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A la memoria de Hubert, dos años después

Ayer, leyendo la revista Ideele, me enteré que hace algunas semanas, el diario Expreso, uno de esos medios de comunicación que sigue poniendo sal a las heridas del conflicto armado interno, se vanagloriaba de esta noticia:

El Ministerio Público abrió investigación preliminar por los presuntos favorecimientos que tuvieron algunos acusados por terrorismo, con la designación de sus abogados, que luego integraron la Comisión de Indultos, Derechos de Gracia y Conmutación de Pena, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua Corazao.

La titular de la 55° Fiscalía Provincial Penal, Frecia Junchaya Vera, será la encargada de las pesquisas en torno a la entrega de pruebas que hace tres semanas EXPRESO hizo a la mesa de partes de la Fiscalía de la Nación, en las cuales existirían claras referencias de que se indultó a los acusados por terrorismo, que resultaban siendo culpables de ese delito y otros afines.

Como es costumbre, Expreso miente. Y miente para seguir con dos de sus más grandes campañas: la persistencia en el terrorismo como el mayor problema de seguridad del país y la persecusión contra las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, a las que siempre ha tachado - sin pruebas - de ser órganos de defensa del terrorismo.

Como bien se recuerda, durante el gobierno de Alberto Fujimori se dieron una serie de leyes para procesar a los acusados por terrorismo. Estas normas vulneraron todas las garantías del debido proceso garantizadas por la Constitución y los tratados internacionales, a tal punto que el propio dictador tuvo que darse cuenta que tenía un problema social: cientos de inocentes en prisión. Por ello, se creó una Comisión Ad Hoc para identificar esos casos y recomendarlos para el indulto presidencial. La Comisión fue conformada por el Defensor del Pueblo, el Ministro de Justicia y el padre Hubert Lanssiers.

El trabajo de la Comisión duró 3 años y luego fue incorporada al Ministerio de Justicia, pero el interés de Fujimori en el tema disminuyó. Fue durante el gobierno de Valentín Paniagua cuando el tema cobra un nuevo impulso y se reconstituye la Comisión, llamándose de nuevo a Lanssiers y a varios abogados especializados en derechos humanos, como Ernesto de la Jara, Wilfredo Pedraza (como representante de la Defensoría del Pueblo) y Javier Ciurlizza (entonces jefe de asesores del Ministerio de Justicia). Todos estos abogados conocían de la situación de las cárceles en el Perú y del drama que suponía la permanencia de inocentes en las prisiones peruanas.

¿En qué consiste la acusación de Expreso? En que todas estas personas patrocinaron casos de “terroristas” y que hubo un tráfico de influencias para liberar a patrocinados por las organizaciones en las que estas personas trabajaban.

Esta acusación es falsa por tres motivos:

1. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos prohibe a sus organizaciones miembros patrocinar casos de terroristas, por lo que están obligadas a hacer una investigación previa a quienes se acercaban a sus puertas para hacer las denuncias respectivas. Eso implicaba un drama humano adicional para quienes se sentían afectados, pero suponía, a la vez, un resguardo para estas organizaciones y una garantía para los familiares de que su caso sería visto.

2. Los casos, en efecto, eran presentados por las organizaciones a las que estas personas pertenecían. Pero la mayor parte de ellos fueron presentados con anterioridad a su nombramiento. Ademàs, era excepcional que otro tipo de abogados patrocinara a los inocentes en prisiòn. La pertenencia de los mismos a sectores con menores recursos para acceder a la justicia y la renunencia de varios abogados a comprarse este tipo de causas provocaron esta situación. ¿Alguna ganancia por ello? Ninguna. Los indultos no daban - ni dan - derecho a indemnizaciones monetarias y estos casos se defienden sin cobrar un solo centavo. Y no solo las ong’s a las que se sataniza presentaron casos, sino también el propio Lanssiers, a través de la Obra Recoletana de Solidaridad, un pool de abogados ex alumnos del Colegio Recoleta que comprometían parte de su tiempo en revisar los casos que Hubert conocía por sus visitas interdiarias a los penales.

3. El indulto no era otorgado por esta Comisión, sino por el Presidente de la República. Lo hizo Fujimori y también Paniagua y Toledo. Los casos eran presentados cuando existía unanimidad en los mismos y cuando se comprobaba que no existía relación alguna con el terrorismo. Justamente, para llevar a cabo esta labor de reparar vidas frustradas por una condena injusta fue este trabajo.

¿Por qué esta campaña? Para mi es claro. Con sus virtudes y defectos - sobre los cuales debieran hacer una revisión -, las organizaciones de defensa de los derechos humanos han contribuido a que varias causas importantes se vean en el Perú y son de los organismos más críticos con el actual gobierno. Los medios que más las contrarían son aquellos que comparten tres características: lenidad frente al fujimorismo y su atroz herencia, un macarthismo militante y una adhesión a Alan García que hace palidecer al propio Mauricio Mulder. Por ello no me extrañó que el Presidente quisiera mezclar inocentes con culpables publicando las listas de todos quienes pisaron las cárceles por terrorismo, sin importar que más de 1,000 personas no tuvieran culpa de nada.

Pero en el camino, además de manchar honras de quienes participan en esas organizaciones, se embarra a un sacerdote que falleció hace dos años - y que no puede responder, por tanto, a esta ignonimia - y que durante toda su vida luchó para que la vida de las personas que viven en las cárceles sea más digna y, además, se pretende buscar la nulidad de los indultos otorgados, cuestión que es jurídicamente imposible y que, además, añade un drama adicional a quienes vivieron un tiempo en las prisiones peruanas, esa sucursal del infierno, sin haber cometido delito alguno.

Y quizás, por ello, sea importante recordar alguno de estos casos:

“Cada minuto que pasaba parecía una inacabable hora. Prohibida la lectura, la escritura, el trabajo, parecíamos seres del mundo vegetal. La visita familiar era una vez al mes por un máximo de 30 minutos. La visita de los hijos menores, el mismo tiempo pero cada tres meses” (Yehude Simon)

Se trata de vidas, de compatriotas como nosotros. Por eso es que acusaciones como estas me generan tanta rabia.

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Antes de almorzar, chequee la extraña conferencia de prensa de Gustavo Espinoza - parlamentario del bando de Torres Caro - en la que se mandó con una denuncia que parecía de alto calibre o la cortina de humo del día: una joven de 22 años acusaba al ex presidente Alejandro Toledo de haberla violado sexualmente en su última venida al Perú.

Prudentemente, algunos bloggers señalaron que había que ser cautos con la denuncia, pero sin descartarla del todo, dada la gravedad de las imputaciones.

Sin embargo, parece que la hipótesis de la cortína de humo es la más plausible. Vía RPP:

Según el mayor PNP Carlos Villacorta de la comisaría de Orrantia del Mar, informó que en ningún momento la joven Diana Carolina Arévalo Sagastegui de 22 años, había presentado denuncia sobre un supuesto acto de violación.

El efectivo policial dijo que solo se registro en el libro de ocurrencias, que la joven en evidente estado de ebriedad declaró haber sido violada por un persona que “no identifico”.

La joven había llegado a la comisaría a las dos y treinta de la madrugada del día 19 de septiembre, traída por un efectivo de serenazgo, cuando esta bajó de un taxi en el cruce de la Avenida Javier Prado con la calle Eucaliptos.

Al parecer la joven no quiso pasar el examen médico para comprobar la supuesta violación, y más bien solicitó a la policía la presencia de su madre.

Este caso de una supuesta violación por parte del ex presidente Alejandro Toledo contra la joven Diana Arévalo, fue hecho pública por el congresista Gustavo Espinoza.

Sin duda, el caso debe seguirse investigando para terminar de aclararlo. Pero suena bastante curioso que un congresista funcional al APRA y al Antaurismo saque esta denuncia cuando mañana se votará la censura a Alva Castro y cuando se desata la controversia por la reunión Humala - Toledo.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Comercio: Chakanos enjuiciarán a Gustavo Espinoza por difamación

ACTUALIZACION (04.10.2007 12:15 AM)
Bueno, luego de ver Prensa Libre y La Ventana Indiscreta me queda claro que esto fue una cortinaza de humo. Y que algunos periodistas siguen guiándose por la mala fama ganada por algunas conductas de nuestro ex Presidente para suponer que hubo efectivamente juerga (yo no sería tan temerario en afirmarlo o en poner una encuesta sobre el tema, en fin, cuestión de estilos).

Increiblemente, termino coincidiendo con Aldo Mariátegui:
Sobre esta acusación de violación contra Toledo, el congresista Gustavo Espinoza debe ser desaforado inmediatamente del Congreso y procesado judicialmente de comprobarse que es una inmunda calumnia. Personalmente, no creo que sea verdad (¡espero!) y me parece un despropósito que se enlode tan alegremente la imagen de un ex presidente de la República, que representó a la nación, por más que sea alguien que devaluó tanto la majestad del cargo como Toledo (¿se acuerdan de esa foto de Caretas donde se le ve orinando –ya siendo Presidente– junto a un helicóptero? ¿Cuando agarró de los cachetes a la Reina de España y le zampó dos besos? Y mil más de esas, aunque muchísimo peor para la dignidad presidencial fue renunciar por fax o postular al Senado de Japón…).

OTRA VISION DEL TEMA, DESDE LA ETICA Y EL PERIODISMO:
Menos Canas: Cortinas, censuras, violaciones e interrogatorios.

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