En las últimas semanas, el ambiente militar se ha movido con una serie de movidas y destapes que desnudan varias precariedades institucionales irresueltas y que, probablemente, no se solucionen durante el gobierno de Ollanta Humala.

Todo comenzó cuando Fernando Rospigliosi comenzó con varias denuncias vinculadas al manejo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) con supuestos fines políticos (incluyendo la creación de trolls en redes sociales). Algunos indicios abonarían en esta hipótesis: el incremento de la partida reservada de la DINI y una modificación legal para que pueda hacer operativos. Antes de dicho cambio, esta institución solo recopilaba la información de inteligencia que producían los institutos armados y la Policía Nacional.

Más allá de las denuncias de Rospigliosi, Carlos Tapia ha criticado este cambio y señala que es contraproducente para la supervisión de estas acciones concentrar en un solo organismo las facultades de dirección y también operativas. Andrés Gómez de la Torre, analista en temas de seguridad, señala hoy en una columna en El Comercio que el oficialismo parece ser poco conocedor y/o proclive a los mecanismos de control legal (parlamentario, judicial y presupuestal) de los servicios de inteligencia en el Perú. Ello en un país que ha padecido tanto el SIN de Montesinos como el espionaje de empresas privadas de seguridad, sea por encargo o de motu propio.

Estas fallas y denuncias se producen en un contexto en el que, además, existen diversas versiones periodísticas sobre disputas políticas alrededor de la DINI. Tanto Correo Semanal como La República han dado cuenta de la poco feliz relación entre Víctor Gómez Rodríguez, jefe del ente rector de inteligencia (y compañero de promoción de Ollanta Humala en la Escuela Militar de Chorrillos) y Adrián Villafuerte, asesor presidencial en temas de seguridad y sobre quien pesan varias suspicacias.

Donde difieren ambas versiones es en lo que se refiere a la vinculación entre Gómez Rodríguez y el director ejecutivo de la DINI (el segundo a bordo) Iván Kamizaki. Mientras que la revista dirigida por Pedro Tenorio señala que la relación es mala, el diario de los Mohme indica que ambos personajes comparten la misma visión sobre lo que debe ser el organismo rector de inteligencia.

Pero volvamos a Villafuerte, sindicado por muchos como el real hombre fuerte en cuestiones militares dentro del gobierno. Ayer, IDL-Reporteros destapó las disputas por la dirección del Centro de Altos Estudios Nacionales, centro de educación de postgrado en defensa nacional que depende del ministerio vinculado a este sector. Luis Piscoya, director general del CAEN, y el coronel en retiro Alex Robertson mantienen un pleito por el control de esta entidad, que no puede ser resuelto por Pedro Cateriano y su equipo. Para añadir una complicación adicional, Robertson es compañero de la promoción de Villafuerte, por lo que su remoción parece ser bastante difícil de ejecutar.

Gustavo Gorriti, uno de los periodistas que más conoce sobre seguridad en el Perú, ha dado cuenta de otras fuertes influencias de Villafuerte en otros aspectos castrenses, como los ascensos o las recientes normas sobre seguridad y defensa. Y concluye que:

Este gobierno, debo decirlo antes de proseguir, ha hecho muchas cosas bien. Por ellas merece la aprobación que tiene. Pero en otros aspectos, sobre todo en el ámbito de seguridad –y especialmente en las áreas por las que incide o merodea Adrián, ‘ácido’, Villafuerte–, los errores son tan constantes y marcados que ya no se explican como tales. Es ahí donde el gobierno se está abriendo flancos y desarrollando puntos débiles que podrán traerle serias consecuencias.

Entre ellas, por cierto, la desconfianza sobre la seguridad y los servicios de inteligencia. De allí que suscriba el pedido de Tapia para que Villafuerte ocupe un puesto público con responsabilidades públicas, más allá de la asesoría, o que deje el entorno del presidente de la República, cosa difícil por la confianza que le tiene Humala.

Pero el problema central, además del ácido asesor, se encuentra en Ollanta. Y es que, más allá de algunas ideas sobre el honor militar y el aumento a los oficiales y suboficiales en actividad, Humala piensa como valor ideal que las Fuerzas Armadas deben tener algún papel mayor que los que le manda la Constitución, para “contribuir al desarrollo del país”. Este pensamiento típicamente castrense frustra cualquier intento de reforma que refuerce el control civil y democrático, que fue emprendida a medias y a trompicones por Toledo y que fue dejada de lado por García. Por ello, no se vislumbra mayor cambio en este proceso.

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