Vaya que ha estado entretenida la primera audiencia del proceso judicial a Alberto Fujimori por violaciones de los derechos humanos. Aunque aún no se han discutido los temas de fondo del proceso, se han suscitado varias novedades en lo que respecta a la presentación de testigos y, sobre todo, al final, con la alocución del ex dictador.
Por parte de la parte acusadora y de la parte civil, se aceptó que el actual Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo sea llamado como testigo al proceso que tiene que ver con los secuestros en los Sótanos del SIE. Cabe recordar que Del Castillo fue detenido el 5 de abril de 1992, en la casa del hoy presidente Alan García Pérez y puede dar fe de las detenciones arbitrarias que ocurrieron ese día. Asimismo, han sido citados como testigos periciales los ex miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Salomón Lerner Febres y Carlos Iván Degregori.
Los alegatos de la defensa de Fujimori se centraron en defender la idea de que el Grupo Colina no era parte de la estrategia contrasubversiva que, de acuerdo con dicha defensa, encabezó el ex presidente. Militares y policías en retiro - entre ellos el ex Director de la PNP Marco Miyashiro - han sido presentados como testigos por la parte acusada.
De otro lado, el Fiscal reiteró su solicitud de 30 años de prisión para Fujimori por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro, así como una reparación de 100 millones de soles para todos los deudos y víctimas.
Al cierre de la audiencia, un descontrolado Fujimori intervino - mejor dicho, gritó - alegando su inocencia y, con el mayor cinismo, se declaró protector de los derechos humanos y siguió repitiendo arengas políticas, ante los aplausos de algunos fujimoristas.
El Tribunal encabezado por César San Martín lo mandó callar y recordó que el proceso es de carácter penal y no político. La audiencia se ha suspendido hasta las 3 pm.
El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que tomaron al pueblo será reintegrado al pueblo y así, mientras el hombre exista, la libertad no desaparecerá. (Charles Chaplin, El Gran Dictador)
Durante estas semanas que han mediado desde la extradición, me he preguntado muchas veces sobre la trascendencia de este proceso judicial, interrogante sobre la cual he encontrado algunas respuestas.
La primera es la estrictamente jurídica. Sin duda, un proceso penal tiene como principal objetivo establecer la responsabilidad de una persona, respetando sus garantías al debido proceso, para verificar si es que le corresponde una sanción. Con relación a este punto, la sentencia de extradición presenta suficientes elementos de prueba que, actuados en el proceso, pueden significar más de una condena significativa contra Fujimori por los hechos por los que se le imputa responsabilidad.
La estrategia de Fujimori será negar el conocimiento de los delitos por los que es acusado, señalando que todo se hizo a sus espaldas. Estategia que, a mi modo de ver, no se corresponde con la realidad. Una persona que siempre se jactó de tener el control de todo el poder y que, efectivamente, lo tuvo en relación con los aparatos de inteligencia, no puede alegar tener desconocimiento de las acciones cometidas por el Grupo Colina, más aun cuando median felicitaciones, declaraciones espontáneas de los propios miembros de este escuadrón y una estructura de mando que lo tiene como cabeza visible.
Pero hay otras dimensiones que se derivan de este proceso judicial, las cuales, no necesariamente serán cubiertas por el proceso en sí, pero que sí comenzarán a encontrar su catalizador a partir del inicio de este largo camino. Algunas ya las describi hace algún tiempo y se resumen en el debate aun existente sobre lo que significó el fujimorismo para el país, sobre todo, en lo que se refiere al aspecto usualmente alegado por los partidarios del ex candidato al senado japonés para justificar todo: la pacificación nacional. Y me remito a la columna de Jorge Bruce que resume esta contienda:
Lo que en realidad está en discusión -pero sus defensores no lo pueden decir en público-, es si esos delitos eran parte de lo que los fujimoristas y muchos peruanos todavía entienden como la tarea de ordenar y pacificar al país. Este non dit (tal como se denomina en francés a lo que se calla pero se sobreentiende), es muy incómodo para el actual presidente y su partido. Porque ellos eran en parte los causantes de esa situación de caos y zozobra que Fujimori heredó.
Y este párrafo de Bruce me da para traer a colación dos temas importantes.
El primero tiene que ver con la actuación del gobierno frente al fujimorismo, actuación que linda, en ocasiones, con la complacencia, y en otras tantas, con la complicidad. En realidad, los actuales dirigentes del gobierno - y no digo apristas, pues hay varios descontentos con ese giro, a pesar que la “disciplina partidaria” se los impida decir - se sienten bastante cómodos con este estilo de mantener el status quo, en el que también nadan bien los fujimoristas, dado que no se profundizan cambios de fondo frente al modelo de los noventa y, además, se protegen mutamente responsabilidades.
Como lo comentaba con una amiga el viernes pasado, ciertamente las responsabilidades políticas y penales son distintas, pero igualmente graves. De eso se han percatado bien en el gobierno en relación con su anterior experiencia, que no fue respetuosa de los derechos fundamentales en muchos aspectos, por cuestiones generalmente puestas en el plano de la omisión y difícilmente (por no decir imposible) justificables por parte de Alan García.
Ese miedo al pasado hasta ahora no afrontado de manera adecuada también es parte de las patologías con las que carga una administración mediocre como la que vivimos. Es lo que hace tener como receta económica y social a los discursos caninos del Presidente, y como receta institucional y de derechos humanos la amnesia, la parálisis y el gesto efectista de “mano dura” para contentar a un país que aun no se acostumbra a su condición de ciudadanía.
Y por allí va lo segundo, que tiene que ver con el Dia de los Derechos Humanos. Alguna vez alguien me dijo que el país no está preparado para vivir en democracia, lo que implica también que no está preparado para dar derechos a todos sus habitantes, considerándolos como ciudadanos.
En realidad, y esta es mi respuesta a ese comentario, ningun país estuvo “preparado” para la democracia. Simplemente fueron construyendo instituciones en la medida que la continuidad de gobiernos democráticos lo permitió. A esa continuidad hay que añadirle contenido social para que el 2011 no volvamos a cometer el mismo suicidio colectivo que en 1990.
Y cuando hablo de contenido social ciertamente hablo de derechos humanos: educación, salud, vivienda, alimentación adecuada, acceso a la justicia o que te respeten la lengua en la que hablas tiene que ver con aquellas cuestiones inalienables para el ser humano y que no dejan de ser interdependientes con el derecho a la vida, a que no nos torturen, a la libertad de expresión, a la seguridad o a la propiedad.
Ello, ¿qué implica? Pues que no debemos volver a canjear nuestra libertad y nuestros derechos a cambio de una mal entendida seguridad. Esa es la gran lección de los años noventa: un crecimiento económico mediocre y una pacificación que no tuvo relación alguna con las medidas autoritarias no son justificaciones para los atropellos cometidos por la dictadura y, menos aún, por los crimenes por los cuales, desde esta mañana, Fujimori será procesado.
Vistas así las cosas, el proceso a Fujimori nos brinda la oportunidad de hacer varias rupturas. Con la impunidad subyacente para los altos funcionarios sobre materias que debieran ser incuestionables en un país civilizado, los temores de hacer un gobierno más inclusivo y menos dependiente de votos que no son indispensables, la lenidad y lentitud de un Poder Judicial que se ganó a pulso su desprestigio y una cultura política que sigue privilegiando el fin sin que importen los medios.
Antes de escribir este post, veía a Chaplin en esa gran película llamada El Gran Dictador. Y allí, antes del discurso final del barbero judío, el Ministro de Propaganda de Tomania, decía lo siguiente:
“Hoy en día, democracia, libertad y igualdad son palabras que enloquecen al pueblo. No hay ninguna nación que progrese con estas ideas, que le apartan del camino de la acción. Por esto las hemos abolido. En el futuro cada hombre tendrá que servir al Estado con absoluta obediencia”.
En 1992, 90% del país creía en ese discurso. ¿Habremos aprendido la lección?
5 de abril de 1992. El último golpe de Estado de nuestra historia. Alberto Fujimori tomaba todo el poder para sí, sin nada que lo justifique. Ni los problemas más graves que atravesaba el país justificaron la ruptura del orden constitucional y las consecuencias de aquel funesto hecho, que hizo añicos la democracia, puso en el poder a una cúpula mafiosa y corrupta, que cometió graves crímenes que hoy vienen siendo procesados por el Poder Judicial.
De acuerdo a lo que señala Correo, los ex Ministros Jaime Yoshiyama, Carlos Boloña, Absalón Vásquez, Víctor Joy Way, Oscar de la Puente Raygada, Jaime Sobero Taira, Alfredo Ross Antezana, Víctor Paredes Guerra y Augusto Antoniolli Vásquez fueron condenados a cuatro años de prisión condicional - que pueden disminuir a tres – por avalar el golpe de Estado al continuar en el gobierno de facto, pese a que ese mismo día presentaron su renuncia. El hecho de que no hayan participado en los preparativos de la aventura golpista es el motivo por el cual la pena sería baja.
En contraste, el valiente ejemplo del ex Ministro Alfonso de los Heros, quien dejó el cargo una vez suscitado el golpe, terminó de determinar la responsabilidad penal de estos funcionarios, quienes prefirieron estar con un dictador antes que con la democracia. Nota al margen: el país le debe un especial reconocimiento a De los Heros, quien salvó la dignidad y su propio nombre en ese gesto.
En este proceso penal, el caso más complicado ha sido el del general Juan Briones Dávila, ex Ministro del Interior, condenado a 10 años de prisión no solo por su participación en el planeamiento del golpe y en su aval al quedarse en su cargo, sino también por su participación en los secuestros y detenciones arbitrarias que ocurrieron ese día. Jorge del Castillo debe recordar muy bien, hasta el día de hoy, su propia detención.
Y ello complica también al reo Fujimori. Cabe recordar que el extraditado ha venido a responder justamente por uno de los secuestros de aquel día infausto, el del periodista Gustavo Gorriti. Si Briones, que fue uno de los ejecutores de las órdenes de detención, ha sido condenado, cabe esperar que lo mismo ocurra con el principal responsable del golpe, cuyo plan comprendía las detenciones producidas aquel día.
Sin embargo, hay aun dos procesos pendientes por este caso. El primero comprende al cogollo civil - militar que participó directamente en el planeamiento del golpe y que comprende, entre otros, a Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza Ríos. Dicho proceso avanza con pies de plomo en el Poder Judicial. Y el segundo se encuentra pendiente de ser enviado a Chile, pues se requiere una ampliatoria de la extradición para que Fujimori, el golpista, pueda responder por lo que constituye su falta principal al país - independientemente de las violaciones de los derechos humanos -: vulnerar la separación de poderes, la democracia y la Constitución.
Y como necesitamos recordar continuamente que los golpes de Estado en toda circunstancia son condenables, pueden ver el video que Marco Sifuentes hizo hace algún tiempo sobre lo que fue ese día infausto, en que el país se suicidó, apoyando mayoritariamente a un dictador. Las consecuencias de la cerviz agachada las vivimos hasta el día de hoy.
Pero a la estrategia del chantaje - que otro blog ha comentado mejor que yo - yo añadiría la del miedo. Tanto los parlamentarios fujimoristas como sus medios adictos han insistido en que es Sendero Luminoso, tal como lo conocimos en los ochenta y noventa, quien está detrás de los ataques.
No es de extrañar. Durante todo su gobierno, Fujimori utilizó ambas herramientas, el chantaje y el miedo, como bases de su poder. Sobre el chantaje, la mejor muestra es la videoteca de Vladimiro Montesinos, cuyo uso no era la exhibición pública que tuvo a la caída del régimen, sino su utilización para que quienes estuvieran allí se mantuvieran alineados o callados. Y, sobre el miedo, basta ver la televisión de la segunda mitad de los años noventa, para darnos cuenta de todas las campañas de manipulación que se hacían para darnos la impresión de que sin el Chino, volvería el terrorismo. En suma, ambos elementos utilizados para la perpetuación en el poder.
Si ya conocemos de memoria los métodos fujimoristas, pues sorpresas no hay muchas. Pero, como dice Rubén Blades, la vida te da sorpresas y el gobierno quiere seguirnos sorprendiendo con medidas o declaraciones a favor de Fujimori y de sus seguidores en prisión, o que tienen todo un tufillo a década de los noventa - solo hace falta el fondo musical de Nirvana y que me vuelva a poner mis camisas de franela - que realmente escandaliza y atemoriza.
¿Por qué el gobierno toma cada vez más un intenso tono naranja? Pues hay un cúmulo de explicaciones que podrían ser un intento de respuesta.
Una primera tiene que ver con la Coalición Conservadora que sostiene al gobierno y, sobre la cual, a estas alturas podríamos preguntarnos que tanto margen le viene dando. Pues si bien le ha aportado la casi ausencia opositora, le ha reducido al extremo el margen de maniobra a Alan, de manera tal que el Plan de Gobierno de Unidad Nacional se encuentra a la izquierda de las medidas que este gobierno ha tomado en casi año y medio de gestión.
Una segunda tiene que ver con la vocación por el autoritarismo que un sector de la población tiene en nuestro país y a ello no escapa ningún sector social. Como cuestión cultural, enfatizada en un país en el que el desarrollo de la ciudadanía sigue siendo insuficiente y en el que nos han gobernado más dictadores que demócratas, seguimos pensando que la autoridad es sinónimo de atropello y de “mano dura”. Claro, cuando nos atropella, ahi nos quejamos, pero seguimos pensando como nación que el presidente, cuando más efectista en su sentido de la autoridad, mejor.
Pero quizás una tercera explicación la constituya los parecidos que Alan y Fujimori tienen desde 1990. Carlos Reyna, en su libro La Anunciación de Fujimori, señala algunas de ellas que comparto con los lectores: la figura del asesor influyente que va más allá de los Ministros - y que muchos sospechan que, en este gobierno, ese rol lo cumple Aldo Mariátegui -, la reducción del papel de los Ministros a meros secretarios - basta ver que los trata peor de lo que lo hacía Ferrando con su elenco -, gobernar por encima de sus agrupaciones políticas, un presidencialismo exacerbado, poca vocación descentralista (basta ver la eliminación del CND), su poca vocación por el respeto de los derechos humanos y la “lealtad” de los empresarios. Por cierto, la gran ruptura entre ambos sigue siendo el 5 de abril de 1992.
Y justamente ese es el espejo en que García debe mirarse, sobre todo, por lo que puede ocurrir el día de hoy. Se tiene programada la lectura de sentencia a los Ministros que avalaron el golpe dado por Fujimori contra los otros poderes del Estado. El fallo puede ser histórico, para bien o para mal, ya que podría ser una resolución que condene abiertamente, por primera vez en la historia del Perú, la interrupción del orden democrático, o podría convalidar lo que fue el inicio de una historia de atropellos, crímen y desmoralización del país.
Los coqueteos y tiras y aflojas con el fujimorismo no le hacen ningún bien al país. No puede considerarse como democrático a un grupo que, hasta el día de hoy, sigue defendiendo al 5 de abril como un día que cambió la historia del país para bien. Pero, lejos de respetar los principios democráticos que dice enarbolar, el partido de gobierno y su Presidente, que también lo es de todos los peruanos, prefiere ser un pobre aprendiz de Fujimori antes que un estadista. La Historia lo juzgará, los peruanos ya lo estamos haciendo.
Las reacciones de los detractores de Ivcher no se han hecho esperar. En un furibundo artículo, César Hildebrandt ha demandado una investigación exhaustiva sobre un tema que, para muchos, podría tener como consecuencia un nuevo desalojo de Ivcher de la propiedad de Frecuencia Latina.
Articulo 14, b. An Israel national who is also a foreign national shall, for the purposes of Israel law, be considered an Israel national
En castellano: El israelí que tiene también una nacionalidad foránea, para la ley de dicho país, es considerado como un nacional de Israel.
Este resquicio legal permitiría sostener a Ivcher que, para efectos de la nacionalidad peruana, renunció a la ciudadanía israelí, pero, a la vez, tenía derecho a contar con pasaporte de Israel ya que su país de origen lo seguía considerando como nacional de dicho país. Es lo que sostiene hoy el diario La República como una opción posible en el colofón de su informe sobre el tema.
Dicha interpretación, solo sería válida, sin embargo, si es que Ivcher hubiera optado por la “cláusula del retorno” (artículo 2 de la Nationality Law) que permite a los hijos de israelíes obtener la nacionalidad del estado judío, para lo cual tenía que haber sucedido este hecho una vez que fue despojado de la nacionalidad peruana. Según fuentes de la Comunidad Judía, este habría sido el caso del empresario televisivo. De todas maneras, un fuerte tufillo a leguleyada se respira en el ambiente.
¿Pronóstico? Va a venir una batalla de abogados procurando, cada uno de ellos, dar su interpretación sobre la nacionalidad y sobre si se puede anular la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. Y claro, al fujimorismo defendiendo la “inocencia” de su líder en este tema.
Pero hay dos hechos objetivos que no podemos olvidar en esta historia.
El primero es que, independientemente de pasaportes y nacionalidades, el tema de la nacionalidad de Ivcher no fue más que el pretexto para los planes del fujimorismo: apoderarse de la televisión para la re-reelección. Las pruebas objetivas: Frecuencia Latina cambió de línea editorial y los hermanos Winter vendieron, con contratos de por medio, el contenido de los programas periodísticos al gobierno de Fujimori.
El segundo es que, aprovechando eso, Ivcher ha pretendido sacar mayor ventaja económica de lo que su condición le permitía. La millonaria indemnización obtenida mediante un arbitraje que no estuvo exento de presiones mediáticas al gobierno de Toledo, así como el pedido para no pagar impuestos, pone al propietario de Frecuencia Latina al nivel de aquellos que venden sus servicios en las batallas.
Si todos los que luchamos contra la dictadura tuvieramos su afan de lucro, pediríamos reparaciones del mismo calibre por lo que perdimos en el combate contra Fujimori. Así no son las cosas. Si salimos a las calles o denunciamos - en medios grandes o en nuestros pequeños círculos - las tropelías del dictador fue por una cuestión de convicción, no por salir en la foto o recibir algún pago. Desafortunadamente, algunos lo creyeron así.
En el documento que convoca al juicio oral, que se iniciaría el 26 de noviembre, destacan algunas cosas. Mediáticamente, la convocatoria como testigo a Vladimiro Montesinos es la noticia más importante. La pregunta es si, ahora que está siendo procesado también por el caso La Cantuta, el Doc se animará a cantar o si se dedicara a la protección de su ex jefe con el silencio.
También serán importantes otros testimonios, sobre todo, los de los sobrevivientes de la matanza de Barrios Altos, los secuestrados Dyer y Gorriti y de los ex miembros del Grupo Colina, varios de los cuales ya han señalado que el ex dictador tenía conocimiento de los hechos imputados. Sobre éstos últimos, la abogada de los familiares de las víctimas Gloria Cano ha señalado presiones mediante extrañas visitas del congresista Rolando Souza a varios de los testigos. También desfilarán personajes como Ketín Vidal, Rodolfo Robles, Ricardo Uceda, Edmundo Cruz, Gilberto Hume y Máximo San Román.
La trascendencia de este proceso es bastante alta. De confirmarse las sentencias, se demostraría a los partidarios del autoritarismo que es posible juzgar a criminales tan avezados y repudiables como estos en democracia y con respeto a las reglas del debido proceso. Algo que Santiago Pedraglio nos recordó hace algún tiempo. Y se acabaría la falacia de que la democracia es débil con el terrorismo y que sólo con jueces sin rostro se puede procesar a esta gente.
Si la Sala que preside el cuestionado Villa Stein confirma estos elementos habrá limpiado en algo la imagen negra de este magistrado. Y, por cierto, el país podrá respirar aliviado.
“Más allá de cualquier posición política discrepante o coincidente, jurídicamente la decisión del allanamiento parcial era la correcta. No nos queda duda que hubo gruesos errores en la gestión de Toledo pero a la luz del análisis jurídico este no es uno de ellos”.
Si se aprobaba la acusación constitucional, se habría dado un nefasto y absurdo precedente: por respetar los derechos humanos, un gobernante puede ser inhabilitado por el Congreso. País de locos en el que solo a Javier Velásquez Quesquén puede ocurrísele semejante patinada.
CHUNGUI O LA INVISIBILIZACION DEL OTRO
Si quieren conocer porque el país vota por Ollanta Humala o por cualquier outsider que aparezca en el camino, les recomiendo el artículo de ayer de Carlos Iván Degregori sobre Chungui y Oreja de Perro, dos de las zonas ayacuchanas más azotadas por la violencia durante el conflicto armado interno.
El último párrafo del artículo de Degregori nos ilustra, además, sobre los problemas que quedaron evidenciados con los sucesos de Ocobamba: la influencia del narcotráfico:
No parece perra de ningún hortelano, tampoco su canción dice que va a pedir algo, solo conversar, como pudiera hacerlo cualquier ciudadano. Tal vez para decirle al doctor Alan que en las cumbres por encima del VRAE, desde Viscatán, pasando por Putis y hasta Oreja de Perro, hay una franja que sufrió demasiado la violencia y que ahora, más pobre, debilitada y despoblada, es tierra de nadie por donde los cárteles sacan droga pagando migajas a los muchachos, que si no emigran, no tienen casi alternativa sino volverse “mochileros”. Respetando la opción preferencial por los empresarios, asumida apasionadamente por el doctor Alan. Asumiendo incluso su preferencia por ungir zares y zarinas en vez de fortalecer la institucionalidad democrática, ¿no sería urgente que el gobierno, empresarios y ciudadanos en general, hagamos algo antes de vernos envueltos en otro ciclo de violencia, esta vez sí transnacional?
Esta es una urgencia mayor que los negocios con Chávez. ¿La atenderá, Dr. García?
Además de las disculpas, la Ministra María Zavala - usualmente poco clara en sus declaraciones - señaló claramente las responsabilidades del Grupo Colina, al que calificó como “un grupo paramilitar que se constituyó con el aliento y aprobación de un régimen dictatorial en auge“. Mensaje más que claro hacia el inquilino del Establecimiento Penitenciario Barbadillo.
Sin embargo, en el gobierno, no todos parecen estar en la misma línea de defensa de los derechos humanos y contra la impunidad.
Lo curioso es que no es primera vez que Tambini emprende una defensa tan rara. Hace casi exactamente un año, con motivo de una entrevista al procurador Carlos Briceño, Ideele Radio reseñó lo siguiente:
Briceño Puente sostuvo que el presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, Moisés Tambini del Valle, desconoce el contenido de los 12 cuadernillos de extradición de Alberto Fujimori, por lo cual dijo no puede opinar al respecto y descartó que su procuraduría pueda pasar a ser una instancia más de dicho consejo.
“Ese es el punto de vista del doctor Moisés Tambini. No creo que suceda eso por la trascendencia de los casos concretos que se están viendo. Por otro lado, el doctor Tambini del Valle no conoce con precisión los 12 cuadernillos de extradición, para hablar de los cuadernillos uno tiene que haberse imbuido y ver cuales son las pruebas de cargo y lo que desfavorece o desfavorece, existen pruebas categóricas, muy sólidas, irrefutables, que van a dar lugar a la venida del extraditable Fujimori”, resaltó
Tambini había declarado que los cuadernillos de extradición no tenían mayor sustento.
Sin duda, los abogados del Chino harán todo lo posible para salvarlo de la cárcel y, en particular, para librarlo de las serias acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos. Sin duda, un reto para el Fiscal y los Jueces encargados de procesar al ex candidato, pero también para la defensa del Estado, que ha sido representado en estos procesos judiciales por la Procuraduría Ad Hoc.
Sin duda, durante los años que ha existido, la Procuraduría ha sido de los agentes más importantes en los avances en la lucha anticorrupción. De hecho, los equipos de abogados eran, hasta hace poco, bastante buenos y combinaban la acción pública con un sólido esfuerzo académico de fundamentación. A ellos tienen que sumarse otras personas que desde el Estado apuntalaron este esfuerzo, sobre todo en lo que se refiere al proceso de extradición.
Sin embargo, la Procuraduría parece haberse debilitado desde el presente gobierno. Si bien Carlos Briceño ha estado relativamente pendiente de los procesos (y ello incluye a su jefe de extradiciones, Omar Chehade, quien cumplió un rol mediático) es claro que no existe la misma eficiencia y solvencia profesional que existía con José Ugaz, Luis Vargas Valdivia y Antonio Maldonado.
Peor aún, parecen haberse trenzado en pugnas internas. La semana pasada, La Ventana Indiscreta sacó una nota editorial en la que señalaba varias de las incompatibilidades del procurador adjunto Juan Carlos Portocarrero, quien, por esas casualidades de la vida, por el tiempo que lleva como abogado en la Procuraduría, es quien más conoce los expedientes del caso Fujimori. Me llamó la atención la denuncia, no porque los hechos no sean ciertos - que lo son -, sino por esta coda que la directora de LVI señaló al presentar el reportaje:
Portocarrero no conoce los expedientes de este caso. No participó en su elaboración y no siguió el caso mientras éste estuvo en Chile. No domina el caso como lo conocen los procuradores Carlos Briceño y Omar Chehade.
Lo curioso es que quien suena más fuerte para reemplazar a Portocarrero es Omar Chehade, quien mas allá del seguimiento de los casos de extradición -preparados y presentados antes de que éste asumiera la jefatura de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría- no conoce los expedientes y no ha participado como abogado en ninguno de los procesos abiertos contra Fujimori, de hecho en ninguno de los casos por los que el ex mandatario fue extraditado.
Sin duda, estas son señales para que todos sigamos pendientes del caso Fujimori y de los posibles errores de estrategia. Lamentablemente, no creo que se den los relevos necesarios en la Procuraduría para mejorar la situación, por lo que habrá que estar bastante alertas.
OFF TOPIC: Agradezco a César Hildebrandt por incluir el post Pregunto Nomás en su columna de hoy. Y también a las dos personas que me hicieron notar el detalle de las portadas. Como comentario final: Cada vez me encuentro más escéptico sobre cierta prensa, en especial con uno de los diarios al que he hecho mención. El hecho de que no haya respondido dos denuncias anteriores hechas en este blog y en otros espacios - referidas a la censura a un columnista de su diario y a su viaje a Tailandia con columnas favorables a la empresa que le pagó el tour - revela la catadura moral del director de dicho medio de comunicación que tiene una extraña fascinación por un producto que acompaña los desayunos de varios hogares de Lima y poco interés por la verdad, que es lo que debiera caracterizar a todo periodista.
Este método, en teoría, debía aplicarse cumpliendo los requisitos establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos para las Actividades de AQV, elaborado por el Ministerio de salud.
Sin embargo, una serie de investigaciones periodísticas, de organismos no gubernamentales y de la Defensoría del Pueblo permitieron señalar que la aplicación de la AQV – practicada solo a mujeres - no tuvo carácter voluntario. Varias de las denuncias señalaban que las intervenciones se realizaban a raíz de atención de partos, sin que se siguiera el procedimiento para el consentimiento de la paciente. Otras intervenciones de este tipo se realizaron durante campañas hechas específicamente para practicar ligaduras de trompas, a cambio de proporcionar alimentos a las mujeres que se practicaran la operación. Algunas de estas intervenciones culminaron en graves daños a la integridad física de las pacientes o en el fallecimiento de las mismas, lo que implicaba un serio daño a la vida, el cuerpo y la salud que ameritaba responsabilidad penal.
Las investigaciones de la Defensoría detectaron los siguientes defectos en la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar: a) No se brindó la adecuada información sobre los beneficios y riesgos de la AQV. b) No se proporcionó por escrito las indicaciones previas a la operación. Los folletos preparados para el caso no contaban con toda la información de las prohibiciones previas a la intervención quirúrgica. Los formularios y materiales estaban solo en castellano. c) Muchas de las esterilizaciones se realizaron en momentos donde la psiquis de la mujer está alterada, como inmediatamente después de dar a luz o luego de tener un aborto. Tampoco se tuvo en cuenta un plazo razonable entre la firma de la autorización y la intervención quirúrgica, periodo de tiempo necesario dado lo irreversible de la operación. Los elementos hallados en a), b) y c) nos indican que el consentimiento no fue expreso ni informado por parte de las pacientes. d) Se estableció la existencia de omisiones insalvables en las historias clínicas: evaluaciones preoperatorias por personal no calificado, ausencia de identificación de profesionales de la salud, ausencia de reportes operatorios. e) El Estado, en la práctica, privilegió los métodos irreversibles de planificación familiar en desmedro de los métodos temporales, realizando campañas explícitas de ligaduras de trompas. Ello iba en contra de la libre elección de las personas. f) En algunos lugares y momentos, los encargados de las campañas de ligaduras de trompas ofrecieron alimentos a cambio de practicar las AQV. g) No se realizó el seguimiento post – operatorio a las personas que fueron intervenidas. h) La cobertura del Programa solo se fijó metas en cuanto a las mujeres e incluso se tuvo una meta numérica para los métodos quirúrgicos. No había alusión alguna a los hombres en edad fértil. Las metas numéricas incentivaron la ocurrencia de vulneraciones a los derechos humanos en la aplicación del Programa. i) También se identificó una serie de cobros indebidos para los servicios de planificación familiar.
De todos los casos denunciados, el que tuvo mayor impacto fue el de María Mamerita Mestanza Chávez. El 27 de marzo de 1998 se le practicó una operación de ligadura de trompas, sin haber tenido un examen médico previo. La señora Mestanza fue dada de alta al día siguiente, a pesar de tener malestares posteriores a la operación y, posteriormente, falleció el 5 de abril de 1998 a causa de una infección causada por la operación. El caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicha instancia supranacional, el Estado peruano llegó a un Acuerdo de Solución Amistosa con los familiares de la víctima, reconociendo su responsabilidad y comprometiéndose a pagar una indemnización, dar diversas prestaciones a los familiares e investigar y sancionar los hechos.
La única investigación con miras a establecer responsabilidades por las esterilizaciones forzadas fue la realizada por una Subcomisión del Congreso en 2002, presidida por el ultraconservador congresista Héctor Chávez Chuchón. Sin embargo, dicha investigación tuvo un error fundamental, al calificar como genocidio lo ocurrido con esta mala praxis médica. De acuerdo con la definición de genocidio señalada por el Derecho Internacional, dicha conducta no califica como tal, a no comprobarse la intención de desaparecer a un grupo étnico o social. Ello hizo que el Pleno del Congreso de la República no ratificara dicho informe.
Sin duda será un caso complejo, dado que han pasado varios años de los hechos y por la utilización que podría darse al caso, desde varios sectores. Además de la judicialización de este caso, el tema clave que tendrá que tener en cuenta el Estado es que no puede utilizar mecanismos de cuantificación para medir el éxito de programas de este tipo, dado que ese fue el origen de prácticas que, como vemos, dañaron los derechos de muchas mujeres a elegir de manera informada.
Y sería un horror por lo siguiente. A Fujimori - como a Abimael Guzmán - se le procesará con la ley penal vigente al momento de su captura. Sin embargo, de acuerdo a la Constitución, cualquier modificación penal que lo beneficie - léase, baja de pena - puede ser aplicada de inmediato a su favor. ¿No les bastó con tener a Souza como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en pleno proceso de extradición? No aprenden.
El segundo caso tiene que ver con la Corte Superior de Lima que podríamos calificar de “paso de guatemala a guatepeor”. Veamos la historia:
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