Archivo de 4 Febrero 2017

Tres columnistas de distintas profesiones han comenzado un debate sobre la vinculación que tendría la prevalencia de la tecnocracia en el Estado peruano con los casos de corrupción referidos a las obras hechas por constructoras brasileñas en nuestro país.

Carlos Mélendez indica que estamos ante una “tercera generación” de casos de corrupción, luego de la “partidaria” (el primer gobierno aprista) y la “anti partido” (el fujimorato).  Esta tercera ola vendrá a partir de la debilidad institucional con la que se han conducido los tres gobiernos democráticos de los últimos quince años y que no han querido reforzar. En ello, se refuerzan las siguientes conductas:

La democracia tecnocrática vive obsesionada por “destrabar la tramitología” en beneficio de las inversiones, sin importar que estas puedan aportar tanto cemento como delitos. La práctica de sobornos en licitaciones se naturalizó, al punto de institucionalizarse como divisiones ad hoc dentro de los organigramas de corporaciones privadas. Así se creó un sistema corruptor de funcionarios públicos que gozaba de la complicidad activa o silente de lobbistas, relacionistas públicos, estudios de abogados y hasta de opinólogos. Lo más “inofensivo” consistió en donaciones a aventuras electorales del ‘outsider wannabe’ de turno.

Fernando Vivas no alude a la tercera ola, pero sí a lo que considera que es el fracaso de un proyecto de prevalencia tecnocrática en el Estado peruano, en detrimento de la política. Una forma de ver el mundo que se alimentó por la necesidad de atraer inversiones luego de la recesión de fines del fujimorato, así como por la debilidad de estos gobiernos. ¿Cómo sería este proyecto de Estado sin políticos?

A ver, mi respuesta tentativa: un país despolitizado donde la ‘accountability’ la asumen los gobernantes de turno, puertas giratorias entre sector público y privado, promoción de las APP y obras por impuestos, transferencia de riesgos privados al Estado (miren si no a Chinchero).  Y también programas sociales y regulación en educación y salud; que necesitamos un Perú sostenible y sin caldo de cultivo para los antisistema, faltaba más.

Desde su orilla, Jaime de Althaus retruca e indica que, en realidad, no existe tal prevalencia tecnocrática. Lo que tenemos son islas de eficiencia en algunos lados (y en otros, como Proinversión, se termina de caer el mito) así como una incipiente creación de una capa técnica en Educación. El proyecto no sería tecnocrático, sino la exportación de la transnacional PT-empresas brasileñas como variable geopolítica. Y no se toma en cuenta que la corrupción también afectó a los gobiernos regionales y locales, donde lo técnico pesa mucho menos.

¿Qué conclusiones sacar de esta discusión?

Coincido con Althaus en los matices señalados. Como indica Eduardo Dargent en su libro sobre tecnocracia, existen sectores donde hay mayores facilidades para que la tecnocracia se desarrolle y otros donde las dificultades son mayores. Estos profesionales se posicionan gracias al mayor costo político de una mala performance en sectores que comienzan a tener mayor vigilancia interna y externa, alta especialización de sus políticas públicas y un elevado consenso sobre determinadas medidas. Ello explica porque el MEF tiene una tecnocracia firme desde hace un cuarto de siglo y en Proinversión más bien las cosas anden a trompicones.

Un segundo factor que Althaus toma en cuenta y que debe analizarse es el hecho que la corrupción del caso Lava Jato tiene a una importante arista: los niveles subnacionales. Con menos estímulos para crecer técnicamente y con mayores dificultades para proponer proyectos de inversión, la llegada de una gran empresa que propone una asociación público privada o una concesión le soluciona la vida al alcalde o presidente regional de turnos. Con funcionarios menos duchos en tratar temas técnicos, es claro que esto puede ser un estímulo para la corrupción.

Sin embargo, hay cuestiones con las que discrepo con el antropólogo. La primera de ellas tiene que ver con el tema geopolítico. Es cierto que el PT enlazó claramente con las empresas constructoras brasileñas para exportar un proyecto de liderazgo en América del Sur y algunas partes de África que tenía un fuerte componente de infraestructura. De allí que Brasil tuviera interés en contar con gobiernos cercanos a ellos o montar “alianzas estratégicas”. Sin embargo, dicha política no comenzó con Lula, sino con su antecesor.

En realidad, el proyecto geopolítico viene desde Fernando Henrique Cardoso, quien es quien impulsa la Comunidad Sudamericana de Naciones e IIRSA (por eso se hacía el loco con el fraude de Fujimori en el 2000). Con el PT básicamente la cosa llego a niveles de trapicheo y poca división de los límites Estado - empresas. Recordemos que Lula, ya como expresidente, iba a varios países como conferencista y componedor de negocios de Odebrecht.

Una segunda discrepancia tiene que ver con el modus vivendi de la tecnocracia no aliente cierto sentido de corrupción. Y es allí donde coincido con Vivas y Meléndez.

Es claro que existen “puertas giratorias” en el Estado, dado que se recluta personal del sector privado para puestos públicos importantes, lo que conllevaría el riesgo de posibles conflictos de interés o favorecimientos a las empresas donde trabajaron o que, luego de trabajar para la administración pública, estas personas vuelvan - mediando un tiempo - a trabajar en empresas. Es claro que el fenómeno existe, pero no se sabe bien como regularlo.

También es cierto que prevalece un sentido común que va más allá de las puertas giratorias. Como indica Martín Tanaka:

Pienso que la tesis de la captura del Estado no distingue bien el puro interés particularista (“mercantilista” dirían algunos) de la acción de tecnócratas o funcionarios que operan sobre la base de principios, o ideologías, si se quiere: en este caso, favorables al desarrollo de los mercados. Esto ciertamente los hace cercanos al mundo empresarial, pero no a intereses particularistas. Esa tesis subestima el poder de las ideas o ideologías; los tecnócratas como tales toman decisiones favorables al desarrollo de los mercados no porque estén “comprados” por las empresas (aunque también puede suceder, por supuesto), sino porque creen estar haciendo lo correcto. En otras palabras, no solo habría que denunciar presiones indebidas del sector privado, también ganar la batalla en el terreno de las ideas.

Y, en esa línea, la tecnocracia peruana si tendría que repensar, a la luz de lo sucedido con estas empresas, cómo regula estos conflictos, la participación de gestores de intereses, cómo hace que la asociación público privada sea bien diseñada y cómo atrae a técnicos que, junto con su expertise, traigan consigo también una ética a prueba de balas. Quizás sea exagerado hablar de una tercera ola, pero también es claro que los tecnócratas peruanos deberán tener claro que deben compartir escenario con los políticos y preocuparse más por temas como la institucionalidad y la lucha contra la corrupción.

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