Durante los últimos días, la postulante a la Defensoría del Pueblo, Pilar Freitas, ha recibido fuego graneado por parte de varios medios de comunicación. Básicamente, se ha recordado su destitución como titular de la Superintendencia de Registros Públicos, así como su pobre actuación como presidenta del Consejo de Defensa Judicial del Estado y su participación en la reforma judicial de fines de los 90s, que fue todo, menos vocación de cambio.

Si a ello se le añade su carnet partidario - más aún, cuando el líder de su partido es severamente cuestionado por las diversas versiones que ha dado sobre las transacciones inmobiliarias de su familia -, desde este espacio consideramos que sería un error designarla como Defensora del Pueblo (Sorry, Susana). Pero creo que hay una razón más de fondo, por la cual, el Defensor del Pueblo debiera ser una persona distinta a la señora Freitas.

Durante sus 17 años de funcionamiento, la Defensoría del Pueblo ha cumplido un rol fundamental en la defensa de los derechos fundamentales en el país. Lo hizo en momentos difíciles, cuando el autoritarismo del gobierno de Fujimori arreciaba. Pero también lo ha hecho en democracia, con sus alertas sobre conflictos sociales, respaldando el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y siendo la única voz desde el Estado que se compraba varios pleitos en temas fundamentales para los ciudadanos.

Este esfuerzo no solo se ha debido a la independencia de los cuatro Defensores del Pueblo que ha tenido el país, sino también a un equipo solvente y profesional, a pesar que no se encuentran dentro de los mejores pagados en el Estado peruano.

Desafortunadamente, este gobierno no ha entendido la importancia de la Defensoría. O mejor dicho, parece haberla entendido bien. Como señala Carlos Meléndez:

No es casual el interés del oficialismo en subrayar el carácter provisional del actual Defensor del Pueblo durante el debate sobre el servicio militar ¿Se imagina usted el desempeño de un Defensor partidarizado ante la imposición del sorteo de “voluntarios”?

De hecho, ese no ha sido el único pleito que el gobierno tiene con la DP. Como lo hemos señalado en este blog, en Palacio de Gobierno discrepan con la metodología del conteo de conflictos sociales que aplica la Defensoría, así como sobre su visión en torno a la consulta previa. Dos papas calientes para Humala.

Por ello se explica que el gobierno vea con buenos ojos que una abogada vinculada a su aliado, debilitados ambos por los cuestionamientos en su contra, asuma la Defensoría del Pueblo. Y esta es la razón de fondo por la cual la señora Freitas no debería ser elegida el 17 de julio. De lo contrario, se petardeará a una de las pocas instituciones que se ha mantenido relativamente incólume ante la precariedad del Estado peruano.

(Foto: La República)

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