Archive for January, 2017

(Foto: Correo)

El señor de la foto se llama Moisés Guía Pianto y es congresista por Peruanos Por el Kambio representando a la región Junín. Y hoy protagonizó un incidente que pinta de cuerpo entero tanto la fragilidad del oficialismo parlamentario como el grado de fanatismo religioso presente en algunos representantes parlamentarios.

Hace un par de semanas, Utero.pe presentó una serie de datos que alertaban sobre la presencia de un segundo parlamentario disidente – el primero fue Roberto Vieira – en Peruanos Por el Kambio: pasado fujimorista, revindicación del reo de Barbadillo y una agenda conservadora a ultranza. Este diálogo entre Andy Livise, reportero del conocido portal, con el congresista da cuenta sobre sus ideas sobre la ficticia “ideología de género”:

  • Útero.Pe: ¿Cuál es su pedido?
  • Moisés Guía: Que se  respete el anterior proceso educativo y el nuevo entre a una mesa de diálogo. (…) Si eso nos complace y está dentro de los márgenes de nuestra ideología cristiana y pastoral, lo asumiremos como tal y la respetaremos. Caso contrario, tomaremos acciones.
  • Útero.Pe: ¿Y con respecto al decreto legislativo 1323?
  • Moisés Guía: No pedimos nada hasta no escucharlos.
  • Útero.Pe: ¿Entonces para qué se realiza la reunión si no están pidiendo nada?
  • Moisés Guía: Nosotros estamos pidiendo la verdades. Explicación del antes y el después de la reglamentación. Si no nos satisface como iglesia, nosotros haremos las preguntas necesarias.

En ese mismo post, se indicó que el congresista Guía Pianto venía organizando una conferencia denominada “Educación y Género”, para que las ministras de Justicia (Marisol Pérez – Tello) y Educación (Marilú Martens) expusieran ante miembros de las iglesias evangélicas los alcances del Decreto Legislativo N° 1323 que incluye la discriminación por orientación sexual y los crímenes de odio, así como el currículo educativo nacional.

De acuerdo a algunos asistentes a la ceremonia, las dos ministras respondieron con solvencia su posición frente a estos temas con las iglesias evangélicas. Pero la ceremonia pasó a otro cariz cuando Guía Pianto, una vez retiradas ambas funcionarias de la sala, se mandó con lo siguiente (vía El Comercio):

En una parte del conversatorio, al que asistieron las ministras de Educación, Marilú Martens, y de Justicia, Marisol Pérez Tello; Guía sostuvo que “es difícil poder convivir cuando tenemos una bancada dividida y los 18 ministros no reponden a una expectativa de identidad de género y no hay una respuesta política de Estado. Nos quieren engañar y mentir“.

“[Por lo anterior,] pido desde ahora que el 4 de marzo se declare la vacancia presidencial y la insurgencia popular, porque caso contrario estaremos nosotros confinados a poder sufrir las consecuencias”, concluye el oficialista.

Además de la evidente faltosería de un parlamentario oficialista frente al líder de su partido y Presidente de la República, lo que se muestra es la evidencia que un grupo de evangélicos (y un sector de católicos conservadores) busca vacar a PPK si es que no cambia sus posiciones. Y también la presencia fuerte de integristas religiosos en el Congreso de la República: a Guía Pianto se le suma Julio Rosas (APP), así como los fujimoristas Nelly Cuadros, Juan Carlos Gonzales y Marco Miyashiro.

Peor aún, hoy la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ana María Romero publica en El Comercio un artículo bastante claro donde desmiente la existencia de la monserga de la “ideología de género”. Aquí los párrafos más saltantes:

Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) hemos afirmado rotundamente que la “ideología de género” no existe en las políticas públicas.

Las leyes y políticas públicas vigentes se refieren a la “igualdad de género”. Es decir, a la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre mujeres y hombres para garantizar que las mujeres desde niñas se desarrollen en igualdad de condiciones que los varones, accedan al mismo tipo de educación, servicio de salud, posición laboral, nivel de sueldo y representación política, sin sufrir discriminación ni violencia alguna.

Lo peor es que, desde inicios de este gobierno, en Palacio de Gobierno están advertidos sobre la existencia de estos grupos fanáticos que buscan que “las leyes divinas” primen sobre la Constitución y la legislación peruana. Por ahora, las ministras de Educación, Salud, Justicia y Mujer se han plantado bastante bien frente a estas presiones. Pero lo cierto es que PPK y su equipo van a tener que enfrentar una andanada conservadora en los próximos meses, que tiene organización y plata, frente a la cual, van a tener que plantear una estrategia.

El destino de Guía Pianto es claro. Lo más probable es que sea separado de la bancada oficialista, que sufrirá su segunda baja. Un nuevo momento en el que Peruanos Por el Kambio deberá hacerse cuestionamientos serios sobre la consistencia de su grupo (dado que el filtro para entrar a la lista parece que nunca existió), pero que también puede servir para consolidar los lazos entre los 16 que quedan.  Hora clave para que el gobierno le preste más atención a su grupo parlamentario y a la disputa liberal – conservadora que atraviesa toda la política peruana.

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(Una de las obras más esperadas seguirá en compás de espera. Foto: Andina)

Si hay un proyecto que divide a los ciudadanos de Cusco, es la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Un importante sector de cusqueños lo quieren, debido a que puede impulsar aún más el turismo en la región, que tiene en dicha actividad a una de sus mayores fuentes de ingresos, dado que ahora si podrían venir vuelos internacionales directamente a dicha parte del país. Pero también tiene sus detractores, sobre todo, en lo que se refiere al posible impacto que tendría en algunas comunidades indígenas, así como en la misma localidad.

Más allá de esta discusión, lo cierto es que la obra se ha convertido en un anhelo regional, más aúndespués que el Aeropuerto Velasco Astete quedara corto para la demanda turística en dicha zona. De allí que, por lo menos desde el gobierno de Alejandro Toledo, el anuncio de su construccción sea casi un mantra de cada mensaje a la Nación de 28 de julio.

La obra se licitó en el gobierno de Humala, ganando el consorcio Kuntur Wasi. Y un error en el diseño del contrato generó un problema que explica Luis Davelouis:

Kuntur Wasi ganó la licitación del aeropuerto de Chinchero con una propuesta económica que equivalía a la mitad de la que presentaron sus competidores. Nada mal, ¿no? Sin embargo, hoy, la necesidad de destrabar el proyecto mediante una adenda se origina porque –gracias a un “error” en el diseño del contrato– KW puso una tasa de interés –por sus molestias– que elevaba el costo del proyecto de US$500 millones –lo planteado originalmente– a casi US$1,200 millones.

Este tema se pateó para este gobierno, lo que implicaba dos posibles caminos: resolver el contrato o generar algún tipo de mejora al mismo. Y esta segunda opción es la que, en principio, adoptaron en Palacio.

La posición de la actual administración se resume en esta foto de PPK y esta pizarrita:

(Foto: TV Perú)

Para explicarlo más detenidamente: el gobierno sostiene que la adenda al contrato de concesión de Chinchero supone un ahorro en intereses para el país y que se mantendría un esquema público privado de la siguiente manera: el Estado asumirá los riesgos de la mayor parte de las obras de infraestructura (antes solo asumía el del movimiento de tierras) y Kuntur irá ganando paulatinamente a partir del dinero que se entregará por avance de obra. A cambio, el Estado dejará de pagar las tasas de interés pactadas inicialmente (porque el Estado tenía cinco años de gracia para pagar) y que encarecían el proyecto.

Esto ha supuesto una primera pregunta por parte de algunos periodistas económicos: ¿En lugar de adoptar esta solución no se pudo resolver el contrato con Kuntur y hacer una obra pública? De hecho, las primeras declaraciones del ministro de Economía Alfredo Thorne iban en el sentido que eso era lo que, en la práctica, había ocurrido con el contrato.

Según explican voceros del gobierno en público y en privado, era bastante difícil resolver el contrato por el consiguiente pago de penalidades, así como por el atraso de la obra, lo que implicaba costos para el PBI de este año (ya ajustado por el caso Odebrecht) y un posible conflicto social en Cusco por las demoras. A ello se suma que el expediente técnico pertenece a la empresa y, por tanto, un nuevo concurso supondría un mayor retraso. Por esta razón, adoptaron esta decisión. Para algunos, no es la óptima, pero es lo mejor que podrían sacar en las actuales condiciones.

Pero no han sido los únicos cuestionamientos. Hoy Verónika Mendoza publicó un comunicado en el que, además de cuestionar que esto no se trate como obra pública, ha criticado la experiencia que tiene Kuntur Wasi para la construcción de aeropuertos, así como el hecho que una hermana del Presidente del Consejo de Ministros ocupe un puesto importante en una de las entidades que conforman el consorcio. Palacio de Gobierno no se ha pronunciado sobre este último punto, que ha circulado en redes sociales.

A ello se suma lo planteado por la renunciante presidenta de OSITRAN, Patricia Benavente. Ella dejó el cargo debido a que firmó una opinión (no vinculante) en contra de la adenda al contrato. Para la experta, son dos los riesgos importantes: que Kuntur Wasi abandone la concesión una vez que cobre todo lo que el Estado le habrá pagado por cada avance de obra y que todas las empresas que tengan asociaciones público privadas comiencen a pedir cambios similares.

Finalmente, el editor de Economía & Negocios de El Comercio Gonzalo Carranza cuestiona las matemáticas del MEF e indica que, en realidad, el ahorro es menor:

De hecho, las últimas semanas no han sido las ideales para confiar en las matemáticas ministeriales. Miremos el aeropuerto de Chinchero: tanto Thorne como Martín Vizcarra hablan de un ahorro de US$589 millones, producto de restar aritméticamente los montos a pagar en el contrato original y en la adenda, los cuales se desembolsaban en plazos y modalidades muy diferentes.

Pero lo que te enseñan en cualquier clase de matemática financiera es que uno debe traer dichos montos a valor presente y compararlos de ese modo. El Ejecutivo no ha divulgado el resultado de ese cálculo, pero la renunciante presidente de Ositran, Patricia Benavente, afirmó en una entrevista con “Semana Económica” que ese ejercicio arrojaría un ahorro de US$15 millones. Una diferencia del tamaño de un aeropuerto que merece una explicación.

Por ello, desde el Congreso han pedido explicaciones sobre el tema. Y el gobierno ha terminado cediendo suspendiendo temporalmente el contrato. Tiempo suficiente para analizar si estamos ante una buena forma de realizar esta obra y si es que, realmente, la solución planteada por el gobierno es la única que se tiene. O si hay demasiada desesperación por destrabar inversiones que lo están haciendo a tontas y a locas.

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(Fotos: El Comercio)

Las bibliotecas bien surtidas son una caja de sorpresas. Pueden encontrarse auténticas joyas, volúmenes que solo servirían para adornar un estante sin que su contenido nos aporte mucho, así como textos que llaman la atención por las revelaciones que encierran en pequeños detalles.

Esta historia se remite al último tipo de libros.

En 2011, culminado el segundo gobierno aprista, el exministro Enrique Cornejo escribió un libro llamado “La Segunda Oportunidad”. El texto es un conjunto de reflexiones que intentan relativizar en algo el fracaso económico del primer quinquenio de Alan García, así como resaltar los logros de su segunda administración. El texto fue prologado por el expresidente, con quien hoy se haya enfrentado en una batalla que no se recuerda desde los tiempos de las broncas entre Armando Villanueva y Andrés Townsend, una vez muerto Haya de la Torre.

El texto de Cornejo no solo se queda en aquellos dos quinquenios, sino también narra lo ocurrido en la década de 1990. Y al contar la jornada del golpe de Estado de 1992, Cornejo da a conocer la existencia de una poco conocida entidad, formada junto a García y otros exfuncionarios de su primer gobierno.

Como comprobamos al ver la ficha de la entidad, la misma se formó al final del primer gobierno de García, el 17 de julio de 1990 y quedó inscrita apenas cuatro días antes que concluyera dicha administración.

Más allá de la carcajada que puede despertar en el lector el hecho que personajes que llevaron a la economía peruana a niveles poco imaginados de desastre constituyan una asociación sobre este tema, lo cierto es que el Instituto para la Deuda Externa Latinoamericana tiene una breve historia que puede conllevar a repercusiones inesperadas en el presente.

Como parte de sus actividades, el IDEL editó la serie “Deuda Externa Latinoamericana. Cuadernos”, dos volúmenes sobre los temas de investigación de la entidad, desde la perspectiva que mantenía en ese entonces García sobre dicho problema. Es decir, una justificación de las medidas tomadas en su primer administración.

Desde el Tercer Piso logró ubicar los dos libros publicados por el IDEL. Y en los créditos de los mismos encontró que personajes muy conocidos hoy se conectan, un cuarto de siglo antes, con fines académicos.

Como vemos, el Instituto era presidido por Alan García, tenía como vicepresidente al exministro Abel Salinas (ya fallecido), como director ejecutivo a Enrique Cornejo y como directores al actual embajador del Perú en Ecuador Hugo Otero y al expresidente de Petroperú Luis Rebolledo, también fallecido.

Y, tal como se aprecia, el equipo de investigación del IDEL era integrado por Roxanne Cheesman, economista y actual pareja de García; Pilar Tejada Vidal, quien fuera secretaria ejecutiva del FITEL en el segundo gobierno aprista; José Antonio Sánchez Samaniego y el hoy prófugo Jorge Cuba Hidalgo.

Al revisar ambos Cuadernos, encontramos que, en el primer volumen de los mismos, aparecen artículos escritos por García Pérez y Cuba Hidalgo, tal como consta en estas fotografías.

Mientras que, en el segundo tomo de los Cuadernos, se pueden ubicar textos de Cheesman – quien también aparece como Directora Adjunta de la entidad académica – y Cuba Hidalgo sobre el tratamiento de la deuda externa. Hablan las imágenes.

Hasta el día de hoy, no se conocía esta relación académica entre el expresidente, su hoy pareja y uno de los principales procesados en el caso Lava Jato. Es hora que, desde Madrid, Alan García nos cuente desde cuando y cómo conoce a una persona a la que no ha dudado en llamar “rata”, así como sí ha mantenido vínculos con él hasta la actualidad. Lo mismo en el caso de la señora Cheesman. Y, al mismo tiempo, Enrique Cornejo deberá relatarnos con amplitud los vínculos que ha tenido con Cuba Hidalgo desde, al menos, fines de la década de 1980.

La vida te da sorpresas. Las bibliotecas también.

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Durante esta semana, en redes sociales se ha discutido ampliamente sobre los vínculos que ha tenido la empresa brasileña Odebrecht con periodistas y comunicadores durante los últimos años. En este debate intervinimos el martes con un post en este espacio. Este debate ha tenido matices de todo tipo, así como, por cierto, el uso de la información para darle de alma al rival ideológico de turno y, claro está, para intentar bajar la llanta a los medios que vienen investigando sobre el caso Lava Jato.

A continuación, algunas reflexiones finales sobre algunos de los tópicos discutidos en esta semana.

(Foto: IPYS)

EL CASO IPYS

Como ya es conocido, Odebrecht donó una suma importante de dinero al Instituto Prensa y Sociedad para la realización de la primera edición de los Premios Nacionales de Periodismo. El contrato se rescindió en 2015 de mutuo acuerdo entre las partes, una vez que se conoció la magnitud del involucramiento de la constructora en los casos de corrupción investigados en su país y que también comprenden a funcionarios peruanos.

Esta semana, Gustavo Gorriti y Augusto Álvarez Rodrich, expresidente y actual presidente del IPYS respectivamente, escribieron columnas de opinión en torno al caso. A diferencia de quienes han querido ver oposición entre ellas, creo que ambas tocan puntos importantes que se complementan.

La columna del jueves de AAR en La República aclara algunas cuestiones importantes sobre la participación que tuvo Odebrecht en los PNP: el contrato se publicó en forma transparente en la web de la entidad, se formó un comité de premios y se colocaron bases que impedían algún tipo de cortapisa en la presentación de temas y los recursos fueron utilizados tanto para los premios en efectivo como para la organización del certámen. Esta explicación fue complementada ayer en RPP TV con una entrevista hecha por Patricia del Río a Álvarez Rodrich y Ricardo Uceda, director de la entidad no gubernamental.

En términos estrictamente legales, sin duda, la explicación deja en salvaguardia a IPYS, dado que los fondos han sido empleados correctamente y porque el otorgamiento de los galardones se dejó a cargo de jurados (varios de ellos provenientes del extranjero) que no tenían, en principio, vínculos con la empresa brasileña. Asimismo, como ha mencionado Uceda, algunos de los periodistas premiados han investigado a Odebrecht o a obras de la referida compañía, por lo que no existiría un filtro a favor de la cuestionada entidad. En estos aspectos, le doy la razón a Augusto.

Gorriti se enfoca, sobre todo, en los aspectos éticos de la donación. La posición de Gorriti es que no se pueden aceptar regalos, honorarios, pasajes, consultorías de empresas o realizar servicios de media training para las mismas, salvo circunstancias bastante excepcionales. Para el director de IDL – Reporteros, existía un conflicto de interés al recibir una donación de Odebrecht y, por ello, decidió que ninguno de los reportajes de su equipo se presentaría al PNP, debido a que ya existían investigaciones serias sobre la empresa brasileña.

Coincido con Gustavo en que recibir la donación de Odebrecht fue un error. Ya existían informaciones claras sobre los casos de presunta sobrevaloración de obras y la fama de la empresa era, para 2013 – 2014, bastante mala. De hecho, ya en la campaña de 2011 se discutió mucho sobre la cercanía de constructoras brasileñas a los entornos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala, aunque, como ha podido conocer este blog, personajes como Jorge Barata se acercaron a todas las tiendas políticas, sin discriminación. Este mismo motivo hizo que otros periodistas declinaran presentar sus trabajos a los PNP.

También concuerdo con Gorriti cuando señala que es necesario preservar al IPYS como entidad encargada de la protección de la libertad de expresión e impulso del periodismo de investigación, razón por la cual se necesitan reformas y recambios. La salida de Mabel Cáceres e Iván Garcia ante este caso, así como la puesta en conocimiento de la lejanía que, desde hace algún tiempo, mantienen Gorriti y Rosa María Palacios de la entidad, abre una coyuntura clave para ello. Al margen del examen sobre personas y responsabilidades en este caso, la entidad debería tener una política por escrito sobre la posible recepción de donaciones privadas y, en caso las acepten, cuáles son los montos tope y el tratamiento a darle a estos donativos.

(Reportaje de Hildebrandt en sus Trece reveló algunos nombres de periodistas que hicieron trabajos para Odebrecht. Foto: Utero.pe)

CONSULTORIAS Y ASESORIAS

En su edición de ayer, Hildebrandt en sus Trece presentó un informe en el que, gracias a informantes de Odebrecht, pudo reconstruir y contrastar información sobre algunos periodistas y comunicadores que realizaron consultorías y asesorías para la empresa.

Pedro Tenorio, actual conductor de noticias en Latina y columnista en El Comercio, reconoció haber realizado trabajos en asesoría de prensa para una obra puntual de la compañía, cuando no se encontraba trabajando para ningún medio.  Mientras que el informe de Eloy Marchán también registra que Alfonso Baella hizo servicios sobre redes sociales para Odebrecht entre 2009 y 2014, cuestión que habíamos señalado en este blog el pasado martes. Luego de semanas sobre no pronunciarse sobre este tema, que ya era tocado en redes sociales, Baella dio el siguiente mensaje a través de su página en Facebook en la tarde de ayer:

Más complicada es la situación del periodista Enrique Castillo, a quien el semanario indica como asesor de Jorge Barata, el alto representante de la compañía en Perú, quien viene declarando para acceder a los beneficios de la delación premiada en Brasil y se acogerá a la colaboración eficaz en nuestro país. Según nuestras fuentes, Castillo negó a directivos de Canal N cualquier vínculo con Odebrecht. El también columnista de Perú.21 se excusó en declarar para HEST porque estaba por emprender un viaje.

También se hizo alusión a los vínculos de la empresa ADN Consultores con Odebrecht. El periodista Mario Saldaña, socio de la misma, no recordó si había hecho servicios puntuales para la misma, pero el semanario indicó que sus fuentes dentro de Odebrecht referían la prestación de servicios para la licitación de la planta de tratamiento de Taboada. En entrevista ayer con Nicolás Lúcar, Saldaña negó haber prestado servicios para la controvertida compañia y refirió que lo había hecho “su exsocia”, sin mencionarla. Este blog registró en 2009 que la comunicadora Laura Cáceres Friedman, la exsocia de ADN, nos reconoció ser la encargada de relaciones públicas externas de Odebrecht para este tema.  En aquellos años, Cáceres era pareja del periodista Aldo Mariátegui, entonces director de Correo.

Finalmente, se mencionó a Juan Carlos Valdivia, columnista de Correo y del portal El Montonero, quien fue asesor para Odebrecht en relaciones institucionales entre 2010 y 2016, quien dejó dichos servicios por los escándalos de corrupción. Valdivia no se ha pronunciado al respecto. Tampoco lo ha hecho Raúl Vargas, director de RPP Noticias, quien colaboró en dos publicaciones editadas por los brasileños y fue jurado en el premio “Peruanos Construyendo Futuro”, organizado por la empresa.

En todos los nombres mencionados, hasta el momento no se registra ninguna colusión con actividades ilegales. Es decir, algún tipo de favorecimiento indebido o complicidad directa con los delitos realizados por directivos de la empresa en el Perú y en el extranjero.

Sin embargo, sí corresponde hacer una evaluación ética, no solo por la vinculación con una empresa que, como hemos mencionado anteriormente, ya tenía serios problemas de imagen desde, por lo menos, fines de la década pasada, sino también por este tránsito entre el periodismo y las consultorías.

Creemos que, al igual que en otras profesiones liberales como el Derecho, aquellos comunicadores que asesoran en diversos planos a empresas tienen la atribución de escoger a sus clientes. Y ello implica, por cierto, tener un filtro ético claro para saber elegir a las empresas con quienes se vinculan.

En el caso de aquellos columnistas que son consultores de empresas, resulta indispensable que sean claros en indicar que se dedican a dicha actividad y, en la medida de lo posible, referir su lista de clientes. Asimismo, sostengo que deberían evitar referirse a sus clientes o a aquellos proyectos de inversión en los que están involucrados. El full disclosure es lo mejor en estos casos.

Pero en el caso de quienes están comprometidos contractualmente con un medio – sea por laboralmente o por contrato de servicios – sí creo que no se puede estar en una pantalla o teclado y, al mismo tiempo, hacer labores de asesoría para empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. Si bien para algunas se ha convertido en una fuente alternativa por los sueldos que paga el periodismo, creo que se debe apostar a la mejora de los sueldos en las empresas periodísticas, que deben colocar en sus códigos de ética que quienes tengan vínculo con ellas no se dediquen a este tipo de actividades, así como vigilar su observancia. Estar en los dos lados del mostrador es, a mi criterio, insostenible.

Sostengo que este caso nos debe servir para pensar aquello que Gorriti alguna vez sostuvo: esta suerte de mezcla entre asesores de empresas, periodistas, consultores de imagen y spin doctors empresariales y políticos. Es una mala práctica iniciada en el Perú durante los años 2000 que debe terminar para siempre.

Finalmente, creo que es mejor la transparencia en todos estos casos.

UN COMENTARIO FINAL

No me cabe duda que estas reflexiones son pertinentes. Pero también es cierto que el caso, como ha señalado Augusto Álvarez Rodrich, ha sido aprovechado por algunos partidos políticos – como el APRA y el Fujimorismo – asi como por sus simpatizantes y columnistas afines para tratar de demoler a varias personas que, desde hace tiempo alertan sobre este tipo de casos. O para intentar distraer la atención de sus propios vínculos con Odebrecht y otras empresas brasileñas.

De hecho, el día de ayer, el columnista de un diario en el que he colaborado, vía Twitter, intentó vincularme con estas empresas, con el sibilino “está circulando la versión que”. Como lo sostuve al responderle y ahora reitero aquí, no he tenido ningún vínculo con Odebrecht, ni con las empresas privadas comprometidas con el caso Lava Jato. Tampoco brindo servicios de asesoría de imagen o consultorías a entidades públicas o empresas. Y tampoco he participado en libros o foros auspiciados por Odebrecht o constructoras brasileñas.

Por nuestra parte, esta reflexión acaba por ahora. Creemos que es importante, en este momento, apuntar a que las investigaciones en el caso Lava Jato se lleven a cabo con la mayor pulcritud y, sobre todo, que todos los culpables caigan, sin importar la tienda política.

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(Foto: Poder)

En lo que vamos de la actual administración, el gobierno ya ha tenido que enfrentar dos emergencias climáticas vinculadas al agua. Durante los últimos meses de 2016, se tuvo que hacer frente a la sequía en departamentos del norte y del sur del país. Y, durante las últimas semanas, los huaicos han sido fuertes en Ica, Arequipa y Lima. En el caso de la capital, además, existen problemas en el abastecimiento de agua debido a que el trabajo para limpiar el agua del río Rímac en La Atarjea es mayor.

Aunque nos encontramos ante fenómenos relativamente estacionales, es notorio que la intensidad de los mismos se ha hecho más fuerte debido al cambio climático. Y es algo de lo que se habla poco en la política peruana.

Se trata de una omisión grave. El Perú es uno de los países más vulnerables a este fenómeno. Indica el propio Ministerio del Ambiente:

Los efectos del cambio climático serán especialmente significativos en América Latina y el Caribe, por la variabilidad y los extremos climáticos de la región. Dentro de ella, el Perú es uno de los países más afectados, debido a la repercusión de fenómenos hidrometereológicos relacionados con el Fenómeno de El Niño. A su vez, nuestro país cuenta con una valiosísima riqueza ecológica y megadiversidad climática (tiene 27 de los 32 climas del mundo). Por ello, cualquier daño al medioambiente en el Perú perjudica el equilibrio ecológico del planeta.

El cambio climático, además de un impacto directo en el ambiente, afecta la salud, economía y diversos aspectos de la población. En el Perú los fenómenos hidrometereológicos (sequías, fuertes lluvias, inundaciones, heladas, granizadas) se han incremento más de seis veces desde 1997 al 2006 y eventos climáticos extremos como huaicos, inundaciones, heladas y el fenómeno de El Niño se está produciendo con mayor frecuencia e intensidad. Estos casos ponen en evidencia que el cambio climático no es un fenómeno ajeno, sino que influye en la economía del país y en la vida de cada uno de sus pobladores.

En la campaña electoral, pocos candidatos tocaron el tema. Uno de ellos fue el actual Presidente de la República. En su plan de gobierno, Peruanos Por el Kambio daba el siguiente diagnóstico:

Asimismo, a la fecha, se ha comprobado la poca efectividad de instrumentos como la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Comisión Nacional de Cambio Climático. Mientras tanto, nuestro país está rezagado en sus compromisos y necesidades de acción sobre tales temas. Esta situación impone la necesidad de contar con un sistema nacional de cambio climático y una política real de cambio climático, que sea capaz de diseñar y conducir acciones de mitigación de los efectos de esta problemática ambiental desde el más alto nivel del gobierno central, hasta las regiones y municipios.

El Perú, por ser un país de bosques, ocupa un lugar importante en las estrategias de control de los efectos de la alteración climática y ambiental y –como consecuencia de las negociaciones internacionales vinculadas a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático– tiene la posibilidad de gestionar financiamientos que ayuden a conservar los bosques en pie y orientar un manejo responsable y sostenible de los recursos forestales.

Un importante incentivo para reducir la contaminación que producen las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) son los Bonos de Carbono, establecidos por el Protocolo de Kioto. Los Bonos de Carbono permiten al sector privado obtener una compensación económica por la reducción comprobada de las emisiones de GEI que realizan sus industrias. Esto funciona sobre todo entre países que pueden obligar a las empresas a reducir las emisiones de GEI y hacerles pagar multas si no lo hacen, como es el caso de la Unión Europea. Las emisiones de GEI se calculan en toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) y se traducen en Certificados de Emisiones Reducidas (CER). Un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir, y es un valor que puede venderse en el mercado de los bonos de carbono.

Como medidas puntuales, además de la lucha contra la minería ilegal – mediatizada hoy por la controversia frente a los flamantes Decretos Legislativos dados por el gobierno -, se contempla la ampliación de la cobertura del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático y, sobre todo, la aprobación de una Ley Marco de Cambio Climático. Indica el Plan que:

La conservación de bosques y la creación de cultivos forestales para captura de CO2, el manejo sostenible de cuencas hidrográficas y la gestión adecuada del agua (almacenar, ahorrar y reciclar), el manejo adecuado de residuos sólidos generadores de metano, son todas medidas que contribuyen a la mitigación del cambio climático y que serán abordadas a través de una Ley Marco de Cambio Climático que permita transitar a una economía eficiente baja en uso de combustibles fósiles, y que promueva energías alternativas, que identifique medidas adecuadas al país para incentivar el crecimiento sostenible.

La Ley deberá contemplar la implementación del Programa Nacional de Conservación de Bosques, la creación de la Política Nacional de Cambio Climático y del Sistema Nacional de Cambio Climático. Asimismo, esta Ley deberá permitir el monitoreo sistemático de los efectos del cambio climático a través de las instituciones públicas especializadas como el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto del Mar del Perú, el Servicio Nacional Meteorológico e Hidrológico, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y la Autoridad Nacional del Agua; de este modo, el país podrá contar con una estrategia de adaptación y control de los efectos del cambio climático adecuada a nuestra realidad.

Sin embargo, hasta ahora el gobierno no presenta este proyecto normativo, ni tampoco hemos visto muy activa a la Ministra del Ambiente, Elsa Galarza, en torno a este tema. Al revisar la web del Congreso, encontramos que el Frente Amplio sí ha presentado iniciativas sobre esta materia, pero no han sido aún materia de una discusión más profunda.

Si bien es cierto que el gobierno debe atender las emergencias en los diversos puntos del país, también es cierto que resulta indispensable que acelere los esfuerzos para atacar un problema que, como nación resulta más que vital atender.

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Hace un par de semanas, en Chicharrón de Prensa, el periodista Jaime Cordero – editor de la revista h – y yo dialogábamos con los dos conductores del espacio sobre un tema que, hasta ahora, ha sido tabú o solo se ha utilizado para tratar de enlodar a quien no piensa como uno: la relación entre la prensa y Odebrecht. Menciono solo a una de las constructoras brasileñas involucradas en el caso Lava Jato porque ha sido la más agresiva en contar con buenas relaciones con el periodismo peruano.

En la conversa con Luis Davelouis y Man Ray, Cordero señalaba que había que hacer una primera diferenciación: los periodistas y comunicadores que, en el legítimo ejercicio de su derecho al trabajo, trabajaron en Odebrecht. Personas que, como indicaba Jaime, deberán ahora tener que explicar la chamba que hicieron durante todos los años en que se decían varias acusaciones sobre la mencionada empresa.

Y un segundo grupo: aquellos periodistas que hicieron algún tipo de trabajo para Odebrecht (a modo de consultorías, asesorías o trato comercial), sin que informaran a sus lectores, televidentes y escuchas que, a la par que les presentaban las noticias, no hacían pública esta relación. Aquí también entrarían columnistas de opinión de medios impresos y digitales que no hacían lo propio (o, peor aún, escribían a favor de la empresa).

Lamento decepcionar a los que esperaban nombres de estos segundos. No tengo una supuesta lista que estaría circulando sobre periodistas que hicieron consultorías para Odebrecht. Ni menos aún un nombre. Con una sola excepción.

Durante las últimas semanas, quien habla como otros usuarios de Twitter – entre ellos, la cuenta @fujitrolls – hemos presentado evidencia que la empresa de Alfonso Baella Herrera, conductor de ATV+ y columnista del diario Expreso, hacía trabajos de servicio digital tanto para Odebrecht como para el Gasoducto Sur Peruano, cuyo consorcio integraba la empresa brasileña. Baella no ha respondido a sus seguidores en redes sociales – ni tampoco en sus espacios periodísticos sobre esta relación comercial.

De hecho, hace dos semanas, cuando aparecieron las primeras fotografías y capturas de pantalla sobre los vínculos de Baella Herrera con la empresa brasileña  – que incluyen a una hermana suya trabajando para la referida compañía -, le enviamos a su correo corporativo un breve cuestionario acerca de estos vínculos comerciales que no eran transparentes para el público (Baella Consulting no coloca su lista de clientes en su página web). Hasta el momento seguimos esperando las respuestas del conductor y analista político.

Sin duda, el trato comercial de Baella con Odebrecht no supone un delito, pero sí es cierto que, por respeto a sus lectores y televidentes, debió hacer pública esta relación. Y lo mismo cabe para todos aquellos periodistas y opinadores que han tenido algún tipo de consultoría, asesoría de imagen o media training para la empresa brasileña o para alguna de las constructoras que hoy están sumidas en el escándalo que hoy vemos todos los días en las noticias.

Por nuestra parte, nunca hemos tenido ningún trabajo de este tipo para ninguna empresa o entidad pública. Y resulta indispensable que todos quienes tenemos alguna labor de opinión o difusión de información hagamos este tipo de disclaimer.

Más difusa – como indicó Cordero hace dos semanas – es la línea vinculada a los concursos de periodismo. Hace dos semanas, el periodista Eduardo Abusada contó cómo fue la presentación de un libro recopilatorio de los trabajos ganadores en uno de los certámenes convocados directamente por Odebrecht, denominado “Peruanos Construyendo Futuro”. El problema con este concurso era que se pedían trabajos “sobre personas que mejoraron su desarrollo personal o de su comunidad a partir de las obras en las que Odebrecht ha participado, a lo largo de estos años, en nuestro país”. En otras palabras, un cherry encubierto para la empresa por parte de los trabajos participantes. Algo que también recae en el campo ético y que también suscita varios dilemas morales sobre la realización de trabajos directamente ligados a una empresa y que, además, pueden recibir un premio en efectivo por ello.

Esta tarde, el Instituto Prensa y Sociedad hizo una aclaración en relación con el auspicio dado por Odebrecht a la primera edición de sus Premios Nacionales de Periodismo. IPYS aclaró que rescindió dicho contrato de donación en 2015, una vez que se conocieron las evidencias de corrupción en Brasil y que el concurso no se vio comprometido en su orientación por este y los demás auspicios privados que tuvieron. Hasta aquí, todo bien con la aclaración.

Pero, sin duda, cabe preguntarse si fue una buena idea que, en 2014, se aceptara este apoyo de la empresa brasileña, cuando ya existían algunas evidencias sobre su conducta. A mi criterio, con el respeto y aprecio que tengo por varios de los integrantes de IPYS, fue un error. Felizmente, el mismo fue corregido para los años siguientes.

Sumemos a ello el tema de la publicidad. Sin duda, una de las suspicacias que se tienen frente al público es que existen condicionamientos comerciales frente al contenido informativo que se presenta. Y ello va tanto para grandes medios como para portales de investigación y noticias. De hecho, hace unas semanas también circuló la publicidad que apareció en el portal Utero.pe en 2009. En su momento, Marco Sifuentes, entonces editor del blog, aclaró las diferencias entre los espacios publicitarios y los periodísticos. A tal punto que se había publicado una noticia sobre una supuesta coima de un exabogado de Odebrecht al exministro Allison en aquellos meses. Este tipo de aclaraciones y la existencia de códigos de ética – como los que tienen Semana Económica, El Comercio e incluso Utero.pe – resultan pertinentes para todos los medios.

Finalmente, una pregunta que le hice a Luis Davelouis y que hago extensiva a los amigos periodistas económicos: ¿no debieron alertar en sus páginas sobre estos casos de corrupción empresarial? Sí, es cierto que hay medios – sobre todo, en Internet, como Ojo Público, Convoca e IDL Reporteros – que están sacando continuamente cosas sobre casos de inconductas empresariales, pero uno esperaría que los medios más grandes y establecidos hagan lo mismo. Aquí, sin duda, también cabe una reflexión sobre el rol que tiene el periodismo económico respecto de uno de sus objetos de interés: los conglomerados.

Sin duda, es necesario que el periodismo vuelva a marcar una distancia saludable de las empresas. Y que cercanías como las que Odebrecht tuvo no vuelvan a repetirse. Asimismo, se requiere una mayor transparencia sobre consultorías hechas por periodistas y columnistas – aunque lo ideal, como dice Gustavo Gorriti, es que no las hagan -, así como una clara política sobre publicidad. Y, por supuesto, que los certámenes por encargo no sean la regla, así como unos líneamientos más claros sobre los auspicios a recibir para los galardones más renombrados. Así como el empresariado y la clase política requieren reflexionar sobre su rol a la luz de este escándalo, es bueno que el periodismo lo haga.

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(Confiep en la mira. Foto: Luis Davelouis)

Hoy Gonzalo Carranza, editor de Economía y Negocios de El Comercio, da un par de primicias en su columna en Día.1, suplemento de dicho rubro que sale cada lunes. ¿El tema? La forma cómo los gremios empresariales vienen tratando las denuncias sobre Odebrecht. Aquí los párrafos pertinentes.

¿Acaso Odebrecht había simplemente renunciado a su membresía en AFIN?

El gremio aclaró a este Diario que Odebrecht Latinvest  fue “desafiliada” el 7 de diciembre, días después de que su matriz publicara un comunicado aceptando conductas impropias.

En enero de este año, cuando ya se conocía la confesión de Odebrecht de haber pagado sobornos en el Perú, AFIN desafilió también al consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP), formado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero. Otros consorcios en los que Odebrecht ha firmado compromisos de venta de sus acciones o es socio minoritario -H2Olmos y Rutas de Lima- aún son parte de AFIN.

El gremio de la infraestructura explicó a este Diario que en los procesos de desafiliación aplicó su Código de Conducta y de Principios, y siguió los procedimientos establecidos en su Reglamento.

Mientras tanto, el viernes por la noche se supo que GSP también fue separado de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, aunque sin comunicado oficial a la prensa ni expresión de causa.

Como señala Carranza al final de su columna, es necesario que los gremios empresariales sean más fuertes ante casos de corrupción y que repiensen su actuación en estos casos. De hecho, las desafiliaciones presentadas por el editor del diario más antiguo del país era algo que pocos conocían, incluso en círculos políticos y empresariales. No basta sólo con firmar códigos de ética – todos los gremios empresariales afilados a CONFIEP, como los arriba mencionados, los tienen, por iniciativa de su expresidente Ricardo Briceño – sino también cumplirlos e indicar cuando existen sanciones.

De hecho, este es un tema que ya ha sido puesto en la mesa desde hace tiempo. El propio diario El Comercio publicó un informe sobre el pobre funcionamiento de los códigos de ética empresariales en el país, a raíz de la sentencia por defraudación tributaria contra Lelio Balarezo, exvicepresidente de la CONFIEP, el gremio de gremios empresariales.

Precisamente, el caso Balarezo marcó otro hito en la forma cómo estas entidades están teniendo poca reacción respecto de este tipo de casos. Gonzalo Zegarra, director de Semana Económica (revista que no está precisamente en contra del libre mercado), fustigó duramente la pobre respuesta que tuvo el empresariado sobre este tema:

Pues bien, la falta de un enérgico repudio al delito de Balarezo acerca al empresariado formal peruano a ese lumpenempresariado (Lumpenunternehmer). Uso el término para hacer un paralelo con el concepto marxista de lumpemproletariado, que no sólo delinque sino que además carece de conciencia social (SE 1260).

Esto es lamentable, pues conceptualmente el empresario –el que hace empresa– debería por definición ser lo contrario: quien ejecuta tareas difíciles con decisión y esfuerzo (SE 1224). Quien hace trampa realmente no compite, sino que medra. No se esfuerza, acaso por sentirse incapaz, y por tanto carece de autoestima (SE 1309).

Y también Rosa María Palacios – alguien a quien no podríamos acusar de marxista – señaló lo siguiente, en la misma coyuntura:

¿Cual es la posición de Confiep frente a la evasión tributaria en esta modalidad? Silencio. ¿Qué acciones institucionales desarrollan para impedir estas extendidas prácticas entre sus asociados? Silencio. La tentación, frente a un Estado que se lleva 30% de lo que ganas es enorme. Entonces, ¿no están furiosos aquellos que si cumplen y son absolutamente formales? ¿No es acaso una oportunidad institucional para deslindar entre empresarios y delincuentes? ¿Por que cree Confiep que la marcha de los “pulpines” fue a su puerta? Si sus asociados observaran las mejores prácticas laborales y tributarias mas sentido tendría marchar a la Avenida Gamarra, el emporio textil de la informalidad ¿verdad?.  Pero si los pulpines fueron a su puerta es porque también la empresa formal, o la que dice serlo, tiene problemas graves en dos ámbitos sensibles: laboral y tributario. Seres humanos y Estado.

No es la única práctica a cambiar. Augusto Townsend, editor en SE en 2009, señalaba lo siguiente frente a las presentaciones de grandes inversiones y reuniones palaciegas, mediado un año del escándalo de los Petroaudios:

Como ha evidenciado el caso de los “petroaudios”, en el Perú es absolutamente normal que los políticos (presidentes, ministros, congresistas) se reúnan con las empresas, incluso fuera de sus despachos y sin dejar constancia alguna en sus agendas oficiales. También intercambian correos electrónicos y se hacen recomendaciones mutuas, que en los casos extremos –como en el “Petrogate”- terminan por dar pie a beneficios otorgados al margen de la ley (por ejemplo, cambios en las bases de una licitación pública para favorecer a una empresa en particular).

A veces ocurre lo contrario, y a estas reuniones entre políticos y empresarios se les da, más bien, figuración mediática para evidenciar que el gobierno está apoyando a la inversión. Por más loable que resulte esto último (si efectivamente es el caso y no hay, más bien, un interés velado del político por obtener apoyo financiero o de otro tipo para una posterior campaña electoral), lo que no debe soslayarse es el impacto que genera sobre las otras dependencias del Estado. ¿Se animaría un funcionario de rango medio a rechazar –aunque haya suficientes razones para hacerlo- una solicitud de autorización o concesión efectuada por una empresa que acaba de reunirse con el presidente en Palacio de Gobierno?

¿Hay señales de cambio? Hoy el presidente de CONFIEP, Martín Pérez, propuso que se tipifique como delito la corrupción entre privados, un primer paso adelante en un cambio legislativo que se ocupará de un vacío legal importante. E indicó que el sector privado debe hacer un mea culpa. Sin embargo, resulta necesario que el gremio de gremios empresariales haga un pronunciamiento institucional fuerte, luego de los casos que comprometen a empresas brasileñas (que, en muchos casos, operaron en consorcio con sus pares peruanos). Y no basta con decir, como lo han hecho los voceros de Graña y Montero, que desconocían la fama de su socio carioca.

Una de las principales críticas que varios tenemos con CONFIEP y con otras entidades empresariales se encuentra en que no hicieron una reflexión en serio respecto de su aquiescencia o mirada hacia el techo frente a un gobierno autoritario que devino en el más corrupto de nuestra historia. En general, nuestros principales voceros empresariales han sido entrenados en una escuela conservadora, en la que aceptar errores (como la ida a la salita del SIN de algunos de ellos o su complacencia con un régimen que corrompía al país) o plantarse fuerte contra la corrupción (como en el caso Petroaudios) era poco menos que un imposible. Con contadas excepciones, nuestros empresarios han tolerado u omitido algún pronunciamiento tajante frente a prácticas ilícitas y antiéticas. Hoy, que el caso Lava Jato vuelve a poner sobre la mesa la forma de hacer negocios en el Perú, tienen una nueva oportunidad para, finalmente, revindicarse.

Pero, hasta ahora, viene siendo una opción que no desean asumir.

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(Edwin Luyo Barrientos, el primer detenido del caso Lava Jato. Foto: Correo)

Anoche se inició el denominado operativo “Palingenesia” (que quiere decir renacimiento o regeneración) que tenía como centro el allanamiento de las viviendas y la captura de dos personas: Edwin Luyo Barrientos y Jorge Luis Cuba Hidalgo. A ambos se les vincula con la recepción de coimas por parte de Odebrecht, en lo que supone los dos primeros nombres conocidos de funcionarios sobornados por la empresa brasileña.

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público, la empresa brasileña suministró información sobre la existencia de un soborno para la adjudicación de los contratos para los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. Es decir, lo que conocemos tradicionalmente como “Tren Eléctrico”. En total, los sobornos sumarían 8 millones de dólares, transferidos en pagos parciales a través de una cuenta en Andorra. De acuerdo con la información oficial, hay información que ha permitido ligar a los dos exfuncionarios con las coimas. Extraoficialmente, este blog pudo conocer que no serían las únicas personas ligadas a estas cuentas.

¿Quiénes son estos dos personajes?

EDWIN LUYO BARRIENTOS

Se trata del primer detenido por el caso Lava Jato. Según refiere el MP, recibió los sobornos en su calidad de miembro del Comite de Adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima, durante el segundo gobierno de Alan García, al ser miembro de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico.

Según informó El Comercio, Luyo fue condecorado con la Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones, cuando Enrique Cornejo, actual candidato a la secretaría general del APRA, ocupaba dicho ministerio. No registra militancia ni aportes a ninguna campaña política.

Asimismo, Luyo trabajó en Protransporte, entidad que maneja el Metropolitano y los Corredores Metropolitanos, durante la primera gestión de Luis Castañeda Lossio.

El Ministerio Público ya solicitó prisión preventiva para Luyo, quien pasó la noche en una carceleta.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO

La situación de Cuba Hidalgo es más complicada. Según se pudo conocer, se encuentra fuera del país desde Navidad y se prevé el ordenamiento de su captura nacional e internacional, así como su incorporación al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Al momento de negociar los sobornos con Odebrecht, era Viceministro de Comunicaciones, también durante el periodo en el que Enrique Cornejo fue titular del MTC.

Las cercanías con Cornejo son fuertes. Registra El Comercio que Cuba fue el coordinador de su plan de gobierno en la sorprendente campaña que tuvo el exministro para la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2014 y que la ONPE registra la existencia de un aporte de 5,000 soles en afiches para dicha justa electoral.  La relación con el APRA tampoco es moco de pavo: Cuba fue parte del equipo que hizo el Plan de Gobierno de Alianza Popular en 2016, en la parte de infraestructura. Dicho grupo de trabajo, por cierto, fue liderado por el exministro de Transportes y Comunicaciones.

Según indica el CV que se encuentra en la web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Cuba Hidalgo empezó su carrera en el sector público en el controvertido Instituto de Comercio Exterior, presidido por Cornejo durante el primer gobierno aprista. En el fujimorato, estuvo en la Superintendencia Nacional de Aduanas, la Superintendencia de Banca y Seguros, Prompex y en el Congreso, donde pasó piola la transición a la democracia. Ya durante el gobierno de Toledo, estuvo tanto en la fenecida empresa aérea estatal TANS como en Petroperú.

Entre 2005 y 2007, trabajó en Protransporte, durante la primera gestión de Luis Castañeda Lossio, es decir, en el mismo periodo en que Luyo Barrientos estuvo en dicha entidad. De hecho, se ha encontrado que Luyo ocupó el puesto de Gerente de Planificación que ocupó Cubas en su primer año en la entidad municipal. Cuba fue el impulsor del Metropolitano, según su propio CV. La obra recibió críticas en su momento por no tener estudio de impacto ambiental aprobado y por duplicar su costo inicial.

Durante su periodo como Viceministro de Comunicaciones, Cuba fue el funcionario que firmó el arbitrario cierre de la estación de radio “La Voz de Bagua”, a la que se quiso acusar – sin pruebas – de azuzar a los ciudadanos durante las protestas del 5 de junio de 2009. El funcionario indicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que solo firmó una resolución que ya le había sido preparada.

LAS CONSECUENCIAS POLITICAS

Fuentes cercanas al APRA señalaron a este blog que Alan Garcia no estaría precisamente triste por la caída de Luyo y Cuba Hidalgo. Al ser personas cercanas a Enrique Cornejo, el tema será usado internamente para minar la postulación del exministro a la secretaría general del partido. De allí el uso del calificativo de “ratas” al denominar a ambos exfuncionarios.

Por su parte, Cornejo ha salido rápidamente en los medios a deslindar tanto con Luyo como, sobre todo, con Jorge Luis Cuba. A Perú.21, el exministro indicó que desconocía las inconductas de su exhombre de confianza y que no recibió dinero alguno por parte de su viceministro de Comunicaciones.

Al mismo tiempo, voces opositoras a Luis Castañeda Lossio ya han comenzado a pedir que el alcalde responda por dos exfuncionarios suyos. Complicado es el caso de Cuba, dados los cuestionamientos hechos al Metropolitano en su omento.

Estos son los primeros nombres. Todo indica que en los próximos días – e incluso, horas – conoceremos más. Lava Jato recién empieza en serio para el Perú.

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(Los ascensos militares de Humala bajo la lupa. Foto: El Comercio)

En pocos círculos se ha discutido, hasta ahora, el informe presentado por la Comisión de evaluación de los ascensos y pases al retiro en las Fuerzas Armadas entre 2012 y 2016, conocido también como Informe Bernales (en alusión a que el grupo de trabajo era presidido por el abogado y exsenador Enrique Bernales).

La formación de la Comisión fue una salida que tuvo el Ministerio de Defensa – en el breve paso de Mariano Gonzáles – para poner paños fríos a los reclamos de oficiales en retiro (sobre todo, en el Ejército) sobre un tema que siempre resulta delicado en las instituciones castrenses.

La hipótesis del informe es que Ollanta Humala buscó el control político del Ejército, favoreciendo a oficiales cercanos a él – sobre todo, de su promoción -, para lo cual se variaron las normas sobre permanencia de los altos mandos castrenses en sus rangos.

Este tema comenzó a discutirse públicamente en 2015, cuando la promoción “Héroes de Pucará y Marcavalle” del Ejército Peruano comenzó a tener fuertes expectativas de ascenso al rango mayor de la institución: General de División. A tal punto llegaron las discrepancias que el entonces ministro Jakke Valakivi debió ir al Congreso a explicar los ascensos y que excomandantes generales del Ejército discrepaban en público respecto de los mismos.

Lo mismo ha ocurrido con el Informe Bernales. Como indicó Ricardo Uceda hace semanas, el clima castrense ha ido calentando junto con el verano:

Ahora mismo, en el Ejército, y a escala nacional, hay una confrontación de sectores que ha saltado a las redes, donde se atacan duramente. El informe, dice una parte, reivindica a fujimoristas. A su vez, hay páginas elocuentes respecto del supuesto humalismo de (Luis) Ramos Hume (actual comandante general del Ejército, nota de DTP). El ministerio está en una encrucijada. La gravedad de las aseveraciones del informe bien merece un examen público, aunque el debate en sí mismo no resuelve las cosas. Quizá, entre los promovidos por Humala o por los gobiernos anteriores hay institucionalistas con los que pueda hacerse una pirámide virtuosa.

Ayer Rosa María Palacios terció en el debate, señalando que la comisión Bernales postulaba que, en la práctica, el Presidente de la República no tenga la posibilidad de cambiar las recomendaciones de ascensos y pases al retiro de los institutos armados, lo que resultaba controvertido en términos constitucionales.

Para ahondar más la polémica, en su presentación del miércoles, Bernales indicó que Humala tenía un proyecto de permanencia en el poder de quince años. Y también señaló la bronca con el primer comandante general del Ejército de la era Humala. Citamos a La Republica:

“El general Paul da Silva era el comandante general del Ejército, pero a los nueve días de estar en el cargo durante el gobierno del ex presidente Humala fue destituido. La información que nos ha llegado es que se trató de presionar al general Da Silva para que diese información sobre cómo había sido el voto de los oficiales del Ejército en el proceso electoral del 2011 y quiénes habían votado por Ollanta Humala o Keiko Fujimori”, relató.

El problema es que la fuente de Bernales tiene una relación – por decir lo menos – complicada con el expresidente. Da Silva y Humala no se tragan por diferencias políticas. Y el proyecto de 15 años resultaba inviable, además de la debilidad de Humala, por el hecho que la oficialidad en actividad y en retiro se hallaba descontenta por el cierre de la cédula viva militar. De hecho, lo ven como un traidor. Lo que sí resulta cierto es que el favorecimiento a la promoción 1984 era, por decir lo menos, inocultable.

El otro punto de polémica del informe se centra en las recomendaciones para revisión de casos. Un informe de Ángel Páez hizo que la comisión Bernales retrocediera en la posibilidad del retorno al Ejército del exsecretario de Vladimiro Montesinos, Mario Ruiz Agüero. Otros dos informes presentados por el periodista de La República consignaron los problemas con los reingresos de Oswaldo Zapata Corrales – tio del controvertido Oscar López Meneses – y Gualberto Zevallos.

Y anoche Rosa María Palacios presentó nuevos problemas con la reincorporación de Zevallos, así como los casos de otros tres oficiales donde las recomendaciones del grupo de trabajo resultan bastante controvertidas. A ellos se suman los casos ya señalados de Ruiz y Zapata.

Por ahora, el ministro Jorge Nieto ha optado por el mutismo, pero también por una salida intermedia. Ya presentó un proyecto de Ley para modificar las normas sobre ascensos y tiempos mínimos en el grado, pero ha mantenido a Luis Ramos Hume al frente del Ejército. Aun no se ha pronunciado sobre los casos presentados por Páez y Palacios que complican las recomendaciones de la Comisión Bernales.

Todo indica que la verdad se ubica en un punto intermedio. Humala sí habría tenido proclividad por su promoción del Ejército, pero también es cierto que algunos oficiales de la misma merecían ascender. Al mismo tiempo, varios pases al retiro de aquellos años si resultan justificados y otros podrían tener una revisión. Y, finalmente, deberá analizarse con calma si es que las actuales disposiciones normativas son las más adecuadas para mantener la institucionalidad castrense.

Vaya que Nieto va a tener harta chamba en este inicio de año.

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Tradicionalmente, los libros de historia han dedicado poco espacio a la dictadura de Francisco Morales Bermúdez. Se menciona sucintamente que derrocó a Juan Velasco Alvarado y que, ante el fracaso del experimento reformista militar, desmontó algunas de las reformas emprendidas y, finalmente, entregó el poder a los civiles. Su oposición al gobierno de Fujimori hizo que algunos le dieran un aura de demócrata que nunca tuvo. Y allí se quedan los textos escolares e, incluso, universitarios.

Revisando textos sobre el denominado “Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada”, uno encuentra que Morales Bermúdez era un militar muy distinto a su precedesor en el gobierno y a varios de sus compañeros de armas con quienes compartió el poder. Nieto de un expresidente (Remigio Morales Bermúdez, quien gobernó el país entre 1890 y 1894) e hijo de un militar asesinado por el APRA, el futuro gobernante de facto estudio en la Inmaculada, fue primer puesto de su promoción en la Escuela Militar y se dedicó a la especialización en Economía. Incluso fue ministro de Hacienda en el primer gobierno de Belaúnde, para luego ocupar el mismo cargo durante el gobierno de Velasco. No participó inicialmente en el golpe militar, pero luego se plegó al mismo.

Paulatinamente, el militar fue escalando en posiciones y ganó la confianza del dictador, por lo que, a la salida de Edgardo Mercado Jarrín de la Presidencia del Consejo de Ministros, ocupó ese puesto en enero de 1975. Ocho meses después, cuando parecía que Velasco no ejecutaría la sucesión en la que le había prometido ocupar el puesto principal, encabezó un levantamiento en Tacna, apoyado por otros generales que consideraban que el tiempo físico de Velasco había pasado. No faltan quienes atribuyeron a aquella asonada exitosa adelantada algunos efectos de las copas.

Las primeras declaraciones de Morales Bermúdez aludían a que la reforma se volviera revolución de verdad. Y así parecia al colocar a los generales más a la izquierda en el círculo más cercano a Palacio de Gobierno. Pero poco a poco se fue deshaciendo de ellos. Y aunque no desmontó gran cosa de las reformas velasquistas, si detuvo sus avances. De hecho, varia gente cercana a Velasco comenzó a engrosar las listas de deportados.

Pero el descontento fue creciendo. Un paro nacional en julio de 1977 hace ver a los militares que el desgaste era demasiado y los obliga a presentar un cronograma ordenado para la salida del poder. Morales Bermúdez hace guiños hacia el APRA y el PPC para que algunas prerrogativas militares se mantengan en la Constitución de 1979. Al mismo tiempo, comienza a enterrar el viejo antiaprismo del Ejército Peruano. Son estos gestos los que han hecho crecer la fama de demócrata de FMB, pero es claro que el poder lo entregó por la fuerza de las circunstancias.

Retirado del servicio activo, fue candidato a la Presidencia de la República en 1985, con poca fortuna. Sus apariciones en la prensa durante los últimos treinta años se centraron en tres temas: la lucha antisubversiva, sus denuncias contra la cooptación que hizo el fujimorato del Ejército y la defensa de su gobierno. Había logrado cierta imagen de prestigio en algunos sectores.

Pero esta semana, los fantasmas de su gobierno volvieron. Una sentencia en Italia recordó que su dictadura participó en algunas de las acciones del Plan Cóndor, aquella maquinaria de la muerte para secuestrar y matar personas, implementadas por las dictaduras sudamericanas de la década de 1970. Y un proceso judicial actual en el Perú sobre el secuestro y posterior deportación de opositores a su gobierno continúa a paso lento. Todo ello cuando, retirado de la vída pública, el dictador vive un cómodo retiro en su casa de San Isidro.

En términos reales, será muy díficil que sea extraditado a Italia para que cumpla la cadena perpetua impuesta. El paso de los años y la previsible contemplación de sus canas que tendrá el gobierno actual harán inviable ello. Pero, para el futuro, no solo quedará como un autócrata, sino también, por su permisividad frente a secuestros de argentinos en su gobierno, como un criminal.

Finalmente la página en la historia peruana que ocupará Francisco Morales Bermúdez parece haberse completado.

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