Desde hace algunas semanas, Manuel Pulgar - Vidal intenta proteger sus fueros…de sus propios colegas en el gabinete.

Como recordarán, en marzo pasado, cuando la Sociedad Peruana de Hidrocarburos presentó su Libro Blanco, el ministro de Energía y Minas se mandó con el siguiente speech:

“Ya existe el Decreto Supremo 054 que reduce los plazos y disminuye los períodos de decisión, que ha sido muy bien recibido por ustedes. Y, además, hoy puedo anunciar que respecto al reglamento ambiental de hidrocarburos ya se han logrado algunos consensos”, dijo Mayorga refiriéndose a los avances en el destrabe de inversiones.

Entre los consensos, destacó el acuerdo de eliminar los estudios de impacto ambiental para los sondeos sísmicos de exploración petrolera. “La industria tiene buenas prácticas y estándares internacionales bien establecidos. La idea es pasar de la tramitología a la acción; porque toda compañía que quiere conseguir financiamiento para la exploración y explotación debe cumplirlos“, explicó.

A partir de la entrada en vigencia del nuevo reglamento el ministerio pedirá una declaratoria para que puedan comenzar los trabajos.

Y luego se armó la pampa. Como contó Luis Davelouis:

Ayer mismo, alrededor de las siete de la noche, el ministerio del Ambiente publicó en su página web lo siguiente a manera de aclaración (porque el gallinero estaba revuelto y todo el mundo se preguntaba si el Minam estaba de acuerdo con Mayorga):

“No existen aún decisiones finales ni acuerdos que hayan sido consensuados por estas Direcciones y que hayan sido elevados a la Alta Dirección del MINAM. Esas decisiones finales se reflejarán en la promulgación de la norma.”, (míralo aquí) enmendándole la plana a Mayorga. Si tuviéramos que traducirlo, es como que el titular del Minam, Manuel Pulgar Vidal, haya salido a decir: “Lo que dijo el ministro Mayorga no es verdad, la decisión final con respecto a los EIA es de mi competencia, no de él”. Ese desmentido, con esas formas, en las arenas políticas, es muy fuerte.

Horas más tarde se pronunciaron desde Palacio de Gobierno. Compartieron el enlace con el comunicado del Minam y añadieron el siguiente comentario:

“Sí habrá EIA para exploración petrolera”.

Hasta ahí, Mayorga se hubiera tenido que ir. Que lo desmientan desde otro ministerio es muy fuerte, pero que lo desmientan desde Palacio respaldando, además, el desmentido de Pulgar Vidal, no le hubiera dejado más remedio al ministro de minas que presentar su renuncia. Quizás sea por eso que, menos de una hora después, el comentario de Palacio pasó de “Sí va” a “Reglamento ambiental de hidrocarburos se encuentra en discusión”.

Y en eso se encuentra ahora este tema: en discusión.

Pues bien, ahora MPV se enfrenta a un contrincante de más peso político: el ministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla. ¿El motivo? El Proyecto de Ley para reactivar una economía que solo creció poco más del 2% en abril. El ritmo de crecimiento actual ha generado un debate entre Castilla y el exministro Luis Carranza y que ha centrado realistamente el exsuperintendente de Banca y Seguros Juan José Marthans:

En el mediano plazo y a menos que cambien las condiciones de estructura de nuestra economía, el Perú no puede crecer más allá del 6 o 6.5 por ciento. Decir que podemos crecer al 8 por ciento es mentirle a la opinión pública y eso me preocupa. Yo no tengo ningún vínculo con este gobierno ni me interesa tenerlo, pero sí te puedo decir que esas declaraciones son poco felices y no reflejan la realidad. El 2007, 2008, llegamos a crecer alrededor del 9, 10 por ciento. Ese crecimiento se suscitó con el precio de los metales promedio, cinco veces por encima de lo que tuvimos el 2001. ¿Qué ministro de Economía  no obtiene buenos resultados en ese contexto? Además, se creció generando una propensión al gasto que comprometía parte de los ingresos que transitoriamente  recibíamos como beneficio de los altos precios de los commodities mineros. Ahí crecer al 8, 9, 10 por ciento era relativamente fácil.

Lo cierto es que el gobierno envío el paquete y, en términos generales, la mayoría de analistas económicos coincidían en que varias de sus medidas apuntaban hacia el mediano plazo. Pero, ya al leer la letra del proyecto de Ley, habían varios problemas y buena parte de ellos se encontraban en el sector Ambiente.

El viernes pasado, el exviceministro de Interculturalidad Iván Lanegra reseñó los puntos más críticos del paquete Castilla. De ellos, según pudimos consultar con expertos en el tema ambiental, el más preocupante es este:

1.  Por 3 años el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA deberá sancionar excepcionalmente. Si lo hace, deberá recurrir a medidas correctivas (no deberá multar). Solo si estas no se cumplen, podrá multar hasta por el 35% del máximo que podría imponer actualmente. Estaría habilitado a imponer multas más altas solo si demostrara un daño a la vida o la salud de las personas (si, por ejemplo, se dañara una laguna, sin generar daños humanos, no aplicaría), o se tratara de una actividad ilegal (realizada sin EIA aprobado o en un área prohibida, por ejemplo) o reincida dentro de los 6 meses de haber sido sancionado con resolución firme por la misma infracción.

Tan preocupante es el tema que, desde la orilla opuesta, el editor de Economía de El Comercio, Augusto Townsend señaló lo siguiente:

Lo que es más difícil de digerir es lo que se ha propuesto para la OEFA. Es cierto que esta ha cometido excesos, pero limitar su accionar por tres años no resuelve el problema de fondo (su debilidad institucional y desempeño subóptimo) y parece, más bien, una medida improvisada para darle un respiro al gobierno en lo que resta de su mandato. Esto último escapa al objetivo loable de racionalizar los excesos burocráticos y será previsiblemente interpretado como una voluntad de supeditar la protección ambiental a la promoción de inversiones, como si lo segundo fuese más importante que lo primero. Lo que habría que transmitir, más bien, es que son (o deberían ser) perfectamente compatibles, si se evitan los excesos de ambos lados.

Aunque Lanegra aclara hoy que:

El OEFA nació en mayo de 2008. Con su puesta en funcionamiento no se pasó a ningún esquema nuevo de sanciones. Las 10,000 UIT como tope máximo –antes era mucho menor- para las multas fueron aprobadas en octubre de 2005 (art. 136, b, de la Ley General del Ambiente). Eso no varió. Sólo 5 años después –en abril de 2013- de la creación del OEFA, se modificó la Ley General del Ambiente (a través de la Ley 30011), aumentado el tope a 30,000 UIT.

Ahora el Ejecutivo plantea dar marcha atrás a una decisión que promulgó hace poco más de un año. Es decir, se vuelve a las 10,000 UIT como tope. ¿Cómo así el OEFA, tras 5 años de funcionamiento plantea un cambio de dicha importancia, el Congreso y el Ejecutivo lo aprueban, y menos de un año después, indica que no es indispensable? La respuesta es que sí lo era. De ahí que el Ejecutivo no propone un cambio “permanente” sino una moratoria (con excepciones) de 3 años. ¿Por qué? Las empresas necesitan tiempo para conocer las nuevas obligaciones, aduce. ¿De verdad son nuevas? Muchas de las normas ambientales que deben respetar las empresas tienen muchos años de vigencia, incluso algunas ya más de una década. ¿Y si se dictara una norma nueva? Pues en ese caso bastaría dar un plazo razonable de adecuación, como de hecho sucede. Débil argumento.

Otras medidas que han generado controversia tienen que ver con los límites máximos permisibles y la forma como serán determinados. Este punto es uno de los que más preocupa a las empresas mineras y de energía, como lo confirma la entrevista concedida por Cecilia Blume, conocida gestora de intereses de dichas compañías. Pero, como recuerda Lanegra, tampoco este es un punto que “paralice inversiones”:

El punto es que el Ministerio del Ambiente, MINAM ha tenido serias dificultades para cumplir con la dación y actualización de los estándares ambientales. El proceso para dictar los ECA inició en 1998. El ECA de suelo apareció el 2013. ¡15 años después! Y aún no culmina el proceso de dación de los LMP. Hay LMP que no se modifica desde 1996. Ahora, con la necesidad de refrendo de los sectores, este será aún más difícil. Desde luego, ese parece ser el objetivo.

El otro tema al que se le ha puesto especial interés es el tema de la reducción de plazos de los Estudios de Impacto Ambiental a 30 días. El problema es que, al no diferenciar los distintos tipos de proyectos, se pueden generar problemas. No es lo mismo el EIA de, digamos, Conga, que el de una fábrica de textiles.

En medio de ello, está pendiente la pregunta sobre la permanencia del ministro Pulgar - Vidal. Columnistas como Claudia Cisneros han señalado que su hora está agotada, pues ha perdido peso político. Mientras que, durante el fin de semana, MPV ha dado varias entrevistas señalando que no se va y que va a jugar el partido adentro para evitar recortes a su sector. La Mula señala que el ministro de Ambiente se quedaría por la Cumbre de Cambio Climático que se realizará en Lima a inicios de diciembre. Sin embargo, según pudimos conocer el viernes último, MPV no quiere irse porque, en su cálculo interno, tiene más costos salir que pelearla dentro del gobierno.

Y este post termina con una interrogante sobre la salida de MPV, en momentos que la salida de Walter Albán del Ministerio del Interior está casi confirmada y el comisionado contra la minería ilegal, Daniel Urresti, comienza a medirse el fajín. ¿Habrán más cambios durante el día?

POST ACTUALIZADO (1:30 PM): Se queda Pulgar - Vidal. Quienes se van son Albán, Eda Rivas (Relaciones Exteriores) y Carlos Paredes (Transportes y Comunicaciones), según ha confirmado PCM.

(Foto: Inforegión)

2 Respuestas a “PARTIDO AMBIENTAL”
  1. Agárrame el paquete – y otras medidas desesperadas | El Útero de Marita no al gato por liebre dice:

    […] Eso, entre otras perlas aplaudidas por los de siempre que ven en cualquier cuidado, exigencia o regulación una traba insolente e innecesaria a la inversión. Si quieres saber más lee aquí. […]

  2. policlimaperu dice:
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