Desde el Tercer Piso

Mañana lunes, la Tercera Sala Penal Liquidadora, perteneciente al sub sistema anticorrupción, dictará la sentencia de primera instancia contra los procesados por las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas inmediatamente después de la Operación Chavín de Huantar. Como saben, en este caso no se encuentran procesados los valerosos comandos que intervinieron en el exitoso rescate, sino un cuarteto vinculado al entorno cercano de Alberto Fujimori: Vladimiro Montesinos, Roberto Huamán Azcurra, Nicolás Hermoza Ríos y Jesús Zamudio Aliaga (prófugo).

Luego de revisar la crónica judicial del caso elaborada para Idehpucp, los libros de David Hidalgo y Umberto Jara sobre el caso, algunas notas aparecidas en La Mula sobre este tema así como los recientes artículos escritos por Ricardo Uceda y Henry Rafael en la última edición de la revista Poder, se pueden arribar a las siguientes conclusiones:

1. SE PUEDE PROBAR LA EXISTENCIA DE AL MENOS UNA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL:

Existe evidencia bastante fuerte que permite establecer que el terrorista Eduardo Cruz Sánchez (a) “Tito” fue ejecutado luego de la operación. Como indica Ricardo Uceda, las cuatro pruebas principales son las siguientes:

La primera, la más difundida, es el testimonio del exsecretario de la embajada de Japón, Hidetaka Ogura, quien aseguró haber visto que Eduardo Cruz era detenido cuando, una vez concluido el operativo, pretendía escapar confundiéndose con los rehenes rescatados que eran llevados al exterior de la residencia. La segunda es el testimonio de los dos policías que lo capturaron, Marcial Torres y Raúl Robles. Ambos declararon en el juicio oral haberlo entregado a un comando enviado por el coronel Jesús Zamudio, uno de los acusados, con quien se comunicaron por radio después de la detención. La tercera es el testimonio de los comandos que intervinieron en el sector de la residencia donde fue hallado el cadáver de ‘Tito’: la zona de servicio. Ellos dijeron que en ese lugar no se produjo ningún enfrentamiento. Una cuarta evidencia son documentos complementarios presentados por el Ministerio Público: informe del Instituto de Medicina Legal (IML), pericia del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), necropsia de la policía. Son exámenes del cadáver, demostrativos de que murió de un solo balazo en la parte posterior de la cabeza, por un disparo efectuado mientras el cuerpo estaba inmovilizado.

Añado yo algunas evidencias adicionales. Para comenzar, esta foto, publicada hace algunos meses en La República:

Como indicó hace algunos meses Uceda, la foto permite apreciar a los dos equipos que intervinieron en la residencia del embajador japonés. De un lado, los comandos, en efecto, tienen HK, mientras que Roberto Huamán Azcurra (en la fotografía, en la parte inferior, con casco), uno de los procesados ante el Poder Judicial, tiene una AKM en su brazo. Ello permite establecer con nitidez que existió el equipo del SIN. A ello se suma otro elemento distintivo de la mayoría de integrantes del equipo montesinista: el uso de pasamontañas, a diferencia de los comandos que usaron camuflaje. Vean a los sujetos que están al costado de Huamán y como se distinguen de los soldados que se encuentran arriba.

Una segunda foto fue presentada por El Comercio tanto en el libro Base Tokio como en una edición de 2002. Indica Henry Rafael:

En la toma se ve el cadáver de Eduardo Cruz ‘Tito’ en el patio posterior de la residencia, muy cerca del acceso interior hacia la Casa Nº1 donde dos policías de la Dinoes han atestiguado, bajo juramento, haber entregado al subversivo vivo a un militar que estaba bajo el mando del coronel (r) EP Jesús Zamudio Aliaga.

(…)

Es en esa zona que muestra la fotografía donde se afirma que no solo los militares y policías vieron al emerretista vivo por última vez, sino también el diplomático japonés Hidetaka Ogura y algunos exrehenes, entre quienes figuran exmagistrados de la Corte Suprema y el coronel FAP José Garrido. Fuentes muy precisas nos revelaron durante el proceso de investigación que varios de estos exrehenes reconocieron este hecho en privado pero que el supuesto ‘pacto de sangre’ los obliga a silenciarlo.

A ello se suma lo señalado por Uceda en relación con los partes militares de la Operación:

A esto hay que añadir una elocuente confesión del jefe del operativo, el general José Williams Zapata. Este dijo que al término del rescate sus hombres le reportaron 14 muertos –el número total de emerretistas en la embajada– pero que solo conoce cómo murieron 13. En el juicio oral y después, en una entrevista con Nicolás Lúcar en el programa Punto Final, aseguró que no sabe cómo murió ‘Tito’.

—No sé qué pasó exactamente con ‘Tito’ —dijo—. No sé si salió o no salió: nadie me lo explicó. Pienso que en el proceso judicial debe quedar claro.

Esta declaración guarda coherencia con una información definitiva procedente del juicio en el fuero militar. La sentencia, que declaró en el 2003 la inexistencia de delitos en el operativo,se refirió a la muerte de 13 emerretistas a los que menciona con nombre y apellidos. Ninguno de ellos es ‘Tito’. La muerte de ‘Tito’ no existió para el fuero militar.

Estas evidencias, en nuestra opinión, permiten señalar la existencia de una ejecución fuera del combate militar que costó la vida de 2 valerosos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, héroes a los que se ha intentado utilizar para tapar este hecho, que no compromete a los comandos.

2. ¿Y LOS PERITAJES PRESENTADOS POR EL MINISTERIO DE DEFENSA?

Estos peritajes tienen varios problemas. El principal, es que ninguno de ellos examinó directamente el cadáver de Cruz Sánchez, cuyo caso es el que el Ministerio de Defensa intentó desarmar, en el entendido que con ello podían liquidar el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una de las estrategías más equivocadas seguidas por el Estado peruano en los más de 20 años que lleva litigando ante este organismo supranacional.

Pero uno por uno presentan varias inconsistencias. Reseño solo una perla. El primer peritaje decía “desbaratar la tesis del EPAF” sobre la existencia de “un solo disparo a corta distancia”. Pero el informe elaborado por los forenses José Pablo Baraybar y Clyde Snow no solo no hacía dicha afirmación, sino que era imposible llegar a una conclusión sobre la distancia del disparo. Como precisa Uceda:

Por el contrario, lo que indicaron las pericias a los cadáveres de los emerretistas solicitadas en el 2011 por la Fscalía fue que no era posible conocer la distancia de los disparos que recibieron. Los cuerpos estaban descompuestos, no había piel ni tejidos blandos para aplicar pruebas como la parafina. En el caso de ‘Tito’, el cráneo estaba destrozado. Los peritos calculan la distancia examinando la piel. Un disparo a boca de cañón deja una quemazón y una mancha oscura producto de la onda explosiva, y los rastros se pierden en espacios muy cortos de lejanía. A partir de los 50 centímetros puede no encontrarse nada. A los 80 definitivamente no, y entonces se dice que el disparo fue a distancia. Pero más allá de la discutible capacidad que ahora tendría Criminalística para determinarla, ¿qué utilidad tiene saber que el disparo fue a distancia? Según dijo el procurador de Defensa, demostraría que no fue a boca de cañón –pegado a la cabeza– y que por lo tanto ya no podríamos hablar de ejecución extrajudicial. Pero un metro es lo suficientemente cerca para que ‘Tito’ pudiera haber sido muerto en las condiciones en que lo sostiene la Fiscalía: inmóvil y de espaldas a su victimario.

Y los peritajes son tan burdos que han sido desestimados incluso por la defensa de los acusados. Como registró Uceda - y antes lo señaló el semanario Hildebrandt en sus Trece - César Nakazaki, abogado de Nicolás Hermoza Ríos en este caso, admitió que “Tito” fue ejecutado extrajudicialmente. Incluso ha sostenido que el testimonio de los polícias Robles y Torres es incontrovertible.

3. ¿Y LOS OTROS DOS CASOS? Como reseñó Uceda hace unos meses para La República, la tesis del abogado César Azabache, parece ser la más plausible:

Azabache diferenció la muerte de Tito de las de otros dos emerretistas considerados en la queja ante la CIDH,  Víctor Peceros y Herma Meléndez. El examen del cadáver de Tito, rotulado como NN14, revela que mientras estaba inmovilizado recibió un solo disparo en la parte posterior de la cabeza, a diferencia de Peceros y Meléndez, que murieron acribillados, como los demás asaltantes de la embajada. Ocho de los 14 cráneos analizados para el juicio civil presentan evidencias de un disparo por detrás —una lesión-patrón—, pero no es posible decir cuál de los balazos mató a cada persona, o si esta se hallaba rendida o en situación de enfrentamiento.  El operativo fue tan sorpresivo que pocos llegaron a reaccionar. Las pruebas de absorción atómica demostraron que solo seis de los terroristas dispararon su arma aquel día.

Hasta hace unos meses, solo existía el testimonio de Ogura como único indicio adicional y las heridas de bala fueron causadas por proyectiles provenientes de balas disparadas por armas de pequeño calibre, como las usadas por los comandos. Además, claro está, del hecho de que Cruz Sánchez sólo tiene un impacto de bala y que dicho disparo fue la causa de su fallecimiento.

En el reportaje de Rafael sobre la foto de El Comercio, se da un indicio adicional:

Un detalle adicional de la fotografía es el segundo cuerpo yaciente sobre la terraza de la residencia. Este cadáver se encuentra en la parte superior cercana a la habitación desde donde diplomáticos japoneses y los magistrados supremos de aquel entonces fueron liberados. La foto resulta aún más reveladora porque concuerda completamente con la versión de Ogura, quien vio a otros dos subversivos, presuntamente Luz Meléndez Cueva y Víctor Peceros Pedraza, vivos y en actitud de rendición.

El problema está en la cantidad de disparos que ambos cadáveres tienen, así como en la desaparición de evidencias desde las horas posteriores al fin del episodio de la toma de rehenes por parte del MRTA. Como sostiene el periodista David Hidalgo:

Lo que ocurrió fue que hubo una operación de ocultamiento de evidencias, tanto en la escena del combate como en las instancias donde se debieron tomar las pruebas forenses. Hay un secretismo sospechoso, casi delictivo.

De allí que, probablemente, como bien intuye Azabache, estos dos casos queden en el limbo o, en términos judiciales, sin mayor evidencia para condenar a los “gallinazos” del SIN sobre estos dos cuerpos. Aunque claro, el caso de Cruz Sánchez sería suficiente para que los cuatro acusados - o por lo menos Montesinos, Huamán y Zamudio (o alguno de ellos) - se queden buen tiempo en prisión.

4. CUESTIONES JUDICIALES:

Ahora bien, nos encontramos ante un caso en el que, de acuerdo con la acusación defendida por el fiscal Hugo Turriarte, los cuatro acusados son autores mediatos y no se ha podido determinar a un autor directo del hecho. ¿Ello puede ser un obstáculo para condenarlos? Según el abogado Yván Montoya, no lo es:

(…) puede sostenerse que lo que resulta primordial acreditar es, además de la existencia de una organización estructurada jerárquicamente y dirigida a cometer hechos ilícitos, el poder de mando (del superior respecto de sus subordinados), la existencia de la orden (la cual según la sentencia recaída contra el ex presidente Fujimori puede ser verbal o escrita, explícita o implícita), la pluralidad de sus integrantes y el conocimiento del hombre de detrás de que los hechos se realizan por los integrantes de la organización.

En ese sentido, ¿qué puede pasar con los acusados en este juicio? Las posibilidades son indicadas por Uceda:

Una posibilidad es que se reconozca el asesinato y uno o todos sean hallados culpables. Otra, que no hubo crímenes y que todos son inocentes. En ese caso, Zamudio, prófugo desde hace 11 años, podría quedar en libertad. La intermedia es que se establezca que hubo por lo menos un asesinato –el de ‘Tito’– y que los acusados son inocentes por falta de pruebas. Zamudio quedaría con el juicio pendiente hasta que algún día sea capturado.

De todas ellas, la primera y la tercera parecen ser las más plausibles, a la luz de los hechos.

5. LAS REPERCUSIONES EN SAN JOSE:

Cabe mencionar, para comenzar, que la Corte no establecerá juicio alguno sobre la inocencia o culpabilidad de nadie, ni de los comandos, ni de los cuatro procesados en el Poder Judicial peruano. Este organismo procesa a estados y no a individuos y esa tarea corresponde al Poder Judicial peruano.

La Corte determinará, fundamentalmente, si es que existen indicios para presumir la existencia de ejecuciones extrajudiciales y si existieron violaciones al debido proceso en el esclarecimiento de estos hechos en sede nacional, cuestiones por las que puede hacerse responsable al Estado peruano.

¿Qué efecto puede tener la sentencia de mañana en San José? Pues bien, si la Tercera Sala Penal Liquidadora declara que hubo al menos una ejecución y señala un culpable, el Estado podría tener más elementos para defenderse. El problema está en que eso no salva el gran problema de fondo del caso ante la Corte Interamericana: la absolución de los comandos, que eran inocentes, en el fuero militar, que no es competente para procesar casos de derechos humanos.

Por ello, creo que lo mejor es que el Ministerio Público abra una investigación fiscal de oficio y, con las pruebas actuadas y algunas diligencias más que deban practicarse, sobresea el caso para los comandos, en forma definitiva. Ya tenemos el antecedente del caso Berenson, en el que, al hacer un proceso justo en instancia civil, no se condenó al Estado por el segundo proceso que se le hizo y que finalmente la condenó a 20 años de prisión. Solo así, podría evitarse una sentencia condenatoria. Pero el gobierno peruano ha optado por la tesis más controvertida e insostenible.

5. COLOFON

Este es un caso límite por las personas que se encuentran implicadas. Como dije al inicio, no se juzga una valerosa acción de combate, sino actos reñidos con las propias reglas de la guerra. El problema es que quienes defienden a los militares de forma tan ardorosa (yo diría, salvo excepciones, que los usan), no distinguen entre quienes cumplieron heroicamente con su deber con quienes son reales criminales y, al confundirlos y pedir que no se investigue a nadie por estos casos, terminan haciéndole un daño peor, tanto a las Fuerzas Armadas, como a quienes cumplieron con su deber. Peor aún, en este caso, termina confundiendo a héroes con cuatro de las personas que dañaron más a las Fuerzas Armadas peruanas en toda su historia.

Finalmente, queda una interrogante flotando y que aún no ha sido aclarada. ¿Por qué al menos se produjo una ejecución? Si la orden fue que no existieran prisioneros, habría que establecer si eso se debió estrictamente a una decisión de “escarmiento” al MRTA por el secuestro a tantas personas, o, como señala Rafael:

Si había elementos de juicio –como varios indicios, testimonios y las pericias forenses de calificados profesionales– para sospechar que ejecutaron extrajudicialmente al camarada ‘Tito’, ¿por qué matar a quien probablemente pudo revelarle al país cómo él y sus solo 13 camaradas subversivos ingresaron sin muchos inconvenientes a la residencia japonesa en diciembre de 1996?

Veremos que pasa mañana.

(Fotos: La República)

Esta entrada fue escrita el Domingo, 14 de Octubre de 2012 a las 10:30 am y archivada en Uncategorized. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.