política.

Estaba enmarcada en una solución política a la guerra interna después de 15 años, no acepté el acuerdo de paz como ha sucedido en otros países.

Un primer tema a dilucidar. Como lo dijo ayer Gustavo Gorriti en su columna en Caretas, Fujimori fluctúa entre dos estategias: la de la justificación de las atrocidades con el pretexto de la pacificación y la amnesia lindante con la demencia senil y el Alzheimer. Algo de ambas hay en esa respuesta. Fujimori ya se olvidó que la Ley de Arrepentimiento no era usada como “solución politica”, sino para obtener información. Y al usarse en un gobierno autoritario, ello fue lo que generó la inflación de inocentes en prisión. El hombre que decía ser “inflexible” frente al terrorismo ahora justifica bajo el cuento de la solución política una norma como esta.

Pero hay dos cosas más que no recuerda Fujimori.

La primera es un tema estrictamente jurídico: la imposibilidad de amnistiar violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Los argumentos aplicables al Perú se pueden resumir en:
- La existencia de un conjunto de derechos que no pueden ser limitados en ningún tiempo o circunstancia, al que llamamos núcleo duro de derechos, frente al cual ninguna norma interna o externa puede establecer una norma que los vulnere. ¿Què derechos encontramos allì? La vida, la integridad personal, la prohibición de la tortura, debido proceso. Todos estos derechos fueron vulnerados a través de asesinatos, desapariciones, torturas o violaciones del debido proceso.
- La existencia de derechos independientes que implican el cumplimiento de la obligación estatal de investigar y sancionar violaciones de los derechos humanos. Me refiero aquí al derecho a la verdad y a las garantías judiciales de las víctimas y sus familiares.
- En el caso de conflictos armados internos, como el vivido por el Perú entre 1980 y 2000, la jurisprudencia internacional ha ido sosteniendo que las vulneraciones del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra - aplicable a nuestro caso, sin que ello otorgue otro estatus jurídico a SL y al MRTA - deben ser procesadas por el Poder Judicial.

La segunda tiene que ver con lo simbólico y con un argumento que se ha repetido durante años: la necesidad de cerrar heridas a través de un perdón generalizado o de olvidar. Este argumento ha sido repetido en múltiples oportunidades para tratar de justificar los actos de impunidad más conocidos, como en Argentina y Chile. Para explicar mejor este punto, me remito a los casos de España y Sudáfrica, que muchos consideran como “ejemplos” de que dichas soluciones si habrían “funcionado”.

En el caso español, hasta tiempo reciente, la reconciliación se entendió como un olvido de lo ocurrido, a fin de poder construir instituciones sólidas e integrar de manera plena a España en la economía global. Si bien ambos objetivos se consiguieron, se difirió la solución a los reclamos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. El resultado: más de tres décadas luego de iniciada la transición española, se sigue discutiendo que hacer para reparar en algo el daño causado a personas que vivieron mucho tiempo en el olvido y, con ello, se sigue prolongando en demasía la consolidación de la democracia, al dejar de lado a un sector de la sociedad. La reciente expedición de la Ley de Memoria Histórica ha reabierto el debate en España. De hecho, ayer estuve viendo una serie española, Cuéntame como Pasó, en la que el tema central son los últimos años del franquismo y los años de la transición española, muestra de que aun se requiere un debate exhaustivo sobre aquellos años.

De otro lado, la experiencia sudafricana optó por un perdón condicionado a cambio de proporcionar elementos que permitieran construir una verdad aceptada por toda la sociedad que ha vivido la desagradable experiencia del apartheid. La reconciliación como perdón condicionó la forma y trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sin embargo, ninguno de los objetivos se logró: ni la sociedad – menos aún, la clase política – ha aceptado la visión de culpa compartida que en parte señaló la CVR sudafricana, ni el perdón fue garantía para reconstruir los lazos sociales y políticos, aunque puede haber tenido algún efecto en la esfera que le es propia: la interpersonal. El intento de traslado de una potestad personal a la esfera pública, sumada a los intentos de impunidad dados desde el Estado y los responsables de lo ocurrido, han configurado un escenario de transición entrampada, dónde aún las víctimas no son plenamente escuchadas.

Un entendimiento más adecuado de la reconciliación es el señalado por la CVR peruana, basado en la reconstrucción de vínculos sociales y políticos como tarea central desde el Estado, aunque sin descuidar el aspecto interpersonal, colocando al perdón en su verdadera dimensión y apostando por la verdad y la justicia en un sentido amplio.

Sin embargo, la apuesta por aceptar sus recomendaciones e implementarla sigue siendo un tema pendiente, dado que la transición democrática no tuvo como eje central de sus preocupaciones, a que el debate se centró exclusivamente en como salvar responsabilidades políticas o penales y a que persiste una “memoria de salvación” como sentido común y narrativa válida en la clase política sobre el conflicto armado interno. Ello deja el camino abierto a que opciones de olvido o perdón (e impunidad) puedan ser validadas. Y de ello se aprovecha Fujimori para seguir justificando ese tipo de iniciativas.

A diferencia de los seres humanos que pierden la memoria y no la recuperan, las naciones siempre recuperan lo ocurrido. Nunca faltan quienes quieran enterrar el pasado, pero también quienes saben que la historia no se puede borrar de un plumazo o por la voluntad de un dictador. Pues siempre habrá quienes van detrás de la verdad

MAS SOBRE EL CASO FUJIMORI:
Omar Cairo: La injustificable amnistía
Utero de Marita: Celebrity Deathmatch: Gorriti vs. Althaus

Quiere amnistía para Antauro Humala y Alberto Fujimori (entre otras joyas)

Hace algunas semanas, informamos sobre una extraña visita al Penal de Piedras Gordas por parte de dos parlamentarios y un ex congresista al reo Antauro Humala. Los visitantes eran el abogado fujimorista Fernán Altuve, el aprista Javier Valle Riestra y un sujeto que fue elegido por el humalismo, pero que ahora pertenece al minísculo grupo del paparazzi Torres Caro: Gustavo Espinoza Soto.

En esa ocasión, señamos que Espinoza había presentado un proyecto de Ley para amnistiar a Antauro Humala y a todos los que participaron en una sedición inaceptable contra un gobierno democrático, el de Alejandro Toledo. Por más impopular que fuera el ex Presidente, su mandato respondía a lo señalado por la Constitución y debía durar hasta el 28 de julio de 2006. No había razón alguna para una acción de este tipo, que costó la vida de 6 personas, más aún en un país que había sufrido por la violencia.

Pues bien, hoy El Comercio nos informa que Espinoza quiere ampliar los alcances de la amnistía. Y si ya los alcances de su proyecto anterior eran aterradores, los del nuevo son peores:

Una vez que se definan las presidencias y la constitución de las comisiones del Congreso para el año legislativo en curso, el parlamentario Gustavo Espinoza (GPED) buscará el apoyo de diversos congresistas para presentar un proyecto de ley a fin de otorgar amnistía a Antauro Humala Tasso, actualmente preso y procesado por rebelión y homicidio. El proyecto también buscaría beneficiar a dos ex generales que participaron activamente en el régimen fujimorista: Walter Chacón (Ejército) y Fernando Dianderas (PNP), ambos encarcelados por corrupción.

Según el congresista fujimorista, Alejandro Aguinaga, a esta lista podría sumarse el ex presidente Alberto Fujimori así como el ex ministro de Economía recientemente extraditado Jorge Baca Campodónico, pero “antes habría que ver si el país estaría preparado para asimilar un proyecto legal de esta naturaleza”.

Es claro, Espinoza es el instrumento a través del cual el fujimorismo quiere conseguir lo que desde hace 7 años persigue: una nueva ley de amnistía que perdone a los acusados y sentenciados por casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos de la última dictadura que vivió el Perú. Y claro, la presencia de Altuve no era por gusto: era el enlace con los fujimoristas para esta propuesta. Y para el decano, tampoco Valle Riestra sería ajeno a esta jugada:

En diálogo con este Diario, el congresista Gustavo Espinoza indicó que se reunirá con el congresista aprista Javier Valle Riestra y otros legisladores con el objetivo de articular un proyecto de amnistía consensuada, porque así como Antauro Humala y sus 170 seguidores detenidos por los hechos violentos de Andahuaylas hay fujimoristas que están presos por motivos políticos.

Este acercamiento a Valle Riestra no es casual, pues fue precisamente con Espinoza que Valle Riestra visitó a Humala en su celda de Piedras Gordas.

Además, en distintas oportunidades, Valle Riestra se ha pronunciado a favor de amnistiar a los que él considera presos políticos, por lo que Espinoza señaló que esperará que este 20 de agosto retorne al país para evaluar con él, el denominado proyecto de amnistía por la reconciliación.

Un horror jurídico que no debe permitirse. Mas aún en un país en el que la impunidad ha sido la letra común. Estamos advertidos.

MAS SOBRE EL TEMA:
CPN Radio: Espinoza también presentaría proyecto para amnistíar a militares violadores de derechos humanos y acusa de drogadicto a Toledo.

Como ya deben de saber, en noviembre del 2006, Fujimori tuvo un incidente que casi lo lleva al otro mundo. Este hecho lo hemos podido conocer a raiz de la presentación de los alegatos finales en el proceso de extradición que se le sigue en Chile y que tendrían una pronta resolución, por lo menos en primera instancia.

Sin embargo, más allá de los calamares y camarones que forman parte de la dieta del extraditable, son los expedientes conformados en su contra los que lo deberían tener con un guardaespaldas o un carabinero presto a aplicarle la maniobra Heimlich.

Dentro de mis manías de lector casi compulsivo, tengo la tendencia a la relectura. A raíz de la última revelación del agente Jesús Sosa Saavedra sobre el asesinato de dos espías en 1988, volví a revisar algunos capítulos de Muerte en el Pentagonito, la investigación hecha por Ricardo Uceda sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército Peruano durante el conflicto armado interno.

En el capítulo 19 de este libro, La Solución Política, se encuentra una reveladora conversación entre miembros del grupo Colina y el coronel Enrique Oliveros, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Dado su contenido y el poco conocimiento que se tiene sobre este revelador pasaje, reproducimos su contenido.

(Esta conversación puede verse en UCEDA, Ricardo, Muerte en el Pentagonito. Los cementerios secretos del Ejército Peruano, Bogotá, Planeta, 2004, pp. 448 -449)

LA PROFECIA

Casete 1, lado A.
Conversación con el Coronel Enrique Oliveros
Cuartel Simón Bolivar, 22 de marzo de 1994.

Ha pasado un mes desde la primera sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar. Los reos consideraban muy severas las condenas y los abogados preparaban una apelación. El coronel Enrique Oliveros se reunió con Martin, Pichilingue y los suboficiales.

(Nota: La sentencia a la que Uceda hace referencia es a la condena a 20 años de prisión que se dio a los miembros de Colina en el fuero militar por el caso La Cantuta. Como es sabido, el fuero militar no tiene competencia para procesar casos de derechos humanos.)

JULIO CHUQUI AGUIRRE: Mi coronel, nosotros ya hemos cumplido nuestra parte, ¿no es cierto?
OLIVEROS: Claro.
CHUQUI: Entonces, ahora queremos ver cómo está caminando la otra parte, pes. Por lo menos ver si hay alguna intención, que nos den alguna respuesta concreta. que nos digan, bueno, tal fecha, tal día, tal mes va a ser la … ¿No?
OLIVEROS: Ya.
CHUQUI: O la amnistía, toda esa cuestión. Tal como nos han ofrecido. Estamos así, está pasando el tiempo. Bueno, nosotros seguimos haciendo cosas, entretenidos. Pero por lo menos queremos saber algo.
OLIVEROS: Ya les he dicho que se va a ver eso, pero no pidan precisiones. Es difícil, pues.
CHUQUI: Por lo menos que nos diga: un año. Un año sé que…
JESUS SOSA: Un plazo para más o menos estar tranquilos, mi coronel.
OLIVEROS: Yo más o menos tengo un esquema. El plazo podría ser el siguiente: entre julio o agosto del 95. Porque hay dos posiciones. Si no se reelige el ingeniero Fujimori, antes de irse da una ley. Si se reelige, después de su reelección: ¡pa!
NELSON CARBAJAL: Así es.
SOSA: Nosotros más o menos hemos pensado también igual.
CHUQUI: Igualito ¿ah?
OLIVEROS: Osea, piensen entre julio y de agosto a septiembre. Porque después de que se reelija, con el poder y todo, Fujimori va a dar una gran ley de… de… Va dar una gran ley de…
SOSA: Como decir, de concordia nacional. Que todo el mundo estuvo en esta situación de…
OLIVEROS: Y (alzando la mano) ¡buuuuum!
CHUQUI: (Imitando a Fujimori) Olvidamos todo y empezamos mi nuevo gobierno con esta ley.
OLIVEROS: ¡Aaaasí es! Así va a empezar su gobierno, con una nueva ley.
CHUQUI: También lo hemos pensado.
OLIVEROS: Así va a ser. Hasta esa fecha hay que aguantar.

Como vemos, este díalogo nos revela a las claras que Fujimori tenía conocimiento de las acciones del sanguinario Grupo Colina y que estuvo dispuesto a darles impunidad. Los miembros de este destacamento lo sabían y Oliveros, hombre de Montesinos en el SIE, era el correveidile del asunto.

Por cierto, ¿habrán incluido este diálogo en el cuaderno de extradición?