Oscar Valdés Dancuart debe, más temprano que tarde, salir de la Presidencia del Consejo de Ministros. No hay detrás de esta opinión el deseo que Ollanta Humala vuelva a su programa económico original, como algunos desde el lado zurdo postulan. Por el contrario, creemos su presencia resulta un obstáculo para mejorar la confianza en la inversión privada, así como para la consolidación democrática y de los derechos humanos en el Perú.
El manejo del conflicto social del proyecto Conga desde la Presidencia del Consejo de Ministros ha sido lamentable. Valdés pensó que el diálogo se reemplazaba por un monólogo a su cargo. Su actitud no solo atizaba la confrontación con los sectores más radicales de los opositores a este proyecto, sino que dejaba sin piso las acciones que desde los ministerios de Vivienda y Ambiente se hacían para apaciguar los ánimos e iniciar obras necesarias para Cajamarca.
Vinculado con este tema, las acciones de Valdés en torno a la descentralización han sido gaseosas e imprecisas. Lejos de impulsar regiones en serio que sustituyan una departamentalización absurda, el titular de la PCM busca que vayamos hacia juntas macrorregionales, cuyo destino y alcances son aún nebulosas. Peor aún, esta iniciativa, como ha señalado el analista Javier Torres Seoane, no ha sido consultada a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
Sumemos a ello sus penosas declaraciones sobre el informe final de la CVR: “si bien es un informe bastante completo, hay que ver que mucha gente presentaba cuadros desgarradores y hubo mucha teatralización, y cosas que sobredimensionaron la cantidad de damnificados y el rol de las FF.AA.”. Esto fue un insulto a las víctimas de la violencia, sea del terrorismo o de agentes del Estado, quienes se presentaron en las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad.
Y esta semana volvió a meter la pata, cuando, en relación a la “Operación Libertad”, señaló “La operación ha sido impecable, siempre van a haber muertos”. Declaraciones indolentes frente a los familiares de los policías que murieron en acción, quienes requieren de apoyo del Estado en periodos de duelo, como ha señalado la CNDDHH en un informe de 2010. Más aún, cuando hoy se conoce, gracias a IDL-Reporteros, que tres de los suboficiales fallecidos fueron abandonados por uno de sus superiores.
Existe un costo político para Palacio de Gobierno en esta decisión. Pero es preferible tomarla ahora antes que el Gobierno tenga menor capacidad de maniobra para afrontar problemas tan complicados como los de este semestre.
No me encuentro entre quienes han estado militantemente entre el “Conga va” y el “Conga no va”. Creo que ambos lados tienen argumentos a favor de sus posiciones, pero también serios vacíos en sus fundamentaciones. Soy de los que cree en la inversión privada, pero no a cualquier costo. Me encuentro entre quienes señala que Yanacocha ha cometido tantos errores en su haber que tiene bien ganada su mala fama, pero también veo inviable una expulsión de la empresa sin costo alguno. Definitivamente Cajamarca tiene que ver más allá de la minería para su desarrollo, pero los opositores a la misma hasta ahora no presentan una propuesta alternativa que supla su falta o agotamiento inexorable. Y podría seguir enumerando.
Más que un traidor, como ahora lo califica un sector de la izquierda, Ollanta Humala siempre fue un enigma. Nunca lo vi convencido de las tesis más maximalistas que algunos de sus otrora compañeros de ruta propugnaban. Cuando uno revisa su libro “De Locumba a candidato a la Presidencia del Perú” no percibe a un radical chavista, sino a un ex militar que tiene sus propias ideas sobre la relación entre el Estado y el capital. Tal vez por ello es que Salomón Lerner Ghitis tenía tanta empatía con él. Tal vez es eso lo que hace que Luis Miguel Castilla atraque gestos como los del Lote 88. Y tal vez por eso es que Ricardo Giesecke tan rápidamente haya salido a revindicar el mensaje presidencial de ayer como un triunfo del gabinete del que formó parte. No olvidemos que Lerner Ghitis, a fin de cuentas, es empresario.
De allí que, en ese contexto, el mensaje de Humala de ayer sea absolutamente congruente con su propia evolución. Y de allí que tengamos descontentos entre quienes querían al Ollanta del programa original y resignados a quienes lo veían como el cuco anti inversiones. Viéndolo en frio, no deja contentos a ninguno de los dos extremos.
Ya en el fondo del mensaje, lo enunciado constituye una expectativa y una oportunidad. Y de allí que sean necesarios gestos rápidos: presentación de proyectos de ley en la mira de modificar estándares ambientales para elevarlos a patrones internacionales, una mejora sustancial de la pobre política de comunicaciones que ha tenido el gobierno - que debe llevar, sin duda, a un par de despidos - y el fortalecimiento paulatino del Ministerio del Ambiente. Cobra en ese esquema, mayor importancia, el ministro Manuel Pulgar Vidal. El es quien ha pasado a convertirse en una figura central en el gobierno y quien se juega su inamovilidad en esta iniciativa.
En ese juego, la presencia de Óscar Valdés se hace aún más precaria en el gabinete. Y no solo por las razones enunciadas en nuestra columna de ayer en El Comercio, sino porque su posición de que el proyecto salga a todo costo es la que ha terminado enterrada y, además, en este caso, se requiere de alguien con mejor muñeca política que un ministro acostumbrado al monólogo y a la frase tan rápida como inoportuna.
Finalmente, cabe señalar que este tema no se cierra con el mensaje de ayer. El gobierno deberá ser sumamente cuidadoso en los mensajes hacia los ciudadanos de Cajamarca. Yanacocha deberá evaluar si es que esta fórmula, finalmente, le es rentable o si deja el proyecto por falta de ganancias. Y hay anuncios que deberán ser observados para su cumplimiento. Más allá de Conga, el partido de fondo que juega Ollanta Humala es el de tener otras condiciones para las empresas, sin que ello suponga una pateada de tablero. Y ello, como indicó Juan Carlos Tafur ayer, implica hacer política en serio.
César Acuña Peralta, alcalde de Trujillo elegido en dos ocasiones. Líder de Alianza Para el Progreso. Y un político con aspiraciones a ser Presidente de la República en 2016.
Para conseguir ese objetivo, Acuña ha dado algunos pasos: contar con representantes en el Congreso - su hijo Richard y Luis Iberico, quienes integran Alianza Por el Gran Cambio -, dos presidencias regionales (Lambayeque y Ayacucho), dos triunfos personales consecutivos frente al APRA, una imagen de “empresario emprendedor exitoso” y, sobre todo, clientelismo.
Hace poco más de un año, Carlos Meléndez estuvo en Trujillo y exploró el modelo clientelista de Acuña, cuyos elementos han logrado varios de los logros antes mencionados, pero no fueron suficientes para que PPK tuviera una votación alta en el norte que le permitiera pasar a segunda vuelta. Un modelo que incluye una fundación con el nombre de la madre del alcalde, miembros de APP que trabajan en la Universidad César Vallejo, estudiantes que hacen sus trabajos de tesis de la UCV en los lugares donde el partido de Acuña tiene autoridades. Y podríamos seguir enunciando elementos.
Ayer, Christopher Acosta, periodista de INFOS, presentó un reportaje publicado tanto en la revista Poder como en La Mula que revela varios datos que refleja el presunto uso de fondos públicos para hacer proselitismo. El resumen, en un párrafo:
El desvío de fondos benefició la campaña reeleccionista de Acuña a la alcaldía en el 2010. Decenas de militantes de Alianza para el Progreso (APP), su partido, recibieron cientos de miles de soles que solicitaron a una partida de ‘subvenciones sociales’ del gobierno local. También con dinero público, el municipio financió irregularmente hasta treinta fiestas de los trabajadores ediles. Tres millones de soles, un poco más de la tercera parte de los fondos entregados de esta partida durante la primera gestión de Acuña, no fueron justificados por los beneficiarios.
Aunque vale la pena leer el reportaje completo, vayamos a los cuadros y a las imágenes, que reflejan bien lo ocurrido. Estas son las subvenciones sociales más controvertidas otorgadas en Trujillo:
Tenemos informaciones acerca de que las subvenciones además benefician a afiliados a su partido. Sobre todo las de montos fuertes. ¿Es cierto eso?
Yo puedo asegurar que ninguna subvención ha ido a afiliados. Y cuando es una subvención a personas no pasa de S/.5 mil.
¿Está usted seguro de eso?
Seguro. Caso contrario me dan el nombre y yo mismo hago el seguimiento.
Pero podrían ser personas naturales que representan a un barrio, una asociación de vecinos, que solicitan fondos para fines colectivos, compra de útiles escolares, etc.
Yo creo que hay una mala información. Yo he repartido 50 mil paquetes escolares, yo, con mi dinero, y no solo ahora, en diciembre y mayo hice lo mismo. La gente pensará que es con dinero de la municipalidad, pero no es así.
¿No hay entonces dinero de subvenciones que vaya a beneficiar a partidarios de APP?
Ninguna. Y si fuera así, pobre funcionario. Acabo de cambiar funcionarios. (El informe demuestra que partidarios de APP recibieron algunos de los montos más altos de partidas a personas naturales).
Otro detalle está en las fiestas financiadas a los trabajadores. De acuerdo con el reportaje de Acosta, este financiamiento tuvo un objetivo: evitar paros de los sindicatos de empleados de la municipalidad. Estos son los montos:
Al preguntársele a Acuña por este tema, él indicó:
¿Es cierto que con el dinero de subvenciones se han financiado 27 fiestas para los trabajadores de la municipalidad?
Hay un pacto colectivo con los obreros y trabajadores, y en él hay subvenciones para la celebración de sus aniversarios.
Sin embargo, este dinero sale de la partida de subvenciones sociales, que debe estar destinada a fines benéficos. ¿No ha desnaturalizado su verdadero fin?
Pero es por pacto colectivo. Desgraciadamente la única forma de sacar este dinero es del rubro de subvenciones. Por ejemplo, una subvención para un almuerzo de los mil obreros. Creo que es un reconocimiento a trabajadores que han servido a la municipalidad por más de veinte años, no es mala inversión. Ahora, no es un pacto colectivo hecho por mí, viene de antes.
Para estas fiestas se han destinado montos de hasta S/.49 mil para celebraciones con orquestas, alcohol, que salen de la partida de subvenciones sociales.
Con alcohol que yo sepa no. Ahora, que se hayan comprado su whisky, quizás los funcionarios. No sé.
¿No había alcohol? Pues un video con una de las pachangas del Sindicato de Obreros Municipales de Trujillo (Somut) muestra que sí. Hablan las imágenes, con agradecimiento a Acuña incluido:
Si me preguntaran por una razón que demuestre la necesidad de realizar procesos judiciales a agentes del Estado por las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y el 2000, recomendaría escuchar el testimonio brindado esta semana por Telmo Hurtado, sindicado como principal responsable de la matanza de Accomarca, ocurrida el 14 de agosto de 1985.
Para quienes no recuerdan o no habían nacido cuando este suceso se produjo, aquí una breve reseña. De acuerdo con la narración de la CVR, una patrulla del Ejército entró al referido distrito de la provincia de Vilcashuamán (Ayacucho) y, sin enfrentamiento alguno de por medio, asesinó a 62 personas, incluyendo 26 niños, cuyos cuerpos fueron destrozados con granadas luego de la masacre.
Ante el Congreso de la República, Hurtado intentó justificar la muerte de mujeres y niños con estas palabras: “Uno no puede confiar de una mujer, un anciano o un niño […] los comienzan a adoctrinar desde los 2 años, 3 años, llevando cosas […] poco a poco, a fuerza de engaños, de castigos, van ganándolos a su causa”.
Desafortunadamente se impuso la impunidad. Hurtado apenas fue condenado a seis años de prisión por abuso de autoridad en el fuero militar y se benefició de la ley de amnistía emitida en el gobierno de Fujimori. Incluso pudo proseguir su carrera militar, hasta que una denuncia del Instituto de Defensa Legal sobre torturas en San Ignacio (Cajamarca) en 1999 hizo que se le diera de baja. Años más tarde, fue ubicado en Estados Unidos y, luego de varios años de procesos y recursos judiciales, fue extraditado.
Esta semana, Hurtado confesó su responsabilidad en, al menos, parte de los sucesos. No solo ha reconocido ser autor del asesinato de 31 personas, sino que también ha indicado a otros posibles responsables materiales y mediatos de tan execrable crimen. Además, ha reconocido que encubrió a sus superiores para que no afrontaran procesos judiciales y que presenció, en junio de 1985, la ejecución extrajudicial de 14 personas en el cuartel Los Cabitos, ubicado en la ciudad de Ayacucho.
El testimonio de Hurtado resulta importante no solo para el proceso judicial en el que se encuentra comprendido. También muestra cómo se ordenaron, toleraron y encubrieron sucesos horrendos en nombre de la pacificación del país. Hechos que deben ser mejor procesados por el sistema de justicia, donde subsisten dos problemas centrales: acusaciones fiscales que deben construirse mejor y jueces que no están valorando adecuadamente las pruebas en varios casos.
A ello se suma el menosprecio con el que algunos políticos se refieren a estos sucesos y sus víctimas, cuyos familiares deben obtener verdad, justicia y reparaciones. Todo ello en nombre de un malentendido aprecio a las Fuerzas Armadas, a las que se daña al mezclar a quienes combatieron con honor con asesinos como Telmo Hurtado. Más allá de la sanción en este caso particular, es necesario que el país tenga una memoria completa de dos décadas de horror que no podemos volver a vivir.
Santistevan de Noriega fue el primer Defensor del Pueblo que tuvo el Perú, entre 1996 y 2000. Y en aquellos años, en los que el autoritarismo fujimorista arreció con miras a perpetuarse en el poder, la labor que hizo fue significativa. La Defensoría del Pueblo no sólo fue la única institución a la que el aparato de poder dirigido por Fujimori y Montesinos no pudo controlar, sino que ganó rápidamente una reputación de independencia y confiabilidad. El liderazgo que tuvo fue crucial para que una institución naciente adquiriera peso.
Toda esta labor fue emprendida en medio de uno de los periodos más duros del país. Y por ello el Perú, más allá de los homenajes póstumos que se darán en las próximas horas, le debe las gracias por los servicios prestados a favor de nuestra patria.
Al cierre de este post, ninguna dependencia estatal había colgado aún el peritaje sobre aguas superficiales y subterráneas a ser utilizadas por el Proyecto Conga. Este hecho pone la cereza sobre el pastel acerca de una presentación que fue francamente chambona en lo que respecta a las formas. Augusto Álvarez Rodrich lo resume así:
Esto es un error garrafal. En una situación de alta tensión social y desconfianza, un gobierno no se puede dar el lujo de dejar de ser prolijo y de generar más suspicacia con cambios de fechas, demorándose en hacer los anuncios, y con una pobre capacidad para explicar, con sentido didáctico, contundencia y claridad, las conclusiones principales.
En la manera como el gobierno ha conducido el proceso de comunicación del informe de los peritos internacionales se percibe, además, un gran desprecio por quien debía ser el destinatario principal de los mensajes, que no es otro que el pueblo de Cajamarca.
En los gestos, formas y modos, el gobierno debió haber hecho todo el esfuerzo para que los cajamarquinos fueran los primeros en conocer las conclusiones. Lamentablemente, no ha sido así. Por el modo como el gobierno ha manejado este proceso, solo ha contribuido a incrementar la suspicacia y la desconfianza. Y, lamentablemente, por su mediocre capacidad de comunicación, el debate corre el riesgo de que se quede en la forma y no ingrese al fondo.
En cuanto al fondo es poco lo que se ha podido saber hasta ahora. El único diario que ha podido traducir en algo al castellano común y silvestre lo que dijo el ministro Manuel Pulgar Vidal es La República. Y de lo que se deprende de lo señalado allí es que el proyecto tendrá que hacer varios ajustes para que termine de ser viable. Surge de allí la pregunta sobre sí Yanacocha verá como rentable un proyecto al cual, con el peritaje, se incrementarán los costos en tiempo y dinero. Con ello, la decisión de sí “Conga va o no va” no sólo pasa por Palacio de Gobierno, sino también por lo que en las oficinas de Newmont y Buenaventura se decida cuando el peritaje les sea remitido. A ello se suman las dificultades en la relación Yanacocha - Cajamarca que están aún lejos de superarse.
Pero lo que pone en evidencia, desde ya, el haber hecho el peritaje (aun) desconocido, es que es necesario realizar ajustes a la normativa minera, sobre todo, en temas ambientales. Ayer Javier Torres Seoane lo expuso en sencillo en el programa de Rosa María Palacios (la asociación SER, a la que Torres pertenece, ya ha hecho propuestas de políticas en la materia) Y desde su cuenta en Twitter, el economista Pablo Secada (a quien no puede acusársele de marxista) indicó algunos posibles cambios: Estudios de Impacto Ambiental a cargo del Ministerio del Ambiente con términos de referencia y asesorías por consultoras elegidas por concurso, fortalecer tanto al MINAM como al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), cambiar el canon por un Fondo Soberano de Riqueza, así como un trabajo conjunto y el fortalecimiento de capacidades para las intervenciones públicas en zonas de influencia de la minería.
A corto plazo, el gobierno deberá hacer esfuerzos mucho mayores para poner sus mensajes en un lenguaje claro, sencillo y directo. Del lado del Gobierno Regional de Cajamarca, por lo menos ayer, han bajado en algo el tono de la discusión. Pero serán necesarios mayores esfuerzos de las tres partes involucradas para solucionar el conflicto alrededor de un proyecto que ha terminado entrampado en medio de dificultades que requieren, de un lado, algunas reformas y, del otro, recuperar la confianza (o construirla).
Ayer estuvo circulando por Twitter la foto que ven arriba. Y tiene una historia bastante interesante que es preciso contar por partes.
El sábado, mientras todos estábamos preocupados por lo que ocurría en Kepashiato, Alan se mandó con un comunicado bastante fuerte dirigido a sus compañeros de partido. La fecha era simbólica, pues el 14 de abril se cumplían 27 años de la elección de García como Presidente de la República por primera vez. La carta pedía la renovación de toda la dirigencia nacional del APRA, pero no precisaba si esa renovación lo incluía o no a él. Quizás los párrafos más fuertes sean estos:
El Perú percibe que en el Partido hay muchos conflictos internos. Entonces debemos hacerlo más transparente ante los ciudadanos, desterrando los apetitos y conflictos que tanto daño le han hecho y demostrando que es un instrumento del pueblo y no un peldaño para los que ocupamos algún lugar dentro de él.
El Perú cree que algunos usaron los cargos del gobierno para su beneficio o proyecto y exige moralidad y eficiencia. Hoy, las ideas que hace ochenta años parecían exclusivamente apristas se han difundido y gracias a Dios están en casi todas las conciencias y programas: la justicia social, la afirmación nacional, la descentralización, la integración del continente. Todo eso ya no pertenece al Partido pero nuestro papel hoy es tratar de ser los mejores ejecutores de esos ideales junto a otros ciudadanos. Pero para ello el país nos exige intransigencia ante el aprovechamiento y la falta de preparación. Porque basta que uno o unos pocos pequen para que todo el conjunto sea descalificado, si no deslindamos y depuramos con energía y escarmiento.
La misiva fue un auténtico exocet en Alfonso Ugarte. Y ello porque en la Casa del Pueblo las cosas andaban movidas. La carta, como indica el periodista Martín Hidalgo de La República, debe leerse en esa clave:
El anuncio. El secretario general del partido, Jorge del Castillo, adelantó hace dos semanas que el próximo 28 de mayo se llevarán a cabo las elecciones internas del partido para elegir a los dirigentes de base de Lima y del Callao, quedando pendientes las fechas para los comités provinciales. Pero lejos de ser la solución, agravó mucho más la crisis.
El comunicado. Diez secretarios generales de Lima y 14 de regiones emitieron un pronunciamiento en respuesta al ex hombre de confianza de Alan García. En el texto afirman que el anuncio es un incumplimiento que contraviene el ordenamiento legal que regula al Partido Aprista.
“Las normas del Partido Aprista establecen que mientras esté convocado un evento de la magnitud del Congreso Nacional, no están permitidas elecciones internas de ninguna índole”, dice el documento.
La carta. Ante el enfrentamiento ocurrido después de dos meses de la conmemoración del 117 aniversario del natalicio del líder histórico Víctor Raúl Haya de la Torre, Alan García salió al frente.
En tres páginas, el ex presidente ha exigido la renovación de la dirigencia aprista. Además, pone, entre líneas, condiciones para seguir en la conducción del partido hacia el 2016. Es una respuesta al anuncio y al comunicado. El máximo líder ya había advertido la encrucijada de la situación: el antagonismo de secretarios generales y el enraizamiento de ciertos dirigentes regionales.
Según Hidalgo, las pugnas AGP - JDC tuvieron un episodio complicado en febrero, con las celebraciones del Día de la Fraternidad:
En la última comisión política antes del mitin de febrero, el máximo líder aprista pidió no atacar a Ollanta Humala y repartió los temas que disertarían sus secretarios generales: Omar Quezada rendiría homenaje a Haya de la Torre, y Jorge del Castillo destacaría los éxitos de su segundo gobierno.
Pero en el mitin, Jorge pidió a Humala poner orden en el Partido Nacionalista en un tono desafiante, que después ha sido apaciguado por García.
¿Del Castillo ha sido el lado oscuro de su gobierno? No. Del Castillo hizo un excelente primer ministerio y evidentemente era un buen candidato a la presidencia. Hubiera dado qué hacer en esta campaña, pero él cometió el error, metió la pata. Desde el primer día en el Concejo de Ministros dije que había algunas personas con las que no me gustaría verlos, ni serán aceptados en Palacio.
(Entrevista de Milagros Leiva a AGP, 06.03.2011)
¿Por qué los dirigentes apristas presidenciables que se acercan a usted terminan enterrados?
Pero tienen todas las opciones. Jorge era un excelente primer ministro y era bien reputado por todos y un escándalo lo afectó [‘petroaudios’], se lo llevó de encuentro y veremos qué hay de cierto en el escándalo, pero sigo sin imaginar siquiera que tenga él ninguna responsabilidad pecuniaria.
¿Fue el escándalo más difícil de su gobierno?
El lío más grave porque hasta ese momento el Gobierno navegaba con buen viento y sin ningún tema que le pudieran poner etiqueta. Los puntos flacos del gobierno anterior [el primero] fueron: sectarismo, pero hemos gobernado con personas que no eran del Partido Aprista dándole al partido sus ministerios y la presidencia del Consejo de Ministros, que es fundamental, consejo que doy siempre. En segundo lugar, inflación y en tercer lugar corrupción. Ya no es solamente que no hay que ser corruptos sino tampoco parecerlo. He intentado cuidarme de eso como en una pila de agua bendita. Invito a El Comercio –que conmigo ha sido objetivo, crítico a veces, fregado– le entrego todos mis papeles inmobiliarios, de ingresos de gastos, de bienes. Verifiquen que tengo la cuarta parte de lo que tenía cuando entré porque la mujer del César no solo tiene que ser honesta sino parecerlo.
(Entrevista en El Comercio a AGP, 15.07.2011)
Volvamos al presente. A las pocas horas que saliera la nota de La República, apareció la foto de Alan y Jorge departiendo en el Starbucks de Chacarilla (esquina de Velasco Astete con Angamos). Pero hay un detalle que hacen notar en Diario 16 y que también lo comentaron ayer por el Twitter (links añadidos míos):
Se supone que estaban distanciados y todo indica que esta ‘instantánea’ o ‘ampay’ habría sido armada nada menos que por el ‘Tío George’. Y la sospecha es porque quien la publicó fue un tal Karl Mandros Poblet o @kmandros en Twitter, nada menos que trabajador de una ONG vinculada a Miguel del Castillo, hijo del expremier.
La pregunta de fondo es sí realmente se viene una renovación en el APRA o sí, para variar, todo es pura finta. En este caso, habrá que esperar que ocurre en Alfonso Ugarte en los próximos meses.
Luego de depurar toda la serie de especulaciones que se tejieron en las últimas 48 horas, el relato más claro, hasta el momento, de lo ocurrido con la liberación de los rehenes en Kepiashato, es el que dio ayer vía Twitter Rosa María Palacios. Recopilo en el párrafo siguente lo que señaló en su cuenta anoche:
Las FFAA y FFPP presionaron vía aérea la zona. Los terroristas liberaron rehenes para movilizarse. No hay un rescate, mas bien lo que hay es un combate. En ese escenario los rehenes dejaron de ser útiles a los terroristas. Los objetivos terroristas parecen ser dos: golpe mediático y presión ecónomica. El primero lo lograron, el segundo es negado por las empresas y el Estado. Las lamentables bajas policiales y militares, heridos y desaparecidos dan cuenta del combate entre dos fuerzas. No sabemos bajas terroristas.
Esto es básicamente lo que, hasta el momento, se conoce de los hechos. Pero hay otros elementos que requieren analizarse para repetir errores, a partir de lo visto este fin de semana.
1. EVITAR TRIUNFALISMOS:
Si algo ha caído mal en un sector de peruanos es que el gobierno, más allá del legítimo derecho a resaltar su imagen, haya dado muestras, en las primeras horas, de excesivo triunfalismo. El mismo se vio reflejado en la portada del diario oficial El Peruano de ayer que hablaba de “una victoria impecable”. Y ello cuando ya se tenía, por lo menos, confirmado el fallecimiento de un miembro de la Policía Nacional.
No cabe duda que la liberación de los rehenes, en sí misma, es un alivio. Pero también han fallecido tres suboficiales de la PNP y hay dos comandos de la Policía que están desaparecidos. Este costo en vidas hace que la calificación del operativo como impecable no sea la más feliz. El empleo de lenguaje de este tipo para subir los bonos del Presidente de la República no le cae bien a nadie, por más que se entienda que desde el Estado se han hecho esfuerzos para que los rehenes queden libres y con vida.
2. BRINDAR INFORMACION OPORTUNA A LOS FAMILIARES DE SOLDADOS Y POLICIAS:
Si hay algo que ha sido una constante es la carencia de información oportuna a los familiares de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas sobre el estado de los heridos y sobre el fallecimiento de oficiales y suboficiales. De hecho, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos preparó hace un par de añosun informe sobre derechos de policías y militares e indicó como hallazgo que:
No se informa adecuadamente a las familias de los hechos, no se atienden las necesidades urgentes que surgen luego de un evento tan traumático y lo que es el colmo, bajo un cálculo económico mal entendido, en ocasiones los funcionarios a cargo de la califcación de los hechos procuran distorsionarlos, para que a los afectados o deudos no les correspondan todos los benefcios de ley (menguar su mérito).
Es necesario que, además de los ajustes de estrategia militar, desde los ministerios del Interior y de Defensa tengan más en cuenta los necesarios componentes humanos y de bienestar que se requieren en estos casos. El acompañamiento en este tipo de situaciones no debe limitarse a las ceremonias fúnebres, sino también a un apoyo psicológico que en pocos casos se recibe. Revisen el documento arriba mencionado desde la página 94 y encontrarán que la CNDDHH alerta sobre un estado de cosas francamente lamentable.
Una diferencia esencial entre Perú y Colombia es que en el país se queda solo una pequeña parte del dinero producto del tráfico de cocaína. Los dueños del negocio están en México y Colombia, aquí solo hay empleados. No hay, entonces, fondos suficientes para armar un ejército enorme como el que tuvieron las FARC, unos 15.000 efectivos.
Una segunda diferencia es que las FARC operaban en toda Colombia, y controlaban amplios territorios donde podrían secuestrar o extorsionar a hacendados y empresarios. También tenían la capacidad y la logística para mantener rehenes por años. Los remanentes senderistas del VRAE operan en una zona agreste, poco poblada y pobre, y su control del territorio es relativo.
En suma, no hay nadie a quién secuestrar, salvo, eventualmente, a trabajadores locales del gasoducto, la única empresa importante de esa zona. Dos secuestros en una década no son suficientes para declarar una “farcarización”.
Como decía Sun Tzu en “El Arte de la Guerra”, es esencial conocer al enemigo para derrotarlo. De allí que sea importante evitar las calificaciones que distraigan de un mejor conocimiento de a quien debemos enfrentar. Por ello es necesario un análisis fino que vea las diferencias entre SL-VRAE y lo que vimos entre 1980 y 2000, así como las continuidades que indica Carlos Meléndez: clandestinidad, trabajo político, confundirse con la gente.
4. NO JALAR AGUA PARA EL MOLINO DE LA IMPUNIDAD:
Ejemplo claro del aprovechamiento político de los héroes para una agenda subalterna está en las declaraciones de Rafael Rey en Buenos Días Perú esta mañana, quien volvió a revindicar el Decreto Legislativo 1097 que cerraba los juicios a militares por violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000. Como lo señalamos en nuestra columna del viernes, en relación con el caso Accomarca:
A ello se suma el menosprecio con el que algunos políticos se refieren a estos sucesos y sus víctimas, cuyos familiares deben obtener verdad, justicia y reparaciones. Todo ello en nombre de un malentendido aprecio a las Fuerzas Armadas, a las que se daña al mezclar a quienes combatieron con honor con asesinos como Telmo Hurtado.
Aprovechar a caidos que cumplieron con su deber para darle impunidad a sujetos como Telmo Hurtado resulta francamente repugnante. Y peor aún, como lo hemos dicho en otras ocasiones, esta confusión de héroes con criminales daña más la imagen de las Fuerzas Armadas.
5. INTELIGENCIA, INTELIGENCIA E INTELIGENCIA: La única manera que este país ha logrado enfrentar al terrorismo con éxito es con inteligencia. Es cierto que en las zonas rurales es más difícil que lograr que en las ciudades, pero los logros obtenidos en el Huallaga, con las capturas de los principales líderes de la facción senderista que estaba en esa zona nos indican que ello no es imposible y que está allí la prioridad en el combate a la subversión. Ojalá ello sea entendido de una buena vez.
Aún resulta confusa la situación en Echarate (Cusco), luego que se conociera que las 36 personas secuestradas por elementos terroristas pertenecientes a SL-VRAE han sido liberadas con vida. Aquí se pueden ver las primeras imágenes de los liberados, vía Canal N:
Al respecto, dijo que la primera medida del Gobierno fue declarar el estado de emergencia en la zona y seguidamente disponer la creación de “un comando unificado de la Policía y el Ejército”, que actuará para recuperar a los trabajadores con vida y capturar a los secuestradores, a quienes se aplicará todo el peso de la ley.
Según indicó, las autoridades “tienen rodeada la zona de operaciones, que no es de fácil acceso” y consideró que las fuerzas del orden están preparadas para actuar en cualquier parte del país.
En ese sentido, dijo esperar que el secuestro en el VRAE “se resuelva pronto con costo cero”.
El jefe de Estado también envió un mensaje de esperanza a los familiares de los trabajadores secuestrados. “Estamos tomando en cuenta la vida de sus familiares”, expresó en declaraciones a TV Perú.
Humala expresó que “lo más fácil sería arremeter”, pero aseguró que ese no será el proceder de las fuerzas del orden al tratarse de vidas humanas.
Estas declaraciones se dieron luego que hoy, a través del diario La República, algunos de los familiares pidieran al gobierno que negociara con los secuestradores para que liberaran a los suyos. La respuesta del Ministro de Justicia fue señalar que no era política del Estado negociar con terroristas. En la misma línea se expresó el Ministro del Interior. Mientras que el analista en temas de defensa Ciro Alegría Varona señaló que era muy probable que sí existieran negociaciones entre la empresa y los senderistas, en forma similar a lo ocurrido en el secuestro de trabajadores de Techint en 2003.
Si bien la información sobre lo que viene ocurriendo en la zona es aún muy corta, sí se han podido reconstruir antecedentes de estos hechos, así como detalles del secuestro que deberían permitir una mejor acción en la zona.
Por su parte, Gustavo Gorriti ha dado algunos detalles sobre el modo de operación de SL en la zona, que convendría que en los servicios de inteligencia tuvieran en cuenta. Aquí los elementos centrales:
El grupo incursor dejó un ‘pronunciamiento’ manuscrito que, junto con las divagaciones ideológicas presentaba el asunto de fondo, que transcribo en lo relevante sin cambiar en nada su chirriante ortografía original:
“Srs. De la empresa transnacional Consorcio Camicea TGP (transportadora de Gaz del Perú), el militarizado justo y correcto Partido Comunista del Perú (…) no está en contra de sus intereses y sus propiedades y respetamos los contratos desididos con los pueblos originarios”.
Para que no hubiera duda, el “pronunciamiento”, luego de un par de párrafos a medio camino entre la interpretación y la arenga, finalizaba en forma pragmáticamente explícita:
“Finalmente, el partido fiel a su política de Frente Unido Democrático de respetar integralmente sus intereses y propiedades de los grandes consorcios, como el Gaz de Camisea, Campo Armiño, consorcios turísticos y otras inversiones, seán dentro de la base de apoyo o en cualquier región de nuestro Perú…” decía ser “… consiente que la burguesia siempre tratará (…) para que sus esbirros aniquilen al Partido la revolución (…) (pero los) bombardeos de aviones, son cacas de gaviota, los roketeos de los helicopteros son caquitas de culibri y cuanto más nutrido sea esto nos educan y nos preparan para las batallas por venir”.
Las metáforas escatológicas en la última parte del mensaje parecían referirse a las operaciones que llevaba a cabo la Fuerza Armada en esos días en la zona de selva del Mantaro, en cuyo desarrollo había perdido la vida el teniente EP Manuel Delgado Nauca. Pero la parte previa era nada menos que correspondencia comercial. En la zona más importante para el abastecimiento energético del Perú, el Sendero del VRAE hacía saber su interés de hacer negocios, de fomentar la inversión para participar en ella.
En el fondo, no había nada nuevo en eso. En las tres o cuatro entrevistas que ha dado el Sendero del VRAE (la que hizo el periodista Jaime Pacheco en 2004; la de Martín Arredondo y Roy Espinoza en 2009; la de Fernando Lucena en 2011), sus dirigentes se han esforzado en indicar que ellos no solo toleran sino alientan las inversiones en los territorios que ocupan o transitan.
En 2003, días después del secuestro de casi sesenta funcionarios de Techint en el campamento de Toccate, los senderistas los devolvieron salvos y enteros. A partir de entonces, no hubo problemas ni con Techint ni con el gasoducto, pese a los no infrecuentes encuentros en la puna entre grupos senderistas y técnicos de Techint. Todo indica que hubo un acuerdo de coexistencia que Sendero, siempre atento a los negocios, encontró aceptable.
¿Por qué entonces la incursión a Echarate y el secuestro de funcionarios? Es que Techint se va y entran nuevas compañías. Nueve años después, el caso de Toccate se repite con algunas variaciones.
Y como señala Gorriti, ello implica un fuerte peligro, dado que, además del narcotráfico y las dificultades militares, el hecho que SL-VRAE opere en una zona bastante cercana al yacimiento de energía no renovable más importante del país es algo que no hay que tomar a la ligera. De allí que sea importante un trabajo policial de inteligencia, complementado con algunas acciones militares, a fin que, como se viene haciendo en el Huallaga, en poco tiempo Sendero deje de ser una amenaza contra las inversiones y, sobre todo, contra los derechos humanos de quienes viven en la zona más peligrosa del país.
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