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Una moción en el Congreso que puede complicar las cosas para el sistema democrático.
El martes 27 de marzo, en su habitual columna de La República, Mirko Lauer hizo una advertencia importante sobre una Moción que viene dando vueltas en el Congreso y que podría consagrar el sentido común fujmorista sobre la lucha antisubversiva.
La Moción 965, busca la conformación de una “Comisión Investigadora para que analice la Política Antiterrorista a partir de noviembre del año 2000 hasta julio 2006, investigue los cambios del régimen penitenciario a los condenados por delitos de terrorismo, investigue el otorgamiento de indultos y conmutaciones de penas por terrorismo, investigue el traslado de los condenados por terrorismo a los diferentes penales e investigue la anulación de los procesos judiciales por terrorismo“. Es decir, un exocet contra los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, a los que el fujimorismo y sus voceros mediáticos han pretendido acusar de lenidad con la subversión, bajo la idea de que la democracia es débil para el combate a Sendero Luminoso. En suma, se toma como base la premisa “solo Fujimori y su autoritarismo, salvarán al Perú”, la misma que esta semana señaló sin escrúpulo alguno Martha Chávez.
Es cierto que el Congreso de la República tiene todo el derecho a evaluar la política antisubversiva, a fin de verificar lo avanzado y recomendar mejoras de ser necesario. Es parte de su labor de fiscalización y de canalización de demandas ciudadanas. Sin embargo, la forma en cómo se presenta la moción y quienes la presentan me hace pensar en un interés subalterno detrás.
Esta moción señala, como justificación, que “la política antiterrorista iniciada con la presente década, la flexibilización del sistema penitenciario de los condenados por terrorismo, el sistema de conmutación de penas, el otorgamiento de indultos a condenados por terrorismo, la anulación de los procesos contra terroristas y demás acciones y omisiones del Estado, han podido ser un elemento coadyuvante para que no se haya logrado la total erradicación de dicho fenómeno“.
Lo que no toma en cuenta la moción es que durante los últimos años de Fujimori se descuidó la política contrasubversiva y que, más bien, en democracia se corrigieron los errores cometidos durante el fujimorato. Según indica la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su estudio sobre el regimen fujimorista:
“Debido a la inacción, una de las herencias que su gobierno dejó fue una situación penitenciaria descontrolada, gracias a la cual los reclusos del PCP-SL habían logrado nuevamente el control de las cárceles como sus “luminosas trincheras de combate”. El estricto régimen carcelario de dichos reclusos en los penales de máxima seguridad, incluyendo la Base Naval del Callao, no era tal para 1999“.
La CVR recogió lo que ocurrió en los penales de Yanamayo (Puno), Picsi (Lambayeque), Socabaya (Arequipa) y Potracancha (Huánuco): en estos establecimientos la infraestructura penitenciaria colapsó y los pabellones se convirtieron nuevamente en centros de adoctrinamiento. ¿Y Fujimori? No hizo nada para remediar dicha situación.
Claro, los proponentes también se olvidan de las tortas de cumpleaños a Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre dadas por Montesinos o, como recuerda Lauer, “las visitas a la Base Naval de más de 17 dirigentes de Sendero (en distintas ocasiones), la última de las cuales fue el 14 de noviembre del 2000“. Esta última reunión supuso la instauración del plan “por una solución política a los problemas derivados de la guerra“, que plantea una amnistía general - inaceptable desde todo punto de vista - para los miembros de Sendero.
Y también se olvida que los regímenes de conmutación de penas e indultos vienen desde la época de Fujimori y no se ha podido comprobar que alguna de las personas beneficiadas haya incurrido en actos terroristas. Esta fue la acusación que quisieron plantearle, en su momento, a Diego García - Sayán en su momento, y que fue archivada hace un mes por el propio Congreso. Ahora quieren reactivar esta vieja acusación, pero pretendiendo enlodar a todos los ministros de Justicia del gobierno toledista.
Tampoco se recuerda que el cambio de la legislación antisubversiva se debió a que buena parte de la misma era inconstitucional. No se quiere tomar en cuenta que sólo un mínimo porcentaje de los subversivos que fueron vueltos a procesar han sido absueltos por falta de pruebas y, claro, se omite que los principales cabecillas de SL y el MRTA han sido condenados a penas severas por la Sala Penal Nacional, que ha realizado un eficiente trabajo. ¿Se pretende ignorar estos logros en democracia y volver a consagrar a los jueces sin rostro, los tribunales militares para procesar a civiles, los inocentes en prisión?
¿Y quienes han presentado esta moción? Para comenzar, los fujimoristas Renzo Reggiardo y Cecilia Chacón, en un afan de defender el supuesto “legado” de su jefe. Se han sumado congresistas inimputables como Isaac Mekler y Luciana León, pero, sobre todo, han firmado gustosos esta propuesta la parlamentaria de Unidad Nacional Lourdes Alcorta - cuyo “respeto” por la vida humana es por todos conocido - y el primer vicepresidente de la República Luis Giampietri Rojas, cuyas posiciones sobre la guerra contrasubversiva son por todos conocidas.
Y conociendo a estos últimos, no dudo cuál va a ser el objetivo final de esta propuesta: la invalidación del documento que documenta mejor la violencia provocada por los grupos subversivos y los groseros errores cometidos durante la guerra contra la subversión: el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La ojeriza que el fujimorismo y los congresistas antes mencionados tienen a dicho documento se centra en que va a contracorriente de la “historia oficial” sobre la derrota del terrorismo, que centra las glorias de dicha victoria en las Fuerzas Armadas y Fujimori, olvidando lo fundamental del trabajo de la Policía y de los Comités de Autodefensa, que fueron las entidades realmente decisivas para dicha victoria. Y claro, el Informe contradice los discursos de los partidos políticos sobre sus responsabilidades políticas - y en el caso de Fujimori, penales - sobre lo ocurrido durante los años de violencia.
Además, la CVR plantea cuestionamientos de fondo a la política antisubversiva empleada durante los años noventa y no avala seguir una “línea dura” en el combate a los remanentes del terrorismo, sino que propone una estrategia integral que vaya más allá de lo estrictamente militar.
Dado que existe este peligro, me permito una sugerencia a los defensores del Informe Final y del trabajo de la CVR. Muchos de ellos se han concentrado sustancialmente en el tema de las responsabilidades penales y políticas, a modo de respuesta a los detractores de su trabajo - algunas veces, sólo tomando algunos elementos del Informe Final, sin considerar otros - cayendo en el error centrar su agenda sobre este tema en responder a los ataques de los detractores de este documento.
Mi propuesta va hacia lo siguiente: es necesario concientizar a la clase política, a los intelectuales y a la opinión pública en el hecho de que la CVR, su trabajo y su Informe Final constituyen en conjunto uno de los más importantes instrumentos para generar políticas públicas en diversos temas.
El IF describe, de manera singular, los procesos de modernización frustrados, la exclusión de las poblaciones de la sierra y selva de nuestro país, el narcotráfico, los problemas estructurales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fallas en los poderes del Estado, los problemas de la educación peruana y las particularidades regionales persistentes hasta hoy. Temas que, por cierto, se hicieron notorios en la campaña electoral presidencial del año pasado y que parecen haber sido dejados de lado.
Tomar como foco los procesos y problemas señalados por la CVR implica centralizar la discusión en los temas de fondo y, además, da pie para que, en ese marco de análisis, se puedan ver sus recomendaciones y el tema de las responsabilidades. Ello implica que el país se asuma como una sociedad de post-guerra - cuestión que hasta el día de hoy no se ha hecho - y que el Estado varíe sus políticas sobre la base de este reconocimiento.
No digo con esto que los juicios deban detenerse. Por el contrario, es necesario atender a la demanda de justicia y lucha contra la impunidad de la manera más rápida, con el respeto al debido proceso y garantizando el derecho de las víctimas. Pero estas legítimas demandas debe comprenderse en un proceso mayor de cambios institucionales y reparaciones que consoliden la democracia y los derechos humanos en su integridad en el país.
Hacer esta variación de enfoque determinaría que se pueda posicionar de mejor manera el trabajo de la CVR en la agenda pública y deje de verse como un tema entre “conservadores” y “pro militares” vs. “caviares” y “pro senderistas”, sino como un diagnóstico que involucra problemas de toda la sociedad, así como de realiddes particulares de cada región.
Por ello, la advertencia hecha por Mirko Lauer no sólo nos debe invitar a estar alertas para evitar reversiones perjudiciales para el sistema democrático, sino a tomar una actitud más propositiva. Ello implica no sólo continuar con las denuncias sobre estos intentos autoritarios - liderados por el Primer Vicepresidente de la República -, sino también implica posicionar de mejor manera los temas necesarios para la consolidación democrática en el Perú. De lo contrario, la democracia que tanto esfuerzo nos costó recuperar, se habrá perdido nuevamente, esta vez, por nuestra falta de acción.
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El gobierno de Alan García está en camino de crear un nuevo mártir: Alejandro Toledo Manrique.
Y es qe la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República no ha tenido mejor idea que declarar procedente la acusación presentada por el Partido Aprista Peruano en contra del ex Presidente y de los ex Ministros Alejandro Tudela Chopitea y Marciano Rengifo. Ello implica que podrá iniciarse una investigación sobre el caso.
¿El motivo de la acusación? El allanamiento del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del penal Castro Castro, en 1992.
Como lo hemos mencionado en múltiples oportunidades, dicha acusación carece de fundamento, toda vez que el allanamiento se debió a que el caso era lo suficientemente claro: habían existido ejecuciones extrajudiciales ordenadas por un gobierno de facto, que constituyen violaciones a los derechos humanos.
¿Cuál es la supuesta base legal de la acusación? Los artículos 38, 44, 45, 51, 118 y 205 de la Constitución. Veamos ahora, articulo por artículo, lo poco serio de esta denuncia.
“Artículo 38°: Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumpliir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”.
Se dice que Toledo vulneró este artículo “al no proteger los intereses nacionales” por permitir que se condene al Estado y se pague a terroristas. Pero, como lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades, la Corte nos sentenció por vulnerar derechos humanos de un grupo de personas, sin importar su condición o no de delincuentes, y existían las evidencias suficientes para señalar dicho hecho. A los familiares de los muertos no se les indemniza por su condición de terroristas, sino por la condición de afectados en sus derechos, como fue en este caso. Además, se olvida que “respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación” implica respetar los pactos internacionales (que son parte del ordenamiento jurídico), las sentencias emitidas por órganos jurisdiccionales internacionales y reconocer la responsabilidad internacional del Estado cuando ésta se haya producido.
“Artículo 44°: Son deberes promordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”.
Si el deber del Estado es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y, en este caso, particular se había comrpobado la vulneración de los mismos, ¿dónde se encuentra el incumplimiento del deber del Estado hecho por Toledo?
“Artículo 45°: El poder del Estado emana de pueblo. Quienes lo ejercen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”.
Nuevamente, si se cumplió con el deber estatal dentro de los límites impuestos por el Estado, entonces, ¿dónde está la infracción?
El artículo 118° señala la larga lista de atribuciones y responsabilidades del Presidente de la República. Pero consignaremos dos de ellas que contradecirían el sentido de la acusación. El inciso 1, que habla de “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, las leyes y demás disposiciones legales” y el inciso 11, “dirigir la política exterior y las relaciones inernacionales; y celebrar y ratificar tratados“.
Finalmente, se ha dicho que no se agotó la vía interna en este caso, pues el artículo 205° de la Constitución exige agotar la jurisdicción interna antes de acudir a una instancia internacional de defensa de derechos fundamentales. Sin embargo, el agotamiento de la vía interna tiene excepciones en la Convención Americana de Derechos Humanos: inexistencia del debido proceso (cuestión que ocurría durante la década fujimorista), impedimiento de agotar la vía interna (que fue una de las vulneraciones consagradas en el caso) y retardo injustificado para resolver el caso (que también se ha producido).
Este texto no procura ser una defensa de Alejandro Toledo. Por el contrario, creemos que el Presidente tiene que responder ante acusaciones mucho más serias que estas, como el caso de las firmas falsas de Perú Posible. También consideramos que el ex mandatario no hizo las reformas institucionales que debieron ser el centro de su presidencia y hoy estamos pagando las consecuencias de ello.
Sin embargo, no podemos ocultar que, a todas luces, se intenta desviar la atención pública con una acusación constitucional sin mayores fundamentos y que no se quiere discutir el tema de fondo: las ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro y la responsabilidad del Estado peruano por las mismas. El gobierno aprista pretende seguir encubriendo a Fujimori para protegerse a si mismo y para ello utiliza maniobras como esta.
Estamos avisados.
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Esta no es primicia mía, sino de Morena:
“Bien, para los que pedían que Toledo se abra un blog, aquí tienen: Cartas desde San Francisco. Aunque se ha encargado de bombardearnos los mails con sus cartitas, pero creo que la mayoría solo leyó la primera, jojojo“.
Como sabrán, cuando el año se despedía y, probablemente, entusiasmado con lo que fue su gira “Toledo CADE - Congreso - a mi no me van a perseguir - Palacio 2006“, el ex Presidente envió Cartas desde San Francisco, un mail masivo dirigido inicialmente a periodistas en el que Toledo prometía dar sus opiniones coyunturales.
El espacio causó sorpresa y varios comentaristas en un conocido blog nos preguntamos si no sería mejor que dicha “interactividad” pasara por un blog antes que un mail masivo al cual pocos se suscribirían. Parece que Chantal o alguno de sus alumnos en Stanford le hizo la sugerencia y el Cholo la acató.
Ahora bien, hay que ser claros, dadas 3 ediciones de dicho espacio y salvo su pronunciamiento en favor de la liberación de Jaime Rázuri, no ha logrado la repercusión que esperaba, en buena parte, porque Toledo opta por no polemizar y ni siquiera por defenderse, más aún luego de dos semanas en que lo han vuelto a cargar como piñata.
Pregunta final. En su último post, Toledo indica que “a todos aquellos que están interesados en crear una comunidad para el diálogo, los invito a que dejen sus opiniones en este espacio, libremente“. ¿Responderá a sus detractores que seguramente le llenarán la bandeja de comentarios? ¿Filtrará los insultos?
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Como pasar de cadáver político a político de referencia en 5 días.
Alejandro Toledo no salió de la Presidencia de la República en olor de multitud. Se fue con la sensación de que en términos económicos y algunas cosas puntuales lo había hecho bien, pero que no había desarrollado las reformas necesarias para consolidar la democracia y ampliar la base del crecimiento económico a otros sectores. Se retiraba del poder, además, con la impresión de que nos encontrabamos ante alguien que no sabía manejarse en términos estrictamente políticos.
Si a esa sensación se sumaba el páramo en que se había convertido Perú Posible, su exigua representación parlamentaria y el inicio de las investigaciones en su contra hacían suponer que ATM entraba a la categoría de personaje sin mayor futuro político.
Pero, como decía alguien, en política (menos aún en la peruana) no hay cadáveres.
Alejandro Toledo dejó el país el martes con la sensación de una performance política impensada en alguien a quien justamente se achacaba de carecer de méritos para manejarse en estos terrenos farrgosos. Veamos los hitos de la gira “Toledo - Diciembre 2006“.
1. Se fue a la CADE en Arequipa, donde fue aplaudido por los empresarios (hay que decirlo, uno de sus públicos favoritos). Su asistencia a este foro dejó sin piso a un Alan García que pretendió desmarcarse del empresariado no acudiendo a la cita con el pretexto de la transmisión del mando en México. Al final, Alan no acudió a México y terminó posando como más “pro empresario” que nunca, al pronunciarse en contra de la eliminación del despido arbitrario. En el momento que se clausuraba la CADE, además, AGP ni siquiera escuchaba a Del Castillo, estaba en un concierto en Palacio de Gobierno (quienes vieron TV Perú a esa hora, podrán dar fe de ello).
2. El viernes, con aire de emboscada, Toledo fue citado a la comisión parlamentaria que lo investiga por la presuntas irregularidades ocurridas en su gobierno. Lo que ocurrió allí es historia conocida: el ex Presidente se paseó con la comisión - una de las peores preparadas que he visto - e incluso le dio el tiro de gracia al ahora ex Comandante General del Ejército César Reinoso, al señalar que él debía saber todo el rollo de la carretera a Cabana. La hipótesis más benévola, dada por Augusto Alvarez Rodrich, es que los miembros de la comisión no esperaron que Toledo fuera a asitir a la citación. Pienso que a ello se suma el hecho de que la comisión no ha hecho su trabajo de manera fehaciente.
3. El jueves, Toledo había anunciado que le diría a Alan García en persona lo que pensaba del TLC. Bueno, ayer tuvo oportunidad de decirlo, incluso luego de dar declaraciones a la prensa en las que acusaba al gobierno de montar una persecución en su contra (si bien hay gente como Mulder o Cabanillas que lo detestan, no parece ser ese el ánimo del gobierno) e incluso recordar la sospechosa compra de aviones Mirage en 1985.
Toledo y García limaron asperezas y hablaron del TLC, a tal punto que se incrementaron los rumores de la salida de Hernando de Soto. Más aún, Jorge del Castillo y el propio AGP no han descartado que Toledo haga las gestiones para ratificar el TLC.
Alan señaló que “Todo apoyo será importante (.) no hay que desperdiciar la posibilidad de contar con su apoyo (para lograr sacar adelante el TLC)“, mientras que Jorge del Castillo indicó: “Todos los peruanos tienen el deber de impulsar el tema (…)tengo entendido que (Toledo) tiene cierta amistad con el congresista (Charles) Rangel“. Rangel, como sabemos, es el líder de la bancada demócrata con quien Toledo se entrevistó en julio y uno de los opositores más recalcitrantes del TLC.
¿Adios a De Soto? A pesar que se han esforzado en negarlo, bien es sabido que cuando se niega más una salida es porque esta se va a producir. Más aun, en este momento De Soto es la piñata preferida de los empresarios y del ex Ministro de Comercio Alfredo Ferrero. Y es sabido que no se lleva con Toledo, quien hizo una crítica bien fundamentada a sus tesis sobre la informalidad en el libro “Las otras caras de la sociedad informal. Una visión multidisciplinaria” (Lima, ESAN, 1991).
Lo cierto es que Alejandro Toledo ha removido, aunque sea por pocos días, el panorama político. Sin embargo, sigue contando con una estructura partidaria endeble y rodeado de muchos de los colaboradores que lo metieron en problemas. Pero quizás sea en este momento el único que pueda hacerle una oposición relativamente sensata a AGP, con un Humala perdido en el espacio y una Lourdes Flores con todos sus ex aliados ahora en el gobierno. Ganas no le faltan, como tampoco a varios de sus escuderos (como Carlos Bruce y Carlos Ferrero), pero habrá que ver si es que lo que vimos estos días fue flor de un día o quizás la comprobación (por segunda vez) que los muertos en política no existen, menos aún en esta montaña rusa que es el Perú.
MAS SOBRE EL TEMA: Augusto Alvarez Rodrich: Dos orejas y un rabo. Volver ¿sin la frente marchita? Mirko Lauer: Probando las aguas. Utero de Marita: Super Cholo 2.0 al rescate del TLC. ¿Quién mató a Alejandro Toledo? El Blog del Morsa: Clonaron a Toledo: Ahora es todo un estadista. Perú.21: No descartan que Toledo haga gestiones para ratificación del TLC. Perú.21: García: “Ratificación del TLC depende de la voluntad de Dios”. La Cebolla: Zaraí Toledo se ofrece a conseguir aprobación de TLC con EEUU.
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Mientras chequeas estas líneas, el Presidente Alan García se reune con sus Ministros para ver cuál será la estrategia peruana para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Como sabemos, a mitad de año, el Congreso del Perú ratificó el TLC, con protesta de congresistas cocaleras incluidas. En aquella ocasión dijimos tres cosas en las cuales nos ratificamos:
“Por supuesto que hay muchas cosas criticables en los Estados Unidos (como la política bélica y económica de su actual presidente), pero no considero que estamos ante un caso de colonialismo comercial o de implantación del imperio. Ello obedece a fobias que la nueva izquierda latinoamericana (la de Chile, Uruguay y Brasil) ya ha dejado atrás“.
“Un TLC no es, por sí mismo, la panacea o la garantía de que nuestra economía crecerá sostenidamente. Para que rinda sus frutos, debemos mejorar la competitividad del pais“.
“Para que este acuerdo entre en vigencia ahora deberá ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. No será una tarea fácil, dado que algunos representantes de estados agrícolas lucharán para que no se apruebe“.
Pues bien, la cosa, desde junio a hoy, se ha complicado.
La política bélica y económica de George W. Bush, a la que hicimos referencia en dicha columna, le pagó la factura al gobierno republicano (seamos claros, no ganaron los demócratas, perdieron los republicanos) y han perdido la mayoría en el Congreso. Ello ha hecho que en el periodo de lame duck que le queda al actual periodo de la Cámara de Representantes el TLC no haya sido incluido en la agenda y se vea la posibilidad de aprobar la APTDEA. La opción que hoy se discute en el Consejo de Ministros es la del cabildeo de 7 Ministros en Washington y una presión más fuerte hecha por Hernando de Soto.
De otro lado, si bien los peros en contra del TLC parecen haberse morigerado en el Perú, en Estados Unidos son dos temas los tomados como pretexto por los demócratas: el cumplimiento de las normas laborales y la cuestión del medio ambiente. Sobre el segundo tema, parece haber cierto consenso en que es necesario contar con una autoridad ambiental fuerte e independiente de las presiones empresariales. Sobre el primero, creo que deberíamos escuchar al laboralista Jorge Toyama: “En el Perú tenemos mejores leyes laborales que en los Estados Unidos, pero no se cumplen en la realidad”. Son dos cuestiones internas que el gobierno debería ver como resolver: dotar de mayor fuerza a CONAM y fortalecer el Ministerio de Trabajo (¿cuánto le han dedicado en la nueva Ley de Presupuesto?) son dos cosas que están en la cancha del Poder Ejecutivo.
A ello se suma la absurda acusación que algunos integrantes de este gobierno - Jorge del Castillo y José Antonio García Belaúnde - hicieron este fin de semana a Alejandro Toledo sobre la postergación del debate del TLC. Vamos, sí Toledo era quien quería que esto se firme sí o sí, al hombre no pueden achacarle que retrasó el debate. Por lo demás, Toledo se comprometió a cumplir la ley laboral, cosa que en el Perú, lamentablemente, no se hace y que - independientemente de sus motivaciones - nos presentan los demócratas con justa razón. Si a Toledo se le tiene que reconocer en algo es precisamente en su tesón para buscar este tratado, cuestión que ayer ha señalado el Presidente García, a quien tampoco debería achacársele responsabilidad alguna por vaivenes en la política norteamericana que eran perfectamente previsibles.
En lo que sí parecen haberse quedado sin argumentos o planes los encargados del gobierno actual es en las políticas de fomento a la competitividad y de compensaciones a los sectores que serían afectados por el TLC. Hernando de Soto dijo que, tal como estaba la competitividad del país, el Tratado sólo beneficiaría al 2% de empresas en el Perú. Sin embargo, parecemos haber perdido el norte en esta materia y ni siquiera la mencionamos. Independientemente que se apruebe el TLC con Estados Unidos, es indispensable contar con una política nacional que promueva empresas que, a la par de competitivas, respeten los derechos de sus trabajadores y del resto de ciudadanos. Este es el tema que se ha convertido en la verdadera “pata coja” del TLC, pero al que parece que los comentaristas y encargados de políticas no prestan tanta atención.
ACTUALIZACIÓN: Jorge del Castillo ha señalado que se pedirá que el TLC sea votado el 2007 en el Congreso norteamericano. Perú.21 señala lo siguiente:
“Luego de considerar todos estos elementos y que existe sin duda un gran riesgo que podría ser altamente negativo, hemos decidido tomar el común acuerdo con la Casa Blanca y el Congreso americano de que el sometimiento de la votación del TLC se haga mejor el próximo año”, dijo el primer ministro a la prensa en Palacio de Gobierno.
MAS SOBRE EL TEMA: Archivo del Tercer Piso: TLC: Recta Final (con bronca incluida). Augusto Alvarez Rodrich: El consenso sobre el TLC. Perú.21: AGP le enmienda la plana a sus ministros por el TLC. Editorial de El Comercio: No perdamos la brújula ante el TLC. Editorial de La República: Debate inconducente. Mirko Lauer: El TLC cuelga de un hilo demócrata. UterodeMarita.com: Alan le jala las orejas a Jorgito.
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Un enfoque distinto sobre lo ocurrido en Andahuaylas
Nota Editorial: Desde esta pequeña tribuna rechazamos enérgicamente el intento de Antauro Humala y su grupo autodenominado “etnocacerista” de violentar el orden constitucional y democrático mediante un acto de violencia como el protagonizado hasta hace unas horas. Lamentamos todas las muertes producidas en este evento que enluta al país en el inicio del nuevo año. Demandamos que el Ministerio Público y el Poder Judicial precisen las responsabilidades penales de los involucrados en este acto. Asimismo, consideramos que los partidos políticos deben ejercer con mayor eficiencia su labor en pueblos como Andahuaylas, para evitar que ideas que fomentan el odio y la violencia crezcan en una población descontenta y desesperanzada. Finalmente, los Ministros del Interior y de Defensa deberán dar una explicación al país sobre sus responsabilidades políticas en este caso.
Violencia. Nuevamente presente aquella palabra cuya sola mención hace recordar tiempos que no queremos que vuelvan. Tiempos donde nos querían imponer las ideas por la fuerza y no mediante la razón, en que se intenta tomar la exclusión como único remedio a los males del país. Ese fantasma volvió el año nuevo del 2005.
El fantasma retornó bajo la forma de un grupo que hasta hacía pocos meses se debatía entre convertirse en un partido político y competir en el sistema que tanto juraban denostar o emprender la lucha armada. Desgraciadamente, para ellos y para el país, se optó por el camino de las armas, el ruido de las balas, la muerte como emblema.
Pero ya la violencia estaba presente en otra forma: en el discurso racista y beligerante de los Humala.
EL ETNOCACERISMO: LA IDEOLOGIA DE LA EXCLUSION PARA COMBATIR SUPUESTAMENTE A LA EXCLUSION
Los Humala saltaron a la palestra cuando, a finales de octubre de 2000 y en plena agonía del régimen autocrático de Fujimori, se levantaron contra el régimen en Moquegua. Testimonios más recientes señalan que muchos de los reservistas – ciudadanos que hicieron el servicio militar y que conservan costumbres y uniformes militares – fueron llevados a esta aventura con engaños. No falta quienes especulan que los Humala fueron una creación de Vladimiro Montesinos para encubrir su fuga o para montar una de las “cortinas de humo” tan frecuentes en la década de 1990. Sea como fuere, fue en ese momento que se escucho por primera vez de manera masiva el término “etnocacerismo”.
El “etnocacerismo” o “Movimiento Nacionalista Peruano” fue fundado por Isaac Humala, según propia confesión, “luego de años de lecturas y estudios”. Lo que Humala y sus hijos, Ollanta y, sobre todo, Antauro, proclaman a voz en cuello, es una rara mezcla de ideas que juntan a Andrés Avelino Cáceres, el Inca Garcilaso de la Vega, José María Arguedas y Juan Velasco Alvarado. En el fondo – y tal como lo dice el veterano Isaac Humala: no hay nada nuevo bajo el sol – se repiten viejos mitos y taras que un sector de peruanos señala como culpables del subdesarrollo nacional: “los blancos dominan”, “España nos robó con la Conquista”, “Chile nos invade y nos quiere convertir en colonia”. Como “gran solución” se propone una solución militarista en lo político, socialista en lo económico, racista y xenófoba. En suma, una solución lindante con el fascismo.
Veamos algunas de las ideas que el “etnocacerismo” propugna, así como las críticas que se les hacen a ellas:
Habrían impuesto un totalitarismo político, bajo una conducción cuasi mesiánica (como en Sendero Luminoso), donde cualquier forma de oposición no sería aceptada. Habrían nuevamente dado poder político y la conducción del Estado a las Fuerzas Armadas, generando una nueva forma de militarismo, cuestión repetitiva en nuestra historia y que tan malos resultados nos ha traído.
Habrían acabado con la libertad de expresión, pues al estilo de Juan Velasco Alvarado expropiarían los medios de comunicación en nombre de los “grupos de la verdadera sociedad civil”. Al igual que en el gobierno de Velasco, este pretexto sería la cubierta para evitar cualquier disidencia.
Habrían buscado una economía autárquica, cuestión imposible de sostener incluso en el corto plazo. Para ello cerrarían las “importaciones que compitan con la producción nativa” (y que, claro, ellos desde el Estado definirían), nacionalizarían las empresas privatizadas y cualquier inversión extranjera (en especial la inversión chilena), buscarían la autonomía alimentaria. Expulsarían, además a todos los inversionistas extranjeros. Ello da la espalda a todos los procesos de integración que se vienen dando en este momento.
Habrían hecho una guerra a Chile. Frente a Ecuador, habrían mantenido una actitud beligerante si la Confederación Nacional Indígena no gobierna dicho país. En suma, más gasto de armas en detrimento de sectores como educación y salud que necesitan mayores recursos.
Habrían elevado la siembra de la hoja de coca, en lugar de dar alternativas a los campesinos cocaleros para que muchos de ellos no sigan colaborando directa o indirectamente con el narcotráfico.
Se buscaría la exclusión de aquellos que no son cobrizos. Los judíos no serían considerados como peruanos (David Waisman, a pesar de haber nacido en suelo peruano, no es considerado como compatriota por los Humala). Antauro Humala tiene a sus hijos estudiando en el Colegio Franco Peruano, uno de los más exclusivos de Lima, y según la versión de su ex pareja Nora Bruce, se precia de comer en los restaurantes más exclusivos de la ciudad capital del Perú.
Si Túpac Amaru fue el personaje preferido de Velasco, Andrés Avelino Cáceres tendría su salón particular en Palacio de Gobierno. Curioso personaje escogido como modelo. El historiador Jorge Basadre dijo de Cáceres: “su mayor tragedia fue no haber muerto en Huamachuco” (la última batalla de la guerra del Pacífico). Cáceres fue un mal Presidente: traicionó a los montoneros y líderes locales que le ayudaron durante los 2 años de la resistencia de la Breña; restableció el tributo indígena; firmó el contrato Grace, uno de los más entreguistas de la historia peruana (prácticamente vendió todos los ferrocarriles peruanos a los británicos, a cambio de la administración de la deuda externa peruana); se hizo reelegir en elecciones fraudulentas y tuvo que ser sacado del poder en 1895 mediante una insurrección popular y en los últimos años de su vida apoyó al dictador Augusto B. Leguía.
Difícilmente habrían cumplido con las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Varios medios de comunicación han recogido la versión, no desmentida, de que Antauro Humala fue destacado entre 1985 y 1987 en Huánuco, cometiendo abusos contra las comunidades indígenas, incluso asesinatos. Curiosamente en esos años la CVR registró un aumento de las víctimas en dicha región del país. Humala, en esas épocas, se hacía llamar “Corpus Christi”.
¿POR QUÉ SURGEN ESTOS GRUPOS Y POR QUE CUENTAN CON CIERTO APOYO? ¿QUÉ HACER PARA QUE ESTOS SUCESOS NO SE REPITAN?
En estos momentos se vive en el Perú un ambiente de crispación casi generalizada. El Presidente solo es aprobado por el 9% de la población, básicamente por los escándalos de corrupción de su entorno y por la frivolidad con la que ha encarado la tarea de gobernar. El desprestigio del Congreso se ha incrementado, por la conducta delictiva de algunos de sus integrantes y por la omisión en procesarlos por parte de sus pares. Sobre el resto de instituciones, empezando por el Poder Judicial, recae la imagen de ineficientes, corruptas y lejanas de la población.
Aun así, creemos que esta situación no explica por sí sola la aparición de este tipo de fenómenos autoritarios.
En el Perú, la cultura democrática es incipiente. Hemos vividos más años bajo gobiernos dictatoriales y autoritarios. Y casi todos los gobiernos, sean autoritarios o democráticos, han practicado una malsana costumbre: una relación patrimonialista y clientelista con la población. Se acostumbra a la gente a obtener ciertas prerrogativas o beneficios a cambio de votos o apoyo popular. El Ejecutivo y el Congreso compiten por ver “quien da más”. Por tanto, muy pocas personas saben exactamente cuales son las funciones de las instituciones democráticas y se les reclama más de lo que constitucionalmente y realistamente pueden hacer. Ello se debe a una educación - tanto pública y privada, pero con mayor énfasis en la primera – que no forma ciudadanos, así como a la poca capacidad de los partidos políticos para poder canalizar, de otra manera que no sea la patrimonalista, las demandas y preocupaciones de la población. Es por ello que la gente espera con ansias las promesas electorales para decidir su voto y no elige un proyecto de nación, o que, como en este caso, espera a un “iluminado” que resuelva sus problemas. Urge, por tanto, que los pobladores se conviertan en ciudadanos, hagan pleno ejercicio de sus derechos y no queden como espectadores pasivos. Pero ello no se hace por los caminos violentos, ni buscando sacar al Presidente quien, por más errores que pueda haber cometido, fue elegido mediante los mecanismos que el sistema establece.
Se suma a este factor una situación de exclusión presente en la sociedad peruana. El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación reveló que dicha situación, si bien no fue la causa directa del conflicto armado interno que el país vivió durante 20 años, fue el telón de fondo de la violencia vivida. Sendero Luminoso llegó a captar como militantes a jóvenes provincianos con estudios universitarios, quienes vivían el drama de no querer ser campesinos como sus padres pero que eran rechazados por el sector social más moderno y urbano. En el caso de los Humala, se capta a reservistas y licenciados de las Fuerzas Armadas, sin trabajo, sin posibilidades de ascenso social, con un nivel de instrucción bastante bajo. En ambos casos, se busca aprovechar el descontento social, la situación de miseria y la exclusión para colocar en el poder a un proyecto político totalitario y con tendencias muy claras a vulnerar los derechos humanos de la población.
El Informe Final de la CVR no se quedaba solo en la cruda descripción de los hechos y responsabilidades políticas, éticas y penales. También proponía una serie de políticas institucionales que reformaran nuestras instituciones para consolidar nuestra democracia y evitar que 20 años de vergüenza y escándalo se repitan. Sin embargo, poco se ha hecho en dicha tarea. Los medios de comunicación, el empresariado y la clase política han mirado de perfil el drama expuesto en 9 tomos, al igual que las soluciones planteadas. E instancias como el Acuerdo Nacional y las Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza son desaprovechadas para llegar a políticas de Estado concretas que comiencen a consolidar la democracia y por fin ponernos en el camino de una transición democrática que, hasta hoy, solo hemos cumplido a medias.
Este año y buena parte del próximo estarán marcados por el proceso electoral a celebrarse en abril de 2006. Debe ser una oportunidad para que los partidos políticos tomen en cuenta el contexto, entiendan que la representación de la población no debe basarse en el “dame que te doy”, que deben hacer pedagogía y no la demagogia de siempre, que debe explicarse a la población que los cambios no se dan de la noche a la mañana pero que en democracia y sin violencia ni autoritarismo están las mayores oportunidades para todos. Debe ser oportunidad para reclamar que dicho sueño de una nación libre, democrática y sin exclusiones que muchos teníamos el año 2000, cuando fugó el autócrata corrupto, comience a cumplirse.
Las naciones no tienen que “esperar a estar listas” para vivir en democracia. Van construyéndola día. No la sigamos destruyendo y evitemos que otros lo hagan.
Culminamos con unas palabras de Javier Ciurlizza, que resumen lo que hemos venido diciendo:
“América Latina conoce ya varios periodos de acomodo de los principios en nombre del “pragmatismo”, lo “social” o las limitaciones obvias de regímenes formalizados. Detrás de este proceso está la insatisfacción de millones de latinoamericanos que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas y se preguntan qué de bueno tiene una democracia si no da de comer, de vestir o si no cuida la salud de los más necesitados. Lo más fácil es echarle la culpa a la democracia y buscar, dentro de una tradición política antigua, salvadores y Mesías. Lo difícil es superar el péndulo histórico y construir una institucionalidad que asegure que lo que alcancemos y logremos sea duradero”.
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