Archive for February, 2017

(Foto: La Mula)

Para aquellos que amamos los libros, los hallazgos de volúmenes poco conocidos son una experiencia invaluable. Sobre todo cuando ciertas piezas se convierten en el testimonio de una época.

Esta semana, Desde el Tercer Piso encontró un libro poco conocido vinculado al expresidente Alan García. Se trata de una larga entrevista realizada por el periodista Carlos Espá en 2008, en torno a la visión del desarrollo que tenía, por aquellos años, el entonces mandatario. He aquí la portada del volumen.

Esta edición bilingüe contiene algunos de los tópicos fetiche del exmandatario: China, la visión sobre la herencia colonial, la famosa doctrina de “El Perro del Hortelano” sobre los “enemigos del desarrollo”, la satanización de las ONGs y de los sindicatos y una peculiar reflexión sobre el narcotráfico. Aquí algunos pasajes que ilustran lo dicho:

Sin duda, el valor de la entrevista hecha por Espá a García se encuentra en ser un testimonio de época. En poco más de un centenar de páginas ilustradas con fotos y en buen papel, el pensamiento de Alan II se encuentra claramente delineado. Cualquier historiador que busque una fuente directa de la visión que tenía el expresidente se encuentra allí. Incluyendo un resumen de uno de sus libros de mitad de la década pasada en torno a la visión que tenía sobre el rol del aprismo en nuestros tiempos.

Pero no es el único valor que, visto con ojos contemporáneos, tiene este volumen.

Al ver la contratapa, uno se percata que el libro no fue elaborado por la Presidencia de la República, ni por el gobierno de turno. Sino que el auspicio viene de un conocido gremio empresarial y de varias empresas con concesiones con el Estado. Entre ellas, el nombre más mentado en estos últimos meses.

En efecto, en las primeras páginas del libro, cuando Espá hace la presentación de su entrevista, indica el rol que jugaron estas empresas para la elaboración de este producto:

Pero no es lo único. Al revisar las páginas del libro, encontramos que las empresas auspiciadoras también brindaron varias de las fotografías que engalanan el texto. Y también es el caso de Odebrecht. Hablan las imágenes.

No cabe duda que llama la atención el hecho que un libro sobre la visión de un mandatario en ejercicio sea auspiciado por un importante gremio empresarial vinculado a infraestructura, así como por varias de las empresas que tienen concesiones con el Estado. Y, más aún, de aquella que viene generando el mayor escándalo de la última década.

Saquen ustedes sus propias conclusiones.

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Ayer por la mañana, el ingeniero químico Rafael Salgado brindó un fuerte testimonio en su cuenta de Facebook. En el mismo, acusó directamente al promotor y director del Colegio Héctor de Cárdenas, Juan Borea Odría, de haber abusado sexualmente de él a los 10 años de edad.

Luego de la confesión de Salgado, aparecieron, tanto en los comentarios de su muro de Facebook como en otros espacios, testimonios de otros exalumnos del plantel ubicado en Jesús María que acusaban a Borea de inconductas sexuales, abusos de este tipo, así como agresiones físicas y psicológicas.

De acuerdo a lo recabado por este blog, Borea Odría ha pedido licencia como director del colegio que creó hace poco más de tres décadas, sin señalar la veracidad o falsedad de las acusaciones. En paralelo, la Comunidad Héctor de Cárdenas, a la que pertenece el educador – y que no tiene vínculo alguno con el colegio del mismo nombre -, viene recabando información e investigando estos hechos. La CHdC pertenece a la Congregación de los Sagrados Corazones, donde Borea es miembro de la rama secular. De allí que el grupo religioso se haya comprometido a indagar sobre estos hechos.

Conocí a Borea hace veinte años. Varios colegios católicos o de inspiración católica, incluyendo al mío, hacían sus programas de confirmación en forma más o menos conjunta. Dado que vivía cerca del Colegio Héctor de Cárdenas, fui enviado a dicho plantel para confirmarme.

En sencillo: no fui testigo ni víctima de abusos sexuales o inconductas de este tipo. Pero sí noté algunos rasgos que, a la distancia, no eran los más adecuados para el tratamiento de adolescentes. Uso excesivo de lenguaje coprolálico y duro, arranques de ira acompañados de palabras de grueso calibre y cierto tono “mitad monje, mitad soldado” en las formas que él empleaba (y que, según me referían alumnos del Colegio, era aún más marcado al interior del mismo). Sin embargo, dado que existía un equipo mucho más amplio de animadores de confirmación, muchos de estos rasgos quedaban aminorados por una intensa reflexión teológica y acogida espiritual, que sí me sirvió para valorar mi fe y confirmar mis creencias.

En los años siguientes, asistí a varias reuniones de la Rama Secular donde Borea estaba presente. Allí tampoco noté nada extraño. Pero también es cierto que, dentro del carisma de los Sagrados Corazones, la reflexión en torno a la fe distaba mucho del autoritarismo y la culpa y, más bien, se encarnaba en la libertad. Manteníamos un trato bastante cordial, sin que llegara a consolidarse una amistad.

Como es evidente, las acusaciones presentadas son impactantes para muchos de quienes las hemos leido. Pero, a diferencia de quienes las niegan a rajatabla en base a los buenos momentos que pasaron en el Colegio Héctor de Cárdenas, comparto la preocupación de muchos exalumnos de mi generación (a varios de los cuáles conozco) y exijo como ellos, una explicación.

Al leer los testimonios brindados, sí queda claro un posible patrón de inconducta que debe examinarse. Y que, acompañado de otros rasgos, podría configurar otro caso de abusos que resultan intolerables para cualquier persona y, menos aún, para un creyente. Por ello, resulta necesario que tanto el Colegio Héctor de Cárdenas como la familia SSCC, con la que Borea ha estado vinculado, hagan las investigaciones respectivas y, de comprobarse lo evidenciado en los testimonios, procedan a hacer las denuncias pertinentes ante las instancias judiciales correspondientes. Y, por supuesto, tomen las medidas correspondientes en torno a su permanencia tanto a cargo de menores de edad como en una entidad de cariz religioso.

Precisamente, hace algunos años, a raíz de los abusos cometidos al interior del Sodalicio, otro miembro de la Comunidad HdC, Pablo Espinoza, señalaba estas palabras:

Nada asegura que en una comunidad de creyentes, por más abierta o liberal que sea, no se vayan a producir abusos o manipulaciones que deriven en la cosificación de personas hasta llegar a los terrenos que comprometan la afectividad o la sexualidad para beneficio individual. Ello porque en definitiva, como diría San Pablo, el Evangelio es un tesoro que llevamos en vasos de barro, es decir, se trata de la relación y testimonio entre personas, con nuestros límites y pecados. Por ello debemos cuidar la necesaria vigilancia fraterna, el discernimiento permanente de nuestro actuar con los demás, la revisión de vida a la luz del Evangelio y la corresponsabilidad cuando se trata de formar personas.

Es necesario, por tanto, tener acogida ante los denunciantes, sin caer, en ningún momento, en actitudes que pretendan invalidar su credibilidad. Es momento de escucharlos y ser empáticos. Y, al interior de los grupos afines a Borea, ser imparciales en la investigación. Todo abuso debe investigarse. Y es una exigencia que desde aquí hacemos, aún impactados por lo que leímos este fin de semana.

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(Ollanta Humala y Jorge Barata en tiempos mejores. Foto: Perú.21)

Hace poco más de un mes, el diario Folha de Sao Paulo señalaba la existencia de una versión policial que indicaba la transferencia de 3 millones de dólares a la campaña de Ollanta Humala en 2011 por parte de la empresa Odebrecht. En ese momento, se indicó que esto era parte de la revelación de las delaciones premiadas y que el dinero había sido entregado por una orden de Lula da Silva.

Dos semanas atrás, la periodista y abogada Rosa María Palacios confirmó la existencia de esta versión, atribuida a fuentes fiscales. Allí resaltó que, en principio, la entrega de plata para la campaña en forma encubierta no es delito, debido a que la legislación peruana no lo comprende como tal. Una cuestión que ha sido ratificada por politólogos y expertos en temas electorales.

Hoy El Comercio obtuvo la primicia de los detalles sobre cómo se transmitió el dinero, de acuerdo a la versión, de primera mano, de Jorge Barata, principal cabeza de Odebrecht en nuestro país.

De acuerdo al reportaje de Graciela Villasis, la empresa brasileña puso a disposición de la campaña de Humala una suma de 3 millones de dólares en efectivo, a solicitud del PT. El dinero habría sido entregado por los asesores en estrategia electoral y marketing Valdemar Garreta y Luis Favre así como, en una suma de 300,000 dólares, a la propia Nadine Heredia en un departamento que el entonces candidato tiene en Miraflores. Barata indicó que esta suma venía del Departamento de Operaciones Estructuradas, que funcionó como “la caja chica” para el pago de sobornos.

Por ahora Humala y Heredia no han brindado declaraciones ni tampoco han emitido referencias en redes sociales sobre este tema. La única referencia es la que ha dado el flamante abogado de la pareja, el exministro Wilfredo Pedraza, quien no ha negado los aportes, pero ha indicado que no se vinculan con temas de corrupción y que los mismos sí habrían sido declarados. Lo mismo indica el comunicado del Partido Nacionalista Peruano. Lo cierto es que el portal Convoca ha encontrado versiones en Brasil que sí apuntan a un posible pago de un soborno.

Quien sí ha negado su participación en la entrega de dinero para dicha campaña es Luis Favre. En comunicación con El Comercio, el asesor en marketing político negó haber llevado dinero de Odebrecht, así como ratificó no haber sido contratado por ninguna empresa brasileña. Favre también negó haber sido socio de FX Comunicacoes, empresa que lo contrató para intervenir en la campaña.

Sin duda, la hipótesis a la que van a tratar de someterse los Humala es que este fue un aporte de campaña. En principio, han señalado que fue registrado, pero en la ONPE solo se indica que hay un conjunto de aportes en efectivo sin identificar. E incluso en el caso que no hayan declarado los mismos, esta omisión solo acarrearía una sanción administrativa: la pérdida del financiamiento público. Y este no es aplicable al PNP, debido a que no tiene representación parlamentaria.

El problema es que hay tres hechos que podrían complicar la situación de Humala y Heredia.

El primero tiene que ver con el origen de los fondos. Aquí el Ministerio Público sí tiene una premisa más clara: el Departamento de Operaciones Encumbradas sí manejaba fondos ilegales. La pregunta es si sólo manejaba cuestiones vinculadas para soborno. Así se podría caer, por sí sola, la premisa de “solo fondos de campaña”.

La segunda tiene que ver, como indica El Comercio, con cuestiones tributarias. Podría darse el delito de defraudación si es que se corrobora que los montos entregados por Odebrecht no se destinaron a la campaña, sino que acabaron en los bolsillos del matrimonio Humala – Heredia. Complejidad adicional para la indagación: ambos están casados bajo el régimen de separación de patrimonios.

Y una tercera línea sería la posibilidad de la entrega de dinero anticipada para que luego sea retribuida con otras. Es decir, un soborno, colusión o tráfico de influencias hacia el futuro. Aquí se puede apuntalar mejor la investigación respecto del Gaseoducto del Sur Peruano, donde están comprendidos Barata y Heredia, debido a la declaración de un colaborador eficaz que indica la existencia de conexiones entre ambos para la obra. Por su parte, el periodista Oscar Libón anotó hace unos días un dato clave: el origen legal de la obra se produjo luego de una reunión en Palacio entre Humala, Barata y Marcelo Odebrecht.

Pero hay una complicación legal adicional. Hoy César Romero en La República indica que la filtración de la declaración de Barata sobre este financiamiento podría tener problemas. No tanto por la publicación, sino porque todo indica que es el fiscal Germán Juárez quien habría enviado esta información a los medios, para tratar de apuntalar mediáticamente un caso que estaba complicado, debido a que solo se basaba en las agendas de Heredia – que, como hemos dicho antes, tenían que ser cotejadas con otros elementos – y en la declaración de Martín Belaúnde Lossio y otro testigo ya descartado, que apuntaban tanto a la hipótesis venezolana (más difícil de probar) como a un financiamiento brasileño en 2006 que todo indica era inexistente. Según Romero:

De acuerdo a lo planificado con el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, Juárez debía utilizar esa información para allanar los inmuebles de Nadine Heredia y Ollanta Humala en busca de más información y eventualmente para evaluar un pedido de prisión preventiva de la pareja presidencial.
Pero, eso no sucedió. Al contrario, todos los detalles de la declaración de Barata fueron filtrados en las últimas días a diversos medios de comunicación. Un acto que puede poner en peligro toda la colaboración de Odebrecht y el Ministerio Público de Brasil que insiste en la reserva de la información, hasta que sea usada oficialmente.

Hasta aquí lo legal. Políticamente, la situación de los Humala – Heredia es complicada. No tienen defensores en ninguna bancada parlamentaria y, de hecho, hasta dos expresidentes del Consejo de Ministros suyos, Ana Jara y Pedro Cateriano, han manifestado su contrariedad por esta revelación. Un amplio sector de periodistas siempre los creyó capaces de todo y lo publicado hoy abona su hipótesis que eran un peligro. Y la conexión tan directa con el PT, sin duda, va a terminar afectando una relación bilateral que ya se había enfriado en tiempos de Dilma. Evidentemente, si aún existía una breve esperanza que el PNP resucite, la misma será echada por la borda con todo ello.

A diferencia del caso Toledo, aún esta novela tiene para rato en términos de investigación.

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(Foto: Ojo Público)

Esta ha sido una semana complicada para el fujimorismo.

Todo comenzó cuando el Ministerio Público decidió abrir una investigación a Hiro y Sachie Fujimori por presunto lavado de activos de la empresa Limasa, una compañía que se encuentra bajo sospecha en base a sus extrañas transacciones financieras, que incluyen a socios japoneses. Rosa María Palacios resumió hace algunos meses el problema de fondo con estas operaciones:

Lo que se teme es que estos dineros provengan de una fuente ilícita, tanto en el caso de los socios peruanos, cuanto con el de los japoneses. La sospecha es que este sea dinero en posesión de Alberto Fujimori, sustraído del erario peruano y administrado, desde que éste abandonara Japón hace más de 10 años, por su hijo Hiro Fujimori. En teoría, las capitalizaciones de préstanos con allegados peruanos, sólo serían un cambio de testaferros, donde, poco a poco, va entrando capital.  Sin embargo, por la vía de la sociedad japonesa, estaría regresando al Perú, limpio legalmente, dinero que salió en maletines. Reitero, en teoría. Así, Hiro Fujimori no podría justificar por sí mismo ese capital, pero la trasnacional japonesa, sí. Cabe decir que para la trasnacional Sankyo se trata de una cifra pequeña, (un millón cuatrocientos setenta mil dólares de préstamo, luego capitalizado en parte) pero para los Fujimori, injustificable con sus propios  patrimonios, supuestamente modestos.

Las sospechas se basan en otros indicios. El asesor corporativo de Sanyko con base en Canadá, Daniel Scott Matson, a su vez, socio de los Fujimori, estuvo el 28 de febrero pasado, en plena campaña electoral, de visita en la Diroes. ¿Qué tendría que conversar por tres horas con Alberto Fujimori? Nadie lo sabe.  Ni siquiera una visita de cortesía al padre preso de un socio justificaría tan larga estancia. De otro lado, la página web, que anunciaba que la antes almacenera Limasa, convertida luego en Integrated Global Logistics, era una empresa trasnacional a partir del 2014, ha desparecido así como el anunció de nuevos negocios vinculados al almacenaje aduanero ¿Por qué? Nadie lo sabe. ¿Qué pasó con la supuesta expansión del negocio? Misterio.

La fiscalía también ha pedido comprender a Kenji Fujimori en las pesquisas, previo levantamiento de su inmunidad parlamentaria. El congresista respondió con un gesto para la tribuna, renunciando a este beneficio en este caso. Pero existen otros casos en los que queda claro que se podrían seguir las investigaciones sin llegar a este supuesto.

El segundo golpe fiscal vino ayer. Keiko Fujimori ha sido comprendida en la investigación que se le sigue a Joaquín Ramírez y a su familia por lavado de activos. La lideresa de Fuerza Popular aparece en esta indagación, debido a que la Fiscalía estima que estaría utilizando al clan Ramírez para lavar dinero de la corrupción.

Recordemos que el exsecretario general de FP y su familia vienen siendo investigados al no poder explicar su patrimonio en forma fehaciente.

Y el último clavo vino desde el extranjero. Hoy se conoció que se amplió, en primera instancia, la extradición contra Alberto Fujimori por dos casos: el asesinato de seis personas en Pativilca cometido por el Destacamento Colina (sobre el que Fujimori tenía el mando) y la presunta autorización de la compra de un terreno en Chavimochic con fondos públicos, utilizando para ello al prófugo expresidente de Popular y Porvenir Augusto Miyagusuku.

La reacción del fujimorismo ha sido asumir la teoría de la persecución. La misma ha sido esgrimida incluso por la propia Keiko Fujimori, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, así como por congresistas y hasta por sus entusiastas fujitrolls. Todos estos casos no serían, en opinión de Fuerza Popular, un pretexto para tapar el caso Lava Jato.

Pero esa premisa tiene tres problemas.

El primero es que el caso Lava Jato sí podría complicar al fujimorismo. De un lado, ya en lo histórico, si es que finalmente los vinculados a empresas brasileñas hacen públicos sus tratos con el gobierno de Fujimori. Ya IDL-Reporteros reveló que una sobrevaloración de 500 millones de soles en los contratos obtenidos durante la década de 1990. De otro lado, por los tratos que pudieron haber tenido estas empresas con la bancada fujimorista y con la propia Keiko Fujimori, una arista de investigación que no debe descartarse.

Lo segundo es que los tres casos antes nombrados sí tienen elementos de juicio para iniciar una indagación (en los dos primeros ejemplos) y un proceso penal (en el tercero). Y todos terminan llevando a la misma pregunta: ¿de qué viven los Fujimori?

Y una tercera cuestión. Si realmente el fujimorismo cree que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad, ¿no deberían empezar por casa?

Sin duda, Fuerza Popular buscaba emplear el caso Lava Jato para poder señalar que la corrupción de la década de 1990 fue menor. El problema es que tanto hechos pasados como relativamente presentes interpelan a la agrupación mayoritaria respecto de ese compromiso. Y en tanto la respuesta, desde la cabeza del partido hasta sus más fervientes trolls en redes, siga apelando a la teoría de la conspiración, el compromiso enunciado de combatir la corrupción seguirá siendo una palabra vacía que se la lleva el viento. Y, peor aún, recuerda cómo en la década infame se procesaban estas denuncias, lo que remarca la inexistencia de una real autocrítica sobre aquellos tiempos.

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(Presidenta del Consejo de Defensa Judicial del Estado en celebración amical con el abogado aprista Moisés Tambini del Valle y su hija, la notaria Mónica Tambini de Kouri. Foto: Utero.pe)

Como consta por escrito en este blog, nos encontramos entre quienes consideramos asquerosa la campaña emprendida por el clan Orellana contra la abogada Julia Príncipe, quien se desempeñó durante años como Procuradora contra el Lavado de Activos. Y también consideramos que fue una torpeza del gobierno anterior despedirla en la forma cómo lo hizo, bajo sospecha de presiones políticas.

De allí que, en su momento, hayamos visto como un gesto importante que sea nombrada como Presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, la entidad que, hasta el momento, se encarga de designar a los Procuradores, es decir, a los abogados del Estado en los casos en los que habría perjuicio contra alguna entidad estatal o contra el sistema en su conjunto (terrorismo, corrupción y lavado de activos).

Pero también creemos que la encargada de una entidad de este tipo – y, además, posible nueva Procuradora General del Estado en algunas semanas – debe tener mucho cuidado respecto de los temas amicales. Y sobre todo, hacer públicos los posibles conflictos de intereses.

Hace unas semanas, el portal Utero.pe publicó unas fotografías del cumpleaños 80 del abogado Moisés Tambini del Valle. La trayectoria de este personaje da cuenta de algunas cercanías complicadas: expatrocinante de Alan García, exdiputado durante el primer gobierno aprista, actual presidente del Tribunal Electoral del APRA, vinculaciones de algunos de sus familiares con el condenado por narcotráfico Fernando Zevallos y actual yerno del protagonista del primer vladivideo, Luis Alberto Kouri.

Pero más importante aún: Tambini ocupó, hace una década, el mismo cargo que la doctora Príncipe. Y para cualquier analista imparcial de cualquier tienda, le quedaba claro que la labor de los procuradores fue debilitada durante aquellos años (y, en general, en la segunda administración de García).

En las fotos mostradas por Utero.pe, se aprecia a la doctora Príncipe departiendo en una reunión donde también estuvieron presentes Alan García y Jorge del Castillo, así como el exFiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales.  Las imágenes se mostraron en momentos en los que las disputas entre la Procuraduría Anticorrupción y el Ministerio Público alrededor del caso Lava Jato eran cotidianas, así como en un enfrentamiento con el exprocurador Julio Arbizu respecto de las trayectorias de ambos.

La doctora Príncipe guardó silencio sobre dichas imágenes hasta el viernes, cuando la periodista Milagros Leiva le preguntó por las mismas. Y, según sus palabras, “no se reconocía en la foto” del cumpleaños del abogado aprista.

Ayer, nuevamente, Laura Grados en Utero.pe presentó nuevas imágenes aún más claras sobre la cercanía amical entre Príncipe y Tambini. La presidenta del CDJE aparece en celebraciones con bastante familiaridad con el abogado y con miembros de su familia, como la notaria Mónica Tambini de Kouri.  Las fotos aparecieron 48 horas después que Príncipe dijera que, hasta ahora, no existían indicios que comprometieran a Alan García en el caso Lava Jato, lo que aumentó las suspicacias.

Ello implicó que, en la noche del domingo, la doctora Príncipe tuviera que emitir un rápido comunicado sobre el tema, que pueden ver a continuación:

Considero que la doctora Príncipe debió pronunciarse sobre este vínculo apenas el mismo fue conocido. Pasaron varias semanas hasta que se ocupara del tema y recién pudimos tener un pronunciamiento público respecto del mismo anoche, sin posibilidad de preguntas. La cuestión es delicada porque, en efecto, sí creemos que existe un potencial conflicto de interés al mantener cercanía con una persona de tanta confianza con Alan García y con otros posibles investigados en el caso Lava Jato. Por tanto, el mismo debió ser hecho público por la propia abogada.

Asimismo, resulta claro que, como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, la doctora Príncipe debe cuidar sus declaraciones sobre los posibles implicados en el caso. Si bien ella, por su puesto, no tiene injerencia directa en los casos de la Procuraduría Ad Hoc para Lava Jato, deberá tener bastante precisión en los términos a emplear, para evitar suspicacias. En el caso del expresidente García, además, existe una preocupación en un sector de la ciudadanía: que no sea investigado a fondo en este caso y que, como ocurrió con hechos ocurridos en su primer gobierno, salve cualquier responsabilidad mediante artilugios legales.

La doctora Príncipe mantiene aún una buena imagen pública en varios sectores. Urge, por tanto, que aclare este vínculo que, para decirlo claro, no se ve bien. Y que, más aún, alimenta suspicacias que no deberían estar presentes en un cargo tan delicado.

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Hoy el expresidente Alan García hizo una visita relámpago a Lima para declarar en torno al proyecto del Gaseoducto Sur Peruano, hoy bajo la mira del Ministerio Público por posibles actos de corrupción vinculados al caso Lava Jato.

Pero, en realidad, la principal preocupación era que el exgobernante del país despeje cualquier duda respecto a sus vínculos con Jorge Cuba Hidalgo, el exviceministro de Comunicaciones de su segundo periodo que es investigado por ser el receptor y negociador de sobornos vinculados a la Línea 1 del Metro de Lima.

Como es conocido, el 29 de enero pasado, Desde el Tercer Piso presentó un indicio serio sobre la relación entre Cuba y García: descubrimos que el encarcelado funcionario había sido investigador del Instituto Latinoamericano para la Deuda Externa, que presidió AGP entre 1991 y 1992. Dos artículos de Cuba fueron publicados en los dos Cuadernos editados por la entidad académica, en la que también participó Roxanne Cheesman (actual pareja de García y compañera de promoción de Cuba en la PUCP) y el exministro Enrique Cornejo.

Hoy, a la salida de la Fiscalía, luego que leyera una declaración, los periodistas Giovanna Castañeda (El Comercio) y Carlos Aguilar (La República), le preguntaron a Alan por Cuba. El expresidente, en medio del tumulto, solo atinó a decir “pésimo, pésimo”.

Pero luego, con más calma, el líder aprista brindó dos entrevista a canales de cable. Y allí tuvo versiones contradictorias sobre Cuba. A RPP le dijo lo siguiente sobre el exviceministro:

“Lo que él hizo fue una puñalada en la espalda. Lo que siento además de un golpe moral dentro de mí, es una vergüenza. A pesar de que no los conozco, ha sido a través de mis votos, de mi presidencia, que se han burlado del país”

Sin embargo, Angélica Valdés de Canal N fue más directa en sus preguntas, por lo que a García no le quedó otra que responder sobre este tema. Aquí una transcripción de sus respuestas (pueden ver la entrevista completa aquí):

Angélica Valdez: ¿Al señor Cuba lo conocía por el exministro Cornejo o no lo conocía de antes?

Alan García: Yo había escuchado del señor Cuba, inclusive, en una revista que hice una vez sobre la deuda externa. El envió una colaboración, pero hace muchismos años, hace treinta años. Pero no es de mi círculo ni era del APRA, ni lo conocía. Yo no participé en el nombramiento porque mi ministro propone a sus viceministros.

AV: Pero usted como Presidente le daba obviamente el visto bueno, ¿no?

AGP: Sí, pero viene el ministro y dice “necesito estos dos viceministros para hacer las obras”. Él tiene que saber que gente utiliza. Lo que nadie puede es conocer que esta persona tiene ruindad en el alma y que iba a estar pidiendo dinero. Eso no se puede conocer. Una vez conocido, que le caiga toda la fuerza de la Ley.

AV: Yo le hago esta pregunta sobre el señor Cuba, porque han estado trascendiendo rumores sobre la vinculación que tendría con su pareja, la señora Cheesman.

AGP: (Contrariado) No, en lo absoluto. Que le parece.

AV: Que ha firmado unos libros o que había tenido alguna vinculación con un familiar de él.

AGP: En lo absoluto. Yo se a qué se refieren. Es una revista de la deuda externa de los años noventa. Edité yo una revista con análisis en la que participaron estudiosos internacionales y también algunos nacionales. Yo escribí un artículo, hay un artículo del señor Cornejo, hay un artículo del señor Cuba. Hay 25 artículos, pero ninguna relación.

Varias preguntas quedan sueltas:

1. ¿Por qué primero negó a Cuba y luego tuvo que admitir que hizo un artículo para “una revista”?

2. ¿Por qué no recordaba que Cuba era investigador del Instituto que él presidió y donde su actual pareja era también parte del equipo de analistas? No era sólo que “Cuba mandó un artículo” ni era un simple colaborador externo. Ello, más aún, cuando el expresidente era parte del equipo editorial de los Cuadernos “Deuda Externa Latinoamericana” y el IDEL era una entidad bastante pequeña:

3. ¿Por qué continuar con la monserga que toda la responsabilidad la tiene “el ministro”, es decir, Enrique Cornejo? De hecho, sus compañeros han querido seguir con esta versión durante los 18 días en los que demoró en responder sobre el dato presentado en DTP.

4. ¿Por qué solo hace referencia a un artículo del señor Cuba cuando él escribió dos artículos que aparecieron en los dos números de “Deuda Externa Latinoamericana”?

5. ¿Niega rotundamente el doctor García que su actual pareja es comadre del señor Cuba, como lo indicó la periodista Rosa María Palacios hace unos días, basada en la versión de un testigo del bautizo?

Saquen ustedes sus propias conclusiones.

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(Luis Fernando Figari, reconocido como abusador por el propio Sodalicio. Foto: TV Perú)

Ayer por la tarde, el Sodalicio de Vida Cristiana publicó el informe de la Comisión de Expertos sobre Abusos y Respuestas, que fuera anunciado por el Superior General de la entidad, Alessandro Moroni. Luego de su lectura, creo que se pueden llegar a las siguientes conclusiones:

1. Si quedaba alguna duda que el trabajo de la fiscal María del Pilar Peralta fue deficiente, hoy este documento lo confirma. Luis Fernando Figari es responsable de siete casos de abuso sexual según el propio SCV. En el informe se detallan tanto sus inconductas sexuales como los mecanismos de control y sometimiento, así como su estilo de liderazgo. Sin duda, el informe confirma que el fundador del Sodalicio era un monstruo (y eso que el informe solo menciona al paso la existencia de una servidumbre casi en condiciones de esclavitud a favor de Figari en sus casas de Santa Clara). Algo que no solo deberían escuchar bien en el Ministerio Público, sino también en el Vaticano.

2. La Comisión responsabiliza en forma abierta por abusos sexuales a otros cuatro exmiembros del SCV: Jeffrey Daniels, Germán Doig, Daniel Murguia y Virgilio Levaggi.

En este último caso, contactamos a Levaggi en octubre y negó los dos casos que se le adjudicaba. Se le suma un tercer caso de un menor de edad. La pregunta es si la OIT lo mantendrá como funcionario. Consultamos a la entidad laboral por una respuesta oficial y, hasta el cierre de este post, no hemos recibido respuesta.

El caso de Daniels es, sin duda, el más ominoso de todos. El SCV encuentra que las 12 personas que denunciaron abusos sexuales ante la Comisión eran menores de edad al momento de ocurrir los hechos. Y ello es aún más grave cuando Daniels era el encargado de las Agrupaciones Marianas, dirigidas a adolescentes, así como por el claro encubrimiento de la institución en este caso.

En lo que se refiere a Doig y a Murguía, se confirma lo que se decía de ellos. Y, en el caso de Doig, con un mayor número de víctimas a las que se consigna en “Mitad Monjes, Mitad Soldados”.

A mi modo de ver, esto hace que sea mucho más fácil de demostrar la sistematicidad de los casos de abuso sexual dentro del SCV, cuestión que haría más factible la calificación de estos crímenes como de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.

3. Resulta preocupante que 3 miembros del Sodalicio aparezcan entre los victimarios de abusos sexuales y que la sancion, hasta ahora, solo sea apartarlos del apostolado o, en un caso, de la vida comunitaria. Esperemos que Sandro Moroni cumpla su palabra de enviar estos casos a la Fiscalía. En realidad, estas personas deberían ser expulsadas del SCV y sus nombres dados a conocer. Es inaceptable que solo se tome una sanción de apartamiento.

Y, de hecho, ya habían trascendido los casos de Ricardo Treneman, Javier Leturia y Luis Ferroggiaro, actuales miembros de la entidad, por posibles inconductas sexuales. ¿Son ellos a quienes señala el informe de la Comisión?

4. La comisión también habla de abusos físicos y psicológicos. Pero sólo se indica como medidas correctivas la salida de puestos directivos o de labores de apostolado. Aquí también debería proceder la expulsión y, por supuesto, la colocación de los nombres. Más aún, cuando la serie de informes “Los Abusos del Sodalicio” ha expuesto a varios de los maltratadores.

5. La comisión reconoce la existencia de una cultura de encubrimiento, pero no señala responsables. Esta es la omision más fuerte del informe y que los firmantes deberán explicar ante la opinión pública. Como indica Paola Ugaz:

El informe tiene un gran vacío: no hay ninguna información sobre la cúpula que encubrió por 45 años lo que pasó en el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC).

No se menciona a Jaime Baertl, el encargado de las finanzas de la congregación, ni a todos los que estuvieron y vieron lo que ocurrió cuando eran jerarcas del Sodalicio y lo siguen siendo. Solo se habla de cuatro responsables, uno de los cuales está muerto y otro confinado en Roma.

La verdad es que el superior general del SVC, Alessandro Moroni, tiene miedo de acusar a Baertl porque si lo hace se le cerraría el caño del dinero.

Asimismo, se detallan una serie de medidas implementadas o en vías de implementación. El SCV, por transparencia, debería colocar todos sus nuevos protocolos para el tratamiento de denuncias, así como el disciplinario.

6. Finalmente, es necesario que Alessandro Moroni deje de comunicarse exclusivamente a través de los videos elaborados por Carlos Raffo. Quedan varias preguntas pendientes respecto de este informe, así como en torno a las medidas que tomará el SCV. Es hora que den la cara y no se amparen en la lectura de un telepronter.

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(Foto: El Comercio)

Durante las últimas semanas, algunos columnistas han impulsado un debate que podría sintetizarse en una pregunta: ¿Quién está más embarrada con el caso Lava Jato: la izquierda o la derecha? Martín Tanaka resume las posiciones:

En este momento inicial, la reacción es un tanto infantil: cada quien pretende esconder sus responsabilidades, y echarle la culpa a los otros. Digamos, para una parte de la izquierda este es el fracaso del modelo económico neoliberal, y para una parte de la derecha, del foro de Sao Paulo. En realidad, la naturaleza del problema hace que esta vez las culpas no estén claramente de un lado, como en la coyuntura del año 2000, sino repartidas por todas partes.

Las versiones que acusan a la izquierda parten de un hecho fundamental: el liderazgo del Partido de los Trabajadores de un proyecto político que buscaba consolidar un importante bloque de izquierda en América Latina (vean este documento publicado en el blog de la periodista Jacqueline Fowks para que vean que esto es real). Y dado que el PT es el partido más embarrado con la corrupción en Brasil, lo que habría fracasado al final es un proyecto de injerencia continental con fuertes visos de trapicheo.

El problema es que quedarse en echarle la culpa solo al Foro de Sao Paulo tiene problemas. De un lado, porque el proyecto geopolítico brasileño de expansión de su presencia continental no nació con el PT, sino con Fernando Henrique Cardoso (quien plantea la Comunidad Sudamericana de Naciones y el IIRSA). De otro lado, porque si bien Lula terminó siendo el lobbista de más alto rango de Odebrecht y el Partido de los Trabajadores tiene mucho que explicar sobre sus años en el gobierno, también es cierto que buena parte de la clase política brasileña está involucrada en los casos de corrupción. Ejemplo claro: Aecio Neves, el candidato opositor a Dilma Rousseff en las elecciones de 2014, es uno de los nuevos involucrados en Lava Jato.

Resulta también sugestivo culpar al modelo económico o a los tecnócratas. Como señalamos la semana pasada, es clara la existencia de “puertas giratorias” entre el sector público y el sector privado, que pueden tener aspectos positivos (conocimiento del sector), como también negativos (favorecimiento a empresas o posible uso de información privilegiada). A ello se suman sentidos comunes que, en nombre del “destrabe”, pueden consentir gestiones de intereses que sean impropias o tolerar “un poquito de corrupción”. Y por supuesto, es claro que Proinversión no ha sido la entidad modelo que se pensaba.

Pero también es cierto que ningún modelo económico, en sí mismo, es una garantía contra la corrupción, pero tampoco un imán de corruptos per se. En principio, una economía abierta debería generar mayores incentivos para la competencia, siempre y cuando las instituciones funcionen adecuadamente. Por lo que el problema pasa por realizar algunos ajustes tanto en lo económico como, sobre todo, en lo institucional.

Por tanto, si bien resulta importante que tanto izquierdas como derechas reflexionen sobre aquellos aspectos que los ha hecho permeables a la corrupción, también es cierto que dicha autocrítica no implique un ataque para descalificar al otro lado per se. Resulta indispensable que el procesamiento de lo ocurrido en el caso Lava Jato implique que tengamos una izquierda y una derecha modernas como producto del mismo. Y ello no se podrá hacer si es que seguimos en esta competencia por echarse la culpa.

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(Foto: El Comercio)

El último viernes, el semanario Hildebrandt en Sus Trece mostraba, en su penúltima página, una nota que anunciaba el posible final de la “era Berckemeyer” en El Comercio:

(Foto: Hildebrandt en Sus Trece)

La nota mostraba los intentos de Martha Meier Miró Quesada, accionista del Grupo El Comercio y despedida por el actual director del diario más antiguo del país, para evitar que los socios – y miembros de su familia – que tengan algún tipo de vinculación con la constructora Graña y Montero se abstengan de votar en la Junta General de Accionistas que, en las próximas semanas, elegirá al Directorio de Empresa Editora El Comercio para los próximos tres años. El pretexto para ello es el caso Lava Jato, dado que la conocida empresa intervino como socio nacional en varios de los consorcios donde operaron varias de las constructoras brasileñas hoy cuestionadas.

El Directorio es una instancia clave en el GEC, dado que puede remover a los directores de los medios que conforman el Grupo. La alusión de Meier Miró Quesada es a José Graña Miró Quesada y su familia, quienes pertenecen a la rama Garland, aquella que tiene mayor porcentaje de acciones dentro de los propietarios de El Comercio. De hecho, hasta hace unos años, Graña era el accionista individual con mayor peso en una Junta General bastante atomizada.

Son públicas y notorias las discrepancias que tiene MMMQ con la gestión de Fernando Berckemeyer, no solo por su salida abrupta, sino también por la línea liberal que adoptó el diario desde 2014.  Como es conocido, las posiciones de Meier en temas valorativos y políticos son más bien conservadoras.

En varias oportunidades durante los últimos años. el director de El Comercio ha sido respaldado por el Directorio en sus decisiones – como la salida de editores que tuvieron varias décadas en el diario – la actual línea editorial y frente a las presiones del Cardenal Juan Luis Cipriani para que deje el cargo.

Ello explica porque, durante las últimas semanas, Meier Miró Quesada ha utilizado su activa cuenta de Twitter para enfatizar los presuntos vinculos corruptos entre Graña y Montero y Odebrecht. Si bien es cierto que la decisión comercial de GyM de continuar con su relación comercial con las empresas brasileñas cuando ya existían informaciones sobre posibles actos irregulares es harto cuestionable, también es verdad que, hasta el momento, no han aparecido indicios claros que vinculen a funcionarios de la constructora peruana con actos de corrupción.

En esa medida, los intentos de Meier Miro Quesada buscarían un posible cambio en la correlación de fuerzas dentro del Directorio que, en el corto plazo, termine destituyendo a Berckemeyer como director de El Comercio y, con ello, se consolide una vuelta a la situación existente entre 2008 y 2013, con un fuerte predominio conservador en los puestos cruciales del diario.

Según pudimos conocer, la situación dentro del diario más antiguo del país es de calma y serenidad. Se conoce claramente la postura de Meier Miró Quesada sobre la actual dirección, pero se entiende que la exeditora de Fin de Semana del diario “sobreestima sus propias fuerzas”.

De acuerdo a lo recogido por DTP, resultaría bastante difícil que MMMQ logre la abstención de los Graña Miró Quesada en la Junta General de Accionistas que elegirá al próximo directorio. Peor aún, incluso en el supuesto que logre dicho objetivo, estaría lejos de obtener una mayoría que fuerce una correlación de fuerzas favorable a la salida de Berckemeyer. Otra fuente fue más contundente: “no se prevén cambios para marzo”, en alusión a una posible salida del director de El Comercio.

Lo mismo se señala en cuanto a las cifras de ventas y lectoria de la web, que se han incrementado durante los últimos meses y que fueron señalados como uno de los supuestos factores de disgusto con Berckemeyer.

Además, desde El Comercio enfatizan que no se han opuesto en ningún momento a una investigación a Graña y Montero en el caso Lava Jato. Recuerdan que hace un par de semanas salió un editorial donde indicaron expresamente que:

También están las empresas que se asociaron con Odebrecht en importantes negocios respecto de los que existe evidencia o indicios de corrupción por parte de la constructora brasileña, y que hoy se encuentran bajo escrutinio de la fiscalía. Como se sabe, muchas firmas participaron en consorcios con Odebrecht para la licitación o ejecución de grandes obras de infraestructura en los últimos años (gasoducto sur peruano, la línea 1 del metro de Lima, IIRSA Sur e IIRSA Norte, entre otras), como Graña y Montero, Enagás, ICCGSA, JJC Contratistas Generales, Obrainsa y Compañía San Martín.

Desde luego, el haber participado de una sociedad con Odebrecht no constituye en sí prueba de complicidad. Pero el que el accionar delictivo de la constructora brasileña fuera sostenido durante varios años en todos los países en que operaba, respondiera a una estrategia bien montada, contase con toda una compleja estructura societaria internacional creada con el solo propósito de canalizar sus sobornos e incluso se viera reflejada en varios proyectos estatales cuyos montos se multiplicaban escandalosamente sin ninguna justificación económica detrás, lleva cuando menos a plantear algunas interrogantes: ¿Nunca supieron o escucharon nada acerca de los tratos ilícitos de Odebrecht? ¿No les generó suspicacia las irregularidades advertidas en algunas de las licitaciones? ¿No tenían algún grado de control, o supervisión siquiera, en las postulaciones a estos grandes proyectos? ¿Qué tipo de filtros implementaron al momento de escoger a una compañía con la que se iban a asociar en proyectos de 20, 30 y hasta 40 años?

En esa línea, la composición del nuevo directorio de El Comercio será clave para saber si es que las políticas establecidas por Berckemeyer tendrán continuidad por los próximos tres años. Todo indica que el viento sopla a su favor.

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(Los abusadores sexuales Luis Fernando Figari y Germán Doig junto a un pontífice que se hizo de la vista gorda en casos de pederastia. Foto: Utero.pe)

Anoche, se conoció la resolución de la Congregación para la Vida Consagrada de la Santa Sede sobre las acusaciones sobre abusos físicos, psicológicos y sexuales atribuidos a Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, entidad conservadora fundada hace 45 años en Lima.

El dictamen de esta sección de la Curia Romana ha causado estupor e indignación en creyentes y no creyentes que han venido siguiendo el caso del Sodalicio. Y, a mi modo de ver, la resolución tiene dos problemas bastante serios.

El primero de ellos tiene que ver con el tenor de la calificación de los hechos que señala la resolución.

Si bien es cierto que la Congregación para la Vida Consagrada reconoce la existencia de “un estilo de gobierno excesiva o impropiamente autoritario”, así como la “utilización de estrategias y métodos de persuación impropios” y un caso comprobado de abuso sexual contra una persona que era mayor de 16 años en aquella época, otros de los términos usados son aberrantes e infamantes.

Para comenzar, no se puede calificar como “anómala” la reacción de la opinión pública o la exhibición de los casos presentados ante la opinión pública gracias a las revelaciones hechas por Pedro Salinas, Paola Ugaz y José Enrique Escardó durante los últimos años. Precisamente, la presentación periodística del caso hizo que un sector de la opinión pública conociera estos abusos y que, del mismo, la mayoría abrumadora considere a Figari responsable de lo ocurrido. Y menos aún se puede señalar que la prensa buscó “obstaculizar la verdad”, cuando, para decirlo claro, el Sodalicio no hubiera movido siquiera un dedo sobre su fundador si es que los casos no salían en los medios de comunicación.

También se habla de “testimonios genéricos” y “no verificados”. Pero, como dice Pedro Salinas, el discasterio nunca se acercó a las tres víctimas de abusos sexuales cometidos por Figari que presentaron sus denuncias ante el Tribunal Eclesiástico en Lima y, peor aún, solo reconocieron a una víctima de abuso sexual porque esta persona fue con su plata a Roma para dar su testimonio. Empatía cero, tan igual como ha ocurrido con el SCV y el Ministerio Público.

También relativizan el tema de la edad y de la violencia. Precisamente, lo que queda claro con la investigación de Salinas y Ugaz y los testimonios presentados durante los últimos años, tanto a la opinión pública como a las comisiones formadas por el Sodalicio, es que Figari construyó un sistema de sujeción a su persona y a la entidad que “normalizaba” inconductas aberrantes: desde las órdenes absurdas hasta los abusos sexuales, disfrazados de técnicas de yoga o expresiones de afecto que “daban mayor cercanía hacia Dios”. Peor aún, con la existencia de antecedentes como los de los casos Karadima y Maciel, donde estos sacerdotes aprovecharon su posición de dominio y una formación que “lavaba el cerebro” para someter a sus víctimas.

Pero si ya esto hace que la lectura de la resolución genere una mezcla de melancolía y asco, el fallo final genera arcadas: confinar a Figari a un retiro dorado, en el que además le conculcan su derecho a la libertad de expresión – que lo tiene, así sea un monstruo (¿o acaso temen que eche a más gente?) – y donde el Sodalicio tenga que mantener “un estilo decoroso de vida” de por vida, sin posibilidades de venir al Perú, es una afrenta. Y, para decirlo claro, es encubrimiento.

Para decirlo con todas sus letras, Luis Fernando Figari no debería estar en una casa de “retiro y oración” como los sacerdotes que muestra la excelente película “El Club”, del chileno Pablo Larraín. O como fue el destino final de Marcial Maciel y Fernando Karadima.  Luis Fernando Figari debería estar en un penal peruano, esperando el juicio por los abusos que cometió, una vez que el Ministerio Público rectifique la aberrante resolución de la fiscal María del Pilar Peralta, plagada de serios errores y omisiones que hemos registrado. Y que la Santa Sede haga esto, es francamente, una burla que, en cualquier país serio, motivaría una nota de protesta inmediata por parte de nuestra Cancillería.

Pero también es una burla tanto a las víctimas como a las personas que han venido bregando para que en este caso se haga justicia. Precisamente, esta ignominiosa resolución sale en la misma semana en la que, se conoció que 4,500 menores de edad  en Australia sufrieron abusos por parte de sacerdotes católicos durante los últimos 35 años. Una monstruosidad frente a la cual el Vaticano no envío la documentación requerida por parte del gobierno australiano. ¿Y se dice así que se tendrá “tolerancia cero” frente a los abusos? Ello para no hablar del amor al prójimo que es, precisamente, uno de los fundamentos de la fe católica.

Capítulo aparte para la reacción del Sodalicio frente a esta resolución. En su mensaje de ayer, Sandro Moroni indica que van a acatar lo dispuesto, sin mencionar en ningún momento la palabra “expulsión” para este execrable sujeto. Y recién ahora se animarán a publicar, a partir del martes, el informe encargado a expertos internacionales, el segundo encargado por el SCV sobre este tema. Y para mayor añadidura, recién presentarán información sobre abusos sexuales al Ministerio Público. Es decir, es claro que no presentaron todo lo que sabían a la fiscal Peralta. ¿Eso cómo se llama?

Y esto es aún más grave porque Moroni no solo conocía de los casos contra Figari y el fallecido Germán Doig. También conoció lo ocurrido con Jeffrey Daniels, exiliado en Estados Unidos, una de cuyas víctimas, Alvaro Urbina, ha dado su testimonio en público. Y porque él y José Ambrozic, número 1 y número 2 del SCV respectivamente, señalaron que conocían los abusos presuntamente cometidos por Virgilio Levaggi, funcionario de la Organización Internacional del Trabajo que, según pudo conocer este blog, ha pedido un periodo sabático al interior de la misma.

Además, porque la actitud del Sodalicio parece responder a una sola misión: concentrar todas las culpas en Figari y no hacer reformas de verdad. Porque un real cambio implicaría fondear los libros de Figari y Doig, erradicar la doctrina sodálite con acentos fascistas y dejar de lado el lenguaje en el que toda crítica a sus métodos anteriores es un ataque a la Iglesia Católica. Y por supuesto, expulsar a todos los abusadores y encubridores en la organización, donde la lista está encabezada por Jaime Baertl, Enrique Elías, Óscar Tokumura, Alfredo Draxl, Miguel Salazar, José Antonio Eguren, Fernando Vidal, Luis Ferroggiaro y, por supuesto, Moroni y Ambrozic.

Y por supuesto, merecen una mención aquellos periodistas que, blandiendo sus creencias, todo el día señalan que “con sus hijos no se metan” – y algunos ni siquiera son padres – y han sido incapaces de decir una palabra frente a este caso o simplemente han ensayado salidas de compromiso. No tener ni una sola voz de apoyo hacia las víctimas solo se puede definir de una manera: miserables y sepulcros blanqueados. No incluyo, por cierto, a quienes siendo católicos como quien escribe estas líneas, sí han expresado claramente su condena a estos hechos y, por supuesto, frente a la ominosa resolución de ayer.

Por esta razón, se hace más imperiosa la aprobación de una comisión investigadora del caso Sodalicio en el Congreso, propuesta por el parlamentario Alberto de Belaúnde. Como señala claramente la moción, se requiere una clara respuesta institucional por parte del Estado para esclarecer estos hechos y tomar las medidas legislativas para evitar que casos como estos (y la impunidad que parece acompañarlos) no se repita. Es necesario que el pleno del Congreso apruebe esta moción apenas retorne de su receso.

Finalmente, es necesario que los católicos hagamos sentir nuestra voz frente a este tema. La jerarquía eclesial no va a dejar su estilo de toda la vida frente a estos casos si es que nos quedamos de brazos cruzados o silbamos al techo. Es hora que en nuestras parroquias y grupos digamos claramente que no solo es intolerable el abuso, sino también el encubrimiento y los retiros dorados. Y es hora de encarar a los grupos que musitan “con mis hijos no te metas” pero no dicen una palabra frente a los pederastas que tienen cerca de menores. Es hora de limpiar la Iglesia Católica en serio.

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